Uno
de los detenidos por asalto bancario en Pudahuel, en el que se usó armamento
de
guerra, posiblemente de los ingresados por Carrizal Bajo, fue indultado por
Lagos
y
Bachelet le dio una pega Estatal de excelente remuneración.
En
una ceremonia encabezada por el Presidente Sebastián Piñera, ayer asumió como
nuevo
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga, que reemplaza
en
el cargo al Almirante Edmundo González, que se acogió a retiro.
Alerta
sanitaria en Temuco por contaminación del aire, la medida sanitaria de
emergencia
busca
combatir la grave polución en esa ciudad prohibiendo el uso de leña para
calefacción.
Grupos
de ciudadanos protestaron contra la determinación que inhibe el uso del combustible
más
económico.
Decenas
de muertos y miles de personas aisladas en India por las lluvias monzónicas, varios
helicópteros
militares fueron movilizados para rescatar a habitantes y peregrinos aislados
en
el Estado
de Uttarakhand, al pie del Himalaya.
Suspendieron
nuevamente juicio por matanza que provocó caída de Lugo, la audiencia en el
Palacio
de Justicia de Asunción estaba fijada para su inicio a partir de mañana, lo que
provocó
protestas
de familiares de las víctimas del "caso Curuguaty".
Ventas
de automóviles en Europa en mayo caen a su menor nivel en 20 años, Alemania,
Francia
e
Italia, que representan cerca de la mitad de las ventas de la región, sufrieron
caídas en torno a
niveles
porcentuales de dos dígitos.
Lobby por el lobby,
por Leonidas Montes.
Hace tiempo que el Ministro Mañalich viene
denunciando el poder del lobby. Pero el reciente resultado del trámite de la
Ley de Fármacos colmó su paciencia. Declaró públicamente lo que todos sabemos:
“El poder del dinero tiene una influencia gigantesca en la Legislación
chilena”.
Resulta lamentable, aunque no sorprendente, la
decisión de los Parlamentarios en este caso. Que se puedan vender medicamentos
OTC (“over the counter”) que no requieren receta médica no sólo en las
farmacias es de sentido común. No hay que ser un PhD en economía para
comprender que permitir la venta de estos medicamentos OTC en otros lugares
beneficia a la gran mayoría: son los más pobres los que más gastan en este tipo
de remedios. Con las farmacias concentrando más del 90% de este mercado,
promover la competencia naturalmente disminuirá los precios. No se necesita un
modelo de Cournot, ni siquiera conocer las nociones básicas de oferta y
demanda, para entender que los precios disminuirán. Tampoco lo hará la venta en
consultorios.
Equivocadamente algunos piensan que nos hemos
saturado de farmacias. Esto es así sólo en las Comunas de mayores ingresos. De
hecho, en Chile hay más de 50 Comunas que no tienen farmacias. Allí la señora
Juanita debe viajar para comprar un parche León o una aspirina C limonada
caliente para paliar el resfrío de invierno. O a lo mejor puede encontrar un
paracetamol en la feria.
Y de los remedios genéricos, para qué hablar.
La idea era que la Ley obligara a los doctores a recetar también los genéricos,
que son más baratos. Algunos argumentan a favor de la libertad de los médicos
para recetar lo mejor para sus pacientes. Como férreo defensor de la libertad,
me temo que en este caso es más importante la libertad de los más
desfavorecidos para comprar los remedios más baratos. Los laboratorios seguirán
promoviendo sus marcas. Y posiblemente los médicos seguirán prescribiendo
remedios de laboratorios.
Aunque en este caso el lobby es complejo —están
los laboratorios, los químicos farmacéuticos y el Colegio Médico—, lo increíble
es que, después de todo, al parecer las farmacias no aprendieron la lección. El
caso de colusión parece que fue una simple anécdota. Pero el tema de fondo es
el lobby desregulado, esa fuerza opaca que daña a la economía social de
mercado. Debemos proteger al mercado de estos mercaderes acostumbrados a operar
en las sombras. El intercambio y la competencia se basan en el hecho de que la
información está disponible, y no oculta. El lobby en Chile ha operado de
manera sigilosa. Pero Chile ha cambiado: nuestra sociedad está mucho más
informada y es mucho más exigente.
El lobby es importante y es muy necesario. No
en vano John F. Kennedy definía a un lobbista como “una persona que puede
explicar en 10 minutos algo que cualquiera de mis asesores demoraría semanas”.
Para quienes toman las decisiones que afectan al público, la relevancia del
lobby como una actividad legítima y necesaria está fuera de cuestionamientos.
En cualquier discusión de interés público, el lobby facilita y enriquece el
debate, contrastando argumentos a favor o en contra. Nadie quiere eliminar el
lobby. Esto sería imposible e inconveniente. Pero se requiere una regulación
que transparente y legitime esta actividad.
Desde 2003, dos proyectos de Ley de Lobby han
naufragado por falta de acuerdo acerca de la manera de regular esta actividad.
Durante el fracaso del año 2008, el Diputado Jorge Burgos, que participó del
primer proyecto de Ley, declaró que “el lobby mató al lobby”. Este juicio es
mucho más que un simple slogan. Es la verdad. Lucrar promoviendo intereses es
legítimo. Lucrar a escondidas es, a lo menos, sospechoso. A menos que los
lobbistas quieran convertir su oficio en una actividad abominable —ya vimos lo
que sucedió con el negocio de las universidades privadas—, les sugiero ponerse
las pilas. Es importante justificar, legitimar y regular esta actividad.
Después de diez años de infructuosos intentos,
Chile necesita una verdadera Ley de Lobby. El Gobierno le ha puesto suma
urgencia a un proyecto de Ley sobre el tema. Es una loable iniciativa, que
promueve la transparencia para las autoridades. Pero no necesariamente regula
el lobby. Usando el dicho popular en un sentido figurado, este proyecto pone el
foco en el chancho, pero no en el que da el afrecho.
¡La educación no es un derecho!,
por Axel Kaiser.
El Estado -observó Frédéric Bastiat- es esa
gran ficción en virtud de la cual todo el mundo intenta vivir a expensas de
todos los demás. Probablemente no existe una teoría que confirme mejor esta
definición que la de los "derechos sociales". Cada vez que un grupo
determinado pretende extraer un beneficio material de los demás miembros de la
comunidad, lo hace escudado en el manto de moralidad que ofrece esta popular
doctrina de los derechos.
Un análisis exento de emotividad, sin embargo,
permite advertir que la moralidad de estos supuestos derechos se sustenta en
una serie de confusiones. De partida, "la sociedad" no es más que una
abstracción, y las abstracciones, a diferencia de los individuos, ni pueden ser
titulares de derechos, ni por supuesto tampoco sujetos de obligaciones. Un
derecho llamado "social", entonces, no es más que una exigencia de
beneficios materiales que un grupo determinado de individuos plantea a otro
grupo en general indeterminado de individuos sin ofrecer una contraprestación a
cambio.
En un mundo sin Estado, la única forma en que
un grupo A podría obtener sin causa de un grupo B un beneficio material sería
recurriendo directamente al uso de la violencia física. En el mundo en que
vivimos, los encargados de ejercer esa violencia son los políticos que
controlan el poder coactivo del Estado y que salen electos en la medida en que
prometen beneficios bajo el argumento de satisfacer "derechos".
El caso de la educación es un ejemplo de lo
anterior. Políticos y académicos afirman una y otra vez que esta es un
"derecho". Pero la educación, aunque el dogma de moda diga lo
contrario, es un bien económico, y no un derecho. Los bienes económicos por
definición son escasos y satisfacen necesidades o deseos. La educación
claramente cuadra con esa definición.
De ahí que el problema educativo sea uno
esencialmente económico; es decir, de creación y asignación de recursos, y no
ético o de "derechos". Desde luego, reconocer lo anterior tiene
implicancias filosóficas y prácticas. Pues la diferencia esencial entre un
derecho colectivo o "social" y derechos negativos, como la libertad
de expresión, la vida o la propiedad, es que los primeros -que podemos llamar
falsos derechos-, al referirse a bienes económicos, exigen que alguien sea
forzado a trabajar para satisfacerlos.
Los segundos, en cambio -que podemos calificar
de auténticos derechos-, al no referirse a bienes económicos, solo exigen del
resto el abstenerse de realizar una conducta. Así, por ejemplo, su derecho a la
libertad de expresión implica la obligación del resto de no amordazarlo, su
derecho a la vida el de no agredirlo y su derecho de propiedad, el que no le
impidan disfrutar y disponer de lo que es suyo. La coerción del Estado en este
caso se utiliza para protegerlo a usted de la agresión arbitraria de un
tercero. Los derechos colectivistas o "sociales" invierten esa
lógica. Con ellos, la coerción estatal opera no para protegerlo a usted de una
agresión sobre su vida, libertad y propiedad, sino para forzarlo a dar a otros
lo que estos quieren y que en una relación de cooperación voluntaria y pacífica
probablemente no podrían obtener.
El resultado de esta concepción colectivista de
los derechos es así una perversión del rol del Estado, el que ya no actúa como
protector de la libertad personal, sino, por el contrario, como su principal
agresor. No es casualidad que las dictaduras socialistas hayan sido las grandes
promotoras de los derechos "sociales".
Ahora bien, desde el punto de vista económico,
un país que busca satisfacer derechos "sociales", inevitablemente
entra en la senda de la decadencia y el conflicto. Y es que, como advirtió el
mismo Bastiat, los políticos no pueden entregar nada a algunos que no hayan
quitado antes a otros, reteniendo siempre una fracción de lo que reparten. Y
puesto que las necesidades -como los deseos de los políticos de mantenerse en
el poder- son ilimitadas y los recursos son escasos, entonces la satisfacción
consecuente de los "derechos sociales" solo puede llevar a una
espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo desenlace final inevitable es la
crisis del sistema económico y democrático.
Nota de la Redacción:
El artículo que precede ha provocado una fuerte
discusión den las redes sociales, nosotros consideramos que los planteamientos
de Axel Kaiser son correctos y creemos que son un paso destinado de
desenmascarar una falacia que por falta de oposición se ha transformado en una
falsa verdad.
Lucro y copago: mitos y realidades
por Rodrigo Castro.
En el fragor de la contienda electoral,
Bachelet ha planteado algunas propuestas en materia educacional que deben ser
analizadas con detención y preocupación. Ella propone terminar progresivamente
con el lucro y el financiamiento compartido en la educación escolar. La
evidencia empírica disponible permite despejar los mitos y realidades detrás de
estas propuestas y relevar cuáles deberían ser las iniciativas que sí
permitirían aumentar la calidad y disminuir las brechas de desigualdad en este
nivel educacional.
Cabe destacar que el modelo de educación
particular subvencionada ha generado grandes beneficios al país a través de una
mayor cobertura y calidad de la educación. La principal oposición a este modelo
argumenta que si se mantiene la tendencia creciente de la matrícula en este
segmento, se aumentaría la segregación, con la consecuente mayor desigualdad
para los alumnos que asisten a los colegios Municipales.
La evidencia permite concluir que los colegios
particulares subvencionados son mejores que los Municipales después de
controlar por las características y nivel socioeconómico de los alumnos. Más
aún, también existe evidencia de que los colegios particulares subvencionados
con fines de lucro se desempeñan mejor que los Municipales (Chumacero y
Paredes, 2008). Sin embargo, lo que no sabemos es si la eliminación del lucro
en todo el sistema educativo se vaya a traducir en una mejor educación pública
para todos. La solución no debe estar en la prohibición, sino en la regulación
y la transparencia de información.
Por otro lado, se ha planteado que el
financiamiento compartido genera segregación. Baste señalar que luego de
ajustar por nivel socioeconómico, recursos de los establecimientos e incluso
selección, además de otros determinantes relevantes, una buena gestión de los
recursos con que cuenta un colegio puede hacer un cambio significativo en los
aprendizajes de los estudiantes. En promedio, al considerar variables de
gestión simples como la evaluación de profesores, existencia de equipo de
gestión, antigüedad de los profesores, entre otros, se encuentra que éstas
tienen un efecto del orden de 30 a 40 puntos en el Simce. Esta diferencia es
mucho mayor a los efectos de otras políticas o medidas tales como la jornada
escolar completa o el efecto de la segregación escolar.
Por lo tanto, avanzar en políticas que den
autonomía real a los sostenedores a través de la administración de sus propios
recursos permitiría una mayor igualdad de oportunidades y elevaría la calidad
de la oferta educativa. De esta manera se concreta la posibilidad de que los
padres puedan elegir y los colegios busquen atraerlos y que las familias de
mayor vulnerabilidad se les da la oportunidad de escapar de malos colegios y
también de acceder a una oferta más diversificada en cuanto a valores o
atención a sus necesidades especiales.
El principal problema de avanzar en la
eliminación del lucro y el financiamiento compartido es que no promoverá la
integración de manera natural, sino por obligación; y más grave aún, no elevará
la calidad de la educación, socavando a su paso una de las virtudes más
valoradas del sistema educativo chileno, cual es la posibilidad de elegir.
El martirio de Dilma,
por Aldo Schiappacasse.
La monumental pifiadera que Dilma Rousseff -la
Presidente de Brasil- y Joseph Blatter recibieron en la inauguración de la Copa
Confederaciones en Brasilia, es una señal evidente de los tiempos que corren a
un año del Mundial.
Lo de Blatter se entiende: es la cara de un
organismo marcado por la corrupción, la opulencia y el escándalo. Los
históricos nombres de Joao Havelange y Ricardo Teixeira cayeron del pedestal en
medio de millonarios sobornos, y las desmedidas exigencias de la FIFA han
obligado a Brasil a malgastar sus fondos Fiscales en faraónicas obras públicas
que han desangrado las arcas de un país que lucha por salir de la pobreza, lo
que no es fácil, considerando el nivel de desprestigio de su clase política.
Instalada en el palco del monumental Estadio
Nacional Mané Garrincha, Dilma Rousseff trataba de mantener la compostura en
medio de la repulsa de su propio pueblo. Los días anteriores, manifestantes
habían quemado neumáticos como protesta por el gasto que significará organizar
tres megaeventos en corto lapso: Confederaciones, Copa del Mundo y los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro.
El costo de devolver el Mundial a Brasil
significó una vez más pactar con el diablo, aceptar las condiciones de Zurich
en términos de inversión, someterse a los plazos y, para el pueblo, presenciar
una danza ajena de millones que quedarán, en la mayor parte de los casos, en
los bolsillos de políticos y empresarios que aprovecharon la oportunidad para
depredar la caja Fiscal.
No es un debate nuevo ni sorprendente. Quienes
defienden las mega-obras dicen que son un avance para el fútbol. Pasando por
las columnas imperiales del Mané Garrincha, recordé el Nido de Pájaros, el
Olímpico de Londres, el hermoso estadio de Nelspruit y sus torres con forma de
jirafas que son monumentos abandonados a la ambición desbordada. En Brasilia
saben que su Estadio Nacional albergará un partido de la Copa Confederaciones y
seis del Mundial, y después se verá cuánta gente serán capaces de llevar el
Brasiliense Futebol Clube de Taguatinga y la Sociedades Esportiva do Gama, los
dos cuadros representativos de la ciudad, que obviamente no pueden hacerse
cargo de su mantención.
Fui testigo del "acarreo" a este
partido inaugural. Empresas patrocinadoras y los mismos organizadores
acomodaron en las tribunas a miles de invitados y participantes. Así y todo, el
pueblo se manifestó en contra del sistema corrupto, mercenario y lejano que
supone la organización del fútbol mundial. Su credibilidad se cae a pedazos y
la bufonesca escena de Blatter soplando el micrófono, jugando con las tarjetas
y lanzándole un salvavidas de plomo a Dilma Rousseff, pasará a la historia como
un símbolo del hastío popular, a un año del Mundial más cercano que Chile
debería vivir como protagonista desde el de 1962.
La economía y los anuncios de campaña.
Tras la fuerte polémica inicial, las palabras
del Ministro de Hacienda advirtiendo sobre el impacto que las propuestas de los
candidatos Presidenciales tendrían en la inversión y el crecimiento económico
han dado paso a un debate que, al menos entre los especialistas, ya arroja
ciertas conclusiones. Así, existe relativo consenso en cuanto a que la
desaceleración experimentada por el país en este primer semestre aparece de
modo importante vinculada a factores externos, en un contexto general de más
bajo desempeño por parte de las economías emergentes, sumados en nuestro caso a
problemas en algunos sectores específicos, como la minería y la energía. Pero
tal como buena parte de los economistas sostienen que sería prematuro atribuir
incidencia en los números actuales a planteamientos programáticos que recién
empiezan a conocerse, también coinciden en señalar que sería un error estimar inocuo
el efecto de propuestas que impliquen cambios de fondo en las actuales reglas
del juego. La incertidumbre que ellas generen, indican, repercutirá en los
mercados financieros y, en consecuencia, también en las decisiones futuras de
inversión.
Tal análisis teórico encuentra su correlato
práctico en un reportaje publicado por “La Segunda” el viernes pasado, en el
cual 30 empresarios nacionales enfocaron el tema desde su propia experiencia.
Si bien hubo importantes voces discrepantes, la mayoría de ellos, sin embargo,
señaló sus aprensiones por el momento que vive el país, advirtiendo que la
diversidad de anuncios que se escuchan —no sólo en el campo económico, sino que
incluso en temas Constitucionales— vuelve más incierto el panorama y obliga a la
cautela. Algunos, además, derechamente afirmaron haber paralizado o demorado
decisiones de inversión a la espera de que se clarifiquen las cosas.
Evidentemente, no cabe exigir al mundo político
limitar sus debates según cuales sean las reacciones empresariales a sus
propuestas. Es propio de la democracia la discusión sobre los modelos de
desarrollo, las formas de perfeccionarlos y los valores que deben presidir las
políticas públicas. Pero, del mismo modo que las campañas del terror poco
ayudan a un debate serio, corresponde también demandar responsabilidad en los
planteamientos. Ello significa rigor técnico en su elaboración, pero también
claridad al momento de exponerlos, asumiendo que lo que se dice durante una
campaña sí tiene consecuencias concretas en las decisiones de los actores
sociales. En esa línea, es en principio saludable que la candidata Michelle
Bachelet haya explicitado parte de su propuesta de reforma tributaria,
indicando la intención de subir a 25% la tasa de impuesto a las empresas y de
bajar a 35% la de las personas. Se trata de anuncios que ya están dando origen
a un importante debate. Incluso en sectores moderados de la oposición se
advierte que, en los términos en que aparecen formulados, se estaría entregando
discutibles señales en cuanto a privilegiar el consumo por sobre la inversión y
el ahorro, mientras que otros contrastan este planteamiento con el rechazo
opositor del año pasado a la idea del Gobierno de rebajar los impuestos
personales. Es probable que muchas de estas objeciones tengan respuesta, pero
resulta difícil hoy evaluarlo, debido a la que tal vez sea la mayor debilidad
en el anuncio de la ex Presidente: su carácter fragmentario. Cuando ella misma
ha señalado aspirar a un aumento en la recaudación tributaria muy superior al
que se obtendría con estos solos cambios y cuando desde su sector político un
mecanismo central del actual sistema impositivo, el Fondo de Utilidades
Tributables (FUT), ha sido objeto de dura crítica, resulta necesario conocer
una propuesta integral, que se haga cargo de todos los temas involucrados, en
lugar de declaraciones dispersas sobre tratamiento diferenciado a las pymes o
«nuevos» incentivos a la inversión y el ahorro que no se explicitan. Un
planteamiento así podría ser una real contribución para evitar incertidumbres y
desarrollar una discusión como la que demanda la etapa que hoy vive el país.
Clase media, crecimiento y desigualdad.
El Banco Mundial acaba de admitir, por primera
vez, que los latinoamericanos de clase media son más numerosos que aquellos que
viven bajo el umbral de la pobreza (32% versus 27%). La segunda conclusión del
mismo informe especializado es la notable movilidad social que se evidencia:
clasificados por nivel de ingresos, casi la mitad de los latinoamericanos
cambió de clase social entre mediados de los años 90 y finales de la década del
2000. Con la imperfección propia de una calificación que no considera factores
tan influyentes como el conocimiento, la cultura y la calidad de vida promedio,
ella prevalece en el ámbito de las políticas públicas, y por ahora no tenemos
un medidor más aceptable.
Dentro del universo de pobres, el grupo de
extrema pobreza -unos 80 millones de personas-, que vive con menos de 2,50
dólares diarios, se redujo a la mitad desde comienzos de este siglo, y afecta
actualmente al 10,6% de la población del Cono Sur, al 15,2% en la región
andina, y al 16,4% en México y América Central. Nuevamente cabe aquí la
salvedad de que estos promedios envuelven realidades sociológicas muy
diferentes, en virtud de los muy distintos grados de asistencialismo de los
estados respecto de sus poblaciones de condición más desmedrada.
Lo cierto es que Chile aparece como uno de los
países más exitosos en reducir la pobreza e incrementar la clase media, fruto
indudable de 40 años en que se ha mantenido un modelo de libertad económica.
Por efecto de lo anterior, el concepto de pobreza ha dejado de jugar el rol
absorbente que históricamente tuvo en nuestro debate público, lo cual envuelve
el riesgo de que vastos sectores de población estimen -erradamente- que ese
problema está resuelto, no obstante la persistencia de bolsones de pobreza dura
que son cada vez más difíciles de capacitar, por su inhabilidad para empleos
más útiles y productivos.
Este estudio del Banco Mundial pone de
manifiesto que los ingresos más altos y la menor desigualdad han contribuido a
la reducción de la pobreza y a la expansión de la clase media. Factor muy
determinante, por cierto, ha sido la incorporación de más de 70 millones de
mujeres al mercado laboral en los últimos años, arrinconando la mayor
vulnerabilidad, lo que resulta ser un hecho más sobresaliente en los hogares
biparentales.
Puede parecer paradójico que este informe del
Banco Mundial se conozca precisamente en momentos en que se da en nuestro país
una importante discusión sobre el modelo de desarrollo, características del
crecimiento y persistencia de la desigualdad, dado el énfasis predominante que
el tono político está dando a esta última, en perjuicio del crecimiento, que
necesita bases permanentemente renovadas de competitividad. Desde una
perspectiva histórica de largo plazo, no debiera eso sorprender, pues la
emergencia de los sectores medios suele acompañarse de impaciencia e irritación
frente a las desigualdades, aunque su situación sea superior a la preexistente.
El propio informe del Banco Mundial muestra
que, en términos estadísticos, para la disminución de la pobreza el crecimiento
económico jugó un papel mucho más importante que la disminución de la
desigualdad. Así, el crecimiento explica en 66% la reducción de la pobreza y en
74% la expansión de la clase media en la década del 2000. Solo los porcentajes
restantes (44% y 26%, respectivamente) están relacionados con reducciones en la
desigualdad.
La mirada unificadora y no rupturista del
proceso de avance social debe tratar de dar su debido mérito a todos los
factores que lo determinan. Ciertamente, la distribución del ingreso es un
factor preponderante, pero con parecida incidencia actúan, por ejemplo, la
educación de calidad, las redes de protección social, el estímulo al
emprendimiento y a las pymes que otorgan más trabajo, etcétera. En esto, la
"mano visible" del Estado es fundamental, por obvias consideraciones
de justicia y de convivencia social más armónica. Pero no se debe perder de
vista que el énfasis principal no puede dejar de lado la preocupación por el
crecimiento y la consiguiente creación de empleos, fuente principal de
movilidad social de un país. Más allá del atractivo político de ciertos
eslóganes, es ilusorio pretender reducir la desigualdad a expensas del
crecimiento.
Autonomía universitaria y actitud frente a tomas.
El desalojo de la Casa Central de la
Universidad de Chile por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros generó una
airada protesta del Rector del plantel. La institución policial y el Gobierno
han justificado esta acción alegando que hubo agresiones lanzadas desde su
interior, constituyendo un delito flagrante que obligó a su actuación. La
máxima autoridad de la casa de estudios
alegó que la medida rompió una “tradición”, violó la autonomía universitaria,
se trató de una acción no autorizada por la universidad y que además se realizó
con un fuerte grado de violencia hacia los estudiantes por parte de personal
policial. Si bien resta por aclarar algunos antecedentes que rodearon este
episodio, resulta improcedente confundir la debida autonomía universitaria -que
esencialmente comprende su quehacer académico- con una suerte de pretendida
extraterritorialidad que colocaría a la universidad fuera del campo de acción
de la Ley y el Estado, lo que a todas luces resultaría no sólo ilegal, sino lesivo
para el propio interés de la comunidad universitaria.
La Casa Central de la Universidad de Chile fue
tomada por encapuchados la noche del 3 de junio. Inicialmente la Federación de
Estudiantes (Fech) la rechazó, pero a los pocos días la refrendó por estrecha
votación en el Consejo de Presidentes. El propio Rector se mostró contrariado
por la toma, la que si bien dijo rechazar, manifestó “comprender” ante las
demandas no satisfechas del movimiento estudiantil. No resulta conveniente que
las autoridades académicas exculpen actos de violencia que contradicen el
espíritu de diálogo racional que debe encontrar en la universidad su hábitat
natural, pues ello inevitablemente termina por alentar medidas de presión por
parte de los grupos más radicalizados o les facilita la impunidad. El hecho de
que la Universidad de Chile sea depositaria de una serie de tradiciones y
virtudes, que la han convertido en un centro de excelencia formativa y orgullo
para el país, no debe llevar a perder las perspectivas cuando se reclama su
necesaria autonomía. Esta debe entenderse como la libertad que debe prevalecer
para el gobierno de su quehacer
académico, donde florezcan y se promuevan distintas visiones de pensamiento,
sin otra restricción que el rigor, la disciplina intelectual y el libre juicio
de sus estudiantes y docentes. Las acciones de fuerza por parte de grupos
radicalizados violentan precisamente esta autonomía, pues amedrentan a la
comunidad y lesionan los derechos de alumnos, profesores y administrativos. Por
ello cabría esperar que sus autoridades sean especialmente celosas en defender
que la universidad y sus símbolos no sean cooptados por estos movimientos.
Lo ocurrido esa jornada da cuenta de una
situación donde hubo un duro enfrentamiento entre estudiantes y fuerzas
policiales, luego de que los primeros agredieran los efectivos, a juzgar por
algunos videos que han sido dados a conocer. Sería relevante que Carabineros
aporte prontamente todos los antecedentes disponibles ante la ciudadanía a
objeto de formarse un juicio cabal de lo ocurrido. Su deber de actuar frente a
delitos flagrantes no puede estar en discusión, y si se actuó con violencia
injustificada ello deberá ser determinado por los sumarios respectivos, con
aplicación de sanciones si corresponde. El caso resulta aleccionador para
comprender lo riesgoso que resulta la debilidad en la condena al accionar de
grupos radicalizados, que han abandonado la vía pacífica para manifestarse y
han optado, en cambio, por vías violentas que justifican la intervención proporcionada
de la policía.
La otra cara de la donación política.
Transcurridas algunas semanas desde que cobrara
notoriedad el caso de la Diputado Marta Isasi, se han formulado numerosas
propuestas de reforma a la Ley de Donaciones Políticas. La revelación que hizo
el propio gerente de una pesquera de haber efectuado estos aportes directos a
esa Legisladora motivó una reacción transversal de alarma. Los dardos apuntaron
a la Legislación actual, que admite el secreto de la donación en ciertos casos
y circunstancias.
Como en toda iniciativa de reforma a nuestros
mecanismos de generación de autoridades, al regular las donaciones a la
política no sería razonable precipitarse a Legislar sin ponderar los distintos
elementos en juego. Hace una década, Chile no tenía normativa Legal alguna que
regulase los aspectos básicos de la donación política, habiéndose desarrollado
todas las elecciones hasta esa fecha con inaceptables niveles de transparencia,
evasión tributaria, conflictos de interés e indeseables figuras similares. En
2003, los acuerdos Lagos-Longueira permitieron corregir esa deficiencia y dar
este fundamental paso en la modernización democrática de Chile. Hoy se conocen
las cifras de aportes reservados, los partidos que los reciben y, si se trata
de Diputados o Senadores, los últimos beneficiados. Se conoce, por ejemplo, que
los aportes reservados a las campañas han venido subiendo, hasta enterar 44,3%
en la segunda vuelta Piñera-Frei de 2010.
Hoy, si efectivamente se busca un
perfeccionamiento, habrá que conjugar la aspiración de mayor transparencia con
otros valores no menos valiosos para una sociedad democrática. En esta área
debe considerarse el derecho de los desafiantes que desean entrar en la
política y enfrentan su primera elección, a los cuales no deben levantárseles
barreras de entrada que hagan aún más dificultosa su opción. Aquí, aumentar las
restricciones a las donaciones juega en favor del incumbente, quien tiene a su
favor el statu quo electoral. Así lo reconoce generalizadamente la literatura
especializada.
Pero quizá el más delicado elemento a preservar
es el derecho a la libre expresión, que se manifiesta en el acto de apoyar a un
determinado candidato. Como lo ha reconocido la jurisprudencia Constitucional
estadounidense, no cabe a la Ley disminuir el derecho de los ciudadanos a
efectuar aportes a candidaturas, so pena de sacrificar una dimensión de su derecho
a expresarse. En el famoso caso " Citizens United v. Federal Election
Commission ", de 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos acogió un
recurso Constitucional y estableció que atenta contra la Primera Enmienda
-sobre libertad de expresión- el que el Estado restrinja los gastos electorales
provenientes de entidades independientes, tales como empresas, sindicatos o
asociaciones. Aunque ese caso se refería a fondos que se destinaron a
propaganda televisiva, el derecho fundamental que subyace es el de libertad de
opinión, la que se combina con un razonable ámbito del derecho a la privacidad.
La combinación de ambos resulta en la donación electoral reservada, que, si ha
de reformarse, no puede desaparecer si se busca un adecuado balance de derechos
básicos en un Estado de Derecho moderno.
Contaminación del aire en Regiones.
Hasta hace algunos años,
el foco de atención en materia de contaminación medioambiental se centraba en
la Región Metropolitana. Sin embargo, en el último tiempo este problema se ha
ido ampliando hacia otras ciudades del
país, al punto que de acuerdo con un ranking elaborado en 2012 por una
universidad privada, la capital se ubicó en el sexto lugar de las urbes con
mayores niveles de polución en el aire, siendo precedida por Osorno, Temuco,
Rancagua, Concepción y Valdivia. El nuevo escenario debe demandar de las
autoridades ambientales premura en la aplicación de medidas destinadas a
revertir esta situación en las zonas afectadas, y de la ciudadanía una actitud
proactiva para tomar conciencia sobre lo ocurrido y adoptar acciones
individuales y colectivas que contribuyan a morigerar las condiciones
ambientales en sus respectivas localidades.
En algunas áreas los episodios de contaminación
-especialmente por alta concentración del material particulado fino PM 2.5 (el
más dañino para la salud humana)- se han vuelto críticos. Es el caso de Temuco,
ciudad en la que el jueves de manera inédita el Ministerio de Salud decretó
alerta sanitaria. Esto se ha traducido en un aumento sustancial de las
enfermedades respiratorias tanto ahí como en Osorno, lo que confirma la gravedad
del problema.
La ausencia de previsión de parte de las
autoridades es notoria en este tema, y ha sido reconocida incluso por la Ministro
del Medio Ambiente. Aunque la nueva Legislación que regula el uso de leña
servirá para moderar el impacto de este combustible en la contaminación del
aire, parece obvio que se hace necesario adoptar una política integral que
permita la introducción de otras tecnologías para calefaccionar los hogares a
un costo razonable y con estándares de calidad ambiental más elevados.
¿Nueva Comisión de Valores?.
Próximamente se enviará al Congreso el proyecto
de Ley que reemplazaría la Superintendencia de Valores por una Comisión de
Valores. Esta tendría un papel similar al del Consejo del Banco Central, y
estaría formada por cinco expertos, cuatro de ellos elegidos por el Senado y
uno por el Ejecutivo. Su Presidente sería designado por el Presidente de la República,
como los actuales Superintendentes. Su poder sancionador sería colegiado y no
unipersonal, y sus fallos, apelables ante una Corte de Apelaciones, y no ante
un Juez de letras, como en la actualidad. Las normas que dictase deberían
resultar de estudios previos para cuantificar el costo regulatorio y su impacto
en el mercado. Se busca introducir estabilidad y previsibilidad en el
fiscalizador de valores y seguros, lo que se reforzaría por el recambio parcial
de sus miembros.
Este proyecto recoge parte del informe de la
Comisión de Supervisión Financiera ("Comisión Desormeaux"), que
diagnosticó algunas deficiencias de la actual estructura de Superintendencias.
En particular, concluyó que "la figura del Superintendente concentra en
nuestra Legislación un exceso de poder y escaso nivel formal de transparencia y
rendición de cuentas de sus decisiones". El Superintendente puede
interpretar las Leyes y ser Juez y parte en los procesos sancionatorios.
Esta excesiva concentración de poderes
incentiva al mundo político a precaver la posibilidad de abuso de esta
autoridad unipersonal. De allí que las Leyes sectoriales sean
extraordinariamente detalladas, para darle poco espacio de discrecionalidad al Superintendente.
Asimismo, los fallos de las Superintendencias son revisados por Jueces de
primera instancia, que no tienen experiencia en sectores técnicamente muy
complejos, y parecen desconfiar de decisiones de una autoridad que es Juez y
parte. Así, dichas sanciones suelen ser anuladas o tardar años en concretarse,
como en el reciente caso de una corredora de Bolsa: tras cuatro años de
investigación, el Tribunal desestimó las pruebas que la Superintendencia de
Valores y Seguros había invocado para imponer la multa máxima.
El nuevo esquema ataca estos problemas reemplazando
la autoridad unipersonal del Superintendente por una comisión. Además, se
instituirá un Fiscal independiente a cargo de las investigaciones. Las
sanciones serán apelables ante un Tribunal superior, pues en el nuevo esquema
la decisión colegiada de la comisión representa una primera instancia.
Asimismo, dado que la interpretación de la Ley mediante circulares emanará de
decisiones colegiadas, se espera que las Leyes sean menos detallistas,
permitiendo más flexibilidad. Esto facilitará su adaptación a las cambiantes
condiciones de los mercados.
Hay quienes estiman preferible una autoridad
unipersonal, para que no se diluya la responsabilidad. Pero otras
instituciones, como el Banco Central, funcionan en forma colegiada sin que se
plantee ese problema. La generación de sus miembros y su reemplazo parcial
ayudan a crear una estructura fiscalizadora más estable y que no dependa tanto
de la sola prudencia del Superintendente. Restan por implementar otras
recomendaciones de la Comisión Desormeaux, como la supervisión funcional
(solvencia, competencia), en vez de por ramas de actividad financiera.
Cartas que demuestran algunas verdades.
Señor Director:
La paja en el ojo ajeno.
En un par de oportunidades la precandidata
Bachelet ha realizado comentarios críticos al hecho de que el actual Gobierno
terminaría con un déficit estructural de 1% del PIB, lo que sería una situación
compleja para su eventual Gobierno.
Antes de hacer esta crítica sería aconsejable
que revisara la situación Fiscal que su anterior Gobierno heredó al actual.
Para esto, debemos remitirnos a las cifras que entregó la Comisión Corbo, ya
que las cifras del Gobierno fueron sujetas a ajustes y manipulaciones que
fueron rechazadas por esa comisión, formada transversalmente.
El déficit estructural en 2009 fue equivalente
a un 3% del PIB, mientras que el déficit efectivo alcanzó un 4,3% del PIB. Este
Gobierno terminaría su período con un déficit estructural de 1% del PIB, lo que
significa una reducción de dos puntos porcentuales respecto de la situación que
recibió, y un déficit efectivo de 0,6% del PIB, es decir, un resultado Fiscal
claramente mejor al del Gobierno anterior.
La crítica recuerda entonces la famosa cita
bíblica: "¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves
la viga que está en el tuyo?".
Cecilia Cifuentes, Libertad y Desarrollo.
Señor Director:
Educación de calidad.
La educación de calidad pasa, entre otros, por
recursos económicos, buenos alumnos y mejores profesores. ¿No será necesario
trabajar más profundamente en esto último ya que poco se ha hecho? Basta ver
los resultados.
Franco Brzovic.
Señor Director:
El Rector y el lobby.
Una vez más, el Rector de la Universidad de
Chile las emprende contra el proyecto de Ley de lobby en actual tramitación
ante la Cámara de Diputados, apuntando con el dedo a las empresas que se
dedican a ese giro. Una vez más, sus cartas serán contestadas. Tanta
insistencia suya es inexplicable, salvo que la intención de esa autoridad
académica sea que el foco de la regulación en estudio quede puesto en los
intermediarios y no en lo que interesa de verdad: saber quiénes son los que
piden reunión a la autoridad, sean agencias de lobby, universidades o empresas
vinculadas a universidades, si perciben o no remuneración por ello, y cuáles
son las autoridades que deben publicitar sus agendas.
Héctor Mery R., Fundación Jaime Guzmán.
