La calle y sus portavoces,
por José Joaquín Brunner.
Hay dos tesis que se sostienen mutua y
porfiadamente. La primera imputa una extrema polarización a la sociedad
chilena, un agotamiento del orden institucional y la necesidad de imponer
soluciones expeditas sin recorrer el empinado camino de los acuerdos. La frase
"dentro de los límites de lo posible", que apunta a la esencia de la
política democrática, habría dejado de ser operativa en nuestra polis.
Esta tesis fue refutada en la práctica el
domingo antepasado mediante el voto masivo, la institucionalidad de las
primarias y la voluntad de elegir entusiastamente y en paz.
La segunda tesis proclama algo todavía más
radicalmente equivocado: que la calle (esto es, el movimiento social, el
malestar o la protesta) se habría impuesto a la tecnopolítica y estaría a punto
de remover los componentes expertos de la gestión pública. Se anunciaría así el
fin de un ciclo y la inauguración de una nueva fase histórica.
Me permito discrepar de esta tesis, descaminada
como otras de similar factura: el fin de las ideologías, del capitalismo, del Estado,
de la historia, de las burocracias o de las élites. Como sus predecesoras, esta
tesis confunde fenómenos de coyuntura -desconfianza en la política, oscilantes
resultados de encuestas, necesidad de reformas- con tendencias subterráneas de
más largo aliento en la organización de la economía, la política y la cultura.
¿Alguien cree seriamente que las redes expertas
están en retirada y el vacío que dejarían tras de sí será llenado por las redes
sociales? ¿Que la elaboración de políticas públicas pasará ahora a manos de la
gente en la calle y no seguirá radicada en comisiones de especialistas
convocadas por las y los candidatos Presidenciales, compuestas casi
exclusivamente por PhD o MA, alto clero académico, tecnopols y asiduos
visitantes de Google Scholar? ¿Puede sostenerse con algún viso de realismo que
la gestión burocrática de las organizaciones -el Estado, las empresas,
universidades, hospitales o ejércitos- decrece actualmente en intensidad en vez
de aumentar en extensión y profundidad? ¿O bien que el conocimiento
especializado estaría retrocediendo frente a una mayor gravitación de elementos
carismáticos, de control comunitario y contenido local e idiosincrásico? ¿De
verdad basta con Twitter y Facebook para alimentar una auténtica deliberación
democrática?
Al contrario, la evidencia -y el sentido común-
apuntan claramente hacia un sostenido incremento de procesos de tipo weberiano:
tecnificación de las decisiones, intelectualización de la división del trabajo
de dirección política, penetración del conocimiento avanzado en la gestión
pública, profesionalización de los debates, racionalización de la deliberación
pública, desencantamiento del carácter mágico del poder, calculabilidad de los
comportamientos y sistemas, preparación especializada del personal
administrativo.
Más bien, cabe constatar que la calle -como
tantas veces ha ocurrido en la historia y en nuestra propia trayectoria
republicana- está siendo transformada en discurso académico y comienza a ser
utilizada por sectores intelectuales para justificar su propio acceso a, y
ascenso dentro de, las redes del poder. No son los protestantes sino quienes
los interpretan desde la cátedra los que ganarán posiciones al imponerse como
sus representantes y tutores.
No digo con esto que la calle desaparece, igual
como no desaparecen los motivos que la agitan, las reivindicaciones que la
recorren o las utopías que de ella emanan. Digo simplemente que en nombre de la
calle, cabalgando sobre la ola del fervor comunitario, populista y
confrontacional, se abren paso nuevos grupos expertos que afirman su derecho a
ser reconocidos como parte del establishment y retribuidos con las ventajas del
poder. Así ocurre siempre: a una élite la sucede la siguiente en una carrera
incesante por renovar el vértice de la sociedad.
Resulta ingenuo por lo mismo imaginar que la
calle podría hacerse cargo mañana de la dirección de la sociedad civil o de la
alta gestión del Estado. Nunca sucede así, ni siquiera tras las revoluciones
más radicales. El análisis histórico enseña que son los nuevos expertos,
tecnócratas, profesionales, planificadores, comunicadores, operadores y cuadros
de dirección -abogados, economistas, cientistas sociales, filósofos,
ingenieros, analistas simbólicos y publicistas- quienes llegan a la cima y modifican
la membresía, ideología y estilo de las élites.
En suma, si hoy algunos revolucionarios de
cátedra muestran tal grado de entusiasmo y aquiescencia frente a la voz de la
calle no es por mera convicción u oportunismo, sino porque dicha voz podría ser
una útil palanca para apurar cambios en las esferas del poder tecnoburocrático,
del conocimiento experto y de la formulación de políticas públicas.
La democracia, bien lo sabían Weber y Michels,
es siempre -además de un régimen de convivencia política para cambiar lo
posible dentro de lo posible- una interminable disputa entre élites incumbentes
y contendientes en el campo de los saberes técnicos y la conducción y gestión
de la polis.
Es de esperar que, si les llega la hora, estas
élites emergentes sepan hacerse cargo de la Gobernabilidad del país y no solo
actúen como portavoces de la calle.
Isapres, AUGE-GES y tribunales
por Ángela Vivanco Martínez.
La noticia de los últimos días en el sector
salud ha sido la presentación de 100 mil recursos de protección por los
cotizantes de las isapres, oponiéndose a las alzas de las tarifas AUGE-GES.
Sin perjuicio de la impresión que causa el
grado de judicialización en esta materia y la innegable incidencia que ello
tiene, sobre todo de cautela de derechos fundamentales, es importante tener a
la vista la realidad objetiva sobre la cual se produce tal estallido de
acciones judiciales.
La Ley vigente expresamente permite modificar
el precio de las Garantías Explícitas en Salud (GES), con motivo de la
incorporación de nuevas condiciones de salud, y la circular IF-185 de la
Superintendencia de Fondos y Seguros Previsionales, dictada en abril de este
año, dispone que, en tal caso, las isapres deberán informar dicha situación a
los cotizantes y sus empleadores.
El sistema GES se ha ampliado por la autoridad
este año, de 69 patologías originales, a once nuevas enfermedades de alta
demanda y consumo de medicamentos. Tal modificación ha importado que el Minsal
anuncie, de acuerdo a sus informes técnicos, que el costo directo de ella sería
de 0,31 UF mensual, referencia que sirve para comparar las alzas resultantes de
las isapres, las que han alcanzado en promedio 0,32 UF mensual. Estas tarifas
no distinguen sexo o edad, se mantienen por tres años y cuentan con un plan
estandarizado por Ley.
Se trata, entonces, de alzas justificadas por
la adición de cobertura dispuesta por la autoridad y respaldadas por sus
análisis técnicos. Sin embargo, las acciones cautelares que las cuestionan
empiezan a ser acogidas por las cortes: V.g. la Corte de Rancagua (causa rol
1114-2013-Civil- Protección), en su fallo de 27 de junio, si bien reconoce que
"no podría cuestionarse que este mayor valor alegado por las isapres tiene
como contrapartida una mejoría en las prestaciones correlativas",
considera que el alza es arbitraria, pues se ha brindado al afiliado
"información claramente insuficiente, la cual no permite a esta cotizante
siquiera vislumbrar si esa alza corresponde a una aplicación razonable de la
aludida facultad, por cuanto se apoyaría en mayores gastos que no se
pormenorizan y que por consiguiente no son comprobables", previniendo
"que las instituciones privadas de salud no pueden subordinar el cálculo
del precio a pagar a la consecución de un fin de lucro".
Esta situación nos resulta cada vez más
inquietante, por varias razones.
Primero, el cuestionamiento de las alzas
relativas al sistema privado opera hoy en Chile a todo evento, sin importar sus
montos ni sus razones, quedando demostrado que litigar sobre ellas resulta una
industria fructífera para sus patrocinantes y un perverso atractivo para sus
cotizantes. Los fallos invocan como fundamento Constitucional que las isapres
deben evitar que su gestión "implique la imposición a sus cotizantes y
beneficiarios de condiciones que afecten el legítimo ejercicio de un derecho
esencial como es el acceso a las acciones de protección de la salud", pero
el resultado es que toda alza de precio es definida como un atentado a los
derechos del cotizante, lo cual paradójicamente no se aplica a otras
realidades.
Segundo, las Cortes consideran arbitrarias
alzas informadas por las isapres sin reparar en que se basan en los estándares
que el propio regulador entrega: en ello esperaríamos una mayor defensa de las
directrices entregadas por parte de quienes las han propuesto, como un debido
respaldo a la propia confiabilidad de los informes técnicos solicitados.
Finalmente, sobre la base de advertir que el
cálculo de precio no puede estar direccionado al lucro, se olvida
intencionadamente que es la propia Ley la que admite las alzas referidas y que
no hay norma legal o Constitucional alguna que imponga a las actividades
económicas desarrolladas conforme al marco del Estado de Derecho la obligación
de ser deficitarias.
Queda entonces hacernos una lógica pregunta: Si
cumplir con la Ley y con las instrucciones de la autoridad sanitaria no basta,
más aún empieza a ser reprobable, ¿qué es lo que se exige del sistema de salud
privado en realidad? ¿Posibilita este estado de cosas su subsistencia?
Función notarial y Sernac,
por Olga Feliú.
La discusión sobre la modificación al sistema
notarial se vincula siempre con la cuantía de los aranceles, olvidando la
importancia que tiene la función que desarrollan estos funcionarios públicos, y
que los aranceles tienen muchas soluciones posibles.
Los notarios son Ministros de fe pública, y la
fe pública es un bien jurídico que requiere ser protegido, tiene su origen y
emana de una autoridad pública revestida de esa facultad por normas legales
aprobadas por el Estado soberano. Ella está ligada con la seguridad y la
normalidad en el tráfico jurídico, que permite el desarrollo de los negocios
que se basan en la veracidad y que proporciona certeza y seguridad. Así ocurre
con los contratos que se celebran a diario en el país y los miles de atestados
que se otorgan.
La función de los notarios es de carácter
jurídico, sus atestados permiten incorporar derechos en el patrimonio de las
personas y sus certificaciones son auténticas, y hacen fe erga ommes. Es por
ello que el Código Orgánico de Tribunales les confiere el carácter de
auxiliares de la Administración de Justicia y sus decisiones reclamables a los Tribunales
en procedimientos breves.
En esa perspectiva, cabe analizar la
conveniencia de una proposición al Congreso para entregar al Sernac el
conocimiento de las reclamaciones que puedan formularse contra las actuaciones
de los notarios. Al examinarla se debe tener en consideración que se trata de
poderes del Estado diferentes y que a los servicios públicos les competen
tareas muy diversas. Que los notarios son considerados auxiliares de la Justicia
porque efectivamente revisten ese carácter, su función notarial está adscrita
al Poder Judicial porque ella forma parte de lo que la doctrina llama “justicia
preventiva”. Evitan litigios y los documentos que autorizan son pruebas
preconstituidas, decisorias en la resolución de conflictos.
No puede asimilarse el servicio notarial, en
que está comprometida la fe pública, con el precio de una mercadería. No se
trata de una industria y no está regida por las Leyes del mercado, del mismo modo
que no lo está la actividad Gubernativa o cualquier otra función pública.
Por otra parte, la función de fiscalización de
notarías no es propia del Gobierno ni de la Administración del Estado, que son
las que corresponden al Ejecutivo. Resulta difícil de comprender que en un
Estado en que el Poder Ejecutivo tiene potestades que superan con creces a los
otros poderes -como es admitido en forma unánime y es fácil de apreciar- se
pretenda agregarle una función más. ¿Por qué debería tener esta función un
órgano cuyo Jefe superior es de confianza del Ejecutivo y cuya misión
fundamental es la de informar al consumidor respecto de los precios de bienes y
servicios de los proveedores?
Pues bien, tratándose de los aranceles, debiera
aprobarse un sistema similar al de los consumos básicos de energía o sanitario,
de tal manera de fijarlos sobre la base del modelo de una empresa eficiente,
materia sobre la que existe amplia experiencia.
Finalmente, tampoco debiera olvidarse que el
último arancel notarial fue fijado hace cinco años y no ha sido actualizado,
por lo que no es de extrañar que esté desactualizado. En suma, la proposición
que se dice se plantearía al Legislador no debiera ser aprobada.
Una campaña con sorpresas.
Esta semana, sorpresivamente, el eje político
se movió del análisis de la última votación primaria a la reforma del sistema
binominal, uno de los objetivos más reiterados de la actual oposición (también
cuando era Gobierno), pero estimado innecesario o perjudicial por sectores del
oficialismo y especialmente por la UDI. Con el mayor sigilo, una parte de
Renovación Nacional, encabezada por su Presidente, negoció y llegó a acuerdo
con Senadores DC, PS y PPD, reviviendo la fallida iniciativa que intentaron el
año pasado Carlos Larraín e Ignacio Walker, pero logrando esta vez detonar un
proceso que podría llegar a la modificación de la normativa heredada del
régimen militar, incluso con fórmulas alternativas del propio Gobierno... y de
la UDI.
Lenta elaboración y efectos inmediatos. La
complejidad del tema y la diversidad de las propuestas exigen un estudio serio
y suponen, en el mejor de los casos, una tramitación larga de dicha reforma que
dificulta su aplicación para este año, que algunos esperaban. Sin embargo, las
consecuencias ya se notan. En el Ejecutivo, la evidente desinformación sobre lo
que venía obligó a cambiar sus planes y dar prioridad a su propio proyecto en
la materia, que no estaba considerado para esta etapa, lo que se suma al efecto
de una primaria Legal que, al consagrar los nombres que competirán y situar en
la escena sus propuestas, le quita espacio para marcar la agenda.
Además, resulta damnificado el candidato Pablo
Longueira, que al no ser parte del acuerdo, queda fuera del centro de gravedad
del debate y sólo cosecha la ácida polémica surgida en las filas de la Alianza.
En cuanto a la Nueva Mayoría, si bien con menos
resonancia, a raíz del pacto con RN se producen resquebrajamientos por las
discrepancias internas, como lo reflejan los dichos del Senador Lagos Weber.
Hay sospechas de pérdida de poder de los Parlamentarios de Regiones si aumenta
el número de Diputados y Senadores, e incredulidad ante la promesa de que, pese
al mayor número futuro de Congresistas, no crecerá el gasto Fiscal. Peores aún
son las críticas de los movimientos sociales, con un inmediato rechazo
estudiantil que acusa aquí un “acuerdo cupular”.
¿Es posible una convergencia? Cabe tener
presente que (aparte de varios proyectos anteriores pendientes) compiten hoy el
acuerdo RN-Concertación y la propuesta que anunció antenoche el Presidente
Piñera. En ambos textos hay aspectos divergentes, como la cantidad de Parlamentarios
y su distribución en Circunscripciones y Distritos; el distinto grado de
representación de las Regiones; la existencia de Senadores nacionales o el
número de Diputados según el respectivo electorado. Pero es compartida la
(inesperada) opción, a lo menos parcial, por un mecanismo electoral de carácter
proporcional y, sobre todo, la convicción, que expresó claramente el
Mandatario, de que el ciclo del binominal ha terminado. Ahí surge, entonces, la
posibilidad de privilegiar el interés del país sobre el partidista en un asunto
sustancial que lo ha dividido para llegar a un consenso amplio.
Nuevo comando de Bachelet. Su vocera será ahora
Javiera Blanco, cercana a la DC, junto al ya vocero PS Alvaro Elizalde. La
nominación de la ex directora de la Fundación Paz Ciudadana y el ingreso al
Comando de economistas destacados y cercanos a la Democracia Cristiana, como
René Cortázar, José de Gregorio y Guillermo Larraín, es uno de los signos
dirigidos al centro político y al empresariado que se esperaban de la ex
Mandataria. Ello podría traer algo de tranquilidad a quienes temen de su
eventual Gobierno un cambio de los fundamentos del modelo económico, pues más
allá de los avances que haya en materia de equidad y oportunidades para los
grupos más vulnerables y medios, no se demolerían las bases del desarrollo,
como el emprendimiento, la libertad de comercio y la apertura al exterior.
Además, Bachelet —tal como lo hizo en su Gobierno
con la mesa Presidida por el Senador Adolfo Zaldívar, con quien tenía menos
sintonía— ha preferido vincularse a la DC a través de su estructura partidaria
y con personalidades próximas a su Presidente. Eso sí, dirigentes muy cercanos
a ella, que le anticiparon su adhesión, están molestos ahora con lo ocurrido, y
el PC, que entra también al Comando en cargos importantes, hace notar que
espera (al igual que el PPD y el PRSD) “que el programa no se mueva un ápice”.
Otros problemas del bacheletismo han estado
estos días en la dificultad para cerrar las listas Parlamentarias, donde se
oscila entre demandas de primarias y blindajes, con quejas comunistas por la
situación pendiente en La Florida de Camila Vallejo, aunque esto parece en vías
de solución mediante indicios de intervención personal de la ex Presidenta.
La apuesta de Allamand. Cuando todos esperaban
que el ex Ministro derrotado por Longueira iniciara una nueva “travesía por el
desierto”, demuestra dotes de audaz estratega político al aceptar una
candidatura a Senador por Santiago Poniente. Pese al evidente riesgo (que él
mismo graficó con la relación de 1 a 4 en la primaria ante la Nueva Mayoría,
que podría serle fatal), no está, pues, dispuesto a claudicar en su empeño de
seguir siendo una carta Presidencial para 2017.
Democracia Cristiana, un problema de identidad.
Tras la derrota del precandidato Presidencial
de la DC, Claudio Orrego, en las pasadas elecciones primarias del pacto Nueva
Mayoría, han surgido diversas críticas internas al enfoque que tuvo la campaña
y al rol que la actual directiva del partido tuvo en ella, posicionando a la DC
como "el sector más conservador de la política nacional". Así lo
afirma un documento titulado "Reflexiones después de la derrota",
suscrito por casi 100 dirigentes territoriales y Regionales de ese partido, y
que circuló en un almuerzo en el que los Vicepresidentes disidentes Aldo
Cornejo y Gabriel Silber reunieron a quienes respaldaron su proyecto en las
elecciones internas de marzo pasado.
Ese texto sostiene que la DC "se encuentra
en riesgo" y acusa a la campaña de Orrego y a la directiva que lo avaló de
intentar "reposicionar al partido como una organización de centro,
pretendiendo borrar, de una plumada, la concepción de partido de vanguardia".
Él evidencia el fuerte malestar de la corriente disidente, que establece una
clara postura de no permanecer "impávidos ante una conducción que lleva al
partido a un aislamiento de la realidad, a la imposibilidad de convocar a los
sectores sociales que siempre representamos". Confirmando ese malestar, el
propio Cornejo manifestó la necesidad de que dentro del partido se revisaran
"con mucha claridad y franqueza" los "contenidos y
objetivos" de la propuesta que la DC le ofrece a la ciudadanía.
Este documento de la disidencia sirvió de
contexto para la reunión que luego sostuvieron la directiva del PDC y las
bancadas de Senadores y Diputados, que buscó enfrentar las cada vez más
visibles diferencias entre los dirigentes, exacerbadas por el resultado de las
primarias, en las que el candidato del partido obtuvo un escuálido 8,8%,
perdiendo el segundo lugar frente a Andrés Velasco. La agenda se centró
fundamentalmente en dos puntos: un informe técnico de la derrota electoral, por
una parte, y las elecciones Parlamentarias de noviembre, por otra, temas que
serán examinados en el Consejo Nacional de la DC en agosto. Pero, más allá de
los temas mismos, lo relevante era intentar acercar posiciones entre ambas
corrientes. Al finalizar, el Presidente del partido, Senador Ignacio Walker,
calificó el diálogo del cónclave como "fecundo", expresando que
"hemos llamado las cosas por su nombre" y afirmando que "en la
DC no hay disidencia (...). Este es un partido democrático que admite la
diversidad".
Aunque reuniones como estas puedan servir para
aquietar las aguas internas, parece improbable que estén permitiendo abordar
los temas de fondo. Por de pronto, no se ha vuelto a reiterar, como se hacía
antes del 30 de junio, que para sumarse a la campaña de Bachelet se necesita un
acuerdo programático entre las diferentes fuerzas que la apoyan, ni mucho menos
se ha escuchado hablar de una suerte de estatuto de garantías.
Todo sugiere que lo que está en juego hoy no es
otra cosa que la identidad democratacristiana misma. Lo que hasta hace algunos
años se entendía por qué significa ser democratacristiano, hoy parece ser solo
compartido por una minoría, que mira el pasado con nostalgia. La mayoría de la
dirigencia actual se ve más inclinada hacia los valores proclamados por la
candidata de la Concertación, y se proyecta hacia el futuro como en una suerte
de simbiosis con quienes la respaldan. En un programa de televisión, el Senador
Guido Girardi felicitaba al candidato democratacristiano por su
circunscripción, Alberto Undurraga, por mostrar posturas valóricas más
progresistas y en línea con las sostenidas por él mismo. Un síntoma más de la
pérdida de identidad que sufre el PDC, y de la necesidad de enfrentar
abiertamente esta cuestión, tomando decisiones en vez de seguir diluyéndose
gradualmente.
Aristas en torno al debate sobre el aborto.
El caso de una niña de 11 años que presenta un
embarazo de 15 semanas, a raíz de haber sido víctima de violación reiterada por
parte del conviviente de su madre, ha vuelto a poner en la palestra el debate
sobre el aborto, con sectores que señalan que este episodio demostraría la
justificación de legalizar la interrupción intencional del embarazo por razones
terapéuticas y cuando este es consecuencia de una violación.
La situación puntual que ha reabierto esta
discusión es especialmente compleja. A la corta edad de la menor embarazada se
añade el hecho de que su propia madre ha salido en defensa del agresor de la
niña, lo cual la deja en una grave condición de desamparo. Según los que
promueven la justificación del aborto, al sufrimiento y los efectos
psicológicos que tendrá que soportar la menor al afrontar una situación como la
que atraviesa, no se le debe añadir la carga de verse obligada a tener y criar
una guagua producto de una violación. Al mismo tiempo, agregan que a medida que
avance su embarazo, su salud correrá creciente peligro, por lo que
correspondería interrumpirlo por razones terapéuticas, con el propósito de
proteger la integridad de la joven madre.
La dolorosa circunstancia que da pie a este
caso no debe hacer olvidar que existe aquí otra vida en entredicho, la del feto
de 15 semanas de gestación. En su condición de persona humana, éste posee los
mismos derechos que cualquier individuo ya nacido, en especial el derecho a la
vida, garantizado constitucionalmente en nuestro país para los que están por
nacer. Por lo mismo, la discusión en torno al tema no puede conducirse sin
tomar en cuenta esta realidad, pues ello equivaldría a pasar a llevar las
garantías básicas de un inocente, que no tiene capacidad de defenderse y cuya
existencia también se encuentra en juego.
Aunque la Legislación chilena considera ilegal
el aborto y establece sanciones para evitar su ocurrencia, sí reconoce la
posibilidad de que se realicen intervenciones médicas cuyo objetivo sea preservar
la vida de la madre y que generen, como efecto posible, pero no buscado, la
muerte o un daño al nonato. Ese es el sentido del artículo 119 del Código
Sanitario, que sostiene que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea
provocar un aborto”. En la situación de la niña de 11 años, si los médicos
determinan que ella se encuentra en riesgo vital debido a las condiciones que
con el tiempo adquiera su embarazo, no iría en contra de la Ley anticipar el
parto, tratando de preservar la vida de la madre y la del recién nacido,
incluso si la subsistencia de éste no pudiera garantizarse. Esto, por supuesto,
es muy distinto a ejecutar un aborto, en el cual el nonato sería eliminado
directamente.
El debate sobre el aborto debe ser profundo y
serio. Es natural que la discusión cobre mayor interés y urgencia cuando
ocurren casos complejos, pero ello no debe oscurecer el hecho obvio de que
existen en torno al tema posiciones que tienen que ver con la manera en que se
privilegian los derechos de la mujer por sobre los del que está por nacer.
Estas definiciones a menudo conducen a la promoción de variantes del aborto que
van mucho más allá de la interrupción del embarazo por razones terapéuticas o
por violación. Constituiría un aporte para la transparencia del debate que
dichas posturas fueran explicitadas sin ambages.
Acuerdo en el "caso farmacias".
El proceso penal contra ejecutivos de farmacias
y laboratorios por el ilícito de colusión se aproxima a un desenlace
insatisfactorio para muchos, pero perfectamente previsible. El delito imputado
por la Fiscalía contempla en abstracto una pena posible máxima de 540 días de
cárcel -muy por debajo tanto de los 5 años y un día que se requieren para
excluir el cumplimiento en libertad de una eventual condena, como del tope de 3
años para permitir "acuerdos" entre el Fiscal y el imputado con el
fin de evitar el juicio y suspender condicionalmente el procedimiento-. La gran
mayoría de los delitos que contemplan nuestras Leyes penales se halla dentro de
los márgenes señalados, lo cual explica que el número de las causas que se
suspenden bajo condición sea muy superior al de aquellas que concluyen con un
juicio, al punto de que la suspensión es el destino natural de casi todas las
causas en que el imputado no tiene condenas previas. Por otra parte, el control
Judicial de estos acuerdos es muy escaso, de modo que, existiendo acuerdo entre
el Fiscal y el imputado, el curso del procedimiento se vuelve completamente
previsible. Tal como opera el sistema en la actualidad, no resultaría
aventurado hablar de una suerte de "derecho del imputado a la
suspensión".
Además, la suspensión suele satisfacer casi
todos los intereses de los actores en juego: el imputado ve cómo el proceso
termina de inmediato y sin que se le declare culpable; los Fiscales se ahorran
el trabajo y los recursos que implica un juicio oral, lo que les permite
liberar un poco sus siempre recargadas agendas o dedicarse a otras causas que
prometen condenas de mayor entidad; los Tribunales de garantía incrementan su
eficiencia, pues la causa concluye luego de un par de audiencias; y los
querellantes muchas veces obtienen algún tipo de satisfacción a través de las
condiciones del acuerdo.
Sin embargo, es dudoso que estos legítimos
intereses se encuentren alineados con el interés público en la persecución de
los delitos. Con independencia de la forma en que puede cumplirse una pena, las
necesidades de integración social que se satisfacen mediante el establecimiento
de responsabilidades penales no se limitan a infligir a los culpables una
privación de su libertad de desplazamiento. Un sistema de persecución penal
probablemente debe contemplar salidas anticipadas como las suspensiones y los
acuerdos reparatorios, pero, ¿es razonable que el establecimiento de la responsabilidad
penal quede supeditado por completo a la magnitud de las sanciones privativas
de libertad que podrían llegar a imponerse?
Cuestión distinta es si la Fiscalía hizo bien
al proponer o aceptar un acuerdo con los imputados en el caso de la colusión de
farmacias y laboratorios. En esta causa, una serie de factores procesales y de
fondo conspiraban contra el éxito de una eventual acusación, pese a las
condenas dictadas contra las empresas -no contra los individuos- por el
Tribunal de la Libre Competencia. En lo procesal, por ejemplo, la no trivial
cuestión de si es posible, y hasta qué punto, hacer valer en un juicio penal la
prueba recopilada por la Fiscalía Nacional Económica en un contexto de hecho y
de derecho muy diferente. Y entre las cuestiones de fondo, nada menos que la
falta de claridad acerca de si el delito de fraude de precios que contempla el
Código Penal es o no aplicable a las conductas de colusión, sobre todo tras la
derogación de las sanciones penales para los ilícitos anticompetitivos por la
Ley N° 19.911, de 2003. En realidad, estas y otras consideraciones podrían
haber sido suficientes para que la Fiscalía no iniciara proceso penal alguno en
este caso, o al menos no hubiera formalizado la investigación.
La imagen que hoy queda en la opinión pública
-un acuerdo que se percibe como "barato" después de varios años de
investigación- pudo haberse evitado si el ente persecutor, desde un comienzo,
hubiera visto las limitaciones que la Ley imponía a su propio caso, y hubiera
actuado en consecuencia.
Índice de transparencia.
El Consejo competente en esta área ha dado a
conocer el primer índice que evalúa el uso, la satisfacción y el conocimiento
de la Ley sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información
de la Administración del Estado, de 2008 (áreas obviamente diferentes entre sí,
de modo que el promedio de las mediciones respectivas no es significativo.)
En cuanto a satisfacción, se llega al 98% de
los casos entre los usuarios que conocen dicha Ley y la utilizan. Asimismo, su
valoración ciudadana alcanza al 75%.
Con todo, desde la perspectiva ciudadana, lo importante
es cuánto se usa la Ley y cómo se responde, más que cuánto se la conoce y
cuánto se reclama. Al respecto, un estudio de la Secretaría General de la
Presidencia registra, entre enero y junio de 2013, un ingreso total de 11.801
solicitudes, en 97 servicios. De ellas, 302 fueron denegadas dentro del plazo
legal establecido, y solo 3 lo fueron fuera de este. Son cifras bajas de
denegación, por lo que es lógico que exista una baja tasa de reclamaciones ante
el Consejo, y esto no puede atribuirse a desconocimiento de la Ley.
Y los ciudadanos la están efectivamente
ocupando: desde su entrada en vigencia, en abril de 2009, se han ingresado
176.577 solicitudes, lo que parece una cifra razonable. Las finalizadas
alcanzan a 8.524. Las denegadas por reserva o inexistencia corresponden a solo
2,6% del total de las ingresadas en ese período. Las respondidas favorablemente
equivalen al 72% del universo total, y el resto está en tramitación dentro de
plazo.
En cambio, es bajo el nivel de conocimiento de
esta Ley. Según este índice, solo 8% declara conocerla, tras cuatro años de
aplicación. (Como ilustración, en México, un estudio del ente competente
muestra que, tras 10 años de vigencia de la Ley en ese país, el 19% declara
conocerla.) Pero que las personas afirmen no conocer la Ley no significa que no
la usen. El propio Consejo ha declarado que el cumplimiento en transparencia
activa de los organismos del Estado (mantener en sus páginas web una serie de
antecedentes de interés general a disposición permanente del público) alcanza a
97,6%, a lo que se suma la referida baja tasa de rechazos de solicitudes
(transparencia pasiva, esto es, obligación de responder las solicitudes de
información de los ciudadanos).
Bajo es también el indicador de conocimiento
del sistema por los funcionarios públicos: 43% de ellos no posee el nivel
suficiente para cumplir su normativa y poder orientar a los ciudadanos al
respecto. Con todo, las cifras de solicitudes tramitadas sugieren que en los
niveles más elevados, que deben asegurar su funcionamiento, ella sí es
aceptablemente conocida. En todo caso, existen más de 800 encargados de
transparencia en toda la administración central, y la Secretaría General de la
Presidencia ha instruido hace poco que sus nombres y contactos se publiquen en
las páginas web de transparencia activa.
En suma, estos indicadores hablan de
apreciables grados de cumplimiento, sobre todo respecto del uso de la Ley, y
áreas que aún requieren perfeccionamiento. Pero no cabe duda de que este
sistema ha significado un avance muy valioso para la calidad de nuestra
democracia.
Cartas para reflexionar.
Señor Director:
Embarazo de menor.
La sociedad entera ha quedado horrorizada frente
al caso de una niña de 11 años que ha quedado embarazada de su padrastro. ¿Qué
nos espanta más? ¿La situación de violación reiterada o el embarazo?
Hasta el momento, pareciera más lo segundo que
lo primero. Sin embargo, si no fuera por esta guagua, nadie se habría enterado
de la situación de abuso que sufría esta pobre niña desde los siete años. Por
lo tanto, de algo podemos estar seguros: una vida, la de la guagua, salvó otra
vida, la de su propia madre.
Luz María Ossandón Droguett.
Señor Director:
Ética periodística y credibilidad.
En los últimos días se ha expuesto en medios de
comunicación a una niña de 11 años embarazada debido al abuso de su padrastro y
a los padres de un joven perdido en el cerro Manquehue mientras les informaban
que su hijo estaba muerto. En ambas situaciones hubo una transgresión grave a
la ética periodística.
La misión de los periodistas es dar a conocer
información de relevancia pública respetando los derechos de las personas
afectadas. Especial importancia tiene el cuidado de los menores de edad y el
respeto a la intimidad en momentos de dolor. En los dos casos expuestos no se
entregó información relevante porque no era necesario tener acceso a esas
imágenes para comprender las implicancias de lo sucedido. Las víctimas fueron
expuestas con el único fin de obtener más audiencia apelando al
sensacionalismo.
El principal patrimonio de los medios
periodísticos es su credibilidad, la que se sustenta en el cumplimiento de su
misión cuidando de no dañar a terceros. Transgredir el derecho de personas
víctimas de situaciones dolorosas por obtener resultados económicos de corto
plazo atenta contra los afectados y también contra los mismos medios,
especialmente en momentos de creciente desconfianza frente a las instituciones.
Carolina Mardones Figueroa, Decano Facultad de
Comunicaciones, Universidad del Desarrollo.
Señor Director:
Requisitos.
Una conjunción de partidos y el Gobierno
encabezado por Sebastián Piñera han llenado la prensa y la TV con las ideas
para modificar el sistema binominal, en que los primeros aumentan el número de
Congresistas y el Ejecutivo los mantiene, pero ni los partidos, ni Piñera
dijeron nada de la urgencia para modificar los requisitos para los candidatos
al Congreso (hoy sólo licencia secundaria). Nuestro Chile se merece tener a
gente preparada, no a los batallones de asesores para apuntalarlos. ¿Por qué a
los partidos políticos, o al Presidente Piñera, no les interesa elevar las
exigencias al futuro Parlamentario? Tengo las respuestas, pero me interesa
escuchar y leer la de los políticos y la del Presidente.
Luis Enrique Soler Milla.
Señor Director:
Acuerdo para cambiar el binominal.
El proyecto acordado por RN y la Concertación
para cambiar el binominal contempla, entre otros, aumentar el número de Diputados
y Senadores sin incrementar los recursos que recibe el Congreso. Según ha
explicado el Senador Patricio Walker, esto se resolvería “echando mano a gastos
del Congreso y, si es necesario, a asignaciones Parlamentarias”.
Si existe acuerdo transversal en que los Parlamentarios
podrían subsistir perfectamente con menos asignaciones que las que hoy
perciben, ¿por qué no reducirlas de inmediato?
Fernando Avalos P.
Señor Director:
Doctrina de la DC.
En una carta publicada el miércoles, José
Manuel Salcedo opina que “constituye un gravísimo error haber confundido el
electorado DC con el grupo de personas de acendrado fervor religioso”. Dice,
además, que la no confesionalidad es un principio doctrinario esencial de la
Democracia Cristiana chilena desde su fundación. ¿Por qué, entonces, dicho
partido se llama Democracia “Cristiana”? Para ser consecuentes con su doctrina
de no confesionalidad, debiera llamarse de cualquier modo, menos “cristiana”.
Bernardo Amengual E.
Vacaciones…
Nos tomaremos un breve descanso es las “vacaciones”
de invierno, desde hoy y hasta el 26 de julio, como una manera de recuperar
fuerzas y por la necesidad de recargar nuestras “baterías” para enfrentar el
periodo electoral que sin duda alguna será fuerte en actividades.
Por cierto nuestras vacaciones no implicarán
que nos desconectaremos de las informaciones, por lo que, en caso de haber algo
de vital importancia o temas muy relevantes, interrumpiremos el descanso para
ocuparnos de las noticias que puedan cambiar las situaciones presentes.
Estaremos alertas, como siempre, y no dudaremos
un instante en ponernos tras el “teclado” para informar a nuestros amigos y
amigas de los temas de contingencia o de aquellas noticias que consideremos no
pueden dejarse pasar sin arriesgar al país a la desinformación.
Diario
Reacción Chilena.
Nota de la Redacción:
En la presente edición hemos limitado las
fotografías a una sola, por considerar relevante y frustrante la condena al sociólogo
Hans Niemeyer Salinas, al que se sentenció solamente por el delito de
infracción a la ley de armas a 5 años de presidio efectivo por el delito de
"tenencia de artefacto explosivo casero".
Nos parece altamente preocupante que el 7°
Tribunal Oral de Santiago haya desechado las imputaciones que se hicieron a Niemeyer
por la fabricación y colocación de bombas, sin sancionar al sujeto por lo que
evidentemente constituye un acto terrorista, como lo es claramente, la
colocación de explosivos en una sucursal bancaria.
Consideramos que nuestra Justicia está dando
una muy equivoca señal a aquellos que pretenden imponer sus posiciones por la vía
violenta o paralogizar a la sociedad por medio del terror como arma política,
pues, consideramos les está señalando que es casi gratis recurrir a la fuerza
bruta para doblegar a la ciudadanía.
