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La zona centro
sur, y gran parte del país, han sentido esta semana la
llegada del invierno con temperaturas gélidas,
las que se mantendrán
el fin de
semana, además de anuncios de posibles lluvias.
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Primarias, importante paso para Chile,
por Juan Emilio Cheyre.
Las inéditas elecciones primarias han acaparado
atención y titulares. La cantidad de cupos que se definirán y el número de
electores que participen son importantes; sin embargo, hay valores y objetivos
adicionales.
Con las primarias, el país incorporará
variables relevantes en los estándares de fortalecimiento de la democracia y
sus instituciones. Destaca la posibilidad de que toda la ciudadanía pueda ser
parte de decisiones como la definición de candidatos. La participación de
independientes en resoluciones antes exclusivas de los partidos es relevante.
Prueba es que de los 13.307.182 electores, sólo 858.640 están afiliados a
partidos políticos, y de ellos, 200.638 no están habilitados para sufragar,
debido a su afiliación a 10 partidos políticos que no participan de este
proceso. Este hecho marca una posibilidad concreta de erradicar decisiones
cupulares antes restringidas a los partidos y a sus dirigencias. Por ello, como
Consejo Directivo del Servel dimos máxima importancia a propiciar para los
independientes una cédula única, asegurando el secreto de su voto y la reserva
de su preferencia.
Respecto de las 200.638 personas no habilitadas
para votar, han surgido casos que manifiestan desconocer su afiliación a alguno
de los partidos que no participan en la primaria. Debe recordarse que el
Registro General de Afiliados compete a cada partido político, y en esta
materia, el Servel sólo mantiene un duplicado de aquel registro de acuerdo con
las comunicaciones que los mismos partidos informan. La ciudadanía tiene que
asumir la necesidad de informarse de su situación en inscripción en un partido,
y también se hace conveniente perfeccionar la Legislación en aras de notificar
en forma más adecuada las afiliaciones a los involucrados, evitando situaciones
de desconocimiento, como las que se han detectado. En el mismo plano Legislativo
seguimos aportando ideas para depurar el padrón de un número indeterminado de
fallecidos que se mantendrá, dada la carencia de una fórmula que permita al
Registro Civil entregar la información para resolver el tema.
La organización de esta elección ha sido
compleja. El Gobierno ya no tiene responsabilidades, salvo las vinculadas a
seguridad y orden público. Es un avance importantísimo en términos de
prescindencia política. Hemos buscado eliminar cualquier barrera que dificulte
el ejercicio del voto a los electores y resaltado que las primarias son una
elección importante. Un esfuerzo en capacitación ha satisfecho en una semana
tres millones de consultas. También las primarias permitirán avanzar en la
transparencia en la difusión de resultados. Se entregarán en tiempo real, desde
que se obtienen los primeros cómputos vía internet e incluso teléfono celular.
Los partidos políticos conocerán las 13.541 actas escaneadas de mesas
receptoras de sufragio. Será un impresionante avance en una materia tan
significativa.
Las primarias son importantes por sí mismas.
Sin embargo, creemos que, adicionalmente, constituyen un gran paso en temas tan
relevantes como confianza, fe pública, transparencia, despolitización,
autonomía y participación. Todos son factores que inciden en la calidad de
nuestra democracia. Ese es un activo que, como país, estamos llamados a
fortalece
Educación y política
por Patricia Matte.
Soy de aquellas personas que quedaron
esperanzadas con el tono en que se desarrollaron los debates entre los
postulantes a las primarias, en ambos sectores. Quizás no es lo que esperaban
los que siguen religiosamente los trending topics en las redes sociales o se
alimentan con las 140 palabras de Twitter, o quienes esperaban sangre. Pero los
ciudadanos que deseamos que nuestro país continúe progresando y que los
problemas que hoy tenemos, muchos de ellos acuciantes, se vayan solucionando,
tenemos la convicción de que la única forma de continuar por el camino del
desarrollo es que nuestros líderes políticos confronten sus opiniones en forma
respetuosa, acerquen posiciones y lleguen a acuerdos que permitan avanzar en
aquellos aspectos en que hay más consenso. Esos acuerdos deben reflejar las
inquietudes de los ciudadanos a los que pretenden representar, pero eso no
implica posponer el bien común en aras de satisfacer las presiones, muchas
veces cambiantes, de sus representados.
Uno de esos grandes temas es el de educación.
Ahí está la apuesta central para disminuir la desigualdad y continuar
desarrollándonos como país en forma armónica. Este ha sido uno de los problemas
que nuestra clase política no ha podido manejar con éxito y, además, uno de
aquellos -junto a muchos otros, como los de salud y energía- que para ser
resueltos requieren acuerdos que trascienden con largueza los períodos Presidenciales.
Los sistemas educacionales eficaces han tomado largo tiempo en desplegarse y afianzarse
y suponen una mirada de Estado. Son complejos, necesitan reglas del juego
claras y ajustes permanentes.
Es verdad que hemos creado varias instancias de
reflexión y discusión sobre este problema que nos toca a todos. La comisión
creada en el Gobierno de la entonces Presidente Bachelet podría considerarse
casi una asamblea constituyente para la educación general. Esta fue convocada
ante la presión de los propios estudiantes secundarios que en 2006 pusieron en
la agenda el tema de la calidad de la educación pública. De esta comisión, en
la que estuvieron representados no solo todos los sectores políticos, sino
también los actores sociales y los estudiantes mismos, surgieron los acuerdos
que permitieron diseñar un nuevo marco institucional, que desde hace muy poco
tiempo nos rige.
Las Leyes que derivaron de este nuevo marco
institucional, específicamente la más importante de ellas, la de Calidad y
Equidad de la Educación, que implica la puesta en marcha de la Superintendencia
y la Agencia de Calidad de la Educación, están recién en marcha blanca y sus
efectos aún no son visibles para la población. Estos acuerdos se construyeron
dejando de lado las posturas maximalistas: las de aquellos que creían que el
Estado debía retomar la tarea de educar, y relegar a los privados a una
posición secundaria (lo que contravenía la tradición histórica de nuestro
país), y la de quienes pensaban que la libre competencia bastaba para mejorar
la calidad de la educación.
Todos los temas fueron abordados, incluyendo el
del lucro en la educación general, y se coincidió, tras largos debates, en un
marco de principios y acuerdos que cristalizaron en una nueva Ley General de
Educación. Esta puso fuerte énfasis en la calidad de la educación, y mantuvo la
libertad de los padres para elegir el proyecto educativo que más se avenga con
su proyecto de vida. Un ejercicio similar, por un grupo mucho más pequeño, pero
igualmente representativo, propuso un marco de acuerdo sobre educación
superior. Un renovado sistema de financiamiento y la propuesta de una
superintendencia y un nuevo sistema de acreditación surgieron de ese
acercamiento de posiciones, que también fue y sigue siendo acompañado de
fuertes movilizaciones y de una simplificación de temas complejos y con
múltiples aristas.
Hoy nos encontramos en un punto de inflexión no
solo por el futuro cambio de autoridades, sino porque, al parecer, ese
recambio, rutinario en una democracia, puede implicar un desconocimiento de los
acuerdos tan trabajosamente logrados y un cambio de prioridades en la agenda
educativa. Los que estamos involucrados en educación sabemos que no resulta
posible avanzar en todos los frentes simultáneamente.
Solo por ejemplificar: la educación preescolar,
base de mejoramiento de todo el sistema educativo, no implica solo un aumento
de cobertura o de infraestructura, sino también un cambio profundo de las
prácticas pedagógicas que hoy utilizamos. Supone el diseño de distintas
soluciones educativas, que den cuenta de la diversidad de beneficiarios que el
sistema debiera tener, si se produce el aumento de cobertura que todos
esperamos. No es lo mismo dar atención preescolar en sectores rurales apartados
que en zonas urbanas. Se debe, además, readecuar la institucionalidad del
Estado a este desafío. Son tareas muy complejas, que requieren un esfuerzo
financiero e institucional muy importante y de largo aliento.
Este es el tipo de análisis que requerimos de
nuestros representantes en el Congreso, que orienten y pongan límites a los
grupos de presión, que no necesariamente miran al bien común. Difícilmente este
tipo de razonamiento puede darse en ambientes políticos enrarecidos, que son
caldo de cultivo para la sobresimplificación de los argumentos.
¿Cómo debiera rediseñarse nuestro sistema
político para avanzar sin perder el rumbo en uno de nuestros grandes desafíos
como país? La respuesta está en dialogar y discernir cuáles son aquellos
elementos del actual sistema que nos están impidiendo llegar a consensos sobre
temas tan relevantes como la educación. Se necesitan liderazgos políticos con
fuerte respaldo en el Congreso, pero se necesitan también acuerdos de base. De
lo contrario, nos será difícil avanzar sobre lo que ya hemos logrado.
El camino al infierno
por Rolf Lüders.
Ciertas propuestas de campaña electoral,
analizadas a la luz de la experiencia,
hacen recordar aquellos viejos dichos que rezan que el camino al
infierno está plagado de buenas intenciones y que el hombre es el único animal
que tropieza dos veces con el mismo obstáculo. En efecto, aquellos candidatos
que proponen modificaciones de fondo a nuestro ordenamiento económico-social
deben tener las mejores intenciones, pero lamentablemente, parecen no haber
aprendido absolutamente nada de nuestra historia.
Mientras Chile tuvo un sistema económico en que
el Estado pretendió ser el motor del desarrollo e intervino creciente y
discrecionalmente en la economía, nuestro PIB per cápita cayó sostenidamente,
desde un 51% de aquel de los Estados Unidos en 1912, hasta un 22% del mismo en
1973.
En cambio, desde 1974, Chile ha estado
prosperando, también sostenidamente, al amparo de un sistema económico de
mercado, hasta hace poco ampliamente consensuado, en que el Estado juega un rol
clave pero subsidiario. Tanto así, que nuestro PIB per cápita es hoy, aproximadamente,
el 35% de aquel de los EE.UU., aún distante de aquel que habíamos alcanzado a
comienzos del siglo pasado y todavía lejos del requerido para ser un país
desarrollado.
El crecimiento ha generado un sorprendente
mejoramiento del estándar de vida de todos los sectores, especialmente de los
de menores ingresos, y últimamente, ha resultado en una significativa tendencia
a la disminución en la desigualdad económica. ¿Por qué no -en vez de volver a
prácticas que, por buenos motivos, fracasaron- seguir perfeccionando el modelo
que tenemos?
Optar por este último camino no significa en
absoluto mantener el status quo. En cambio, implica tomar medidas tales como
modificar el sistema binominal para aumentar la competencia política,
descentralizar más el poder político, continuar aumentando el apoyo del Estado
a la educación, flexibilizar los mercados laborales, reformar los sistemas de
pensiones y salud sin alterar los principios que los rigen, perfeccionar las
normas ambientales, desarrollar instituciones competentes para evitar tanto los
abusos en los servicios públicos, como también la evasión de tributos e
imposiciones, etc.
La agenda es muy amplia y sin duda, involucra
el fortalecimiento del Estado en lo que es propio de su competencia en una economía
social de mercado. Caben al respecto distintos énfasis que se deben resolver en
el ámbito político, pero sin olvidar los principios básicos del mencionado
ordenamiento social.
Al mercado, competitivo, en una economía social
de mercado le corresponde asegurar que los privados produzcan bienes y
servicios en forma eficiente. El Estado -principalmente por intermedio de
medidas para internalizar externalidades, igualar oportunidades y proveer
bienes públicos- debe asegurar que se genere el mayor bienestar social posible.
Confundir roles, como lo sugieren incluso propuestas relativamente moderadas,
como la creación de una AFP Estatal o el crecimiento del gasto Fiscal para
desterrar el lucro de la prestación de los servicios de la educación, nos
podrían alejar nueva, lamentable y definitivamente de la meta del desarrollo.
Bachelet y la batalla por la agenda.
Su reforma tributaria ahora y, antes, su
propuesta educacional, le han permitido a Michelle Bachelet recuperar un
control de la agenda que, luego de su fulgurante retorno al país, había perdido
casi del todo, opacada por los conflictos de su coalición y el impacto del caso
exonerados. Con la ex Mandatario ocurre un fenómeno especial: aunque su
desempeño en el primer debate opositor no fue descollante y aunque sus
planteamientos han estado lejos de suscitar unanimidad en su propio sector,
éste en los hechos actúa hoy reconociéndole primacía aun antes de verificada la
primaria. El fenómeno, sumado al favoritismo de que goza con miras a noviembre,
lleva a que cada uno de sus anuncios cause impacto mediático y obligue al resto
de los actores a tomar posición frente a ellos, asumiendo la alta probabilidad
de que se transformen en políticas públicas. Se trata de una hegemonía
comunicacional donde, en los hechos, su principal contradictor no son los otros
candidatos, sino el Gobierno, con el Presidente Piñera a la cabeza, tal como se
vio a mediados de semana en la extensa entrevista radial concedida por el Jefe
de Estado.
Unidad y mar de fondo.
En
teoría, dicho esquema de contienda debiera variar post 30 de junio, cuando la
Alianza tenga un postulante único y el oficialismo se ordene en torno a él.
Esto pasa, sin embargo, por que las buenas maneras que han marcado los debates
entre Andrés Allamand y Pablo Longueira trasciendan al sector y se impongan por
sobre un mar de fondo de desconfianzas y recelos que cada tanto han salido a la
superficie en esta campaña. Si el proceso no se verifica con fluidez, el
ganador enfrentará un serio riesgo de terminar eclipsado no sólo por una
Bachelet en torno a quien la oposición más o menos transversalmente ya reconoce
como su abanderada, sino también por un Presidente de la República que hoy
aparece de modo indiscutible como la figura más fuerte de la centroderecha.
Tan claro es el peso de su rol, que, en el foro
de anoche, Allamand y Longueira volvieron a señalarlo como su gran referente,
en un intercambio en que las escasas diferencias que asomaron se vincularon con
asuntos del pasado y con las trayectorias de ambos: un enfoque que, como ya se
ha dicho, potencia el señalado objetivo de proyectar unidad, pero no
necesariamente contribuye a ampliar la convocatoria del oficialismo el próximo
30.
A una semana de las primarias, ese tema —es
decir, la masividad que ellas logren— se presenta como incógnita central.
Porque, a los factores «estructurales» que lo tornan incierto —carácter
voluntario del voto y debut del sistema en Chile—, se suma la compleja
implementación que ha tenido este mecanismo (al punto de que la Legislación
respectiva debió ser modificada a poco de su promulgación), con el agregado de
que el órgano a cargo de la tarea, el Servicio Electoral, también vive él mismo
un proceso de reforma. Pero además, y si todo aquello fuera poco, el éxito de
la primaria aparece también insólitamente amenazado por los estudiantes que
mantienen tomados diversos colegios. Es esta última una situación de desafío
institucional cuya gravedad no parece terminar de aquilatarse. Y es que si bien
resulta comprensible la prudencia de algunos Alcaldes al buscar soluciones
alternativas a un desalojo, se esperaría de su parte, al menos, una condena
precisa a acciones de fuerza en que grupos de jóvenes ya no sólo privan a sus
pares del derecho a estudiar, sino que además obstaculizan al resto de la
ciudadanía el ejercicio del sufragio, básico en cualquier democracia.
No todo es campaña.
La semana entregó también nuevos ejemplos del
deterioro que desde hace rato vienen exhibiendo las prácticas en el Congreso.
Una muestra es el tono que ha adquirido el debate por la nominación de la Juez
Chevesich a la Corte Suprema. Ya el contundente currículo de la Magistrado y la
independencia mostrada durante su trayectoria echaron abajo las objeciones ante
el hecho de que su nombre no hubiera sido previamente consensuado. Pero, cuando
parecía allanado su camino, se levantó un nuevo cuestionamiento, intentando
hacerla aparecer como condescendiente frente a las violaciones a los derechos
humanos por haber aplicado doctrina de larga data en torno al concepto de
«irreprochable conducta anterior». Con ello, la señal es doblemente negativa.
Por una parte, habla del intento de imponer una cierta línea «políticamente
correcta» respecto de lo que un Juez puede o no hacer en temas jurídicamente
debatibles; por otra, sugiere una actitud por parte de ciertos Senadores que,
antes que evaluar en su mérito un nombramiento, parecen empeñados en buscar
razones para objetarlo, siendo difícil no ver allí una vinculación con la firme
actuación de la Magistrado en el caso Mop Gate.
En otro ejemplo, podrá discutirse el criterio
del Ministro de Salud en sus denuncias luego del rechazo por la Cámara a puntos
claves de la Ley de Fármacos, pero difícilmente ello justifica haber
ralentizado —como lo hicieron los Diputados— la tramitación de iniciativas de
la cartera cuya urgencia es evidente. Con ello, los Parlamentarios aparecen
involucrados en una reacción mezquina, en lugar de intentar despejar las
justificadas dudas que generaron la votación de la señalada Ley y la actuación
de ciertos Congresistas, que incluso rechazaron propuestas que años atrás ellos
mismos promovían.
Y si a todo eso se suma la insólita tramitación
express de una franja televisiva que cambia las reglas del juego a una semana
de las primarias —y cuyo debate pareció hacerse calculadora en mano—, termina
de configurarse, otra vez, la imagen de un mundo político demasiado tentado a
girar en torno a sí mismo, como si no le importara el distanciamiento que ello
provoca en la ciudadanía.
Propuestas y debates sobre educación.
Al avanzar la campaña Presidencial, comienzan a
delinearse las principales propuestas de los candidatos y, como era esperable,
las ideas en torno a la educación ocupan un lugar preponderante. La candidata
Michelle Bachelet ha sido la más receptiva a los planteamientos que han
convocado a la protesta de los estudiantes, pero todos los aspirantes se han
referido al tema de la enseñanza, y en particular a las políticas públicas que
aplicarían en caso de llegar a La Moneda. Las discrepancias saltan a la vista.
La candidata de la izquierda ha afirmado que
pondrá fin al lucro y cambiará el paradigma actual que -denuncia- ha puesto a
la educación como un bien de consumo, en circunstancias de que debe ser
considerada un derecho social. Agregó que en un eventual Gobierno suyo no se
permitirá que los sostenedores privados que reciben aporte Estatal retiren los
excedentes de sus operaciones. Las implicancias de esto han sido puestas de
relieve por algunos de esos sostenedores y por el candidato de RN, Andrés
Allamand, quien hizo ver que ello significaría terminar con los cerca de 5.000
colegios particulares subvencionados, afectando la libertad de enseñanza y el
derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos. La candidata
replicó que eso no era así, por cuanto ella solo exigirá que los recursos del
Estado se destinen a la calidad de la educación.
Pero no será fácil poner en marcha las ideas de
Bachelet, en particular si ella quiere terminar con el lucro y con el
financiamiento compartido y, a la vez, mantener en funcionamiento a las
escuelas que hoy operan con fines de lucro, con apoyo de los padres de familia
que contribuyen con su cuota y que dan buenos resultados educacionales. En esta
materia se distinguen dos corrientes: una sostiene que el aporte privado a la
educación ha sido valioso y contribuido a mejorar la educación; la otra afirma
que los emprendimientos privados solo aprovechan las ganancias y no mejoran la
cobertura ni la calidad de la enseñanza. Los dos candidatos de centroderecha
comparten la primera tesis; los de la Concertación aparecen divididos en este
punto.
La idea de subvencionar a las escuelas,
independientemente de quienes fueran sus dueños o sus operadores, es muy
antigua y se aplica en varios países europeos. En Chile se puso en marcha
durante la década de 1980 y estimuló a una variedad de organizaciones que
desplegaron sus recursos y su energía para participar en el proceso educativo.
Más tarde, la propia Concertación levantó la idea del financiamiento compartido,
con la Ley N° 19.247, impulsada por el entonces Ministro Jorge Arrate, que dio
a los padres la posibilidad de complementar la subvención del Estado con sus
propios aportes. Esto multiplicó la energía, y muchos profesores y empresarios
se decidieron a arriesgar sus capitales o a solicitar créditos a los bancos
para adquirir los inmuebles, que en las escuelas particulares subvencionadas
son un aporte del sostenedor. A no dudarlo, estas políticas permitieron un
salto cualitativo en la educación, que hicieron posible la extensión horaria
durante el Gobierno de Frei y la obligatoriedad de la enseñanza media, durante
el Gobierno de Lagos. El perfeccionamiento del sistema ha llevado a que hoy
existan cerca de 5.800 escuelas particulares que funcionan con subvención Estatal
y atienden a más de un millón 700 mil niños. Las Municipales son algo menos de
5.500 y dan cobertura a un millón 276 mil.
La pasión que suscitan los temas educacionales
conduce a los dirigentes a emitir opiniones basadas en ideas preconcebidas, sin
examinar en detalle la realidad, como lo ha observado el Rector de la
Universidad Católica. Si esto es efectivo en las universidades, es aún más
llamativo en la educación escolar, pero aunque todos pueden tener derecho a sus
opiniones, los datos y los hechos no pueden amoldarse a cada uno, sino que
deben ser comunes. La subvención escolar, tomando los aportes de todas las Leyes,
en promedio alcanza a alrededor de 58 mil pesos mensuales en la educación
básica con jornada escolar completa, y sube a cerca de 70 mil pesos en la
educación media. Alrededor del 40% de las escuelas particulares subvencionadas
recibe un copago de los padres, que en dos tercios de esas escuelas no llega a
los 20 mil pesos mensuales. Pero no todo el copago es un ingreso adicional para
el sostenedor, pues la Ley determina que a los colegios que cobran
financiamiento compartido se les debe aplicar un descuento progresivo en la
subvención.
La calidad de la educación particular
subvencionada parece ser apreciada por los padres de familia, que año a año van
aumentando su matrícula, en tanto disminuye en forma constante la matrícula de
las escuelas Municipales: desde el 77% de los estudiantes chilenos que atendían
en 1994, han caído hasta el 37% este año. Solo entre 2008 y 2012 la disminución
alcanzó al 15%, lo que ha significado que las escuelas particulares
subvencionadas cubran hoy a más de la mitad de los estudiantes chilenos.
Sin duda el sistema puede perfeccionarse, pero
de ahí a terminarlo por decisión de la autoridad, mediante drásticas reformas a
las leyes que han hecho posible el cambio en la educación chilena, va en contra
de lo que manifiestan los padres y, desde luego, en contra del modelo
desarrollado por la propia Concertación. El debate entre los candidatos a la
Presidencia debiera permitir que se vayan clarificando las propuestas de cada
uno, así como sus significados e implicancias para el conjunto del sistema
educacional del país.
Estatuto laboral para jóvenes que estudian y
trabajan.
El Presidente de la República firmó hace
algunos días un proyecto de Ley que pretende crear un estatuto laboral flexible
para jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo. Se trata de una
iniciativa muy favorable y necesaria, ya que de ser aprobada permitirá hacerse
cargo de una realidad que en la actualidad abarca a un número importante de
chilenos: según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2011, el 8% de
las personas entre 18 y 24 años declaró realizar ambas actividades (180 mil
individuos), mientras que 2,4% indicó estar estudiando y buscando una ocupación
(54 mil).
En su mayoría se trata de jóvenes que provienen
de sectores vulnerables, quienes se ven en la necesidad de obtener ingresos
mientras continúan su educación superior, ya sea para contribuir al sustento de
sus familias o para financiar gastos generados por las carreras que están cursando. Realizar
esta doble función supone una carga muchas veces pesada, situación que
frecuentemente genera la disyuntiva de escoger entre una de las dos vías. Hay
quienes optan derechamente por ingresar al mercado laboral y dejar de lado sus
estudios, decisión que tiene un alto costo futuro en términos de posibilidades
y de empleo y remuneraciones; y existen los que queriendo hacer ambas cosas se
ven forzados a no trabajar, pues si acreditan renta pueden perder los
beneficios que reciben del Estado para financiar su formación técnica o
profesional. Estos dos escenarios son los que la iniciativa Legal busca evitar.
Para alcanzar esa meta, la propuesta plantea dos objetivos centrales: que
aquellos que se encuentran en esa condición mantengan los subsidios que reciben
del Estado en materia de educación, y la flexibilización de las regulaciones
laborales que los afectan, de manera que puedan compatibilizar ambas
actividades.
Es valioso que el Gobierno, a través de este
proyecto de Ley, busque ayudar a jóvenes que, superando adversidades, se
esfuerzan por salir adelante y pretendan mejorar sus oportunidades. Además, el
reconocimiento a su empeño también puede servir de aliciente para que muchos
otros se motiven a seguir el mismo camino. Este aspecto es relevante,
considerando que un estudio de la Cepal estableció en 2011 que en Chile el 17%
de la población entre 15 y 29 años no estudia, no se capacita ni trabaja, cifra
que se ha mantenido estable en los últimos años y que sitúa al país con el
mayor índice de la región en este problema. Algo similar ocurre con la tasa de
ocupación juvenil, que de acuerdo con un informe de la OIT y la Cepal de 2012,
alcanzaba al 31% de la población entre 15 y 24 años. Estos indicadores expresan
la urgencia de promover incentivos para que este amplio segmento no se excluya
del sistema educacional y laboral, ya que el país requiere su aporte para
mejorar sus perspectivas de vida y los índices de productividad.
La propuesta Legal propone, entre varios
aspectos, la aplicación de contratos laborales especiales para los jóvenes, en
los que se plantea una jornada de trabajo reducida, que no debe exceder las 30
horas semanales y cuyos horarios podrán ser consensuados con el empleador.
Además, se pueden pactar turnos y los jóvenes que sean cargas, por ejemplo en
salud, no perderán esa calidad, para no obligarlos a realizar cotizaciones de
salud. Se trata de soluciones prácticas para problemas concretos que hoy obstaculizan
el desarrollo de estos jóvenes y, en muchos casos, los obligan a tomar una
decisión que afecta sus perspectivas de futuro.
Recomendaciones controvertidas.
Cierta alarma ha causado la influencia que han
adquirido algunas empresas que ofrecen a los afiliados del sistema de pensiones
recomendaciones de inversión relativas a los fondos que administran las AFP. La
preocupación que al respecto han mostrado las autoridades del ramo es
entendible, pero no debería llevarlas a coartar los incentivos para que los
cotizantes se informen bien y procuren obtener un rendimiento bueno y seguro
para sus ahorros previsionales.
Según los sanos principios de propiedad privada
y libertad de elegir que inspiran al sistema, los "multifondos" -las
cinco opciones graduadas según la composición de sus activos que ofrece cada
AFP- facultan a los afiliados para escoger la opción de su preferencia, con
algunas restricciones. Esto es valioso, porque interesa a los cotizantes en el
rendimiento de sus fondos y puede estimularlos a incrementar su ahorro
previsional voluntario, el mejor modo de asegurar una pensión digna. Tratándose
de un mercado potencial de casi cinco millones de clientes, la correspondiente
asesoría de inversiones resulta muy atractiva para nuevos emprendimientos.
El interés de las autoridades ha surgido por el
hecho de que -aparentemente aconsejados por tales asesores- los traspasos de un
fondo a otro han sido crecientes y habrían alcanzado en abril último una escala
que provocaría problemas operativos a las AFP y podría alterar los mercados.
Ante esto, ya se oyen denuncias contra la acción de estos asesores "no
regulados", y ya hay Parlamentarios promoviendo posibles cambios
regulatorios.
Es importante aclarar si tras los consejos de
inversión hay o no un interés creado. De ser ese el caso, se trataría de una
manipulación de valores de mercado que está penada por la Legislación vigente.
Es importante también -como ha dispuesto la superintendencia del ramo- que las
reglas de operación de las AFP permitan el movimiento fluido de sus
inversiones, pero eviten que los traspasos muy súbitos eleven innecesariamente
sus costos. No obstante, hay que preservar y acrecentar la capacidad de las
personas para escoger sus opciones de inversión, valorar el rol que pueden desempeñar
los emprendimientos creados para ayudarlos, y favorecer siempre la libre
competencia.
La Superintendencia de Pensiones, además de
disponer ciertos cambios regulatorios, ha publicado un documento de 15 páginas
para alertar sobre los riesgos de seguir las estrategias de desplazamiento
frecuente que recomiendan algunos asesores. Y el Sernac, aduciendo haber
recibido "algunos reclamos de consumidores", ha exigido conocer los
contratos con los respectivos clientes. Todo esto parece desproporcionado, puede
crear un inconveniente precedente de discrecionalidad funcionaria en la censura
de actividades profesionales perfectamente lícitas, y limitar la difusión de
información económica relevante.
Es evidente que nadie cuenta con la capacidad
de anticipar sistemáticamente las fluctuaciones del mercado y, por tanto, las
recomendaciones de los controvertidos asesores pueden resultar erradas. Los
modelos estadísticos utilizados para guiar a los inversionistas son, en el
mejor de los casos, aproximaciones útiles, nacidas de experiencias históricas.
Aun así, es sano que los inversionistas se informen, obtengan consejos de
variadas fuentes y hagan al mercado moverse de acuerdo con sus percepciones y
expectativas, aunque de vez en cuando estas, a la postre, se prueben erradas.
Eso es lo que hace a los mercados competitivos buscar su equilibrio.
Rechazo a reforma Judicial en Argentina.
El revés que sufrió el Gobierno de Cristina Fernández
en su intento de reformar el Poder Judicial argentino resulta un hecho alentador,
pues constituye una evidencia de que se mantiene en pie en ese país una Corte
Suprema independiente, capaz de oponerse al Gobierno e impedir los intentos de
éste por concentrar poder en sus manos.
El miércoles, el máximo Tribunal declaró inconstitucional,
por abrumadora mayoría, el proyecto que buscaba elegir por la vía del voto a
los integrantes del Consejo de la Magistratura y alterar el número de sus
integrantes. La iniciativa se hallaba inserta en el esfuerzo de la Presidente
Fernández por “democratizar” la Justicia. Sin embargo, la reforma propuesta
para el Consejo de la Magistratura amenazaba con condicionar al ente que
designa a los Jueces, lo cual podría haber puesto en riesgo la independencia Judicial.
El control que el kirchnerismo ejerce en ambas
ramas del Congreso le ha permitido al Gobierno poner en práctica, por ejemplo,
una polémica “Ley de medios”, que significaría un fuerte retroceso para la
libertad de expresión del país. Dicha normativa se ha visto frenada debido a
que el grupo Clarín ha logrado paralizarla precisamente mediante una serie de
recursos Judiciales.
La institucionalidad argentina se vería
gravemente alterada si el Poder Judicial termina siendo integrado,
fundamentalmente, por miembros afines al actual Gobierno, lo que crearía un
poder Estatal sin contrapeso alguno. Contar con Jueces independientes resulta
especialmente necesario, luego de que se ha conocido una serie de denuncias de
corrupción que afectan a funcionarios públicos y empresarios ligados al
kirchnerismo. Ello ha logrado salir a la luz pública precisamente gracias a
denuncias periodísticas y a la investigación Judicial, lo que reafirma la
necesidad de su independencia.
¿Cambios en Irán?
¿Qué cambia con la elección de Hasan Rohani
como Presidente de Irán? Desde 1979 los ayatolás son los verdaderos Gobernantes.
El líder supremo Alí Jamenei es quien toma las decisiones finales en materia
religiosa, política interna y exterior, económica y, sobre todo, social. Nada
ocurre en Irán sin que Jamenei lo permita.
Entonces, ¿cuál es la importancia de que un
clérigo "moderado" como Rohani haya ganado los comicios y se prepare
a Gobernar a partir de agosto? Es la gran pregunta. Si Rohani fuera un
verdadero reformista, como lo califican algunos, es difícil entender por qué
Jamenei le permitió ganar las elecciones, y con un margen suficiente como para
evitar la segunda vuelta.
Una respuesta posible es que el Presidente
electo no sea tan independiente como se cree, y que en la práctica Gobernará de
acuerdo con los ayatolás y no habrá un verdadero cambio de rumbo. La
preocupación internacional no es por la liberalización de la sociedad iraní,
sino por el desarrollo del programa nuclear, encaminado, se teme, a producir
armas.
Otra respuesta sería que, dada la difícil situación
que vive Irán, asediado por las sanciones que han afectado seriamente la
economía, el liderazgo reconoce que necesita un Presidente que dé confianza a
la comunidad internacional para que levante el embargo que le impide
comercializar el petróleo. Si fuera así, las cinco potencias del Consejo de
Seguridad más Alemania que han estado negociando infructuosamente con Teherán
para que deje de producir uranio enriquecido (elemento vital para las bombas)
tienen una oportunidad para una tratativa que lleve a un acuerdo. Rohani fue el
representante iraní en las conversaciones nucleares, y en 2003 se comprometió a
frenar el avance del programa y aceptar inspecciones de la AIEA, el organismo
competente de la ONU. Con la llegada de Ahmadinejad al Gobierno, el diálogo
llegó a un punto muerto que obligó a endurecer las sanciones, provocando un
total aislamiento de Irán.
Efectivamente, Rohani se ha mostrado dispuesto
a retomar el diálogo. Sus promesas electorales tocaron de cerca a una sociedad
cansada de las penurias. El crecimiento ha caído en los últimos cuatro años de
4% a 0,4%; el desempleo subió al 17%, y la inflación ya está en el 22%, según
cifras oficiales. Se estima que más del 40% de la población vive bajo la línea
de pobreza, algo inaceptable para un país tan rico en petróleo, con una base
industrial sólida y una población de alto nivel educacional.
Si Rohani negocia y se compromete a mantener el
programa nuclear dentro de parámetros aceptables, seguramente será bajo
condiciones que le permitan presentar a su país y a los ayatolás un acuerdo que
los beneficie. Para eso, es probable que exija un levantamiento de las
sanciones. Esto podría hacerse de manera gradual, a cambio de señales claras de
que acepta las exigencias de la AIEA.
A diferencia de Ahmadinejad, que quería
provocar a la comunidad internacional y por eso buscaba alianzas con países
"adversarios" de EE.UU., como Venezuela, Rohani ha fijado sus
prioridades en el tema nuclear, su entorno regional, los países islámicos y los
No Alineados. Las relaciones con América Latina, según declaró, estarían muy
abajo en su lista de preferencias.
Primarias Presidenciales.
Te invitamos a que participes en la elección de
los candidatos a la Presidencia de la República de los dos bloques más
importantes de nuestro país.
Nuestra sugerencia es preferir a un postulante
que tenga dotes demostradas de Estadista, motivo por el que te invitamos a que
votes por Pablo Longueira.
Como una manera de facilitarte el cumplimiento
de este deber cívico, a continuación insertamos las papeletas de votación que recibirán
los militantes y los independientes:
Si usted es
militante de la Unión Demócrata Independiente o de Renovación
Nacional este es el
voto que recibirá para que seleccione al que a su modo de
ver será el mejor
candidato de la Alianza para las elecciones Presidenciales
de noviembre de
este año.
Si
usted es independiente, este es el facsímil del voto que recibirá, en el
que
aparecen los precandidatos de los dos pactos que participan en las
primarias,
nuestra sugerencia es la de votar por uno con tintes de estadista,
votar
por Pablo Longueira.
