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Lo que dejaron las primarias,
por Gonzalo Müller.
Tres millones de ciudadanos les dieron un
fuerte respaldo a las primarias legales, demostrando que la institucionalidad
es un camino eficiente de canalizar la participación y legitimando con fuerza a
los candidatos triunfadores.
Frente a discursos que han cuestionado
fuertemente nuestra democracia representativa y su funcionamiento, es una buena
noticia que aun siendo un mecanismo interno y voluntario de los partidos y
coaliciones para seleccionar a sus candidatos Presidenciables se haya producido
una alta participación ciudadana.
Ahora tanto Bachelet como Longueira inician dos
procesos comunes e importantes, que determinarán en gran medida el éxito o
fracaso de sus pretensiones de encabezar un futuro Gobierno.
El primero es la manera de cerrar sus triunfos
en primarias, asumiendo que tienen que rápidamente integrar y asimilar las
propuestas y apoyos con los que contaban las otras candidaturas derrotadas,
transmitiendo a los partidos que su presencia en las nuevas campañas contará
con el respaldo de ser considerados, tanto en vocerías como en propuestas. La
tentación de todo ganador es la de sentir que su triunfo le permitiría imponerse
con facilidad ante sus aliados, pero basta recordar el tremendo error de
Ricardo Lagos luego de su primaria en 1999, donde, luego de obtener una
aplastante victoria frente a Andrés Zaldívar, no supo sumar rápidamente a la DC
herida por la derrota, lo que le terminó pasando la cuenta y enfrentando en una
dramática definición voto a voto frente a Joaquín Lavín.
El segundo proceso que enfrentan ambos
ganadores de las primarias es entender que, más allá de cómo se repartieron los
tres millones que fueron a votar, hoy sus propuestas y mensajes de campaña
debieran hacerse cargo de los más de cuatro millones de chilenos que no votaron
en las primarias, pero que sí lo harán en noviembre. Esto, dado que el promedio
de participación de las elecciones Presidenciales bordean los siete millones.
El perfil de estos nuevos cuatro millones de
electores es muy distinto al de los tres millones que ya votaron el pasado 30
de junio. Esos tienden a ser mucho menos politizados, no militantes ni de
partidos ni de coaliciones, más críticos de la política y más pragmáticos a la
hora de elegir a sus candidatos, privilegian la cercanía y credibilidad antes
que la identificación ideológica o partidista, su voto es más personal y
temático.
La forma como estos dos procesos se lleven
adelante serán determinantes en la mayor o menor facilidad para el desarrollo
de cada campaña. Un equipo mal integrado traerá siempre dolores de cabeza, y
quizás más importante aún es el no comprender el cambio de audiencia entre las
primarias y la elección presidencial: insistir en las mismas fórmulas y
mensajes puede llegar a ser una tragedia para cualquier campaña.
Como tanto Bachelet como Longueira aspiran a
construir una mayoría que les permita acceder al Gobierno, estarán junto a sus
equipos pensando cómo logran acceder a esos nuevos electores decisivos para
ganar, sin abandonar a aquellos que los hicieron triunfar en las primarias.
Ambos tienen claro que deberán moderar sus discursos y propuestas, encontrando
un mensaje que los acerque a las demandas y necesidades de esta mayoría de
electores moderados y que esperan ver sus problemas transformados en soluciones
por parte de los candidatos.
Bachelet y Longueira son percibidos como fieles
representantes de sus partidos y coaliciones, ambos cuentan también con la
legitimidad para moverse más allá de las pretensiones propias de cada uno de
sus bloques. Si es así, veremos cambios importantes en los equipos y en el
diseño de los mensajes, con un fuerte énfasis en la moderación de sus
propuestas, pero la tentación de quedarse con el resultado de las primarias
como algo definitivo puede ser el principio de una segura derrota.
Por respeto a los ciudadanos,
por Nassir Sapag.
Con el inicio de la carrera Presidencial, los
candidatos tienen la oportunidad de ayudar a prestigiar la política con
propuestas claras y concretas y que expliciten a quiénes afectarán positiva y
negativamente, alejándose de la demagogia y el discurso populista.
La gente no aprenderá a creer nuevamente en la
clase política si siguen eludiendo en sus discursos los temas que la gente no
quiere escuchar o busquen neutralizar las diferencias con sus opositores para
atraer a los indecisos. Las últimas elecciones Presidenciales han mostrado un
equilibrio que se rompe en el límite en la segunda vuelta. Inclinar a uno u
otro lado la balanza con propuestas que no se basan en las convicciones
personales de quienes las emiten o haciendo alianzas incomprensibles sólo para
este fin, haría perder más aún la credibilidad que se tiene de la mayoría de
ellos.
La gente sabe que hay posiciones diferentes en
muchos de los grandes temas que tendrá que enfrentar el futuro Gobierno y no
quiere escuchar más generalidades de que hay que mejorar la calidad de la
educación, las pensiones, la salud o el sueldo mínimo. Si se confía en la
democracia, hay que dotar a la ciudadanía de información veraz y completa para
que se manifieste objetivamente con el voto. Si lo que hay que decirles puede
ser políticamente incorrecto, por una cuestión de principios debe hacerse.
Tarde o temprano se valorará la honestidad, la no creación de falsas
expectativas, la objetividad y la capacidad para que, dado su diagnóstico
confiable, se puedan hacer cargo de la administración del Estado.
Es fácil declarar públicamente un rechazo a
HidroAysén sin explicar cuál será la opción que proponen para solucionar el
problema energético que enfrentaremos la próxima década, con qué costos para el
país o a quiénes podría afectar negativamente. Hay que atreverse a decirle a la
gente que, cualquiera sea la solución, siempre alguien habrá de asumir un costo
y que ninguna será aceptada por toda la comunidad.
Discuten subir el salario mínimo a niveles que
seguirán siendo bajos, pero no acerca de cómo lo harán para subirlo sin que
genere efectos negativos sobre el empleo, la producción o los precios de los
productos. La solución debe buscarse para que su crecimiento sea sostenible en
el largo plazo, de manera que se logre mejorar la capacidad adquisitiva real de
la gente, lo que sólo se alcanza con un crecimiento económico que, como hemos
observado en estos últimos años, al lograr disminuir la tasa de desocupación
han crecido de manera natural las remuneraciones reales por la mayor demanda de
trabajadores.
Es atractivo para la mayoría el discurso de que
se subirán los impuestos. Pero no se sabe con qué efectos finales para el país.
Es este, quizás, el tema donde más respuestas rápidas se requieren para dar a
conocer cuántos de los recursos que se capten se perderán en la burocracia Estatal
o cuántos de los impuestos que paguen las empresas se traspasarán al precio de
los productos u obligarán a ajustar costos, muchas veces atentando contra el
empleo o la calidad del producto.
Todo lo que se haga tiene un costo y alguien
terminará pagándolo. Los chilenos no merecen que se les siga faltando el
respeto con la muletilla de que primero hay que concentrarse en ganar la
elección.
Alzamiento de las masas,
por Joaquín Fermandois.
Lo sucedido en Brasil, ¿es signo de un malestar
profundo? La respuesta nos la espetan de manera rotunda: es el grito colérico
de los condenados de la tierra que, por medio de sus actos de rebeldía, quieren
expresar lo inexpresable, ya que las vías normales y oficiales estaban
clausuradas. Los brasileños estallaron de indignación por la frivolidad de un
Mundial de Fútbol, pero tienen un largo rosario de quejas fundadas frente a las
iniquidades en el país.
Así reza una teoría en boga, pero cuando uno
trata de cuadrar la tesis, las piezas no entran. Suena demasiado a hagiografía
sobre las masas alzadas, henchidas de ira real o alimentada con artificio. En
un país muy diferente respecto del de hoy, el Chile que había tenido que asumir
la reconstrucción del terremoto de Valdivia de 1960 no habría entendido si
Jorge Alessandri se hubiese opuesto a gastar la suma millonaria en el
Campeonato de 1962. Por don Jorge mismo, la hubiera utilizado en el Teatro
Municipal, pero como Presidente no podía ignorar la identificación nacional que
hubo con ese campeonato. Sigue siendo el momento en que las almas de Chile
palpitaron más al unísono.
No cabe duda de que en Brasil las protestas han
tomado el Mundial como pretexto de males persistentes y extendidos, algunos
exagerados y otros un tanto fantaseados. Para entenderlas, es interesante
observar que existe analogía en muchos países. Los casos de Brasil, Chile y
Turquía -y otros que se puedan asemejar- muestran paralelismos, a pesar de las
evidentes disparidades. Son tres países en los cuales el mejoramiento general
de las cosas desata, precisamente por eso mismo, exigencias saturadas de furia,
debido a las frustraciones con el sistema público y la indiferencia de muchos
actores privados. No deja de existir en todo este asunto, en ese estallido de
los derechos y de las exigencias desaforadas, una cuota de picaresca. Suele
confundirse con masas delirantes, surgidas de un carnaval venido a menos,
desprovisto del culto de una verdadera fiesta. Allí no existe huella de
ciudadanía republicana.
El desafío de una verdadera política para el
Chile que se avecina es saber distinguir y elegir entre aquello que grita por
una injusticia o una reforma necesaria -que no es poco- y aquello que es
"por si pasa", porque sí, o por el ruinoso e injusto "lo quiero
todo". Dentro de sus límites, no hace mal. En muchas partes del mundo las
instituciones van a tener que sobrevivir a las manifestaciones, coexistiendo
con ellas, aunque también muchas veces poniéndoles coto (lo que en Chile debe
ser el caso de la enseñanza media).
Un testimonio de las protestas brasileñas deja
flotando un desasosiego: sostenía que Brasil podía organizar un campeonato de
país desarrollado, con estadios bien organizados que nada tienen que envidiar a
los mejores del mundo, pero cuyos servicios públicos desfallecen a pesar de lo
que se invierte en ellos. En educación, Brasil gasta una cantidad significativa
del PGB, pero para la gran masa nada mejora. Un caso típico de los muchos a lo
largo del mundo, donde el mayor gasto no proporciona mayor calidad. Uno se
pregunta, ¿no es este un dilema latinoamericano? Podemos hacer una sola cosa
bien, o emprender un sinnúmero de proyectos imaginables para, al final, volver
a encallar. Nos cuesta dar una jerarquía a varios de ellos -ya que no se pueden
emprender todos a la vez-y poner la máxima energía en ellos, de manera que se
potencien entre sí, y después, poco a poco, empujen al resto hacia arriba.
¿Dónde están los líderes que puedan interpelar a los ciudadanos (no a las
masas) con la correspondiente combinación de sobriedad y propósito de futuro?
El Consejo Fiscal, una pieza clave en
la institucionalidad Fiscal moderna,
por Klaus Schmidt-Hebbel
Para celebrar sus 60 años de existencia, ICARE
premiará a la institucionalidad económica chilena, representada en el
Ministerio de Hacienda. Ello reconoce el rol clave de las instituciones y
reglas Fiscales en la institucionalidad económica general de Chile.
De acuerdo con especialistas e instituciones
internacionales, la mejor práctica Fiscal se construye sobre seis pilares: el
compromiso de los Gobiernos con la prudencia Fiscal, procedimientos claros para
la discusión y aprobación presupuestaria, la adopción de reglas Fiscales, la
buena administración de activos y pasivos públicos, altos grados de
transparencia y accountability en la formulación y ejecución de la política Fiscal,
y la existencia de un Consejo Fiscal (CF).
Un CF es una entidad pública integrada por
especialistas encargados de supervisar el desempeño Fiscal y proveer asesoría y
guía (tanto positiva como normativa) sobre aspectos claves de la política Fiscal.
Los Consejos Financieros pueden ser más o menos autónomos del Gobierno, creados
por reglamento o por Ley, con o sin autonomía operacional y financiera respecto
del Gobierno o del Parlamento, grandes o pequeños.
La adopción de CFs en otros países es
relativamente reciente. La variada experiencia internacional sugiere que la
efectividad de los CFs aumenta con su autonomía, la transparencia de sus
análisis y recomendaciones, y la credibilidad de sus Consejeros. Existe
evidencia empírica que sugiere que los CFs reducen el sesgo optimista de las
proyecciones Fiscales de los Gobiernos y fortalecen el cumplimiento de las metas
Fiscales.
En Chile hemos avanzado mucho en la institucionalidad
de nuestra política Fiscal. Desde mediados de la década de 1980 se adopta una
política Fiscal prudente, orientada a la sustentabilidad y complementada por un
fondo soberano (en esos años, el Fondo de Reservas del Cobre). La ortodoxia Fiscal
fue reforzada con la autonomía del Banco Central en 1990. A partir del 2001, el
Ministro Eyzaguirre adoptó una reforma Fiscal innovadora: una regla Fiscal
basada en un balance cíclicamente ajustado (BCA, también llamado "balance
estructural"), delegando la proyección del PIB tendencial y del precio del
cobre de largo plazo en dos comités integrados por especialistas externos. El Ministro
Velasco institucionalizó la regla Fiscal y la operación y la administración de
dos fondos soberanos de Chile con la Ley de Responsabilidad Fiscal del 2006. La
Comisión Corbo, convocada por el Ministro Larraín en el 2010, planteó diversas
recomendaciones sobre el reforzamiento de la regla de BCA y de la
institucionalidad Fiscal, incluyendo la propuesta de un CF para Chile. El Ministro
Larraín aceptó gran parte de las recomendaciones de la Comisión Corbo,
incluyendo el Consejo Fiscal Asesor, que fue creado por decreto publicado el 28
de junio de 2013.
El objeto del CF chileno es colaborar en la
discusión, el análisis y las recomendaciones en temas relacionados con el BCA.
Sus funciones son participar como observador en los Comités de PIB Tendencial y
de Precio Referencia del Cobre, pronunciarse sobre el cálculo del ajuste cíclico
del BCA, manifestar opiniones y recomendaciones al Ministerio de Hacienda sobre
cambios metodológicos al cálculo del BCA que proponga la autoridad, y asesorar
al Ministerio en las materias Fiscales que éste le encomiende de manera
expresa.
El CF está integrado por 5 personas, habiendo
sido designados Manuel Agosin, Luis Felipe Lagos, Felipe Morandé, Bernardita
Piedrabuena y el suscrito como integrantes del primer Consejo. En régimen, la
duración de los integrantes en el CF será de 4 años. El CF no cuenta con
financiamiento ni con profesionales propios, pero dispone de una secretaría
técnica, Presidida por el Director de Presupuestos, y cuenta con el apoyo del
Ministerio de Hacienda. Los debates, las decisiones y los trabajos realizados o
encomendados por el CF se reflejarán transparentemente en actas de reuniones
del CF y en los documentos correspondientes, publicados en la web del
Ministerio.
Con la creación de este CF por la
Administración Piñera se da un paso fundamental en el perfeccionamiento de la
institucionalización de la política Fiscal chilena. Cabe esperar que el CF
contribuya a fortalecer el análisis técnico de la política Fiscal en su
dimensión macroeconómica y a la transparencia en la aplicación de la regla Fiscal
en la formulación presupuestaria.
En comparación con los CFs de varios países, el
chileno tiene limitadas responsabilidades y autonomía. Esto tiene la ventaja
que se gana en experiencia y se identifican posibles responsabilidades más
amplias en los comienzos de este nuevo Consejo. Para el mediano plazo queda
planteado el reto de ampliar las responsabilidades y la autonomía del Consejo
Financiero, a través de la promulgación de una futura Ley de CF, dotándolo de
plena autonomía presupuestaria y operacional, así como respecto de la
determinación de las materias Fiscales sobre las cuales dicho Consejo pueda
manifestarse.
Educación: avanzar, no retroceder.
El Presidente Piñera ha anunciado que las
prioridades en la última parte de su mandato apuntan a educación, salud y orden
público, algo indudablemente coincidente con las principales preocupaciones de
la población. La primera de ellas se ha transformado, además, en uno de los
temas centrales de la contienda Presidencial. La agenda Legislativa en este
campo es amplia, pero -como ha revelado la campaña- las aproximaciones a las
soluciones son muy distintas y, por tanto, las posibilidades de lograr grandes
acuerdos en los distintos proyectos de Ley que se tramitan en el Congreso
parecen, por ahora, lejanas.
Con todo, tres proyectos podrían ver la luz. El
primero, que crea una autorización para la creación de los jardines infantiles
y su posterior supervisión, despierta amplios consensos y su aprobación sería
bienvenida; en los otros dos hay mayores diferencias, pero parecen subsanables.
En el proyecto de acreditación, las diferencias son más técnicas que políticas.
El reciente informe preliminar de la comisión de la Cámara que analizó el
sistema de acreditación logró importantes grados de acuerdo, que no se alejan
demasiado de lo sustancial del proyecto enviado por el Gobierno para reemplazar
la actual Ley.
Otro proyecto que debería poder aprobarse, con
algo de voluntad de todas las partes, es el de carrera docente. Hay
coincidencia en que, en educación escolar, para asegurar más calidad y equidad,
es indispensable atraer y retener a los mejores docentes posibles. Muchos
expertos en distintos países sugieren que la forma más eficaz de seleccionarlos
es evaluar su desempeño en el aula y retener solo a los de más altas
habilidades, ajustando los salarios en congruencia. Tales modelos son, sin
embargo, escasos en el mundo. Más habituales son aquellos que, para este
efecto, buscan instalar un sistema muy selectivo de ingreso a la profesión
docente y definen perfiles de salarios obligatorios en línea con lo que esas
personas podrían obtener en profesiones alternativas, igualmente selectivas. En
estos modelos, la desvinculación de los docentes que no califican varía de un
país a otro. También se observa que en sistemas educacionales mixtos no todas
las reglas definidas en estos esquemas se extienden a la educación privada
subvencionada, pues en esta, a diferencia de la Estatal, hay negociación
colectiva.
Chile se encuentra muy alejado de estos modelos
ideales. No tenemos un sistema exigente de selección de los profesores; sus
salarios, quizá por eso mismo, están lejos de los niveles que pueden obtener en
otras profesiones las personas de más habilidades, y la posibilidad de
desvinculación en el sector Estatal, pese a que se ha flexibilizado, es aún muy
restrictiva. El proyecto de carrera docente que envió el Ejecutivo avanza en
estas tres dimensiones: hace más selectivo el ingreso a la carrera docente,
mejora las remuneraciones y facilita, mediante procedimientos transparentes, la
desvinculación cuando proceda. Podría cambiar en forma significativa la actual
situación.
Los criterios del proyecto parecen ser, en
general, compartidos. El principal punto de desencuentro es que la carrera
docente, sobre todo su perfil salarial, se aplica solo parcialmente al sector
particular subvencionado. Si bien eso es razonable, quizás podría lograrse un
acuerdo extendiendo algunos aspectos también a dicho sector, velando por que
eso no rigidice la gestión de sus equipos docentes. El Gobierno debiera buscar
un acuerdo en este ámbito.
Con todo, el más dramático cambio negativo
sobrevendría si prosperase la propuesta de poner fin al financiamiento
compartido, como lo postula el pacto Nueva Mayoría. Surgido en 1993, encontró
exitosa acogida en las familias: ya tenía 500.000 estudiantes en 1994, casi un
millón en 2001. Ella enraíza en fórmulas similares surgidas a mediados del
siglo XX, mucho antes de la actual; compromete a las familias con el
mejoramiento de la educación de sus hijos, y es una vía para eludir las
deficiencias de la educación pública que el Estado no ha podido subsanar. La
gratuidad que propicia el pacto Nueva Mayoría se traduciría en la práctica en
una nivelación hacia abajo, porque no se vincula necesariamente con las
reformas técnicamente conducentes a lograr mejor calidad, y en una pérdida de
la libertad de escoger para miles de familias.
Se acusa al financiamiento compartido de
ocasionar segmentación por ingreso, pero se omite mencionar que, eliminado que
fuera, la desigualdad entre los colegios puramente particulares privados y los Estatales
sería tanto mayor: en vez de toda una gama flexible de opciones, subsistirían
solo los extremos. Dada la realidad de la educación pública, cuyo mejoramiento
en ningún caso ocurrirá de un día para otro, cabe preguntarse cómo reaccionarán
ante esto los segmentos de ingresos medios, que hoy afluyen masivamente hacia
los planteles con financiamiento compartido.
¿Y qué opción tendrían aquellos segmentos de
ingresos medios, que no concuerden por cualquier razón con la educación
uniforme que brindaría el Estado, pero carezcan de recursos para costearse un
colegio puramente privado acorde con sus enfoques? Mucho se puede perfeccionar
el sistema de financiamiento compartido, pero eliminarlo sería regresivo,
contraproducente y, con alta probabilidad, incubador de fuerte descontento en
quienes se esfuerzan por progresar, no en ser nivelados hacia abajo.
Financiamiento de las inversiones de Codelco.
La decisión del Ministerio de Hacienda de
autorizar la capitalización limitada de utilidades de Codelco, restringiéndolas
a un monto inferior al solicitado por esa empresa, es una decisión acertada
desde la perspectiva del interés general del Fisco y de un manejo responsable
del patrimonio público. Por una parte, existen dudas fundadas sobre la
capacidad de la empresa para cumplir con las metas de gestión que había
comprometido -particularmente, en lo que se refiere al control de los costos y
la reversión de su aumento reciente- y cabe por ello, establecer criterios
estrictos para que esas ineficiencias no se trasladen a los nuevos proyectos
que se pretenden financiar. Pero también es recomendable una revisión integral
de las evaluaciones que justificaban los proyectos de inversión, a la luz del
cambio objetivo que se ha producido en variables muy relevantes para determinar
su rentabilidad, como el precio de venta del cobre y el precio de recursos
productivos fundamentales, como la mano de obra y la energía.
Codelco había solicitado al Ministerio de
Hacienda la autorización para retener US$ 1.200 millones de sus utilidades del
ejercicio anterior, con el objeto de contar con financiamiento para una serie
de proyectos que está impulsando y que, sólo para el ejercicio 2013, superan
los US$ 4.500 millones. Cabe recordar que le corresponde a esa cartera
autorizar la parte de las utilidades que pueden quedar en cada empresa -a falta
de autorización, el total debe destinarse a fondos generales de la nación-, de
manera que por esa vía y por la autorización requerida para el endeudamiento,
pueda verificar la justificación económica y social de los proyectos que se
busca financiar en las empresas Estatales. El Gobierno sólo autorizó la
capitalización de US$ 1.000 millones de las utilidades retenidas, derivadas de
la operación de compra de las acciones de Anglo American Sur, que también había
sido solicitada por la empresa, pero por un monto tres veces superior. Esta
medida no allega recursos frescos a la cuprera Estatal, dificultando en cierta
medida el financiamiento de los proyectos pendientes, pero le permite mejorar
su posición financiera y así preservar su grado de inversión. La alternativa
que se ha barajado para financiar estos proyectos es la del endeudamiento, dado
el margen disponible de la empresa y del fortalecimiento patrimonial logrado
con la capitalización.
El tema de fondo en todo este debate es si los
proyectos que se están impulsando se justifican plenamente en la coyuntura
actual y si la gestión de la empresa es capaz de realizar los ajustes
necesarios para revertir el problema de costos. En esto último, por ejemplo,
fue una mala noticia el escaso número de trabajadores que se acogió al plan de
retiro, destinado a disminuir la sobredotación de personal. Estas falencias
deben ser una llamada de alerta y exigen una respuesta consistente de la
administración, que contaría con fondos suficientes para financiar los
proyectos si se hubieran cumplido las metas previstas en materia de gestión.
Si bien la generación de un Gobierno
corporativo más profesional e independiente de los ciclos políticos ha sido un
avance, éste no se opone a la plena vigencia y justificación de la
responsabilidad que le cabe al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Hacienda, de cautelar el interés Fiscal a través de un control del uso de los
fondos Fiscales, donde un porcentaje importante lo representan las utilidades
de las empresas Fiscales.
Profesores frente a las tomas.
En una carta pública, un grupo de profesores
titulares de la Universidad de Chile, que incluye a varios Premios Nacionales,
ha expresado su preocupación por la situación actual de esa institución. En particular,
objetan la toma de espacios universitarios, como la Casa Central, y los paros
en que se impide que estudiantes y académicos que desean seguir en clases
puedan hacerlo.
Los académicos firmantes pertenecen a diversas
orientaciones políticas, por lo que dicha carta no está en contra de la
movilización estudiantil, sino que se opone a las formas que ella ha cobrado.
Observan ellos que distintas formas de violencia abundan en los recintos
universitarios. Una de ellas es la intelectual, que descalifica o acalla a los
estudiantes que se oponen a lo que mueve al movimiento estudiantil, así como a
quienes lo apoyan en sus motivos, mas no en los paros y tomas. También hay
violencia física, como lo muestran filmaciones en que se observa a encapuchados
lanzar bombas molotov sacadas de la Casa Central, para luego escudarse en su
interior.
Las tomas de recintos universitarios son una
forma de violencia ilegal, que pone a quienes participan en ellas fuera de la
comunidad universitaria, ya que esta debería ser un espacio en que prime la
razón, y no la fuerza física. Las discrepancias en la universidad deben
decidirse por la lógica de sus argumentos, y no por la sola reiteración de
aseveraciones. Los firmantes estiman inaceptable que quienes participan en tomas
no reciban una sanción de la universidad, y objetan que las instancias
superiores denuncien la entrada de carabineros a la Casa Central en un caso de
delito flagrante, pero que apenas se reclame contra el ultraje a edificios que,
como la Casa Central de la Universidad, son símbolos republicanos. Permitir que
sean ocupados por la fuerza sin ejercer acciones podría calificarse como un
notable abandono de deberes de las máximas autoridades competentes.
Observan, asimismo, que los paros que se hacen
vinculantes para todos, incluyendo a quienes se oponen, son otra manifestación
de la violencia en la universidad. Los académicos no son consultados, pero
deben cesar sus clases y reanudarlas cuando los estudiantes (o sus dirigentes)
lo deciden. A aquellos alumnos que legítimamente desean estudiar, se les impide
hacerlo. Esto viola todo principio democrático, pues se puede apoyar una
movilización, pero esto no incluye impedir que otros ejerzan su derecho a
estudiar. Lo que se observa en la universidad es una dictadura de las mayorías
(o presuntas mayorías) y un atropello de las minorías (si lo son).
Inquieta a los firmantes de dicha carta el
futuro de la U. de Chile, por la que sienten un intenso compromiso intelectual
y afectivo. Pero tanto o más importante que eso es la convicción de un
profesorado de selección que interpreta la única postura posible de los
docentes ante las tomas y la violencia.
Informe de Investigaciones sobre el 27-F.
La policía de Investigaciones (PDI) dio a
conocer sus últimos estudios sobre lo ocurrido en la madrugada del 27 de
febrero de 2010, en los que se reconstituye la ubicación donde se encontraban
las víctimas fatales del maremoto. Mediante rigurosos análisis planimétricos,
se examinan sus posibilidades de haber alcanzado las zonas de seguridad y se
concluye que según la "distancia, tiempo y velocidad", podrían
haberse salvado usando las vías de evacuación disponibles si hubieran recibido
aviso oportuno. Las 36 personas que fallecieron en la isla Orrego de
Constitución y otras tantas a lo largo del litoral central estaban a pocos
minutos de haber sobrevivido ilesas si hubieran caminado o navegado por rutas
abiertas, pero no fueron advertidas a tiempo.
Cabe celebrar el minucioso trabajo de la PDI,
pues a menudo en nuestro medio se dan opiniones sin mayor fundamento. Pero los
detectives recorrieron los lugares, midieron los tiempos y examinaron los datos
sobre el estado de las vías y la disponibilidad de embarcaciones en esos
momentos. Todo esto, naturalmente, sirve para aclarar las circunstancias en que
se produjo la tragedia y de eso se trata la investigación que realizan. El que
los principales acusados sean personajes públicos que actuaron a nombre de un Gobierno
no es relevante en el análisis objetivo de la catástrofe, ni tampoco si pudiere
haber o no intenciones políticas en el ataque o la defensa de los imputados. Lo
fundamental es aclarar cómo ocurrieron los hechos y cómo reaccionaron los
responsables de velar por la seguridad de las personas.
De las grandes tragedias se obtienen lecciones
importantes, pues al examinar las reacciones de las víctimas -y por cierto de
los encargados de responder ante cataclismos- se pueden sacar conclusiones que
sirvan para diseñar adecuadamente la planificación ante eventuales desastres
futuros. Pero, para ello, los tribunales deben ceñirse a sus objetivos de
investigar, evaluar, asignar responsabilidades y, en fin, hacer justicia, más allá
de interpretaciones políticas interesadas.
La idea de la justicia está en el centro de la
discusión política desde Platón. En "La república" se discute si
hacer justicia implica tratar a todas las personas como iguales, o si hay
quienes tienen mayores derechos que los demás, debido a su poder. Quienes se
han negado a la investigación o a establecer los hechos tal como ocurrieron
están en cierto modo demandando derechos especiales para quienes ocupan cargos
de alto poder. Pero las presiones de los interesados no pueden desviar la
naturaleza de las cosas, y quienes tienen la responsabilidad de investigar han
hecho bien en establecer minuciosamente cómo sucedieron los acontecimientos y
en examinar las posibles opciones que estuvieron disponibles esa noche. Eso es
necesario para la tranquilidad de la sociedad, y si de ahí se desprenden
consecuencias para quienes tenían responsabilidades o perdieron familiares,
será tarea de la justicia buscar las reparaciones que correspondan.
Nadie ignora que las posibles repercusiones
políticas han dificultado la investigación, pero los resultados de las
primarias han alejado ese temor. Si la ex Presidenta y ahora candidata Michelle
Bachelet obtuvo buena votación en lugares que pudieron haber sido afectados por
las decisiones de sus colaboradores, no se advierte la necesidad de ocultar los
resultados. Cabe esperar que esto simplifique las tareas de la PDI y de quienes
quieren establecer claramente cómo sucedieron los hechos.
Cartas para la reflexión.
Señor Director:
Violencia e intolerancia.
Habiendo realizado mis estudios de pre y
posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (en tiempos
políticamente muy complejos para el país) y desempeñándome como académico en su
Hospital Clínico por más de 25 años, comparto plenamente las recientes cartas
de destacados profesores titulares de nuestra Universidad y Facultad.
Reconociendo que muchas de las actuales
demandas por la educación son plenamente válidas, los métodos y la violencia no
deben tener cabida en el debate de las ideas. Es más, agregaría que la
Universidad la forman los estudiantes junto a su cuerpo académico, quienes en
general no somos consultados para decidir la paralización de actividades u
otros métodos de fuerza. Además, una vez terminados los conflictos, debemos
muchas veces readecuar los programas docentes con gran dificultad, con serios
riesgos de alterar la calidad de los mismos.
Creo que ha llegado el momento de que las
autoridades centrales y decanos de todas las facultades se pronuncien
claramente sobre estos hechos, respalden a la institucionalidad que rige a
todos los chilenos y garanticen el derecho a estudiar de aquellos que lo
desean.
El enorme prestigio logrado por la Universidad
de Chile y el compromiso y dedicación de muchos académicos de continuar
aportando a la formación de pre y posgrado no pueden verse afectados por formas
de lucha que en nada nos benefician.
Dr. Javier Brahm Barril, Profesor Titular, Jefe
Sección de Gastroenterología, Hospital Clínico Universidad de Chile.
Señor Director:
Futuro de Codelco.
Codelco dejaría de ser la principal productora
de cobre del mundo en 2016. Minera Escondida, de BHP Billiton, pasaría a tomar
la delantera y sería la mayor cuprífera del orbe.
¿No será el momento de privatizar al menos el
5% de la empresa? Es vox populi que Codelco no se caracteriza por ser muy
eficiente en sus procesos productivos. Si continúa cayendo el precio del cobre,
no nos extrañemos de que Codelco deje de ser el sueldo de Chile y se transforme
en un Lota, que tuvo que cerrar sus minas de carbón por dejar de ser una
empresa competitiva por su baja productividad.
Eduardo Picón Torres.
