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martes, 9 de julio de 2013

Temas de actualidad, imágenes informativas...














Derechos sociales y educación,
por Eugenio Guzmán.


La propuesta de educación gratuita y universal ha terminado por imponerse en el debate y propuesta de la Concertación. Ahora bien, una cosa es repetir una consigna —e incluso incorporarla como parte de un programa de Gobierno, planteando fórmulas Fiscales y tributarias para su financiamiento— y otra las reales conclusiones que de ella se sigan.


Una posible conclusión derivada tiene que ver con el ingreso a la educación superior. En efecto, la educación en cuanto derecho social universal supone límites muy acotados. En Chile, en el caso de la educación preuniversitaria, el sistema Municipal no admite que ningún niño o joven pueda ser excluido de ella. Las excepciones podrían estar dadas por consideraciones tales como residencia, por ejemplo, en el evento de que se plantearan problemas de cupos entre residentes de una comunidad y postulantes de otra. Pero, en concreto, a nadie se le exige una prueba de ingreso para ser admitido; ello sólo ocurre en el caso de instituciones privadas subvencionadas o particulares pagadas, o por último a instituciones con algún estatuto muy particular.


En el caso de la educación superior, no ocurre de igual forma, puesto que operan criterios claros de selección y ninguna excepción a la residencia; es decir, nadie tiene ningún derecho a priori a ingresar a ninguna institución superior por el hecho de vivir en la localidad donde se encuentra la universidad o instituto correspondiente, y está sujeto a los requisitos que dicha institución establezca.


Luego, si hemos de considerar un sistema de derechos sociales universales en educación, cabría, en consecuencia, plantear la necesidad de revisar profundamente los actuales criterios de selección a la educación en general y universitaria en particular. Incluso, la necesidad de los mismos. La razón es obvia, lo que llamamos un derecho universal a la educación, como es en el caso de la educación básica y media, no debiera admitir mayores condiciones. Obviamente, podría admitirse que el ingreso a la universidad comporta ciertos requisitos de calidad y rendimiento; sin embargo, ello puede ser exigible una vez ingresado el joven al sistema, no antes, puesto que lo que se juega en una concepción de este tipo es el derecho universal a la educación; en este caso, superior. Es decir, si asumimos un derecho universal, el ingreso también debiera serlo.


Si bien esto suena descabellado puesto que lo que se persigue es la gratuidad, en dicho caso debiéramos renunciar al uso de la noción de derecho social universal. Después de todo, imponer requisitos desvanece la noción de derecho universal. Si bien estos se pierden, ello responde a la transgresión de algún principio vinculante de ciudadanía, como ocurre cuando se transgrede la Ley.


¿Existen derechos en los que se establecen limitaciones o condiciones para su ejercicio? Muchos. Tal es el caso de los derechos a determinados beneficios; por ejemplo, con todos los subsidios basados en consideraciones socioeconómicas. No obstante, estas fórmulas distan mucho de lo que debiéramos entender por derechos sociales universales.


Podrá argumentarse que ningún derecho carece de condiciones para su titularidad, y, por ello, derivar el ingreso universal a la educación superior de la noción de derecho social universal a ésta, no tiene sentido. No obstante, lo que podríamos considerar una condición para la titularidad de un derecho no es lo mismo que la limitación del mismo. Ciertos derechos ciudadanos exigen la mayoría de edad, ya que se entiende que para la plenitud del ejercicio de ellos y no ser sujeto de abusos ella es necesaria: ello ocurre en el caso de votar, pertenecer a una asociación, etc. En todos estos casos, lo único que decimos es que transitoriamente no se está en condiciones de ejercerlo.


Si bien los límites de espacio no permiten un desarrollo más extenso, la verdad es que es indispensable que cuestiones como la mencionada y otras más entren en el debate, para saber exactamente de qué estamos hablando o simplemente de qué vamos hablar y cuán seria son las propuestas que se avecinan.



Hackers y privacidad,
por Tamara Avetikian.


Desde que tengo una cuenta de Gmail, hace ya varios años, he sabido que "alguien" desde el ciberespacio puede estar leyendo todos mis mensajes, los inocentes y los otros. No sé a quién podría ocurrírsele que nuestros correos electrónicos (incluidos los del trabajo) están a salvo de las miradas de intrusos, hackers internacionales o funcionarios que vigilan los intercambios entre personas más o menos peligrosas.


Al final, todos podríamos ser sospechosos de algo: de no pagar todos los impuestos, tramar alguna triquiñuela comercial o ser parte de una conspiración terrorista. Entonces, ¿por qué tanto escándalo cuando nos enteramos de que Estados Unidos espía indiscriminadamente a sus ciudadanos y a los de otros países? ¿Por qué tanta sorpresa de que los Gobiernos, incluso los aliados, se espían entre ellos? Después de todo, la Diplomacia ha tenido siempre ese propósito, recopilar información, solo que ahora se usan medios tecnológicamente más sofisticados. Edward Snowden, el hacker estadounidense que desató la última psicosis por un "Gran Hermano" operando en las sombras, tenía estatus Diplomático cuando trabajaba para la CIA en Ginebra, espiando a los europeos.


Que no se entienda mal: yo defiendo resueltamente el derecho a la privacidad, pero soy realista. Y, desde que EE.UU. fue atacado por una red terrorista que se comunicaba por la web, nadie que use un e-mail puede pensar que está protegido de la mirada ajena. Las Leyes estadounidenses, además, permiten al Gobierno exigir a empresas como Google, Microsoft o Yahoo! dar acceso a sus servidores, sin demasiadas consideraciones por la vida privada de sus usuarios. Entonces, no hay más que tener cuidado con lo que escribimos. O inventamos un idioma secreto, claves difíciles de descifrar o, simplemente, evitamos mandar un mensaje con "información clasificada" vía internet. Así de fácil.


Ahora, otra consideración merece la filtración de informaciones que afectó a EE.UU., hecha por un contratista privado con acceso a los máximos secretos de inteligencia. Un tipo que pone en riesgo la seguridad de miles de personas, y que amenaza con seguir filtrando otros datos tanto o más sensibles, es un peligro no solo para los Gobiernos a los que ha dejado en evidencia, sino para todos quienes confían en que los servicios de inteligencia pueden hacer una diferencia entre ganar o perder la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada (mafias, traficantes de drogas o de personas, y redes de pedofilia).


Snowden dijo que filtró la información para develar el enorme alcance de la vigilancia y del espionaje estadounidenses. A mí me parece que ese objetivo, que puede alcanzarse por otros medios, no justifica poner en riesgo la seguridad de tantos. Mi opinión es que estos hackers , e incluyo a Julian Assange, de WikiLeaks, tienen algo de megalómanos y narcisistas, y buscan reconocimiento y poder sin medir daños.



Retorno del salario mínimo.


Tras un intento fallido por adelantar el debate anual del salario mínimo en marzo pasado, el Gobierno retomó hace unos días el tema y presentó un nuevo proyecto al Congreso. El tema es sensible, especialmente en un año plurieleccionario como éste, ya que se estima que 700 mil trabajadores reciben en Chile el salario mínimo (400 mil de los cuales son jefes de hogar y, de ellos, cerca de 150 mil son el único sueldo de la familia). La discusión no se perfila fácil, no sólo por el tradicional tira y afloja en torno al monto, sino porque además ya viene debilitada por el debate de principios de año (cuando se llegó al punto de un veto Presidencial que fue rechazado) y porque podría mezclarse con el debate presupuestario que este año el Gobierno quiere adelantar a fines de julio, para no enturbiarlo con el ambiente político de octubre y noviembre. A esto se suma que hay presión de los candidatos Parlamentarios de la Alianza de pedir al Gobierno un alza que apoye sus campañas de este año, algunos de los cuales incluso han hecho reflotar estos días el simbólico monto de $250 mil —el “ingreso ético”—, que marcó la agenda hace algunos años.


Lo propuesto esta vez es un reajuste a $207 mil (recordemos que la cifra que no prosperó hace unos meses fue de $205 mil y el salario mínimo que rige hoy es $193 mil), lo que supone un reajuste real bastante alto, entre 5 y 6%, dependiendo si se considera la inflación pasada o las inflaciones esperadas para los próximos meses. Los críticos a la propuesta del Gobierno argumentan que el monto es bajo, pero olvidan que las cifras superan ampliamente los reajustes otorgados durante los Gobiernos de la Concertación, que fueron en torno a 2% promedio anual.


Comparativamente, el reajuste es significativo y hay que estudiar seriamente si presionarlo más allá traería efectos contraproducentes en el empleo, especialmente en un momento en que van disminuyendo las tasas de crecimiento de la economía. En estas condiciones de menor dinamismo se amenazaría el empleo de los jóvenes menos capacitados, que hoy ya registran tasas de desempleo preocupante: para los jóvenes de entre 15 y 24 años supera el 17%. También a las mujeres sin capacitación un salario mínimo alto puede dejarlas fuera del mercado: según la Casen 2011, existen 209 mil mujeres desempleadas en los dos primeros quintiles y más de 2 millones de mujeres inactivas en ese segmento, con una tasa de participación laboral de sólo 30%. Finalmente, hay que poner ojo al impacto del salario mínimo en el funcionamiento de una parte de las pymes, pues la viabilidad de emprendimientos con bajo capital podría ponerse en duda, de haber un alza importante en el salario mínimo en medio de un desaceleramiento.


De otra parte, está el tema ético, pues existe una legítima aspiración de llegar a los $250 mil como remuneración mínima mensual. Parece razonable avanzar en esa dirección de manera sostenida. Un reajuste en torno a la última oferta Gubernamental es un paso importante en ese objetivo.


El Gobierno quitó la urgencia para discutir en conjunto al proyecto una propuesta de sistema de cálculo más técnico de salario mínimo y de largo plazo, variable de acuerdo con cómo se comporte la economía de manera de mejorar el debate del mismo en el Parlamento, restando así presiones políticas, sociales y de grupos de intereses. La decisión parece acertada, pero es del todo tardía: recordemos que ya en 2010 una comisión transversal propuso un mecanismo razonable. Es de esperar que ambas iniciativas logren pasar con celeridad en el Congreso, aunque el ambiente político lo hace bastante improbable.



Definiciones pendientes en materia de energía.


En las recientes primarias Presidenciales se advirtió una notoria ausencia de discusión profunda sobre ciertos temas de gran relevancia, como el caso de la energía. El país enfrenta una situación de  estrechez -producto de aspectos coyunturales, como la sequía, pero también por la falta de definiciones que ha derivado en la paralización de grandes proyectos de generación-, y en general la mayoría de las candidaturas no ofreció propuestas concretas -una excepción fue Andrés Velasco, en cuyo programa había un capítulo dedicado al tema- sobre cómo habrá de abordarse un problema  ineludible, pues la energía se ha vuelto cada vez más costosa y en el futuro próximo el cuadro podría empeorar.


Buena parte de las candidaturas colocó el énfasis en contar con energías “limpias” y agilizar la instalación de las llamadas Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Hubo, sin embargo, un tema que pareció concentrar el debate, relativo a la viabilidad del proyecto HidroAysén, iniciativa que pese a que lleva varios años tramitándose, aún no logra ver la luz. La candidatura de Andrés Allamand dio por “muerto” el proyecto, mientras que la ex Presidente Michelle Bachelet señaló que dicha iniciativa “no es viable, me parece que no debería seguir adelante”.


Estas declaraciones, lejos de clarificar el escenario, aportaron aún más confusión, pues parecen dejar en evidencia la falta de definiciones. No podría reprocharse que un candidato Presidencial manifieste su opinión respecto de la conveniencia de algún proyecto, pero en cambio resulta altamente discutible que no se proponga una alternativa razonable en cuanto a costos y capaz de resolver el escenario que se avecina. Ciertamente, un proyecto de la magnitud de HidroAysén inevitablemente provocará enconados debates, pero lo que no parece discutible es que la energía que dicho proyecto aportaría al país      -unos 2.400 MW- es absolutamente necesaria, y si se ha tomado la decisión política de no seguir adelante con éste, debe proponerse una solución alternativa que aporte su equivalente en energía.


Suponer que la no realización de HidroAysén puede ser suplida con energías renovables no convencionales revela desconocimiento de la magnitud del problema. Este tipo de energías son ciertamente bienvenidas, y en la medida en que sus costos se hagan más competitivos y resuelvan las intermitencias propias de energías que dependen de las fuerzas de la naturaleza se irán  masificando, pero por ahora no es el caso. El país requiere inevitablemente de grandes proyectos -será necesario duplicar la actual matriz antes de 2020-, y según han dicho reconocidos expertos, prescindir de HidroAysén implicaría el equivalente a siete plantas termoeléctricas de grandes dimensiones. Sin embargo, este tipo de centrales -no obstante que sus tecnologías se han hecho ambientalmente más limpias- enfrentan crecientes problemas para su instalación, especialmente por incerteza jurídica y judicialización. Según un reciente catastro de la Sofofa, hay del orden de US$ 27 mil millones de proyectos de energía paralizados, buena parte de los cuales son termoeléctricos.


El actual Gobierno ha propuesto una nutrida agenda Legislativa en materia energética -carretera eléctrica, interconexión SIC-Sing y concesiones eléctricas, entre otras-, pero a la fecha sigue pendiente que el Consejo de Ministros resuelva las reclamaciones en torno a HidroAysén. Sin voluntad política para destrabar estos problemas no se avizora una solución, y cabe esperar que quienes aspiran a llegar a La Moneda ofrezcan definiciones más concretas.



Voto de chilenos en el exterior.


El Presidente Piñera ha manifestado su decisión de destrabar y simplificar el proyecto que permitiría el voto de los chilenos en el extranjero. Facilitar su inclusión política y aumentar la participación en elecciones nacionales y plebiscitos de los ciudadanos residentes en el exterior es una tendencia mundial, producto de la globalización y del legítimo derecho a emigrar en busca de nuevas oportunidades y perfeccionamientos. Más de 100 Estados a lo largo de un siglo y medio han establecido esa posibilidad. Esta iniciativa también es pertinente en nuestro caso, con más de 800 mil chilenos avecindados en el extranjero, en su mayoría en Argentina, cantidad que supera a los extranjeros con residencia permanente en Chile.


El proyecto del Ejecutivo, rechazado por el Senado, establece como regla general que podrán emitir su sufragio los ciudadanos que se encuentren fuera del país, siempre que dentro de los últimos ocho años hayan permanecido dentro de Chile por un período continuo de al menos cinco meses. Tal exigencia ha sido rechazada por la oposición, contraria a imponer vinculación adicional con el país. El Gobierno, para solucionar este desencuentro, ha planteado que para participar en el exterior en los procesos electorales los chilenos solo deben inscribirse en los respectivos Consulados, con lo que estima satisfacer la razonable exigencia de vinculación con el territorio nacional, aplicada por varias decenas de países.


La propuesta original del Gobierno sobre retorno y estadía ininterrumpida de cinco meses puede estimarse una complicación, que es posible solucionar incorporando requisitos de temporalidad (máximo de años residiendo afuera). Democracias avanzadas, como Gran Bretaña, Alemania y Canadá, establecen plazos entre 3 y 10 años. La vinculación por el mero registro Consular parece insuficiente como manifestación de interés cívico por el futuro del país para quienes se encuentran avecindados permanentemente en el exterior: bien podría darse el caso de hijos de chilenos que concurrieran a votar sin haber estado jamás en Chile y sin ningún interés en establecerse en el territorio nacional.


Tanto o más importante que facilitar las votaciones en el exterior es garantizar su corrección para contribuir a la confianza ciudadana en el sistema electoral. De allí la necesidad de establecer procedimientos que aseguren la limpieza y eficacia del proceso.



Contraloría y fiscalización ciudadana.


La Contraloría General, cuya misión fundamental es fiscalizar la legalidad de los actos de la administración del Estado, con completa independencia del Ejecutivo y del Congreso, ejerce ese control de juridicidad mediante dictámenes u oficios que conforman una jurisprudencia orientadora del camino correcto que deben seguir los servicios públicos.


En ese marco, el actual Contralor General, Ramiro Mendoza, ha querido dar especial prioridad al concepto obvio, pero a menudo olvidado, de que es sobre cada ciudadano que recaen los resultados de las políticas de Gobierno. Aplicando esta noción a las obras públicas, ha estimado que el usuario puede y debe ser un factor de gran utilidad para colaborar con el cumplimiento de los fines de la Contraloría. Con este objeto, se abrirá durante este semestre el nuevo portal "Contraloría Control Ciudadano: Seguimiento del Gasto Público de Obras". Con un sistema georreferenciado, ofrecerá al usuario un mapa del país, y él podrá informarse de los trabajos que se estén realizando principalmente por los Ministerios de OO.PP. y Vivienda, y tendrá acceso a los datos de los contratos suscritos, con detalles del servicio interviniente, de la constructora a cargo y del inspector Fiscal que controlará los trabajos. Esto entregará a la comunidad una herramienta poderosa para cooperar con la fiscalización de la Contraloría, y contribuirá a la transparencia y a la información pública.


Esta iniciativa ha encontrado algunos críticos, que estiman que todo esto excede el control de legalidad. Pero ella no debe verse como una intromisión indebida de particulares en la función de los fiscalizadores, sino como un apoyo a la misma, desplegado por los mismos ciudadanos en cuyo beneficio existe esa fiscalización. Conceptualmente, pues, no parece inconveniente, tanto menos cuanto que esta vía -que, en definitiva, es meramente informativa, sin más- no pretende superponerse a competencias instauradas por la Ley, ni cabe suponer que tuviere éxito cualquier intento de instrumentalización ideológica de la misma. Sí puede ser que actúe como cierto acicate para el celo de las municipalidades y otros órganos estatales de esa área llamados a canalizar las necesidades ciudadanas.



Golpe militar en Egipto.


Mursi representaba a los Hermanos Musulmanes (HM), un movimiento islámico radical de profundas raíces en la sociedad egipcia y el grupo político mejor organizado, pero rechazado por casi la mitad de la población. Elegido democráticamente como Presidente en los primeros comicios libres de la historia egipcia, no estuvo a la altura de las expectativas del país. Tras las protestas violentas que derribaron al "antiguo régimen", la población esperaba que un nuevo Gobierno resolviera sus problemas. Mursi no satisfizo esa aspiración. Más libertad política, mejor manejo de la economía, mayor compromiso para llegar a acuerdos con los grupos opositores, eran algunas de las demandas de los manifestantes, que luego de varios días de protestas callejeras, aplaudieron el ultimátum que los militares dieron al Presidente y su posterior destitución.


Ahora, los egipcios se enfrentan a un proceso incierto, que nadie sabe cuánto durará ni si terminará efectivamente en nuevas elecciones democráticas. Quien debe llevar a cabo esa transición es alguien que hasta el jueves era el Presidente del Tribunal Constitucional, nombrado por los militares y apoyado por líderes religiosos, pero no por los HM. Adli Mansur es un jurista de larga trayectoria, lo cual significa que hizo su carrera durante el Gobierno de Mubarak, pero cuenta con la confianza de amplios sectores que ven en él a un hombre probo. Su misión es difícil, pues tiene que responder a las exigencias de disímiles grupos de presión. Por una parte, de los militares, que tienen el poder y han demostrado voluntad de ejercerlo. También de los grupos civiles que fueron los protagonistas de las movilizaciones de los últimos días y que, probablemente, no tienen temor a volver a salir a la calle si las cosas no resultan como lo esperan.


Mansur también debe llamar a un diálogo político que incluya a los Hermanos Musulmanes, pues sin ellos cualquier acuerdo perdería legitimidad. Y esta misión es compleja, tanto más porque en este momento muchos de ellos han sido arrestados, sus medios de comunicación censurados, y reclaman por sus derechos. Para satisfacer los requerimientos generales, la primera tarea de Mansur debería ser formar un Gabinete amplio y representativo, que pueda asegurar que en corto tiempo los egipcios tendrán un Gobierno legítimo y un Parlamento salidos de las urnas. Asimismo, el Gobierno interino debe responder a la comunidad internacional, que mira con inquietud que este nuevo alzamiento no garantiza la estabilidad democrática y, por el contrario, puede ser el inicio de un ciclo en que los militares intervengan en política cuandoquiera que consideren que los asuntos no marchan como a ellos les parece.


Gestión decepcionante.
Hay amplio consenso en que Mursi hizo una mala gestión: fue sectario, excluyente y decepcionó las aspiraciones de la mayoría ciudadana que pedía libertad política y mejor manejo económico. Si una de las razones para las protestas contra Mubarak fue el desempleo, que se empinaba sobre el 8%, durante el corto Gobierno de los HM, nada se hizo al respecto. Los indicadores económicos empeoraron ostensiblemente en el último año. El crecimiento fue de apenas 2,2%, la inflación subió más del 7% y el desempleo se disparó al 13,2% en lo que va de 2013. El turismo (que representa el 11% del PIB) cayó en picada por la falta de seguridad en el país; las inversiones extranjeras brillaron por su ausencia, y la industria ha sufrido de escasez de insumos y energía. Falta combustible, subsidiado, porque no hay suficientes divisas para importarlo.


Este cuadro sombrío, trasfondo del descontento de los egipcios que salieron a la calle justo en el primer aniversario de la asunción de Mursi, debe ser revertido por las nuevas autoridades, cuya primera misión, sin embargo, es buscar la forma en que Egipto efectivamente pueda entrar al mundo de la democracia y demostrar que ese es un mejor camino que la violencia propugnada por los grupos islámicos radicales.


Brasil: plebiscito, pero no todavía.
Dilma Rousseff está orgullosa de que en Brasil se proteste en democracia y su Gobierno escuche las demandas. Aun así, sufrió una brusca caída en las encuestas, que la deja mal parada para su eventual reelección en 2014, y está por verse si su propuesta de reformas políticas será bien recibida por "la calle".


Apenas estallaron las manifestaciones de millones de indignados brasileños -que pedían la supresión de un alza de los pasajes y, luego, mayor transparencia en la política, acabar con la corrupción y frenar los gastos excesivos en la infraestructura para el Mundial de Fútbol-, Rousseff ofreció llamar a plebiscito para convocar a una asamblea constituyente que reformara las Leyes políticas. Medio Brasil rechazó tal idea, desde Ministros de la Corte Suprema hasta Legisladores y juristas de prestigio: el camino Constitucional pasa por el Congreso. "Las declaraciones de la Presidente son poco específicas y arriesgadas, porque para alterar la Constitución, ella misma provee cómo. Cambiarla por plebiscito es propio de regímenes autoritarios", dijo el ex Presidente Cardoso, uno de quienes sepultaron la propuesta Presidencial.


Ahora, Dilma tiene que esperar que su proyecto de financiamiento de partidos políticos y campañas, reforma al sistema electoral y voto Parlamentario secreto, entre otros temas, sea debatido y aprobado por los Parlamentarios para llamar a un plebiscito. Su intención es que se haga ya, antes de octubre, para que las nuevas normas estén vigentes en las próximas elecciones. Los Legisladores no parecen proclives a hacerlo, lo cual sería un golpe para la Presidente, que quiere responder a las demandas de la ciudadanía, harta de la corrupción endémica y de la impunidad de los políticos.


Es incierto que con esta iniciativa Dilma logre desactivar el descontento popular. Pero sería importante comprobar el asidero real de las palabras del Presidente de la Corte Suprema que sostuvo que "la democracia de Brasil es suficientemente sólida como para soportar estas turbulencias".



Desvío de avión boliviano.


El obligado  desvío que sufrió la semana pasada en Europa el avión Presidencial boliviano que transportaba al Mandatario Evo Morales constituye un trato inadecuado a la figura de un Jefe de Estado de un país soberano. Francia, España, Portugal e Italia, cuyos Gobiernos cerraron sus respectivos espacios aéreos, negando el paso al avión procedente de Moscú en el que sospechaban viajaba el agente norteamericano Edward Snowden, deben dar explicaciones para justificar su actuación improcedente.


En una acción característica, Morales convirtió el incidente en una ocasión para acusar a Estados Unidos, señalando ser objeto de una maniobra para desacreditarlo. Los Presidentes de Argentina, Venezuela, Uruguay y Surinam viajaron a Cochabamba el jueves para apoyarlo. Sin embargo, lo que inicialmente pretendía ser una cumbre de Unasur terminó sólo siendo una expresión de apoyo de los aliados más cercanos de Morales.


Este debe reflexionar acerca de las razones que llevaron a varios de sus colegas sudamericanos a no concurrir a Cochabamba. La débil solidaridad ante una violación tan obvia de acuerdos internacionales y de la mínima cortesía debida a un Jefe de Estado se debe, en gran medida, a la forma en que el Gobierno de Morales ha definido su política exterior, recurriendo en varias oportunidades a la descalificación y a la agresión verbal para censurar a quienes percibe como sus rivales.


En el caso de Chile, la Cancillería emitió un comunicado en el que “lamenta y rechaza” la situación a la que se vio expuesto el Mandatario del país vecino. Aunque hubo voces que reclamaron un gesto más efusivo, parece una reacción prudente y proporcionada que revela una actitud deferente hacia un Mandatario que en sucesivas oportunidades se ha referido de manera poco amistosa a las autoridades nacionales.



Correspondencia destacada.


Señor Director:


Tomas de colegios.


No se puede someter a votación el derecho a la vida.


No se puede someter a votación el derecho a alimentarse.


No se puede someter a votación el derecho a estudiar; el estudio es alimento del cerebro y del espíritu.


El votar "toma" es inmoral. El votar "toma" atenta contra los derechos humanos.


Las Alcaldes de Santiago, Carolina Tohá, y de Providencia, Josefa Errázuriz, se balancean, hasta el momento "olímpicamente", en la cuerda floja de lo relativo y el "cosismo", evitando pronunciarse sobre este principio fundamental de la convivencia humana.


Si la opción "toma" es eliminada definitivamente de las opciones a votar, por inútil, excluyente, disociante, antinatura e inmoral, el escenario de debate y consenso que se instala permite la expresión de todas las ideas en un ambiente de salud mental y valórica indispensable para una base sólida de reconstrucción.


Los padres estamos asumiendo nuestro papel, hasta hace poco descuidado. Es hora de ver, por parte de nuestras autoridades, una actitud valórica inequívoca e inmutable.


Dr. Manuel Gallardo M.


Señor Director:


Colegios en toma.


Mediática la ceremonia de entrega de llaves de los colegios en toma. Bueno, no son tomas, son sólo “encierros”, como dicen los españoles (allá se habla de Sindicato de Estudiantes, más que de Confederación, Federación, etc.). “Encierro” es un término más adecuado porque en estas “tomas” no hay responsables ni jefes. Los daños (vandalismo más robos) los pagamos todos los contribuyentes. Y un político siempre cuidará más su imagen que al bolsillo de Moya. Por su parte, el joven que entrega las llaves a una sonriente autoridad Municipal no asume ni siquiera una responsabilidad “política” por los daños.


El día que esos encierros comenzaron, ¿quién firmó el acta por parte del Municipio y quién por los jóvenes haciéndose responsable en caso de daños? Hace unos días sólo se vio la satisfacción Municipal por la devolución del colegio, pero no se vio el recorrido de autoridades y alumnos por las instalaciones para conocer el estado de aquello que tan alborozados unos recibían y otros entregaban. Poco importa, en realidad, para eso está Moya.


Y a propósito de llaves, ¿comenzó ya el cambio de todas las cerraduras?


José Luis Hernández Vidal.


Señor Director:


Candidatos.


Cuesta creer que la pretendida nominación “a dedo” como candidatos a Senadores por parte del Partido Socialista de Camilo Escalona, en la Región del Bío Bío, y de José Miguel Insulza, en la Región de Coquimbo, no sea con el absoluto visto bueno de Michelle Bachelet.


Miguel Huerta Marín.






Nuestro homenaje a los 77 de la Concepción.



Hace 131 años 77 chilenos, de la 4.ª Compañía del Batallón 6.º de Línea «Chacabuco», al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto  y los subtenientes Arturo Pérez Canto, Luis Cruz Martínez y Julio Montt Salamanca, se  enfrentaron en el poblado de la Concepción, en la sierra peruana, contra fuerzas inmensamente superiores  conformadas por soldados peruanos de línea y guerrilleros , disparando hasta el último cartucho y saliendo a la carga de bayonetas cuándo ya no tenían municiones.


Todos nuestros compatriotas murieron luchando con fiereza, defendieron la posición como leones, mientras hubo un combatiente nacional nuestra bandera siguió flameando en la iglesia de la Concepción, donde se habían atrincherado. El sacrificio y el patriotismo de estos jóvenes chilenos merece el homenaje de todo el país y el reconocimiento eterno por el inmenso sacrificio con que rindieron sus vidas por la Patria.



Dos días resistieron estos valientes la embestida del contingente peruano, los hechos sucedieron el 9 y 10 de julio de 1882, como un reconocimiento de la Nación a estos hombres, muchos de ellos casi unos niños, en la fecha se realiza el juramento a la bandera, en el que todos los hombres y mujeres de armas  de nuestro país  juran defender  fielmente  a la  Patria “hasta rendir la vida si fuese necesario”.
 





 




Un recuerdo histórico:


Este es uno de los llamados del ex Presidente Eduardo Frei Montalva para que la Fuerzas Armadas y de Orden pusieran fin al siniestro experimento con que Salvador Allende destruyó el país y  quiso instalar una dictadura de corte castrista en Chile:  





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EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

#GolpeAlaPyme.

Hágase seguidor de Reacción Chilena

Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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