Chile ante la violencia de los falsos demócratas,
por Rodrigo Ahumada Durán.
Hoy es un día lúgubre para el país. La
violencia se apoderó de las calles burlando sin pudor alguno a nuestro frágil
“ethos republicano”. El ciudadano común –sobre todo el sencillo trabajador u
oficinista- ha observado con estupor la violencia de los falsos demócratas
contra personas inocentes y Medios de Comunicación como si estuviésemos en una
dictadura. Un puñado de “adolescentes mentales” se han conferido a sí mismos el
poder de destruir bienes públicos y privados ante la total pasividad de un
grupo de Alcaldes que en vez de proteger los derechos de las personas han
preferido colocarse del lado de los violentistas ¿Puede la razón seguir
tolerando el doble estándar de “políticos” que justifican a anárquicos que se
toman colegios o irrumpen en la Casa Central de la Universidad de Chile para
causar destrozos y lanzar bombas? ¿No existe alguien sensato que esté más allá
del “populacho mental” que recibe órdenes de dirigentes que sentados en cómodas
sillas llaman cínicamente al diálogo? ¿Cuál diálogo? Indigna observar hasta qué
punto, las normas básicas de toda convivencia social claves para la existencia
del orden democrático, sea constantemente vulnerada por una tropa de fanáticos
y fundamentalistas, que nunca aportaron nada para recuperar la democracia, sin
respeto alguno por sus semejantes, sin hábitos, sin valores, sin pautas de
conducta ciudadana.
Estas son tan solo algunas de las grandes
contradicciones que hoy ha mostrado el movimiento estudiantil, movimiento que
en Chile hace tiempo perdió el rumbo y su verdadero sentido, especialmente
después que sus dirigentes hicieran un llamado explícito a radicalizarlo. Por
eso no me extraña ver participar en ellos a los delincuentes de las “barras
bravas”, o a violentistas y resentidos quienes actúan de manera sincronizada
con el único objetivo de destruir o sembrar el terror en la población. Esta es
la esencia de la demagogia de los violentos llamados demócratas, que asolan
nuestras ciudades cegados por el odio de sus propias pasiones reprimidas. Se
les olvida un axioma fundamental: no hay democracia sin demócratas del mismo
modo que no existe la paz social sino hay hombres pacíficos.
Sin
embargo, aquello que más entristece es constatar que todavía existe gente
ingenua que piensa que los dirigentes estudiantiles son “jóvenes idealistas”,
sin siquiera percibir los oscuros intereses ideológicos que movilizan a quienes
los instrumentalizan. Detrás de muchos de ellos está la vieja y caduca utopía
del socialismo dialéctico, que en su “médula esencial” no tiene ninguna
relación con la social democracia europea. Sí, el socialismo dialéctico, el de
Hugo Chávez y de Cristina Fernández, de Evo Morales y de los hermanos Castro,
el mismo que piensa que la lucha, la violencia y el odio social se encuentra en
el corazón de la sociedad y de la historia, por eso para ellos las reformas no
sirven. Lo único que sirve es la Revolución. Se trata de “avanzar sin tranzar”
¿No es esta acaso la base ideológica para imponer a todo evento una Asamblea
Constituyente? ¿Por qué no decirlo explícitamente? ¿A qué le temen? Si alguien
tiene alguna duda que le pregunte a Teillier las razones por las cuales el PC
chileno hizo una declaración pública apoyando al régimen genocida de Siria.
Esta gente no cree en la democracia. Para decirlo de manera más clara, la
democracia solamente les sirve como un medio para obtener el poder total para
después deshacerse de ella.
Como más de alguna vez lo he escrito, a estos
“ideólogos trasnochados” (Cf. Las reflexiones sobre los dirigentes actuales del
PC chileno del Premio Nacional Gabriel Salazar), no les creo ahora como no les
creí ayer y no les he creído nunca ¿Por qué? Sencillamente, porque estuvieron
dispuestos a asesinar –igual que nazis y fascistas- a millones de inocentes
para realizar su “utopía” del Hombre Nuevo. Cualquier persona que sabe algo de
historia de América Latina verá que el Partido Comunista chileno fue uno de los
más fieles seguidores del modelo totalitario soviético como también lo fue su
par en Bolivia al punto de permitir el asesinato de Ernesto Che Guevara porque
era políticamente correcto ¡Qué cinismo!
En este clima intencionalmente ideologizado
llamar al diálogo a quienes solo creen y valoran la violencia no solo es
irrisorio sino también una irresponsabilidad. Nadie está por encima del estado
de derecho ni sobre la Ley. No se puede permitir que unos estudiantes
minoritarios y violentos impongan a la sociedad chilena sus caprichos negándose
a abandonar aquellos establecimientos que servirán de lugares de votación. Lo
que procede es el desalojo por la fuerza pública. El Gobierno no puede seguir
la vía de irresponsabilidad abierta por el oportunismo y la ceguera de algunos Alcaldes
que no están a la altura de los liderazgos que el país requiere y que la
ciudadanía les confirió. Frente a la violencia de los falsos demócratas siempre
debe imperar la fuerza de la Ley que garantice la paz social de la sociedad
política.
En este momento de dolor para quienes creemos
en la paz, han vuelto a mi memoria las notables reflexiones del filósofo de la
democracia, Jacques Maritain, reflexiones que eran muy queridas a ese gran
hombre y líder de los DD.HH. que fue Jaime Castillo Velasco:
“Los que recuerdan las lecciones de la historia
saben que una sociedad democrática no debería ser una sociedad desarmada que
los enemigos de la libertad puedan tranquilamente conducir al matadero en
nombre de la libertad. Precisamente porque es una república de hombres libres,
debe defenderse con particular energía contra aquellos que, por principio, se
niegan a aceptar y trabajan incluso en destruir los fundamentos de la vida
común de semejante régimen” (La Carta Democrática).
Las mujeres y el sentido del deber,
por Margarita María Errázuriz.
En este último tiempo, dos mujeres destacadas,
exitosas, que gozan de gran prestigio —Michelle Bachelet y Carolina Schmidt—,
han tomado decisiones que son difíciles de entender. Desde mi perspectiva, sus
opciones tienen tan alto costo político y personal, que las considero
prácticamente suicidas. Desde posiciones ya ganadas, habiendo conseguido el
respeto de la gran mayoría, con índices de popularidad altísimos, han aceptado
ocupar cargos que las harán perder gran parte de lo ganado. Desde luego,
Carolina Schmidt en tan sólo un mes pasó del primer puesto al último en la evaluación
de los Ministros. Por su parte, Michelle Bachelet, si es elegida Presidenta
como se presume, al término de sus cuatro años seguramente habrá perdido mucha
de la aceptación pública de la que hoy goza. Todos sabemos que los problemas de
la educación son una papa caliente y nadie duda de que el próximo período Presidencial
será dificilísimo. En los tiempos que corren, las tareas que ambas han asumido
son misiones imposibles.
Dudo que lo hayan hecho por gusto. A mi
parecer, lo han hecho por sentido del deber. Poner a las mujeres en posiciones
como las que han debido enfrentar Michelle Bachelet y Carolina Schmidt es
gatillar un piloto automático que está en su ADN: el de ese sentido del deber.
Cuando doy esta opinión, muchos la rechazan. Se
sostiene que el deseo de poder es irrefrenable en hombres y mujeres, que estos
cargos generan adrenalina, la que actúa como una droga, y que así se explica la
decisión tomada por ambas. Me cuesta creer esta teoría. Tengo otra y es que las
mujeres no buscan el poder por el poder; lo quieren si con él pueden hacer algo
que valga la pena. Claro que en estos casos pienso que no primó el valor de la
causa asumida, sino la lealtad y compromiso con un grupo político. Como un
acuerdo de este tipo tiene menos mística, nos encontramos hoy con mujeres
distintas a las que hemos conocido. Así me explico a la Michelle que hemos
visto en los debates, con menos entusiasmo, luminosidad y cercanía que antaño;
diría que su discurso es mental, más frío, fruto del esfuerzo de enfrentar una tarea
que sabe dura y que ya no le es tan propia. Sobre Carolina tengo menos
referencias, pero no se la escucha hablando sobre educación con el entusiasmo
con que hablaba sobre las mujeres, y es fácil imaginar los malos ratos que debe
haber pasado y los que todavía tendrá que enfrentar.
Siempre he apoyado la participación política de
las mujeres. Creo que su instinto maternal, impreso en las formas de su cuerpo,
las que hablan de una emocionalidad nutritiva, íntima, acogedora, graba en
todas, con o sin hijos, una actitud de cuidado por los demás. Y nuestra
sociedad ¡necesita de ese cuidado! Pero nunca había pensado en que los tejes y
manejes de la política impusieran costos sociales tan altos. La participación
de las mujeres tiene costos familiares —“brutales”, como ha dicho la candidata
a la Presidencia— que repercuten en la sociedad, y su no participación también
los tiene al dejar de recibir su aporte.
La política no puede ser tan absorbente que
anule la vida personal. Tal como se practica, exige dedicación a tiempo
completo y es difícil poner distancia cuando se está en ella. Este ritmo tiende
a anular la capacidad reflexiva y creativa. Nuestra cultura política también
impone un costo al propio quehacer en ese ámbito.
Ahora que se discute sobre la institucionalidad
del sistema político, la participación de las mujeres en él y los estatutos de
los partidos, es el momento de incorporar reglas que permitan a todos —hombres
y mujeres— tener una vida más humana. El modelo 24/7, las reuniones nocturnas,
no ser capaz de vencer la ansiedad de telefonear a cualquier hora para
compartir opiniones, se justifica sólo en caso de catástrofe o de un problema
muy serio. El trabajo político en el día a día no debiera ser distinto al de
cualquier otro quehacer.
Automarginación juvenil.
A menos de una semana de las elecciones
primarias del próximo domingo, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv)
presentó los resultados de un preocupante estudio realizado durante este mes en
todo el país, para medir el grado de conocimiento y participación en los
próximos comicios por parte de jóvenes de entre 18 y 29 años. El Ministro de
Desarrollo Social, Bruno Baranda, y la Directora del Injuv, María José
Domínguez, que dieron a conocer las cifras, destacaron que, pese a haber un
gran conocimiento de las primarias (92%) y de la propaganda asociada a ellas
(74%), existe una muy "baja motivación" para votar en las mismas. Si
bien cerca del 60% de los encuestados las considera una herramienta importante
y buena para la democracia, solo 27% señala que participará en ellas, lo que
contrasta fuertemente con el 44% de jóvenes que han decidido no hacerlo.
Al ser consultados por su participación en las
elecciones Municipales de 2012, el 71% de ellos confesó que no fue a votar. De
hecho, es probable que esa baja participación esté vinculada a las mismas
razones que dieron esta vez para no votar en las primarias: no tienen interés
en la política (47%) y no hay ningún candidato que realmente los represente y
al cual prefieran (18%).
Tanto la automarginación juvenil que se observó
en las elecciones Municipales -las primeras que no exigían estar inscrito para
ir a votar- como la que posiblemente se daría esta vez, a la luz de las
encuestas, no serían más que un síntoma de la desconfianza con que hoy los
jóvenes miran la política chilena. En tal sentido, no es de extrañar la baja
que hace tiempo vienen mostrando las cifras de las encuestas que miden la
confianza en las instituciones y entre los mismos ciudadanos, y que a este
respecto ponen a Chile en el lugar más bajo entre los países de la OCDE. Esta
suerte de "desconfianza juvenil organizada" está en la base de la
proliferación y fortalecimiento de los movimientos sociales de los últimos
años, que para muchos jóvenes han pasado a ser mecanismos legítimos de
expresión social. Para ellos, la participación o adhesión a una marcha parece
más valorada que el voto, que se presume el activo más importante de toda
sociedad democrática y desarrollada.
Ante este escenario, el Ministro Baranda
enfatizó que el Gobierno "está desarrollando una segunda etapa en la
campaña de difusión", cuyo objetivo sería "informar y enseñar a
ejercer el derecho a voto para la próxima elección primaria". Además,
llamó directamente a los candidatos a que motiven a participar a los jóvenes,
con el fin de "superar el déficit en satisfacción de los encuestados sobre
las propuestas de la campaña que han desarrollado".
Con todo, si bien la difusión de las elecciones
y la capacidad de los candidatos de acercar su mensaje a ese grupo etario son
herramientas necesarias, los hechos están demostrando que el desafío es más
profundo. Por eficaces que sean las comunicaciones, lo probable es que no
puedan impulsar en los jóvenes un cambio de mentalidad como el que hoy se
requiere para que vayan a votar, y que solo puede nacer de la educación. Pues
¿qué sentido tiene marcar un papel y depositarlo en una urna si no hay una
valoración de las normas de convivencia social, o del sentirse parte de un
colectivo, o del rumbo que pueda seguir el país?
En parte, este fenómeno se explica por el mayor
nivel de desarrollo actualmente alcanzado, que hace que el destino nacional no
se juegue en el resultado de una elección, pero eso es algo que nunca se puede
asegurar, y que se facilita cuando una parte cada vez mayor de la población se
mantiene al margen.
Nuevos incidentes en jornada de marchas y
protestas.
Encapuchados colocando barricadas, uso de
bombas incendiarias, agresión a dos cuarteles de Carabineros en Ñuñoa y
Santiago, destrucción de la propiedad pública y privada, y enfrentamientos con
la policía, entre otros hechos, fueron nuevamente la tónica de los graves
incidentes que se registraron el miercoles en Santiago tras la convocatoria a
paro nacional realizada por la Fech y a la que adhirieron otras organizaciones como la CUT, los
trabajadores del cobre, portuarios y de correos. Los incidentes ocurridos en distintos
puntos de la capital y también en regiones se iniciaron incluso antes de que
comenzara la marcha que había sido autorizada por la Intendencia Metropolitana,
lo que deja en evidencia que se trató de acciones delictuales concertadas
previamente y que tenían como objetivo provocar una alteración del orden
público.
Aun cuando hubo decenas de detenidos durante la
jornada de protesta, no se conocen todavía
avances en la identificación de quienes realmente están detrás de estos
hechos vandálicos, los organizan e instigan. Resulta inadmisible que el alto
costo de estas acciones delictuales lo terminen pagando siempre ciudadanos
inocentes que sólo desean desarrollar su vida en paz y cuyo quehacer se ve
afectado cada vez que se convoca a marchas y protestas de esta naturaleza, que
se sabe de antemano terminarán en incidentes violentos.
Resulta notorio que el discurso de los
dirigentes universitarios y secundarios haya cambiado sustantivamente en el
último tiempo: antes repudiaban y tomaban distancia de la intervención de los
encapuchados; ahora, en cambio, un sector mayoritario respalda o se pliega sin
cuestionamientos a ocupaciones violentas como las que han tenido lugar en la
casa central de la Universidad de Chile o el Ministerio de Educación. Esa validación
de métodos ilegítimos de protesta raya en la complicidad, porque además de dar
justificación a quienes impulsan los actos violentos, crean un ambiente
hostil hacia la policía, que ve así
dificultado actuar para evitar los desmanes y la comisión de delitos.
Esta radicalización del discurso y de las
acciones de protesta hace cada vez más difícil el cumplimiento de la obligación
que tienen las autoridades de preservar el orden público. Ello hace necesaria
una labor de inteligencia que provea información que permita controlar los
hechos violentos y un manejo eficiente de la fuerza pública, dentro del marco
establecido por la Ley al efecto. Al mismo tiempo, esa radicalización hace
indispensable que quienes tienen cargos directivos en las organizaciones estudiantiles,
en el profesorado o en las propias universidades, y que comprenden el daño que
hace al ejercicio del derecho de manifestarse pacíficamente, rechacen sin
ambigüedades esas acciones y aíslen a quienes las impulsan.
Especial cuidado y prudencia deben asumir los
candidatos Presidenciales y los líderes de los distintos sectores políticos,
evitando caer en la tentación de dar justificación de cualquier naturaleza a
estas protestas y con ello obtener réditos políticos. El debilitamiento en el
imperio de la Ley y en el respeto a los derechos ajenos -realidad que
lamentablemente ya es posible constatar- es un problema que debe preocupar
particularmente a quienes aspiran a dirigir los destinos del país en un futuro
período Presidencial.
Codelco merece más atención.
Codelco está en problemas. Siendo la principal
empresa de Chile e importante fuente de financiamiento Fiscal, sorprende la
poca atención que ella suscita entre los postulantes a La Moneda.
En los cuatro debates Presidenciales
televisados de la campaña primaria ya pronta a concluir, el tema de Codelco ha
brillado por su ausencia. Solo hubo en el último de ellos una oblicua
referencia por parte del candidato DC, Claudio Orrego, sobre la conveniencia de
que en la minera Estatal invirtieran las AFP -lo que exigiría previamente su
apertura a Bolsa-, la cual inexplicablemente pasó inadvertida por el moderador
y sus panelistas.
Sin embargo, Codelco está en problemas. Siendo
la principal empresa de Chile e importante fuente de financiamiento Fiscal,
sorprende la poca atención que ella suscita entre los postulantes a La Moneda.
Ahora que el llamado "superciclo" del
cobre parece entrar en fase menguante, aflora con más claridad la pérdida de
competitividad que ha sufrido durante los últimos 10 años. Como ocurre también
con el resto de la industria, sus costos unitarios han subido sistemáticamente
y se ubican en torno a los 2,80 dólares por libra. En dos de sus divisiones
-Chuquicamata y El Salvador-, los costos son aún muy superiores y no logran
cubrirse al precio actual del cobre. Mucho de ello refleja problemas fuera del
alcance de la gestión de la empresa -como el alto costo de la energía y el
descenso de la ley del mineral-, pero es sabido que en Codelco los costos
generales y laborales son particularmente abultados. El trato de su personal
propio, así como el de sus contratistas, contempla una variedad de
bonificaciones y beneficios solo remotamente vinculados a la productividad
laboral. El Directorio y la administración superior de la empresa -conformados
por profesionales de gran nivel- están conscientes del problema y han avanzado
en la racionalización de costos, pero requieren más apoyo de los líderes
políticos y de la opinión pública.
En discusión está hoy el plan de inversiones de
Codelco para los próximos años, que corresponde sea aprobado esta semana. La
expansión proyectada en la producción y el mejoramiento de las instalaciones
permitiría a la empresa acentuar el control de los costos y reconquistar la
competitividad perdida. Pero son cerca de 5.000 millones de dólares de
desembolsos anuales, a financiarse con cargo a la partida contable de la
depreciación, a algún endeudamiento -cuyo costo en estos días ha subido- y a la
retención de utilidades por unos 1.200 millones de dólares, solicitada al
Ministerio de Hacienda. Es normal que un plan de inversiones tan contundente se
financie parcialmente con reinversión de utilidades, para no tensar los índices
de endeudamiento de la compañía, pero los recursos solicitados tienen valiosos
usos alternativos. Si Codelco fuese una sociedad anónima abierta, el valor de
sus acciones serviría de barómetro para juzgar si las decisiones de inversión y
financiamiento son o no las adecuadas.
La actual institucionalidad de Codelco, aunque
recientemente mejorada, no permite nada semejante, pues es una empresa cerrada
y ciento por ciento controlada por un solo dueño, el Estado. La crucial
decisión de dar luz verde al cuantioso plan de expansión de Codelco -y
sacrificar recursos que en su total son comparables a los que la oposición
pretende recaudar elevando el impuesto a las empresas- se discute a puertas
cerradas, sin que la opinión pública interesada pueda conocer las expectativas,
rentabilidades, sinergias y riesgos que involucra el plan. No se conoce, por
ejemplo, si contempla metas exigibles de reducción de costos unitarios y qué
consecuencia puede traer sobre la calificación de la deuda de la empresa y de
Chile. Los accionistas de Codelco -esto es, todos los ciudadanos- deben exigir
del Gobierno más información, y de sus líderes, más atención.
Ausencia de Ministro de Educación.
La ausencia de la titular de Educación durante
los últimos días ha sido objeto de críticas, debido a que se registra en
instantes en que el sector atraviesa por una delicada coyuntura a raíz de los
50 colegios que se encuentran en toma desde hace más de una semana y a la
ocupación que se produjo el martes en la sede del Ministerio en Santiago.
El Ministro del Interior respaldó ayer a la
personera, señalando que ella retornará pronto y está en el extranjero haciendo
uso de un permiso administrativo, situación que, dijo, “le puede ocurrir a
cualquier trabajador”. Aunque resulta obvio que a todo funcionario le asiste el
derecho de tomar días de descanso legal y que, para hacerlo, debe contar con la
autorización formal de su superior directo -en este caso el Presidente de la
República-, dadas las actuales condiciones no parece adecuado que la Ministro
no esté en pleno ejercicio de su cargo. Las protestas y movilizaciones que se
desarrollan en estos días requieren de su atención urgente.
Desde que asumió su actual posición, la Secretaria
de Estado ha evitado entrar de lleno a los problemas más sensibles de su
cartera, perdiendo impulso las propuestas y estrategias que se estaban
aplicando antes de la remoción de su predecesor. Esta opción prescindente, sin
embargo, no ha impedido un agudo descenso en sus niveles de respaldo popular.
Los complejos asuntos que debe encarar el Ministerio
demandan de quien lo dirige una presencia constante, más todavía en momentos en
que se registran ocupaciones y tomas de establecimientos que requieren de una
solución pronta para el retorno a clases de los estudiantes y la normal
celebración de las primarias del próximo domingo.
Dilma Rousseff descarta el opio.
Casi desapercibidos han pasado hasta ahora los
comentarios del Senador PS Camilo Escalona a propósito de la actual crisis
brasileña y los pasos dados por la Presidente de ese país, Dilma Rousseff. El
análisis del Parlamentario resulta trascendente, más que para entender la
situación carioca, para iluminar el debate político chileno. Como se sabe, la
Mandatario debió echar pie atrás en su planteamiento inicial de promover
—previa convocatoria a plebiscito— la instalación de una Asamblea Constituyente
como modo de reformar el sistema político de Brasil y dar un cauce al
descontento expresado en las masivas movilizaciones de las últimas semanas.
Tras la falta de consenso en torno a su idea —la que tampoco alcanzó mayor
receptividad popular— y luego de las advertencias de juristas en cuanto a que
esa fórmula se apartaba de la institucionalidad, Rousseff modificó su
propuesta, retiró la idea de la constituyente y ahora sólo apunta a concordar
un conjunto de cambios políticos, los que luego serían plebiscitados. A
propósito de ello, Escalona ha valorado el carácter “institucional” de ese
camino, junto con hacer notar cómo el giro de Dilma debe haber provocado
“depresión” entre quienes pudieron haberse entusiasmado con el curso de los
acontecimientos en Brasil y, especialmente, con el ahora desechado camino de la
asamblea. Según el Parlamentario chileno, la opción de la Presidente aparece
como la respuesta correcta ante un desafío que abarca a toda la región, cual es
que “la izquierda latinoamericana no puede abdicar de su decidida opción por la
Gobernabilidad de sus países”, lo que implica desechar aquellas fórmulas que
pasan por hacer tabla rasa de la institucionalidad y partir de cero en la
construcción de una nueva sociedad.
El que Escalona se involucre en esta discusión
no sorprende: ya antes, y a propósito del debate interno chileno, él mismo
había señalado que la idea de impulsar una asamblea constituyente era como
“fumar opio”. Es cierto que el caso brasileño tiene características peculiares,
que van desde un desempeño económico decepcionante y con alta inflación, hasta
extendidos niveles de corrupción política. Pero también las protestas de estas
semanas ofrecen elementos comunes con el movimiento social que estalló en Chile
en 2011 y que desde entonces se ha vuelto un protagonista central de la vida
pública. Aparte de su masividad, en ambos países se ha hecho notar además el
papel jugado por la irrupción de las nuevas clases medias, que han mejorado
notablemente sus condiciones de vida, pero enfrentan una permanente
vulnerabilidad, al tiempo que anhelan una participación más plena en los
beneficios del desarrollo; un fuerte cuestionamiento al funcionamiento del
sistema político y a quienes lo dirigen, y hasta una coincidente demanda por la
gratuidad de ciertos bienes (en un caso la educación; en el otro, el transporte
público) cuyo acceso se pide elevar a la categoría de derechos sociales
garantizados.
Para la oposición chilena, la forma de asumir
la nueva realidad planteada por el movimiento social ha consumido buena parte
de sus debates, superponiéndose con antiguas controversias sobre la obra de la
Concertación y proyectándose en la discusión de los contenidos del programa de Gobierno
de Michelle Bachelet. En ese contexto, el caso brasileño, país Gobernado por
una izquierda moderna y encabezado por una figura femenina de altísima
popularidad, ofrece sugerentes perspectivas de análisis. No es de extrañar que
sean varios los que desde Chile siguen de modo atento su evolución, con un
interés que por cierto va mucho más allá de lo meramente académico.
Trofeos de guerra.
Angela Merkel removió las turbias aguas de un
largo y penoso litigio entre Rusia y Alemania sobre la devolución de las obras
de arte germanas llevadas por el Ejército Rojo a Moscú durante la II Guerra
Mundial. Para la Canciller, la colección Eberswalde -preciado conjunto de piezas
arqueológicas de oro de la Edad de Bronce que se está exhibiendo por primera
vez- es parte de la herencia cultural alemana, y debe estar en un museo de su
país. Para Vladimir Putin, no es importante dónde se exhiban, pero sí que la
gente las pueda ver.
Cientos de miles de piezas alemanas fueron
celosamente guardadas en bodegas de los museos rusos tras la guerra, y son
esporádicamente mostradas al público, a voluntad de Rusia. Millones de objetos
fueron saqueados tanto por alemanes en su incursión al este (y en todos los
territorios que ocuparon) como por rusos durante la contraofensiva que terminó
en Berlín en 1945. Para los rusos, esos "trofeos" eran una forma de
cobrarse por la destrucción de su patrimonio cultural en la guerra (saqueo de 400
museos, destrucción de dos mil iglesias y de 43 mil bibliotecas), y también una
reparación dictaminada por ellos por los veinte millones de muertos rusos en el
conflicto. Hasta hoy sostienen este argumento. Alemania, por su parte, invoca
el derecho internacional para pedir la devolución de otras piezas invaluables,
entre ellas el tesoro del Rey Príamo, de Troya.
La restitución o repatriación, según el caso,
del patrimonio cultural y artístico es una polémica abierta y sin visos de
pronta solución.
Los tratados de protección de patrimonio se
remontan a las convenciones de La Haya de 1899 y 1907, que prohibieron por
primera vez el "pillaje" y el "saqueo" durante un conflicto
y disponían que deben protegerse "en la medida de lo posible" los
edificios "destinados al culto y a las artes", lo que ningún
beligerante respetó. Tras la II Guerra Mundial, en 1954, se firmó el primer
acuerdo internacional sobre este tema, que obliga a las partes a proteger el
patrimonio durante el conflicto. Obviamente, no tiene efecto retroactivo (como
no lo tiene la Convención de Unesco de 1970, que obliga a tomar medidas contra
la importación o exportación de obras robadas). Por tanto, entre Alemania y
Rusia solo cabría el común acuerdo.
En 1990 se firmó un convenio ruso-germano en el
que, entre otras medidas de "buena vecindad", se comprometían a
devolverse mutuamente los trofeos de guerra: "obras de arte pérdidas o
transferidas ilegalmente". Al poco tiempo, los rusos declararon que las
obras de arte alemanas no estaban perdidas, sino guardadas en museos, y no
habían sido "transferidas ilegalmente", sino llevadas a Rusia como
medida de "seguridad mientras se definía su estatus". Una Ley
posterior declaró el arte propiedad rusa permanente. Rusia reclama al menos 47
mil obras presuntamente "robadas" bajo el imperio de los ejércitos
alemanes. Algunos expertos señalan que los 50 años de silencio de Moscú sobre
el verdadero paradero de las obras lo incriminan, y que si las considera un
pago de reparaciones de guerra, no debió firmar el "Protocolo de
1953", en el que la URSS reconoce no tener reclamos pecuniarios.
Algunos estiman más probable resolver esta
discusión a nivel académico y de expertos, no entre políticos. Para Moscú fue
más fácil, en los años 50 y 60, devolver, como gesto de "solidaridad
proletaria", un millón y medio de objetos a la Alemania comunista -el
altar de Pérgamo, por ejemplo- que hacerlo con las obras de arte confiscadas en
territorio occidental. Con todo, cierto nivel de cooperación entre
especialistas de ambos países ha llevado a la entrega de objetos a museos
alemanes en algunos casos más bien aislados.
Los alemanes consideran imprescindible la
devolución de la "propiedad cultural que tenga un significado fundamental
desde el punto de vista de valores espirituales o patrimonio" (como los
define Unesco), y no tanto otras menos asimilables a la identidad germana, como
los cuadros impresionistas, por ejemplo. Y en tal sentido la exigencia de
Merkel cobra alcance, pues la colección Eberswalde es considerada en Alemania como
parte importante de su acervo cultural.
Un par de cartas para pensar.
Señor Director:
Tomas.
Propongo que el Ejecutivo o algún Parlamentario
presente un proyecto de Ley que establezca que será obligatorio el cumplimiento
de las Leyes.
Eustaquio Martínez M., Abogado.
Señor Director:
Protestas.
En las circunstancias políticas actuales, es
necesario, indispensable, que las autoridades aclaren, sin más demora, lo que
entienden como protestas. El Presidente ha declarado reiteradamente que el
derecho a protestar es legítimo. El Ministro del Interior, responsable del
orden público, dice lo mismo. Pero es evidente que la violencia en que
degeneran las protestas no es legítima. El derecho de reunión no contempla la
violencia social que se vive en Chile. A pesar de que el Ministro diga lo
contrario o se haga el leso, y sea profesor de Derecho Constitucional.
Estas manifestaciones eran habituales antes y
durante el Gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el Dr. Allende, quien
sin embargo nunca las legitimó como se hace hoy y desde el Gobierno, lo que es
una burla al concepto de orden público.
El Gobierno debe terminar con esta lesera
hipócrita de que la violencia viene de encapuchados desconocidos a los que la
policía no puede identificar ni detener. La demagogia política debe tener un
límite. Basta.
Manuel Blanco Vidal.
Señor Director:
Movilizaciones y respeto a la Ley.
Por estos días hemos visto a algunos políticos
manifestarse preocupados ante la posibilidad que el Gobierno haga cumplir la Ley
desalojando los establecimientos designados para las primarias del domingo.
Temen la
violencia que estos
actos producirían, e incluso
una ex Presidente
-que pretende “repetirse el
plato”- ha manifestado en forma irresponsable la posibilidad de “un baño de
sangre”.
Ayer vimos a algunos voceros estudiantiles
llamar, en un acto de prepotencia y soberbia inaceptables, a radicalizar las
movilizaciones. No es el camino para lograr un país más justo y menos desigual,
que es en lo que la gran mayoría estamos de acuerdo.
Sería
bueno enseñarles a estos estudiantes que sus legítimos derechos llegan hasta el
punto que afectan los derechos de los demás. También recordárselo a este grupo
de políticos que, al parecer, ya olvidaron la tragedia a que nos llevó la
intolerancia e intransigencia de la década de los 70. Sumándome a la mayoría
silenciosa de nuestro país, animo al Gobierno a hacer cumplir la Ley.
Mauricio Navarro Egaña.
Por Chile, por la familia, por más justicia
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