Diez millones disponibles
por Gonzalo Rojas Sanchez.
Han terminado las primarias. Números van y
números vienen, pero lo que vale, en este caso, es lo que falta: fueron más de
10 millones los sufragios no emitidos.
El valor que tiene esa cantidad es enorme,
porque son votos disponibles. Obviamente, esas voluntades están disponibles
para todos los candidatos, sin distinción previa; de eso no cabe duda alguna.
Por cierto, a Enríquez-Ominami, Parisi y Claude
-ausentes del acto recién terminado- se les podría adjudicar, en conjunto y
desde ya, más de medio millón. Pero, por otra parte, la cifra puede compensarse
con las preferencias que recibieron Orrego y Velasco sumados, ya que sus
electores claramente marcaron diferencias con Bachelet: si a estos votantes no
les costaba nada subsumirse en la coalición socialista-comunista que apoyaba a
la ex Presidente -y no lo hicieron-, es porque van a volver a evaluar a quién
le dan en noviembre su preferencia.
O sea, seguimos en la misma cifra: hay unos 10
millones de votos disponibles. Por eso, quien dé hoy la próxima elección por
ganada o por perdida es, obviamente, un ingenuo.
Si la sensación para Michelle Bachelet es que
simplemente hay que dejar que suba la marea, para Pablo Longueira hay una
misión: conquistar una parte mayoritaria de esos 10 millones de votos. Es mucha
gente y eso abre enormes posibilidades.
En 10 millones de personas se dan todas las
situaciones humanas imaginables, pero hay algo que cruza las vidas de todos
ellos: la ansiedad. Están ansiosos por su futuro; quieren saber qué será de
ellos en 2014 y se proyectan a 2022. Votarán por quien les abra el mejor
horizonte: el mejor, no el más taquillero.
Para Longueira, entonces, el desafío es
demostrar que con él cada chileno puede ser mejor y vivir mejor. ¿Qué significa
eso en la práctica?
Que Longueira tiene que conseguir un gran
acuerdo con los productores de Chile, con esas decenas de miles de
emprendedores que deben entender, de una vez por todas, que sus trabajadores y
ellos tienen que ser socios en los esfuerzos y en las ganancias. Que Longueira tiene
que obtener de cientos de gremios el compromiso de construir juntos una red de
mejores resguardos y prestaciones hacia sus propios miembros. Que Longueira
tiene que identificar media docena de injusticias flagrantes y combatirlas sin
temor -pero sin demagogia-, le duela a quien le duela. Que Longueira tiene que
comprometer un activo papel subsidiario del Estado, para corregir esas miserias
e incentivar iniciativas por igual, abriendo así paso a la actividad de las
personas. Que Longueira tiene que decirle fuerte y claro a cada chileno que no
es un indigente, que cada uno es capaz de poner su esfuerzo por salir adelante,
no para esperar del Estado, sino para ayudarse a sí mismo, a los suyos, a los
demás. Que Longueira puede sugerir qué reformas políticas son sensatas,
contrastándolas con algunas locuras rupturistas. Que Longueira tiene que
convencer a todos los creyentes que su concepción del ser humano es la que
mejor respeta su dignidad y su trascendencia, y que eso no es lo de menos, sino
lo de más.
La campaña de estos casi cinco meses próximos
no debiera plantearse, por lo tanto, contra Bachelet -que ya tendrá suficientes
problemas en el interior de su propia candidatura-, sino a favor de los
chilenos comunes y corrientes. Es a ellos, a los 10 millones que no votaron, a
los que hay que ofrecerles estilos de familia, de trabajo, de participación, de
educación, de uso de sus recursos, que perciban como buenos, como los mejores.
Hubo una elección, hace ya casi 25 años, en que
Jaime Guzmán se propuso conquistar corazones. Y ganó.
¿Quién ha dicho que esa opción debe descartarse
para noviembre?
Bajo el Gobierno del "Guatón Violeta",
por Hermógenes Pérez de Arce.
¿Cuántas divisiones manda el "Guatón
Violeta", que es filmado lanzando artefactos incendiarios y probándose el
calzado que acaba de ser robado en una tienda saqueada por su movimiento
"grande, noble, hermoso", "Guatón" que ha sido dejado en
libertad por un Juez revolucionario a pretexto de que, finalmente (bajo la Legislación
penal revolucionaria), dicho terrorista obeso no cumplirá pena privativa de
libertad, la cual está reservada en Chile a los uniformados (r) aunque sus
supuestos delitos estén amnistiados, prescritos, antes ya juzgados y
sobreseídos y su participación no haya sido probada sino sólo presumida?
Respuesta: el referido "Guatón" apenas manda una división de
terroristas encapuchados cuya fuerza no le permitirá nunca tomarse el poder,
porque es insuficiente; y ni siquiera a sabiendas de que ese poder en Chile
carece de todo significado real, porque ninguna autoridad lo ejerce.
(Abro paréntesis: los Tribunales
revolucionarios acaban de dejar libre del cargo de terrorismo, según veo en una
pantalla que tengo al frente mientras escribo, a otro terrorista sorprendido
poniendo un artefacto explosivo. La Justicia Revolucionaria, entonces, sigue
cumpliendo su misión).
Prosigo: pues en el país ya no hay Gobierno
propiamente tal, ni central ni Municipal. Desde luego, en La Moneda hay sólo un
grupo de espectadores y comentaristas de la actualidad y de los delitos
flagrantes e impunes que están en curso. En los Municipios tampoco hay
autoridad, porque, siendo sostenedores de colegios, éstos han sido usurpados
por minorías de niñas y niños adolescentes que los ocupan para destruir
mobiliario, instalaciones, computadores y equipos, y para tener sexo
desenfrenado, como lo prueban las acumulaciones de condones que deben ser
barridos durante los breves períodos en que el personal de aseo puede ingresar,
en los interludios de las tomas. Lo de los condones es un mal menor, porque la
otra secuela de las tomas es el incremento del número de niñas adolescentes
embarazadas que no alcanzaron a pedir sus respectivas píldoras del días
después. Prosigo, pues el duopolio político que controla los Poderes Públicos
consiguió fácilmente desocupar los establecimientos usurpados, pero obró así
para lo único que le interesa, que es aparentar un ejercicio electoral
democrático que no es tal, porque es monopolizado por ambos duopolistas
(pagando el costo el Estado, por cierto).
Reitero por su importancia probatoria: el
interludio de las primarias demostró que era perfectamente posible expulsar a
los usurpadores de colegios sin ningún problema.
Pero, claro, pasadas las primarias, los
colegios vuelven a ser tomados por el "Guatón Violeta" y los suyos; y
las autoridades (es sólo una manera de aludirlas), en particular las Alcaldesas
revolucionarias elegidas por el pueblo en Providencia y Santiago, declaran que por
ningún motivo debe volverse a ordenar la desocupación (si no, no serían
revolucionarias), mientras la primera de ellas reemprende la impostergable
actividad de borrar el nombre de "11 de septiembre" a una calle y
dedica a ello todas sus energías, siempre disponibles para cualquier finalidad
izquierdista que no sea la de cumplir con su deber Legal.
(Abro otro paréntesis: la pantalla al frente
mío informa que una votación de las alumnas del Liceo Carmela Carvajal aprobó devolver
el colegio ahora que vienen las vacaciones! Después de éstas, dicen, volverán a
votar acerca de si se reanuda la usurpación).
Entretanto, está a punto de ocurrir algo
realmente pintoresco: un grupo de padres y madres de familia han recurrido de
protección a los Tribunales de seudo-Justicia pidiendo que se respete su
derecho a que sus hijos puedan estudiar, lo cual les es impedido por los
revolucionarios que se han tomado los establecimientos. Entonces no cabe
desechar la posibilidad de que algún fallo ordene a las Alcaldesas
revolucionarias recuperar mediante el imperio de la fuerza pública los
establecimientos. Y esto va a resultar muy pintoresco, puesto que fue el más
alto de esos Tribunales de seudo-Justicia, la Corte Suprema, el que DESAUTORIZÓ
a la única autoridad del país que en anterior oleada de tomas de colegios hizo
desocupar los establecimientos usurpados de su comuna, el Alcalde Cristián
Labbé, quien, por otra parte, fue posteriormete desautorizado por el propio
electorado de su Comuna, Providencia, que le dio una amplia mayoría a su
contendora revolucionaria de izquierda, de nombre Josefa, partidaria de las
tomas. Entonces, está claro que Providencia se merece a la Alcaldesa que tiene.
Y si alguno de los recursos de protección de
los padres y madres de familia es acogido, la opinión pública tiene derecho a
no entender nada, vista la jurisprudencia al respecto de la Corte Suprema de
seudo-Justicia. Pero el estado natural y permanente de la mayoría de los
chilenos es el de no entender nada, así es que nada novedoso terminaría por
suceder, mientras una oleada de júbilo recorre a la mayoría del país ante la
nueva realidad de que, por fin, no existe ninguna calle que tenga por nombre
"11 de septiembre".
(Último paréntesis y final: en Egipto, en medio
del caos y la falta de autoridad, los militares se han tomado el poder. ¿A
alguien le resulta familiar esa secuencia?)
Carabineros: grandes aciertos, grandes carencias.
Una parte del éxito en la normal realización de
la jornada electoral del domingo pasado se debe sin duda a Carabineros de
Chile, cuyos efectivos hicieron desalojar durante la noche del miércoles los
locales de votación que se encontraban tomados por grupos minoritarios de
estudiantes. En esa actuación de la fuerza policial destacó la prudencia para
esperar los momentos oportunos, junto al sentido de autoridad para manifestar
inequívocamente a los ocupantes que no se enfrentaban a una negociación, sino a
una acción destinada a hacer cumplir la Ley y a permitir a los ciudadanos el
ejercicio de sus derechos cívicos. El resultado del operativo fue impecable,
ajeno a los escenarios catastrofistas que algunos anunciaron en los días
previos, cuando aún no existía claridad sobre las modalidades del desenlace, y
las declaraciones de ciertos Alcaldes y Alcaldesas parecían complicar todavía
más el escenario.
Sin embargo, inquieta comprobar que un panorama
muy distinto parece ofrecer el estado de la denominada "inteligencia
policial", a juzgar por los informes que los organismos de ese rubro en
Carabineros elaboraron en las horas previas a las marchas estudiantiles del
miércoles 26 de junio y que trascendieron a la opinión pública hacia fines de
la semana pasada. De ellos se desprende que unos cuantos lugares comunes y la
previsión de apenas una ínfima parte de las actividades violentistas tenían por
función preparar a los oficiales que estuvieron al mando de 1.200 efectivos en
esa jornada, en la que habría de realizarse una de las marchas estudiantiles
más masivas del último tiempo. Evidentemente, eso era algo imposible de cumplir
con tales antecedentes. El resultado de ello fue visible para todos: 18 focos
de acciones violentistas, amplia actividad delictiva (y mayoritariamente
impune) de encapuchados ajenos a las marchas, saqueos a plena luz del día,
fogatas y barricadas, ataque con bombas molotov a un cuartel del OS-9, entre
otros desmanes ostensiblemente muy bien organizados y sincronizados. Según los
expertos, parte de estos hechos pudo evitarse si la acción policial se hubiera
apoyado en informes apropiados de inteligencia, que permitieran anticiparse a
ellos.
Más allá de la discusión técnica y Jurídica
acerca de la radicación y facultades de los órganos Estatales encargados de las
labores de inteligencia -un debate frecuente en las sociedades democráticas-,
es evidente que la policía uniformada no puede actuar eficazmente si se
encuentra a ciegas. Existen grandes diferencias entre el desalojo exitoso de
los colegios ocupados y el combate contra los delincuentes que esperan las
marchas estudiantiles para atacar a la población. Y así como es loable que en
el primer tipo de labores citadas la policía uniformada actúe con la prudencia
y el sentido ciudadano que ha demostrado (en esta como en múltiples otras
ocasiones), también cabe esperar que esté en condiciones de enfrentar la
delincuencia con herramientas modernas, que permitan prevenirla o, en su
defecto, detener a los delincuentes, recogiendo al mismo tiempo las pruebas
necesarias para llevarlos a juicio.
A este respecto, nada se logra con modificar la
Legislación si quienes deben aplicarla no pueden hacerlo, por falta de
preparación o de los medios necesarios. Entre estos últimos se cuenta
indiscutiblemente la inteligencia policial, un componente esencial de la
eficacia que aquí se evidencia postergado incomprensiblemente, pues Carabineros
cuenta con recursos materiales, formativos y de personal análogos a los que
tienen a su disposición las instituciones encargadas de la defensa nacional.
Escaso avance en caso Luchsinger Mackay.
Hoy se cumplen seis meses desde el ataque
incendiario perpetrado por un grupo de personas contra el predio del matrimonio
Luchsinger Mackay en la localidad de Vilcún, hecho que terminó con la vida de
ambos. A pesar del tiempo transcurrido, los avances en la investigación han
sido escasos, pues hasta ahora sólo un individuo se encuentra en prisión
preventiva acusado de participar en el ataque, y su detención fue posible
exclusivamente porque una de las víctimas lo hirió a bala, obligándolo a buscar
asistencia médica. Sin embargo, aún se desconoce el número total de agresores
involucrados en el atentado, la identidad de los mismos y su paradero.
Los escasos resultados que arroja el proceso
indagatorio se deben a la negativa que mantiene el único imputado en la causa
de colaborar con la Justicia. No obstante ello, éste ha recibido un trato
especial en la cárcel donde se encuentra, incluso permitiendo que celebre el
año nuevo mapuche con más de un centenar de invitados, situación sobre la que
se ha llamado la atención y que no debe volver a repetirse. Lo anterior, sumado
a la impericia de la Fiscalía y las policías para recabar antecedentes
relevantes que permitan establecer las circunstancias del ataque y encontrar a
todos los responsables, no hacen más que exacerbar la sensación de impunidad
que experimentan los familiares de la víctima, tal como lo expresó uno de sus
hijos en una entrevista publicada ayer por este diario.
Resulta fundamental, entonces, que el ente
persecutor disponga de todos los recursos humanos y materiales a su alcance
para esclarecer este caso en particular y tantos otros ocurridos en el último
tiempo en La Araucanía, que tampoco han sido resueltos y que dejan en la
absoluta indefensión a los afectados. Cabe recordar que en 2012 se registraron
cerca de 300 ataques a casas, camiones y maquinaria en esa región del país, con
pérdidas estimadas en 12 mil millones de pesos.
Variable costo del crédito.
Un reciente estudio del Sernac sobre los
créditos de consumo detectó diferencias de casi 400% en el costo anual de los
mismos y una tasa promedio, para un crédito de un millón de pesos, en torno al
32%. Si bien ese estudio se realizó sobre la base de los simuladores en sus
páginas web (lo que no necesariamente asegura que los créditos sean realmente
otorgados), muestra la gran cantidad de opciones para los consumidores y, al
mismo tiempo, las altas tasas de interés cobradas en comparación, por ejemplo,
con los demás países de la OCDE.
El mercado de los créditos de consumo es
altamente competitivo en Chile, ya que en él participan no solo los bancos,
sino también las casas comerciales, las cooperativas de crédito, las cajas de
compensación y las compañías de seguros. Esto ha significado en las últimas dos
décadas una expansión importante de este mercado, especialmente entre los
grupos de ingresos medios y bajos. Mientras en 1992 el total de los créditos de
consumo representaba el 3,6% del PIB, en 2012 esa cifra alcanzó al 10%, lo que
equivale a más de 25 mil millones de dólares.
Sin embargo, respecto del costo de los mismos,
la alta variabilidad de precios da cuenta de que sigue siendo frecuente que,
por ignorancia o por desidia, los contratantes no tomen las decisiones más
correctas.
Para abordar esto, en los últimos años se ha
introducido en forma obligatoria para las entidades bancarias el concepto de
"carga anual equivalente" (CAE), transformándose en un indicador
eficaz y de fácil comparación para los créditos de un año. Sin embargo, este
concepto aún es poco conocido entre la población. La autoridad debería promover
la educación financiera, ya que eso beneficiaría a todos los contratantes e
impulsaría a las instituciones financieras a ofrecer menores tasas. La creación
del Sernac Financiero ha sido positiva en cuanto a elevar los estándares de
información a los consumidores de servicios financieros, pero aún está
pendiente su capacidad para educar en estas materias.
Algunos sectores han enarbolado como alternativa
la reducción arbitraria de las tasas por la autoridad, mediante una Ley. Eso
sería enormemente perjudicial, como ya lo observó John Locke en el siglo XVII y
se ha comprobado en innumerables ocasiones a lo largo de la historia:
simplemente, cierra el acceso a muchas personas al sistema crediticio formal,
entregándolas a oscuros prestamistas clandestinos.
Cabe insistir en la importancia del proyecto de
Ley que consolida la información sobre el endeudamiento de las personas, ya que
eso permitiría a las entidades de crédito cobrar menos a quienes mantienen un
endeudamiento prudente. La ceguera actual del sistema hace que sectores más
vulnerables de la población, pero con buena conducta de pago, sean perjudicados
con altas tasas de interés, ya que es imposible distinguir el historial
financiero de las personas.
Telecomunicaciones y competencia.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha
ingresado una causa no contenciosa al Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia (TDLC) con el objeto de facilitar el acceso a múltiples firmas de
telecomunicaciones al interior de los edificios. La Fiscalía solicita que se
modifiquen las normas de recepción de inmuebles del Ministerio de Vivienda y
las normas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con el objeto de
garantizar que los habitantes de departamentos en edificios cuenten con la
posibilidad de contratar servicios de telecomunicaciones con más de una
empresa.
En la mayor parte de los casos, tales
habitantes se encuentran con la desagradable situación de no poder elegir a su
operador de telecomunicaciones, porque la empresa inmobiliaria ha firmado un
contrato que, en la práctica, otorga la exclusividad a una empresa del rubro.
Es posible obtener una conexión inalámbrica con empresas alternativas, pero en
tal caso el servicio de banda ancha es limitado en comparación con el que se
obtiene con una conexión física, por lo que a menudo esa alternativa no es
atractiva.
Durante la construcción de edificios, algunas
empresas inmobiliarias hacen competir a las de telecomunicaciones por el
monopolio -implícito- de proveer el servicio y realizar las instalaciones en el
ducto del edificio, el que usualmente es luego bloqueado para que no pueda
ingresar la competencia. Según la Fiscalía, el valor del contrato varía según
el número de departamentos, pero puede llegar hasta las 15 UF por departamento.
Casi toda la renta monopólica que se extrae de los clientes se la llevan dichas
inmobiliarias.
La Fiscalía ya ha intentado prohibir este
comportamiento. En 2002 dictó una norma a este respecto, obligando a construir
ductos independientes que permitan que más de una empresa pueda ingresar sus
cables. Esa normativa no tuvo éxito, y en 2009 el 72% de las personas que
querían cambiar de proveedor de internet no podían hacerlo por dificultades
técnicas.
En consecuencia, ahora la FNE ha solicitado al
TDLC que apruebe nuevas medidas: entre las principales, la obligación para la
inmobiliaria de contactar al menos a tres proveedoras de telecomunicaciones y
permitirles acceso al edificio, y que no haya recepción de obras sin esta
certificación. Luego, que Subtel dicte una norma técnica de construcción de ductos
de telecomunicaciones y, además, que exista un procedimiento de reclamo de los
habitantes del edificio si enfrentan problemas. En edificios antiguos, si no
existe posibilidad técnica de instalar un nuevo cable, la Fiscalía propone que
el operador deba facilitar sus instalaciones para uso de la competencia.
Las inmobiliarias han declarado su oposición a
esta propuesta de la Fiscalía. Esto, en parte, porque la burocracia que supone
el proceso de certificación del aviso a las empresas de telecomunicaciones
puede elevar sus costos, y porque dejan de percibir los ingresos por otorgar el
monopolio de telecomunicaciones respecto de un edificio. Las empresas de
telecomunicaciones no se oponen a la propuesta, tal vez porque la renta
monopólica la extraen tales inmobiliarias, y porque los efectos reputacionales
han sido negativos para estas, mas no para las primeras.
Este esfuerzo de esa Fiscalía por aumentar la
competencia es valioso no solo porque beneficia a los habitantes de los
edificios el disponer de más libertad de elección, sino además porque un
sistema que permite estas malas prácticas pierde legitimidad. Pese a ello, será
difícil fiscalizar algunos aspectos de dicha propuesta, y tal vez sería
apropiado mantener una lista pública de aquellas inmobiliarias que, según los
reclamos de los compradores de sus inmuebles, violan las nuevas reglas.
Depreciación instantánea: una solución
inconveniente.
La propuesta de la candidatura Presidencial de oposición
postula dentro de su programa económico una reforma para que todas las
utilidades devengadas en las empresas -y
no sólo las utilidades retiradas- sean consideradas ingreso para efectos del pago
del Impuesto Global Complementario que se aplica a las personas naturales,
junto a una rebaja en la tasa marginal de ese impuesto, hasta el 35%. Esto
determinaría que la mayor parte de las utilidades empresariales que se
reinvierten tributasen con 35% en vez del 20% actual, lo que amenaza tener
importantes efectos negativos sobre el nivel de inversión que se efectúa en el
país.
Los impulsores de la reforma tributaria, sin
embargo, confían en que ésta no castigaría la inversión, porque, en su opinión,
el punto de partida de los impuestos en Chile sería bajo y, además, porque se
está introduciendo un sistema que
califican como “moderno”, basado en la depreciación instantánea de la inversión
en capital fijo. Es muy difícil sostener que Chile tenga bajos impuestos, en la
medida en que los países con que el nuestro compite atrayendo inversión
prodigan generosas exenciones tributarias, que explican que recauden menos
tributos que Chile por concepto de
impuestos a las utilidades de las empresas. Cuando Irlanda quiso mejorar su
competitividad en la captación de inversiones, en lo que fue
extraordinariamente exitoso, adoptó una tasa de impuestos a las empresas de
10%.
En cuanto a la depreciación instantánea,
refleja la intención explicable de
suavizar la reforma, pues la visión económica predominante es que la mayor
recaudación que pueden generar los impuestos a las utilidades -cuando el
capital es altamente móvil como en Chile- será financiada, en último término,
por los trabajadores, a través de menores salarios, que son la consecuencia de
una menor inversión. No obstante, como paliativo, la depreciación instantánea
de la inversión en capital fijo sería insuficiente e incluso contraproducente.
Técnicamente, la depreciación instantánea de la
inversión en capital fijo es capaz de neutralizar el efecto de los impuestos en
ciertos proyectos que tienen un retorno
normal sobre ese tipo de inversión. En los tiempos actuales, cuando el
crecimiento parece estrechamente vinculado a los aumentos de productividad, que
a su vez derivan de aplicación de desarrollos tecnológicos u organizacionales,
el motor del crecimiento parecen ser proyectos exitosos y, por ende, con alta
rentabilidad, menos intensivos en capital fijo. Así, la depreciación
instantánea resulta ser un artefacto tributario anticuado, resabio de una época
en que el progreso se asociaba a inversión en ladrillos y cemento, pero que en
la actualidad no serviría al propósito de mantener nuestra economía tributariamente atractiva para el emprendedor
moderno.
No hay episodios de crecimiento sostenido en el
mundo, a tasas en exceso de 2% a 3%, que no deriven de aumentos de
productividad. Ese 2% a 3% parece ser el límite -muy distante de las
expectativas de los chilenos- que se impondría al crecimiento si aumentan los
impuestos a las utilidades con depreciación instantánea de la inversión en
capital fijo, salvo que, como China y otros pocos casos excepcionales, fuera
posible crecer, sin aumentos de productividad, ahorrando más para invertir el
doble que hoy en capital fijo.
Algunas cartas para meditar.
Señor Director:
Feudalismo y elecciones.
Algunos creímos que era importante votar por
Orrego para mantener la influencia moderadora del Partido Demócrata Cristiano.
Parece que ya no existiría tal partido, sino que es un territorio de señores
feudales que buscan antes que nada conservar sus títulos.
Ernesto Tironi B.
Señor Director:
Elecciones, valores y consecuencia.
No existe una mejor forma de conocer al
"mundo político" que al día siguiente de una elección.
César Antonio Santis.
Señor Director:
El regreso de la “UP”.
Se me pide ayer en estas páginas que despierte,
porque los tiempos han cambiado. Está claro que ya no existe la Unión Soviética
(nuestro “hermano mayor” se nos decía) y que se derrumbó el muro de Berlín;
también que el peso inexorable de los años ha caído sobre los hermanos Castro.
Tampoco figura por estos lados ningún Altamirano o similares. Pero Putin sigue
alabando a Stalin, quien, si bien no se “comía las guaguas”, tiene a su haber
millones de asesinados. En estas latitudes, el sucesor de Chávez Gobierna
conforme a sus inspiraciones, que le transmite tomando cuerpo en un pajarito
que se le aparece de vez en cuando. Y entre nosotros, caras muy visibles y
representativas de la “nueva mayoría” rescatan, expresa o tácitamente, su
pasado en el FPMR.
Precisamente como estoy despierto y con los
ojos muy abiertos, es que sugerí estar atentos y vigilantes ante el regreso de
la UP, vestida ahora con un nuevo ropaje. Es lo menos que se puede pedir.
Enrique González Ylabaca, Abogado.
Señor Director:
Tomas sin derechos
El acceso a la educación es un derecho
fundamental de todo ser humano; así lo establece nuestra Constitución y también
lo concibe la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU.
Las tomas de los establecimientos escolares
violan este derecho humano fundamental y son antidemocráticas. La democracia no
se reduce al gobierno de la mayoría, sino que ella también busca resguardar
ciertos derechos fundamentales, derechos que hoy día están siendo vulnerados
por un grupo de estudiantes.
Un llamado a la sensatez. ¿Es legítimo que un
grupo de estudiantes pueda quitarles a sus compañeros el derecho a estudiar?
Una votación entre estudiantes no les da derecho a dejar sin estudios a otros
jóvenes, ni siquiera en nombre de una mejor educación. Es por ello que las
tomas son actos violentos, que vulneran los derechos de los estudiantes así
como también de los docentes y de otros funcionarios, usurpando una propiedad
que no es de ellos, sino de todos los chilenos.
Las tomas no solo han privado a miles de niños
de su derecho de asistir a clases y recibir educación -incluso a costa de miles
de repitentes en el año 2011-, sino que además los destrozos materiales que han
causado en los últimos años significan un enorme perjuicio al patrimonio
nacional, y con ello a todos los ciudadanos.
Tenemos que recordar que la educación implica
en primer lugar deberes y de ellos surgen los derechos. Tenemos que recuperar
el respeto por los demás alumnos, por los profesores, por los padres y por la
ciudadanía en general. Es importante que las familias inculquen desde pequeños
el respeto, el esfuerzo y el deber para con los demás, recordando que los
padres son los primeros educadores de sus hijos y que el Estado no puede
quitarles ese rol.
Como Ministerio de Educación reprobamos este
tipo de acciones y consideramos incomprensible que quienes reclaman por una mejor
educación al mismo tiempo destruyan sus establecimientos. La historia nos ha
demostrado una y otra vez que los caminos de la violencia no conducen a la
solución del problema, sino todo lo contrario.
Fernando Rojas, Subsecretario de Educación.
