El
Presidente Sebastián Piñera, junto a los Ministros de Agricultura y del Medio
Ambiente,
además del Presidente del directorio de Codelco, encabezó ayer en Til Til,
la
ceremonia de conmemoración del Día Mundial contra la Desertificación y la
Sequía.
Consideramos
una vergüenza que el Parlamento haya aprobado en unos pocos días el
proyecto
de una franja electoral gratuita, es decir el beneficio de los políticos, sobre
todo
cuándo por años duermen en esa instancia Leyes de beneficio general.
Las
protestas contra el aumento del transporte, la corrupción, los gastos de la
Copa
Confederaciones,
y la violencia policial, llevaron este lunes más de 300 mil brasileños
indignados
a las calles de São Paulo, Brasilia, Río de Janeiro, Curitiba y Belo Horizonte.
Los
Presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Rusia, Vladímir Putin, se
reunieron
por
dos horas en Irlanda del Norte, al margen de la cumbre del G8, ocasión en la
que
coincidieron
en la urgencia de poner fin a la violencia en Siria.
Así
será la cedula de votación que recibirán en las primarias Presidenciales los
ciudadanos
independientes, no militantes de partidos políticos, y nuestra sugerencia
de cómo
votar para seleccionar al mejor candidato para la centro-derecha.
Dos debates, una carrera,
por Cristina
Bitar.
En los últimos días hemos vivido una
experiencia inédita: dos debates Presidenciales ocurridos en el contexto de dos
primarias, una en cada bloque que competirá por la Presidencia en noviembre
próximo. La sola existencia de los debates, así como el contexto en que se dan,
es un hecho positivo que vale la pena celebrar. Cada uno de los bloques
contará, a partir del 30 de junio, con un abanderado elegido por la gente y no
por las cúpulas partidarias.
Ahora bien, ambos debates fueron diferentes y
merecen, al menos, un análisis propio. En el caso de la “nueva mayoría” —o
vieja Concertación, como prefieran llamarlo— hay tres aspectos que me gustaría
destacar. Primero, Bachelet, candidata virtualmente ganadora desde el comienzo
de la competencia, mostró un desplazamiento hacia la izquierda, lo que es una
novedad para los cerca de dos millones de personas que vieron el debate. Sus
propuestas de nueva Constitución, sin descartar la opción de la asamblea
constituyente; de gratuidad total en educación superior; de una reforma
tributaria cuyos montos y definiciones conceptuales recién anoche ha empezado a
esbozar, o su decisión de volver a reformar el sistema previsional, son
definiciones que, paradójicamente, en su momento la habrían situado como
verdadera opositora al Gobierno que ella encabezó entre 2005 y 2009. Como diría
Neruda: “Nosotros los de entonces ya no somos los mismos”.
Por otra parte, Orrego hace un gran esfuerzo
por resaltar su condición valórica socialcristiana y tuvo buen desempeño en el
debate (se vio seguro, empático y honesto en sus posiciones). Sin embargo,
aparece totalmente aislado en una coalición en que todos sus otros miembros
están en las antípodas de sus posiciones en esta materia. La pregunta natural
es si la DC está dispuesta a renunciar a sus convicciones socialcristianas como
precio por desear permanecer en un pacto que promueve posiciones de izquierda
laica. También en esta materia el desplazamiento a posiciones liberales en lo
valórico es evidente, y no hay razón para pensar que se detendrán en su camino
en esta dirección.
Por último, la gran duda que deja el debate es
si lo de Bachelet es estrategia electoral o convicción profunda, y parece ser
lo segundo. Para eso, quien llegue segundo es importante. Si es Orrego, la DC
deberá retomar el rol perdido como el gran articulador de acuerdos de la
oposición y el papel de moderador de una candidata que aparece demasiado
cercana a la izquierda. Si gana Velasco, la falta de un partido político y Parlamentarios
le da menos fuerza para inclinar el programa hacia posturas más moderadas.
En el debate de la Alianza, lo que más resaltó
es que se trata claramente de una coalición que tiene un solo proyecto, que
ambos candidatos encarnan prácticamente sin diferencias. En ese sentido, si
hubo un ganador, fue alguien que, paradójicamente, no debatió esa noche: el
Presidente Piñera. Se vio a dos candidatos que reivindicaron su Gobierno, que
se pegaron a él cuanto pudieron. La mejor prueba de esto se ve recorriendo las
calles de Santiago, al observar las gigantografías del candidato de la UDI
junto a él. Una imagen impensable hace pocos años atrás.
Chile como potencia alimentaria y forestal,
por Luis Mayol.
El desarrollo
alcanzado por el sector agroalimentario y forestal chileno en los últimos años
es innegable. Hoy nuestro país abastece tanto al mercado doméstico como a
mercados extranjeros, con una amplia variedad de productos silvoagropecuarios,
avanzando en la senda de convertir a Chile en potencia alimentaria y forestal.
Este crecimiento, que nos ha llevado
a ser el principal exportador de fruta fresca del hemisferio sur, se ha
sostenido en una política de resguardo de nuestro patrimonio fito y
zoosanitario, lo que nos ha permitido el reconocimiento mundial por la calidad,
sanidad e inocuidad de nuestros productos. Todas cualidades que queremos
replicar en nuestro mercado interno.
La creación del nuevo Ministerio de
Agricultura, Alimentos, Pesca y Recursos Forestales anunciado el pasado 21 de
mayo por el Presidente de la República, busca modernizar el sistema, de manera
de implementar una institucionalidad eficiente que posea una visión integradora
y coordinada de los diferentes servicios públicos involucrados en la producción
de alimentos. En este sentido, el traspaso de la Subsecretaría de Pesca desde
el Ministerio de Economía al nuevo Ministerio es una medida natural para
concentrar todas las industrias productoras de alimentos bajo un mismo
organismo, aprovechando las sinergias y conocimientos de cada servicio en este
ámbito. Este traslado consistirá en un cambio de dependencia y no alterará el
desarrollo o ejecución de los proyectos que actualmente impulsa esta
subsecretaría.
Pero junto con la incorporación del
sector pesquero, el proyecto de Ley plantea la necesidad de reorganizar los
roles Ministeriales en cuanto a la fiscalización y aseguramiento de la sanidad
e inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena productiva, con el
fin de terminar con la duplicidad de funciones que existe actualmente entre el
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud. Adicionalmente, el texto
propone la creación de un Consejo de Ministros para la Calidad e Inocuidad
Alimentaria, cuya función principal será coordinar la acción de los distintos
Ministerios y servicios públicos involucrados con la inocuidad
alimentaria.
De esta manera, el nuevo Ministerio
tendrá facultades regulatorias y ejecutivas para el aseguramiento de la calidad
e inocuidad de los alimentos agropecuarios y pesqueros desde su producción
primaria hasta la comercialización de alimentos al por mayor, así como su
importación y exportación. Por otra parte, el Ministerio de Salud continuará
fiscalizando a nivel de ventas minoristas y en lugares de manipulación y
preparación de alimentos. Esto permite asegurar el control en todo el proceso
de producción de los alimentos que se consumen en Chile, otorgando a los
consumidores una protección efectiva frente a los productos que ingiere.
El enfoque preventivo que regirá el
actuar del nuevo Ministerio, la menor burocracia en la fiscalización de la
cadena productiva y el ordenamiento de todas las industrias alimentarias bajo
un mismo organismo, permitirá al Estado garantizar la calidad de los alimentos
nacionales, aplicando a nivel interno todo el conocimiento y las políticas que
han posicionado a nuestro país como un paraíso fitosanitario a nivel mundial.
La designación de los Jueces,
por Rodrigo Delaveau.
Con motivo del proceso de aprobación por parte
del Senado de la Ministro Gloria Ana Chevesich como integrante de la Corte
Suprema, se han levantado voces que han cuestionado el proceso de designación
de los Ministros del máximo Tribunal. Nuestra Constitución Política dispone que
éstos son nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una
nómina de cinco personas propuesta por la Corte Suprema, y con acuerdo de 2/3
del Senado.
Lo cierto es que en la gran mayoría de las
democracias modernas el sistema de designación de Jueces superiores involucra
distintos poderes Estatales. Ello radica en el fundamental principio de los
frenos y contrapesos, el que constituye una garantía para las personas y evita
que alguno de los poderes del Estado se exceda en sus facultades, disminuyendo
la discrecionalidad y reforzando el estado de derecho.
¿Están acá las supuestas fallas del sistema?
Quizás todo el diseño institucional de nuestro Poder Judicial es lo que en
realidad debiéramos estar cuestionando, y no necesariamente el mecanismo de
designación de los Jueces supremos, ya que la carrera judicial misma está
repleta de malos incentivos. Heredado de un modelo monárquico, la estructura
piramidal jerárquica no tiene asidero en un órgano que tiene por objetivo
resolver conflictos jurídicos. El Juez es obligado a ascender en esta pirámide
si es que quiere desarrollarse profesional y económicamente. Ello implica estar
evaluado por los que revisan sus fallos, ya que ellos mismos determinarán su
entrada y ascenso en la jerarquía. Esto ha contribuido a la formación de castas
dentro del Poder Judicial lo que, si bien no es exclusivo de este poder del
Estado, dificulta el objetivo de tener a los mejores dentro del Poder Judicial.
Pero ello no es culpa ni de Jueces ni de
Ministros.
Precisamente, quizás sea esta lógica de
“carrera” judicial la que atenta mayormente para que tengamos una mejor
Justicia. Para quienes ejercemos la profesión, vemos día a día buenos Jueces
insertos dentro de un orden que no permite descartar a los no tan buenos. He
aquí uno de los mayores factores de distorsión: la perpetuidad del cargo.
En efecto, si bien los Jueces deben retirarse a
los 75 años, son los únicos cargos públicos de alto nivel que permanecen ahí
“durante su buen comportamiento”. Todos los otros altos funcionarios están
sujetos a un límite de tiempo en sus funciones: Ministros del Tribunal
Constitucional, nueve años; el Contralor, ocho años; Fiscal Nacional, ocho
años; suma y sigue. El hecho que los Jueces no tengan limitación en su cargo
incentiva a disputas en su designación, ya que potencialmente podrán estar 30
años o más en la Corte Suprema, perpetuando la preferencia de quien designa
mucho más allá de su período. Ello también es aplicable para Cortes de
Apelaciones y los propios Jueces de primera instancia.
Repensar un sistema estableciendo un límite de
tiempo en la función jurisdiccional, no sólo sería más coherente con estándares
democráticos, sino que también abriría las puertas a destacados abogados y
Jueces para que postulen (o
repostulen) por cargos judiciales,
erradicando la lógica de la “carrera” y reduciendo significativamente los
potenciales conflictos institucionales a la hora de designarlos y mejorando la
rendición de cuentas.
Franja electoral para primarias.
Confusa señal están dando los partidos
políticos al intentar imponer a última hora una franja televisiva obligatoria
para las primarias, a pocos días de su celebración. La urgencia, la
improvisación, la imposición a la teleaudiencia, el gravamen para los canales
abiertos y la discriminación en contra de los candidatos independientes
postergan el despacho de otros más urgentes proyectos de interés ciudadano.
Por esta vía, una vez más se desalienta a las
candidaturas de los independientes supuestamente protegidos por la norma
Constitucional -tantas veces ignorada- que les garantiza igualdad de trato.
Nuevamente se podría imponer una programación forzosa a la teleaudiencia y se
interferiría en la independencia y libertad editorial de los canales de
televisión abierta con un gravamen obligatorio. Esto podría afectar la imagen
de los Legisladores, dando pábulo a críticas por favorecer intereses
electorales antes que proyectos de interés general que duermen por años en el
Congreso. Y tanto más cuanto que la franja para primarias nace de una
indicación presentada por un Senador de la Concertación que, precisamente,
ahora participa en esa primaria. A todo ello se suma una Legislación de última
hora, imponiendo obligaciones no previstas que requieren cambios en la parrilla
programática y que se hace exigible para los canales el mismo día de la
publicación en el Diario Oficial del proyecto en cuestión, si eso llega a
ocurrir.
En rigor, el financiamiento electoral y el
surgimiento de nuevos medios de propaganda aconsejarían revisar la permanencia
de las franjas televisivas gratuitas, en vez de extenderlas a las primarias,
como se pretendió hace algunos años respecto de las Municipales. Más aún, con
la extensión de estas cadenas informativas se afectan las primarias, al aplicar
a competencias entre coaliciones políticas criterios ciertamente más propios de
candidaturas Presidenciales.
Los Legisladores deberían ponderar este
conjunto de factores desde una perspectiva más general. Lo aconsejan la
normativa Constitucional y la equidad electoral, así como la prudencia respecto
de la teleaudiencia y de la ciudadanía, y la libertad editorial y programática
de los canales abiertos.
Hay aquí una oportunidad para que el Senado
eleve el debate sobre una materia que afecta derechos Constitucionales y, a la
vez, tiene ocasión de revisar las prioridades Legislativas, ajenas a los
intereses directos de los partidos políticos.
Reforma para fortalecer la educación técnica
profesional.
El Ministerio de Educación entregó al Consejo
Nacional de Educación un informe en el que propone una serie de recomendaciones
para introducir reformas a la Educación Media Técnica Profesional (EMTP). Las
propuestas están orientadas a mejorar una serie de deficiencias detectadas en
esta área educativa, iniciativas que de concretarse representarían los mayores
cambios realizados en este nivel de formación en los últimos 15 años.
Considerando que la matrícula de la EMTP representa el 45% del total de los
alumnos que cursan tercero y cuarto medio en el país -cifra que se ha mantenido
constante en la última década-, y que son cerca de mil los establecimientos que
imparten este tipo de educación, resulta positivo que el Gobierno decida hacer
transformaciones en esta materia, pues hasta ahora la EMTP no estaba dentro de
las prioridades que han marcado el debate educacional que se viene
desarrollando con fuerza en el país.
Las nuevas bases curriculares presentadas por
el Mineduc tienen como objetivo mejorar la calidad de la educación que se les
entrega a los alumnos de ese nivel y aumentar las posibilidades laborales y
continuidad de estudios de quienes egresan de la EMTP. Una de las propuestas
más relevantes se traduce en una actualización de las especialidades que se
imparten actualmente, ajustándolas a las necesidades y requerimientos del
mercado laboral. Así, por ejemplo, se cerrará secretariado y se abrirán nuevas
especialidades del área informática y telecomunicaciones. Cabe recordar que la
EMTP se organiza en 14 sectores económicos con 46 vías de especialización. En
este sentido, es fundamental que esa actualización sea permanente y exista al
mismo tiempo un espacio suficiente de flexibilidad, de manera que los
establecimientos se puedan adaptar a los requerimientos del mercado laboral,
diferentes según la zona del país que se
trate. Primordial es también que se instruya a los establecimientos
educacionales de este tipo a que garanticen una alta tasa de titulación de sus
alumnos, ya que un porcentaje importante de ellos no lo consigue debido a que
no realizan la práctica que se les exige, situación que termina afectando sus
opciones futuras.
Otro cambio clave que está contemplado busca
ampliar la formación general de los alumnos de EMTP, quienes se ven en
desventaja respecto a aquellos que optan por la educación científico humanista,
especialmente al momento de rendir la PSU para ingresar al nivel terciario, ya
que parte de los contenidos que mide esa prueba no le son entregados,
diferencia que se ve reflejada en los resultados que obtienen en dicho test.
Materias que refuercen las habilidades blandas y más horas de inglés son
elementos valiosos que también van en la dirección correcta.
A lo anterior se suma el esfuerzo por integrar
la EMTP con la educación superior técnico profesional, de manera que los
jóvenes puedan mantener una continuidad de estudio y perfeccionamiento. El
sistema debe reconocer la realidad de muchos jóvenes que al término de la
enseñanza media deben buscar trabajo para obtener ingresos, pero que luego
requieren seguir estudios superiores para mejorar su empleabilidad y nivel de
renta. Esta iniciativa, sin embargo, contrasta con la decisión del Consejo de
Rectores, que recientemente aprobó una PSU de ciencias especial para egresados
de liceos técnicos, que sólo considera contenidos de primero y segundo medio.
Esta medida podría desincentivar el interés de los alumnos por seguir
especializaciones técnicas en favor de carreras universitarias, lo que resulta
contradictorio con el objetivo de profundizar la formación de profesionales
técnicos, cada vez más demandados por el mercado.
Ocupación de sede universitaria.
La “toma” de la casa central de la Universidad
de Chile y el posterior desalojo de los ocupantes por personal de Carabineros
han sido considerados, desde distintos ángulos de opinión, como hechos
relevantes dentro de las habituales manifestaciones estudiantiles de protesta.
Si bien ni la ocupación misma de un establecimiento educacional que impide el
desarrollo de su actividad normal ni los graves daños materiales que se le
causan llaman ya la atención, en este caso su carácter simbólico y las quejas
del Rector, el académico Víctor Pérez, por la actuación de la fuerza pública
—ya previo a la intervención de ésta había advertido que ella podría desatar
una espiral de violencia y ahora ha hablado de una “vejación” al plantel— han
convertido este episodio en un tema de controversia.
El Rector —a quien no se le han oído
expresiones semejantes por las burlas a la imagen de don Andrés Bello,
disfrazado como encapuchado frente a la puerta de la misma casa central por
quienes la convirtieron en barricada para atacar a los carabineros— considera
que éstos han violado la autonomía de la institución que dirige al haber
ingresado allí, sin pedir permiso a las autoridades universitarias, para
detener a quienes les lanzaban desde dentro peñascos y bombas molotov. Olvida el
profesor Pérez que en Chile no existe tal límite territorial a la jurisdicción
de la Justicia ni de la policía, y que la eventual deferencia que pueda haber
en el sentido de dar aviso previo a la rectoría de una intervención legítima
como ésta difícilmente cabe al reaccionar frente a un delito flagrante. Pese a
sus dudas acerca de si hubo esos ataques, y sin perjuicio de la respectiva
indagación judicial, los noticiarios televisivos los han mostrado con absoluta
claridad, incluyendo pedradas desde detrás de las rejas y un encapuchado que
sale del local con un riesgoso proyectil en la mano que enciende luego
cuidadosamente.
Como lo ha señalado un colega del Rector, la
autonomía que se alega sólo se refiere al libre cumplimiento de la tarea de
“diálogo reflexivo” en las instituciones académicas sin injerencia de poderes
externos. Claro que en este caso la intromisión que lo impedía era la de los
que se habían tomado el recinto, de los cuales apenas seis serían estudiantes
universitarios. La entrada de carabineros, en cambio, pretendía arrestar a los
presuntos culpables de agresión y evitar que éstos siguieran actuando, y no
incidía en el ejercicio de la labor propia de la entidad. Si durante la
operación ha habido, como parece desprenderse de las mismas imágenes, algún
castigo indebido a ellos de parte de los policías, eso debe ser también
sancionado, pero no sanea las responsabilidades de los ocupantes.
Todo esto forma parte del fenómeno ya aludido,
que va en aumento, de una tendencia creciente a sumar a las marchas callejeras
la intromisión tanto de alumnos como de otras personas, a veces simples
delincuentes, en los establecimientos de enseñanza media y superior, impidiendo
su funcionamiento con grave perjuicio, en especial, para la educación pública,
y muchas veces dañando los locales, el material didáctico y hasta destruyendo y
robando computadores y otros elementos valiosos. Además, tales “tomas” sirven
de refugio a los que delinquen afuera, pero la peor faceta de este mal está en
la actitud de aquellos adultos e incluso autoridades que se abstienen —como en
esta ocasión— de criticar, e incluso validan, semejantes abusos que
mayoritariamente quedan por desgracia impunes.
Alcances del Convenio 169.
La ratificación por Chile del Convenio 169 de
la OIT demoró casi 19 años. Enviado al Congreso en 1990 por el entonces
Presidente Aylwin, fue aprobado por la Cámara recién en abril de 2000. Pocos
meses después, 31 Diputados presentaron un requerimiento de
Inconstitucionalidad, zanjado por el Tribunal Constitucional en el sentido de
que la gran mayoría de las normas del Convenio tienen rango de Ley simple y no
son autoejecutables; esto es, requieren que el Estado sancione en forma
específica la normativa especial que sea necesaria para dar eficacia al
convenio.
Sólo en marzo de 2008 -ocho años después de su
aprobación en la Cámara- aprobó el Senado la ratificación del convenio, y su
comisión de RR.EE. acordó acompañarla de una declaración interpretativa, para
excluir la aplicación de otros documentos internacionales que hacen un
reconocimiento aún más vago e indeterminado de las aspiraciones territoriales y
de autodeterminación de los pueblos originarios. Al mismo tiempo, el Gobierno
de la entonces Presidente Bachelet decidió incluir en el depósito de la
ratificación una referencia al intercambio epistolar entre el entonces Ministro
Secretario General de la Presidencia y el Director de la Oficina de la OIT para
el Cono Sur, en el cual se discurría sobre la forma en que correspondía limitar
el alcance de ese convenio. La OIT reaccionó enérgicamente, requiriendo una
ratificación pura y simple del instrumento, la que finalmente Chile accedió a
realizar.
Este tortuoso camino se explica en parte por la
extrema ambigüedad de las normas más conflictivas de este convenio, como las
relativas a las consultas o al reconocimiento de una posición jurídica de los
pueblos originarios respecto de los recursos naturales o las vías de acceso a
ellos. A esto se suma hoy la fuerza inusitada de los grupos de presión que, al
amparo de las consignas antidiscriminación, buscan obtener privilegios y
regímenes de excepción que no benefician a otras personas en situaciones
similares, pero carecen del lobby antidiscriminación. El caso del ritual en la
cárcel de Temuco, en que se autorizó al machi Celestino Córdova a invitar a un
centenar de personas, y el hecho de que para internar al mismo imputado en
prisión preventiva se haya impuesto a Gendarmería la exigencia de plantar
canelos en las dependencias del penal, son una manifestación evidente de dicho
poder de presión y, más aún, del temor que son capaces de infundir incluso a la
autoridad. En este cuadro, es legítimo plantearse si los derechos de todas las
personas no se encuentran ya suficientemente protegidos por la Constitución y
los tratados generales de derechos humanos de los que Chile es parte, con
prescindencia del Convenio 169.
Afortunadamente, se observa una saludable
reacción rectificadora del Ejecutivo. El Ministro del Interior objetó el
criterio empleado en el caso referido e impartió instrucciones para que no se
repitan situaciones que pueden ofender a las víctimas. Por su parte, la
Ministro de Justicia, para compatibilizar con la seguridad el ejercicio del
derecho a realizar un culto o profesar una religión dentro de un recinto penitenciario,
ha dispuesto "que se reglamenten estas actividades, con criterios
objetivos y aplicables a nivel nacional, para regular este tipo de
peticiones", poniendo así fin a una práctica hasta ahora entregada al
criterio del nivel Regional".
Enfoques Internacionales: Argentina acumula
problemas.
La Presidente Fernández está orgullosa de la
inauguración de una planta de YPF en Mendoza, que refinará 105.500 barriles
diarios de combustible limpio y ubica a esa estatizada empresa al "nivel
de los estándares internacionales más avanzados"...
Pero los argentinos no olvidan la crisis que
están viviendo. La semana pasada, otro choque de trenes evidenció la mala
gestión del transporte público. El asesinato de una colegiala les recordó la
inseguridad ciudadana y la delincuencia a la que no se pone coto. El anuncio de
un paro del agro por cinco días fue otra alerta de la grave coyuntura económica
que afecta a todos los sectores. El fallo de una Juez que declara
Inconstitucional una parte de la reforma Judicial pone de manifiesto la lucha
por defender la democracia que deben dar día a día. Pese a no reconocerlo,
Fernández no puede sino haber estado al tanto de todo aquello.
Las cuatro principales federaciones del agro
argentino comenzaron el paro de comercialización de granos el sábado y lo
finalizarán el miércoles. Protestan por los altos impuestos a las ventas de
soya al exterior y por las restricciones a las exportaciones de carne, trigo y
maíz, que solo pueden hacerse cuando hay excedentes, para evitar las alzas de
precios. Siendo Argentina el principal productor mundial de aceite y harina de
soya, los agricultores trasandinos no han tenido las ganancias que esperaban, pues
las retenciones del 35% merman sus utilidades; la alta inflación (no reconocida
oficialmente) sube los costos, y así no pueden hacer cálculos precisos sobre
las superficies a sembrar. Se dice que este paro -acotado en el tiempo y, se
espera, sin cortes de caminos- no tendrá los efectos devastadores del que
protagonizaron por 128 días los mismos gremios en 2008, y que tuvieron en vilo
al Gobierno de Cristina.
En estos días, el único alivio que ella tuvo
fue la desarticulación de un nuevo paro del transporte al que había llamado el
líder camionero Hugo Moyano, por una mejora de los salarios de sus asociados.
Moyano logró un aumento del 26% de los ingresos -menos que el 34% que pedía,
pero más que el 24% que le ofrecían-, para paliar el "impuesto a las ganancias",
al cual el ex aliado de los Kirchner califica como "maldito" y
"un robo que el Estado les está haciendo a los trabajadores".
La inquietud de la sociedad argentina se
refleja también en las tensiones políticas que surgen a pocos meses de las
elecciones Legislativas de octubre. El 22 de este mes deben estar inscritas las
candidaturas para las primarias de agosto, y la oposición no logró inscribir
listas de unidad, presumiblemente indispensables para lograr una mayoría en el
Congreso que impida los desbordes del oficialismo.
Fallo adverso y recurso "per saltum".
Tan molesta estaba la Presidente argentina con
el fallo de la Juez María Sevrini de Cubría -quien declaró Inconstitucional la
elección por voto popular de una parte del Consejo de la Magistratura (CM)-,
que pidió a todos sus cercanos que salieran a los medios a atacar su decisión.
Ella misma se refirió a la contienda de competencia en términos poco
democráticos. "¿Quién tiene más poder, el Presidente, el Parlamento o un
Juez que paraliza una Ley con dos líneas y una cautelar?".
Hubo Ministros que prefirieron acusar al Poder
Judicial de ser "un esquema corporativo, aristocrático y
predemocrático". Otros expresaron que "se le impide al pueblo el
ejercicio de su derecho soberano".
Hay un temor razonable de que, en estas
circunstancias, las elecciones de Jueces respaldados por partidos podrían
politizar indebidamente a la judicatura. La relatora de la ONU para la
independencia de Magistrados y abogados fue una de las autoridades
internacionales que se manifestaron en contra de esta nueva forma de elegir al
CM, porque "puede comprometer la independencia del Poder Judicial".
En su fallo, la Juez Sevrini fue enfática:
"Las normas materia de análisis (de la reforma Judicial) resultan
violatorias del principio de división de poderes, por afectar tanto la
independencia e imparcialidad de los miembros del CM que fueron electos, como
así al equilibrio que debe regir el funcionamiento de dicho cuerpo". El
Gobierno no ceja y apeló ante la Corte Suprema, invocando la nueva norma de per
saltum, que le permite omitir una instancia judicial.
Un canal para China.
Inquietud, escepticismo y fuerte polémica ha
creado la aprobación por el Legislativo nicaragüense de dos Leyes que dan a una
firma china la concesión para construir un canal por territorio de Nicaragua.
Esta antigua aspiración se materializaría con una inversión de 40 mil millones
de dólares, por una ruta aún no definida, que pasaría por el Gran Lago
Cocibolca, principal reservorio de agua potable.
La polémica más álgida es por las escasas
credenciales de la empresa china, que ya obtuvo un contrato para operar
celulares que no se ha materializado. Se dice que no tiene el capital ni la
experiencia para tal megaproyecto. Los opositores de Daniel Ortega temen que él
esté detrás de la empresa. El líder de la oposición calificó la legislación
como "Inconstitucional, fraudulenta y lesiva" para Nicaragua.
Analistas dicen que el proyecto podría no ser económicamente viable. China,
empeñada en su expansión comercial, tiene intereses geopolíticos en esa zona.
Los ecologistas denuncian que no hay estudios
de impacto ambiental, pero sí "riesgo de destrucción irreversible a los
ecosistemas". Según el vocero de la empresa china, el ex Canciller
boliviano Ronald Mc Lean-Abaroa, se contrataron expertos mundiales para estos
efectos, pero los ecologistas son más bien escépticos. Dos días de examen a una
propuesta de esta envergadura no parece serio: merece un estudio más acucioso y
una discusión más profunda en la sociedad.
Elecciones en Irán.
El triunfo del candidato Hassan Rohani en los
comicios Presidenciales celebrados el viernes en Irán constituye un hito
político en ese país, aunque será necesario esperar para saber qué significa en
concreto respecto de Occidente.
A diferencia de lo ocurrido en 2009, cuando la
reelección de Mahmoud Ahmadinejad se vio opacada por denuncias de fraude que dieron origen a
multitudinarias manifestaciones callejeras de protesta, en esta ocasión las
autoridades se han apresurado en entregar el resultado. Rohani era considerado
el más reformista de los candidatos que competían por el cargo. En todo caso,
su postulación, como la de los restantes cinco candidatos en la papeleta, había
sido visada por la máxima autoridad, el ayatola Alí Jamenei, quien es la
principal figura político-religiosa del sistema teocrático que Gobierna a Irán.
Rohani fue jefe negociador del programa nuclear
y Secretario del Consejo de Seguridad Nacional (instancia donde se discute la
política nuclear y de defensa), lo cual le entrega amplio conocimiento del que
sin duda será el tema más sensible en el ámbito de la política exterior iraní
durante su mandato. Pese a que Teherán insiste en que sus instalaciones
atómicas tienen fines civiles, en Occidente y la ONU parece haber consenso de
que en realidad ellas están orientadas a propósitos militares, lo cual
representa una fuerte amenaza para la estabilidad del Medio Oriente. Al mismo
tiempo, la postura de Rohani será también clave para la prolongada guerra civil
por la que atraviesa Siria, donde hasta ahora Teherán ha sido un fuerte apoyo
político y militar para el régimen de Bashar al Assad.
Por un Chile más justo:
Curiosa propuesta de Bachelet:
La propuesta tributaria
de Bachelet beneficia solamente a aquellos que ganan sobre los 10 millones de
pesos al mes, a los que se rebaja la tasa del 40 al 35%, el aumento de 20 a 25%
a las empresas implicaría un aumento de recaudación de solamente unos 1000
millones de dólares y no los 8 mil 400 millones enunciados por la candidata.
Creemos que la
postulante de la extrema izquierda debe explicar al país la divergencia de
cifras entre lo que planteó y los cálculos de los técnicos, además de
explicitar porqué se propone destruir a la pymes cargándoles más impuestos y
beneficiar a las rentas más altas del país, lo que claramente va en el camino
de ampliar las brechas sociales.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
