Ecos temáticos del fin de semana…

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por la Ministro

del SERNAM, Loreto Seguel, promulgó ayer en el Palacio de La Moneda, la

Ley de cuidado de los hijos de padres separados.

La ex Presidente Michelle Bachelet sigue mostrando su completa contradicción con los

que hizo en su paso por La Moneda, ayer anunció aumentos de impuestos a las

empresas y bajas tributarias a las personas de mayores ingresos.

Ayer la página oficial del Partido por la Democracia (PPD), fue hackeada con

mensajes en contra de las Leyes, los políticos y una consigna sobre educación

gratuita y de calidad. La imagen es una captura de pantalla de la página

aludida y atacada por anarco-piratas.

El Papa Francisco se dirigió en una misiva al Primer Ministro inglés, David Cameron,

pidiendo, entre otros temas, atención hacia los pobres, libertad, el hombre como

centro de la actividad económica y política y la paz en Siria.

Esperando el fallo

por Hernán Felipe Errázuriz.

En el umbral del desenlace del juicio de La Haya con Perú, circulan optimistas y pesimistas. Luego aparecerán los falsos augures. Los que, después de los acontecimientos, sentenciarán "te lo dije", pero en verdad fueron ambiguos, o no dieron pronóstico alguno.

Los pesimistas se alegrarán cuando, como debe ser, la Corte nos dé la razón. Estarán felices de haberse equivocado.

Los optimistas celebrarán su acierto con un fallo favorable.

Nadie más irritante que los que recurrirán al "te lo dije". Esos personajillos universales darán lecciones como si fueran visionarios. Prepárense, están listos para aparecer cuando conozcamos la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

Si el resultado es favorable, como debería ser, dirán que siempre sostuvieron que ganaríamos. Pontificarán sin haber leído la demanda y tampoco la defensa. Nos aleccionarán sin mayores razones o con argumentos absurdos, tan absurdos como que la seguridad de la victoria les surgió tempranamente y la confirmaron luego que el Juez marroquí sorpresivamente preguntó sobre la conformidad de la declaración de las 200 millas con el derecho internacional de esa época. Podrían sostener que desde el primer día supieron que ganaríamos porque el agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia era holandés, nacionalizado chileno.

Si el resultado fuere distinto, igualmente pretenderán presentarse como vencedores, probablemente buscando represalias. Porque son de bajos instintos. En un caso así, afirmarían que ellos lo habrían hecho mejor y que siempre fueron contrarios a comparecer ante La Haya y a respetar el fallo, como si fuera posible no hacerlo. Para ellos una derrota colectiva es un triunfo personal, porque son epicentrales.

Estoy entre los optimistas. La frontera marítima con Perú está debidamente delimitada por acuerdo entre las partes y fijada por el paralelo de latitud que se inicia en el punto de partida de la frontera terrestre de ambos países. Por más de medio siglo y hasta ahora, la comunidad internacional y Perú, sus embarcaciones, aeronaves, pescadores y Armada han respetado ese límite. La defensa peruana, en la sesión de clausura de los alegatos orales, se vio forzada a reconocer que los Acuerdos de 1952 y 1954 son tratados internacionales, que obligan a las partes y no simples declaraciones de políticas fronterizas. Tenemos la razón. La Corte Internacional de Justicia no puede sino aplicar el derecho internacional. La defensa, la Cancillería y los Gobiernos chilenos han hecho un magnífico trabajo. Esperemos con confianza y recibamos con prudencia un fallo favorable y su debido acatamiento por ambas partes.

Entre los debates y la franja

por Axel Buchheister.

Contra el tiempo se tramita un proyecto de Ley que establece una franja televisiva para las inminentes primarias Presidenciales. Todo para lograr unos minutitos, sin pagar, y aparecer en las pantallas por unos días antes de la votación.

El vértigo se apodera de nuestros políticos cuando buscan algo que los favorece. No se ruborizan siquiera: no sienten la necesidad de justificar por qué mientras otros proyectos de Ley duermen por años, éste tiene tramitación exprés y sesiones especiales. Será una operación comando contra el tiempo ponerlo en práctica, pues todo deberá suceder dentro de los próximos cinco días, incluido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En qué momento producirán el material los candidatos que no tienen algo hecho, o cómo los canales se coordinarán y resolverán los variados problemas de insertar una súbita franja en su programación. Sin conocer el detalle de todo esto, cabe suponer que preparar algo serio toma al menos un par de semanas.

Recordemos -ya como anécdota- que las franjas obligatorias (auténticas cadenas) son contrarias a la libertad de expresión que garantiza la Constitución. Pero eso a quién le importa, la Carta Fundamental ya fue declarada ilegítima por ser contramayoritaria. La mayoría (interesada) se pone de acuerdo y los canales tienen que acatar. Así es la mayoría. Como ya se hizo una vez en 1988 en circunstancias muy distintas, y aunque hoy casi nadie la ve, no hay reclamo posible. No estaban previstas en la legislación original de las primarias, que tuvo que ser modificada para corregir errores. Ahí se introdujo una indicación, ajena a las ideas matrices del proyecto, que causó furor. Entonces, el Gobierno para aprobar los perfeccionamientos necesarios, se comprometió a mandar un proyecto de Ley urgente y en eso estamos.

Lo paradójico es que realizar primarias es voluntario, como también es ir a votar en ellas, pero hacerlas da  origen a imposiciones a terceros: los canales de televisión y los sorteados como vocales (que se les pague “algo” no basta, porque debe ser suficiente para que quieran hacerlo). De forma que un acto voluntario y llamado a motivar la participación ciudadana, que debió ser interno, genera obligaciones y cargas para otros, no para quienes serán parte (los menos). Es fácil entonces diseñar cualquier perfeccionamiento institucional: a costa de los demás.

Más paradójico aún es que mientras tanto, los políticos desaprovechan el espacio televisivo amplio de que buenamente disponen: los debates. En el reciente debate, los candidatos de la Concertación proclamaron que lo cambiarán todo (lo que ellos mismos hicieron durante 20 años) y no explicaron cómo se haría o por qué no se hizo antes, ni nada (salvo Andrés Velasco, que tuvo la valentía de oponerse). ¿Lo harán en la franja que exigen? No, la quieren para exhibir escenas encantadoras, no para informar a la ciudadanía o definirse, que es lo incómodo de los debates.

No más candidatos en las pantallas sin precisar nada y eludiendo todo. Con algo de suerte burocrática (estamos en Chile), el proyecto se demorará y no tendremos que soportar otro tanto en una franja impuesta precisamente a la hora que queremos ver televisión tranquilos.

Falsos exonerados, burla verdadera,

Joaquín García Huidobro.

Los falsos exonerados fueron los grandes ausentes en el debate televisivo de los precandidatos opositores. Su caso no constituye una simple estafa o un "negociado" como tantos otros de nuestra historia. Si así fuera, los Parlamentarios que avalaron esas solicitudes carentes de fundamento y las autoridades que aprobaron esos beneficios serían gente completamente corrupta y no parece que sea así.

¿Cómo entender que personas más o menos serias se presten para una operación que significa una pérdida de millones de dólares para el país, donde miles de falsos exonerados habrían lucrado con los derechos humanos?

¿Cómo explicar la manga ancha con que algunos Parlamentarios certificaron hechos ocurridos cuando ellos eran adolescentes, o la celeridad con que procedió en muchos casos la Comisión Calificadora de Exonerados?

¿Podemos comprender que el propio Consejo de Defensa del Estado, un organismo que en otros casos es un verdadero perro de presa legal, parezca haberse tomado las cosas con tanta indolencia?

Me temo que la explicación no es solo política ni jurídica, sino que tiene que ver con nuestras propias psicologías; más concretamente, con la forma en que miramos casos como los exonerados y, en general, con la manera en que una parte de nuestra izquierda se entiende a sí misma.

En efecto, una cosa es ser víctima de toda suerte de maltratos, y otra muy distinta es adquirir "mentalidad de víctima", donde esta condición pasa a constituir la identidad de quienes han sufrido abusos. Este síndrome afecta también a los observadores, y determina radicalmente el modo en que los demás vemos a los posibles afectados. Así, quien debe decidir esos casos lo hace a partir de ciertos condicionamientos psicológicos que lo llevan a pensar que cada uno de los solicitantes es un Víctor Jara en potencia.

Nadie niega la necesidad de reparar a las víctimas de abusos, incluida la pérdida injustificada de su fuente laboral. Sin embargo, ante casos como estos resulta muy difícil proceder con la frialdad del que estudia un registro de propiedad intelectual o una hipoteca. De esta manera, cualquier manipulador puede aprovecharse de esa peculiar mirada benevolente con que observamos a una víctima, y conseguir beneficios de manera ilícita.

Como los casos de derechos humanos nos conmueven, tendemos a perder la capacidad crítica cuando parece que nos hallamos ante uno de ellos. Este autoengaño quiebra las más elementales exigencias de la justicia, cuestión grave cuando se está disponiendo de recursos de todos los chilenos, materia en la que, por desgracia, algunos están dispuestos a ser particularmente generosos.

Con todo, una cosa es intentar hallar una explicación psicológica para estas negligencias o delitos que tanto daño causan al país, y otra muy distinta es que los justifiquemos. Lo primero que cabe pedir a los Parlamentarios, las autoridades políticas o los abogados del Consejo de Defensa del Estado es que tengan la claridad mental suficiente para detectar los casos en que pueden ser objeto de engaño o manipulación.

Más inaceptable aún es el afán de echar tierra al asunto o minimizar su importancia. Sería tanto como banalizar el dolor y la injusticia, hacer clientelismo político con el dolor.

Como la determinación y prueba de estos casos es difícil, podremos comprender que haya errores, siempre que veamos diligencia. Los periodistas que investigaron este escándalo afirman que muchísimos casos fueron calificados en reuniones " express ", donde se dedicaba, en promedio, 20 segundos a cada expediente de posible exonerado. Si esto es verdad, constituye una actitud gravemente irresponsable.

No puede extrañarnos, por tanto, que hayan sido los verdaderos exonerados los que con más fuerza manifestaron su repudio ante estos abusos. Cuando se ha sufrido en carne propia un maltrato, resulta indignante que otra persona reciba la reparación que corresponde: es una burla al propio sufrimiento.

Sin embargo, aquí surge otra pregunta: ¿por qué el Gobierno anterior hizo caso omiso de los reclamos de la agrupación de los verdaderos exonerados políticos? Nuevamente nos encontramos con el síndrome de víctimas, que lleva a tratar estos casos con una suerte de solidaridad de clase, que permite que se cierren los ojos ante la ilegalidad.

        

¿Será esa la respuesta? Quizá lo aclare la ex Presidente en el próximo debate. Siempre que alguien se anime a hacerle la pregunta.

Tras los debates,

por Juan Andrés Fontaine.

A 15 días de las elecciones primarias, ya se perfilan con cierta claridad los contornos de la decisión presidencial de fines de año.

En su debate del pasado jueves, los dos candidatos de la Alianza mostraron espíritu unitario y visión común. Podrán algunos optar por la apelación partidista de Pablo Longueira al fortalecimiento de lo que llama "la centroderecha popular" por sobre mi opción preferida -el llamado de Andrés Allamand a construir una gran mayoría con los sectores de centro y los independientes-, pero ambos se vieron convencidos del buen rumbo económico y social que lleva Chile y del riesgo de hacer marcha atrás si la Concertación retorna a La Moneda.

La Alianza enfrenta el desafío electoral de este año no solo confiada en sus ideas, sino que también respaldada por los logros económicos y sociales de su primer Gobierno. A los votantes les ofrece un camino conocido para seguir creciendo a través del emprendimiento y la innovación, mejorando progresivamente las oportunidades de empleo y de ingresos, reduciendo de verdad la pobreza y la desigualdad, combatiendo los abusos de poder -vengan de donde vengan- con libre competencia y transparencia. El desafío es fraguar las alianzas políticas necesarias para seguir adelante.

La Concertación ofrece un panorama muy distinto. Enfrentadas sus cuatro cartas el lunes pasado, más allá del buen trato, mostraron diferencias de fondo: sobre cómo y qué reformar de la Constitución; sobre sus valores; sobre si la universidad debe o no ser gratuita; sobre si hace o no sentido acabar con las AFP, o bien crear una Estatal. Esa diversidad puede serle favorable en lo electoral, porque hay un amplio arco de votantes, desde la izquierda nostálgica de los sesenta hasta los nuevos liberales del siglo XXI, pasando por socialcristianos, que pueden encontrar en ella alguien o algo que los represente. Pero, desde la perspectiva de informar al electorado de las consecuencias del voto, la estrategia parece publicidad engañosa. Tal vez un "Sernac electoral" debería intervenir para hacer más transparente la ambigua oferta política de esta coalición.

Pero todos sabemos que votar por cualquier candidato de la Concertación es votar por Michelle Bachelet, segura ganadora de su primaria. En el foro, ella ofreció un Gobierno muy distinto del que le conocimos: romper los "cerrojos Constitucionales" para hacer cambios de fondo, limitar la opción por la educación particular subvencionada, universidad gratuita también para estudiantes ricos, AFP Estatal. Que nadie después alegue no haber sido advertido.

La semana política.

Abdicar de esa labor de síntesis entre el pulso de la calle y la realidad de las cosas es renunciar a la médula de la acción política.

A partir de los debates.

No es raro que el discurso público de los candidatos en campaña se aleje de lo que aconseja una reflexión serena y racional, e incluso de lo que han sido sus conductas previas. Ellos buscan impactar y conectar con los sentimientos del ciudadano, de modo que, en la soledad de la urna, el votante recuerde ese instante de empatía y opte por él. El posterior ejercicio de las responsabilidades públicas contiene esos impulsos y los filtra a la luz de las consecuencias de los actos. Es probable que esa sea la razón por la que Michelle Bachelet no envió ninguna reforma laboral ni reforma tributaria al Congreso durante su primer Gobierno, pese a que la Concertación tuvo en ambas Cámaras la mayoría necesaria para aprobar esas materias, que no se sujetan a quórums especiales.

Esa labor de síntesis entre el pulso de la calle y la realidad de las cosas, anteponiendo el interés superior del país, es el complejo papel del representante político en una democracia moderna. Abdicar de él es renunciar a la médula de la acción política.

Algunas señales en ese sentido inquietan en ciertos círculos, con prescindencia de sus alineamientos políticos. Así se vio en el apoyo transversal que recibió Harald Beyer de connotadas figuras de la Concertación relacionadas con el sector educación, ante la acusación Constitucional que lo destituyó, y a las voces de alerta que levantan hoy juristas de trayectoria vinculados a esos Gobiernos, frente a la propuesta del PC, secundada por varios candidatos del pacto Nueva Mayoría, de impulsar una asamblea constituyente para dictar una nueva Carta Fundamental, al margen de la actual institucionalidad. Incluso el Arzobispo de Santiago y Presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ezzati -en una materia que no es de su campo, pero probablemente movido por la actuación de otro Obispo-, se sintió en el deber de llamar a la cautela, haciendo ver que "no es llegar y decir 'Cambiemos la Constitución'. Hay que reflexionarlo a fondo, porque se trata de un tema trascendental para la vida del presente de Chile y su futuro". Ignorar esto podría significar un grave quiebre que nadie desea.

Mayores impuestos: ¿ahora y siempre?

Con todo, que la administración Bachelet haya sido el único Gobierno desde el regreso a la democracia que no aumentó los impuestos, y solo cuatro años después evalúe proponer la mayor alza de los últimos 23 años, mueve a reflexión. ¿Tanto ha cambiado la realidad del país o es la visión de la ex Mandatario la que se ha transformado?

Ella ha querido ahora subrayar que siempre ha sido partidaria de sus actuales propuestas. Si es así, y no existiendo quórums Constitucionales que la contuvieran de proponer un alza de impuestos en su Mandato, el freno debe haber venido de su entorno. El mismo que hoy se ve lejano e incluso en competencia con ella.

Estos son los giros que marcan un distanciamiento -incomprensible para algunos electores- de la favorita del pacto Nueva Mayoría, con el legado de 20 años de Gobiernos de la Concertación, lo que se vio nítidamente en el respectivo debate televisivo de esta semana.

Los candidatos de la Alianza, por el contrario, se acercaron en su debate a la figura del Gobierno, cuyos índices de popularidad se han visto algo fortalecidos. Además, desvirtuando los temores de que la primaria dividiera a la centroderecha, protagonizaron un debate con sentido unitario. Con todo, eso mismo puede haber contribuido al menor rating televisivo que tuvo frente al debate de la oposición, algo problemático para ese pacto, ante la necesidad de movilizar electores para el 30 de junio.

Clima Legislativo.

Es difícil exagerar la importancia del clima político para la buena marcha del país.

Los avances experimentados esta semana por el acuerdo transversal en materia energética son muestras de alta política, mientras el bloqueo coordinado de toda la agenda legislativa del Ejecutivo en el Senado, en señal de rechazo al aparente cambio de postura de La Moneda en materia de franja publicitaria para las primarias, refleja un embotamiento del sentido de las necesidades nacionales. Más allá de la conveniencia o no de esa legislación, la ofuscación de los Legisladores no puede llevarlos a afectar la discusión de proyectos de Ley de interés general, traicionando dos ejes de una buena política: juzgar los proyectos en su propio mérito y favorecer siempre el entendimiento por sobre la confrontación. Estas fueron las herramientas que permitieron los momentos estelares de la política chilena de los últimos 25 años, cuando los Ministros Foxley y Boeninger hicieron primar la persuasión y la calidad política por sobre los quórums. Nada más lejano de los resquicios legales e intentos de intimidar a sectores políticos, económicos o sociales hoy en boga. Por esta vía nunca se ha conseguido formar un sustrato que dé solidez a las políticas públicas que requiere el país.

Por cierto, a eso tampoco contribuyen las descalificaciones del Ministro de Salud ante un revés legislativo como el de la positiva iniciativa de autorizar la venta de ciertos remedios en supermercados, o el rechazo a la obligación de prescribir fármacos genéricos. Esto, sin perjuicio de que no se explican los motivos de algunos Parlamentarios y bancadas para rechazar estas propuestas de obvio efecto favorable en la calidad de vida de muchos chilenos. Eso alimenta la imagen de una incomprensible cerrazón, que resulta dañina para los Legisladores.

Inquietud en los mercados.

Todo parece indicar que el clima internacional ha comenzado a empeorar, pero nada hace temer aún un vuelco demasiado adverso para nosotros.

Hasta hace pocas semanas, para la mayoría de los analistas e inversionistas la buena marcha de la economía solo parecía amenazada por el decepcionante desempeño de Estados Unidos y la alarmante recesión europea. En días recientes, las noticias provenientes del mundo desarrollado han sido positivas: la economía estadounidense se reactiva y el Viejo Continente parece tocar fondo. Pero, lejos de ser recibidas con entusiasmo, han precipitado drásticas caídas en las acciones, bonos y divisas de los mercados emergentes.

Dos factores parecen explicar esta sorprendente reacción. Primero, un mes atrás, el poderoso banco central de EE.UU. hizo ver que tan pronto la recuperación se afirme será oportuno retirar los abundantes estímulos monetarios hoy presentes. Como consecuencia de ello, los intereses de largo plazo han comenzado a subir, las divisas de los países emergentes se han visto frágiles, y los capitales han vuelto a emprender viaje al norte. En segundo término, China ha empezado a dar muestras de fatiga, luego de haber empujado por sí sola a la economía mundial desde la crisis financiera de fines de la década pasada. A resultas de ello, sus compras de materias primas -el cobre entre ellas- han menguado, y ya se habla del fin de la larga bonanza en que han vivido los afortunados productores de recursos naturales. No es de extrañar que los inversionistas internacionales, hasta ahora confiados en el aparentemente ilimitado dinamismo chino, hayan perdido algo de entusiasmo por las economías emergentes y miren ahora hacia el primer mundo.

Chile no ha estado al margen de estos movimientos. Todavía solemos visualizarnos como una isla, así es que recurrimos a explicaciones locales. La caída de la Bolsa, el alza del dólar y los desplazamientos de los inversionistas son atribuidos a la incertidumbre del panorama electoral, a la exagerada expectativa de una pronta rebaja en los intereses por parte del Banco Central o, incluso, a la acción de algún asesor de inversiones, que habría inducido a una multitud de cotizantes en las AFP a cambiar sus fondos de unos instrumentos a otros. Muy probablemente, esos factores han de haber influido, pero, habiéndose observado alteraciones similares en tantos países, su origen es obviamente externo.

Todo parece indicar que el clima internacional ha comenzado a empeorar, pero nada hace temer aún un vuelco demasiado adverso para nosotros. Es explicable que los mercados estén inquietos, pero altibajos como los observados son sanos para hacer a todos tomar las precauciones debidas.

Criterios para evaluar calidad de los colegios.

El Consejo Nacional de Educación (CNED) aprobó recientemente ocho indicadores propuestos por el Ministerio de Educación para medir la calidad de los colegios en el país, los que sumados a los resultados del Simce, le permitirán a la Agencia de Calidad clasificar en cuatro categorías a los establecimientos: alto, medio, medio bajo e insuficiente. De esta forma, se amplían los criterios para medir el nivel educacional de cada institución escolar, iniciativa que en principio supone un aporte, ya que le permitirá a los padres contar con información más detallada para discernir en qué lugar estudiarán sus hijos.

Sin embargo, parece necesario replantear algunos aspectos de este nuevo esquema de evaluación antes que comience a operar, considerando que el Simce tendrá una ponderación del 66% del proceso general de calificación, mientras que las nuevas variables incidirán un 33%. Un primer problema es que junto a los criterios objetivos que se plantean relacionados a la eficiencia del sistema -tasa de asistencia, índice de deserción y nivel de titulación en el caso de los liceos técnicos-, también se añaden otros de carácter subjetivo, como autoestima académica, motivación, convivencia y hábitos de vida saludable. Estos, además de ser difíciles de medir, no dependen exclusivamente de la formación que se les entregue a los alumnos en sus colegios, sino que en gran medida de lo que se les inculca en su núcleo familiar y a factores socioeconómicos. No resulta así razonable clasificar a los establecimientos por algo que no depende de ellos. Sí cabría, por ejemplo, considerar el éxito que logra un colegio en mejorar el resultado de sus alumnos en un período determinado, según mediciones objetivas.

 Como en el futuro se podrían llegar a tomar decisiones de financiamiento y ayuda estudiantil en base a este indicador oficial, sería aconsejable revisar esa situación, pues algunos colegios podrían ser injustamente perjudicados.

Peligro de populismo penal.

En el Congreso se tramita un controvertido proyecto de Ley que busca aumentar las penas de quienes conducen en estado de ebriedad y causen la muerte o lesiones graves a otro. La normativa en él propuesta suscita serios problemas de proporcionalidad dentro de las sanciones aplicables en nuestro sistema penal. Este proyecto -denominado "Ley Emilia", en referencia al caso de una menor de nueve meses que resultó muerta luego que un conductor ebrio impactara el vehículo que conducían sus padres- plantea aumentar las penas hasta 15 años (actualmente la Ley establece un marco penal de entre tres años y un día y cinco años), lo que fue parcialmente modificado por la comisión de Constitución del Senado, que propuso que la pena se extienda entre tres años y un día y 10 años.

Más allá del dramático caso mencionado y del irreparable dolor de la familia afectada, este aumento de las penas resulta excesivo, en cuanto lleva prácticamente a hacer desaparecer la existencia de una necesaria diferenciación en la magnitud de las penas entre los delitos cometidos con dolo y aquellos en que se actúa con imprudencia. Elementales criterios de proporcionalidad deben llevar a que no sean tratados en forma semejante conductas como el homicidio y los casos comentados de resultado de muerte o lesiones. El derecho penal no está llamado solo a castigar resultados, sino que también debe fijar su atención en las conductas que los producen -incluyendo la intención del autor o la ausencia de ella-, para luego establecer un marco penal equilibrado y coherente.

Paralelamente se tramita otro proyecto de Ley -también referido al manejo en estado de ebriedad que cause lesiones graves o la muerte de una persona- que incluso va mucho más lejos, al plantear que se establezca que los formalizados por estos delitos queden en prisión preventiva durante la tramitación del juicio, por considerarlos un peligro para la sociedad; y que al condenárselos no puedan acceder a beneficios alternativos al cumplimiento de la pena, al igual como ocurre con ciertos delitos sexuales contra menores. Esto resulta todavía más excesivo y violenta también el principio de proporcionalidad. Desde luego, abre una pregunta obvia, relativa a por qué aplicar tal criterio en estos casos, y no en hechos delictivos de mayor gravedad.

Esta forma de legislar sobre la base de un caso específico que conmueve a la opinión pública tiene el peligro de terminar en populismo penal, y es por ello que resulta necesario un estudio global de las sanciones penales previstas en nuestra legislación, como en efecto ocurre con el trabajo que está haciendo la comisión de expertos creada por el Ministerio de Justicia, que en la actualidad estudia un nuevo proyecto de Código Penal.

Acuerdo sobre energías renovables.

El Congreso y el Gobierno alcanzaron un acuerdo para destrabar el proyecto de Ley sobre concesiones y servidumbres, a cambio de que la autoridad estuviera dispuesta a flexibilizar la meta que se ha establecido en el proyecto de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), que originalmente establece que al 2020 el 20% de la matriz corresponda a este tipo de energía. La autoridad se mostró dispuesta a ello y se estableció que la nueva meta será de 20%, pero al 2025.

Resulta altamente valorable la voluntad de alcanzar este tipo de acuerdos legislativos, el que debería ser emulado en otras iniciativas de alto interés para el país, y que por distintas razones su tramitación se ha entrampado. Sin embargo, conviene analizar con más profundidad la conveniencia de amarrarse a una meta específica de generación, ya que ello puede conllevar una serie de dificultades. El propio Gobierno ha tenido que cambiar su postura en esta materia, pues inicialmente esta administración fue partidaria de acelerar la vigencia del 20%, pero con el tiempo retrocedió y buscó ampliar el plazo, pues se vio que era inviable. El hecho de que en virtud del acuerdo el plazo se haya extendido en cinco años respecto de la meta original, si bien quita algo de presión sobre las empresas de generación, igualmente representa complejidades y es poco explicable desde una perspectiva técnica, como han advertido diversas voces del sector.

Sería conveniente que la Ley no contemple metas que, aunque comunicacionalmente atractivas, no tienen mayor justificación y cuya imposición puede terminar por aumentar los costos de generación, y en cambio introduzca incentivos y facilidades para la instalación de energías “limpias”, permitiendo que las señales del mercado definan las nuevas inversiones. En ese plano, resulta inexplicable que la generación hidroeléctrica a gran escala aún no sea plenamente considerada como “renovable”, lo que debería ser corregido en el actual proyecto sobre ERNC.

Ley de Quiebras: Un cambio necesario.

Hemos vivido un boom del emprendimiento en Chile: sólo en los últimos 3 años se han comenzado más de 170 mil nuevas pequeñas y medianas empresas. Palabras como "start up" o «capital semilla» son cotidianas para las nuevas generaciones, que ven en el inicio de un negocio un desafío para insertarse laboralmente. Pero el emprendimiento conlleva riesgos: sólo el 28% de los emprendedores en Chile es exitoso al primer intento. En nuestro país ello se vuelve mucho más complejo, producto de un proceso de quiebras anticuado, lento, engorroso y caro. Así, la tasa de recuperación de quienes caen en esta situación es de 25,5%, menos de un tercio del 81,5% que se registra en Estados Unidos.

El diagnóstico.

Otros números muestran que en 2012 hubo en Chile 130 quiebras (casi 90% de ellas, pymes) y más de 3 mil trabajadores afectados. Y, según una estimación de Impuestos Internos, 15 mil emprendimientos han dejado de desarrollarse por las deficiencias del proceso de quiebra actual. Por eso, el sistema ha estado en la lupa internacional: en el indicador "resolución de la insolvencia" del prestigioso ranking Doing Business 2013, Chile sólo obtuvo el lugar 98, por la debilidad de la legislación de quiebra y los cuellos de botella que ésta supone para la reinvención de los negocios fracasados.

La Asociación de Emprendedores detectó entre los eslabones problemáticos del actual mecanismo el enfocarse en la liquidación de bienes más que en la reorganización de los activos y pasivos de quien cae en la insolvencia: en otras palabras, se hace poco para salvar la situación. Además, la tasa de recuperación de créditos para los acreedores es baja: 25%, en comparación al 68% de la OCDE. El proceso es lento (más de 4,5 años promedio versus 1,7 años en la OCDE) y no considera a las personas naturales ni existe una justicia especializada.

El cambio.

El Gobierno de Sebastián Piñera mandó en mayo de 2012 un proyecto que formalmente se planteó como una legislación sobre «reorganización y liquidación de bienes y empresas», para dejar atrás el estigma de la palabra quiebra. El texto se encuentra aprobado por el Senado y comenzando trámite en la Cámara de Diputados. Es una Ley compleja, de unos 400 artículos, inspirada en la Ley de Bancarrota que hizo Colombia en 2006, que logró bajar de 3 a 1,2 años el proceso.

En síntesis, los cambios apuntan, primero, a adelantar los procesos y tratar de salvar la mayor cantidad de casos posibles. Hoy sólo el 7% se va a convenio judicial, cifra que se espera mejorar gracias a perfeccionamientos administrativos. Sólo si esto no funciona, se procedería a la liquidación.

Segundo, se incorpora un procedimiento que hoy no existe para la repactación del llamado deudor no comercial (personas naturales), considerando que más del 45% de los emprendedores en Chile funcionan con su RUT personal. Con esta alternativa, las personas que tienen una deuda importante con bancos y retail podrán declararse en quiebra y renegociar.

Tercero, se acortan y aceleran los trámites de liquidación.

Cuarto, se dan más facilidades a los involucrados: se eliminan los costos que hoy, sólo en publicación del Diario Oficial, pueden llegar hasta $500 mil; se permite al deudor defenderse con anterioridad a la sentencia; se agilizan los pasos a los trabajadores que hoy se ven entrampados porque para cobrar el finiquito deben tener los pagos previsionales al día, situación poco habitual en una empresa insolvente, pasándose a considerar la deuda como causal de término del contrato de trabajo. También los proveedores verán un cambio: hoy muchas veces, ante el temor de no pago, se corta el suministro. Para aquellos proveedores considerados indispensables, se incluye la figura del "suministro asegurado", respetándose la fecha de pago convenida.

Y finalmente, ya en el ámbito de lo cultural, se busca cambiar la percepción de fracaso que se asocia a la quiebra y para eso se reemplaza, por ejemplo, el término "fallido" por "deudor" para referirse a la persona que realiza el trámite, y se rebautiza la Superintendencia de Quiebras como de Insolvencia y Reemprendimiento. Los síndicos se llamarán liquidadores, en caso de liquidación, y veedores, en caso de reorganización.

Puntos polémicos.

La tramitación hasta ahora ha sido rápida. Sin embargo, hay puntos que podrían encender alertas en la Cámara de Diputados. Tres destacan. Primero, la designación de los veedores y liquidadores (ex síndicos): los actuales síndicos han planteado que sea por sorteo, mientras que lo que hoy se propone es que los mayores acreedores sean los que elijan el que más les acomode. Segundo, el tratamiento de las personas relacionadas: es habitual que el empresario en conflicto recurra a cercanos o incluso se autopreste dinero y luego se ubique primero en la lista de las devoluciones; ahora se les quitarán los derechos durante el proceso y sólo serán reembolsados una vez que todos los acreedores hayan sido pagados. Así se evitan fraudes. Tercero, se critica que no haya Tribunales especializados y que a los Tribunales civiles se les haya dado pocos fondos de capacitación.

Cercanos al proceso aseguran que es una legislación importante pero no revolucionaria, y que si bien debería aliviar la actual situación, no garantiza 100% que el reemprendimiento resulte tan expedito como sería necesario. En cualquier caso, se trata de un avance en la línea de mejorar la productividad de la economía, que se incrementa al flexibilizarse los procesos de entrada y salida de empresas al mercado.

Una misiva para meditar.

Señor Director:

Tasa de pobreza y socialismo.

De acuerdo a información proporcionada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en Chile por cada punto de crecimiento del PIB, la tasa de pobreza se redujo en promedio entre 2006 y 2011 un 3,2%. En el caso de Ecuador, se redujo un 2,5%; en Bolivia un 2,3%, en Argentina un 2,2%, y en Venezuela solo bajó en 1,3%.

Lo anterior es una prueba fehaciente de que el socialismo del siglo XXI no es la solución para erradicar la pobreza. Ojalá nuestros candidatos a la Presidencia y al Congreso tengan esto muy presente.

Fernando Marín E., Abogado.