El temor de Bachelet,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Demos gracias a la candidata Bachelet, porque
ella misma ha determinado las coordenadas de su eventual Presidencia.
Sintiéndose casi ganadora y sin que el
entrevistador la acosara, ha declarado que "se va a hacer difícil Gobernar
para cualquier Presidente, porque la gente ya no está por que le den cualquier
cosa: está por pedir lo que sienten justo".
Con esas palabras, obviamente la candidata
socialista no se está refiriendo a sus contradictores en la próxima elección,
sino que está situándose a sí misma bajo esas presiones.
¿Se imagina usted lo que habría pasado si
alguien hubiese afirmado que ella tenía miedo de asumir la Presidencia? Ese
comentario habría sido calificado como campaña del terror. Pero hoy,
pronunciado por la postulante desde sus propios labios, no es más que el simple
reconocimiento de su temor.
Está asustada, porque la complica mucho esa
ecuación de conceptos con los que ella entiende el Gobierno: "dar y
pedir". Unos piden y ella, el Gobierno, debe dar. Suena a legítima
transacción, pero como no se está hablando de relaciones contractuales, sino de
Gobernantes y Gobernados, el binomio "pedir y dar" desvirtúa por
completo la función ejecutiva.
Porque, ¿sabrá la candidata que Gobierno es
sinónimo de timón? ¿Habrá considerado que cuando fue investida años atrás para
gobernar no lo fue para dar, sino para conducir? ¿Recordará que no recibió un
mandato para hacer grata la travesía, sino para llegar a puerto?
Timón es el instrumento que utilizan quienes Gobiernan
de verdad. Usan el timón quienes establecen un rumbo (pero Bachelet afirma que
se guiará por lo que pida la gente); quienes conocen la gravedad de las
tempestades (pero Bachelet sostiene que todas esas tormentas son justas);
quienes lideran a la tripulación (pero Bachelet intenta subir a su barco a
gentes sin compromiso con el Capitán); quienes combaten con los filibusteros
(pero Bachelet asume que no hay peligro alguno en esos comunistas que cercan su
nave para llevarla a un puerto desconocido).
Que la candidata entiende poco y nada de Gobiernos
y de timones queda aún más claro cuando afirma que si la gente empieza a
tomarse las calles, "no va a ser responsabilidad de una Presidenta, sino
de un sistema político incapaz de responder a los desafíos de Chile". O
sea, lo que nunca haría un verdadero Capitán: echarles la culpa de sus
impericias al constructor de la nave, o al personal de a bordo, o a la mar
gruesa. Un Capitán de verdad toma el timón y conduce: si triunfa sobre los
acontecimientos, es el héroe. Si no, muere con la nave. Lo otro es para los
ideólogos de la navegación.
Y no son simplemente imágenes o especulaciones.
Basta con observar el comportamiento de las Alcaldesas Tohá y Errázuriz -esas
Bachelet en miniatura- respecto de sus liceos, para comprender lo que
significa, en la práctica, ignorarlo todo sobre el timón, sobre el Gobierno.
El último domingo electoral, durante 11 horas
pude recorrer el Liceo de Aplicación, mi actual local desde que el Servel
decidió cambiar de recinto a la mesa Nº 1 de Chile. ¿Sabe lo que vi? Un colegio
destrozado, pintarrajeado en todas sus salas, patios, baños y pasillos, incluso
en sus vitrales. Un buque recién recuperado para la navegación por el Gobierno
después del terremoto del 2010, y ahora completamente a la deriva, como una
nave que parece fantasma, pero que en realidad va al mando de piratas.
Todo un símbolo de esa gente que "está por
pedir lo que siente justo" -como los califica Bachelet-, y toda una señal
de esos Capitanes incapaces de tomar el timón, aplacar el motín y marcar el
rumbo.
Si puede entrar a ese liceo, hágalo: quizás
recorra anticipadamente el Chile del 2014.
Un camino errado para reivindicar la función
docente,
por Constanza Hube.
Actualmente se está discutiendo en la Comisión
de Constitución del Senado un proyecto que renueva la vigencia de una Ley sobre
acceso a la titularidad de los docentes a contrata. Esta iniciativa toma como
base la Ley Nº 19.648, aprobada durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle
y que tuvo por objeto disponer por única vez que los profesores que hubieran
prestado servicios continuos por más de tres años a contrata debían pasar
automáticamente a tener la calidad de titulares.
Además de la curiosidad de renovar la vigencia
de una Ley que ya cumplió su objetivo, este proyecto parece atendible, ya que
tiene por objeto reivindicar la importancia de la función docente. Sin embargo,
presenta vicios de Constitucionalidad, que en caso de aprobarse generaría muy malos
precedentes.
Por una parte, esta moción debiera haber sido
de iniciativa Presidencial porque tiene relación directa con la “administración
financiera o presupuestaria del Estado”. En efecto, la mantención en el
establecimiento educacional de los docentes a los que hace referencia el
proyecto implica la obligación de pagar remuneraciones u otras retribuciones a
que dichos profesores tendrían derecho, afectándose los fondos del Estado y las
estimaciones presupuestarias. Así por lo demás lo señaló el entonces Ministro
Secretario General de la Presidencia, José Miguel Insulza, a propósito de un
veto enviado por el Ejecutivo al proyecto que dio origen a la Ley Nº 19.648.
Junto con eso, la iniciativa implica aumento de gasto, ya que el Congreso sólo
puede aceptar, rechazar o disminuir gastos, pero en ningún caso aumentar.
En otro orden de cosas, pero no por ello menos
importante, esta iniciativa evade la exigencia de que para tener calidad de
titular de un cargo se exige la realización de concursos públicos,
seleccionando a los postulantes mediante procedimientos técnicos, imparciales e
idóneos, que aseguren una apreciación objetiva de aptitudes y méritos (Ley de
Bases de Administración del Estado).
Así, de aprobarse esta iniciativa, no sólo se
estaría vulnerando la Carta Fundamental, creando un precedente peligroso para
futuras mociones Parlamentarias, sino que además se estará atentando contra una
de las bases de nuestro sistema de acceso de empleos públicos, cual es la
idoneidad por medio de la capacitación y perfeccionamiento.
El centro de Michelle,
por Daniel Mansuy.
Tras las primarias, se ha discurrido mucho
sobre el centro y su carácter eventualmente decisivo en las elecciones Presidenciales
de noviembre: para algunos, el centro sería la llave maestra para llegar a La
Moneda. Según esa lógica, las elecciones las decide aquella franja de electores
que no se identifican con ningún bando y que buscan ante todo moderación: la
vieja clase media aristotélica, que tempera los apetitos extremos y le da
estabilidad a la polis.
La tesis parece convincente, pero no es seguro
que sea válida en el Chile de hoy. Por de pronto, podría objetarse que el
concepto de centro no esconde una realidad homogénea: hay muchos centros, que a
veces son discordantes entre sí. El centro, si acaso existe, tiene intereses
variados y no responde ya a un paradigma unívoco. Difícil en esas condiciones
ir tras él sin perseguir espejismos. También podría decirse que el voto
voluntario atenúa necesariamente la importancia del centro, ya que aumenta el
peso relativo de los extremos, mucho más militantes y movilizados.
Estas consideraciones son válidas, pero
palidecen frente a otra. En rigor, las teorías actuales sobre el centro son
peregrinas, básicamente porque si algo quedó claro el 30 de junio es que el
centro tiene dueño, nombre y apellido: Michelle Bachelet.
Joaquín Lavín -que algo sabe de todo esto- no
andaba tan perdido cuando aludía al centro social. El detalle es que ese centro
social se inclinó, de modo casi unánime, por la candidata de la Nueva Mayoría.
Uno podrá pensar lo que quiera sobre el fenómeno, pero a estas alturas hay que
asumirlo como un dato. Michelle Bachelet convirtió unas primarias supuestamente
competitivas, donde los otros candidatos obtuvieron dignas votaciones, en una
perfecta oda a sí misma. Por eso resulta casi graciosa la polémica de
Longueira, Velasco y Orrego por apropiarse del centro: éste siempre estuvo con
ella. En rigor, los números no corresponden a correlaciones de fuerzas
políticas: en democracias maduras, nadie obtiene esos niveles de apoyo.
Todo esto, desde luego, sugiere que las
elecciones de noviembre tienen poca incertidumbre, aunque es cierto que en
política cinco meses es mucho tiempo. Lo preocupante viene después, porque uno
puede pensar que Michelle Bachelet tendrá -nuevamente- enormes dificultades
para traducir ese respaldo en términos políticos. No es descabellado suponer,
por ejemplo, que el respaldo a las listas Parlamentarias de la Concertación
será significativamente menor al de la candidata, y eso va a producir tensiones
difíciles de manejar.
Bachelet ha generado expectativas muy elevadas,
y no hay muchas razones para sospechar que podrá cumplirlas: el apoyo que tiene
no es estrictamente político, y no está de más recordar que su anterior Gobierno
no destacó ni en audacia ni en participación ni en ninguno de los ítems que
ahora dice encarnar. La ex Presidente parece creer que su propia figura bastará
para contener esas tensiones y que su popularidad acallará cualquier
disidencia. Eso tiene algo de voluntarismo: por más paradójico que suene, al
Chile de hoy no le bastan los símbolos. Sin embargo, Michelle Bachelet nunca ha
mostrado disposición alguna para transformarse en algo más que eso.
Previniendo la violencia escolar,
por Cristóbal Lira.
La lamentable muerte de un niño en un
establecimiento escolar por una lesión craneal producida por un lápiz
conmocionó a la opinión pública. Independientemente de las causas de lo
ocurrido y que aún se investigan -algunos afirman que fue un accidente,
mientras los padres del niño plantean que fue consecuencia del acoso escolar-,
resulta oportuno relevar la importancia de la prevención de la violencia en las
escuelas.
Sin duda, una de las principales políticas
públicas para prevenir la violencia escolar, impulsadas por el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera, ha sido la promulgación de la Ley N° 20.536 en
septiembre de 2011, que -entre otras materias- establece que todo centro
educacional que recibe aportes del Estado debe asegurar que su Consejo Escolar
integre en sus funciones el promover la buena convivencia y evitar las
agresiones, el hostigamiento y la violencia física o psicológica.
Adicionalmente, todos los establecimientos
deben contar con un Encargado de Convivencia Escolar, el que es responsable de
implementar un Plan de Gestión con estrategias en este sentido.
La Primera Encuesta Nacional de Convivencia
Escolar, realizada en 2011 por el Ministerio de Educación y relativa a
estudiantes de octavo básico, es categórica: uno de cada diez alumnos declaró
haber sido víctima de acoso por parte de sus compañeros. De estos, uno de cada
cuatro declaró haber sufrido hostigamiento diario, cifra preocupante si se
considera el grave impacto que esto produce en el desarrollo integral de los
niños y adolescentes. Además, el cinco por ciento de los niños reportó que en
su establecimiento hubo agresiones con armas.
La prevención de la violencia escolar y la
promoción de la convivencia son temas fundamentales en el desarrollo de los
menores y adolescentes, dado que la evidencia es clara en señalar que la
exposición de la violencia es un importante factor de riesgo para la
manifestación de una diversidad de conductas problemáticas que influyen en su
desempeño escolar y en su desarrollo físico, social y emocional. Además, porque
muchos de estos hechos si no son intervenidos tempranamente podrían producir un
aumento en la victimización en el futuro.
En este contexto, la Subsecretaría de
Prevención del Delito y la Fundación Paz Ciudadana han asumido el desafío de
abordar esta realidad, entendiendo la alta rentabilidad futura. Es así como
crearon conjuntamente el Programa de Prevención de la Violencia Escolar, PreVE,
cuyo manual describe, paso a paso, cómo el Encargado de Convivencia y los
equipos pueden instalar un sistema de gestión para prevenir la violencia
escolar basado en evidencia exitosa, y así cumplir con las nuevas exigencias
que establece la Ley. El programa, cuyo diseño fue asesorado por un comité de
expertos, incluye guías concretas para que los equipos puedan abordar el fenómeno
desde un modelo preventivo y ecológico, y contar con estrategias sistemáticas,
rigurosas, organizadas y a largo plazo, y generen un sistema de disciplina
formativo que refuerce el comportamiento positivo, aborde variables de riesgo
espaciales, gestione redes y monitoree continuamente resultados.
Este programa se está instalando este año como
piloto y con acompañamiento para asegurarle una adecuada ejecución, y a partir
de 2014 ampliará su oferta a todas las escuelas Municipales del país y a los
establecimientos particulares que manifiesten su voluntad de implementarlo.
Así, tanto desde el Gobierno como desde la sociedad civil continuamos avanzando
en diseñar programas basados en evidencia exitosa, focalizada y constantemente
evaluada, lo cual, sin duda, constituye la clave para lograr mejoras sostenidas
en convivencia escolar que luego se transformarán en mayor seguridad para
Chile.
Nuevo escenario económico.
Hay indicios de que la economía nacional ha
comenzado una desaceleración. Entre las autoridades, la noticia ha sido
recibida con preocupación. El Ministro de Hacienda ha atribuido el hecho al
clima electoral, advirtiendo que hay propuestas que podrían desestabilizar la
marcha de la economía y que estarían causando la postergación de inversiones.
Las autoridades del Banco Central han adelantado que estarían considerando
rebajar las tasas de interés para contrarrestar un eventual debilitamiento de
la demanda interna. Aunque las expectativas de crecimiento para este año se han
moderado, por ahora la cesantía sigue muy baja, los salarios aumentan y las
ventas de una amplia gama de bienes de consumo mantienen su vigor.
No debe sorprender que la economía chilena
empiece a moderar el paso. De hecho, cabe suponer que eso es lo que el Banco
Central procuraba cuando el año pasado alertaba sobre la excesiva expansión de
la demanda, veía un riesgo inflacionario inminente y advertía de la eventual
gestación de una burbuja inmobiliaria. Eso lo llevó a mantener tasas de interés
muy superiores a las que en estos tiempos se aplican en el exterior, acarreando
con ello una fuerte apreciación del peso y la correspondiente desaceleración en
las actividades exportadoras.
Ahora que las perspectivas de la economía
mundial lucen menos promisorias para nosotros -con China dando señales de
fatiga, y la bonanza del cobre en aparente retirada-, la prudencia de la
autoridad monetaria parece validada: habría sido peligroso encarar el nuevo
escenario con una economía al borde del sobrecalentamiento. Pero eso mismo hace
que, en las actuales condiciones, sea necesario evaluar muy cuidadosamente los
datos y los riesgos antes de accionar una señal reactivadora.
El Fondo Monetario Internacional, junto con
alabar la pujanza de la economía nacional en los últimos tres años, ha llamado
a bajar el ritmo, porque la expansión del gasto y el aflojamiento del cobre
estarían aumentando las necesidades de financiamiento externo más allá de lo
que parece prudente en las actuales circunstancias. Su recomendación es
recortar el déficit Fiscal estructural, el cual, luego de llegar a 3% del PIB
en 2009, se prevé sea de 1% para este año. Pero eso no se condice con las
propuestas electorales que se esmeran en ofrecer nuevos aumentos en el gasto
público. El que desde la campaña de la llamada Nueva Mayoría se plantee que
esos desembolsos serían cubiertos por un alza en los impuestos tampoco ayuda,
porque ella gravaría principalmente los ahorros del sector privado, y no su
gasto. Un giro monetario expansivo por parte del Banco Central que no vaya
acompañado de una contención en el gasto Fiscal podría colocar al país en una
situación de riesgo.
Se perfila un nuevo escenario mundial, menos
favorable para las economías emergentes, del cual Chile no puede sustraerse. Es
normal, por tanto, que hoy su economía se conduzca a velocidad moderada. Lo
importante es que eso no perjudique la inversión, fuente de nuevos empleos y
del crecimiento futuro de la capacidad productiva. Desgraciadamente, como lo ha
destacado el Banco Central en su último informe, parece ser principalmente la
inversión productiva la que está frenando. Confluyen en ello no solo las dudas
sobre el cobre, sino la carestía de la energía, las innumerables cortapisas Legales,
regulatorias y burocráticas que retrasan los proyectos, y el alza de la carga
tributaria sobre las empresas.
El actual Gobierno debe reimpulsar las medidas
microeconómicas para remover los escollos que obstaculizan la inversión y la
competitividad. Y, por su parte, los postulantes a La Moneda habrán de cuidarse
de levantar expectativas desmesuradas y de propiciar cambios que dañen el buen
clima económico que el país ha disfrutado en años recientes.
Reforma del sistema electoral.
La noticia del acuerdo a que ha llegado un
grupo de Senadores de la Concertación y de Renovación Nacional para cambiar el
actual sistema binominal –problema que ha pasado a ser clave en el debate
nacional– sorprendió no sólo a la ciudadanía, por tratarse de un tema que se
viene discutiendo desde hace años sin avances de consideración (aunque ya hubo
un frustrado intento formal hace unos meses, también con participación de la
directiva de RN y la DC), sino sobre todo al Gobierno y a la UDI, que no habían
sido informados por sus socios políticos, lo que sin duda abre una brecha en la
confianza mutua que podría tener graves consecuencias para el futuro.
En síntesis, la fórmula propuesta apunta a
aumentar el número de Senadores a 48, con dos nuevos por Arica, siempre con el
mecanismo binominal, y ocho elegidos en votación nacional, y el de Diputados a
150, ahora con sólo 28 Distritos en los que, mediante el sistema proporcional
por listas con cifra repartidora, se elegirían entre tres y ocho, según la
población electoral de cada uno.
Dado que concurren al acuerdo los Senadores
Soledad Alvear y PatricioWalker (DC), Eugenio Tuma y Fulvio Rossi, Jefes de
bancada del PPD y el PS, cabe suponer un amplio apoyo en la Concertación, al
que se suman el Presidente de RN, Carlos Larraín, y el Senador Francisco
Chahuán, lo que debería permitir la aprobación de la iniciativa en la
respectiva comisión del Senado y probablemente en las salas de ambas Cámaras.
Una reforma de la Constitución por el nuevo
número de Diputados y los nuevos Senadores nacionales es más difícil de
obtener, y con mayor razón el rediseño de los Distritos, y lo más complicado
sería conseguir que los cambios se aplicaran a la próxima elección.
Posiblemente el tema será importante en la
campaña Presidencial, impulsando al electorado a definirse entre los candidatos
que apoyen la idea de este acuerdo RN-Concertación y los que estén por una
salida alternativa. Y dado que el reclamo por el fin del binominal está más
identificado con la oposición, es probable que ello termine beneficiando a los
candidatos de ese sector.
Asimismo, este acuerdo inesperado afecta
directamente al actual Gobierno, que tendrá que acelerar su propia propuesta.
Pese a la sorpresa (que muestra un serio déficit interno de información y un
distanciamiento real respecto de la directiva que Preside Carlos Larraín), el
Mandatario optó por promover una fórmula distinta de sistema electoral, apoyada
por la UDI y la parte más “piñerista” de RN.
Cualquiera sea su destino del acuerdo
RN-Concertación, y a pesar de las declaraciones tranquilizadoras de algunos
dirigentes, incluyendo al Presidente de la UDI, ello no evita un serio impacto
en la unidad del sector y es probable que el Gobierno se identifique aun más
fuertemente con la postulación de Pablo Longueira.
Sin embargo, con una nada fácil cuota de
generosidad política de todas las partes involucradas, podría ser la ocasión de
avances reales y de nuevos acuerdos para modificar el sistema electoral en
beneficio del país, avanzando a uno que sea más representativo y asegure el
respeto a las minorías.
Más empleo juvenil.
Como una iniciativa no solo bienvenida, sino
indispensable y más que oportuna ha sido considerado el proyecto de Ley que ha
enviado a la Cámara de Diputados el Presidente Piñera para establecer un
estatuto laboral que regule el empleo de aquellos jóvenes que se encuentren
estudiando en universidades o institutos superiores. Se trata de compatibilizar
sus responsabilidades académicas con una actividad laboral, asegurándose
asimismo de que las remuneraciones obtenidas "no se considerarán para
efectos de determinar la condición socioeconómica del estudiante o su grupo
familiar", de modo de no entrabar actuales mecanismos que tienen por
objeto financiar los estudios en una institución de educación superior, o los gastos
asociados a ellos. Esto concierne, principal y específicamente, al acceso al
Fondo Solidario, al crédito Fiscal universitario y al crédito con garantía Estatal,
así como cualquier otro sistema de crédito Fiscal, subsidio o beneficio que
tenga el referido objeto.
Avalan la importancia y urgencia de este
proyecto del Ejecutivo múltiples estadísticas que demuestran que la tasa
general de desempleo aumenta al doble en los casos de jóvenes de entre 18 y 24
años, alcanzando al 15,9%, debido, entre otras razones, a que carecen de
experiencia laboral previa. Según la encuesta Casen de 2011, hay más de 900 mil
jóvenes de esa edad, pero solo el 16% de ellos estudia y trabaja al mismo
tiempo. Para paliar esta situación, el proyecto plantea crear un nuevo contrato
especial para el trabajador estudiante, que permita cotizar para su jubilación
a temprana edad, de modo que verán incrementados sus fondos, aumentando así el
monto de sus pensiones futuras.
Este trabajador-estudiante deberá acreditar su
calidad de alumno regular cada seis meses, pues las normas del contrato están
diseñadas para ser compatibilizadas con sus estudios. Por la misma razón, su
jornada de trabajo no excederá de 30 horas semanales, no pudiendo pactarse
horas extraordinarias ni distribuirse en más de seis días seguidos. Los
trabajadores-estudiantes contratados bajo este régimen que sean causantes de
asignación familiar o que hayan sido aceptados por una institución de salud
previsional podrán optar por no cotizar para salud.
Así, esta iniciativa contempla las distintas
variables que influyen en el trabajo para estudiantes, y es de esperar que el
Congreso las estudie con dedicación y con la celeridad que estos jóvenes
potenciales beneficiarios legítimamente esperarían. Actualmente hay unos 160 proyectos
ingresados en el Congreso sobre materias laborales, lo que ratifica la
importancia de esta área. No obstante, por ejemplo, en el debate sobre salario
mínimo no se ha puesto énfasis en el alto desempleo juvenil.
Las normas del presente proyecto serían un
valioso aporte para solucionarlo, y también una poderosa herramienta para
elevar la productividad, sin dañar la capacidad competitiva de las empresas ni
causar desempleo.
Movilidad de Fiscales: ¿deseable o no?
Con amenazas de movilización, los gremios que
agrupan a los Fiscales del Ministerio Público procuran atraer la atención hacia
los problemas que aquejan a la institución. Al respecto, hasta ahora el Fiscal Nacional
ha parecido limitarse a expresar simpatía por las demandas gremiales, pero en
algunos ambientes se incuba una preocupación por lo que se ha denominado
"fuga de Fiscales" hacia el sector privado, fenómeno que redundaría
en una menor eficacia en la persecución Estatal del delito.
Es posible, no obstante, que ambas situaciones
respondan a una percepción distorsionada de la realidad institucional de la Fiscalía.
Por una parte, los gremios pretenden el establecimiento de una estructura
análoga a la que existe en los servicios públicos o en el Poder Judicial,
caracterizada por la existencia de una auténtica carrera funcionaria. En este
esquema, una persona podría ingresar a la Fiscalía como asistente de Fiscal e
ir ascendiendo paulatinamente en función del transcurso del tiempo y de una
serie de factores como los que contempla, por ejemplo, el Estatuto
Administrativo. Esta aspiración contrasta, sin embargo, con los cometidos de
los Fiscales adjuntos, quienes realizan durante toda su carrera, y en cualquier
lugar donde estén, prácticamente las mismas funciones. Y si bien hay algunas
causas más complejas o mediáticas que otras, la competencia territorial de los
Fiscales hace que en la práctica deban atender toda clase de asuntos. Por eso
mismo, cualquier Fiscal debe estar preparado para enfrentar causas de la más
variada complejidad.
Por otra parte, todo indica que el Legislador
optó en su hora por intentar preservar al Ministerio Público de las
deficiencias que demasiado a menudo suelen acompañar a las estructuras basadas
en una carrera funcionaria, habiendo previsto, querido, aceptado e incluso fomentado
el que muchos abogados se desempeñen durante cierto tiempo como Fiscales, para
luego dedicarse profesionalmente a otras labores. No es necesariamente
pernicioso que se verifique una renovación continua de los persecutores, en la
medida en que las Jefaturas correspondientes sepan distribuir el trabajo y se
disponga de dispositivos adecuados para evitar conflictos de interés. Bajo
estas condiciones, a las que cabe agregar la permanencia de Fiscales más
experimentados en los grados más altos, el ingreso de profesionales jóvenes o
el ascenso de los abogados asistentes es una forma positiva y natural de
renovación en un trabajo que la necesita particularmente.
Transcurrida más de una década desde que
comenzó la implementación de la reforma procesal penal, el sistema enfrenta las
naturales dificultades de los procesos de institucionalización. En esta
oportunidad, lo más visible parece ser la disyuntiva -como queda de manifiesto
por lo antes expuesto- entre dos formas de comprender la carrera profesional de
la mayor parte de los Fiscales.
No obstante, sería un error pensar que esto es
independiente de la regulación de los méritos y las responsabilidades, pues un Fiscal
únicamente podrá destacarse si él mismo -y no su Jefe Regional- es el
responsable de sus propias causas, del mismo modo como solo una adecuada accountability
-hoy inexistente- del Jefe Nacional es capaz de crear los incentivos correctos
en aras de la eficiencia.
Alcances de la crisis en Egipto para el Medio
Oriente.
El escenario político y social en Egipto
continúa convulsionado. En medio de enfrentamientos entre partidarios del
derrocado ex Mandatario Mohamed Morsi y fuerzas del ejército de ese país
-disputa que el lunes provocó medio centenar de muertos y que amenaza con
desembocar en una guerra civil-, el Gobierno interino nombró ayer a un nuevo Primer
Ministro y anunció una hoja de ruta para intentar la recuperación de la vía
institucional y democrática en esa nación árabe. El plan consiste en convocar a
un referéndum en un plazo de cinco meses, para ratificar los cambios a la
Constitución -que actualmente se encuentra suspendida-, realizar elecciones Parlamentarias
en 2014 y, posteriormente, definir una fecha para elegir a un nuevo Jefe de
Estado. Sin embargo, la organización islámica de la Hermandad Musulmana -a la
que pertenece el derrocado Morsi- rechazó la propuesta y la calificó de
“ilegítima”, postura que aleja la posibilidad de lograr un pronto acuerdo entre
las partes, paso necesario para poner término al conflicto.
Egipto tiene una gran relevancia dentro del
mundo árabe. Importancia que está dada, entre otros aspectos, por ser uno de
los territorios con mayor población de África y Medio Oriente, tener un gran
ascendiente cultural sobre los países de la región, estar ubicado en una zona
geopolítica estratégica, al ser el principal acceso al canal de Suez (vía
marítima esencial para el transporte de petróleo y otros bienes hacia Europa),
manejar gran parte de los recursos hídricos de esa zona, ser la puerta de
entrada al Viejo Continente y vecino de Israel. Todos estos factores le
confieren un nivel de influencia que resulta fundamental para la estabilidad en
esa parte del planeta, cuyo equilibrio está permanentemente en riesgo. Por
ello, la forma en que se resuelva la crisis institucional que atraviesa ese
país debe movilizar a la comunidad internacional y también a Occidente, pues su
desenlace tendrá efectos políticos y económicos que de seguro repercutirán en
esa región y a nivel global.
El trasfondo de lo que está en disputa en
Egipto es la confrontación entre dos sectores que entienden de manera distinta
las estrategias que deben seguir los países del Medio Oriente para cobrar
influencia propia y hacer sentir su voz en la región y el tablero geopolítico
global. La confrontación entre los grupos que proponen un nacionalismo árabe
modernizador y laico y los que postulan soluciones basadas en la aplicación
tradicional de la Ley islámica es de larga data en la región y, a menudo, ha
llevado a conflictos resueltos a través de la violencia. En esta ocasión se
suma el hecho de que, a raíz de los acontecimientos derivados de la llamada
Primavera Arabe -en la cual Egipto ha jugado un papel central, con el
levantamiento que sacó del poder a Hosni Mubarak en 2011-, la disputa se ha
dado a través de una votación popular, resultando ganadora la facción
fundamentalista, tal como ocurrió en Túnez -país donde se inició la Primavera
Arabe- y sucedió en 1993 en Argelia. Hoy, muchos analistas señalan que existe
el peligro de que en Egipto tenga lugar un fenómeno similar al argelino, donde
el Ejército intervino para evitar un Gobierno musulmán integrista elegido en
las urnas, lo cual dio origen a años de violencia que dejaron miles de muertos.
El experimento democrático en Egipto y el mundo
árabe vive horas cruciales. Los escenarios posibles -que se aplique el plan de
normalización institucional, que continúen los militares en el poder o se
produzca una guerra civil- representan un desafío complejo. La delicada
situación por la que atraviesa debe motivar un intento pacificador por parte de
las potencias que aún conserven influencia en la zona. De lo contrario, estará
en riesgo la estabilidad de la región y significará el fracaso de la Primavera
Arabe.
Algunas cartas para revisar.
Señor Director:
Mazazo tributario.
En reciente columna, Andrea Repetto defiende la
reforma tributaria propuesta por Bachelet. Al respecto, manifiesto mi acuerdo
con la columnista sobre la necesidad de mejorar el sistema tributario y
especialmente eliminar todo espacio que permita retirar de las empresas sin
pagar el debido impuesto.
Pero me parece necesario aclarar que el alza
del 20% al 25% del impuesto a las utilidades de las empresas tiene efectos,
porque este impuesto no es meramente una retención transitoria como el artículo
expresa. Solo si las empresas repartieran el 100% de sus utilidades, el 20% o
25% sería una mera retención. Pero, en promedio, el 67% de las utilidades de
las empresas no se reparte a sus dueños y se reinvierte. Con el alza al 25%,
las empresas verán reducidos en $5 por cada 100 pesos sus fondos disponibles
para ahorro y reinversión.
Tampoco es cierto que la inversión en capital
de trabajo sea gasto tributario como allí se afirma. En cualquier empresa real
es necesario mantener permanentemente un stock de inventarios y cuentas por
cobrar para poder operar. Esos activos son parte de la inversión y hoy pueden
financiarse con menor impuesto con utilidades retenidas. Con la reforma ya no.
Finalmente, echo de menos que la columna se haga
cargo de las objeciones a la reforma que se han planteado, por ejemplo, las
fallas del mecanismo de depreciación instantánea, el desaliento al ahorro, los
perjuicios al mercado de capitales, el efecto sobre las pymes, la
discriminación entre industrias, etcétera.
Bernardo Fontaine Talavera.
Señor Director:
Opio verdadero.
El fútbol es una maravilla. Tantos problemas
urgentes en Chile y en el mundo, y yo preocupado por la situación de la
"U".
Gabriel Guiloff.
Señor Director:
U. de Chile.
La foto publicada por su diario en la edición
de ayer de la fachada de la Casa Central de la Universidad de Chile, en la Av.
Bernardo O’Higgins, demuestra la indignidad, atropello y vejación a que ha sido
sometida tan venerable institución. Pues no son los carabineros los que
invadieron la autonomía ni amagaron la seguridad del edificio, sino aquellos
que la policía, con gran escándalo y rechazo de las autoridades superiores,
intentó sacar de su interior para evitar males mayores. A esta vergüenza
estética para nuestra principal avenida, se suman sus veredas llenas de ventas
de alimentos, ropa interior, objetos para mil usos, comestibles “al paso” de
dudosa calidad sanitaria y altoparlantes para uso público, por medio de los
cuales los transeúntes que deseen pueden opinar de cómo debería ser la
Universidad, todo ello en medio de la suciedad y el mal olor. Un símbolo del desmoronamiento
de la educación pública.
Miguel Letelier Valdés, Profesor Titular Universidad
de Chile.
Señor Director:
Redefinición del matrimonio.
Se ha puesto de moda hablar de discriminación
cuando se tratan ciertos temas de la doctrina de la Iglesia Católica, como el
aborto o el matrimonio.
Cuando el Papa Francisco presenta en la
encíclica Lumen Fidei al matrimonio como una unión estable entre un hombre y
una mujer, abiertos al don de la vida (n. 52), transmite la perenne enseñanza
de la Iglesia sobre el matrimonio y la vida.
Sin embargo, para los colectivos del lobby gay
se trata de una discriminación. Esto no deja de ser paradójico, pues en los
foros internacionales se proclama y defiende la libertad religiosa mientras
que, al mismo tiempo, se intenta silenciar la doctrina católica sobre el
matrimonio y la vida.
Lo que no debe dejarnos lugar a confusión es
que los grupos de presión buscan una redefinición del concepto de matrimonio. A
partir de esta presión e intolerancia se niega el derecho de la Iglesia a
organizar y definir sus instituciones en conformidad con el orden natural y la
verdad revelada.
A ellos no se les obliga a adherirse a la doctrina
de la Iglesia, pero todos deben respetar las creencias de los católicos sobre
estos puntos. Por ello resulta inadmisible que los grupos de presión
homosexuales pretendan decirle a la Iglesia lo que debe creer y anunciar.
Fco. Javier Astaburuaga O., Doctor en Derecho
Canónico.
