En entrevista
con radio Cooperativa el Presidente Sebastián Piñera anunció una
reforma
previsional que ayude a mejorar las pensiones de los trabajadores, la que
será
presentada al país antes de que termine su Gobierno.
Ya
se están transformando el corrientes los ataques de maleantes encapuchados a
Carabineros,
ayer, en el ex pedagógico, el
Subteniente Pablo Cárdenas resultó con
quemaduras
en sus piernas, debiendo ser trasladado al hospital institucional.
El Rector
del Instituto Nacional, Jorge Toro, presentó ayer la renuncia a su cargo
ante
la Alcalde de Santiago, Carolina Tohá, en medio de la toma que llevan a cabo
estudiantes
del establecimiento capitalino, la que
se ha extendido por cerca de
tres
semanas.
Alzas
y bajas de combustibles a contar de hoy, la bencina de 93
octanos bajará $7,
mientras
que la de 97 lo hará en $14, por litro, al tiempo que el kerosene y el diésel
registrarán
un alza de $2, valores que se desprenden
del informe semanal de precios
de
ENAP.
Ejecutan a ex oficial del Partido Comunista por abusar de once niñas, el
caso generó
fuerte polémica en Weibo, el ‘’Twitter chino’’, donde muchos usuarios
denunciaron
que pudo ser detenido antes y se quejaron de la habitual impunidad que
favorece a
integrantes del PCCh que cometen crímenes.
El Presidente de los Estados Unidos propuso en un discurso en Berlín que
su país y Rusia
reduzcan un tercio de su arsenal nuclear, la proposición fue rápidamente rechazada por
el Gobernante ruso Vladímir Putin, que dijo no permitirá que ‘’se
reduzca la eficacia de
nuestras fuerzas nucleares’’.
Oposición
siria apuesta por cualquier solución, incluida la militar, para acabar el
conflicto,
la Coalición
Nacional Siria (CNS) está abierta a cualquier solución que satisfaga las
aspiraciones
del pueblo sirio de derrocar el régimen de Al-Assad.
A ti,
joven elector,
por Gonzalo
Rojas Sánchez.
No
existe esa especie llamada "los jóvenes chilenos". Cuando se los
encuesta o analiza, aparecen los matices que permiten subdividirlos y
subclasificarlos en los más variados estratos.
Pero,
más allá de esas categorías, a todos les corresponderá pronunciarse el 30 de
este mes y el 17 de noviembre próximo. En eso, todos están igualados, todos
pertenecen a la misma condición: son electores. Mas, aunque jurídicamente han
sido equiparados, las muy diversas opciones que encarnan los vuelven a separar.
No les gusta formar parte de una misma masa. Por eso, hay que distinguir, y a
cada grupo conviene formularle desafíos concretos que lo ayuden a reflexionar
sobre su papel en el futuro de Chile.
A
ti, joven comunista, te han ocultado la verdadera historia de tu ideología
criminal. Si la conocieras, si supieras de los millones de víctimas que ha
causado en el mundo -muertos en la tumba y muertos en vida-, seguramente
abandonarías a tus candidatos y en vez de crecer de 3 a 5 diputados, tu partido
los perdería todos.
A
ti, joven anarquista que nunca das la cara, si te explicaran que tu utopía no
tiene rostro porque carece de alma, entonces abandonarías las molotov y el
bombazo; quizás entenderías algo sobre el valor de la razón.
A
ti, joven concertacionista, militante del PS o del PPD, ¿se te ha pasado por la
mente alguna vez que tu candidata es exactamente lo contrario de la democracia,
porque no está disponible para nadie: ni para la prensa, ni para sus contradictores,
ni siquiera para ti, a quien solo mira como cautivo adherente?
A
ti, joven de la Democracia Cristiana, hombre o mujer de nobles ideales, ¿no te
llama la atención que sean otros los que siempre conducen a tus dirigentes? ¿No
tiene que ver esa claudicación con la escasa fidelidad que tú -sí tú, todavía
joven- manifiestas a tus doctrinas, con la mínima lealtad que le entregas a tus
raíces?
A
ti, joven aliancista, que trabajas con entusiasmo pero sin perspectiva amplia,
que no entiendes a fondo lo que está en juego -un Chile libre o una tierra de
mediocres potencialmente esclavizados-, esta es tu última oportunidad en
libertad: tómala o laméntala.
A
ti, joven manifestante callejero, ridículo, porque crees cambiar el mundo con
cuatro gritos y tres pancartas, tú has de saber que ya hasta la Camila y el
Giorgio han preferido las instituciones y, aunque no crean en ellas, te están
llamando a formalizar tus demandas.
A
ti, el peor de todos, el patán que no opina ni participa, que no se interesa
sino por la nieve o por el trekking , a ti que estás en la marihuana o en el
ron, a ti te digo: cambia o prepárate para lo peor, para el final de tus
desvaríos, porque te van a hacer pedazos, a no ser que logres irte a tiempo a
California.
A
ti, joven pinochetista, que vives lamentándote de los agravios y las
persecuciones, ya está bien de quejumbrosos recuerdos. ¿Actúas en democracia
para demostrar que es a tu líder a quien Chile se la debe?
A
ti, joven que has sido incitado a integrarte a una minoría -sexual, racial,
social, artística-, ¿nunca se te ha pasado por la mente que debes acercarte a
las grandes mayorías que no comparten tu postura y que tienen mucho que
enseñarte para sacarte de tu soberbia egoísta?
A
ti, joven rupturista, que estás con Parisi o con Enríquez-Ominami, o que miras
a una asamblea constituyente como el camino adecuado, no olvides que los
apoyarás, y si tienen éxito, la marea subirá inundándolo todo, y tú mismo serás
arrasado por la ola. No te engañes: hay unas decenas de ejemplos que ya lo han
demostrado, aunque quizás lo triste es que tú debas experimentarlo de primera
mano.
Algunos
te dirán que todo esto es campaña del terror. Piénsalo: ¿No será, más bien,
para que evites el error?
Educación:
Lecciones de Nueva Zelandia,
por Rosita Camhi y Gonzalo Toledo.
En
el reciente seminario de educación, organizado por Libertad y Desarrollo e
INACAP, participó Hekia Parata, Ministro de Educación de Nueva Zelandia, quien
expuso acerca del sistema educacional de ese país, uno de los de mejor
rendimiento escolar a nivel mundial. Entre las lecciones que pueden extraerse
destaca la filosofía educacional que pone al alumno en el centro del proceso, a
fin de prepararlo en los conocimientos, habilidades y valores que le permitirán
tener una buena transición hacia la enseñanza superior y convertirse en un
ciudadano exitoso.
En
primer lugar se ha puesto un fuerte énfasis en la preparación y alta calidad
profesional de los profesores. Los docentes recién graduados, y que empiezan a
enseñar en un colegio, son monitoreados por un mentor y sólo reciben su certificación
tras dos años de buen desempeño, la que deben renovar cada tres años.
Los
colegios siguen un currículum nacional —bilingüe y bicultural, dado que un
amplio porcentaje de la población es de origen maorí—, pero que otorga a los
profesores la flexibilidad para aplicar un currículo que refleje el idioma,
cultura y diversidad de cada escuela y su entorno. Esto es así porque, si bien
la mayoría de los colegios son públicos (96%), cada establecimiento es dirigido
y administrado en forma autónoma por un Consejo de Administración con
participación de los padres, el que es elegido por la respectiva comunidad.
Ellos contratan al Director, quien tiene la más amplia autonomía para contratar
profesores y administrar la escuela.
Los
colegios son sometidos a evaluaciones regulares por una Agencia de Calidad,
independiente del Ministerio, que define estándares y certificaciones de logros
académicos y emite informes que permiten que los padres y la comunidad conozcan
los logros académicos de los estudiantes. Actualmente, se ha logrado que tres
de cada cuatro estudiantes reciban calificaciones exitosas, y el Gobierno
destina más recursos a quienes no logran dichos niveles.
La
experiencia neozelandesa demuestra que, junto con un sistema de financiamiento Estatal
en educación (representado en el 7,2% del PIB) y la participación de privados,
su enfoque basado en la calidad y centrado en el alumno puede tener excelentes
resultados. Este debe aplicarse en la estructura de gestión de los
establecimientos escolares, en la formación y selección de profesores, y en la
evaluación de los colegios con estándares y certificaciones. Este éxito puede
lograrse sin rigideces innecesarias y respetando la capacidad de cada
establecimiento de adecuar su currículum a su realidad y a la de su entorno.
Más
I+D, menos impuestos,
por Hernán
Cheyre.
Para
un gran número de chilenos, y para las empresas, abril es sinónimo de pago de
impuestos. Sin embargo, entre los miles de contribuyentes que presentaron su
declaración tributaria este año, hubo 15 empresas que marcaron la diferencia en
un aspecto que es de importancia para el desarrollo del país: pudieron aplicar
una rebaja a sus impuestos anuales como consecuencia de haber destinado fondos
a algún proyecto de investigación y desarrollo (I+D).
A
pesar de que el monto global que estas compañías pudieron aplicar en total como
rebaja tributaria apenas superó la cifra de US$ 1 millón, cabe destacar que son
las primeras y que se trata de una proporción significativa del esfuerzo que
acreditaron ante Corfo: un 35% de la inversión que realizaron durante los primeros
cuatro meses de vigencia de la nueva Ley I+D, instrumento que otorga este
beneficio a toda empresa que destine recursos para proyectos de investigación y
desarrollo.
Antecedentes
preliminares disponibles nos permiten predecir que las rebajas tributarias que
se van a registrar al amparo de la nueva Ley aumentarán significativamente en
el corto plazo. Basta señalar que a esta fecha contamos con 160 empresas que
han manifestado la intención de hacer uso de este instrumento, por un monto
total de inversión de aproximadamente US$ 163 millones.
No
cabe duda de que mientras más compañías
utilicen la franquicia tributaria que otorga la Ley para las actividades de
I+D, la posición competitiva de Chile se verá fortalecida. La proporción del PIB que Chile destina a I+D
es todavía muy bajo (menos de 0,5%), encontrándose en los últimos lugares entre
los países que conforman la Ocde. Es por ello que el Gobierno se ha propuesto
la meta de duplicar esta proporción en los próximos años, para así disminuir la
brecha que nos separa de los países más industrializados, que en promedio
destinan un 2,3% del PIB a actividades de I+D.
La
nueva Ley de incentivo tributario a la I+D introdujo cambios relevantes,
destacando la posibilidad de acreditar este beneficio para las actividades de
investigación y desarrollo que se realicen al interior de las empresas (antes
sólo se podía postular si había de por medio un contrato suscrito con un centro
de I+D registrado en Corfo), y ampliando el beneficio anual a aproximadamente
US$ 1,2 millones, tres veces lo que era bajo la Legislación anterior. Con las
modificaciones aplicadas queremos convertir a esta normativa en un instrumento
de alto impacto para mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas.
Acá
no se trata de hacer un llamado al sector privado a asumir el desafío de
innovar y de destinar recursos a I+D bajo una perspectiva de “responsabilidad
social”. Se trata de hacer un llamado de alerta para seguir este camino como
fuente de sustentabilidad en el largo plazo, para no verse desplazados del
mercado en un mundo competitivo. El mensaje es claro: si existe más inversión
empresarial en investigación, desarrollo e innovación, nuestras empresas se
volcarán a la generación de nuevos y mejores productos y servicios, logrando
diferenciarse en su oferta y abriéndose a mercados globales. Para que el sector
privado acoja este llamado es fundamental que lo vean como una necesidad. El Gobierno
continuará realizando esfuerzos para emparejar la cancha, permitiendo el
ingreso de nuevos entrantes a las distintas industrias.
¿Nueva
Constitución? ¿Asamblea constituyente?
La
idea de una nueva Constitución fue inicialmente planteada en la discusión
política por el Senador Eduardo Frei, hace cuatro años, en el contexto de su
campaña Presidencial. La propuesta no fue objeto de mayor debate ni caló en la
opinión pública entonces, y quedó sumergida tras terminar el período electoral.
Ahora, esa idea -que vino incubándose a la sombra de los movimientos
estudiantiles- ha reflotado con el inicio de las campañas Presidenciales de
este año, al punto de instalarse como un tema que divide el debate político.
Tanto se ha hablado, que en la opinión pública ya está internalizado un
lenguaje que alude a una "nueva Constitución" y a una "asamblea
constituyente", y diversos grupos insisten en la necesidad de que ellas se
transformen en realidad.
Esto
es preocupante, puesto que -más allá de que convenga o no al país orientarse en
esa dirección- ni la una ni la otra son técnicamente posibles dentro del orden
institucional vigente. Lo que la Constitución actual permite son reformas a sí
misma, con quórums de tres quintos o dos tercios de cada Cámara, según la
materia de que se trate la modificación. Una asamblea constituyente no está
prevista -pese a las forzadas interpretaciones que sugieren algunos académicos,
que evocan los resquicios Legales de triste memoria-, y hablar de "nueva
Constitución" podría validarse coloquialmente, a lo más, como expresión de
cambios muy profundos, que le dieran una cara distinta a la Carta Fundamental.
Es lo que intentó el entonces Presidente Lagos con la reforma de 2005, poniendo
incluso su rúbrica como símbolo de ese cambio.
A
este respecto, el discurso de muchos políticos y de algunos candidatos Presidenciales
resulta peligroso, y hasta potencialmente incendiario. Si la expectativa de una
nueva Constitución o de una asamblea constituyente efectivamente tomara fuerza
en la ciudadanía -a la que no es difícil vender ilusiones-, y si una parte
importante de ella vota pensando en materializar ese anhelo, ¿quién se hará
cargo luego de decir que no es posible y de manejar el descontento y la
frustración que eso causará? ¿Tendrán la capacidad para hacerlo quienes ahora
la postulan como fácil eslogan de campaña electoral?
Por
cierto, no se trata de que la Constitución no deba o no pueda ser modificada,
pero sí de plantear rectamente y explicar a la ciudadanía en qué y cómo se
propone reformarla, siguiendo el cauce institucional que existe para tal
efecto. En este sentido, no ayuda el sumarse al argumento de una presunta
"ilegitimidad de origen" de la actual Carta Fundamental, no solo
porque es inconducente, sino porque se olvida la gruesa evidencia de que cada
Constitución de nuestra república ha tenido sus propias fragilidades -la
historia no es un laboratorio aséptico-, como la falta de sufragio femenino
(además de una discutible génesis) en la de 1925, o el voto censitario en 1833,
o la ausencia de consulta ciudadana en 1823 y 1828. Además, se omite
sistemáticamente recordar que la Constitución actual ha experimentado muy
numerosos perfeccionamientos -el texto original de 1980 ha tenido más de 240
cambios en su articulado-, todos ellos mediante mecanismos democráticos, los
más relevantes de los cuales han sido las reformas de 1989 y 2005, ambas
logradas gracias a un alto grado de consenso político. Eso desmiente la
imputación de que sea una Constitución inmutable o rígida.
Hoy
parece ir emergiendo cierto consenso en cuanto a modificar algunos quórums,
particularmente en lo referente a las Leyes Orgánicas Constitucionales.
Plantear esos puntos e insistir derechamente en ellos sin romper el Estado de
Derecho es una vía legítima, menos peligrosa socialmente y más eficaz
políticamente si se piensa en el progreso del país y no solo en la próxima
elección.
Infraestructura
chilena.
Pese
a la relativa desaceleración de la economía, todas las proyecciones apuntan a
que Chile alcanzará el nivel de ingresos de un país desarrollado antes de que
termine esta década. Pero el camino al desarrollo no puede considerar solo el
ingreso per cápita, sino también la calidad de vida de los chilenos. Más allá
de su vaguedad, las promesas refundacionales y las demandas de cambio de modelo
económico parecen aludir a la nueva prioridad que las personas asignan a dicha
calidad.
Al
respecto, Chile tiene aún bastante camino por recorrer. Un reciente estudio del
Ministerio de Vivienda muestra que nuestro país invierte cerca de 320 mil pesos
por habitante en desarrollo de vivienda, transporte y otra infraestructura
urbana. Es una cifra aún muy baja, apenas el 20% de lo que los países
desarrollados invierten en sus ciudades. Eso explica que Chile esté entre los
países de la OCDE con el mayor porcentaje de población sin acceso a servicios
básicos y con peores condiciones de vivienda, solo comparables -en ese grupo
selecto, debe recordarse- con Estonia y Turquía.
Tales
cifras parecen difíciles de creer cuando se observa el desarrollo que han
tenido diversas Comunas de Santiago y algunas otras ciudades en los últimos
años. Pero precisamente allí radica uno de los principales problemas: no se
trata solo de que la inversión en infraestructura sea aún baja, sino de que,
además, está concentrada en la capital y algunas pocas Regiones. Hace poco,
Mario Marcel, Subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la
OCDE, informó que esta acaba de concluir un estudio en el que Chile aparece
como el país con las mayores disparidades regionales. Ya en 2009, esa
organización había advertido que tal desigualdad tiene un efecto directo en la
baja productividad laboral.
El
desarrollo de infraestructura urbana es un factor determinante para un
crecimiento sustentable en el largo plazo. Un reciente estudio encargado por el
Gobierno estadounidense confirma que la inversión en infraestructura pública,
además de crear crecimiento y empleo para la clase media, atrae también más
inversiones, aumenta la productividad, eleva el valor de las propiedades y
origina una serie de beneficios secundarios, como mejoras en eficiencia
energética y salud pública.
La
inversión es obviamente indispensable, pero no basta. Es necesario que ella
responda a las necesidades de las comunidades que más la requieren, algo solo
posible con una participación más eficaz y técnicamente fundada de los Municipios
y los Gobiernos Regionales. Se espera que avances en tal sentido deriven del
programa "Chile descentralizado: desarrollado", que se presenta en
estos días con impulso del Gobierno y otras organizaciones. Cabe desear que
esta iniciativa logre ir más allá del diagnóstico y consiga progresos
concretos.
En
esta misma área, en lo relativo a vivienda, entretanto, nuestro país está
atendiendo a una recomendación de la OCDE para promover movilidad laboral,
mediante un programa especial de arriendo de 10 mil subsidios para familias
jóvenes ("sub 30") en todo el territorio, que comenzará a aplicarse
en septiembre próximo y que aportará 3 UF mensuales por cinco años para
alquilar viviendas de hasta $200 mil. Al enterarse dicho plazo, el beneficiario
obtendrá puntaje adicional para un subsidio de propiedad.
Esto
responde a que, según el Ministerio del ramo, hoy el 34% de los subsidios para
familias vulnerables se concentra en aquellas encabezadas por menores de 30, lo
que -como lo comprueban diversos análisis- explica que haya muchas viviendas
sociales arrendadas, debido a que estos grupos tienden a cambiarse de casa o de
ciudad, en búsqueda de mejores perspectivas laborales. Este es un caso de
avances quizá publicitariamente no muy llamativo, pero ciertamente eficaz.
Compromiso
sobre fallo de La Haya.
Manifestando
una positiva señal de unidad transversal, los Presidentes de 12 colectividades
chilenas de distinto signo político entregaron al Canciller Alfredo Moreno un
documento en el que se comprometen a respetar el fallo de la Corte
Internacional de Justicia, entidad que en las próximas semanas debiese dar a
conocer su dictamen, respecto de la demanda marítima presentada por Perú contra
nuestro país. Este mismo gesto fue replicado por los timoneles de seis partidos
políticos de la vecina nación y se condice con las muestras de unidad que han
venido desarrollando en el último tiempo La Moneda y Palacio Pizarro.
Resulta
valioso que los líderes de opinión y políticos a nivel local realicen acciones
públicas que contribuyan a generar un clima de tranquilidad, de cara a la
decisiva resolución, especialmente por tratarse de un tema que es muy sensible
para la ciudadanía y de gran importancia por lo que está en juego. Hacer un
llamado a esperar el fallo con tranquilidad y acatar la resolución del tribunal
con sede en La Haya es lo que corresponde y se espera de quienes ejercen altos
cargos institucionales, pues se enmarca dentro de lo que tradicionalmente ha
sido la conducción de Chile en materia de política exterior, caracterizada por
el pleno respeto del derecho internacional. Evitar que se exacerben los ánimos
cobra más relevancia aún, considerando que los vínculos políticos, económicos y
culturales entre ambos países trascienden el fallo de La Haya.
El
Gobierno ha presentado argumentos jurídicos e históricos sólidos para defender
los intereses del país y lograr que el tribunal internacional resuelva en favor
de la causa chilena, basados en el irrestricto apego a los tratados suscritos
con Perú que se encuentran plenamente vigentes. Cabe entonces mantener la
mesura en esta materia y tener confianza de que la referida Corte va a acoger
los planteamientos de Chile.
Reservas
ante proyecto de Ley de Isapres.
El
proyecto de Ley que modifica el sistema de isapres y que contemplaba la
creación de un plan garantizado y un índice de precios de la salud ha avanzado
rápidamente en la discusión en particular en la Comisión de Salud del Senado,
en segundo trámite Legislativo. Sin embargo, ya han sido allí rechazadas las
propuestas de crear el índice de precios -que permitía transparentar el
incremento de los costos de la salud, impulsados por el envejecimiento de la
población, el cambio epidemiológico y los constantes avances tecnológicos
mundiales- y de aplicar al plan base garantizado tarifas diferenciadas por
edad, que buscaban responder a los reales mayores costos de la salud de los
adultos de más edad y de las familias con hijos. A la inversa ocurre con los
adultos jóvenes.
Sin
dicho índice, y con una tarifa plana que grava injustamente a las familias, la
creación de un plan base garantizado, por sí sola, no tiene sentido, pues la
tarifa plana, lejos de beneficiar a los afiliados a isapres, perjudicará cuando
menos al 60% de ellos, en general jóvenes o niños. Si se aprueba esta Ley con
tarifa plana, en pocos años el sistema privado estará desfinanciado y
envejecido, porque los jóvenes, con una tarifa muy sobrecargada artificialmente
por Ley, deberán afiliarse al sistema Estatal.
Como
lo han observado incluso técnicos independientes de variadas sensibilidades,
las normas propuestas aumentarían la desigualdad, porque las familias más
numerosas son estadísticamente las de menor ingreso familiar, y deben pagar un
monto por cada miembro.
Según
diversas estimaciones, todo lo anterior podría empujar en el primer año a 600
mil personas al sistema estatal de salud, recargándolo con una población que
hoy no atiende, en perjuicio de la que sí atiende -en general, de menores
recursos- con las dificultades conocidas.
Entretanto,
la ciudadanía ha ido cobrando conciencia de que el rápido envejecimiento de la
población chilena -como este diario ha venido previniéndolo hace dos décadas
cuando menos- causará graves problemas en materias de seguridad social y salud.
Por eso, resulta tanto más incomprensible que se pretenda financiar el sistema
privado de salud con sobreprecios financiados por los jóvenes.
De
aprobarse este proyecto en su forma actual, en la práctica contribuirá a mayor
confusión entre los usuarios y, además, impulsará una nueva judicialización -ya
anunciada por algunos abogados-, cual es la de aquellos contratantes que
querrán conservar sus actuales beneficios y se resistirán a cambiarse a un plan
garantizado.
Convendría
que el Ejecutivo reconsidere continuar impulsando este proyecto, pues sin las
ideas esenciales referidas, se dañará a los actuales usuarios del sistema de
salud, se frenará en el futuro la renovación de la cartera de afiliados y se
desestimulará la inversión privada, nada de lo cual resuelve las graves
deficiencias del sistema Estatal de salud. Ojalá la sala del Senado lo tenga
presente.
¿«Primavera»
brasileña?
La
protesta que unas 1.500 personas iniciaron en Sao Paulo el día 7 de este mes
por un alza equivalente a diez centavos de dólar en la tarifa de la
movilización colectiva se ha transformado en un estallido masivo en todas las
principales ciudades del país que algunos califican como “primavera brasileña”,
asimilándola al anterior fenómeno ocurrido en las naciones árabes, pese a la
evidente diferencia entre esta democracia sudamericana y aquellos regímenes
autoritarios. En el caso de Brasil, la primitiva demanda, a la cual los
respectivos Alcaldes se mostraron pronto dispuestos a ceder, fue dando origen,
como en otras naciones, a sucesivas quejas de mayor alcance, aquí en temas como
la calidad de las escuelas y los hospitales, el “despilfarro” que supondría el
gasto de más de US$ 15.000 millones en el próximo Mundial de Fútbol y la
corrupción de la clase política, que ha significado ya acusaciones contra un
buen número de Ministros y Parlamentarios.
La
Presidente Dilma Rousseff, que no vaciló en defenestrar por tales motivos a
varios colaboradores cercanos a su inspirador político, el ex Mandatario Lula
da Silva, intenta hoy sumarse al movimiento social en una maniobra riesgosa,
porque su propio Gobierno se halla involucrado como objeto de los reclamos. Al
declarar que “Brasil amaneció más fuerte” y que ella “está oyendo esas voces
por el cambio” que tienen “el derecho a influir en las decisiones de los Gobiernos”,
reconoce a lo que está sucediendo una validez mayor que la de una simple
protesta. Para algunos observadores, es la actual coyuntura económica e incluso
del liderazgo internacional de Brasil, en cierta forma cuestionado, lo que
explica el hecho de que una población poco inclinada a la contienda política
callejera esté expresando una verdadera frustración, que ahora se traduce en
estas manifestaciones.
Hasta
hace poco, se veía al gigante sudamericano como una de las nuevas potencias
mundiales emergentes, pero su crecimiento de 2,7 y 0,9% en los dos últimos años
y el de 2,4% que se prevé para éste son decepcionantes, y —quizás por sus
nuevas alianzas que han preferido a los países del ALBA y otros ajenos al
núcleo occidental, mientras se robustece la presencia de México en América— no
se aprecia como antes su influencia determinante en la región. Todo lo anterior
mostraría motivos propios de la realidad brasileña para este desborde social.
Sin embargo, algo parecido podría decirse de las movilizaciones árabes, del
actual conflicto en Turquía... o de lo que viene ocurriendo en los últimos años
en Chile. Siempre existen circunstancias locales que detonan este tipo de
problemas, pero, con matices diversos, en todos ellos parece influir el factor
de una crisis de desarrollo originada justamente en el éxito alcanzado.
Si
conforme a la CEPAL hoy la clase media es ya mayoritaria en América Latina, en
nuestro caso es evidente el surgimiento de ese nuevo estrato “aspiracional” que
amplía el ámbito de ese sector social y en Brasil se estima en 40 millones el
número de ciudadanos que en la última década ingresaron a esa condición. Allí,
en sus nuevas demandas —que conciben como derechos exigibles de inmediato—, en
la relativa inestabilidad económica que los amenaza con volver a caer en la
pobreza si no consolidan luego su estatus, y en la imprecisa exigencia de
sustituir a los intermediarios que hoy los representan en las decisiones
políticas, parece estar esa mezcla de satisfacción y frustración que inspira
estas presiones y estas urgencias, y encajonan en un dilema difícil de
solucionar a los Gobiernos y a la institucionalidad existente. Querámoslo o no,
hay allí también un telón de fondo común para todas nuestras opciones
electorales del presente año.
Graves
riesgos de la nueva Ley de Comunicación en Ecuador.
Siguiendo
una preocupante tendencia regional, el Congreso de Ecuador aprobó, hace unos
días, una Legislación que supone un severo retroceso para las libertades de
prensa y expresión, y que amenaza el derecho de
los ciudadanos de ese país a recibir información confiable desde fuentes
independientes. La Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada por la mayoría
oficialista en la Asamblea Nacional, luego de cuatro años de debate Parlamentario.
Tal
como ya ha ocurrido en Argentina, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, el nuevo
cuerpo Legal entrega al Estado amplios espacios para intervenir en el proceso
informativo, lo cual supone un deterioro para las posibilidades de la
ciudadanía ecuatoriana de acceder a información que le permita adoptar
decisiones ilustradas, requisito básico de cualquier sistema democrático. La Ley
mantiene el poder del Estado de asignar las frecuencias y licencias de radio y
televisión, pero ahora bajo la justificación de que su reparto sea “equitativo”, estableciendo cuotas de
participación según propiedad: 34% para los medios comunitarios, 33% para los
públicos y 33% para los privados. Debido a que hoy este último sector controla
el 85,5% de las frecuencias radiales y el 71% de las licencias televisivas, la
nueva Ley supone una severa restricción a la participación de los particulares.
Si los ejemplos de Argentina y Venezuela sirven como antecedente, no sería
extraño que en dicho proceso de reordenamiento resultaran favorecidas las
señales que se muestren más amigables con la autoridad política, no así
aquellas con una actitud más crítica.
La
Ley de Comunicación incluye disposiciones que ponen en riesgo la independencia
de los medios, por ejemplo, a través de organismos con amplias atribuciones,
como el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, y la
Superintendencia de Información y Comunicación. También define nuevos tipos
penales, como la figura del “linchamiento mediático”, que pretende evitar la
publicación reiterada de informaciones que desprestigien a personas naturales o
jurídicas, pero que en los hechos representará un obstáculo para la
investigación de casos de corrupción y la denuncia de irregularidades o malas
prácticas. Considerada en su conjunto, la normativa tiende a la autocensura y
limita la posibilidad de someter a la crítica las decisiones y políticas del
Ejecutivo. Esto supone consecuencias graves, si se considera que, al igual que
ha venido ocurriendo en varios países del continente, en Ecuador existe una
progresiva concentración de poder en manos del Gobierno, lo cual hace aún más
necesaria la presencia de una prensa vigorosa y capaz de fiscalizar las actividades
de la autoridad. Por ello, la normativa aprobada significa un deterioro para la
democracia ecuatoriana.
Mientras
el Gobierno del Presidente Rafael Correa ha señalado que la nueva Ley responde
al “mandato del pueblo ecuatoriano” para impedir “los abusos” y “la
manipulación”, la Asociación Ecuatoriana de Periódicos declaró que lo que viene
es un período de “totalitarismo informativo”. A nivel regional, el despacho de
la normativa ha generado rechazo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
expresó que “las disposiciones que contiene la Ley no se diferencian de las que
establecían las dictaduras militares en los 70 y los 80”, mientras que diversas
asociaciones de medios han criticado sus contenidos. En Chile, la Asociación
Nacional de la Prensa emitió un comunicado en el que sostiene que “la
aprobación representa un grave daño a la libertad de expresión en Ecuador”.
Una carta
para meditar:
Señor
Director:
Toma
de colegios.
Me
parecen absolutamente impúdicos los sucesos que han ocurrido en el liceo más
prestigioso del país. El lunes 17 del presente se ha determinado ilegítimamente
que la conducción del movimiento quede en manos de una llamada “Asamblea de
Toma”, que lo único que logra es que el
“primer foco de luz de la nación” se extinga. El 2011 se cometió el mismo
error, fueron siete meses en una inservible toma. ¿Cuánto más pasará ahora?
Martín
Rebolledo, Alumno del Instituto Nacional.
HUMOR
(Tomado de
Diario La Tercera)