Encuentro de ideologías,
por Sergio Villalobos.
Desde que el hombre comenzó a razonar sobre su
destino político y social, aparecieron doctrinas que aspiraron a guiar sus
pasos. Han sido simples elucubraciones, planteamientos abstractos y también
cuerpos ideológicos manejados por organizaciones partidistas, valiéndose de la
persuasión y a veces de los medios violentos.
La reciente elección primaria ha mostrado las
tendencias ideológicas que operan desde hace dos siglos y no cejan en el
propósito de imponerse. Afortunadamente, en nuestro país ha ido primando la
cordura y hoy día se plantea un futuro razonable.
El liberalismo fue la doctrina triunfal durante
el siglo XIX, con su confianza en el individuo y la libertad de acción en la
economía y la política. El resultado fue sorprendente: capitalización,
inversión, producción, comercio y progreso material, a la vez que los
ciudadanos comenzaron a disfrutar de mayor libertad y participación en la
política.
Según los pensadores del liberalismo, los
beneficios de la libre empresa debían derramarse al resto de la sociedad hasta
los sectores más modestos. Ello ocurrió en parte, aunque quedaron bolsones de
pobreza que por el momento fueron ignorados.
Paralelamente, con poca fuerza en un comienzo,
se iniciaron ideologías socialistas, comunitarias, estatistas y anarquistas que
con voz estridente llamaron la atención hacia los estratos populares.
A medida que avanzó el siglo XX, el marxismo
pasó a tener un papel tutelar en el bajo pueblo y, en cierta medida, en los
sectores medios. Las contradicciones sociales y económicas debían terminar con
una revolución que condujese al poder del proletariado. Había que destruir el
sistema y para ello cualquier método era bueno.
El marxismo parecía una fuerza triunfal, pero
su fracaso se expresó desde el primer momento. Nunca ocurrió el levantamiento
proletario que debía terminar con el sistema capitalista, burgués y liberal. En
cambio, la revolución se impuso en la Rusia rural y nobiliaria y debió ser
afianzada por el ejército y la policía rojos.
La historia de la Unión Soviética es conocida:
dictadura del proletariado, millones asesinados, encierro territorial e
ideológico, difícil desarrollo económico orientado al poderío militar, pobreza
generalizada y, finalmente, el derrumbe.
No fue mejor la suerte de las naciones
satélite. Cae el Muro de Berlín y luego la Cortina de Hierro se desintegra. En
China el fracaso del marxismo es impresionante. En la plaza de Tiananmen
grandes masas de estudiantes, que han recibido los beneficios del Estado
socialista y la educación, se reúnen para solicitar lo único que les falta: la
libertad, y son masacrados.
El país amarillo mantiene la rigidez gubernativa
del marxismo. Pero su economía adopta poco a poco el régimen liberal, y su
desarrollo es abismante. Invade el mundo con sus productos industriales, pasó a
ser de las primeras potencias y sus millonarios cuentan entre los más ricos del
orbe.
En América Latina el cuadro es igualmente
asombroso. Los países que han aceptado las recetas marxistas o estatistas se
encuentran en situación de pobreza creciente y eclipse de la libertad. Cuba
lleva más de cincuenta años de revolución marxista y pena en la miseria bajo
una dictadura implacable. La riquísima Venezuela cada día cae a niveles
deplorables y ya no tiene ni papel higiénico. Bolivia con su populismo
indigenista permanece estancada, y un país tan rico como Argentina, gracias al
Estado de bienestar y ese extraño populismo derivado del justicialismo
peronista, se debate en la postración.
El fenómeno general en todo el mundo es el del
fracaso del marxismo y el estatismo. Al mismo tiempo, han persistido los
principios del liberalismo, reformulado como neoliberalismo, no ajeno a la
sensibilidad social y una función discreta del Estado. En esa línea se
encuentran los tratados de libre comercio, que en lugar de proteger a las
economías tras barreras aduaneras, han facilitado la libre competencia bajo el
concepto de que cada uno debe producir lo que mejor puede producir.
Desde hace muchas décadas, el marxismo
sistemático derivado de las ideas de Karl Marx y del comunismo militante se ha
desintegrado notoriamente; pero no ha dejado de existir. Se ha diluido en
tendencias dispares y nebulosas difundidas en inmensos sectores por todo el
mundo y ha constituido una especie de mentalidad subyacente, aun en quienes lo
rechazan abiertamente. Singular fenómeno que muestra la influencia sutil de las
ideas marxistas, sin reconocer el origen.
En nuestro país el panorama es evidente y se ha
mostrado en las elecciones primarias. Todos los candidatos y sus organizaciones
han exhibido rasgos populistas, muy marcados o tenues, concordando de esa
manera con el gran fenómeno que vivimos. Pero a la vez la tendencia del
liberalismo ha estado presente y todos los sectores, de alguna manera, la han
hecho suya.
Chile disfruta de un alto grado de tranquilidad
y pareciera que la persona que gane la Presidencia de la República deberá tener
un sentido de equilibrio si desea alcanzar el éxito y la estabilidad.
Reformas jurídicas pendientes
por Pablo Rodríguez Grez.
Existe un explicable impulso a introducir en
materias jurídicas cambios integrales que incorporen nuevas instituciones. Este
propósito se evidenció, especialmente, a raíz de la reforma procesal penal, que
puso fin a un sistema cuyo colapso nadie podría desconocer. Lo anterior nos ha
llevado a sostener que cualesquiera que sean los resultados de la actual
normativa procesal penal, ellos siempre serán preferibles a los que ofrecía el
régimen antiguo. Pero, por cierto, constituiría un error extrapolar esta
comprensible intención innovadora, en términos apocalípticos, a todas las demás
ramas de derecho.
Más allá de esta premisa, nos interesa destacar
que cada precepto jurídico va arraigándose en la población, imperceptiblemente
moldeando sus costumbres y adaptándose a las necesidades más apremiantes. Así,
por vía de ejemplo, la Constitución de 1980 -para algunos, de origen ilegítimo
atendiendo a las circunstancias en que se aprobó, y para otros, expresión de
una indiscutible y resuelta voluntad ciudadana- ha permitido que el país
transitara, sin grandes quebrantos, entre dos extremos: un Chile hundido en la
destrucción económica, moral y política, y un Chile pujante, democrático y
lleno de posibilidades. Nada de lo avanzado habría sido posible en medio del
enfrentamiento político que hace 40 años nos colocaba, periódicamente, al borde
mismo del abismo institucional. Hoy podemos discrepar, incluso apasionadamente,
pero es innegable que en la gran mayoría de nuestros compatriotas existe plena
y cabal conciencia de que la convivencia pacífica y la paz social no deben
romperse en aras de los ilusos que llaman, de tiempo en tiempo, a destruirlo
todo.
La Constitución de 1980, desde este punto de
vista, ha sido un dique, hasta ahora infranqueable, para contener aquellas
tendencias disociadoras. No es posible predecir si los grupúsculos que
propician y proclaman la devastación institucional lograrán sus fines al amparo
de la desidia, la indiferencia y la ingenuidad de muchos chilenos. Pero si tal
ocurre, no cosecharemos sino aquello que desaprensivamente hemos sembrando.
Si la Constitución de 1980 fue la base de la
estabilidad y el orden necesarios para impulsar al país a la restauración de la
democracia y del crecimiento económico, otras leyes han ido enmarcando nuestras
vidas dentro de los límites del "Estado de Derecho". Tal ocurre con
la influencia silenciosa y constante del Código Civil (que ha gravitado en el
carácter y el espíritu de los chilenos en una medida que muy pocos son capaces
de evaluar) o la del Código Orgánico de Tribunales (objeto ambos de numerosas
reformas destinadas a adaptarlos a las exigencias actuales en áreas socialmente
muy sensibles), o la de numerosos otros cuerpos legales que han impreso
principios que, sin duda, deberán de transferirse a renovadas manifestaciones
legislativas si en el día de mañana se optare por reemplazarlos.
Es este convencimiento el que ha llevado a la
Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo a preparar y proponer un
proyecto alternativo frente a la reforma procesal civil que se traduce en la
adopción de un Código tipo elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal. Resuena en nuestros oídos, cada vez con mayor fuerza, lo que en la
década de los años 30 del siglo pasado reclamara José Ortega y Gasset:
"búsquese en el extranjero información, pero no modelo". Creemos
nosotros que forman ya parte de nuestra idiosincrasia muchos de los pilares en
que se sustenta el Código de Procedimiento Civil, que si bien tiene un siglo de
vida, ha ido remozándose a través del tiempo, mediante numerosas disposiciones
que han revitalizado sus acendradas virtudes. No debe desperdiciarse una
jurisprudencia largamente decantada, la doctrina que sustenta cada una de sus
normas y la experiencia práctica ganada por varias generaciones de jueces y
abogados.
Curiosamente, ocurre con el Código de
Procedimiento Civil algo semejante a lo que sucede respecto de la Constitución
de 1980, no obstante tratarse de cuerpos jurídicos tan disímiles: o se
reemplazan íntegramente, o se modifican algunas de sus normas para acomodarlas
a las demandas y exigencias de la hora actual. Lamentablemente, lo primero nos
expone a una crisis, en tanto lo segundo a la ordenada renovación de sus
disposiciones. Este, creemos nosotros, debe ser el desafío: ofrecer proyectos
alternativos que puedan discutirse ante la ciudadanía y ante los órganos encargados
de legislar.
No se trata de ser "progresista" o
"conservador", sino de elegir aquellas políticas públicas que mejor
se avengan con la evolución y modernización de nuestras instituciones
fundamentales.
Viga maestra tambaleándose,
por Rolf Lüders.
Se dice que el cobre es la viga maestra de
nuestra economía. Así lo parecieran corroborar las altas tasas de crecimiento
económico que tuvimos mientras el precio del cobre estuvo elevado y la
significativa reducción de dicho crecimiento desde que ese precio se redujera
en aproximadamente un 20%. Es por eso -y porque el gobierno decidió no aportar
este año recursos frescos para el plan de inversiones de Codelco- que es de
interés hacer algunas reflexiones al respecto.
Afortunadamente, disponemos de un actualizado
material sobre la industria del cobre. Me refiero en particular, y entre otros,
al estudio de la consultora Mackenzie, al recientemente publicado libro de
Patricio Meller, al trabajo de Gustavo Lagos presentado en Cochilco, y a una
presentación de Tomás Keller a los egresados chilenos de la Universidad de
Chicago.
Hay consenso en que la demanda por cobre
seguirá creciendo a tasas históricas, pero los pronósticos de precio sugieren
que éste será, en el largo plazo, algo inferior al actual. ¿Podremos competir
en un mercado así?
Hasta 2007, sólo el 10% de la producción
mundial tenía un costo total a cátodo inferior a Chile; en cambio, el año
pasado ese porcentaje ya superaba el 30%. Este aumento de costos tiene muchas
explicaciones, que se pueden resumir en que mientras el índice de productividad
de la minería en Chile se redujo a casi la mitad desde el año 2000, el índice
de remuneraciones reales aumentó en un 150%. No es de sorprender, entonces, que
Chile haya caído en el ranking de potencial minero del segundo lugar, en 2004,
al décimo primer lugar en 2013.
Es en este contexto que hay que analizar la
situación de Codelco. Sin su programa de inversiones -que es de unos US$ 26 mil
millones entre 2013 y 2017-, el actual excedente, según las propias
estimaciones de Codelco, iría reduciéndose hasta llegar a unos US$ 500 millones
en el 2017, para luego tender a desaparecer. En cambio, si se ejecuta
completamente su programa de inversiones, los excedentes -según Codelco-
disminuirían, pero en menor grado, hasta 2017, y luego volverían paulatinamente
a los niveles actuales en el 2027.
La inversión mencionada de Codelco es -dado el
mercado en que se inserta- muy riesgosa. Es, además, gigantesca, dado que
iguala aproximadamente, para cada uno de los cinco años del programa, ya sea a
la mitad del gasto fiscal total en educación del año 2012 o a la caja generada
por la empresa en ese mismo año, que fue excepcional.
¿No sería más conveniente -de acuerdo a la
lógica propia de una economía social de mercado- transformar, como sugieren
algunos, una buena parte de la riqueza que aún tenemos en Codelco en un fondo
soberano diversificado internacionalmente? Por una parte, para el Fisco se
liberarían, para usos socialmente más rentables, los cuantiosos recursos netos
que alternativamente habría que dedicar en los próximos años a financiar el
programa de inversiones de Codelco. Además, se obtendrían los dividendos que
genera el fondo. Codelco, por su parte, se liberaría de los problemas
inevitables de gobierno corporativo que todavía sufre, lo que aumentaría su
valor para beneficio del país.
Otra etapa en la carrera por La Moneda.
Despejada, tras las primarias, la incógnita de
los candidatos a la Presidencia, los dos grandes bloques —Nueva Mayoría (ex
Concertación más PC, MAS e IC) y Coalición por el Cambio— habrán de adoptar
decisiones complejas que marcarán las próximas semanas. Así conformarán los
nuevos equipos de trabajo en que se integren los perdedores, para restañar
heridas; escogerán candidaturas Parlamentarias competitivas (con énfasis en
lograr o impedir doblajes), equilibrando las cuotas de poder para los partidos
de cada una, y definirán los estilos y contenidos de la etapa de campaña que
ahora comienza y que será determinante para alcanzar La Moneda. En cuanto a los
demás postulantes de sectores minoritarios, su desafío será mantenerse en
carrera para no sólo estar en la cédula de noviembre, sino a lo menos lograr
una votación que les permita influir en la segunda vuelta.
El poder de Bachelet. La ex Presidente
ratificó que es la única real opción opositora y fijó los principales ejes de
su campaña, de los cuales el primero era el programático. Después, sin embargo,
anunció que, tras unos días de un sin duda merecido descanso, priorizará que se
completen las listas al Parlamento. Arropada por su abrumador respaldo en las
primarias, ha enviado a la DC el mensaje de que en ello, al igual que en los
temas del programa, si no hay acuerdo voluntario, “la candidata decidirá”, pues
de hecho los partidos tienen claro que disponen de poco margen para negociar
con el núcleo del bacheletismo. Y en la pugna por los cupos, se avizora el
ingreso a las listas Senatoriales del PS de Camilo Escalona (con objeciones
internas y apoyo de la DC) en la Octava Circunscripción Costa, y de José Miguel
Insulza en la Cuarta.
Los problemas de Michelle Bachelet parecen
estar más radicados en la construcción de su programa de Gobierno, pues tendrá
que congeniar las posturas muy distintas de la Democracia Cristiana y el mundo
liberal que apoyó a Andrés Velasco, con las del PPD, PS, PC y MAS y los
movimientos sociales en los temas planteados por los estudiantes, las reformas
a las AFP e Isapres, aspectos de los cambios tributarios y la asamblea
constituyente (donde la alta concurrencia a las primarias expresó la voluntad
ciudadana de realizar cambios en el marco de la institucionalidad). Quizás por
eso sigue postergando todo lo posible esas definiciones, limitándolas a los
“titulares” en que existe un consenso generalizado.
Los desafíos de Longueira. Su victoria, para
muchos impensada, dejó heridas abiertas en la Coalición, obligando a la UDI a
hacer gestos a RN para asegurar la unidad del sector. La molestia del derrotado
Andrés Allamand con el ex Ministro Joaquín Lavín volvió a poner sobre la mesa
las divisiones que arrastra la relación entre ambos partidos y, pese al
autosacrificio de Lavín al ofrecerle disculpas para cerrar el episodio, para el
público es difícil creer en una inmediata reconciliación y pensar que este
error “no forzado” no mina las posibilidades de que Longueira cierre su brecha
ante Bachelet. Y aunque en nuestra edición de hoy los presidentes de ambas
colectividades insisten en aquella voluntad unitaria, los electores exigirán
pruebas concretas de esas buenas intenciones.
Por otra parte, tal como señaló Allamand, la
Coalición sólo puede triunfar si repite la performance de Piñera, que fue capaz
de atraer a sectores culturalmente cercanos al centro político. La campaña de
ambos candidatos en la primaria, dirigida a los electores más identificados con
la centroderecha, no basta en esta etapa. Si bien ya hay indicios de que el
eslogan del “centro social” pasa a segundo plano, ¿será capaz Longueira de
captar esa mentalidad de corte liberal, en parte simpatizante de la DC, pero
que no comulga con las propuestas de Bachelet y ahora votó por Velasco?
Velasco, Orrego, Gómez. Sin perjuicio de
cumplir su compromiso personal, Andrés Velasco dejó a sus seguidores en
libertad de sumarse o no a la postulación de Bachelet. Hay figuras del PPD que
lo harán, confiando en que sus ideas se acojan, pero no el grueso de los
independientes que, como su candidato, mantendrán la posición que han expresado
en la difícil (como lo ha probado ME-O) alternativa de querer influir sin
presencia mediática fuerte ni estructura partidaria. Los favorece sí el
crecimiento de la actual “onda liberal”.
Más son los desafíos en la DC. Tras la derrota de
Claudio Orrego, el quiebre interno (la disidencia pide que el Senador Walker
deje la Presidencia) y su pérdida de influencia en la oposición la complican
pese a los guiños de Bachelet. Si bien ambos sectores del partido se integran
al comando bacheletista, y no habrá “camino propio”, se echa de menos por
algunos el abandono de principios valóricos y la “comodidad” con que hoy se
adaptan a la alianza con el PC. Requerirá, pues, liderazgos fuertes si quiere
volver a representar a sectores de centro que aspiran a la equidad pero en paz
social.
En cuanto al Senador Gómez, pese a la escasa
votación, intenta mantener dentro del comando su tenaz empeño por la asamblea
constituyente y otros cambios que comparte con la extrema izquierda del Pacto,
a cuyas presiones programáticas seguramente se sumará.
Polarización y acuerdos. El peor riesgo de la
campaña está en la polarización, el populismo y la exacerbación de las
expectativas. Al comenzar esta nueva etapa, la esperanza de evitarlos radica
sobre todo en que la experiencia de Michelle Bachelet (que debió enfrentar el
movimiento de los “pingüinos”), y de Pablo Longueira (que permitió salvar la
crisis del MOP-Gate) los aleje de las soluciones mágicas y los impulse a
promover acuerdos amplios, como los que en el tema tributario cree necesario el
ex Ministro Foxley.
¿Prestador estatal único de salud?
En momentos en que se abren interrogantes sobre
el futuro del sistema de Isapres, debido a los fallos judiciales contrarios a
los ajustes de precios, necesariamente cabe preguntarse sobre qué instancia
asumiría la función que ellas han cumplido por más de 30 años. Algunos han
planteado la creación de un asegurador único nacional, que las reemplazaría.
Asimismo, se ha propuesto eliminar la modalidad de atención de libre elección
de Fonasa, pues ella -hoy una válvula de escape a las deficiencias del sistema
público- no se atendría a una lógica de equilibrio entre costo y eficacia. En tal
esquema, las isapres, en teoría, podrían ofrecer solo un seguro complementario,
para mejorar la cobertura de Fonasa. Las cotizaciones de salud se irían
reemplazando paulatinamente con aportes fiscales -lo cual equivale a postular
que la salud se financie en su totalidad con impuestos-.
Un cambio tan radical ha sido calificado por
algunos como una estatización de la salud, y otros han observado que no se
ajusta a la idiosincrasia de la clase media ni de los médicos, pues Fonasa se
convertiría en un comprador único de prestaciones y no habría incentivos para
ofrecer seguros privados. Un estudio de la Asociación de Isapres muestra que si
se fusionaran ambos sistemas para crear uno solo, el incremento en la
disponibilidad económica per cápita sería de solo 3,9%. Parece difícil que el
servicio estatal, con una población aumentada y un incremento presupuestario
tan marginal, fuese capaz de optimizar sus servicios. Además, el poder
monopsónico de una sola una unidad compradora no es socialmente beneficioso, y
al eliminar a las isapres simplemente se sepultaría toda opción de
aseguramiento en salud. Los más afectados serían quienes tienen alguna
preexistencia, o que aspiran a un seguro para acceder a una medicina de mejor
calidad, o solo diferente de la que ofrezca el asegurador único estatal. Es de
prever el descontento de quienes buscarán un seguro privado sin conseguirlo:
después de miles de fallos judiciales por alzas de precios, ningún asegurador
privado se atreverá a enfrentar, mediante fórmula contractual alguna, el
incremento de los costos de la medicina, ni siquiera en contratos
complementarios.
Es muy fácil propiciar una atención gratuita
para todos -un antiguo sueño del Estado Benefactor-, pero eso olvida la
realidad del encarecimiento de los costos de atención médica, que se producen
por factores exógenos a los seguros -fundamentalmente el envejecimiento y el
desarrollo de la medicina- y se expresan en los precios de las primas, vía por
la que se financia a los prestadores médicos. Ante esa realidad se han
estrellado los esquemas estatistas incluso de los países más desarrollados,
porque los costos también suben para el Estado, al igual que para los
prestadores privados.
Pero hoy parece políticamente muy difícil
lograr un piso para buscar fórmulas razonables. Uno de los factores
determinantes de ello ha sido la inexplicable omisión de las propias isapres,
desde los inicios de ese sistema, en cuanto a explicar masiva y
sistemáticamente a la población la real naturaleza del mismo -un seguro y no un
fondo de ahorros para salud-, y las causas económicas para el alza de las
primas. Para esto no bastan declaraciones de sus personeros, por fundadas que
sean, sino que se requiere una campaña informativa constante, que supone un
desembolso que se prefirió evitar. Ahora las isapres y el país parecen al borde
de la amarga experiencia de su eventual extinción, con el resultado de una
nivelación hacia abajo de todo el sistema de salud, la pérdida de la actual
transferencia casi inmediata hacia Chile de las tecnologías médicas de punta en
el mundo desarrollado, y -lo más paradójico- el anticipable aumento de la
desigualdad en la atención, que ya se ha observado históricamente en países
europeos avanzados, pero con sistemas de salud que datan de la segunda
posguerra, cuando el Estado de Bienestar se creía la solución perfecta: solo
los más ricos podrán acceder a prestaciones privadas, en el país o en el
extranjero, y el resto deberá soportar un sistema público empeorado por una
innecesaria sobrecarga de usuarios descontentos, y acaso indignados.
Propuesta para mejorar el sistema de capacitación
laboral.
La Ministro del Trabajo anunció que el
Ejecutivo enviará próximamente al Congreso un proyecto de ley para reformular
el sistema de capacitación que existe en el país. De esta forma, el gobierno
vuelve a dar prioridad a un tema cuya discusión es de larga data, pero que
requiere de prontas definiciones si es que se pretende enfrentar con éxito los
desafíos que el país se ha impuesto en términos de continuar con un crecimiento
económico expansivo y lograr el desarrollo de aquí al 2020. Fue la propia
titular de esa cartera la que a mediados de 2011 puso de relieve las
deficiencias en este ámbito, al señalar que “en el Sence se están gastando US$
300 millones (anuales) que tienen cero impacto en las remuneraciones y en la
empleabilidad de los trabajadores más pobres”.
Para proponer soluciones a los problemas que venía arrastrando el
sistema, se creó ese mismo año una comisión de expertos y posteriormente se
planteó la tramitación de una ley corta para corregir parte de esas falencias,
iniciativa legal que finalmente no prosperó.
Uno de los ejes de la reforma que se plantea
ahora está orientado a levantar perfiles ocupacionales para determinar cuáles
son las áreas y especialidades donde el mercado demanda mano de obra y con qué
características. Para cumplir esa labor,
se contempla crear consejos de competencias sectoriales, entidades que deberán
definir a través de estudios los requerimientos de las distintas industrias.
Una medida de este tipo podría significar una contribución para identificar
correctamente las necesidades de los sectores productivos, y a partir de las
mismas, capacitar personal para que cubra esas demandas. Esto permitiría
focalizar la especialización, haciendo eficiente el destino de los recursos
asignados a esos fines, y ampliaría las opciones de empleabilidad a quienes
reciben dichas competencias laborales. Un ejemplo de esas mayores oportunidades
que se podrían dar es lo que ha ocurrido en el último tiempo en áreas como la
minería, agricultura y construcción, las que debido al pleno empleo que
registra el país, han experimentado escasez de mano de obra calificada.
Según cifras del Ministerio de Educación, un
45% de los adultos mayores de 20 años no ha terminado su enseñanza escolar.
Debido a ello, contar con un sistema de capacitación adecuado es de la máxima
importancia, ya que puede proveer un mecanismo para acceder al mercado laboral
en mejores condiciones de calidad y salariales. En este sentido, resulta
valorable que la propuesta promueva una capacitación continua de los
beneficiarios, de manera que éstos puedan adquirir progresivamente nuevos
conocimientos y habilidades y adaptarse a los vertiginosos cambios
tecnológicos. Un sistema de capacitación que rinda frutos efectivos debería
ayudar también a mejorar la productividad del país, indicador en el que Chile,
si bien registró un incremento de 4,24% en 2012, continúa siendo el más bajo
entre las naciones pertenecientes a la Ocde.
Un aspecto central para el éxito de cualquier
reforma en este ámbito es que la formación que entregan las entidades
destinadas a capacitar a los trabajadores sea de calidad y útil, de manera que
los certificados que otorgan sean validados por las empresas. En general hoy no
ocurre eso, lo cual no sólo resulta frustrante para quienes toman los cursos,
sino que implica un despilfarro de recursos públicos. La reforma propuesta
pretende hacerse cargo de este problema y la creación de un consejo asesor de
capacitación independiente parece ser una instancia que aporte en la concreción
de los objetivos que se buscan a través de este proyecto de ley.
Aranceles en la educación superior.
Los aranceles reales que cobran las
instituciones de educación superior volvieron a subir para sus estudiantes de
primer año en 2013. Este es un fenómeno que se viene observando de manera casi
ininterrumpida en las últimas dos décadas, y a tasas que superan en promedio el
3% real. Son aumentos indudablemente significativos. Algunas razones que explican
este fenómeno también se presentan en otros países. Por ejemplo, las
instituciones de educación superior se han visto obligadas a invertir en una
infraestructura de mayor calidad, en más tecnología y también en mejorar sus
plantas académicas. Esto incide directamente en los costos de proveer docencia.
Pero, pese a que hay ciertas justificaciones
para el fenómeno chileno, otros aspectos sorprenden. Desde luego, el gasto por
estudiante en Chile y, consecuencialmente, los aranceles -en particular si se los
compara con el ingreso per cápita del país- son muy altos. En parte importante,
los ingresos de los profesionales en Chile, que son los que integran las
plantas académicas, son comparativamente altos respecto de los de otras
naciones.
Al mismo tiempo, sin embargo, nuestras
universidades no son particularmente buenas en un cuadro comparado, y la
duración de sus programas es prolongada (del orden de dos años adicionales a la
observada en los países de la OCDE), sin que exista una justificación razonable
para eso. En este contexto, como porcentaje del PIB, el gasto total (privado y
público) en Chile está entre los más altos del mundo, y caben cuestionamientos
a la eficacia de ese gasto y al valor total de nuestros programas de educación
superior. Esta realidad no es propia de nuestro nivel de desarrollo: los países
de la OCDE gastaban, como proporción del PIB, alrededor de la mitad de nuestro
gasto cuando tenían el mismo nivel de desarrollo. Por cierto, algo de esto se
explica por la mayor cobertura relativa en educación superior que tiene nuestro
país, pero aun así es razonable un mayor escrutinio a los aranceles que cobran
nuestros planteles.
En este panorama, es obviamente tentador acudir
a una fijación de sus aranceles. De hecho, se ha sugerido hacerlo en función de
los costos de ofrecer los distintos programas. Se olvida, sin embargo, que
desde 2002 se establecen en valores de referencia que aspiran a controlar los
aranceles efectivos de dichas instituciones y que se acercan a simular los
costos de proveer los distintos programas. Estos, por diversas razones, han
sido totalmente ineficaces en ese propósito (no hay evidencia, por ejemplo, de
que tras su instalación los aranceles efectivos hayan subido más lentamente que
antes). Es cierto que su cumplimiento no es obligatorio, pero las ayudas del
Estado tienen como valor máximo esos aranceles, y se esperaba que eso ayudase a
contener su valor.
Podría argumentarse, entonces, que habría que
hacerlos obligatorios, pero, en tal caso, todos los años se discutiría en
cuánto se debería reajustarlos, y no es evidente que se pueda poner atajo a la
presión de las instituciones -además de que ese proceso se prestaría para
negociaciones muy poco transparentes-. Más todavía, se podrían ofrecer
programas cuyos costos están muy bien estimados, pero con baja empleabilidad e
ingresos para quienes los cursan. De hecho, diversos estudios realizados en
Chile muestran que un número considerable de jóvenes habría estado mejor, desde
el punto de vista económico, de no haber cursado la educación superior o,
alternativamente, si hubieren elegido otros programas. En un modelo de
educación superior eminentemente profesional, como el chileno, la definición de
valores de referencia, más que intentar simular los costos de ofrecer los diversos
programas, debería reflejar el valor que ellos agreguen a los jóvenes. Así
definidos, serían una herramienta mucho más conducente a evitar aumentos
injustificados en los aranceles.
Desafíos en materia de transparencia.
El Consejo para la Transparencia presentó el
primer Indice de Transparencia y Acceso a la Información (Itai), reporte que
pretende medir anualmente el grado de conocimiento y ejercicio efectivo de sus
derechos que hacen las personas en esta materia. Uno de los datos más llamativos
que contiene el informe señala que desde su entrada en régimen hace cuatro
años, esta normativa ha cumplido un 38% de los objetivos para los cuales fue
creada.
Si bien se trata de un porcentaje nada
despreciable para el poco tiempo que se lleva aplicando este cuerpo legal,
existe una serie de desafíos pendientes que se deben abordar para obtener
mejores resultados en el tiempo. El principal consiste en lograr que tanto los
funcionarios públicos como la ciudadanía conozcan el contenido de la Ley de Transparencia, su aplicación y los
alcances de la misma. Que sólo un 8% de la población declare saber de qué se
trata efectivamente esta disposición y que apenas un 13% de los trabajadores de
la administración central maneje los plazos que tienen los usuarios para hacer
reclamos al Consejo para la Transparencia son cifras exiguas que es necesario
revertir.
En este sentido, resulta primordial que se
intensifiquen y amplíen los programas de capacitación que realiza el consejo a
los funcionarios de organismos públicos, debiéndose prestar especial atención a
aquellos que se desempeñan en el ámbito municipal. De acuerdo al informe, un
62% de éstos no sabe cómo aplicar la ley. Despejar trabas burocráticas y, en
muchos casos, la desidia de los propios funcionarios, parece ser una tarea
clave para terminar con la opacidad y mejorar los niveles de transparencia en
los municipios, más todavía si se considera que una parte importante de la
población interactúa directamente con ellos. En paralelo, sería oportuno realizar
campañas permanentes que permitan a muchas más personas interiorizarse de esta
ley y los derechos que ella les otorga.
Solidaridad, pero no crisis.
Evo Morales tiene razón al sentirse enojado y
humillado por los gobiernos europeos que impidieron a su avión volar sobre su
espacio aéreo. Obligar al Presidente de un país soberano a pedir permiso para
aterrizar de emergencia en un tercer país, ante la anulación (o demora) de un
pase, mientras está en pleno vuelo, es un acto casi hostil. Por lo demás, todo
avión presidencial, y tanto más si en él viaja el Mandatario, tiene inmunidad y
pleno derecho para sobrevolar cualquier territorio, siempre que aquel no sea un
prófugo de la justicia internacional, lo que, por cierto, no es el caso de
Morales.
Es, pues, comprensible que Bolivia haya pedido
solidaridad, y que muchos países, incluido Chile, lo hayan apoyado de inmediato
y rechazado la actitud de quienes pusieron supuestamente en peligro su
integridad física al desviar la ruta original de su aeronave.
Pero considerar que haya sido un acto de
humillación para toda América Latina -como lo pidió Morales y lo respaldaron
Cristina Fernández, Dilma Rousseff y otros- es una exageración y hasta un
despropósito: parece una presión ilegítima sobre los gobiernos de la región,
que no tienen por qué sentirse deshonrados por un episodio que comprometió solo
a Bolivia.
Cabe recordar que antes de salir de Moscú, Evo
declaró estar dispuesto a estudiar un eventual pedido de asilo del contratista
Edward Snowden -quien difundió datos de inteligencia altamente sensibles para
Washington-, sabiendo que EE.UU. busca conseguir que aquel sea juzgado en su
país de origen. Previamente al incidente, Washington contactó a varios
gobiernos, expresándoles que su posición "es clara: este hombre ha sido
acusado de filtrar información clasificada y de tres cargos criminales, por lo
que debe regresar a EE.UU." Eso, dicho por la principal potencia, más que
una advertencia, suena como una amenaza. Pero Bolivia, que practica sistemáticamente
una política exterior "antiimperialista", apoyada con entusiasmo por
sus socios del bloque bolivariano, no consideró del caso oírlo, y prefirió
desafiarlo.
Las circunstancias de las decisiones francesa,
portuguesa e italiana no se han despejado del todo, por lo que aún no cabe
analizarlas en detalle. Si es verdad -como afirma Bolivia- que Washington está
detrás de las presiones, surge la pregunta de por qué los europeos, tan
irritados con los estadounidenses al saber que ellos mismos son blanco de espionaje,
querrían acceder a un pedido semejante. En especial el gobierno socialista
francés, que no solo ha reclamado por la interferencia estadounidense, sino
que, a causa de este asunto, pidió medidas tan drásticas como dilatar la
discusión del TLC entre EE.UU. y la Unión Europea.
En tal situación, es encomiable la actitud
prudente de la Cancillería chilena, que en vez de sumarse a la colectiva
sobreexcitación regional (que además de los tuiteos de la Presidenta argentina
y las declaraciones del Presidente Correa, ha incluido el llamado a una reunión
urgente de Unasur), pidió "aclarar lo ocurrido" y cumplir el derecho
internacional en cuanto al trato respetuoso que debe recibir siempre un Jefe de
Estado democrático. Ha de primar la cordura internacional y, como bien lo dijo
el Presidente Santos de Colombia, se debe solidarizar con Morales, pero no
llevar este incidente a una crisis diplomática entre América Latina y la Unión
Europea.
Correspondencia destacada.
Señor Director:
"Vacaciones"
A nadie le ha llamado la atención -incluyo
principalmente a periodistas y políticos- que los estudiantes depongan las
tomas en el preciso momento en que inician sus "reglamentarias y
merecidas" vacaciones de invierno.
Christian Voigt.
Señor Director:
Egipto.
No he visto declaraciones del Gobierno de
EE.UU. censurando en serio el golpe militar en Egipto, que el ejército se vio
obligado a ejercer para detener el desorden civil originado por el Presidente
depuesto.
Espero pronunciamientos también desde Europa y
otros paladines de la democracia liberal.
Manuel Blanco Vidal.
Señor Director:
Malo asociarse con los comunistas.
De las primarias se desprende que el Partido
Radical va camino al cementerio y la falange, camino a la UCI. Sic transit
gloria mundi. O, chitas que es malo asociarse con los comunistas.
Jorge Herrera G.