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sábado, 6 de julio de 2013

Temas para un frio fin de semana...










Encuentro de ideologías,
por Sergio Villalobos.


Desde que el hombre comenzó a razonar sobre su destino político y social, aparecieron doctrinas que aspiraron a guiar sus pasos. Han sido simples elucubraciones, planteamientos abstractos y también cuerpos ideológicos manejados por organizaciones partidistas, valiéndose de la persuasión y a veces de los medios violentos.


La reciente elección primaria ha mostrado las tendencias ideológicas que operan desde hace dos siglos y no cejan en el propósito de imponerse. Afortunadamente, en nuestro país ha ido primando la cordura y hoy día se plantea un futuro razonable.


El liberalismo fue la doctrina triunfal durante el siglo XIX, con su confianza en el individuo y la libertad de acción en la economía y la política. El resultado fue sorprendente: capitalización, inversión, producción, comercio y progreso material, a la vez que los ciudadanos comenzaron a disfrutar de mayor libertad y participación en la política.


Según los pensadores del liberalismo, los beneficios de la libre empresa debían derramarse al resto de la sociedad hasta los sectores más modestos. Ello ocurrió en parte, aunque quedaron bolsones de pobreza que por el momento fueron ignorados.


Paralelamente, con poca fuerza en un comienzo, se iniciaron ideologías socialistas, comunitarias, estatistas y anarquistas que con voz estridente llamaron la atención hacia los estratos populares.


A medida que avanzó el siglo XX, el marxismo pasó a tener un papel tutelar en el bajo pueblo y, en cierta medida, en los sectores medios. Las contradicciones sociales y económicas debían terminar con una revolución que condujese al poder del proletariado. Había que destruir el sistema y para ello cualquier método era bueno.


El marxismo parecía una fuerza triunfal, pero su fracaso se expresó desde el primer momento. Nunca ocurrió el levantamiento proletario que debía terminar con el sistema capitalista, burgués y liberal. En cambio, la revolución se impuso en la Rusia rural y nobiliaria y debió ser afianzada por el ejército y la policía rojos.


La historia de la Unión Soviética es conocida: dictadura del proletariado, millones asesinados, encierro territorial e ideológico, difícil desarrollo económico orientado al poderío militar, pobreza generalizada y, finalmente, el derrumbe.


No fue mejor la suerte de las naciones satélite. Cae el Muro de Berlín y luego la Cortina de Hierro se desintegra. En China el fracaso del marxismo es impresionante. En la plaza de Tiananmen grandes masas de estudiantes, que han recibido los beneficios del Estado socialista y la educación, se reúnen para solicitar lo único que les falta: la libertad, y son masacrados.


El país amarillo mantiene la rigidez gubernativa del marxismo. Pero su economía adopta poco a poco el régimen liberal, y su desarrollo es abismante. Invade el mundo con sus productos industriales, pasó a ser de las primeras potencias y sus millonarios cuentan entre los más ricos del orbe.


En América Latina el cuadro es igualmente asombroso. Los países que han aceptado las recetas marxistas o estatistas se encuentran en situación de pobreza creciente y eclipse de la libertad. Cuba lleva más de cincuenta años de revolución marxista y pena en la miseria bajo una dictadura implacable. La riquísima Venezuela cada día cae a niveles deplorables y ya no tiene ni papel higiénico. Bolivia con su populismo indigenista permanece estancada, y un país tan rico como Argentina, gracias al Estado de bienestar y ese extraño populismo derivado del justicialismo peronista, se debate en la postración.


El fenómeno general en todo el mundo es el del fracaso del marxismo y el estatismo. Al mismo tiempo, han persistido los principios del liberalismo, reformulado como neoliberalismo, no ajeno a la sensibilidad social y una función discreta del Estado. En esa línea se encuentran los tratados de libre comercio, que en lugar de proteger a las economías tras barreras aduaneras, han facilitado la libre competencia bajo el concepto de que cada uno debe producir lo que mejor puede producir.


Desde hace muchas décadas, el marxismo sistemático derivado de las ideas de Karl Marx y del comunismo militante se ha desintegrado notoriamente; pero no ha dejado de existir. Se ha diluido en tendencias dispares y nebulosas difundidas en inmensos sectores por todo el mundo y ha constituido una especie de mentalidad subyacente, aun en quienes lo rechazan abiertamente. Singular fenómeno que muestra la influencia sutil de las ideas marxistas, sin reconocer el origen.


En nuestro país el panorama es evidente y se ha mostrado en las elecciones primarias. Todos los candidatos y sus organizaciones han exhibido rasgos populistas, muy marcados o tenues, concordando de esa manera con el gran fenómeno que vivimos. Pero a la vez la tendencia del liberalismo ha estado presente y todos los sectores, de alguna manera, la han hecho suya.


Chile disfruta de un alto grado de tranquilidad y pareciera que la persona que gane la Presidencia de la República deberá tener un sentido de equilibrio si desea alcanzar el éxito y la estabilidad.


Reformas jurídicas pendientes
por Pablo Rodríguez Grez.


Existe un explicable impulso a introducir en materias jurídicas cambios integrales que incorporen nuevas instituciones. Este propósito se evidenció, especialmente, a raíz de la reforma procesal penal, que puso fin a un sistema cuyo colapso nadie podría desconocer. Lo anterior nos ha llevado a sostener que cualesquiera que sean los resultados de la actual normativa procesal penal, ellos siempre serán preferibles a los que ofrecía el régimen antiguo. Pero, por cierto, constituiría un error extrapolar esta comprensible intención innovadora, en términos apocalípticos, a todas las demás ramas de derecho.


Más allá de esta premisa, nos interesa destacar que cada precepto jurídico va arraigándose en la población, imperceptiblemente moldeando sus costumbres y adaptándose a las necesidades más apremiantes. Así, por vía de ejemplo, la Constitución de 1980 -para algunos, de origen ilegítimo atendiendo a las circunstancias en que se aprobó, y para otros, expresión de una indiscutible y resuelta voluntad ciudadana- ha permitido que el país transitara, sin grandes quebrantos, entre dos extremos: un Chile hundido en la destrucción económica, moral y política, y un Chile pujante, democrático y lleno de posibilidades. Nada de lo avanzado habría sido posible en medio del enfrentamiento político que hace 40 años nos colocaba, periódicamente, al borde mismo del abismo institucional. Hoy podemos discrepar, incluso apasionadamente, pero es innegable que en la gran mayoría de nuestros compatriotas existe plena y cabal conciencia de que la convivencia pacífica y la paz social no deben romperse en aras de los ilusos que llaman, de tiempo en tiempo, a destruirlo todo.


La Constitución de 1980, desde este punto de vista, ha sido un dique, hasta ahora infranqueable, para contener aquellas tendencias disociadoras. No es posible predecir si los grupúsculos que propician y proclaman la devastación institucional lograrán sus fines al amparo de la desidia, la indiferencia y la ingenuidad de muchos chilenos. Pero si tal ocurre, no cosecharemos sino aquello que desaprensivamente hemos sembrando.


Si la Constitución de 1980 fue la base de la estabilidad y el orden necesarios para impulsar al país a la restauración de la democracia y del crecimiento económico, otras leyes han ido enmarcando nuestras vidas dentro de los límites del "Estado de Derecho". Tal ocurre con la influencia silenciosa y constante del Código Civil (que ha gravitado en el carácter y el espíritu de los chilenos en una medida que muy pocos son capaces de evaluar) o la del Código Orgánico de Tribunales (objeto ambos de numerosas reformas destinadas a adaptarlos a las exigencias actuales en áreas socialmente muy sensibles), o la de numerosos otros cuerpos legales que han impreso principios que, sin duda, deberán de transferirse a renovadas manifestaciones legislativas si en el día de mañana se optare por reemplazarlos.


Es este convencimiento el que ha llevado a la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo a preparar y proponer un proyecto alternativo frente a la reforma procesal civil que se traduce en la adopción de un Código tipo elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Resuena en nuestros oídos, cada vez con mayor fuerza, lo que en la década de los años 30 del siglo pasado reclamara José Ortega y Gasset: "búsquese en el extranjero información, pero no modelo". Creemos nosotros que forman ya parte de nuestra idiosincrasia muchos de los pilares en que se sustenta el Código de Procedimiento Civil, que si bien tiene un siglo de vida, ha ido remozándose a través del tiempo, mediante numerosas disposiciones que han revitalizado sus acendradas virtudes. No debe desperdiciarse una jurisprudencia largamente decantada, la doctrina que sustenta cada una de sus normas y la experiencia práctica ganada por varias generaciones de jueces y abogados.


Curiosamente, ocurre con el Código de Procedimiento Civil algo semejante a lo que sucede respecto de la Constitución de 1980, no obstante tratarse de cuerpos jurídicos tan disímiles: o se reemplazan íntegramente, o se modifican algunas de sus normas para acomodarlas a las demandas y exigencias de la hora actual. Lamentablemente, lo primero nos expone a una crisis, en tanto lo segundo a la ordenada renovación de sus disposiciones. Este, creemos nosotros, debe ser el desafío: ofrecer proyectos alternativos que puedan discutirse ante la ciudadanía y ante los órganos encargados de legislar.


No se trata de ser "progresista" o "conservador", sino de elegir aquellas políticas públicas que mejor se avengan con la evolución y modernización de nuestras instituciones fundamentales.


Viga maestra tambaleándose,
por Rolf Lüders.


Se dice que el cobre es la viga maestra de nuestra economía. Así lo parecieran corroborar las altas tasas de crecimiento económico que tuvimos mientras el precio del cobre estuvo elevado y la significativa reducción de dicho crecimiento desde que ese precio se redujera en aproximadamente un 20%. Es por eso -y porque el gobierno decidió no aportar este año recursos frescos para el plan de inversiones de Codelco- que es de interés hacer algunas reflexiones al respecto.


Afortunadamente, disponemos de un actualizado material sobre la industria del cobre. Me refiero en particular, y entre otros, al estudio de la consultora Mackenzie, al recientemente publicado libro de Patricio Meller, al trabajo de Gustavo Lagos presentado en Cochilco, y a una presentación de Tomás Keller a los egresados chilenos de la Universidad de Chicago.


Hay consenso en que la demanda por cobre seguirá creciendo a tasas históricas, pero los pronósticos de precio sugieren que éste será, en el largo plazo, algo inferior al actual. ¿Podremos competir en un mercado así?


Hasta 2007, sólo el 10% de la producción mundial tenía un costo total a cátodo inferior a Chile; en cambio, el año pasado ese porcentaje ya superaba el 30%. Este aumento de costos tiene muchas explicaciones, que se pueden resumir en que mientras el índice de productividad de la minería en Chile se redujo a casi la mitad desde el año 2000, el índice de remuneraciones reales aumentó en un 150%. No es de sorprender, entonces, que Chile haya caído en el ranking de potencial minero del segundo lugar, en 2004, al décimo primer lugar en 2013.  


Es en este contexto que hay que analizar la situación de Codelco. Sin su programa de inversiones -que es de unos US$ 26 mil millones entre 2013 y 2017-, el actual excedente, según las propias estimaciones de Codelco, iría reduciéndose hasta llegar a unos US$ 500 millones en el 2017, para luego tender a desaparecer. En cambio, si se ejecuta completamente su programa de inversiones, los excedentes -según Codelco- disminuirían, pero en menor grado, hasta 2017, y luego volverían paulatinamente a los niveles actuales en el 2027.


La inversión mencionada de Codelco es -dado el mercado en que se inserta- muy riesgosa. Es, además, gigantesca, dado que iguala aproximadamente, para cada uno de los cinco años del programa, ya sea a la mitad del gasto fiscal total en educación del año 2012 o a la caja generada por la empresa en ese mismo año, que fue excepcional.


¿No sería más conveniente -de acuerdo a la lógica propia de una economía social de mercado- transformar, como sugieren algunos, una buena parte de la riqueza que aún tenemos en Codelco en un fondo soberano diversificado internacionalmente? Por una parte, para el Fisco se liberarían, para usos socialmente más rentables, los cuantiosos recursos netos que alternativamente habría que dedicar en los próximos años a financiar el programa de inversiones de Codelco. Además, se obtendrían los dividendos que genera el fondo. Codelco, por su parte, se liberaría de los problemas inevitables de gobierno corporativo que todavía sufre, lo que aumentaría su valor para beneficio del país.


Otra etapa en la carrera por La Moneda.


Despejada, tras las primarias, la incógnita de los candidatos a la Presidencia, los dos grandes bloques —Nueva Mayoría (ex Concertación más PC, MAS e IC) y Coalición por el Cambio— habrán de adoptar decisiones complejas que marcarán las próximas semanas. Así conformarán los nuevos equipos de trabajo en que se integren los perdedores, para restañar heridas; escogerán candidaturas Parlamentarias competitivas (con énfasis en lograr o impedir doblajes), equilibrando las cuotas de poder para los partidos de cada una, y definirán los estilos y contenidos de la etapa de campaña que ahora comienza y que será determinante para alcanzar La Moneda. En cuanto a los demás postulantes de sectores minoritarios, su desafío será mantenerse en carrera para no sólo estar en la cédula de noviembre, sino a lo menos lograr una votación que les permita influir en la segunda vuelta.


El poder de Bachelet. La ex Presidente ratificó que es la única real opción opositora y fijó los principales ejes de su campaña, de los cuales el primero era el programático. Después, sin embargo, anunció que, tras unos días de un sin duda merecido descanso, priorizará que se completen las listas al Parlamento. Arropada por su abrumador respaldo en las primarias, ha enviado a la DC el mensaje de que en ello, al igual que en los temas del programa, si no hay acuerdo voluntario, “la candidata decidirá”, pues de hecho los partidos tienen claro que disponen de poco margen para negociar con el núcleo del bacheletismo. Y en la pugna por los cupos, se avizora el ingreso a las listas Senatoriales del PS de Camilo Escalona (con objeciones internas y apoyo de la DC) en la Octava Circunscripción Costa, y de José Miguel Insulza en la Cuarta.


Los problemas de Michelle Bachelet parecen estar más radicados en la construcción de su programa de Gobierno, pues tendrá que congeniar las posturas muy distintas de la Democracia Cristiana y el mundo liberal que apoyó a Andrés Velasco, con las del PPD, PS, PC y MAS y los movimientos sociales en los temas planteados por los estudiantes, las reformas a las AFP e Isapres, aspectos de los cambios tributarios y la asamblea constituyente (donde la alta concurrencia a las primarias expresó la voluntad ciudadana de realizar cambios en el marco de la institucionalidad). Quizás por eso sigue postergando todo lo posible esas definiciones, limitándolas a los “titulares” en que existe un consenso generalizado.


Los desafíos de Longueira. Su victoria, para muchos impensada, dejó heridas abiertas en la Coalición, obligando a la UDI a hacer gestos a RN para asegurar la unidad del sector. La molestia del derrotado Andrés Allamand con el ex Ministro Joaquín Lavín volvió a poner sobre la mesa las divisiones que arrastra la relación entre ambos partidos y, pese al autosacrificio de Lavín al ofrecerle disculpas para cerrar el episodio, para el público es difícil creer en una inmediata reconciliación y pensar que este error “no forzado” no mina las posibilidades de que Longueira cierre su brecha ante Bachelet. Y aunque en nuestra edición de hoy los presidentes de ambas colectividades insisten en aquella voluntad unitaria, los electores exigirán pruebas concretas de esas buenas intenciones.


Por otra parte, tal como señaló Allamand, la Coalición sólo puede triunfar si repite la performance de Piñera, que fue capaz de atraer a sectores culturalmente cercanos al centro político. La campaña de ambos candidatos en la primaria, dirigida a los electores más identificados con la centroderecha, no basta en esta etapa. Si bien ya hay indicios de que el eslogan del “centro social” pasa a segundo plano, ¿será capaz Longueira de captar esa mentalidad de corte liberal, en parte simpatizante de la DC, pero que no comulga con las propuestas de Bachelet y ahora votó por Velasco?


Velasco, Orrego, Gómez. Sin perjuicio de cumplir su compromiso personal, Andrés Velasco dejó a sus seguidores en libertad de sumarse o no a la postulación de Bachelet. Hay figuras del PPD que lo harán, confiando en que sus ideas se acojan, pero no el grueso de los independientes que, como su candidato, mantendrán la posición que han expresado en la difícil (como lo ha probado ME-O) alternativa de querer influir sin presencia mediática fuerte ni estructura partidaria. Los favorece sí el crecimiento de la actual “onda liberal”.


Más son los desafíos en la DC. Tras la derrota de Claudio Orrego, el quiebre interno (la disidencia pide que el Senador Walker deje la Presidencia) y su pérdida de influencia en la oposición la complican pese a los guiños de Bachelet. Si bien ambos sectores del partido se integran al comando bacheletista, y no habrá “camino propio”, se echa de menos por algunos el abandono de principios valóricos y la “comodidad” con que hoy se adaptan a la alianza con el PC. Requerirá, pues, liderazgos fuertes si quiere volver a representar a sectores de centro que aspiran a la equidad pero en paz social.


En cuanto al Senador Gómez, pese a la escasa votación, intenta mantener dentro del comando su tenaz empeño por la asamblea constituyente y otros cambios que comparte con la extrema izquierda del Pacto, a cuyas presiones programáticas seguramente se sumará.


Polarización y acuerdos. El peor riesgo de la campaña está en la polarización, el populismo y la exacerbación de las expectativas. Al comenzar esta nueva etapa, la esperanza de evitarlos radica sobre todo en que la experiencia de Michelle Bachelet (que debió enfrentar el movimiento de los “pingüinos”), y de Pablo Longueira (que permitió salvar la crisis del MOP-Gate) los aleje de las soluciones mágicas y los impulse a promover acuerdos amplios, como los que en el tema tributario cree necesario el ex Ministro Foxley.


¿Prestador estatal único de salud?


En momentos en que se abren interrogantes sobre el futuro del sistema de Isapres, debido a los fallos judiciales contrarios a los ajustes de precios, necesariamente cabe preguntarse sobre qué instancia asumiría la función que ellas han cumplido por más de 30 años. Algunos han planteado la creación de un asegurador único nacional, que las reemplazaría. Asimismo, se ha propuesto eliminar la modalidad de atención de libre elección de Fonasa, pues ella -hoy una válvula de escape a las deficiencias del sistema público- no se atendría a una lógica de equilibrio entre costo y eficacia. En tal esquema, las isapres, en teoría, podrían ofrecer solo un seguro complementario, para mejorar la cobertura de Fonasa. Las cotizaciones de salud se irían reemplazando paulatinamente con aportes fiscales -lo cual equivale a postular que la salud se financie en su totalidad con impuestos-.


Un cambio tan radical ha sido calificado por algunos como una estatización de la salud, y otros han observado que no se ajusta a la idiosincrasia de la clase media ni de los médicos, pues Fonasa se convertiría en un comprador único de prestaciones y no habría incentivos para ofrecer seguros privados. Un estudio de la Asociación de Isapres muestra que si se fusionaran ambos sistemas para crear uno solo, el incremento en la disponibilidad económica per cápita sería de solo 3,9%. Parece difícil que el servicio estatal, con una población aumentada y un incremento presupuestario tan marginal, fuese capaz de optimizar sus servicios. Además, el poder monopsónico de una sola una unidad compradora no es socialmente beneficioso, y al eliminar a las isapres simplemente se sepultaría toda opción de aseguramiento en salud. Los más afectados serían quienes tienen alguna preexistencia, o que aspiran a un seguro para acceder a una medicina de mejor calidad, o solo diferente de la que ofrezca el asegurador único estatal. Es de prever el descontento de quienes buscarán un seguro privado sin conseguirlo: después de miles de fallos judiciales por alzas de precios, ningún asegurador privado se atreverá a enfrentar, mediante fórmula contractual alguna, el incremento de los costos de la medicina, ni siquiera en contratos complementarios.


Es muy fácil propiciar una atención gratuita para todos -un antiguo sueño del Estado Benefactor-, pero eso olvida la realidad del encarecimiento de los costos de atención médica, que se producen por factores exógenos a los seguros -fundamentalmente el envejecimiento y el desarrollo de la medicina- y se expresan en los precios de las primas, vía por la que se financia a los prestadores médicos. Ante esa realidad se han estrellado los esquemas estatistas incluso de los países más desarrollados, porque los costos también suben para el Estado, al igual que para los prestadores privados.


Pero hoy parece políticamente muy difícil lograr un piso para buscar fórmulas razonables. Uno de los factores determinantes de ello ha sido la inexplicable omisión de las propias isapres, desde los inicios de ese sistema, en cuanto a explicar masiva y sistemáticamente a la población la real naturaleza del mismo -un seguro y no un fondo de ahorros para salud-, y las causas económicas para el alza de las primas. Para esto no bastan declaraciones de sus personeros, por fundadas que sean, sino que se requiere una campaña informativa constante, que supone un desembolso que se prefirió evitar. Ahora las isapres y el país parecen al borde de la amarga experiencia de su eventual extinción, con el resultado de una nivelación hacia abajo de todo el sistema de salud, la pérdida de la actual transferencia casi inmediata hacia Chile de las tecnologías médicas de punta en el mundo desarrollado, y -lo más paradójico- el anticipable aumento de la desigualdad en la atención, que ya se ha observado históricamente en países europeos avanzados, pero con sistemas de salud que datan de la segunda posguerra, cuando el Estado de Bienestar se creía la solución perfecta: solo los más ricos podrán acceder a prestaciones privadas, en el país o en el extranjero, y el resto deberá soportar un sistema público empeorado por una innecesaria sobrecarga de usuarios descontentos, y acaso indignados.


Propuesta para mejorar el sistema de capacitación laboral.


La Ministro del Trabajo anunció que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso un proyecto de ley para reformular el sistema de capacitación que existe en el país. De esta forma, el gobierno vuelve a dar prioridad a un tema cuya discusión es de larga data, pero que requiere de prontas definiciones si es que se pretende enfrentar con éxito los desafíos que el país se ha impuesto en términos de continuar con un crecimiento económico expansivo y lograr el desarrollo de aquí al 2020. Fue la propia titular de esa cartera la que a mediados de 2011 puso de relieve las deficiencias en este ámbito, al señalar que “en el Sence se están gastando US$ 300 millones (anuales) que tienen cero impacto en las remuneraciones y en la empleabilidad de los trabajadores más pobres”.  Para proponer soluciones a los problemas que venía arrastrando el sistema, se creó ese mismo año una comisión de expertos y posteriormente se planteó la tramitación de una ley corta para corregir parte de esas falencias, iniciativa legal que finalmente no prosperó.


Uno de los ejes de la reforma que se plantea ahora está orientado a levantar perfiles ocupacionales para determinar cuáles son las áreas y especialidades donde el mercado demanda mano de obra y con qué características. Para cumplir esa  labor, se contempla crear consejos de competencias sectoriales, entidades que deberán definir a través de estudios los requerimientos de las distintas industrias. Una medida de este tipo podría significar una contribución para identificar correctamente las necesidades de los sectores productivos, y a partir de las mismas, capacitar personal para que cubra esas demandas. Esto permitiría focalizar la especialización, haciendo eficiente el destino de los recursos asignados a esos fines, y ampliaría las opciones de empleabilidad a quienes reciben dichas competencias laborales. Un ejemplo de esas mayores oportunidades que se podrían dar es lo que ha ocurrido en el último tiempo en áreas como la minería, agricultura y construcción, las que debido al pleno empleo que registra el país, han experimentado escasez de mano de obra calificada.


Según cifras del Ministerio de Educación, un 45% de los adultos mayores de 20 años no ha terminado su enseñanza escolar. Debido a ello, contar con un sistema de capacitación adecuado es de la máxima importancia, ya que puede proveer un mecanismo para acceder al mercado laboral en mejores condiciones de calidad y salariales. En este sentido, resulta valorable que la propuesta promueva una capacitación continua de los beneficiarios, de manera que éstos puedan adquirir progresivamente nuevos conocimientos y habilidades y adaptarse a los vertiginosos cambios tecnológicos. Un sistema de capacitación que rinda frutos efectivos debería ayudar también a mejorar la productividad del país, indicador en el que Chile, si bien registró un incremento de 4,24% en 2012, continúa siendo el más bajo entre las naciones pertenecientes a la Ocde.


Un aspecto central para el éxito de cualquier reforma en este ámbito es que la formación que entregan las entidades destinadas a capacitar a los trabajadores sea de calidad y útil, de manera que los certificados que otorgan sean validados por las empresas. En general hoy no ocurre eso, lo cual no sólo resulta frustrante para quienes toman los cursos, sino que implica un despilfarro de recursos públicos. La reforma propuesta pretende hacerse cargo de este problema y la creación de un consejo asesor de capacitación independiente parece ser una instancia que aporte en la concreción de los objetivos que se buscan a través de este proyecto de ley.


Aranceles en la educación superior.


Los aranceles reales que cobran las instituciones de educación superior volvieron a subir para sus estudiantes de primer año en 2013. Este es un fenómeno que se viene observando de manera casi ininterrumpida en las últimas dos décadas, y a tasas que superan en promedio el 3% real. Son aumentos indudablemente significativos. Algunas razones que explican este fenómeno también se presentan en otros países. Por ejemplo, las instituciones de educación superior se han visto obligadas a invertir en una infraestructura de mayor calidad, en más tecnología y también en mejorar sus plantas académicas. Esto incide directamente en los costos de proveer docencia.


Pero, pese a que hay ciertas justificaciones para el fenómeno chileno, otros aspectos sorprenden. Desde luego, el gasto por estudiante en Chile y, consecuencialmente, los aranceles -en particular si se los compara con el ingreso per cápita del país- son muy altos. En parte importante, los ingresos de los profesionales en Chile, que son los que integran las plantas académicas, son comparativamente altos respecto de los de otras naciones.


Al mismo tiempo, sin embargo, nuestras universidades no son particularmente buenas en un cuadro comparado, y la duración de sus programas es prolongada (del orden de dos años adicionales a la observada en los países de la OCDE), sin que exista una justificación razonable para eso. En este contexto, como porcentaje del PIB, el gasto total (privado y público) en Chile está entre los más altos del mundo, y caben cuestionamientos a la eficacia de ese gasto y al valor total de nuestros programas de educación superior. Esta realidad no es propia de nuestro nivel de desarrollo: los países de la OCDE gastaban, como proporción del PIB, alrededor de la mitad de nuestro gasto cuando tenían el mismo nivel de desarrollo. Por cierto, algo de esto se explica por la mayor cobertura relativa en educación superior que tiene nuestro país, pero aun así es razonable un mayor escrutinio a los aranceles que cobran nuestros planteles.


En este panorama, es obviamente tentador acudir a una fijación de sus aranceles. De hecho, se ha sugerido hacerlo en función de los costos de ofrecer los distintos programas. Se olvida, sin embargo, que desde 2002 se establecen en valores de referencia que aspiran a controlar los aranceles efectivos de dichas instituciones y que se acercan a simular los costos de proveer los distintos programas. Estos, por diversas razones, han sido totalmente ineficaces en ese propósito (no hay evidencia, por ejemplo, de que tras su instalación los aranceles efectivos hayan subido más lentamente que antes). Es cierto que su cumplimiento no es obligatorio, pero las ayudas del Estado tienen como valor máximo esos aranceles, y se esperaba que eso ayudase a contener su valor.


Podría argumentarse, entonces, que habría que hacerlos obligatorios, pero, en tal caso, todos los años se discutiría en cuánto se debería reajustarlos, y no es evidente que se pueda poner atajo a la presión de las instituciones -además de que ese proceso se prestaría para negociaciones muy poco transparentes-. Más todavía, se podrían ofrecer programas cuyos costos están muy bien estimados, pero con baja empleabilidad e ingresos para quienes los cursan. De hecho, diversos estudios realizados en Chile muestran que un número considerable de jóvenes habría estado mejor, desde el punto de vista económico, de no haber cursado la educación superior o, alternativamente, si hubieren elegido otros programas. En un modelo de educación superior eminentemente profesional, como el chileno, la definición de valores de referencia, más que intentar simular los costos de ofrecer los diversos programas, debería reflejar el valor que ellos agreguen a los jóvenes. Así definidos, serían una herramienta mucho más conducente a evitar aumentos injustificados en los aranceles.


Desafíos en materia de transparencia.


El Consejo para la Transparencia presentó el primer Indice de Transparencia y Acceso a la Información (Itai), reporte que pretende medir anualmente el grado de conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos que hacen las personas en esta materia. Uno de los datos más llamativos que contiene el informe señala que desde su entrada en régimen hace cuatro años, esta normativa ha cumplido un 38% de los objetivos para los cuales fue creada.


Si bien se trata de un porcentaje nada despreciable para el poco tiempo que se lleva aplicando este cuerpo legal, existe una serie de desafíos pendientes que se deben abordar para obtener mejores resultados en el tiempo. El principal consiste en lograr que tanto los funcionarios públicos como la ciudadanía conozcan el contenido de  la Ley de Transparencia, su aplicación y los alcances de la misma. Que sólo un 8% de la población declare saber de qué se trata efectivamente esta disposición y que apenas un 13% de los trabajadores de la administración central maneje los plazos que tienen los usuarios para hacer reclamos al Consejo para la Transparencia son cifras exiguas que es necesario revertir.


En este sentido, resulta primordial que se intensifiquen y amplíen los programas de capacitación que realiza el consejo a los funcionarios de organismos públicos, debiéndose prestar especial atención a aquellos que se desempeñan en el ámbito municipal. De acuerdo al informe, un 62% de éstos no sabe cómo aplicar la ley. Despejar trabas burocráticas y, en muchos casos, la desidia de los propios funcionarios, parece ser una tarea clave para terminar con la opacidad y mejorar los niveles de transparencia en los municipios, más todavía si se considera que una parte importante de la población interactúa directamente con ellos. En paralelo, sería oportuno realizar campañas permanentes que permitan a muchas más personas interiorizarse de esta ley y los derechos que ella les otorga.


Solidaridad, pero no crisis.


Evo Morales tiene razón al sentirse enojado y humillado por los gobiernos europeos que impidieron a su avión volar sobre su espacio aéreo. Obligar al Presidente de un país soberano a pedir permiso para aterrizar de emergencia en un tercer país, ante la anulación (o demora) de un pase, mientras está en pleno vuelo, es un acto casi hostil. Por lo demás, todo avión presidencial, y tanto más si en él viaja el Mandatario, tiene inmunidad y pleno derecho para sobrevolar cualquier territorio, siempre que aquel no sea un prófugo de la justicia internacional, lo que, por cierto, no es el caso de Morales.


Es, pues, comprensible que Bolivia haya pedido solidaridad, y que muchos países, incluido Chile, lo hayan apoyado de inmediato y rechazado la actitud de quienes pusieron supuestamente en peligro su integridad física al desviar la ruta original de su aeronave.


Pero considerar que haya sido un acto de humillación para toda América Latina -como lo pidió Morales y lo respaldaron Cristina Fernández, Dilma Rousseff y otros- es una exageración y hasta un despropósito: parece una presión ilegítima sobre los gobiernos de la región, que no tienen por qué sentirse deshonrados por un episodio que comprometió solo a Bolivia.


Cabe recordar que antes de salir de Moscú, Evo declaró estar dispuesto a estudiar un eventual pedido de asilo del contratista Edward Snowden -quien difundió datos de inteligencia altamente sensibles para Washington-, sabiendo que EE.UU. busca conseguir que aquel sea juzgado en su país de origen. Previamente al incidente, Washington contactó a varios gobiernos, expresándoles que su posición "es clara: este hombre ha sido acusado de filtrar información clasificada y de tres cargos criminales, por lo que debe regresar a EE.UU." Eso, dicho por la principal potencia, más que una advertencia, suena como una amenaza. Pero Bolivia, que practica sistemáticamente una política exterior "antiimperialista", apoyada con entusiasmo por sus socios del bloque bolivariano, no consideró del caso oírlo, y prefirió desafiarlo.


Las circunstancias de las decisiones francesa, portuguesa e italiana no se han despejado del todo, por lo que aún no cabe analizarlas en detalle. Si es verdad -como afirma Bolivia- que Washington está detrás de las presiones, surge la pregunta de por qué los europeos, tan irritados con los estadounidenses al saber que ellos mismos son blanco de espionaje, querrían acceder a un pedido semejante. En especial el gobierno socialista francés, que no solo ha reclamado por la interferencia estadounidense, sino que, a causa de este asunto, pidió medidas tan drásticas como dilatar la discusión del TLC entre EE.UU. y la Unión Europea.


En tal situación, es encomiable la actitud prudente de la Cancillería chilena, que en vez de sumarse a la colectiva sobreexcitación regional (que además de los tuiteos de la Presidenta argentina y las declaraciones del Presidente Correa, ha incluido el llamado a una reunión urgente de Unasur), pidió "aclarar lo ocurrido" y cumplir el derecho internacional en cuanto al trato respetuoso que debe recibir siempre un Jefe de Estado democrático. Ha de primar la cordura internacional y, como bien lo dijo el Presidente Santos de Colombia, se debe solidarizar con Morales, pero no llevar este incidente a una crisis diplomática entre América Latina y la Unión Europea.


Correspondencia destacada.


Señor Director:


"Vacaciones"


A nadie le ha llamado la atención -incluyo principalmente a periodistas y políticos- que los estudiantes depongan las tomas en el preciso momento en que inician sus "reglamentarias y merecidas" vacaciones de invierno.


Christian Voigt.


Señor Director:


Egipto.


No he visto declaraciones del Gobierno de EE.UU. censurando en serio el golpe militar en Egipto, que el ejército se vio obligado a ejercer para detener el desorden civil originado por el Presidente depuesto.


Espero pronunciamientos también desde Europa y otros paladines de la democracia liberal.


Manuel Blanco Vidal.


Señor Director:


Malo asociarse con los comunistas.


De las primarias se desprende que el Partido Radical va camino al cementerio y la falange, camino a la UCI. Sic transit gloria mundi. O, chitas que es malo asociarse con los comunistas.


Jorge Herrera G.


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EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

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Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Canción Nacional de Chile completa con todas sus estrofas....

Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

PARA VER COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL VÍDEO.

Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

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Padre nuestro que estás.....

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A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

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