Elecciones primarias chilensis.
Creemos que las primarias de ayer solamente
sirvieron para despejar la incógnita de quien será el representante de la
Alianza, Pablo Longueira, que enfrentará
en noviembre a la candidato de la extrema izquierda, Michelle Bachelet, y que
posiciones concertacionistas quedarían huérfanas.
Pensamos que un análisis simplista podría
llevar a pensar que las elecciones de fin de año están definidas, pues, el
proceso de ayer, a pesar de la gran participación, solamente buscaba clarificar
quienes serían los contrincantes para la contienda de fin de año.
Las situaciones que creemos deben dilucidarse
son que determinación tomará el electorado social cristiano de la DC, que sin
duda quedó en la encrucijada de apoyar a una persona que está en las antípodas de
su pensamiento y valóricamente botados.
Un caso especial, es la encrucijada de los
votantes de Velasco, que presentó un programa francamente de derecha, y que
tendrán que elegir entre gente que tiene un programa bastante similar, como
Longueira, y un programa estatista como el de Bachelet.
Nuestro análisis nos lleva a concluir que
quienes pretendan que las elecciones de noviembre están selladas están equivocados,
creemos que el resultado es tan incierto como fue en las tres últimas
elecciones Presidenciales y que se alzará con el triunfo quien logre atraer a
los centristas.
Nosotros, que por posiciones libertarias y de
defensa de la libre iniciativa estamos con las posturas de Longueira pensamos que
si se trabaja bien, derrotar al Estatismo de Bachelet está a la vuelta de la
esquina y que podremos avanzar a un país más justo.
Avenida de la Discordia,
por Joaquín García Huidobro.
Todas las pasiones se han desatado sobre la
tranquila Comuna de Providencia. La Alcaldesa y sus adherentes están tan
apurados en cambiar de nombre a la avenida 11 de Septiembre, que no tienen ni tiempo
para hacer una consulta ciudadana. Los partidarios del antiguo régimen, en
cambio, defienden el nombre e invocan la necesidad que tiene todo país de
conservar su historia.
Se podría haber invocado el ejemplo de la
izquierda argentina, que luchó denodadamente hasta conseguir que el 24 de
marzo, día del golpe militar de 1976 contra Isabelita, la viuda de Perón, fuese
declarado "Día de la Memoria". Ellos saben que "recordar"
no es lo mismo que "celebrar", y quieren mantener viva esa fecha para
que nadie olvide lo que pasó.
El tema es difícil y no debe sorprendernos que
algunos quieran resolverlo de manera rápida y con brocha gorda.
Numerosos chilenos recuerdan con alivio y
agradecimiento el 11 de septiembre de 1973. Para ellos, esa fecha puso fin a
tres años de angustias, que comenzaron el 4 de septiembre de 1970. Durante ese
tiempo, vieron cómo el país se caía a pedazos y se tornaba cada vez más
incierta la posibilidad de vivir un futuro con las mínimas libertades. Por eso,
quieren mantener el nombre de la calle.
Para otros, tan chilenos como los anteriores,
las cosas se presentan exactamente al revés. En sus vidas, el 11 de septiembre
puso fin al más hermoso de sus sueños y lo transformó en una pesadilla.
Conservar ese nombre implica para ellos traer constantemente a la memoria una
multitud de recuerdos ingratos.
El debate que enfrenta hoy a Providencia es un
episodio más de una guerra donde se juega la interpretación de nuestro pasado,
es decir, de nuestras vidas.
Si mantenemos el nombre de la calle, una parte
de los chilenos se sentirá excluida. Pero si lo cambiamos, sucederá lo mismo
con la otra. En uno y otro caso, será la "Avenida de la Exclusión",
que es el modo en que, desde hace medio siglo, venimos resolviendo nuestras
diferencias. Parece que siempre habrá unos chilenos en el exilio, o en la
cárcel, o simplemente que están de más: solo cambia su signo ideológico.
Esta disputa no termina, solo cambia el
escenario. Puede ser o una calle, un museo o una mesa que perteneció al general
Pinochet, pero el fondo es siempre el mismo: sacar de nuestra vista lo que nos
incomoda. Los chilenos nos sentimos tan inseguros que no somos capaces de
presentar la realidad con todas sus complejidades, con sus infinitas facetas y
contradicciones. Preferimos el relato fácil, que tiene la ventaja de dejar a
los otros sumidos en la penumbra: son los malos, y a los malos no se los
entiende, se los combate.
¿No habrá otro modo de ver las cosas? ¿No
podríamos tener una calle que no signifique negar la historia, pero que, al
mismo tiempo, no implique desalojar a unos o a otros de nuestro horizonte?
¿Cómo conseguir que la calle represente a los chilenos del 11 de septiembre sin
excluir a los del 4 de septiembre?
¿No podríamos hacer un esfuerzo, un ejercicio
quizá doloroso de apertura, y empezar a llamar a esa vía simplemente
"Avenida de Septiembre"?
No se trata de "un" septiembre (unas
veces del gusto de la izquierda, otras de la derecha), sino de
"todos" los septiembres que componen nuestra historia: el 4, el 11,
el 18 y el 19.
Puede que esta solución no deje a nadie
eufórico. Ninguno tendrá la satisfacción malsana de ver a su enemigo retorcerse
de rabia a sus pies, pero al menos nos dejará tranquilos, con la conciencia de
haber hecho algo bueno por la patria. De paso, sería una buena señal acerca del
valor de los medios políticos de convivencia.
Estas semanas hemos visto cómo, en las
generaciones jóvenes (y no tan jóvenes), muchos se han dejado apresar por la
lógica del odio y la discordia, por las simplificaciones fáciles e injustas.
Esas conductas son comportamientos heredados; muestran que los corazones de los
mayores distan mucho de estar en paz.
En cambio, una medida como esta implica mirarse
a la cara sin capuchas (las hay de todos los signos), reconocer al otro, y
entender que nuestro adversario (militar o mirista) tiene una lógica detrás de
su conducta, y no es un marciano sanguinario bajado de un ovni para
destruirnos. Es necesario comprender que se trata de un hombre o una mujer que,
simplemente, tiene una historia distinta de la nuestra.
Acuerdos como este permitirían recordar que,
afortunadamente, existe una forma modesta pero hermosa de entenderse con el
distinto: se llama política. Ella permite que el distinto deje de ser distante.
No está de más tenerlo presente en el día de las primarias, que marcan el
comienzo de una campaña presidencial que promete ser especialmente dura.
Ser un país atrayente.
Las positivas señales de política económica del
Gobierno actual han redundado en su período en una afluencia de inversión
extranjera de magnitudes inéditas. Es crucial que Chile siga siendo un país
abierto y atractivo.
Destaca el contundente éxito conseguido por
Chile el año pasado en materia de inversión extranjera: recibimos del exterior
30.000 millones de dólares de aportes netos de capital a empresas nacionales,
la undécima economía del mundo más favorecida, según ha dado a conocer la
Unctad. Los avances logrados en Chile son el resultado de las buenas
instituciones y políticas públicas, así como de la eficaz labor del Comité de
Inversiones Extranjeras.
Chile es un país abierto, que mantiene tratados
de libre comercio con 60 naciones y acoge bien a la inversión extranjera. Sus
instituciones dan confianza. Nadie puede extrañarse de que las positivas
señales de política económica emitidas por el Gobierno actual hayan redundado
en su período en una afluencia de inversión extranjera de magnitudes inéditas.
Desde luego, ha contribuido también el auge de
la minería. Un tercio de lo registrado corresponde a la reinversión de
utilidades de las multinacionales ya instaladas en nuestro país, muchas de
ellas en la minería. La bonanza del cobre ha desencadenado una ola de nuevas
inversiones. Además, es posible que el volumen de capitales reportados incluya
algunas operaciones de carácter puramente financiero, como sugiere la abrupta
salida registrada en abril último. El Banco Central haría bien en presentar con
más detalle las cifras de inversión extranjera. Pero, aunque nos falte aún en
diversificación y estabilidad de los flujos de inversión extranjera, el avance
de los últimos años no puede sino ser calificado de notable.
Como atestiguan múltiples ejemplos
internacionales, es mucha la contribución que puede efectuar la inversión
extranjera al desarrollo de los países. No solo financia grandes inversiones
necesarias para crecer, sino que también aporta nuevas tecnologías, eleva la
capacitación laboral y estimula la competencia. Por eso llama la atención que
en el debate político nacional surjan planteamientos que perjudicarían nuestra
capacidad de seguir atrayendo inversión extranjera. En efecto, se habla desde
terminar con el llamado DL 600 y subir fuertemente los impuestos a las empresas
-como ha propuesto la candidatura de Michelle Bachelet- hasta de la
estatización de la minería, fórmula que patrocina el Partido Comunista.
Es crucial que Chile siga siendo un país
abierto y atractivo, y que recibamos del exterior no solo productos y
capitales, sino también talentos, ideas y tecnologías.
Desafíos en América Latina
por Jim Yong Kim.
Esta fue una buena década para América Latina.
El crecimiento económico promedió 4,2%, y 70 millones de personas dejaron la
pobreza. La estabilidad macroeconómica, políticas comerciales más abiertas y un
clima de inversión favorable afianzaron dicho crecimiento.
Los beneficios económicos se expanden. Un
reciente informe del Banco Mundial reveló que el número de personas de clase
media en América Latina creció en 50 millones entre 2003 y 2009, un aumento del
50%. Todo un logro para una región caracterizada por la desigualdad en la
distribución de la riqueza.
De cara a mi próximo viaje a la región, es
tangible que ésta emerge como uno de los motores del crecimiento a nivel
mundial. Sin embargo, aún hay mucho por hacer para que todos los
latinoamericanos compartan la creciente prosperidad.
Si bien la desigualdad está disminuyendo,
América Latina aún es la región más desigual del mundo. Durante el período
2008-10, ocho de los 10 países con mayor índice de desigualdad en el ingreso pertenecían
a la región. La movilidad intergeneracional sigue siendo limitada: el futuro de
un joven aún es determinado en gran parte por el origen económico y social de sus padres.
En aquellos países que se han beneficiado del
auge de las materias primas en la última década, los frutos no han llegado a
todos, lo que alimenta las tensiones sociales y la frustración entre los que se
sienten postergados.
De no solucionarse, la desigualdad seguirá
atizando la volatilidad en toda la región. Buscar un crecimiento compartido,
además de ser lo correcto desde una perspectiva social y política, es un
imperativo económico. Para que las promesas en torno al crecimiento se vuelvan
realidad, los diseñadores de políticas deberán garantizar, junto a la comunidad
internacional, incluido el Banco Mundial, que los avances económicos beneficien
a todos.
¿Qué
hace falta para lograr una prosperidad compartida?
Primero, los Gobiernos deben asegurarse de que
la gente no quede relegada por el mercado. El notable progreso de América
Latina en términos de reducción de la pobreza durante la última década fue
resultado de salarios más altos y políticas sociales mejor orientadas. Esta
tendencia debe continuar.
Segundo, hay que hacer más para proporcionar
educación de calidad a los más vulnerables. Ello les permitiría participar de
forma más activa en la economía, profundizando su inclusión social.
Por último, es clave mejorar la capacidad para
brindar servicios a la población vulnerable. Si esto no se hace, aun las mejores políticas significarán poco
para los supuestos beneficiarios. El Banco asistirá a los Gobiernos
latinoamericanos en la adopción de un enfoque más científico y práctico en la
prestación de servicios para el desarrollo.
Aunque América Latina avanzó notablemente en
los últimos años, queda mucho por hacer. Comprender aún mejor qué se necesita
para garantizar que las oportunidades y la prosperidad lleguen a todos los
latinoamericanos, es el principal objetivo de mi visita.
Novedades en la legislación familiar.
Tras la aprobación del divorcio y la creación
de los Tribunales de familia (ambas en 2004), dos polémicas y grandes reformas
en materia de legislación familiar, la labor del Congreso en estas materias fue
bajando en protagonismo. El Acuerdo de Vida en Común, cambios en el régimen
patrimonial del matrimonio y el recientemente aprobado proyecto de
corresponsabilidad parental parecen ser las excepciones.
En un año de debate Presidencial es importante
revisar en qué se encuentra una agenda que suele despertar encendidas
discusiones.
Tuición compartida.
El proyecto más polémico en materia de familia
desde la Ley de Divorcio, la nueva Ley de Corresponsabilidad y Tuición
Compartida, empezó a regir la semana recién pasada, tras casi cinco años de
tramitación. Bajo la presión de grupos de padres que exigen un rol más activo
en la crianza de sus hijos tras una separación matrimonial y con poco acuerdo
entre los expertos, se logró la aprobación de esta ley que va de la mano con un
cambio cultural en el país.
La iniciativa se centra en la idea de que sean
los padres los que acuerden quién de ellos y en qué modalidad ejercerá el
cuidado de los hijos tras una separación. Desde mediados del siglo XIX, en el
Código Civil de Andrés Bello se establecía que la madre era quien asumía ese
cuidado. Esta norma en términos generales se cumple, salvo cuando los padres
acuerdan otra fórmula o la madre es declarada por la justicia como incapaz de
asumir dicha responsabilidad.
Ahora, la nueva legislación entrega en primera
instancia a ambos padres la decisión de cómo distribuir el tiempo y cuidado de
los niños, abriendo además la alternativa de la tuición compartida, que es el
cuidado consensuado de los menores, y de la patria potestad del hijo también
compartida. Con esto, se pone fin a la patria potestad exclusiva del padre, hoy
desfasada de la realidad: hasta esta ley, las madres no podían siquiera abrir
cuentas de ahorro para sus hijos.
La norma además se hace cargo de otros asuntos
que hoy complican los lazos familiares post separación, por ejemplo,
estableciendo un sistema de visitas para los abuelos, independiente de los
acuerdos a que lleguen los padres.
En la tramitación, el punto de escollo estuvo
dado por una norma supletoria que indicaba que, tras el fin de la convivencia,
si no había acuerdo de los padres, se entregaba a la madre el cuidado de los
hijos. Un grupo denominado «Amor de Papá», que reúne a padres separados,
presionó por mantener la igualdad y corresponsabilidad desde los primeros días.
Finalmente, se estableció que, de no haber acuerdo, regirá un cuidado personal
compartido.
En líneas generales, el proyecto se pone al día
con una realidad marcada por la mayor presencia femenina en el mercado laboral
y hombres asumiendo un rol más activo en la crianza. En principio, entregar a
los padres y no al Juez la decisión parece un acierto, al tratarse de un asunto
íntimo y complejo. Los que apoyan la Ley dicen, además, que es un paso
inevitable, dado que en la mayoría de los países desarrollados la Ley de
tuición compartida ya rige hace años.
Dicho eso, queda por ver en la práctica si
estas nuevas disposiciones efectivamente logran cautelar el interés del niño y
si el objetivo de que los padres acuerden el sistema de cuidado no se entorpece
con al estrés y dolor asociado a una separación. Este es un caso ejemplar de
urgencia en la evaluación post-implementación de la Ley, dado que es de
altísimo interés que los hijos de matrimonios separados cuenten con un sistema
que resguarde sus derechos y tranquilidad tras el quiebre de sus padres. Viene
también ahora un período de ajuste cultural a esta nueva legislación, aunque
los abogados de familia aseguran que crecientemente en los últimos años los
padres están llegando por voluntad propia a acuerdos de cuidado compartido.
Pensión de alimentos al debe.
En
Chile, el no pago de pensión alimenticia es un fenómeno de alta ocurrencia. En
2011, se presentaron ante los tribunales de familia 200 mil demandas de este tipo.
Esto, pese a que en las últimas tres décadas se han aprobado sucesivas normas
para perseguir el no pago. La multa se ha elevado tres veces y se han
modificado las sanciones otras dos. Incluso, se descuentan de la devolución de
impuestos (el año pasado se confiscaron más de siete mil pagos) y hasta con
penas de cárcel (reclusión nocturna) se sanciona en última instancia. También
se ha planteado que las deudas de pensión de alimentos aparezcan en DICOM y
otros castigos, pero el problema persiste.
Sobre el tema hay media docena de proyectos en
espera, los que no se han movido en los últimos meses.
Una de las aristas que preocupan es que estos
casos concentran un tercio de las causas de los juzgados de familia,
congestionando aún más esos tribunales.
Otras iniciativas.
La Comisión de Familia de la Cámara de
Diputados en el último tiempo ha estado fuertemente concentrada en los temas de
violencia intrafamiliar y acoso sexual. En ambos casos se tramitan proyectos
que buscan mejorar los actuales sistemas de alerta, especialmente en el
primero, donde los femicidios de los últimos años han evidenciado cómo el
sistema de protección de las agredidas no las blinda de futuros ataques.
Pero aparte de las discusiones puntuales, el
desafío general cuando se discuten materias de familia es lograr una adecuada
sintonía con la realidad social, de manera que las legislaciones solucionen
problemas sin crear otros nuevos. Se trata de temas complejos porque apelan a
los propios Congresistas en sus valores y creencias, lo que dificulta la
discusión. Por lo mismo, es clave que el diseño previo de los proyectos sea
cuidadoso y coherente, y, también, que haya permanentes evaluaciones ex post
sobre el impacto real de estas legislaciones.
Soluciones y pasos en falso en Brasil.
Multitudinarias protestas registradas en
numerosas ciudades brasileñas provocaron perplejidad entre los dirigentes de
ese país. En vista de que las marchas y manifestaciones no cedían, la Presidente
Dilma Rousseff decidió salir a apaciguarlas prometiendo llamar a un plebiscito
para una asamblea constituyente, iniciativa en la que el Gobierno tuvo que
echar pie atrás debido a que la Mandataria había pasado por alto
consideraciones institucionales mínimas.
El paso en falso de la Presidente deja en claro
que la respuesta ante movilizaciones de este estilo debe tomar en cuenta una
serie de variables y no puede ser apresurada ni dominada por el temor a
movimientos que se expresan con fuerza en la calle. Desde un punto de vista
político, la concesión inmediata ante este tipo de requerimientos probablemente
sólo ayudará a radicalizar a quienes los hacen, y a convencerlos de que la
presión en las calles es más útil y válida que los mecanismos institucionales,
al mismo tiempo que significa una temprana renuncia de las autoridades a
ejercer el liderazgo que debe reclamárseles en una ocasión como ésta. Desde la
perspectiva Constitucional, es clave que las propuestas para hacer frente a las
exigencias planteadas desde la calle cumplan con todos los requisitos que la Ley
establece, porque pasar por encima de ellos puede provocar perjuicios graves.
Finalmente se ha acordado que se desarrollará
una consulta popular para definir la forma y el contenido de los cambios,
aspectos que serán revisados por el Congreso. Aunque todavía se echa de menos
en esta solución un mayor liderazgo desde el Gobierno, el camino escogido
parece una forma más adecuada de enfrentar el reclamo proveniente de las
manifestaciones, pues da cauce institucional a las demandas sin renunciar a los
deberes exigibles a los poderes del Estado.
Un par de cartas para la meditación.
Señor Director:
Toma de colegios.
Las imágenes que constatan la destrucción
ocasionada por las tomas en aquellos liceos que fueron desalojados la noche del
miércoles, nos hablan de un cobarde e injustificable acto de violencia contra
esas comunidades escolares, cometido por una minoría que supuestamente dice
representarlas. Estamos ante un masivo y gravísimo acto de bullying de una
minoría en contra de la mayoría de sus compañeros, profesores y apoderados.
Igual que en los casos tradicionales de
bullying, los agresores dicen tener un montón de razones para justificar su
actuar destructivo en contra del resto de la comunidad escolar. Pero eso no es
efectivo; nada justifica agredir a la comunidad a la cual se pertenece.
Más aún, como en el bullying tradicional el
agresor también termina dañándose a sí mismo, en este caso, esas minorías que
se han tomado los establecimientos impidiendo hacer clases y provocando
cuantiosos daños materiales también están destruyendo su propia educación, por
la cual supuestamente luchan.
Es hora de que los actores sociales dejen de
justificar este bullying que una minoría se hace a ella misma, a sus
comunidades escolares y a la sociedad. No conduce a algo bueno, y menos a una
educación de calidad para todos.
Alberto Vergara A.
Señor Director:
Eliminación del FUT.
Deseo referirme a la carta de doña Carmen
Gloria López (28.06.2013), en la cual señala una serie de imprecisiones, entre
las cuales destaca que las utilidades acumuladas en el FUT son solamente un
incentivo para los dueños de las empresas y no afectan las inversiones en
ellas.
Su afirmación demuestra una tremenda liviandad
para referirse a este tema, ya que esas importantes sumas de dinero, acumuladas
en la mayoría de los fondos, han sido destinadas desde la implementación del
tal mecanismo a la inversión plena en bienes de activo fijo, inmuebles para fábricas, maquinarias, vehículos de
transporte, infraestructura, activos realizables, etc.
Todo ello ha permitido un crecimiento sostenido
en la economía, aportando miles de puestos de trabajo como nunca se había
conseguido en los últimos 30 años.
Para tratar este delicado e importante tema no
hay que dar opiniones sesgadas. Miles de empresarios (sin importar su corriente
política) han utilizado esos recursos
para destinarlos a inversiones como las señaladas, y la gran mayoría no retira
esos fondos porque sería una irresponsabilidad dejar a sus propias empresas sin
recursos si hubiesen efectuado retiros más allá de sus propias necesidades.
Además, ellos no están disponibles en saldos en cuentas corrientes o depósitos
a plazos, sino que invertidos para dar crecimiento en todo nivel.
Finalmente, respecto a la alternativa de
invertir a nivel de Estado, ésta no es una decisión para aplaudir. Ha quedado
demostrado que el Estado no es un buen administrador de recursos fiscales, y
quienes están a cargo de ese rol muchas veces no tienen las competencias
profesionales, sino que son políticos de turno a los cuales hay que pagarles
favores partidistas y/o electorales.
Gonzalo Trigo Pastén, Contador auditor y asesor
tributario.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.