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jueves, 20 de junio de 2013

Breves con imagenes informativas, temas para la discusión...



En entrevista con radio Cooperativa el Presidente Sebastián Piñera anunció una
reforma previsional que ayude a mejorar las pensiones de los trabajadores, la que
será presentada al país antes de que termine su Gobierno.




Ya se están transformando el corrientes los ataques de maleantes encapuchados a
Carabineros, ayer, en el ex pedagógico,  el Subteniente Pablo Cárdenas resultó con
quemaduras en sus piernas, debiendo ser trasladado al hospital institucional.




El Rector del Instituto Nacional, Jorge Toro, presentó ayer la renuncia a su cargo
ante la Alcalde de Santiago, Carolina Tohá, en medio de la toma que llevan a cabo
estudiantes del  establecimiento capitalino, la que se ha extendido por cerca de
tres semanas.




Alzas y bajas de combustibles a contar de hoy, la bencina  de  93 octanos bajará $7,
mientras que la de 97 lo hará en $14, por litro, al tiempo que el kerosene y el  diésel
registrarán  un alza de $2, valores que se desprenden del informe semanal de precios
de ENAP.




Ejecutan a ex oficial del Partido Comunista por abusar de once niñas, el caso generó
fuerte polémica en Weibo, el ‘’Twitter chino’’, donde muchos usuarios denunciaron
que pudo ser detenido antes y se quejaron de la habitual impunidad que favorece a
integrantes del PCCh que cometen crímenes.




El Presidente de los Estados Unidos propuso en un discurso en Berlín que su país y Rusia
reduzcan un tercio de su arsenal nuclear,  la proposición fue rápidamente rechazada por
el Gobernante ruso Vladímir Putin, que dijo no permitirá que  ‘’se reduzca la eficacia de
nuestras fuerzas nucleares’’.




Oposición siria apuesta por cualquier solución, incluida la militar, para acabar el conflicto,
la Coalición Nacional Siria (CNS) está abierta a cualquier solución que satisfaga las
aspiraciones del pueblo sirio de derrocar el régimen de Al-Assad.







A ti, joven elector,
por Gonzalo Rojas Sánchez.


No existe esa especie llamada "los jóvenes chilenos". Cuando se los encuesta o analiza, aparecen los matices que permiten subdividirlos y subclasificarlos en los más variados estratos.


Pero, más allá de esas categorías, a todos les corresponderá pronunciarse el 30 de este mes y el 17 de noviembre próximo. En eso, todos están igualados, todos pertenecen a la misma condición: son electores. Mas, aunque jurídicamente han sido equiparados, las muy diversas opciones que encarnan los vuelven a separar. No les gusta formar parte de una misma masa. Por eso, hay que distinguir, y a cada grupo conviene formularle desafíos concretos que lo ayuden a reflexionar sobre su papel en el futuro de Chile.


A ti, joven comunista, te han ocultado la verdadera historia de tu ideología criminal. Si la conocieras, si supieras de los millones de víctimas que ha causado en el mundo -muertos en la tumba y muertos en vida-, seguramente abandonarías a tus candidatos y en vez de crecer de 3 a 5 diputados, tu partido los perdería todos.


A ti, joven anarquista que nunca das la cara, si te explicaran que tu utopía no tiene rostro porque carece de alma, entonces abandonarías las molotov y el bombazo; quizás entenderías algo sobre el valor de la razón.


A ti, joven concertacionista, militante del PS o del PPD, ¿se te ha pasado por la mente alguna vez que tu candidata es exactamente lo contrario de la democracia, porque no está disponible para nadie: ni para la prensa, ni para sus contradictores, ni siquiera para ti, a quien solo mira como cautivo adherente?


A ti, joven de la Democracia Cristiana, hombre o mujer de nobles ideales, ¿no te llama la atención que sean otros los que siempre conducen a tus dirigentes? ¿No tiene que ver esa claudicación con la escasa fidelidad que tú -sí tú, todavía joven- manifiestas a tus doctrinas, con la mínima lealtad que le entregas a tus raíces?


A ti, joven aliancista, que trabajas con entusiasmo pero sin perspectiva amplia, que no entiendes a fondo lo que está en juego -un Chile libre o una tierra de mediocres potencialmente esclavizados-, esta es tu última oportunidad en libertad: tómala o laméntala.


A ti, joven manifestante callejero, ridículo, porque crees cambiar el mundo con cuatro gritos y tres pancartas, tú has de saber que ya hasta la Camila y el Giorgio han preferido las instituciones y, aunque no crean en ellas, te están llamando a formalizar tus demandas.


A ti, el peor de todos, el patán que no opina ni participa, que no se interesa sino por la nieve o por el trekking , a ti que estás en la marihuana o en el ron, a ti te digo: cambia o prepárate para lo peor, para el final de tus desvaríos, porque te van a hacer pedazos, a no ser que logres irte a tiempo a California.


A ti, joven pinochetista, que vives lamentándote de los agravios y las persecuciones, ya está bien de quejumbrosos recuerdos. ¿Actúas en democracia para demostrar que es a tu líder a quien Chile se la debe?


A ti, joven que has sido incitado a integrarte a una minoría -sexual, racial, social, artística-, ¿nunca se te ha pasado por la mente que debes acercarte a las grandes mayorías que no comparten tu postura y que tienen mucho que enseñarte para sacarte de tu soberbia egoísta?


A ti, joven rupturista, que estás con Parisi o con Enríquez-Ominami, o que miras a una asamblea constituyente como el camino adecuado, no olvides que los apoyarás, y si tienen éxito, la marea subirá inundándolo todo, y tú mismo serás arrasado por la ola. No te engañes: hay unas decenas de ejemplos que ya lo han demostrado, aunque quizás lo triste es que tú debas experimentarlo de primera mano.


Algunos te dirán que todo esto es campaña del terror. Piénsalo: ¿No será, más bien, para que evites el error?


Educación: Lecciones de Nueva Zelandia,
por  Rosita Camhi y Gonzalo Toledo.


En el reciente seminario de educación, organizado por Libertad y Desarrollo e INACAP, participó Hekia Parata, Ministro de Educación de Nueva Zelandia, quien expuso acerca del sistema educacional de ese país, uno de los de mejor rendimiento escolar a nivel mundial. Entre las lecciones que pueden extraerse destaca la filosofía educacional que pone al alumno en el centro del proceso, a fin de prepararlo en los conocimientos, habilidades y valores que le permitirán tener una buena transición hacia la enseñanza superior y convertirse en un ciudadano exitoso.


En primer lugar se ha puesto un fuerte énfasis en la preparación y alta calidad profesional de los profesores. Los docentes recién graduados, y que empiezan a enseñar en un colegio, son monitoreados por un mentor y sólo reciben su certificación tras dos años de buen desempeño, la que deben renovar cada tres años.


Los colegios siguen un currículum nacional —bilingüe y bicultural, dado que un amplio porcentaje de la población es de origen maorí—, pero que otorga a los profesores la flexibilidad para aplicar un currículo que refleje el idioma, cultura y diversidad de cada escuela y su entorno. Esto es así porque, si bien la mayoría de los colegios son públicos (96%), cada establecimiento es dirigido y administrado en forma autónoma por un Consejo de Administración con participación de los padres, el que es elegido por la respectiva comunidad. Ellos contratan al Director, quien tiene la más amplia autonomía para contratar profesores y administrar la escuela.


Los colegios son sometidos a evaluaciones regulares por una Agencia de Calidad, independiente del Ministerio, que define estándares y certificaciones de logros académicos y emite informes que permiten que los padres y la comunidad conozcan los logros académicos de los estudiantes. Actualmente, se ha logrado que tres de cada cuatro estudiantes reciban calificaciones exitosas, y el Gobierno destina más recursos a quienes no logran dichos niveles.


La experiencia neozelandesa demuestra que, junto con un sistema de financiamiento Estatal en educación (representado en el 7,2% del PIB) y la participación de privados, su enfoque basado en la calidad y centrado en el alumno puede tener excelentes resultados. Este debe aplicarse en la estructura de gestión de los establecimientos escolares, en la formación y selección de profesores, y en la evaluación de los colegios con estándares y certificaciones. Este éxito puede lograrse sin rigideces innecesarias y respetando la capacidad de cada establecimiento de adecuar su currículum a su realidad y a la de su entorno.


Más I+D, menos impuestos,
por Hernán Cheyre.


Para un gran número de chilenos, y para las empresas, abril es sinónimo de pago de impuestos. Sin embargo, entre los miles de contribuyentes que presentaron su declaración tributaria este año, hubo 15 empresas que marcaron la diferencia en un aspecto que es de importancia para el desarrollo del país: pudieron aplicar una rebaja a sus impuestos anuales como consecuencia de haber destinado fondos a algún proyecto de investigación y desarrollo (I+D).


A pesar de que el monto global que estas compañías pudieron aplicar en total como rebaja tributaria apenas superó la cifra de US$ 1 millón, cabe destacar que son las primeras y que se trata de una proporción significativa del esfuerzo que acreditaron ante Corfo: un 35% de la inversión que realizaron durante los primeros cuatro meses de vigencia de la nueva Ley I+D, instrumento que otorga este beneficio a toda empresa que destine recursos para proyectos de investigación y desarrollo.


Antecedentes preliminares disponibles nos permiten predecir que las rebajas tributarias que se van a registrar al amparo de la nueva Ley aumentarán significativamente en el corto plazo. Basta señalar que a esta fecha contamos con 160 empresas que han manifestado la intención de hacer uso de este instrumento, por un monto total de inversión de aproximadamente US$ 163 millones.


No cabe duda de que mientras  más compañías utilicen la franquicia tributaria que otorga la Ley para las actividades de I+D, la posición competitiva de Chile se verá fortalecida.  La proporción del PIB que Chile destina a I+D es todavía muy bajo (menos de 0,5%), encontrándose en los últimos lugares entre los países que conforman la Ocde. Es por ello que el Gobierno se ha propuesto la meta de duplicar esta proporción en los próximos años, para así disminuir la brecha que nos separa de los países más industrializados, que en promedio destinan un 2,3% del PIB a actividades de I+D.


La nueva Ley de incentivo tributario a la I+D introdujo cambios relevantes, destacando la posibilidad de acreditar este beneficio para las actividades de investigación y desarrollo que se realicen al interior de las empresas (antes sólo se podía postular si había de por medio un contrato suscrito con un centro de I+D registrado en Corfo), y ampliando el beneficio anual a aproximadamente US$ 1,2 millones, tres veces lo que era bajo la Legislación anterior. Con las modificaciones aplicadas queremos convertir a esta normativa en un instrumento de alto impacto para mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas.


Acá no se trata de hacer un llamado al sector privado a asumir el desafío de innovar y de destinar recursos a I+D bajo una perspectiva de “responsabilidad social”. Se trata de hacer un llamado de alerta para seguir este camino como fuente de sustentabilidad en el largo plazo, para no verse desplazados del mercado en un mundo competitivo. El mensaje es claro: si existe más inversión empresarial en investigación, desarrollo e innovación, nuestras empresas se volcarán a la generación de nuevos y mejores productos y servicios, logrando diferenciarse en su oferta y abriéndose a mercados globales. Para que el sector privado acoja este llamado es fundamental que lo vean como una necesidad. El Gobierno continuará realizando esfuerzos para emparejar la cancha, permitiendo el ingreso de nuevos entrantes a las distintas industrias.



¿Nueva Constitución? ¿Asamblea constituyente?


La idea de una nueva Constitución fue inicialmente planteada en la discusión política por el Senador Eduardo Frei, hace cuatro años, en el contexto de su campaña Presidencial. La propuesta no fue objeto de mayor debate ni caló en la opinión pública entonces, y quedó sumergida tras terminar el período electoral. Ahora, esa idea -que vino incubándose a la sombra de los movimientos estudiantiles- ha reflotado con el inicio de las campañas Presidenciales de este año, al punto de instalarse como un tema que divide el debate político. Tanto se ha hablado, que en la opinión pública ya está internalizado un lenguaje que alude a una "nueva Constitución" y a una "asamblea constituyente", y diversos grupos insisten en la necesidad de que ellas se transformen en realidad.


Esto es preocupante, puesto que -más allá de que convenga o no al país orientarse en esa dirección- ni la una ni la otra son técnicamente posibles dentro del orden institucional vigente. Lo que la Constitución actual permite son reformas a sí misma, con quórums de tres quintos o dos tercios de cada Cámara, según la materia de que se trate la modificación. Una asamblea constituyente no está prevista -pese a las forzadas interpretaciones que sugieren algunos académicos, que evocan los resquicios Legales de triste memoria-, y hablar de "nueva Constitución" podría validarse coloquialmente, a lo más, como expresión de cambios muy profundos, que le dieran una cara distinta a la Carta Fundamental. Es lo que intentó el entonces Presidente Lagos con la reforma de 2005, poniendo incluso su rúbrica como símbolo de ese cambio.


A este respecto, el discurso de muchos políticos y de algunos candidatos Presidenciales resulta peligroso, y hasta potencialmente incendiario. Si la expectativa de una nueva Constitución o de una asamblea constituyente efectivamente tomara fuerza en la ciudadanía -a la que no es difícil vender ilusiones-, y si una parte importante de ella vota pensando en materializar ese anhelo, ¿quién se hará cargo luego de decir que no es posible y de manejar el descontento y la frustración que eso causará? ¿Tendrán la capacidad para hacerlo quienes ahora la postulan como fácil eslogan de campaña electoral?


Por cierto, no se trata de que la Constitución no deba o no pueda ser modificada, pero sí de plantear rectamente y explicar a la ciudadanía en qué y cómo se propone reformarla, siguiendo el cauce institucional que existe para tal efecto. En este sentido, no ayuda el sumarse al argumento de una presunta "ilegitimidad de origen" de la actual Carta Fundamental, no solo porque es inconducente, sino porque se olvida la gruesa evidencia de que cada Constitución de nuestra república ha tenido sus propias fragilidades -la historia no es un laboratorio aséptico-, como la falta de sufragio femenino (además de una discutible génesis) en la de 1925, o el voto censitario en 1833, o la ausencia de consulta ciudadana en 1823 y 1828. Además, se omite sistemáticamente recordar que la Constitución actual ha experimentado muy numerosos perfeccionamientos -el texto original de 1980 ha tenido más de 240 cambios en su articulado-, todos ellos mediante mecanismos democráticos, los más relevantes de los cuales han sido las reformas de 1989 y 2005, ambas logradas gracias a un alto grado de consenso político. Eso desmiente la imputación de que sea una Constitución inmutable o rígida.


Hoy parece ir emergiendo cierto consenso en cuanto a modificar algunos quórums, particularmente en lo referente a las Leyes Orgánicas Constitucionales. Plantear esos puntos e insistir derechamente en ellos sin romper el Estado de Derecho es una vía legítima, menos peligrosa socialmente y más eficaz políticamente si se piensa en el progreso del país y no solo en la próxima elección.


Infraestructura chilena.


Pese a la relativa desaceleración de la economía, todas las proyecciones apuntan a que Chile alcanzará el nivel de ingresos de un país desarrollado antes de que termine esta década. Pero el camino al desarrollo no puede considerar solo el ingreso per cápita, sino también la calidad de vida de los chilenos. Más allá de su vaguedad, las promesas refundacionales y las demandas de cambio de modelo económico parecen aludir a la nueva prioridad que las personas asignan a dicha calidad.


Al respecto, Chile tiene aún bastante camino por recorrer. Un reciente estudio del Ministerio de Vivienda muestra que nuestro país invierte cerca de 320 mil pesos por habitante en desarrollo de vivienda, transporte y otra infraestructura urbana. Es una cifra aún muy baja, apenas el 20% de lo que los países desarrollados invierten en sus ciudades. Eso explica que Chile esté entre los países de la OCDE con el mayor porcentaje de población sin acceso a servicios básicos y con peores condiciones de vivienda, solo comparables -en ese grupo selecto, debe recordarse- con Estonia y Turquía.


Tales cifras parecen difíciles de creer cuando se observa el desarrollo que han tenido diversas Comunas de Santiago y algunas otras ciudades en los últimos años. Pero precisamente allí radica uno de los principales problemas: no se trata solo de que la inversión en infraestructura sea aún baja, sino de que, además, está concentrada en la capital y algunas pocas Regiones. Hace poco, Mario Marcel, Subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE, informó que esta acaba de concluir un estudio en el que Chile aparece como el país con las mayores disparidades regionales. Ya en 2009, esa organización había advertido que tal desigualdad tiene un efecto directo en la baja productividad laboral.


El desarrollo de infraestructura urbana es un factor determinante para un crecimiento sustentable en el largo plazo. Un reciente estudio encargado por el Gobierno estadounidense confirma que la inversión en infraestructura pública, además de crear crecimiento y empleo para la clase media, atrae también más inversiones, aumenta la productividad, eleva el valor de las propiedades y origina una serie de beneficios secundarios, como mejoras en eficiencia energética y salud pública.


La inversión es obviamente indispensable, pero no basta. Es necesario que ella responda a las necesidades de las comunidades que más la requieren, algo solo posible con una participación más eficaz y técnicamente fundada de los Municipios y los Gobiernos Regionales. Se espera que avances en tal sentido deriven del programa "Chile descentralizado: desarrollado", que se presenta en estos días con impulso del Gobierno y otras organizaciones. Cabe desear que esta iniciativa logre ir más allá del diagnóstico y consiga progresos concretos.


En esta misma área, en lo relativo a vivienda, entretanto, nuestro país está atendiendo a una recomendación de la OCDE para promover movilidad laboral, mediante un programa especial de arriendo de 10 mil subsidios para familias jóvenes ("sub 30") en todo el territorio, que comenzará a aplicarse en septiembre próximo y que aportará 3 UF mensuales por cinco años para alquilar viviendas de hasta $200 mil. Al enterarse dicho plazo, el beneficiario obtendrá puntaje adicional para un subsidio de propiedad.


Esto responde a que, según el Ministerio del ramo, hoy el 34% de los subsidios para familias vulnerables se concentra en aquellas encabezadas por menores de 30, lo que -como lo comprueban diversos análisis- explica que haya muchas viviendas sociales arrendadas, debido a que estos grupos tienden a cambiarse de casa o de ciudad, en búsqueda de mejores perspectivas laborales. Este es un caso de avances quizá publicitariamente no muy llamativo, pero ciertamente eficaz.


Compromiso sobre fallo de La Haya.


Manifestando una positiva señal de unidad transversal, los Presidentes de 12 colectividades chilenas de distinto signo político entregaron al Canciller Alfredo Moreno un documento en el que se comprometen a respetar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, entidad que en las próximas semanas debiese dar a conocer su dictamen, respecto de la demanda marítima presentada por Perú contra nuestro país. Este mismo gesto fue replicado por los timoneles de seis partidos políticos de la vecina nación y se condice con las muestras de unidad que han venido desarrollando en el último tiempo La Moneda y Palacio Pizarro.


Resulta valioso que los líderes de opinión y políticos a nivel local realicen acciones públicas que contribuyan a generar un clima de tranquilidad, de cara a la decisiva resolución, especialmente por tratarse de un tema que es muy sensible para la ciudadanía y de gran importancia por lo que está en juego. Hacer un llamado a esperar el fallo con tranquilidad y acatar la resolución del tribunal con sede en La Haya es lo que corresponde y se espera de quienes ejercen altos cargos institucionales, pues se enmarca dentro de lo que tradicionalmente ha sido la conducción de Chile en materia de política exterior, caracterizada por el pleno respeto del derecho internacional. Evitar que se exacerben los ánimos cobra más relevancia aún, considerando que los vínculos políticos, económicos y culturales entre ambos países trascienden el fallo de La Haya.


El Gobierno ha presentado argumentos jurídicos e históricos sólidos para defender los intereses del país y lograr que el tribunal internacional resuelva en favor de la causa chilena, basados en el irrestricto apego a los tratados suscritos con Perú que se encuentran plenamente vigentes. Cabe entonces mantener la mesura en esta materia y tener confianza de que la referida Corte va a acoger los planteamientos de Chile.


Reservas ante proyecto de Ley de Isapres.


El proyecto de Ley que modifica el sistema de isapres y que contemplaba la creación de un plan garantizado y un índice de precios de la salud ha avanzado rápidamente en la discusión en particular en la Comisión de Salud del Senado, en segundo trámite Legislativo. Sin embargo, ya han sido allí rechazadas las propuestas de crear el índice de precios -que permitía transparentar el incremento de los costos de la salud, impulsados por el envejecimiento de la población, el cambio epidemiológico y los constantes avances tecnológicos mundiales- y de aplicar al plan base garantizado tarifas diferenciadas por edad, que buscaban responder a los reales mayores costos de la salud de los adultos de más edad y de las familias con hijos. A la inversa ocurre con los adultos jóvenes.


Sin dicho índice, y con una tarifa plana que grava injustamente a las familias, la creación de un plan base garantizado, por sí sola, no tiene sentido, pues la tarifa plana, lejos de beneficiar a los afiliados a isapres, perjudicará cuando menos al 60% de ellos, en general jóvenes o niños. Si se aprueba esta Ley con tarifa plana, en pocos años el sistema privado estará desfinanciado y envejecido, porque los jóvenes, con una tarifa muy sobrecargada artificialmente por Ley, deberán afiliarse al sistema Estatal.


Como lo han observado incluso técnicos independientes de variadas sensibilidades, las normas propuestas aumentarían la desigualdad, porque las familias más numerosas son estadísticamente las de menor ingreso familiar, y deben pagar un monto por cada miembro.


Según diversas estimaciones, todo lo anterior podría empujar en el primer año a 600 mil personas al sistema estatal de salud, recargándolo con una población que hoy no atiende, en perjuicio de la que sí atiende -en general, de menores recursos- con las dificultades conocidas.


Entretanto, la ciudadanía ha ido cobrando conciencia de que el rápido envejecimiento de la población chilena -como este diario ha venido previniéndolo hace dos décadas cuando menos- causará graves problemas en materias de seguridad social y salud. Por eso, resulta tanto más incomprensible que se pretenda financiar el sistema privado de salud con sobreprecios financiados por los jóvenes.


De aprobarse este proyecto en su forma actual, en la práctica contribuirá a mayor confusión entre los usuarios y, además, impulsará una nueva judicialización -ya anunciada por algunos abogados-, cual es la de aquellos contratantes que querrán conservar sus actuales beneficios y se resistirán a cambiarse a un plan garantizado.


Convendría que el Ejecutivo reconsidere continuar impulsando este proyecto, pues sin las ideas esenciales referidas, se dañará a los actuales usuarios del sistema de salud, se frenará en el futuro la renovación de la cartera de afiliados y se desestimulará la inversión privada, nada de lo cual resuelve las graves deficiencias del sistema Estatal de salud. Ojalá la sala del Senado lo tenga presente.


¿«Primavera» brasileña?


La protesta que unas 1.500 personas iniciaron en Sao Paulo el día 7 de este mes por un alza equivalente a diez centavos de dólar en la tarifa de la movilización colectiva se ha transformado en un estallido masivo en todas las principales ciudades del país que algunos califican como “primavera brasileña”, asimilándola al anterior fenómeno ocurrido en las naciones árabes, pese a la evidente diferencia entre esta democracia sudamericana y aquellos regímenes autoritarios. En el caso de Brasil, la primitiva demanda, a la cual los respectivos Alcaldes se mostraron pronto dispuestos a ceder, fue dando origen, como en otras naciones, a sucesivas quejas de mayor alcance, aquí en temas como la calidad de las escuelas y los hospitales, el “despilfarro” que supondría el gasto de más de US$ 15.000 millones en el próximo Mundial de Fútbol y la corrupción de la clase política, que ha significado ya acusaciones contra un buen número de Ministros y Parlamentarios.


La Presidente Dilma Rousseff, que no vaciló en defenestrar por tales motivos a varios colaboradores cercanos a su inspirador político, el ex Mandatario Lula da Silva, intenta hoy sumarse al movimiento social en una maniobra riesgosa, porque su propio Gobierno se halla involucrado como objeto de los reclamos. Al declarar que “Brasil amaneció más fuerte” y que ella “está oyendo esas voces por el cambio” que tienen “el derecho a influir en las decisiones de los Gobiernos”, reconoce a lo que está sucediendo una validez mayor que la de una simple protesta. Para algunos observadores, es la actual coyuntura económica e incluso del liderazgo internacional de Brasil, en cierta forma cuestionado, lo que explica el hecho de que una población poco inclinada a la contienda política callejera esté expresando una verdadera frustración, que ahora se traduce en estas manifestaciones.


Hasta hace poco, se veía al gigante sudamericano como una de las nuevas potencias mundiales emergentes, pero su crecimiento de 2,7 y 0,9% en los dos últimos años y el de 2,4% que se prevé para éste son decepcionantes, y —quizás por sus nuevas alianzas que han preferido a los países del ALBA y otros ajenos al núcleo occidental, mientras se robustece la presencia de México en América— no se aprecia como antes su influencia determinante en la región. Todo lo anterior mostraría motivos propios de la realidad brasileña para este desborde social. Sin embargo, algo parecido podría decirse de las movilizaciones árabes, del actual conflicto en Turquía... o de lo que viene ocurriendo en los últimos años en Chile. Siempre existen circunstancias locales que detonan este tipo de problemas, pero, con matices diversos, en todos ellos parece influir el factor de una crisis de desarrollo originada justamente en el éxito alcanzado.


Si conforme a la CEPAL hoy la clase media es ya mayoritaria en América Latina, en nuestro caso es evidente el surgimiento de ese nuevo estrato “aspiracional” que amplía el ámbito de ese sector social y en Brasil se estima en 40 millones el número de ciudadanos que en la última década ingresaron a esa condición. Allí, en sus nuevas demandas —que conciben como derechos exigibles de inmediato—, en la relativa inestabilidad económica que los amenaza con volver a caer en la pobreza si no consolidan luego su estatus, y en la imprecisa exigencia de sustituir a los intermediarios que hoy los representan en las decisiones políticas, parece estar esa mezcla de satisfacción y frustración que inspira estas presiones y estas urgencias, y encajonan en un dilema difícil de solucionar a los Gobiernos y a la institucionalidad existente. Querámoslo o no, hay allí también un telón de fondo común para todas nuestras opciones electorales del presente año.


Graves riesgos de la nueva Ley de Comunicación en Ecuador.


Siguiendo una preocupante tendencia regional, el Congreso de Ecuador aprobó, hace unos días, una Legislación que supone un severo retroceso para las libertades de prensa y expresión, y que amenaza el derecho de  los ciudadanos de ese país a recibir información confiable desde fuentes independientes. La Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, luego de cuatro años de debate Parlamentario.


Tal como ya ha ocurrido en Argentina, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, el nuevo cuerpo Legal entrega al Estado amplios espacios para intervenir en el proceso informativo, lo cual supone un deterioro para las posibilidades de la ciudadanía ecuatoriana de acceder a información que le permita adoptar decisiones ilustradas, requisito básico de cualquier sistema democrático. La Ley mantiene el poder del Estado de asignar las frecuencias y licencias de radio y televisión, pero ahora bajo la justificación de que su reparto sea  “equitativo”, estableciendo cuotas de participación según propiedad: 34% para los medios comunitarios, 33% para los públicos y 33% para los privados. Debido a que hoy este último sector controla el 85,5% de las frecuencias radiales y el 71% de las licencias televisivas, la nueva Ley supone una severa restricción a la participación de los particulares. Si los ejemplos de Argentina y Venezuela sirven como antecedente, no sería extraño que en dicho proceso de reordenamiento resultaran favorecidas las señales que se muestren más amigables con la autoridad política, no así aquellas con una actitud más crítica.


La Ley de Comunicación incluye disposiciones que ponen en riesgo la independencia de los medios, por ejemplo, a través de organismos con amplias atribuciones, como el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, y la Superintendencia de Información y Comunicación. También define nuevos tipos penales, como la figura del “linchamiento mediático”, que pretende evitar la publicación reiterada de informaciones que desprestigien a personas naturales o jurídicas, pero que en los hechos representará un obstáculo para la investigación de casos de corrupción y la denuncia de irregularidades o malas prácticas. Considerada en su conjunto, la normativa tiende a la autocensura y limita la posibilidad de someter a la crítica las decisiones y políticas del Ejecutivo. Esto supone consecuencias graves, si se considera que, al igual que ha venido ocurriendo en varios países del continente, en Ecuador existe una progresiva concentración de poder en manos del Gobierno, lo cual hace aún más necesaria la presencia de una prensa vigorosa y capaz de fiscalizar las actividades de la autoridad. Por ello, la normativa aprobada significa un deterioro para la democracia ecuatoriana.


Mientras el Gobierno del Presidente Rafael Correa ha señalado que la nueva Ley responde al “mandato del pueblo ecuatoriano” para impedir “los abusos” y “la manipulación”, la Asociación Ecuatoriana de Periódicos declaró que lo que viene es un período de “totalitarismo informativo”. A nivel regional, el despacho de la normativa ha generado rechazo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó que “las disposiciones que contiene la Ley no se diferencian de las que establecían las dictaduras militares en los 70 y los 80”, mientras que diversas asociaciones de medios han criticado sus contenidos. En Chile, la Asociación Nacional de la Prensa emitió un comunicado en el que sostiene que “la aprobación representa un grave daño a la libertad de expresión en Ecuador”.


Una carta para meditar:


Señor Director:


Toma de colegios.


Me parecen absolutamente impúdicos los sucesos que han ocurrido en el liceo más prestigioso del país. El lunes 17 del presente se ha determinado ilegítimamente que la conducción del movimiento quede en manos de una llamada “Asamblea de Toma”, que  lo único que logra es que el “primer foco de luz de la nación” se extinga. El 2011 se cometió el mismo error, fueron siete meses en una inservible toma. ¿Cuánto más pasará ahora?


Martín Rebolledo, Alumno del Instituto Nacional.
 





HUMOR



(Tomado de Diario La Tercera)

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Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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