El PC y la DC en la Nueva Mayoría
por Álvaro Góngora
Cabe preguntarse cómo será la
relación política y programática entre los extremos de la multipartidaria que
apoya la candidatura de Michelle Bachelet.
Sabemos que comunistas y
democratacristianos tendrán que convivir al interior del bloque como aliados Gubernamentales.
Convivencia que será inédita, porque nunca en la historia de Chile ha sido
factible. Cohabitaron excepcionalmente una vez, cuando la Falange Nacional
brindó apoyo pasajeramente, junto a comunistas, al Gobierno de Juan Antonio
Ríos, pero sin acuerdo programático mediante. Conste que ni aun en los peores
momentos, estando ambos partidos severamente afectados bajo el régimen militar,
compartiendo adversario o enemigo común, concordaron posiciones fundamentales.
Tras el golpe de Estado, resistiendo
la fuerte represión sufrida, el PC se empeñó hasta 1977, aproximadamente, por
formar la "unidad antifascista" con la izquierda y la DC, con la
esperanza de recuperar así la democracia. Sin embargo, uno de los factores que
echaron por tierra la iniciativa fue el rechazo de la DC a formar frente común
con el PC. ¿Las razones? Su aún adhesión irrestricta a Moscú, la violación a
los derechos humanos, la dictadura del proletariado con su única conducción del
proceso de cambio social, y el rechazo a la democracia liberal.
Recordemos también que el PC no se
sumó a la "Concertación de Partidos por el No", calificándola de
"instrumento electoralista", aunque accedió a votar "No".
Prefirió integrar el Movimiento Democrático Popular (MDP) junto al MIR,
PS-Almeyda y agrupaciones menores, demandando un Gobierno provisional y una
Asamblea Constituyente. No se marginaron por voluntad propia, únicamente, sino
que la misma DC manifestó excluirlos de cualquier alianza y negociación
política, "en razón de lo irreconciliable de nuestros proyectos
ideológicos y estrategias", rechazando la Asamblea Constituyente e
intentando, incluso, que el PS-Almeyda emigrara del MDP.
El PC alzó candidatos propios junto a
otros grupos durante los Gobiernos de la Concertación y fue acerbamente crítico
con ellos. El programa vigente del Partido Comunista de Chile -elaborado solo
hace unos años- los sindica como un nuevo bloque de clase en el poder, que
buscó "consolidar la esencia del proyecto trasnacional", asegurando
la "estabilización indefinida del capitalismo en nuestro país".
Propone por tanto "alcanzar un régimen democrático real, no sometido a
tutelaje militar, ni a poderes imperiales y empresariales", convocando a
conformar la "Nueva Mayoría Nacional como una fuerza política y social,
pluralista y multiclasista, que se construye en la acción". El principal
objetivo no sería acceder al Gobierno, sino que el "pueblo conquiste y
ejerza la totalidad del poder". Derechamente, se trata de provocar
"una revolución democrática, popular, nacional, antiimperialista y
antioligárquica (confiando en que) su culminación exitosa despejará el camino
hacia el socialismo". ¿Lo esencial? Sustentar el nuevo Estado Nacional
"en una nueva Constitución propuesta por una Asamblea Constituyente".
La DC mantiene su convicción en la
Concertación, porque, según afirma, "aseguró estabilidad política, la paz
social y la Gobernabilidad democrática". Desde siempre condena el
totalitarismo, populismo y toda clase de dictadura, y hasta hoy sostiene que la
lucha por la justicia y la libertad "sustituirá las estructuras
capitalistas y socialistas". Reconoce la "libre iniciativa y espíritu
de lucro como elementos estimulantes de la economía", pero subordinados a
normas morales y el bien común.
Pese al tiempo transcurrido y a
cambios ideológicos mundiales, siguen siendo dos concepciones políticas y
sociales esencialmente distintas, y muchos ciudadanos no adivinamos cómo puedan
conjugarse en un programa gubernamental común, sin traicionar sus convicciones.
Indignados, crisis y realismo,
por Luis Eugenio Silva.
El movimiento de indignación parece
recorrer a gran parte del mundo. Las razones de ella varían: económicas,
políticas, raciales, de minorías religiosas y de acceso a la cultura y
educación. Lo que sí parece es que la solución a las peticiones y sentimientos
en rebeldía no se va a dar pronto, ya que el movimiento, con sus diversas
causas, ha llevado a crear un sentimiento de crisis, que es real y que se
extiende rápidamente.
Es interesante revisar las crisis del
Imperio Romano y ver cómo, poco a poco, la anarquía política, el caudillismo,
la demagogia, la carestía de la vida y la riqueza inmensa de unos pocos y la
miseria de muchos, y la decadencia de la religión oficial llevaron a la crisis
completa del imperio. Siempre se encuentran similitudes en las situaciones del
pasado con el presente, ya que es el mismo ser humano el que vive y debe
enfrentarse con la realidad que es tan variada y que presenta situaciones
inéditas.
Tal vez una de las causas de la
rebeldía y del descontento se debe al querer tenerlo todo de inmediato y el
pensar que se debe todo a todos sin esfuerzo y sin los deberes que todo derecho
implica. Esto no quiere decir que se deba estar indiferente ante las flagrantes
injusticias que presenta el mundo desarrollado y en especial el
subdesarrollado.
Otra de las causas que se advierten
tras el movimiento de los indignados es la constatación de la crisis valórica
en la que se encuentra gran parte de Occidente, y que en los grupos dirigentes
y en especial en sectores de los políticos y conductores de la sociedad es
evidente. No se les cree y se ve en ellos sólo a oportunistas que usan el poder
para sus fines particulares y/o para los de sus grupos de influencia. Son ellos
mismos los que, empleando la demagogia, presentan soluciones utópicas, pero que
ante la desesperación pueden ser aceptadas o creídas por las masas indignadas.
Se podrá argumentar que siempre ha
sido así y encontrar ejemplos hasta en la misma Grecia clásica, como lo
muestran las comedias de Aristófanes. Pero hoy la cosa no es la misma.
Los ciudadanos se sienten empoderados
y saben que su fuerza es real. Veamos el complejo caso egipcio reciente, que
derroca por la fuerza militar a un Gobierno legítimo, y que es recibido con
júbilo por los indignados.
El cristianismo, que ha vivido y
vivirá crisis, desde el siglo XIX ha pretendido presentar caminos de solución
o, para ser más exacto, principios que pueden ser aplicados, con su Doctrina
Social, que no es una doctrina económica determinada, pero que ilumina con los
principios del bien común a los sistemas sociales económicos y culturales. Cree
que el bien común ha de ser la real motivación que debiera conducir a los que
dirigen la sociedad. Ello, unido a los valores genuinos humanos y naturales y
al sentido de la justicia, podrá restablecer la confianza en la política y en
los políticos, y se podrá trabajar en la solución de los complejos problemas que
presenta y crea la sociedad moderna.
Se viven momentos tensos en diversas
partes de Occidente, como también en Chile. La verdad, el sentido de justicia y
de la realidad es lo que debiera ocupar a todos los miembros de la sociedad, y
en especial a los conductores de lo público y privado, y así re-despertar un
sentimiento de solidaridad entre todos, buscando las reales soluciones de los
diferentes problemas de la sociedad.
Se podrá pensar que es utopía lo
escrito y que el verdadero motor del hombre es el egoísmo. Lo ha postulado más
de algún filósofo, economista o pensador. Pero la religión cristiana, a pesar
de sus debilidades y crisis, apuesta por el ser humano que es capaz de vencer
el egoísmo y que puede construir una sociedad justa, no al modo de un platonismo
o de la utopía de Tomás Moro, sino que siguiendo los principios que Cristo, su
Fundador, hace más de dos mil años, difundió en la lejana y desconocida
Galilea.
Excesos de una cobertura en vivo,
por
Claudia Guzmán.
Bastaron 140 caracteres para desatar
los 45 minutos más oprobiosos que la TV matinal ha mostrado últimamente -y
teniendo bastante desde dónde elegir-. La alerta enviada por Carabineros de
Chile sobre el avistamiento del joven perdido en el Cerro Manquehue fue la vía
de información citada por los canales de TV que se desplazaron hasta el lugar y
por el entorno familiar del propio Benjamín.
Twitter, la red social, fue el
mecanismo escogido por la institución para relacionarse no solo con la
sociedad, sino también con los medios de comunicación y con el círculo íntimo
de una víctima que -por lo visto en los largos despachos en directo de TVN y
Canal 13- no se acompañó ni resguardó de los ávidos reporteros de matinal.
A través de sus cuentas personales de
la misma red, rostros llamaban a sintonizar la cobertura en vivo de su canal.
Mientras en los estudios los animadores elevaban plegarias y aventuraban
teorías sobre los riesgos del trekking, los reporteros en terreno interrumpían
la angustiosa espera del padre y asaltaban a la autoridad policial antes de que
se acercara a la familia para informar lo que, minutos después, uno de los
enviados especiales reconoció ya saber.
Con la cámara en un cerrado plano
ante el dolor del padre, con la música de un piano de fondo y hasta con
improvisados -ojalá avergonzados- segundos de silencio, la televisión dio una
penosa muestra de su falta de estándares editoriales para enfrentar una
situación así. Si es cierto que conocían el desenlace, por qué transmitir; si
dicen respetar el dolor, por qué hace zoom in; si juran no exacerbar la
tragedia, para qué musicalizar.
Sí, es televisión. Y, es cierto,
vivimos tiempos de telerrealidad. Pero si algo se puede rescatar de esta
vergonzosa escena es que el descriterio todavía tiene sanción social: el mismo
twitter se llenó de reclamos de televidentes que hicieron al medio reaccionar.
"Mantengan la distancia", dijo Julián Elfenbein, "Por favor
saquen la cámara", rogó Tonka Tomicic. Soñar con que una autoridad decidiera
cortar la transmisión, a la espera del bloque informativo, habría sido
demasiado pedir a nuestra alicaída TV matinal.
Informe del FMI sobre Chile.
El Fondo Monetario Internacional, en
su más reciente informe sobre la economía chilena, ha rebajado esta semana la
proyección de crecimiento del país para 2013, de 4,9% a 4,6%, pero al mismo
tiempo ha reconocido un desempeño económico excelente en los últimos tres años,
destacando dos factores explicativos: una gestión transparente de la política
monetaria ejercida por un Banco Central creíble y una demanda externa vigorosa
con altos precios del cobre, la que comienza a declinar.
Aunque las perspectivas son
alentadoras, en el plazo más cercano el desafío para Chile consiste en lograr
un “suave aterrizaje” en el contexto de la generación de un déficit en cuenta
corriente y un panorama incierto para el cobre. En el mediano y largo plazo, el
desafío —para el FM— es que nuestro país alcance un crecimiento sostenido sin
la ayuda de altos precios del mineral y pese a un estancamiento de la fuerza de
trabajo.
El informe hace notar que en el
primer trimestre del año en curso la tasa de crecimiento se desaceleró a 4,1%,
comparada con el 5,7% registrado al término del año 2012. A pesar de este
resultado, las ventas al detalle y las importaciones mantienen su vigor, con un
menor precio del cobre, que al parecer no ha socavado aún el consumo y la
confianza en los negocios.
La inflación se ha mantenido
sorprendentemente baja y en declinación, tendencia sostenida por la apreciación
del peso y un alza de la productividad laboral en 2012.
Aunque el déficit en cuenta corriente
incrementa el riesgo en la balanza de pagos, existen algunos factores
mitigantes. En efecto, el tipo de cambio real efectivo aún se mantiene por
arriba en un 10% del promedio registrado en el período 1996-2012. Además, se
espera una recuperación de la demanda por parte de los socios comerciales de
Chile y es preciso considerar que las exportaciones no mineras han mantenido
sus participaciones de mercado. Respecto de la deuda externa, Chile goza de una
posición robusta, muy lejos de un escenario adverso.
En lo concerniente al riesgo
macrofinanciero, el FMI afirma que está contenido al no avizorarse signos
claros de formación de “burbujas” en los precios de los activos y créditos.
Estos últimos mantienen sus niveles, pero con tendencia declinante,
amortiguando la posibilidad de un boom crediticio.
Las incertidumbres están en la
evolución internacional y la baja del precio del cobre, aunque las proyecciones
del Gobierno lo sitúan sobre los 3 dólares la libra. A la luz del análisis del
FMI, parece conveniente que las autoridades sigan atentamente la evolución del
déficit en cuenta corriente, pues el ajuste que debería experimentar la
economía, vía descenso de la demanda interna, no está completamente asegurado,
y de ocurrir un escenario proclive a la expansión del déficit, podría aumentar
la exposición de Chile a los vaivenes externos.
Discusión sobre el reajuste al salario mínimo.
El Gobierno ha vuelto a presentar un
proyecto de reajuste del salario mínimo para elevar su monto, a contar del 1 de
julio de 2013, de $ 193 mil a $ 207 mil, lo que corresponde a un incremento de
7,3 por ciento. La propuesta anterior -de
$ 205 mil- fue rechazada por los Legisladores de oposición e
independientes. La actual, que ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara
Baja con discusión inmediata, está siendo nuevamente rechazada por los Diputados
de la oposición, independientes e incluso de Renovación Nacional, mientras que
la UDI ha hecho saber a La Moneda que no la defenderá, por lo que el Ejecutivo
decidió quitarle urgencia y no parece tener viabilidad.
Es muy grave para los trabajadores de
baja calificación laboral, que son los que se ven afectados por las decisiones
en torno al salario mínimo, que la fijación de éste se transforme en una
especie de test de la sensibilidad social del Gobierno y de las fuerzas
políticas. Hay una parte significativa de la fuerza laboral que por falta de
calificación encuentra dificultades mayores para sostenerse en forma estable en
un trabajo, y que vive enfrentada al riesgo de cesantía por dificultades para
adaptarse a cambios en el mercado laboral y en la macroeconomía. Los expertos
en el mercado laboral ya han concordado que la fijación del salario mínimo debe
dejar de ser un elemento de negociación política, para evolucionar hacia un
procedimiento técnico, que permita soluciones diferenciadas y que considere
subsidios a la contratación de personas de baja productividad, todo integrado
en un sistema orientado a profundizar su inserción laboral.
El Gobierno intentó avanzar en un
procedimiento más técnico, que podría ser el origen de un sistema que integra
salarios mínimos y subsidios para promover la inclusión laboral. Pero los
compromisos logrados han quedado postergados en medio de un ambiente que
privilegia la discusión política del modo en que el Estado utiliza sus
instrumentos, incluido el salario mínimo. Esto es muy negativo, pues ignora
que, si bien un salario mínimo más alto beneficia a los trabajadores poco
calificados que mantienen su empleo, extrema las dificultades de aquellos que
quedan desempleados por tener una productividad inferior al nuevo salario
mínimo. Para estos, al costo sicológico aparejado a la cesantía y a la pérdida
severa de ingresos cuando quedan desocupados (a pesar de la existencia de un
seguro de cesantía), se agrega una limitación a su capacidad de generar
ingresos hacia el futuro -en la medida que se ven privados de la posibilidad de
capacitarse en el trabajo- y una menor acumulación de recursos en el sistema
previsional.
Vienen tiempos más difíciles, porque
se agota una etapa marcada por precios externos y condiciones financieras
extraordinarias, que van a debilitar la demanda por trabajo en el país. El
desempeño reciente del mercado laboral parece irrepetible hacia el futuro. Todo
indica que en el marco de la discusión actual, que reduce artificiosamente un
problema importante y complejo a la definición de una cifra, un reajuste del
salario mínimo prudente, como quiere hacer valer el gobierno, es más adecuado
para enfrentar el futuro próximo sin crear dificultades adicionales a los
trabajadores de menor calificación del país.
La desigualdad en perspectiva.
Chile se ha caracterizado
históricamente por una alta desigualdad de ingresos. Con un coeficiente de Gini
de 0,52 (dicho coeficiente es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a
perfecta igualdad, y 1 a perfecta desigualdad), calculado sobre la base de los
ingresos monetarios de los hogares contenidos en la encuesta Casen 2011,
resulta estimado como el miembro de la OCDE con la peor distribución de
ingresos. Este fenómeno ha opacado los grandes e irrefutables avances
económicos que ha logrado el país y que han significado mayor bienestar para
nuestra población. Por eso no sorprende que sea un tema recurrente en el debate
político-económico, a menudo tratado con grados de pasión e ideologismo que
atentan contra el necesario análisis técnico, que pone el caso de Chile en
perspectiva.
Así, en esta discusión suele omitirse
que nuestro país no es una excepción en la región y, luego, que la referencia
metodológica única a la Casen es del todo insuficiente. Por definición, una
encuesta no es un dato estadístico o de censo nacional. Brasil, Colombia y
México tienen niveles comparables -incluso peores- en desigualdad, y si bien
otros muestran mejores cifras, en muchos casos los datos tras sus indicadores
son de dudosa calidad.
Por otra parte, el fenómeno de
crecimiento económico con desigualdad ha sido analizado en estudios
especializados, siendo explicado principalmente por las complejas y lentas
dinámicas de empleo entre sectores y según el tipo de ocupación. En este
contexto, Tailandia y Malasia emergen como casos "patológicos".
También existe entre los técnicos
consenso en que para mejorar la distribución de ingresos, se requiere una
institucionalidad laboral moderna y dinámica. Chile está lejos de tenerla, y la
falta de reformas estructurales en esta materia ha contribuido a profundizar
nuestras desigualdades, particularmente por lo que ocurre entre los más jóvenes
y los menos educados. Cabe considerar, por ejemplo, que según la Casen 2011, el
50% de los trabajadores en Chile tiene salarios mensuales (ocupación principal)
inferiores a 251 mil pesos. Más allá de las muchas incoherencias entre la
realidad y la indicación de la Casen en este punto, ¿cómo puede ocurrir que una
economía que crece no sea capaz de ofrecer mejores condiciones a la mitad de
los trabajadores? ¿Qué explica tan bajo nivel? Básicamente, tres factores que
afectan de modo directo la productividad del trabajo: edad, educación y tipo de
empleo. En particular, 20% de aquellos con ingresos bajo 251 mil pesos tiene
menos de 26 años; 35% de ellos no reporta un trabajo permanente, y el 51% no ha
terminado siquiera la educación media. Si ese mismo cálculo se realiza solo
sobre la base de aquellos con al menos educación media completa, el ingreso del
50% se eleva a 328 mil pesos, que aumenta a 382 mil si se analiza además a
quienes tienen más de 25 años y un empleo permanente.
Las políticas públicas deben
contribuir a mejorar los niveles de productividad de la población. Este es un
proceso continuo, que se inicia mucho antes que la persona ingrese al mercado
laboral y que debe prolongarse durante todo su ciclo de vida. Son precisamente
las fallas en el sistema de educación y capacitación, junto a nuestro arcaico
Código Laboral, los responsables de nuestra inercia en el tema de la
desigualdad. Pensar que una reforma tributaria o eslóganes en materia
educacional vendrán a resolver nuestros problemas es una equivocación. La
distribución de ingresos no se puede mejorar por secretaría: supone tiempo y
buenas ideas. Hemos avanzado y, con ajustes bien pensados, podemos acelerar la
marcha. La clase política debería ser realista e innovadora y,
responsablemente, ajustar las expectativas de la población, al mismo tiempo que
atreverse a adoptar las reformas laborales indispensables, que beneficiarían a
los más vulnerables, aunque no gusten a muchos que hoy tienen una posición
laboral más favorecida.
Medidas ante brote de influenza.
El brote de influenza AH1N1 que se ha
dejado sentir con fuerza en la Región de Tarapacá -con 12 personas fallecidas a
la fecha- motivó que se decretara una alerta sanitaria en dicha Región, con
masivos planes de vacunación y controles, medida que fue, principalmente, en
respuesta al inicio de la fiesta de La Tirana, evento religioso que cada año
congrega a unas 200 mil personas, y cuya masividad representa un riesgo de
contagio para los asistentes.
El Ministerio de Salud optó por no
suspender la realización de este evento -pese a que distintas voces
recomendaron hacerlo, al igual como ocurrió en 2009, cuando hubo los primeros
brotes de AH1N1- y, en cambio, optó por establecer un inédito plan sanitario,
que entre otras medidas contempla la obligatoriedad de que quienes asistan a La
Tirana demuestren que se encuentran vacunados, existiendo la posibilidad de
recibir la vacuna en los tres puntos de control que se establecieron para estos
efectos. La fiscalización del cumplimiento de las medidas sanitarias supone un
desafío para las autoridades de Salud, y es difícil que quienes se inoculen en
vísperas del evento logren una inmunización 100% efectiva. Sólo una vez que
termine el evento será posible evaluar si los planes resultaron efectivos, lo
que servirá como valiosa experiencia para el futuro. En todo caso, resulta
destacable la agilidad con que se montó el plan preventivo.
De acuerdo a lo informado por el
Ministerio de Salud, el brote a nivel nacional parece estar bajo control, por
lo que no cabe generar alarma innecesaria en la población. El país cuenta con
más experiencia en el manejo sanitario de esta enfermedad respecto de 2009,
pero resulta indispensable que se afinen protocolos con parámetros más
precisos, para determinar cuándo se está frente a situaciones de alto riesgo
que hagan recomendable la suspensión de eventos masivos y que pueda ser
comunicado a la ciudadanía con la debida antelación.
Principales errores sobre financiamiento compartido.
Entre los países que participan en la
prueba PISA, Chile es el que presenta las escuelas más segregadas
socioeconómicamente. Se ha atribuido esto al financiamiento compartido,
aprobado en 1993 y vigente desde 1994. Sin embargo, la evidencia que al
respecto ofrecen algunos estudios es en extremo débil. Esa segregación parece
más bien resultar de la elevada desigualdad de ingresos del país y de la
significativa segregación residencial que caracteriza a la ciudad chilena. Al
menos en un estudio hay evidencia según la cual si se suprimiera el
financiamiento compartido, no se avanzaría en integración social.
El argumento según el cual no habría
libertad porque no se tienen los recursos suficientes es un antiguo enfoque
derivado del pensamiento de Marx, que se puede aplicar a cualquier bien, y no
solo a la educación.
¿Por qué, entonces, propiciar el fin
del financiamiento compartido, como lo hacen algunos expertos y la mayoría de
los personeros del pacto Nueva Mayoría? Hay dos tipos de argumentos. El primero
aduce que esta política no se aplica en los países de la OCDE. Es efectivo,
pero no justifica concluir sin mayor reflexión que eso obliga a Chile a
terminar con ella, que está presente en diversos países no desarrollados; por
ejemplo, en varios de Asia, incluidas varias regiones de India y, en la
práctica, también en China.
En Chile, la gran diferencia entre el
gasto en educación privada y la subvención educacional que aporta el Estado
lleva a muchas familias a querer hacer un aporte que les permita acercarse al
estándar de la primera. Bloquear tal posibilidad resulta incomprensible, tanto
más cuanto que precisamente eso le permite al Estado focalizar recursos en los
más necesitados, mediante la subvención escolar preferencial, creada en 2008,
cuyo valor actual es superior al promedio que aportan las familias por
financiamiento compartido. Un buen diseño de esta subvención, una integración
apropiada con el aporte de las familias y mucho más información sobre los
recursos que aporta el Estado a cada niño (un certificado, por ejemplo) podrían
hacer mucho más por la integración social que terminar con el financiamiento
compartido.
Frente a este hecho, se invoca un
segundo argumento, que apunta al valor de la educación como espejo de la
democracia, y de allí la necesidad de una aproximación igualitaria, que
impediría que los padres puedan aportar a la educación de sus hijos. Como esto
es imposible de evitar en una sociedad democrática, tal prohibición debería
afectar a los recursos que aporten directamente a la escuela. Es evidente que
si se prohíben algunos mecanismos y no otros, prohibir el financiamiento compartido
para sostener la idea de una educación igualitaria no tiene mayor sentido.
Pero, además, ¿qué sucedería con la educación particular pagada, que todos los
países permiten? En congruencia con tal argumentación, tampoco debería
permitirse. Se podría invocar que ella no involucra recursos públicos, pero la
idea de una educación igualitaria nada tiene que ver con la fuente de los
recursos.
La educación es importante para la
formación de los ciudadanos y para una mejor democracia, pero de ahí no se
desprende que deba ser igualitaria en el sentido que le dan quienes atacan la
existencia del financiamiento compartido. En la realidad chilena ello tampoco
sería sensato, dado el bajo gasto en educación.
Nadie desconoce que la integración
social en la escuela es valiosa, pero eso no se debe lograr a costa de
restricciones a la libertad de los padres. Este es un valor demasiado
significativo como para coartarlo sin ganancias evidentes en el otro. Si esa
tensión entre los dos valores realmente existe, hay mejores formas de
resolverla.
No es excesiva ninguna insistencia en
la enormidad del error que significa buscar el fin del financiamiento
compartido en nuestra educación. Sus propiciadores deberían recordar la
reacción que tuvo la inmensa mayoría del país cuando la Unidad Popular quiso
imponer la Escuela Nacional Unificada (ENU).
Elecciones a la mexicana.
Si bien los comicios en casi la mitad
de los Estados de México, en los que se eligieron más de mil cargos a nivel Estadual
y Municipal, deben ser interpretados como un reflejo de la realidad local, los
resultados sí tienen efecto en la política nacional.
A pesar de la (relativa)
incertidumbre en el nombre del ganador para la Gobernación de Baja California,
las elecciones fueron satisfactorias para los tres partidos principales. El Gobernante
PRI demostró su fortaleza nacional, el centroderechista PAN -que perdió la
Presidencia el año pasado- mantuvo una importante presencia, y el izquierdista
PRD pudo mostrar que sigue vigente. Así, el "Pacto de México",
fundamental para su desarrollo, podrá seguir adelante. Se trata del acuerdo en
el que los tres partidos, a instancias del Presidente Peña Nieto, se
comprometieron a apoyar profundas reformas estructurales -educacionales, Fiscales,
al sector energético y de telecomunicaciones- que estaban por años trabadas en
el Congreso. Según los análisis, un PAN debilitado y con luchas internas
hubiera tenido serias dificultades para respaldar al PRI en esta vía, y, al
igual que lo hizo el ahora partido Gobernante, pondría la proa a los proyectos
de Ley todavía en discusión. Para el PRD, que forjó una sorprendente alianza con
el PAN para evitar que el PRI arrasara, habría sido imposible mantener el pacto
ante una derrota total.
El "Pacto" ya tuvo efectos
positivos en los primeros seis meses del Gobierno de Peña Nieto. La Ley de
reforma a la educación -férreamente resistida por el sindicato de profesores
porque le quitaba el poder ilimitado que tenía sobre la contratación de los
maestros-, y aquella que permite mayor competencia en el área de
telecomunicaciones, ya fueron aprobadas. Se espera que antes de septiembre, el Gobierno
presente los proyectos para una reforma Fiscal, que busca recaudar más
impuestos y eliminar subsidios y privilegios, y la que permitirá inversión
privada en Pemex, la petrolera Estatal que necesita importantes recursos para
poder ampliar sus exploraciones y explotación de crudo en el Golfo de México.
Es con esta Ley que el Gobierno se juega su capacidad de articulación política.
Si bien el PAN está plenamente de acuerdo con la apertura de Pemex (de hecho
presentó un proyecto cuando estaba en el Gobierno), más complejo será el
respaldo del PRD. Desde que en 1938 se nacionalizó el petróleo, la izquierda
mexicana se ha empecinado en mantenerlo en el sector Estatal. Ahora reconoce
que sin financiamiento privado, esa industria no puede salir adelante. Por eso
es partidaria de una apertura limitada, en especial en el área de refinación, y
no le gustan en absoluto las "alianzas estratégicas" con compañías
extranjeras. Pero el más amplio consenso en esta reforma es imprescindible para
darle legitimidad, y por eso el concurso de la izquierda es vital. Peña Nieto
puede contar con el PAN, pero no está tan claro que la anuencia del PRD esté
ganada.
Aparte de las acusaciones de fraude,
que deben ser despejadas por el ente electoral, la nota negra en estas
elecciones fue la violencia extrema del narcotráfico, que estuvo presente a lo
largo de toda la campaña, vetando o imponiendo candidatos, e incluso asesinando
a aspirantes que no eran de su gusto.
Correspondencia destacada.
Señor Director:
Aborto y violación.
Es difícil imaginar el sufrimiento
que ha vivido Belén. Ninguna persona se
puede apropiar de ese dolor y utilizarlo para alcanzar metas personales o
colectivas, por muy nobles que puedan parecer.
Debemos cuestionar nuestra forma de
proteger a los más vulnerables: los niños. ¿Qué estamos dejando de hacer o
haciendo mal para que se den situaciones de vulneración permanente de los
derechos de los menores? ¿De qué nos podemos sentir orgullosos si tenemos a
miles de niños insertos en un sistema de protección precario y a miles fuera
del mismo por su incapacidad para captarlos?
Muchos proyectos de Ley se debieran
estar presentando con urgencia: fortalecimiento de nuestra red de prevención de
abuso sexual; implementación de centros de apoyo perinatal para madres en
situaciones de conflicto grave con su embarazo o diagnósticos de inviabilidad y
revisión del sistema de Justicia y penal para los casos de abuso y violación a
menores. Sin embargo, sólo se ha propuesto una idea, legalizar el aborto.
El Senador Fulvio Rossi se ha
acercado a La Moneda a pedir que se ponga
urgencia al proyecto de ley en el cual propone “jerarquizar los valores
frente a la vida”, ya que el valor de esta última sería relativo.
Parece cuestionable poner el foco de
atención en nuestra Legislación de aborto cuando hablamos de experiencias como
la de Belén y otros miles de niños. Parece más oportunista que atingente. Se
podrá discutir, pero priorizar esa discusión por sobre la que tiene relación
con las fallas de nuestro sistema de protección a la infancia y adolescencia
parece no ser lo más adecuado.
Podríamos convenir que disponer de la
vida de algunos de acuerdo a una jerarquización de valores consensuada por un
Congreso es atemorizante.
Virginia Latorre A.
Señor Director:
No más garabatos.
Estoy hasta más arriba de la coronilla de oír garabatos de todos y todas, y en todas partes. Propongo una campaña nacional de buen lenguaje en carácter de urgencia.
Tomás Cox Fernández.
Señor Director:
Ética periodística.
Es una vergüenza ver en las noticias cómo las
cámaras de televisión se abalanzaban sobre el padre del joven fallecido en el
cerro Manquehue, luego de ser notificado por Carabineros, con tal de captar el
doloroso momento en directo, sin mediar un mínimo de tino, respeto o ética por
el sufrimiento de sus familiares. Lamentable.
Carlos Bustos Soza.
Señor Director:
Violencia escolar.
Ya desde la Política Nacional de Seguridad Pública
del año 2004 existe consenso sobre la importancia de la plataforma escolar para
la prevención temprana de la violencia y la delincuencia, y la evidencia
reciente reafirma que la exposición a violencia a temprana edad es uno de los
factores de riesgo más relevantes para el desarrollo de conductas
problemáticas.
Habiendo revisado la experiencia internacional y
adaptado e implementado con resultados exitosos un programa piloto basado en
evidencia, hemos trabajado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito
para crear, apoyados también por un comité de expertos y basado en esta
experiencia, el Programa de Prevención de Violencia en las Escuelas, PreVE,
ejecutado en dos modalidades por ambas instituciones en 33 establecimientos y
cobertura que el Gobierno ampliará tanto este como el próximo año.
Se trata de un ejemplo concreto de cómo, desde la
sociedad civil, podemos contribuir significativamente a concretar la voluntad
política de avanzar en materia de prevención social temprana del delito y la
violencia, poniendo a disposición programas pertinentes y de calidad, y
construir, en conjunto, el abanico de políticas públicas de prevención social
temprana que el país requiere con urgencia.
Catalina Mertz, Gerente de Innovación y Desarrollo Fundación
Paz Ciudadana.
