Imagenes informativas, temas para meditar el fin de semana...

Ministro Mañalich no se retracta de haber acusado a algunos Diputados de haber

cedido ante el lobby de la industria farmacéutica, el Presidente Piñera apoyó al

Secretario de Estado y anunció que el Gobierno insistirá en la necesidad de ampliar

la competencia en la venta de fármacos.

Tormentas eléctricas e intensas lluvias marcaron las últimas horas en la  II y III

Regiones, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi)

había decretado "alerta amarilla" y anunciado que se presentarían fuertes

precipitaciones y nevadas en la zona.

Ministro de Salud decretó alerta sanitaria en Temuco y Padre Las Casas, Jaime

Mañalich destacó los alcances de la medida para enfrentar la contaminación

ambiental en esa zona y dijo que estará vigente hasta el 31 de agosto.

José Piñera, el principal ideólogo del actual sistema de pensiones, afirmó que la

pensión de los jubilados en Chile ´´depende del esfuerzo que hicieron en su vida´´

y afirmó que la creación de las AFP es una de las principales causas del

crecimiento económico del país.

El Manchester City de Pellegrini es el club que paga los mejores sueldos, un estudio

de la revista estadounidense Sporting Intelligence y de ESPN reveló que el cuadro

inglés desplazó en el ranking al Barcelona, Real Madrid y los equipos de la NBA.

España, Italia, Francia y Alemania se movilizan para luchar contra el desempleo juvenil,

según as últimas estadísticas de Eurostat, de los 26,5 millones de desempleados en abril

en la Unión Europea, 5,6 millones era menores de 25 años.

China propone que la ONU investigue el uso de armas químicas en Siria, la portavoz del

Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying, propuso una investigación que sea

‘objetiva, justa y de acuerdo con las regulaciones del Consejo de Seguridad’.

Francia plantea reformar sistema de pensiones por tercera vez en los últimos 20 años, los

expertos recomiendan modificar los criterios de cálculo de las pensiones del sector público

y  cambiar sus privilegios frente a los trabajadores privados.

El prestigio de Chile a la guillotina,

por Rafael Rincón - Urdaneta Z.

“El mundo conoce mis actos más vituperables, y puedo afirmar que soy mejor de lo que predica la fama”

Mary I of Scotland en Maria Stuart de Friedrich von Schiller

Si en Chile estamos cruzando el umbral del desarrollo, no ha sido por suerte ni por intervención celestial. Ha sido gracias a nuestro modelo económico y político, injusta e imprudentemente maltratado por políticos, intelectuales y periodistas. También gracias a la positiva imagen que tenemos entre Gobiernos, inversionistas y socios, así como en la opinión pública extranjera en general. Solo el incomprensible fatalismo nos oculta nuestro propio prestigio, el de un país serio, estable, libre y próspero, regido por la cordura y la responsabilidad.

Sin embargo, semanas atrás, la revista británica The Economist, a propósito de la destitución de Harald Beyer de su cargo como Ministro de Educación, asoció a Chile a las peores prácticas políticas y concluyó que “los chilenos merecen algo mejor de sus Legisladores, y ellos lo saben”. Para el buen nombre de un país hasta ahora visto como un ejemplar y excepcional caso de éxito en una región de abundantes fracasos, semejante referencia, fea pero no del todo injusta, ha sido muy dañina. Lo peor es que este evento no es más que uno entre los varios que están corroyendo las buenas percepciones de Chile en el mundo.

Uno de los más seductores atractivos del país ha sido el consenso que se logró en torno a lo que queremos ser y a cómo queremos llegar a serlo. Pero hoy, sectores de la izquierda han embestido retórica y rabiosamente contra los pilares del desarrollo y contra nuestra reputación. Salvo pocas individualidades, incluso la centroizquierda de la Concertación, en otros tiempos moderada y moderna, parece sumarse irreflexivamente a la crítica y mirar con satisfacción, o cuando menos con sospechosa condescendencia, el espectáculo de violencia y destrozos que pone a la capital y a otras ciudades en estado de sitio cada vez que el entusiasmo radical sale a la calle.

Con una crispación inquietante, se ha llamado a derribar el sistema político y económico —el que una vez administró parte de la izquierda con razonable responsabilidad— con el peligroso método de la asamblea constituyente y la convocatoria de una “nueva mayoría”. Un importante asesor constitucional de la candidata y ex Presidente Michelle Bachelet, académico de una prestigiosa universidad privada muy lejana del discurso altisonante, ha dicho que la “tramposa” Constitución Política debe ser cambiada “por las buenas o por las malas”. De hecho, la propia Concertación, en busca de la “nueva mayoría social”, se ha hermanado con el Partido Comunista, creyendo que mudando su residencia a coordenadas más radicales deberá forjar su nueva identidad y, por lo visto, convencida de que allí están las claves del Chile de mañana.

Cambiar nuestra estrategia de desarrollo y la Constitución Política, por cierto ya reformada por el entonces Presidente Ricardo Lagos en 2005, no es un experimento de ocio como parecen pensar quienes juegan a la revolución y se sienten en la Cuba de 1959, creyendo que en La Moneda está Fulgencio Batista. Y la legitimidad de las acciones, decisiones e instituciones políticas no nace del circunstancial “clamor popular” ni del carisma de algún líder, despreciando los resultados y el racional equilibrio entre fines y medios. Esta no es la actitud del país serio que somos y que, presumo, queremos seguir siendo. No es así la vida de una sociedad abierta y próspera de individuos libres y responsables. Es, por el contrario, la de aquellas que se han arruinado por la furia populista, la arrogante violencia revolucionaria y la actitud de “nueva mayoría” aplastante que se comporta como llamada a pasar por el filo de la guillotina a los “enemigos del pueblo”. No son el juego de suma cero ni el “estás conmigo o contra mí” las lógicas propias del país que aspiramos, pero sí las del que podemos ser si nos dejamos llevar por los arrebatos suicidas que llaman a hacer saltar en pedazos lo construido, comprometiendo seriamente el legado de nuestra generación.

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, advirtió recientemente que las propuestas radicales de la sociedad Concertación-Partido Comunista “ya han provocado efectos negativos sobre la inversión” porque esta “responde a señales, no responde solo al dinamismo de la economía”. No sería extraño y, probablemente, no exagera. Los últimos tiempos han sido desastrosos para quienes trabajan por llevar a Chile al primer mundo y por proyectar una imagen positiva.

A Chile le va bien y le irá mejor gracias a su institucionalidad, a su transparencia y a las políticas económicas de libre mercado que han puesto a esta larga y angosta franja de tierra ad portas del desarrollo. Pero la mala fama nos puede costar carísimo mañana mismo y contribuir a convertirnos en un penoso caso de desarrollo frustrado. Que la pluma de Schiller, como en Maria Stuart, no escriba nuestro lamento.

Diálogo con un amigo homosexual,

por Juan de Dios Vial.

A propósito de unas discrepancias valóricas acerca del matrimonio y la homosexualidad que se escucharon en el reciente debate de la llamada Nueva Mayoría, recuerdo una antigua conversación con un amigo.

No entiendo bien -le dije- por qué una persona como tú, tan educada y culta, tan respetuosa de normas diversas como las de la cortesía y las buenas costumbres, sienta la necesidad de que algo que ha sido mirado tantas veces como indebido y pecaminoso, repentinamente, merezca la consideración que la institución civil del matrimonio ha merecido en las más diversas civilizaciones y en las religiones superiores que la humanidad ha profesado.

Universalmente ha sido entendida esta realidad biológica y social como el encuentro entre un hombre y una mujer movido por el amor, cuyo fruto natural es un hijo. Ha sido así por nada que resulte meramente convencional o circunstancial, sino por un hecho bien visible y patente: esta ahí -en ese encuentro personal y en esa institución- la fuente de la vida humana.

Entiendo perfectamente que pueda darse una rica y fina relación de la índole del amor entre seres del mismo sexo como la que existe entre un padre y un hijo, entre dos hermanos, entre miembros de una comunidad religiosa, entre personas que participan de una misma afición, vocación o estilo de vida. La noble virtud de la amistad ahí está presente como una de las mejores cosas de la vida, decía Aristóteles.

Pero tan pronto entra en una relación de ese tipo un ingrediente sexual dominante, el asunto se enturbia. Se convierte en inquietante motivo de angustia y desconcierto al interior de la conciencia individual y se ve cruelmente descalificado a título de desorden contra la naturaleza de las cosas, de anomalía, de pecado.

También entiendo que estos juicios descalificadores pueden impugnarse en un plano moral más alto, donde imperan principios como la libertad humana y el afecto hacia otro que sufre. Esas descalificaciones podrán, entonces, considerarse visiones del mundo añejas. Se les opondrá el legítimo derecho que tiene una persona a decir: no tengo por qué atenerme a la noción de pecado de una fe que no profeso. Ni tampoco a creencias de personas ignorantes. Tengo derecho a tomar el tren del progreso; a admitir experiencias nuevas e innovadoras; a reconocer rupturas que sobrevienen por un dinamismo de cambio al interior de la sociedad, que arrollan y se abren paso, a veces, brutalmente. Mas en el núcleo del problema podrá decirse: yo cifro mi propia autonomía y el valor que atribuyo a mi existencia justo en mi capacidad de adoptar estas decisiones que estarían en la dirección de lo que me parece ser la justicia y el progreso.

Mucho temo que al pensar así se esté cogiendo el rábano por las hojas. Es preciso llegar a las raíces del asunto. Como en todo verdadero diálogo, es necesario aclarar el terreno de la disputa. Ponerse de acuerdo en lo que se está en desacuerdo y hasta qué punto es válido estarlo.

¿Qué razones hay para reclamar la figura del matrimonio -institución común de la sociedad civil en diversas civilizaciones y sacramento de diversas religiones superiores- para un tipo de relación sexual entre seres del mismo sexo? ¿Por qué quitarle al matrimonio el rasgo que por esencia se le reconoce en sociedades, culturas y religiones diversas, para entrometer en su concepto una práctica que lo contradice?

Por supuesto, es posible y conveniente lograr una mejor comprensión del antiguo y constante fenómeno de la homosexualidad. Puede ganarse una consideración ética y cultural más justa, más delicada, más comprensiva. No precisamente por la vía de grupos de presión que enarbolan recursos del lobby y la publicidad comercial machacando slogans sentimentales, manipulando opiniones y mayorías de circunstancia. Argumentos, por otra parte, que pueden resultar tanto o más ofensivos que aquellos que los homosexuales padecen.

¿Qué ocurre al reclamar el nombre de "matrimonio" para la relación homosexual? Desde luego, hay un reconocimiento claro del valor que se atribuye a la institución. De lo contrario, no se aspiraría a ella. Y no cabe semejante aspiración sino sobre la base de identificarse con ella. Pero, ¿cómo se alcanza tal identidad?

En una carrera de velocidad, dos personas parecieran estar haciendo las mismas cosas, pero uno tarda un segundo y medio más en llegar a la meta. Ese aparente detalle lo distingue fundamentalmente del otro. No es que se lo discrimine, sino que lo que hizo fue distinto. El detalle esencial del matrimonio no lo alcanza el homosexual. Lo suyo no es un matrimonio, es algo distinto.

A los estudiantes de derecho se los iniciaba en mis tiempos con algunos axiomas como aquel que dice que las cosas no son por lo que se dice de ellas, sino por lo que efectivamente son. Si se tiene una idea clara de lo que es el matrimonio, de su significado real y de su valor, y por esto se aspira a contraerlo, no pretenda usted diseñarlo a su antojo.

Críticas dentro de la Iglesia,

por Luis Eugenio Silva.

La controversia suscitada acerca de la Iglesia, a propósito de críticas recibidas, ha desencadenado reacciones en pro y en contra. Como profesor de historia de la Iglesia y la Edad Media —período respecto del cual más se ha criticado a la primera— he revisado lo que llamo críticas «desde dentro», que, en vez de atacarla sin piedad por sus defectos, han hecho una obra constructiva, iniciando movimientos que reafirmaron a la Iglesia y que no quisieron escandalizar, sino que estimular sus genuinos valores.

Cuando el monacato se había desdibujado y la exigencia de la regla era escasa, San Benito de Aniano, en el siglo IX, lo reforma. Ello se hizo desde dentro de la Iglesia, en un momento en que los poderes laicos se adueñaban de los monasterios. Produjo un enorme fruto espiritual y cultural, pudiendo decirse que fundó la cultura del Occidente.

También en la esfera monástica, San Bernardo, en el siglo XII, recrea, desde dentro del benedictinos, el movimiento del Císter —aunque él no lo fundó—, donde la pobreza y el rigor de una vida evangélica eran un modelo a imitar por las otras órdenes y por una sociedad donde el materialismo se había apoderado en parte de los religiosos. San Francisco de Asís, en el siglo XIII, en un momento en que el poder del Papado era enorme y las riquezas de la Iglesia también, muestra que el camino de la pobreza y de la humildad era lo que correspondía. Nunca tuvo una palabra de desprecio para el sacerdocio, ni menos para el poderoso Papa Inocencio III, al que le pidió que aprobara su movimiento. Su ideal sirvió, como el de Santo Domingo de Guzmán y de otros grandes fundadores, para renovar a la Iglesia y abrir a los laicos nuevos derroteros espirituales de enorme trascendencia.

Raimundo Llulio, en el siglo XIV, indica que el sistema de conversión a los infieles ha de hacerse predicando y conociendo sus lenguas y culturas, para lo cual, indicaba en un Concilio, se debían aprender las lenguas árabe y hebrea. Era un período en que la Iglesia sufría los inicios de un tremendo cisma, que la llevó a tener tres papas. Y la crítica se hizo desde dentro. Durante el período de los Papas renacentistas, más señores temporales que pastores algunos de ellos, surgen los movimientos de auxilio a los más necesitados: Montes de Piedad, cofradías que enterraban a los pobres y otras que recogían a los huérfanos y a las mujeres que caían en la prostitución. Y ello se hizo calladamente, sin descalificar públicamente a los señores Papas. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, al iniciar la Orden, la pone bajo la autoridad del Papa, con un voto especial de obediencia a él... e Ignacio bien conocía a Paulo III, Farnecio, y cómo había conseguido el capelo cardenalicio. Pero su crítica consistió en estimular los carismas de la Iglesia a pesar de sus defectos. Dio mucho fruto.

Pasamos al siglo XIX, y vemos cómo laicos como el conde de Mund y otros, en diversas partes de Europa, advierten sobre las formas miserables de vida de los pobres y llaman a mejorarlas convocando reuniones y congresos. Con ello se adelantaron al nacimiento de la doctrina social de la Iglesia, con la encíclica Rerum Novarum, de León XIII. San Juan Bosco impulsa, en un momento en que el pontificado defendía su estado temporal, la educación y el cuidado de los niños con sus escuelas y oratorios. No condena a los Papas preocupados de otros asuntos. Y, en el siglo XX, la beata Teresa de Calcuta y en Chile San Alberto Hurtado desarrollaron, desde dentro de la Iglesia, una inmensa obra de solidaridad con los más pobres entre los pobres, sin criticar acerbamente a la jerarquía y aun sufriendo incomprensión de parte de algunos Obispos por mostrar un camino que no era entendido por todos.

Podemos criticar a la Iglesia, pero como lo hace un hijo: con amor y esperanza, desde su interior, sin ponernos al frente como un Savonarola condenador y descalificador. No se debe olvidar que, así como existe la comunión de los santos y sus gracias nos llegan a todos, existe también una comunión de las faltas y pecados, y que todos contribuimos a ambas. La Iglesia es y será santa y pecadora, y lo que deben hacer sus miembros es aumentar los niveles de santidad con las buenas y justas obras que surgen de la fe en Jesucristo. Esta inspira a los creyentes y a la humanidad entera para entender que la perfección ha de estar en tratar de tener una vida recta, justa y caritativa con todos.

Lo que dejan los debates.

Uno de los escasos momentos de confrontación en el debate de la centroderecha, anoche por TV, fue cuando Pablo Longueira le enrostró a Andrés Allamand los acercamientos de RN con la DC para reformar el sistema electoral. Que un punto como ése haya sido de los pocos que pudo inyectar algo de tensión al espacio, bien resume lo que está en juego en la primaria oficialista: no una diferencia de contenidos, sino una cuestión de estrategias y estilos personificados en las figuras de ambos. Porque, al revés de lo que ocurre en la oposición —donde nadie duda del favoritismo de Michelle Bachelet y la verdadera discusión es en torno a su línea programática—, en la centroderecha la plataforma parece clara (en buenas cuentas, la continuidad de las políticas de la administración Piñera) y lo que está en suspenso es a quién su electorado estimará como mejor carta para enfrentar a la ex Presidente.

El ganador. Con la disputa reducida en buena medida a una comparación entre las habilidades comunicativas de Allamand y Longueira (donde destaca la capacidad argumentativa del primero, versus el tono más pasional, pero también más desordenado, del segundo), el verdadero ganador del debate oficialista fue el Presidente Sebastián Piñera. Ambos contendores se presentaron como férreos defensores de su obra y discurso: apoyo decidido al modelo económico, si bien asumiendo la necesidad de correcciones para enfrentar los abusos. Nada distinto del «relato» que en la práctica ha ido construyendo este Gobierno, en contraste con el tono flagelante que ha hecho suyo buena parte de la oposición. Es sintomático que, el mismo día del debate, Longueira haya lanzado abundante propaganda con la imagen suya junto a Piñera, y que la mayor controversia vivida esta semana por el sector (suscitada por el anuncio de la Ministro vocera de que votará por Allamand en la primaria) tenga que ver, en el fondo, con el rol del Ejecutivo de aquí al 30 de junio: uno y otro comando estiman que el Gobierno y la propia figura Presidencial constituyen hoy un activo. Ello aparece vinculado con el fortalecimiento de la administración en las encuestas: el 40% que le otorgó la última CEP no es una cifra extraordinaria ni garantiza mayorías, pero sí constituye un piso insustituible para quien quiera emprender una aventura Presidencial. Como hacían notar anoche distintos analistas, el grado de ordenamiento mostrado por los dos candidatos hubiera sido casi inimaginable en aquellos días en que los índices del Gobierno apenas superaban los 20 puntos de respaldo.

DC como objetivo. Si, aparte de un discurso de centroderecha sin complejos, otra cosa se vio en el debate oficialista fueron gestos hacia la DC. Andrés Allamand fue explícito, defendiendo el diálogo entre su partido y la Democracia Cristiana, pero también citando a Patricio Aylwin y advirtiendo contra una coalición opositora que, al radicalizar sus propuestas, estaría “expulsando al centro”. Longueira insistió en su concepto del centro social (con el que parece apuntar a sectores poco politizados que demandan alivio a sus problemas y al mismo tiempo valoran la moderación), pero además, en su reiterado rechazo al aborto y el matrimonio homosexual (temas de coincidencia con Allamand), utilizó un estilo argumentativo sugerentemente parecido al del DC Claudio Orrego, con énfasis en la idea de tolerancia.

Muerte sin funeral. En la oposición, uno de los aspectos menos comentados pero más significativos del debate del lunes entre sus candidatos fue su presentación: se trató del foro entre los postulantes de la «Nueva Mayoría». En realidad se trata del nombre con que el pacto opositor se inscribió para las primarias, pero que ahora —como sello identificatorio de los Presidenciables del sector— desplaza al término «Concertación». Es curioso que, luego de todas las polémicas del año pasado sobre dar muerte o no a esta última, la paulatina desaparición de la palabra pase casi desapercibida. El punto no es sólo una cuestión lingüística: «Nueva Mayoría» significa incorporación del PC, otros grupos menores de la izquierda y, eventualmente, movimientos sociales, y la ex Presidente Bachelet ha hecho suyo el concepto desde el momento en que arribó a Chile. El tema cuestiona a la DC, que empieza a ser en los hechos partícipe de un pacto donde la izquierda es más fuerte que en la antigua Concertación. Frente a ello, los diagnósticos y estrategias falangistas difieren: si su candidato Orrego defiende el perfil de centro del partido y se resiste a formar una coalición de Gobierno que incluya a los comunistas, la disidencia empieza a levantar un discurso distinto.

Pero las características de esta Nueva Mayoría y los alcances de sus propuestas son objeto de discusión también en otros sectores, desde el candidato Andrés Velasco, que rechaza izquierdizar el bloque, hasta el Senador Escalona advirtiendo contra las tentaciones radicalizadoras.

Tales discusiones dentro de la oposición incentivan los guiños centristas de Allamand y Longueira, así como su apuesta de aparecer como un sector que, en lo básico, comparte una misma propuesta. Pero no todo son dividendos en esa estrategia unitaria: el debate televisivo de ayer resultó a menudo monótono y no es claro que haya servido para incentivar a los votantes a concurrir a la primaria. El rating conseguido, siete puntos más bajo que el logrado por la oposición, puede tener muchas explicaciones «televisivas», pero no es un buen antecedente para la centroderecha en la carrera con la Nueva Mayoría por movilizar más gente el 30 de junio.

Inconveniente franja electoral televisiva.

La decisión del Ejecutivo de retirar su respaldo al proyecto que establece una franja electoral televisa para primarias Presidenciales es una decisión correcta, porque debería permitir que una iniciativa de complejos alcances no se tramite con la premura que supone su entrada en vigencia antes de las primarias del 30 de junio, como es la pretensión de Parlamentarios de oposición y algunos de línea oficialista. Si bien esta iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, cabe esperar que en el Senado sea posible una discusión de más largo aliento.

Resulta enteramente discutible que una norma electoral de tanta trascendencia como las elecciones primarias Presidenciales sea objeto de modificaciones cuando dichas votaciones se encuentran a punto de llevarse a cabo. Los candidatos que decidieron voluntariamente acogerse a este proceso de primarias conocían de antemano que la norma no contemplaba para estas elecciones una franja televisiva obligatoria, por lo que no podría alegarse que hubo engaño o mala fe. Lo razonable es que cualquier modificación sobre esta materia rija para las elecciones primarias siguientes, y de allí que el retiro del respaldo por parte del Gobierno -si bien en un inicio fue el promotor de este proyecto- debería permitir una mejor decantación de esta iniciativa.

Sin embargo, también cabe analizar cuestiones más de fondo. En ese sentido, establecer la obligación a los canales de tener que transmitir este tipo de franjas supone una carga que discrimina arbitrariamente en contra de los canales abiertos, que ven alterada su libertad editorial. En los hechos las distintas candidaturas cuentan con múltiples canales tecnológicos para hacer llegar sus mensajes a la ciudadanía, por lo que persistir en una sobrerregulación resulta innecesario, y en cambio parece conveniente revisar la prohibición que existe de hacer publicidad política en televisión, cuestión que el límite del gasto electoral permite resolver de manera adecuada.

Necesaria división del Sename.

Varios mensajes Presidenciales han anunciado la separación en dos entidades del actual Servicio Nacional de Menores (Sename) -una larga aspiración de los especialistas y de los organismos internacionales en esta área-, para lograr una adecuada especialización en dos ámbitos: la protección de derechos de los niños, que pasaría al Ministerio de Desarrollo Social, y la reinserción de los jóvenes infractores, que se mantendría en el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, no basta dividir el actual servicio. Es fundamental que este proyecto -en primer trámite en la Cámara Baja desde agosto de 2012- incorpore modificaciones en cuanto a las estrategias aplicadas y la gestión asociada a sus respectivas áreas. Lo anterior resulta redobladamente necesario en lo relativo a responsabilidad penal adolescente, que ha recibido constantes críticas y evaluaciones negativas por sus malos resultados: excesivo uso de internación provisoria, cuestionamientos de la calidad de medidas como el sistema semicerrado, falta de especialización de los actores, elevadas tasas de reincidencia delictiva de quienes egresan del sistema, ausencia de adecuados esquemas de clasificación y segmentación de la población infractora juvenil -lo que impide una correcta intervención-, necesidad de contar con centros de alto estándar a nivel nacional -hoy no solo hay insuficiencia de plazas, sino de moderna infraestructura-, que permitan el desarrollo de actividades socioeducativas.

Para todo lo anterior, los dos nuevos servicios resultantes de la división del actual necesitarán personal técnicamente preparado, y aumentar el porcentaje de profesionales que hoy trabajan en ellos (actualmente, el 70% del personal del Sename no es profesional). Por cierto, las políticas de intervención que se apliquen deberán considerar la abundante experiencia comparada. Nada de esto es superfluo, sino requisito para mejorar la prevención temprana y elevar las tasas de rehabilitación y reinserción en su caso, que son decisivas para reducir el deslizamiento hacia carreras delictivas juveniles.

En cuanto a protección, será también necesario que, junto con el traspaso del nuevo servicio al Ministerio de Desarrollo Social, se regulen de manera adecuada los derechos de los niños y adolescentes, mediante una moderna Ley de Protección.

Urge que el Congreso dé pronto curso a este postergado cambio institucional, desestimando presiones de ciertos grupos gremiales que anteponen el interés propio al de los menores que requieren atención, incluso mediante llamados por escrito a "una alianza estratégica entre las bancadas de oposición y los funcionarios Fiscales para frenar las modificaciones que traen dichos proyectos a la actual institucionalidad". Y esto, pese a que un artículo transitorio del proyecto dispone expresamente que los procesos de traspaso y encasillamiento a que dé lugar esta Ley no podrán ser considerados como causal de término de servicios, ni supresión de cargos, ni cese de funciones o término de la relación laboral, ni pérdida del empleo, disminución de remuneraciones, ni modificación de los derechos previsionales.

Ciberespionaje: ¿dónde están los límites?

Son siempre difíciles de establecer los límites entre el deber que todo Estado tiene de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y el derecho de estos al goce de su privacidad y libertades individuales. Probablemente Estados Unidos sea el país donde más debate se ha planteado en este campo, lo que no puede sorprender: se trata de la nación que se ve a sí misma y es vista por muchos como paladín de la libertad, y en cuyos orígenes fundacionales está la noción de que los ciudadanos deben desconfiar del Estado, que constituye una amenaza latente a los derechos de las personas. Al mismo tiempo, sin embargo, se trata de una potencia mundial, crecientemente expuesta a los ataques del terrorismo en su propio suelo, lo que demanda un papel protector por parte del Estado, que necesariamente impone cotas a la libertad y a la privacidad. No se trata, por tanto, de un debate acerca de si esas restricciones son justificadas o no, sino acerca de cuáles deben ser y cómo deben llevarse a la práctica.

Esto es lo que se halla en juego en la reciente revelación de que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense ha recolectado masivamente datos de usuarios de grandes empresas de telefonía, como Verizon, Sprint y AT&T, así como de los gigantes tecnológicos Facebook, Google, Apple, Microsoft, Yahoo! y Skype, entre otros. Varios de ellos han negado haber incurrido en extralimitación alguna de las fronteras legales, y algunos afirman no haber conocido siquiera la existencia de este programa de ciberespionaje -bautizado como Prism-. Aunque se desconoce el alcance exacto que haya tenido, el propio Presidente Obama ha declarado que no ha habido escuchas telefónicas ni lectura de correos electrónicos, y lo ha defendido expresando que "la Comisión de Inteligencia (del Congreso) está plenamente informada del objeto de estos programas, que fueron autorizados por amplias mayorías de ambos partidos desde 2006... No se puede tener un ciento por ciento de seguridad, y también un ciento por ciento de privacidad, y cero inconvenientes... Pero si uno se fija de verdad en los detalles, creo que hemos alcanzado el equilibrio correcto".

Desde la trinchera opuesta, la prensa liberal y múltiples grupos de ciudadanos se han manifestado en contra de este programa de ciberespionaje, por considerar que no ha sido transparente y que ha excedido los límites aceptables, tratando a toda persona como un potencial terrorista. Se ha recriminado directamente al Presidente Obama por continuar con políticas extremas instauradas bajo la administración Bush, y muchos afirman haber perdido la confianza en él.

¿Ha excedido este programa los límites aceptables? ¿Ha sido poco transparente? Si se ha ceñido a la Ley, si ha estado en conocimiento de la Comisión de Inteligencia del Congreso, y si ha habido autorizaciones Judiciales cuando se ha requerido, la respuesta debería ser no. A lo más cabría -como lo han propuesto antes algunos Parlamentarios- que se reduzcan las facultades entregadas al Ejecutivo a raíz de la polémica "Ley Patriota", aprobada en lo más crítico del clima de temor que imperó tras los atentados del 11-S.

Pero, por cierto, cabe la posibilidad de que la Agencia de Seguridad Nacional u otros entes Federales hayan ido más allá de su campo de autorización, ante lo cual el propio Presidente debe responder. Es el riesgo que se asume cuando se entregan poderes especiales al aparato Estatal, especialmente en temas tan sensibles como la seguridad. Y debe llamar a reflexión el modo en que se ha aplicado este programa, o al menos una parte de él, que ha recurrido a empresas contratistas, y no a empleados públicos, lo que abre múltiples flancos de vulnerabilidad adicional en el uso que se le puede dar a la información recolectada.

Chile y Bolivia ante el Tribunal de La Haya.

El proceso iniciado por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia dio anteayer un paso significativo, al encontrarse por primera vez cara a cara las partes en presencia del Presidente del Tribunal, ante el cual cada una expuso su propuesta sobre los plazos que debería cumplir el juicio. De esta forma, la demanda boliviana sigue el curso definido en abril pasado, cuando La Paz presentó en La Haya una solicitud para iniciar el procedimiento, reclamando una supuesta obligación de parte de Chile de negociar la entrega a aquel país de una salida soberana al océano. El Gobierno chileno ha repetido en varias ocasiones que no existen cuestiones limítrofes pendientes con Bolivia y que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 define con claridad la frontera. Al mismo tiempo, señala que nuestro país ha dado cumplimiento a las provisiones de dicho tratado, por lo que cualquier reclamo está fuera de lugar. Los argumentos chilenos son sólidos y están amparados por bases jurídicas e históricas irrefutables.

La presentación boliviana acusa a Chile de haber actuado de mala fe al mostrarse en al menos cuatro oportunidades (1895, 1950, 1978 y 2006) abierto a dialogar con el fin de permitir al país vecino el acceso soberano al mar, tratativas que siempre se vieron frustradas. Según La Paz, esto habría dado pie a la existencia de unos “derechos expectaticios” que servirían de base para exigir a Chile entrar a conversaciones bilaterales que satisfagan sus aspiraciones.

Corresponde ahora que la CIJ defina los plazos de la fase escrita del juicio, lo que debería ocurrir la semana próxima. Ambas partes han solicitado que la memoria boliviana sea presentada en un plazo máximo de un año. Una vez conocida ésta, la defensa chilena debe decidir si invoca la incompetencia del Tribunal o permite que el juicio siga adelante a través de una contramemoria. Cualesquiera sean los plazos que establezca la Corte, la defensa chilena debe escoger la estrategia que mejor garantice la promoción de los intereses del país, definidos por la mantención de la integridad territorial y por la voluntad de ofrecer a Bolivia, sus habitantes y empresas todas las facilidades para un acceso expedito y práctico al mar, sin que ello implique concesión territorial alguna.

La defensa chilena en La Haya debería incluir, como ha dejado entrever el Canciller nacional, el registro de las declaraciones realizadas por las más altas autoridades bolivianas, especialmente las hechas por el Presidente Evo Morales. Esas palabras no sólo muestran una agresividad impropia de la investidura de quienes las han proferido y de la conducción responsable de la política exterior de un país, sino que también expresan contradicciones que sin duda pueden ir en contra de los argumentos bolivianos. La Paz, por ejemplo, ha señalado que su presentación no busca desafiar los contenidos del Tratado de 1904, pero en muchas ocasiones el Presidente Morales -yendo contra la verdad histórica- ha señalado que éste es un acuerdo ilegítimo firmado bajo presión.

Al mismo tiempo, la contumaz voluntad del Mandatario por denostar públicamente al Presidente chileno -el último fin de semana lo catalogó en siete oportunidades de “mentiroso”- sugiere un ánimo de llevar las cosas a un clima de enfrentamiento que no se condice con la conducta esperable en quien busca presentar sus argumentos ante un Tribunal de Justicia y dice esperar que sea éste el que resuelva las diferencias bilaterales.

Un par de cartas para Meditar.

Señor Director:

Orrego y la DC.

Democratacristiano de 64 años, votaré por Claudio Orrego, por representar éste fielmente los postulados de centro del socialcristianismo.

Deseo expresar que las declaraciones de Jorge Pizarro son verdaderamente lamentables y traicionan al candidato de la DC, al defender un pacto de Gobierno con los defensores de las peores dictaduras del mundo.

Si Orrego no es elegido el 30 de junio, no votaré por Bachelet. Ella no me interpreta; prefiero el centro y así actuaré.

Sergio Hernández Gómez.

Señor Director:

«Estatización» de nuestros hijos.

La precandidata Bachelet ha anunciado como parte de su propuesta educacional la progresiva eliminación del financiamiento compartido en la educación escolar. Es increíble que se pretenda prohibir que los padres puedan aportar con su propio esfuerzo a lo que probablemente consideran una de sus funciones prioritarias, la educación de sus hijos, y que se pretenda al mismo tiempo limitar la diversidad de proyectos educativos que deben existir en una sociedad pluralista. Tendremos entonces sólo dos tipos de educación: la particular pagada que hoy recibe el 7% más rico y educación pagada por el Estado para todo el resto, afectándose en forma muy significativa a la clase media.

Puede ser legítimo aspirar a que la subvención del Estado no se utilice para financiar ganancias indebidas, pero la solución no es cerrar los colegios particulares, que en su gran mayoría son proyectos beneficiosos para el país. Lo mejor y más simple es entregar esa subvención directamente a los padres, para que ellos libremente elijan la educación que quieren dar a sus hijos.

El fin del financiamiento compartido es equivalente a darles a los padres un tratamiento de discapacitados mentales, ofreciéndoles una sola alternativa, para evitar el riesgo de que se equivoquen. El rol del Estado en este campo es entregar información veraz a los padres, no imponerles sus proyectos. No podemos permitir que estaticen a nuestros hijos, y les impidan a los padres el derecho a elegir su educación.

Cecilia Cifuentes, Libertad y Desarrollo.

Señor Director:

Inhabilitados para votar.

Hace 4 años, el señor Marco Enríquez-Ominami lanzó una campaña para recolectar 36 mil firmas que le permitieran ser candidato Presidencial. Muchos ciudadanos que no compartíamos sus ideas firmamos por él porque nos pareció bien para la democracia y la política que se incorporara y compitiera, sin embargo, jamás quisimos afiliarnos a su partido político. Hoy, a menos de un mes de las primarias, somos muchos los que nos enteramos que no podremos votar en ellas debido a que estamos afiliados al partido PRO y que el tiempo necesario para desafiliarse es más de un mes.

Los suscritos, y seguro que muchos otros más, nos sentimos engañados, desilusionados y molestos por una movida que nos deja inhabilitados para votar este 30 de junio.

Sergio von Chrismar Castro, Ingeniero Civil Industrial UC

José Ignacio Seminario Castelblanco, Ingeniero Civil Industrial U. de Chile

Tres frases destacadas de la participación de Pablo Longueira en el foro Presidencial de la Alianza.

“No soy partidario de que el matrimonio civil sea para homosexuales, sino que el matrimonio civil sea entre personas heterosexuales”.

“La lógica del SI y el NO está absolutamente desfasada con el tiempo”.

“La concentración de mercados se lo debemos a la Concertación”.