Fotografías informativas y una decena de temas importantes para el país...

Creemos que en el debate de anoche en TVN Pablo Longueira demostró valores

consistentes y una calidad de estadista que está avalada con una vida dedicada

a crear un Chile más justo y a la creación de una derecha social.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por el Ministro de

Energía,  inauguró ayer en Ovalle el Parque Eólico Talinay, el más grande que

opera actualmente en Chile, que en su primera etapa generará unos 90 mega

watts de energía limpia.

Ex mirista Marcos Rodolfo Rodríguez Ortega (40), prófugo por el secuestro de un

empresario en Brasil, entró al país con carnet falso, la policía intenta  determinar

cómo logró adquirir una motocicleta y una licencia de conducir en la Comuna de

Huechuraba.

El anuncio de  Bernanke sobre una posible rebaja de las compras de bonos por

parte del Banco Central norteamericano, FED, provocó derrumbe de bolsas

comerciales en Asia, Europa y América, precio de los commodities, como el cobre,

tuvieron fuertes bajas. El dólar se disparó en $14 por unidad.

Centenas de miles de personas salieron ayer nuevamente a las calles en todo Brasil

para exigir mejores servicios públicos, entre otras reclamaciones, después de que ya

lograran la bajada del valor del transporte público, el motivo inicial de las protestas.

Netanyahu y Ashton coincidieron en la necesidad de reanudar las negociaciones en

M. Oriente, la Jefa de la Diplomacia europea dijo que la UE ‘’apoyará con entusiasmo’’,

posibles conversaciones entre Israel y Palestina.

Descubren que Marte tuvo una atmósfera con oxígeno mucho antes que la Tierra,

científicos de la NASA llegaron a la conclusión tras un análisis de rocas encontradas

por el robot Spirit en la superficie del planeta rojo.

El Presidente estadounidense, Barack Obama, se equivocó en varias ocasiones durante

la Cumbre del G8 en Irlanda del Norte, y llamó reiteradamente "Jeffrey" al Ministro

británico de Finanzas, George Osborne,  confundiéndolo con un cantante de soul.

¿Qué necesita realmente nuestro país?,

por Sergio Melnick.

Nuestro país lleva unos 30 años de progreso sostenido, con seis Gobiernos distintos, y clara Gobernabilidad. Esto quiere decir que la institucionalidad sí funciona. La pobreza va en retirada, no hay analfabetismo, quedan pocos campamentos, no hay desnutrición infantil, hay 100% de escolaridad, más de un millón de estudiantes están en la educación terciaria y la mortalidad infantil es de país desarrollado. Hay democracia estable, cuentas públicas ordenadas, gran aumento del bienestar material, inflación controlada, nuevos centros urbanos pujantes, muchas inversiones en cartera, bajo desempleo, gran afluencia de turismo, adecuada infraestructura, y tantos otros elementos de desarrollo. Somos indudablemente un país líder en América Latina, destacado por organismos internacionales como el mejor para nacer, y admirados en casi todo el mundo. Nos ha ido bien y nos podría ir aún mejor si focalizáramos el esfuerzo en lo realmente importante y no en el populismo desenfadado de algunos políticos que proponen ideas fracasadas donde se han aplicado.

Por cierto, hay muchos problemas pendientes, como los tiene cualquier país del mundo, y ése es el foco que debemos buscar en esta elección. A mi juicio, los cinco ejes centrales del país, dentro del foco de cuatro años de un nuevo Gobernante, son:

1. Mantener el crecimiento, inversión, productividad y empleo como la nave central de la flota del desarrollo. Por eso no se puede jugar con los impuestos (lo que no significa que sean inamovibles), con las regulaciones, con la violencia y otros elementos de esa naturaleza. El motor del crecimiento ha sido, es y será siempre el emprendimiento privado, la creatividad, la innovación, la honestidad, el Estado de Derecho, que son elementos que se deben fomentar, por cierto, dentro de regulaciones inteligentes. De aquí salen los recursos para una política social eficaz y eficiente. En 2006 el presupuesto público era de unos US$ 30.000 millones. Hoy es de casi US$ 64.000 millones, y tenemos un fondo del cobre de más de US$ 20.000 millones. El desafío es usarlos bien: el Estado chileno aún tiene mucho desperdicio.

2. La educación de calidad es, sin duda, la madre de la equidad social de largo plazo. Claro, requiere entrar al debate sobre qué es la calidad de la educación en el siglo 21, algo que en nuestro país ni siquiera se ha intentado. La clave es el lenguaje post-simbólico. Los estudiantes pueden levantar el problema, pero obviamente no tienen la solución y por eso recurren a la violencia. Dentro de este ámbito cae la imperiosa necesidad de avanzar de verdad en ciencia y tecnología, tema en que se ha progresado en los últimos diez años, pero no lo suficiente. Un país sin ideas propias nunca llegará muy lejos.

3. El tercer punto crítico para nuestro desarrollo es la descentralización, real y efectiva, en el poder político y presupuestario. La solución, obviamente, no es seguir creando Regiones. La elección de los Cores es un paso, pero aún muy menor. Este esfuerzo debe ir acompañado de una modernización radical del aparato Estatal, muy anquilosado, lleno de parches e instituciones traslapadas u obsoletas.

4. Otro punto importante, a mi juicio, es un rebalanceo de los poderes tradicionales del Estado. Tenemos un Poder Ejecutivo demasiado poderoso, un Legislativo poco poderoso y un Poder Judicial muy influenciable por el Ejecutivo por diversas vías administrativas. No es necesario hacer una nueva Constitución, sino sólo modificar la actual donde sea necesario. Esto debe ir de la mano con enfrentar una concentración del poder económico que ha pasado los límites de lo prudente para el desarrollo de largo plazo.

5. El punto final es el capital social, la amistad cívica, las confianzas básicas que ya no están en Chile. No podemos seguir hablando de “ellos” para referirnos a los adversarios. No nos escuchamos, no nos respetamos, nos ofendemos, no logramos buenos acuerdos. Seguimos soñando en mayorías circunstanciales del 50% para ponerle el pie encima a la otra mitad. Es tiempo de grandes acuerdos y consensos, no de más peleas sin destino.

Esta agenda de cinco puntos es muy larga, aun para cuatro años de Gobierno, y quizás demasiado corta para los problemas más específicos. No es tiempo de revoluciones, es tiempo de evolución, que es lo que hacen los países maduros, especialmente después de 30 años de progreso claro y contundente.

Carne de cañón,

por Juan Ignacio Brito.

La tumba de Héctor Gallardo Aillapán en el cementerio de Ercilla no tiene lápida. La cubren flores de colores, testimonio de que parientes y amigos no olvidan al parcelero y ex candidato a Concejal del PS asesinado en septiembre. Su viuda, Carmen Roa, llegó el viernes pasado hasta el camposanto con el pequeño Héctor, de tres años, a dejarle una flor plástica, festejo por el día del padre. “Esto es muy duro”, dice Carmen con los ojos llenos de lágrimas.

Gallardo es una de esas víctimas del conflicto mapuche que no reciben mucha atención. Cayó resistiendo a las comunidades indígenas que reclaman supuestos derechos ancestrales sobre las tierras y que hacen de éste un lugar sin Ley, cruzado por heridas visibles por todas partes. En la parcelación Vida Nueva, creada por la CORA durante la reforma agraria, los predios están abandonados. No queda ninguna casa en pie: fueron incendiadas. Igual suerte han corrido varias sedes comunitarias y, en dos ocasiones, la escuela de Chequenco. El camino está bloqueado por troncos y ramas para impedir el paso de los huincas. En Chihuaihue, los nerviosos Carabineros -uno de ellos, el Sargento Hugo Albornoz, murió a minutos de allí en una emboscada en 2011- custodian algunas casas y vigilan sin intervenir a un grupo que se ha tomado una parcela.

Después del crimen de su marido, Carmen decidió unirse a otros que han sufrido la indiferencia de las autoridades y las usurpaciones de los mapuches. Formaron la Asociación de Parceleros Víctimas de la Violencia de la Comuna de Ercilla. Con rostros serios y voces desesperadas, relatan historias de terror: ataques, baleos, amenazas de muerte, tomas, incendios, robo de animales y madera, protección policial, un Intendente y un Gobernador que -señalan- no atienden sus peticiones, una Conadi que les ofrece adquirir sus parcelas a precio vil, promesas incumplidas de políticos.

A la mayoría ya no les queda ánimo para resistir. Quieren irse. Que el Estado -al que todavía le pagan contribuciones por predios que llevan meses tomados y a los cuales en muchos casos ni siquiera pueden entrar- les compre sus tierras, para seguir viviendo de la agricultura en otra parte, lejos del miedo que no dejan de sentir.   

Residen en un Chile donde abundan la desconfianza y la inseguridad, donde la atención de buena parte de la prensa, las ONG y el Gobierno se concentra prioritariamente en los mapuches y sus demandas. Ellos, en cambio, son las víctimas olvidadas de un conflicto que, según datos de la Multigremial de La Araucanía, vive en 2013 su año más violento y que en 2012 dejó pérdidas materiales por más de $ 8.000 millones.

Han quedado atrapados al medio de un problema que ellos no crearon. Por un lado, alegan, un Gobierno que no los protege ni les entrega una solución viable y que prefiere beneficiar a sus victimarios; por otro, grupos y líderes indígenas que los atacan y amenazan. Para ellos no hay Ley ni resguardo real. Sienten que han sido abandonados y no saben a quién recurrir. Su destino es trágico: o mueren peleando por proteger lo suyo y a los suyos, como le sucedió a Héctor Gallardo Aillapán, o se van, como ya han hecho muchos.  Un parcelero que debió dejar sus tierras luego de sufrir una  “ocupación productiva” lo resume en cuatro palabras: “Somos carne de cañón”.

Calendario de la demanda expectaticia boliviana.

La Corte Internacional de Justicia fijó el calendario de la demanda de Bolivia. Los plazos establecidos parecen suficientes para una adecuada preparación de la defensa chilena y son muy similares, aunque algo menores, que los de la demanda de delimitación marítima presentada por Perú.

El proceso boliviano podría demorar entre tres y siete años. Su transcurso dependerá de la eventual presentación por Chile de la excepción preliminar de incompetencia. Esta excepción abre un incidente que detiene los plazos para presentar o responder la demanda boliviana, la cual debería presentarse hasta el 17 de abril de 2014. De acogerse la incompetencia, se pone término al juicio.

Aunque los fundamentos del libelo de Bolivia quedarán contenidos en su memoria, se anticipa que el pretendido derecho a un acuerdo que le otorgue salida soberana al océano Pacífico se intentaría fundar en negociaciones fallidas de Gobiernos anteriores. Habrá que esperar el texto de esa memoria -a la que Chile podrá responder hasta el 18 de febrero de 2015- para conocer a fondo los argumentos del intento boliviano de justificar, en sus particulares expectativas, derechos a su favor, y su tentativa de sostener que la Corte tendría competencia para obligar a un Estado a ceder territorios soberanos sin su voluntad.

Tan abstrusa interpretación del derecho internacional por Bolivia es una comprobación del carácter instrumental de la demanda para fines políticos internos, y del propósito del Presidente Morales de servirse de esta causa para su reelección, su posicionamiento ideológico internacional, victimizarse y presionar ilegítimamente por el otorgamiento de cesiones de territorios nacionales.

La falta de base jurídica de la demanda boliviana y su contenido esencialmente político aconsejan una activa Diplomacia y la comunicación pública de la legítima posición chilena sobre el urdido de Bolivia, que surge de su Constitución reivindicacionista. Ha de ponerse en evidencia que la disfuncionalidad de las instituciones y Gobiernos bolivianos ha impedido el progreso de su pueblo, así como las extraordinarias concesiones y prestaciones -sin precedentes en el mundo- que Chile concede a Bolivia, y que contrastan con los obstáculos y la nula cooperación de la mayoría de los Gobiernos de ese país para un diálogo fructífero, que aproveche las oportunidades del libre tránsito y los intereses compartidos.

Fijados el procedimiento y los parámetros temporales del pleito, corresponde ahora concentrarse en la defensa y resolver sobre la excepción preliminar, que puede interponerse en cualquier momento, hasta 90 días de presentada la memoria. Estas tareas están encomendadas al agente Felipe Bulnes, reconocido jurista, profesor universitario, experimentado litigante, ex Ministro de Justicia y de Educación, actualmente plenipotenciario ante la Casa Blanca. Ha surgido la duda de si es aconsejable o no que el agente desempeñe las responsabilidades de Jefe de misión ante una Embajada de la mayor relevancia y, simultáneamente, encabece la defensa jurídica en una causa sobre la soberanía nacional. Quienes sostienen la incompatibilidad práctica entre ambos cargos invocan la necesidad de una inmediata y preferente atención a la excepción de incompetencia, la desigualdad de dedicación frente a la exclusividad del agente boliviano (el ex Presidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé) y otras supuestas consideraciones de imagen externa e interna relativas a la trascendencia que se le asigna al juicio. Por ahora, el Gobierno ha estimado posible el desempeño de las dos funciones y mencionado la simultaneidad inicial en el caso de la demanda peruana, pero resulta evidente que ello es una consideración válida por muy poco tiempo, por la envergadura y globalidad del trabajo del agente, cuya coordinación no se limita en este caso a lo jurídico.

En la defensa de su territorio, Chile siempre ha permanecido unido en una política de Estado que trasciende a los Gobiernos, y permanentemente ha logrado convocar equipos de juristas y Diplomáticos de excelencia.

Daño a la educación.

En los últimos días se ha producido una escalada de tomas de colegios y liceos a lo largo del país, en lo que, según sus organizadores, es una “movilización ascendente” para hacer oír las demandas del movimiento estudiantil. Existe preocupación dentro de sectores políticos, porque parte de los recintos en toma funcionan a su vez como locales de votación, lo que podría complicar el desarrollo de las primarias Presidenciales que ya se avecinan. Si bien es una inquietud atendible, conviene no perder el foco sobre el grave perjuicio que estas movilizaciones pueden ocasionar en los estudiantes y sus familias, que una vez más ven interrumpido su proceso formativo por medidas de fuerza de grupos radicalizados.

En las prolongadas protestas estudiantiles que tuvieron lugar en 2011, la normalidad académica se vio severamente afectada, lo que repercutió en el rendimiento de miles de estudiantes, muchos de los cuales se vieron en la necesidad de repetir de curso, y otros tantos no pudieron completar el aprendizaje de las materias. A lo anterior cabría agregar los destrozos que sufrieron múltiples establecimientos y las alteraciones del calendario escolar. Lamentablemente si las “movilizaciones ascendentes” se agudizan, es probable que de nuevo ocurra un perjuicio sobre toda la comunidad estudiantil. Estos efectos deben ser tenidos en cuenta por los dirigentes que encabezan estas movilizaciones, de quienes se espera ante todo una actuación con responsabilidad.

Una consecuencia adicional de estas movilizaciones tiene que ver con que el próximo 30 de junio algunos establecimientos educacionales que a su vez sirven como locales de votación no puedan ser utilizados para estos fines. Ciertamente ello representa un motivo de preocupación, pero la insistencia en sus posibles efectos electorales desvía la atención sobre los graves perjuicios que se están causando a la educación, los estudiantes y sus familias, que deben ser el centro de la atención.

Simce de Lectura: El problema en su origen.

No caben las conclusiones apresuradas frente a una prueba, como es el Simce de Lectura para los segundos básicos cuyos resultados se conocieron hoy, que se ha realizado por primera vez en el país y respecto de la cual, por tanto, no existen suficientes parámetros de comparación. Sí corresponde en cambio prestar cuidadosa atención a las señales que ella entrega y que puedan constituir insumos para el mejoramiento de la enseñanza escolar. El test, aplicado el año pasado a 218 mil estudiantes, consideraba distintos textos para niños acompañados de preguntas sencillas destinadas a evaluar su comprensión. Según los resultados, el 75% de los alumnos mostró capacidad para encontrar información explícita en los textos más breves, así como para realizar deducciones sobre situaciones cercanas; de este grupo, el 40% evidenció las mismas habilidades respecto de textos más largos y situaciones más lejanas. En cambio, el 25% del total de quienes rindieron el test —esto es, uno de cada cuatro— no evidenció las destrezas y conocimientos mínimos para comprender lo que leían. Tales números no resultan del todo sorpresivos, si se consideran las cifras del último Simce de cuarto básico, que ubicaron a casi el 30% de los estudiantes de ese curso en nivel insuficiente de comprensión lectora. Dicha prueba, además, agregó en su momento otro factor de preocupación, al detectar una suerte de estancamiento en materia de lectura, en comparación con los años anteriores.

Sería difícil exagerar la importancia del problema que números como éstos expresan. La lectura es un elemento basal en el proceso educativo, por cuanto su dominio constituye una condición necesaria para la adquisición de otros conocimientos y habilidades. Así, una débil comprensión lectora coloca a un estudiante en una situación de desventaja que se proyectará durante toda su enseñanza e incluso en su vida laboral. En el caso específico de nuestro país, por otra parte, las evidencias que se manejan sugieren la existencia de altísimos niveles de analfabetismo funcional. De hecho, tal vez el estudio más profundo que se ha efectuado, la Encuesta Internacional de Alfabetización de Adultos tomada en 1998 y que se espera replicar este año, mostró, por ejemplo, que el 49% de los trabajadores chilenos no comprendían instrucciones sencillas respecto de los días de consumo de un medicamento. Una investigación del académico Dante Contreras detectó, en tanto, fuertes correlaciones entre las habilidades de alfabetización, la productividad laboral y el acceso a mejores oportunidades de trabajo y calidad de vida.

Es en ese contexto que la prueba conocida hoy, más allá de las reacciones valorativas de sus resultados, debiese considerarse, ante todo, como una herramienta para enfrentar el problema en sus orígenes. En efecto, los números del test entregan importante información sobre la magnitud de las dificultades casi en el inicio mismo del proceso escolar, y permiten orientar respecto de dónde focalizar los esfuerzos de mejora. Contando ya el país con una Agencia de Calidad, una tarea central de ésta es, aparte de la realización de estas pruebas y del ordenamiento de los colegios según —entre otros factores— su desempeño en ellas, la de demandarles estrategias para superar sus falencias y apoyarlos en su implementación. Son los pasos que necesariamente deben venir ahora.

Problemas del INE, ¿realmente tan graves?

En una entrevista con este diario, el ex Director del INE ha hecho sus descargos respecto de las acusaciones de manipulación de los datos del Censo 2012. En su opinión, quienes causaron su salida del cargo son grupos de poder en el interior del propio INE, y de sus declaraciones se desprende que sus relaciones con las Jefaturas del mismo no fueron buenas, o bien, hubo cierta desaprensión en la comunicación relativa a un instrumento tan sensible como el censo.

Indiscutiblemente, la formación profesional del ex Director acredita su competencia para ese cargo. No obstante, como en toda gestión, pudieron cometerse eventuales errores, como la contratación de algunos asesores que quizá no tenían las calificaciones requeridas.

Parece configurarse la situación de que ciertos cambios en la metodología del censo habrían sido una decisión apresurada, pues los equipos llevaban casi un año y medio preparándose para el modus operandi tradicional, cuando se resolvió reformar el procedimiento censal, faltando solo pocos meses para efectuar ese ejercicio. Esto explicaría deficiencias tales como algunas faltas de cobertura que han sido criticadas, o que encuestadores llenaran fichas sin haber realizado las entrevistas. No obstante, el ex Director contradice a quienes denuncian que el censo tuvo baja cobertura, y reafirma que ella llegó al 98%.

Con la metodología tradicional, que duraba un solo día, los censos anteriores tenían cierta aura de rito republicano: era un día en que las familias esperaban la llegada de los entrevistadores. Pero se olvida que la cobertura no estaba entonces exenta de problemas, al punto de afirmarse -aunque falta evidencia más dura- que, por ejemplo, el censo de 2002 habría omitido algunas Comunas muy importantes de Santiago.

Hoy, en un país sustancialmente más moderno, resulta natural renovar la metodología censal, reemplazándola por la que usan los países desarrollados. Pero habría sido razonable preparar con más tiempo ese cambio necesario, o tal vez elegir una zona del país para una marcha blanca, y solo después extender el proceso al resto, una vez corregidos los problemas que siempre aparecen. No es la primera vez que una reforma introducida globalmente en un solo acto resulta una decepción, por no haberse probado antes en un ámbito más limitado, y de allí que tienda a generalizarse el concepto de gradualidad para implementar cambios mayores.

Este episodio confirma, no obstante, que el INE requiere cambios urgentes, como los que se estudian en el Congreso, o incluso más profundos. Es de recordar que la salida de la anterior Directora del INE también se atribuyó a conflictos con las Jefaturas de ese servicio, y, en todo caso, la insuficiente transparencia en el análisis de los datos, así como los reparos que se han formulado al IPC (dificultades de definición respecto del rubro vestuario y otros), aconsejan destinarle un presupuesto mayor, al mismo tiempo que reestructurar y mejorar sus recursos humanos.

El INE requiere independencia de los Gobiernos de turno, y parece valiosa la propuesta de un consejo similar al del Banco Central. Las estadísticas nacionales son esenciales para el buen diseño de políticas públicas, por lo que se justifica asignar más recursos a esa institución. Pero a todo evento debe reestructurarse, contratar recursos humanos de alto nivel y cambiar sus procedimientos, priorizando la transparencia y la disponibilidad de datos en forma expedita y fácilmente accesible para usuarios externos. A todos estos respectos, debería emular los modelos de las mejores instituciones estadísticas del mundo, y fijarse como meta el aproximarse a ellas.

Reacción frente a traspasos masivos entre fondos de las AFP.

Los afiliados al sistema de AFP han aumentado fuertemente los traspasos de los recursos que acumulan en sus cuentas previsionales individuales, desde fondos con instrumentos financieros más volátiles, hacia fondos más concentrados en renta fija. Así, en abril, se alcanzaron cifras récords de traspasos, con más de 85.000 operaciones, por lo que se redestinaron unos US$ 4.500 millones desde los fondos A y B, los más riesgosos, al fondo E, el más conservador, que debido a esto incrementó en 30% sus recursos respecto del mes anterior. Estos cambios masivos entre fondos provocaron caídas en las tasas de los depósitos a plazo y bonos de Gobierno, lo que llevó al Consejo de Estabilidad Financiera a manifestar que los movimientos masivos de fondos generaban estrés en el mercado local.

A raíz de estos eventos, la Superintendencia de Pensiones estableció una semana atrás algunas medidas, tendientes a evitar daños, pero sin afectar la libertad de que gozan los afiliados para definir el grado de riesgo con que quieren que se administren sus inversiones. De esa manera, estableció normas que darán mayor flexibilidad al manejo del fondo E, el más conservador, que podrá invertir hasta 10% de sus recursos en vehículos de inversión en el exterior, con alguna mayor volatilidad, pero de muy alta liquidez, con el propósito de evitar la presión excesiva sobre el mercado de renta fija local en el evento de traspasos cuantiosos. También dispuso medidas que aseguran igualdad de condiciones entre todos los afiliados que instruyen un cambio de fondo el mismo día, sin importar la hora en que se solicita el traspaso. Asimismo, se introdujo un paso adicional en el proceso de traspasos, con la puesta en operación de una pantalla informativa de rentabilidad, que permita una decisión mejor informada al afiliado.

Lo actuado por la Superintendencia es concordante con la lógica del sistema de AFP, que supone una actitud vigilante de los afiliados, para detectar tanto la AFP más conveniente -en cuanto a comisiones y rentabilidades obtenidas en las inversiones-, como para definir el nivel de riesgo con que quieren invertir sus recursos previsionales. Es valioso, entonces, que ante este episodio de traspasos masivos, la Superintendencia haya optado por mejorar la información, sin inhibir la iniciativa de los afiliados.

Hay evidencia de que muchos traspasos están siendo motivados por asesores contratados por los afiliados. La Superintendencia ha hecho bien en informar a los afiliados sobre que, en la mayoría de los casos, los traspasos entre fondos motivados en estas asesorías han redundado en pérdidas para ellos y que hay una ventaja importante en tomar decisiones con una perspectiva de largo plazo, respaldadas por una visión realista sobre las limitaciones de cualquier asesor para anticiparse a los cambios de mercado. Ha salido preservada la libertad de los afiliados para actuar en defensa de su interés, lo que es importante cuando, efectivamente, los anuncios de aumentos de impuestos a las empresas, posible disminución en el crecimiento de la economía y cambios en condiciones financieras globales, representan riesgos sobre sus inversiones que los afiliados deben poder administrar.

"Ley Mordaza" en Ecuador.

Con una mayoría abrumadora en el Legislativo, no cabía esperar sino la aprobación inmediata de la nueva Ley de Medios que presentó la bancada del Presidente Correa, que opositores y observadores de derechos humanos consideran un grave atentado contra la libertad de expresión y de información, y que muchos ya llaman "Ley Mordaza".

Esta nueva Legislación otorga facultades mucho más amplias para que el Ejecutivo, a través de órganos especialmente creados para ese propósito, pueda sancionar a los medios no afines. Desde que asumió en 2007, Correa ha luchado contra las empresas periodísticas que considera "de oposición", a las que acusa de "abusos" y de estar plagadas de "sicarios de la tinta" o "mentirosos" que no publican las informaciones que él considera importantes.

Uno de los peores elementos de esta Ley es el nuevo tipo penal de "linchamiento mediático", definido como "intentos reiterados de destruir a una persona natural o jurídica con el fin de reducir su credibilidad pública". Así, cualquier persona que sea investigada o denunciada por la prensa por corrupción, por ejemplo, podrá aducir que está siendo "linchada", lo cual inhibirá al medio de destapar escándalos de ese tipo. Según el Diputado opositor Andrés Páez, "la prensa no tendrá posibilidad real de transmitir determinados hechos, ante el temor de ser clausurados, perseguidos, hostigados".

Para el Presidente ecuatoriano, esta Ley solo garantiza "el derecho, no de los dueños de imprenta, no de los dueños de un canal o diario, sino de los ciudadanos a expresarse libremente... y recibir de los medios de comunicación información de relevancia pública, veraz y oportuna... La Ley busca proteger y empoderar a los ciudadanos para que exijan el respeto a sus derechos y tengan mecanismos efectivos para hacerlo".

Sumada a las exigencias de un porcentaje alto de contenidos y publicidad elaborados en Ecuador, la Ley establece la distribución de las frecuencias de radio (que hoy están en 85,5% en manos privadas) y de televisión (71% privada) en partes casi iguales entre el sector público, el privado y el comunitario (este último con 34%). Habrá que observar cómo redistribuirá el Gobierno las frecuencias para llegar a los porcentajes que fija esa normativa.

Human Rights Watch calificó de "asalto a la libertad de expresión" la creación de dos entes mediante los cuales el Gobierno podrá manejar a los medios a su antojo: la Superintendencia de Información -para la "vigilancia, intervención, y control" de los contenidos, y con capacidad para sancionar a quienes considere haber violado la Ley- y el Consejo de Regulación, con atribuciones en "el ámbito de acceso a la información, contenidos, franja horaria, elaboración de reglamentos y adjudicación de frecuencias", entre otras prerrogativas que pueden ser fácilmente usadas en contra de los medios opositores.

Con una economía en auge gracias a los altos precios del petróleo, Correa ha logrado apoyo de la población y un alto índice de popularidad, que le permitió ganar una Asamblea totalmente favorable a sus metas de control total del Estado. Con la prensa amedrentada por temor a sanciones o clausura ante cualquier crítica al Gobierno, o denuncias de corrupción en el entorno Presidencial -que han sido muchas-, y con la voluntad del Ejecutivo de imponer su visión en los medios, el futuro de la democracia en Ecuador está amenazado en su primer pilar: la plena libertad de expresión.

Algunas cartas para tener en cuenta.

Señor Director:

El Rector y Carabineros.

Curiosamente, el señor Rector de la U. de Chile ignora claras disposiciones Legales que obligaban a Carabineros a actuar frente a los delitos que se estaban cometiendo desde dentro y fuera de la Casa Central. Es un hecho no controvertido que desde el interior de esta se lanzaban a los Carabineros bombas molotov, piedras, adoquines y palos, y que algunos encapuchados salían y volvían a entrar para cometer estos actos delictuales, todos los cuales constituyen delitos flagrantes.

El artículo 129 del C.P.P. establece: Inc. 2°: "Los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes sorprendieren in fraganti en la comisión de un delito"; y el inciso final establece: "En los casos que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiera detener para el solo efecto de practicar la respectiva detención".

De otro lado, la mayor parte de los establecimientos universitarios son lugares de libre acceso público. Cualquiera puede entrar sin que nadie lo controle o exija que acredite su calidad de universitario, e incluso llegan a entrar a clases. La policía tiene acceso a los lugares de libre circulación pública para investigar delitos, efectuar controles de identidad reuniéndose los requisitos legales para ello y detener a los delincuentes in fraganti y a aquellos contra los cuales exista orden de detención.

Los establecimientos universitarios no son ni pueden ser lugares de refugio para delincuentes. Tampoco existe inmunidad para los que delinquen dentro o fuera de esos recintos. Ello obliga al señor Rector a condenar la ocupación de la casa central por violentistas y no a defenderlos criticando el cumplimiento de una obligación legal por parte de Carabineros. Esta actitud, compartida por otras autoridades universitarias e incluso por la Alcaldesa, permite una completa impunidad para que estos hechos sigan sucediendo, con grave perjuicio para la mayoría de los estudiantes a los cuales se les impide su normal asistencia a clases.

Una cosa es protestar o hacer demandas dentro de lo legal y otra es el actuar violentista y destructivo que ha caracterizado estas manifestaciones. Sin una condena enérgica a los violentistas, seguirán produciéndose, cada vez más, este tipo de hechos.

Desde una oficina es fácil criticar de violencia innecesaria cuando se repelen agresiones con palos, piedras y molotov, como les ocurre a los carabineros. Hay un refrán que dice: "Otra cosa es con guitarra". Condeno la violencia innecesaria, pero defiendo el derecho a la legítima defensa por parte de Carabineros, cuando son reiteradamente agredidos con saña, dentro de las situaciones que están viviendo. Basta mirar las imágenes para comprobar de dónde viene la violencia.

Miguel Otero Lathrop, Profesor universitario de D° Procesal.

Señor Director:

"La cuestión docente".

Tal como menciona José Weinstein en su columna publicada ayer, la calidad de la educación pasa principalmente por una buena docencia en el aula. Diferentes estudios internacionales, como el informe McKinsey, evidencian que el techo de la calidad de un sistema educativo es la calidad de los profesores.

Resulta difícil comprender por qué nuestra sociedad todavía no comienza a exigir este fundamental derecho social; el derecho a que todos, independiente de donde estudien, tengan profesores de la más alta calidad.

Jorge Schiappacasse, Elige Educar.

Señor Director:

El Partido Comunista y el M-16.

En mayo de 1986, en el norte de Chile, en Carrizal Bajo, ingresó clandestinamente la mayor cantidad de armas de uso militar de que se tiene memoria en Latinoamérica.

Me correspondió investigar judicialmente este hecho, y puedo asegurar —el proceso es público— que los elementos bélicos, consistentes en miles de fusiles de asalto M-16, lanzacohetes Low, toneladas de explosivos plásticos, y millones de municiones para el servicio de estos elementos, fueron ingresados al país por barcos pesqueros chilenos, que contactaban en altamar con barcos cubanos.

La investigación llevada a cabo por la Justicia militar del Ejército permitió establecer que, con más de un año de anticipación al primer desembarco, fueron preparados cuidadosamente lugares de almacenamiento de este material bélico, en excavaciones de minas abandonadas en el norte o en construcciones subterráneas, “barretines”, a lo largo de Chile. Cerca de Santiago, se encontraron a lo menos tres. En Concepción fue uno de los últimos ubicados.

El Frente Manuel Rodríguez (FPMR), organización armada del Partido Comunista —es un hecho público y notorio— fue el nexo entre Cuba, que proporcionó las armas, su ingreso y distribución en Chile.

Recientemente los medios informativos han dado cuenta de un hecho policial en que los delincuentes utilizaron un M-16 de similares características a los ingresados en la zona norte del país, para disparar a fuerzas policiales.

Los hechos narrados son parte de la historia de Chile. Lo grave es que existe a lo menos un tercio de ese material bélico así ingresado que nunca pudo ser ubicado.

En reciente declaración, el Diputado Teillier, Presidente del Partido Comunista, reconoce haber sido el Jefe militar de ese partido a la época de ingreso de este material bélico y, como tal, haber organizado y dispuesto su entrada y distribución.

Las conclusiones y proyecciones que se desprenden de estos hechos, estimo, deben preocupar a quienes están obligados a velar por la seguridad interior del país.

Fernando Torres Silva.

Señor Director:

«Casi» iguales.

Los programas de los candidatos de Gobierno y oposición son muy parecidos. Comparando los 20 temas más importantes, sólo se ven diferencias en 3 ó 4 puntos… del PIB.

José Luis Hernández Vidal.