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jueves, 27 de junio de 2013

Fotografías informativas y una decena de temas importantes...













Entre la Justicia y la Igualdad",
por Gonzalo Rojas Sánchez.


Este domingo, en todo Chile, la Justicia y la Igualdad van a competir entre sí, como si fueran dos bellas doncellas enfrentadas en un concurso televisado.


En este primer acto, la competencia es desigual, aunque continuará en noviembre.


Desigual, porque la Justicia es seria, sonríe poco, estudia y calcula, no promete lo que no puede cumplir, "justamente" porque quiere ser... justa. Vaya limitaciones que se impone a sí misma.


La Igualdad, por su parte, sonríe mucho, lo promete todo, encandila pero no alumbra, vacila. No hay límites en su estrategia, porque no hay frenos en su concepción del poder.


Por cierto, ningún partidario de la justicia niega la igualdad esencial. Que todos tenemos la misma naturaleza humana parece un dato básico ampliamente aceptado, exceptuando uno que otro intelectual de la hípica. Pero, de ahí a sostener que la igualdad es el verdadero objetivo de la política, hay mucho para aterrizar.


Porque si de verdadera igualdad se tratase, entonces sus partidarios debieran exigir solo un tipo de casas en las ciudades del país, una sola forma de organización empresarial, un mismo salario para todos, una educación idéntica y sin diversidades, y un solo partido al mando del Estado (ya nos vamos entendiendo).


¡Pero esa es una ridícula caricatura, la igualdad no es eso! -afirman indignados sus promotores-. Se entiende su molesta reacción, pero entonces, si la igualdad no es "igualdad", ¿qué demonios es?


Es, simplemente, una linda palabra, manzana contemporánea, imán de incautos, coro de sirenas conscientes de que muchos no quieren taparse los oídos, garra tendida hacia la mano incauta. Una vez aterrizada, la igualdad es por sí misma una caricatura, y no hay manera de ejemplificarla sinceramente sino en situaciones que provocan risas o espasmos.


En la práctica, toda persona comprueba que la igualdad no es posible, ni deseable, ni siquiera imaginable. Y todavía quedan unos pocos chilenos que recuerdan su propia experiencia durante la UP: sometidos a los experimentos igualitarios, hubo quienes -socialistas, se hacían llamar- administraban en su beneficio la supuesta igualdad, mientras otros -burgueses, enemigos de la revolución, fascistas, eran llamados- intentaban sobrevivir en medio de la persecución. Ya pasamos por eso. Y nos fue muy mal.


Al otro lado, quienes prefieren la Justicia, un Chile justo, están obligados a ser mucho más serios, a dejarse de abstracciones. Tienen que ser capaces de demostrar que darle a cada uno lo suyo exige casi siempre actuar contra la igualdad. Tienen que lograr el diseño de soluciones que actualicen la noción de bien común, es decir, condiciones que permitan un pleno desarrollo a cada persona: casas para el tamaño de la familia deseada, salarios de acuerdo con el rendimiento entregado, escuelas para una diversidad de opciones legítimas, partidos múltiples, siempre que no oculten fusiles por si las moscas.


Para los de la Justicia, la subsidiariedad es imperativa, porque solo desde ella se puede lograr hacer el bien: ayudar al más necesitado en la medida debida, impedir que el aprovechador se suba por el chorrito, exigir al potentado que colabore con lo suyo. Dar y tomar con criterio.


Por eso, cuando los de la Igualdad hablan de reemplazar el Estado subsidiario por un Estado solidario, los de la Justicia tienen que ponerse en guardia frontal: no hay tal, eso no existe, porque bajo la apariencia de solidaridad -virtud exigida entre pares-, el Estado, un desigual, terminará absorbiéndolo todo, convirtiéndose una vez más en el más desigual de los iguales.


La Justicia tiene que ser implacable con la Igualdad. Implacable, como toda verdadera justicia.


Preocupados de lo importante,
por Najel Klein.


Una nueva Constitución y, para cumplir con ello, una Asamblea Constituyente, es la consigna. Esto es todo lo que sabemos de la propuesta que hoy encabeza una izquierda radicalizada a tal punto, que Camilo Escalona, Senador y ex Presidente del PS, no ha dudado en señalar los problemas que ello conlleva para la estabilidad político institucional del país.


No es posible pensar en una Asamblea Constituyente sin mirar los casos que se han dado en el vecindario; más aún si muchos de quienes lo proponen tienen como modelo el régimen chavista. Para nadie es un misterio la situación de Venezuela, la polarización de un régimen que, mediante diversas acciones, concentró a tal punto el poder en una persona, que hoy, producto de la inevitable sucesión en la Presidencia, se manifiesta en la más clara ausencia de condiciones democráticas.


Otra idea poco afortunada ha sido la «vía chilena» señalada por el profesor Atria, quien nos dice que será “por las buenas o por las malas”. Esto parece más una imposición que un proceso democrático de búsqueda de acuerdos, especialmente si de lo que estamos hablando es de la carta fundamental de la nación, aquella que establece los lineamientos de todo nuestro cuerpo normativo.


Un argumento para avanzar en su cambio es el origen de la Constitución, pero, frente a ello, el ex Presidente Lagos decía con orgullo el año 2005 que se había logrado una Constitución democrática. De seguro que, entre dichas palabras y la actualidad, el país no ha cambiado tanto como para que lo expresado sea ahora letra muerta.


Ante este panorama no queda más explicación que el intento de un sector político por capitalizar el descontento que ven en las calles, asumiendo que tal manifestación es reflejo de una sociedad altamente politizada y demandante de cambios político institucionales. Pero, cuando uno profundiza en serio esta idea, se da cuenta de que los reparos surgen en dos puntos centrales: sistema electoral binominal y las dinámicas generadas por los quórum, que establecen mínimos a ciertos temas para su modificación.


Frente a lo expuesto, no se justifica en el país iniciar un camino al vacío y olvidarnos de lo verdaderamente importante, como es mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, potenciando la democracia. Nuestro sistema y autoridades deben generar los acuerdos necesarios para modificar los puntos en discusión, lo que es factible hacer mediante los mismos mecanismos que la propia Constitución contempla, respetando la libertad y derechos de todos.


Un centro sin lugar
por Daniel Mansuy.


En muchos sentidos, el esfuerzo realizado por Claudio Orrego en los últimos meses resulta admirable. Hay algo de heroico en la energía que pone en tratar de reencantar al mundo democratacristiano, en el tesón con el que recorre Chile y en el entusiasmo que pone al intentar transmitir sus convicciones. Claudio Orrego es un digno heredero de la tradición socialcristiana chilena y, aunque comete errores, tiene una buena dosis de conciencia política -y eso se agradece.


La dificultad reside en que, como nos recuerda el Quijote, a veces el heroísmo puede parecerse bastante al ridículo. Eso explica que su posición sea tan ambigua y difícil de comprender, al punto que muchos de sus camaradas han preferido dejarlo corriendo solo. Esa ambivalencia se dejó ver en el último debate de la nueva mayoría: por momentos, Orrego reivindicaba orgullosamente su identidad doctrinaria, pero eso siempre iba seguido de una genuflexión respetuosa a Michelle Bachelet. Es raro, pero Orrego suele terminar casi pidiendo disculpas por pensar como piensa e incluso, por ser quien es: síntoma inequívoco de problemas de domicilio.


Naturalmente, en todo esto hay movimientos profundos que poco tienen que ver con Orrego. Por un lado, la política de los consensos, donde el centro juega un rol de primer orden, es cada vez más despreciada. Por otro, el voto voluntario tiende a exacerbar los extremos políticos. Tampoco puede olvidarse que durante muchos años la DC se dedicó a administrar el poder sin hacerse muchas preguntas de fondo, y eso no pudo sino desdibujar su identidad.


Así, el partido que estructuró durante dos decenios el cuadro político chileno, sigue perdiendo progresivamente su influencia, y uno puede preguntarse si no está condenada a ser el nuevo partido radical: un invitado que le suma colorido a la fiesta, pero cuyo fallecimiento nadie notaría. ¿Qué quiere ser la Democracia Cristiana en este nuevo escenario? En líneas gruesas, tiene dos opciones: o bien hace valer su propia identidad y paga los costos asociados, o bien se conforma con ser la eterna prueba de la blancura de una izquierda radicalizada. Las alternativas son excluyentes, y aunque Orrego parece querer encarnar lo primero, sabe muy bien que terminará en lo segundo. Eso explica el contraste entre la agresividad con la que descubre los vacíos del discurso de Velasco -se juega la vida en llegar segundo- y la extrema suavidad con la que trata a Michelle Bachelet -no fue capaz de interpelarla en ningún sentido. Dicho de otro modo, Orrego es orgulloso y altivo con Velasco, pero humilde y sumiso con Bachelet. En el fondo, envidia la autonomía del ex Ministro de Hacienda al mismo tiempo que la crítica: no sabe estar ni adentro ni afuera.


Todo esto importaría poco si su aspiración fuera liderar un partido pequeño pero influyente. Sin embargo, la falange no sabe jugar ese rol: es tan fuerte y visceral su rechazo a la derecha, que se condena a ser rehén de la izquierda. La Nueva Mayoría es justamente ese lugar donde la DC ya no es anfitriona ni invitada de honor, sino donde sólo entra si acepta las condiciones que fijan otros. En ese contexto, la posición de Orrego asume un riesgo elevadísimo: convertirse en vano. Y eso sí que es grave para quien dice tener convicciones profundas.


El programa de Bachelet,
por Max Colodro.


Las líneas programáticas esbozadas hasta ahora por Michelle Bachelet han instalado la percepción de que Chile requiere de un ‘borrón y cuenta nueva’. Una candidatura que tiene aún la elección prácticamente en el bolsillo, de manera inexplicable se ha dedicado no a moderar las expectativas, sino a estirar el elástico hasta el límite, impulsando una crítica demoledora al modelo económico y social que ellos mismos administraron complacidos. La ex Presidente y sus partidarios reniegan ahora sin problemas de su propia criatura; culpan a la centroderecha de las cosas que ellos ‘quisieron hacer y no pudieron’; se arrogan la representación de una supuesta mayoría histórica que habría sido sistemáticamente sometida al ‘veto’ de una minoría, y han decidido en este contexto inflar las ilusiones de la gente hasta lo insondable.


En la recta final hacia las primarias surgen, sin embargo, voces que hablan de la necesidad de moderar esas expectativas y de acotar las propuestas. El imperativo es dar espacios de influencia a los sectores que serán derrotados en dicha contienda e incluir su visión programática. Se buscaría así evitar que, como afirmó Andrés Allamand, los sectores de centro puedan terminar sintiéndose expulsados de la Nueva Mayoría; un pacto donde han sido el PPD, los radicales y el PC quienes han puesto la partitura de una sinfonía que suena parecida a El Mesías de Haendel.


La incorporación de la DC y el equipo de Velasco al comando unitario luego de la primaria debe implicar una moderación, pero lo cierto es que, en el cuadro actual, ello se ve muy poco probable. Las señales sobran: la gratuidad universal en educación superior fue instalada con bombos y platillos. Se discutirá a partir de ahora el cómo y la gradualidad, pero el país ya fue notificado que en un plazo de seis años dicha meta deberá estar cumplida. Lo mismo ocurre con la eliminación del lucro y el financiamiento compartido. También, se ha anunciado ya una reforma tributaria profunda, que busca una recaudación extra de US$ 8.200 millones en base a la supresión del FUT. Como guinda de la torta, el pequeño ‘detalle’ de empezar a preparar al país y a sus instituciones para una nueva Constitución.


Es difícil imaginar cómo cambios de tal envergadura podrán tener viabilidad no sólo sin haber sido previamente consensuados al interior del pacto, sino en ausencia de acuerdos con quienes eventualmente resulten derrotados en la Presidencial. Contrario a un mínimo sentido de la responsabilidad, la futura candidata única de la Nueva Mayoría decidió anticiparse y poner al país de testigo de fe de ofertas de dimensiones oceánicas, en un contexto internacional que empieza a mostrar signos de que el ‘súper ciclo’ del cobre y del elevado crecimiento está llegando a su fin. Un cuadro donde va ser muy difícil, después del 30 de junio, intentar convencer, sobre todo a los movimientos sociales, de que estas ofertas pueden terminar siendo algo distinto a lo que con vehemencia se ha vendido como la panacea para reinventar Chile.


Insólito poder de los secundarios.


Para la “jornada de protesta social” de ayer, convocada por dirigentes estudiantiles, la CUT y diversos gremios, estaban anunciadas tres marchas que convergerían a la Plaza Los Héroes. Sin embargo, desde muy temprano y anticipándose a ellas, hubo en distintos puntos de la capital barricadas y manifestaciones de encapuchados, las más graves de las cuales ocurrieron frente a la Universidad de Santiago, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y la esquina de las avenidas Macul y Grecia, en el último caso con ataques de bombas molotov a un cuartel del OS-9 de Carabineros, pero asimismo en otras esquinas claves de la ciudad. Hechos similares se dieron en Valparaíso y Concepción, y en Calama el paro ciudadano, también anunciado, tuvo barricadas en varios puntos y tomas de los caminos hacia los centros mineros de Chuquicamata, Gaby, Radomiro Tomic y Ministro Hales. En el caso de Santiago, estas protestas inesperadas causaron múltiples tacos y congestiones en los medios de transporte, afectando la actividad laboral, perjuicio que se suma a los habituales daños materiales.


Tanto en estos hechos como en otros ocurrido en las semanas recientes, llama la atención el papel determinante jugado por estudiantes secundarios, sea en las tomas de sus propios establecimientos —que ya lograron la renuncia del Rector del Instituto Nacional y hasta amenazan la realización de las primarias Presidenciales— o de otras instituciones.


Durante el Gobierno de Michelle Bachelet, fueron los pares de esos alumnos, llamados entonces “pingüinos”, los que iniciaron los conflictos por el tema educacional. En las protestas de 2011, en cambio, la dirección del movimiento la tomaron los universitarios y de hecho el grueso de sus demandas se concentró en ese sector y hoy sus líderes las profundizan o bien intentan ingresar al Parlamento. Ello puede explicar en parte la actual arremetida de los alumnos de liceos, pero lo verdaderamente nuevo es la insólita pretensión de, como se vio hoy, obstaculizar el desenvolvimiento de la vida diaria del resto de los ciudadanos, y hasta supeditar a su voluntad la normal realización del acto electoral del domingo.


Lo más grave de esta situación absurda está en la ambigüedad, cuando no sumisión, de quienes deberían asumir sus propias responsabilidades. Por una parte, esos Alcaldes que, bajo el pretexto de un diálogo repudiado por los mismos estudiantes, aparecen en los hechos entregados a la voluntad de éstos respecto de permitir o no la realización de primarias en colegios tomados; por otra, buena parte de los postulantes de la oposición (con la salvedad de Andrés Velasco) que, como Orrego, oponiéndose a un desalojo, estiman al mismo tiempo “impresentable” que el Gobierno aún “no tenga una solución”; como Gómez, quien dice que, a estas alturas, “hay que iniciar un diálogo amplio”, o como Bachelet, quien llegó a evocar un imaginario “baño de sangre”, si bien posteriormente ha corregido en parte esos dichos, al pedir el Ejecutivo que tome “todas las medidas” para asegurar la votación.


Resulta en verdad lamentable la reticencia de actores políticos para condenar con claridad los actos de fuerza protagonizados por estudiantes. Es razonable intentar resolver los conflictos por la vía del diálogo y corresponde siempre escuchar las demandas de los jóvenes, evaluando lo que de valedero pueda haber en ellas; distinto es, sin embargo, reconocerles tácitamente a menores que ni siquiera han terminado su formación escolar un pretendido derecho para imponer sus puntos de vista a cualquier otra consideración. Evidentemente se debe evitar escaladas de violencia y evaluar de modo prudente cada paso a seguir (como ha señalado estarlo haciendo el Poder Ejecutivo), pero cabe tener claro que, si las distintas autoridades no abordan el problema con firmeza, la normalidad institucional podría quedar insólitamente a merced de unos pocos adolescentes desorientados.


Reforma sobre migración y extranjería.


Con un enfoque moderno, de fronteras abiertas, el Gobierno ha presentado un proyecto de Ley sobre migraciones e ingreso de extranjeros. Es indispensable: tan solo en 2012 se otorgaron más de 100 mil residencias temporales, cuatro veces más que hace una década. La tendencia es creciente, por las oportunidades y el mayor ingreso per cápita de Chile respecto de otros países de la región, en proporción parecida a la existente entre Estados Unidos y México -el mayor flujo migratorio a nivel mundial-.


La composición de los inmigrantes es hoy radicalmente distinta de la del pasado: cerca del 90% son latinoamericanos, en su mayoría sin instrucción calificada. Hace medio siglo, dos tercios eran europeos. Según el censo de 2002, solo 2% de los habitantes del territorio nacional son extranjeros, la mitad del porcentaje de comienzos del siglo pasado, e inferior al número de chilenos en el exterior


Los estudios coinciden en que los migrantes son más emprendedores y constituyen un aporte valioso al progreso de las naciones. Sus contribuciones son mayores cuando cuentan con capitales y conocimientos para el emprendimiento y la innovación. Y tanto más conveniente es facilitar la inmigración en países como el nuestro, con demografía baja, tasas negativas de reposición y crecientes de envejecimiento, y escasez en algunas especialidades.


La experiencia aconseja avanzar en políticas de integración de los migrantes, para evitar abusos, su aislamiento, la resistencia de los locales a su competencia y los riesgos de pobreza extrema, costos Fiscales y radicalización de los marginados.


Nuestra legislación de extranjería -la más antigua de América Latina- es anacrónica: adolece de rigidez en el otorgamiento de visas, de institucionalidad insuficiente, de falta de políticas sobre esta materia, de rigor en los permisos de trabajo. Además, dificulta en extremo la expulsión de ingresos clandestinos y de delincuentes, y entorpece la homologación de títulos profesionales, cuya automaticidad sería lógica si estos son otorgados por las universidades más reputadas del mundo, y no solo sujeta a la validación por el actual monopolio de la U. de Chile.


La reforma flexibiliza la inmigración con nuevas categorías de visas y permisos de residencia temporal; explicita los derechos y establece un registro de los inmigrantes; crea una nueva institucionalidad administrativa, cuya eficacia dependerá de los recursos que se le asignen y de personal especializado para controlar los 82 puntos habilitados de ingreso al país. Con alta rotación, cerca del 7% de la policía civil se sustrae para estos menesteres, que en otros países se cumplen por un servicio especializado.


Pese a sus méritos, el proyecto merece observaciones. No fija estímulos para aprovechar la oportunidad de atraer inmigrantes calificados por la alta desocupación y recesión europea: sus solicitudes no tienen tramitación preferencial cuando sirven a áreas estratégicas, y permanece la obligación de tributar por sus ahorros exteriores, anteriores a su establecimiento en el país. Tampoco se enfatizan suficientemente las indispensables políticas y los medios de integración, ni se contempla fortalecer los controles fronterizos y las facultades para controlar el ingreso de indeseados. Asimismo, es discutible e inusual que, en la completa liberalización del ingreso de extranjeros a la administración pública, no se dé preferencia a los nacionales. Y también es muy objetable e inentendible, a la luz de la experiencia de otros países, que el solo transcurso del tiempo de la residencia definitiva permita el otorgamiento de la nacionalidad chilena, sin exigencias de compromiso ni conocimientos sobre nuestro país.


Con todo, dado el imperativo de un atraso de tres décadas y la trascendencia de la reforma migratoria, el Gobierno y los Legisladores deberían asignarle la mayor prioridad en su tramitación.

 
Incumplimiento de planes de retiro en Chuquicamata.


El plan de retiro voluntario de trabajadores en Chuquicamata  ha presentado un escaso avance hasta la fecha, a pesar que su aplicación fue parte de la negociación que concluyó el año pasado en el otorgamiento de un cuantioso bono, lo que pone de manifiesto la debilidad con que se está llevando a cabo el plan de control de gastos en la minera Estatal. Si esto ya era un hecho grave a la luz de las cifras de aumento de costos, lo es más aún frente a la caída que exhibe el precio del cobre en los mercados internacionales, conjugándose dos factores que complicarán en el futuro las cifras Fiscales de existir un cambio sustancial en la gestión de la empresa. El  incumplimiento del plan de retiro supone un grave perjuicio para los intereses y el patrimonio de la principal empresa del Estado, y asimismo parece revelar crecientes dificultades para llevar a cabo una administración conforme a criterios estrictamente técnicos.

El acuerdo que alcanzó a fines del año pasado la administración de Codelco con los sindicatos de Chuquicamata generó controversia no sólo por lo cuantioso del bono por término anticipado de negociación -$16,8 millones por trabajador, más un préstamo por $ 3 millones, entre otros beneficios-, sino también por la estrecha situación financiera por la que atraviesa esta división y por la creciente alza de costos de Codelco, lo que debería llamar a la prudencia en cuanto a las exigencias salariales y otro tipo de beneficios, que deben ir asociados a la realidad productiva de dicha división.


Como parte de los acuerdos alcanzados, se contempló un plan de retiro voluntario de 2.150 trabajadores en un horizonte de cuatro años, de modo de ajustar la dotación a los requerimientos que tendrá Chuquicamata una vez que opere en forma subterránea. Los antecedentes que ha dado a conocer el diario “Pulso” indican que a la fecha no más de 70 trabajadores se han acogido a estos planes, sin que se advierta voluntad de los sindicatos por retomar estos planes. Parece haber aquí una evidente contradicción con  lo que en su momento se comunicó al país, situación que no ha sido suficientemente explicada ni por la administración ni por los respectivos sindicatos. Conviene recordar que durante 2012 Chuquicamata anotó por primera vez en su historia un balance negativo -con pérdidas por US$ 233 millones-, situación en parte atribuida a una menor ley de sus minerales, a la disminución de frentes que se explotan en el rajo y a gastos extraordinarios producto de los bonos de la negociación colectiva y a los planes de retiro, que en conjunto  suman del orden de US$ 500 millones, lo que da cuenta de los significativos montos que se han involucrado en estas negociaciones.


Como en todo proceso de negociación, es legítimo que las partes discutan los detalles y busquen el máximo de beneficio, pero en este caso parece primar por parte de Codelco el interés de evitar conflictos más que proteger los intereses de todos los chilenos de que se maximice el resultado de la empresa. Resulta relevante tomar en cuenta el nuevo escenario de precios que vive el mercado mundial del cobre -donde parece haber suficiente evidencia de que el llamado “superciclo” está llegando a su término- y a la necesidad de controlar los costos de Codelco, que han aumentado significativamente en los últimos años, lo que representa una amenaza para su competitividad y sus aportes al Fisco.


Consejeros Regionales por elección directa.


En la natural efervescencia de un año electoral, ha pasado casi inadvertido que el Gobierno ya promulgó la Ley que dispone la elección directa y universal de los Consejeros Regionales (Cores), cada cuatro años, simultáneamente con las elecciones Presidenciales y Parlamentarias respectivas. Así ocurrirá, por primera vez, el 17 de noviembre próximo. Hasta ahora, ellos eran elegidos indirectamente por los Concejales de cada Región, constituidos en Colegio Electoral.


Esta modalidad, largamente planteada, prometida, debatida y postergada, aborda un problema muchas veces representado por la opinión pública no capitalina: el perfil excesivamente bajo de los actuales gobiernos regionales, pese a su papel clave.


La sola elección directa de estos Consejeros ciertamente no resolverá múltiples inconvenientes derivados del consuetudinario centralismo chileno -demográfico, cultural, económico, político, administrativo-, cuyas consecuencias prácticas se fueron agudizando con el creciente incremento del peso del Estado hace ya un siglo. Un reciente estudio de la OCDE, por ejemplo, muestra que la concentración demográfica en Chile es casi el doble de la media de sus países miembros.


No obstante, la elección directa podría dar más eficaz cauce a la participación de la ciudadanía Regional, mejorar la información y cercanía a las personas de los respectivos candidatos, y la fiscalización de estos por sus representados.


Quizás fuese poco prudente agregar este año una elección más al complejo escenario que ya han creado la inscripción automática y el voto voluntario, y la introducción de primarias regidas por Ley. Y, por la naturaleza de su función, tal vez habría sido más lógico que la elección de los Consejeros Regionales se hiciera en forma simultánea con las elecciones Comunales, y no con las Parlamentarias, en cuyo caso esta reforma habría comenzado a aplicarse para las Municipales de 2016. Pero el malestar Regional frente al centralismo no parecía admitir que transcurriera un Gobierno más sin que se diera este paso.


Ahora el Servicio Electoral deberá determinar el número total de Consejeros a elegir en cada Región, para lo cual se considerará la población total de cada una. Cada Consejo Regional estará integrado por 14 Consejeros en las Regiones de hasta 400 mil; por 16 en las de más de 400 mil; por 20 en las de más de 800 mil; por 28 en las Regiones de más de 1,5 millón de habitantes, y por 34 en las de más de 4 millones.


Todo parece augurar que este cambio incidirá en el escenario político nacional: los Parlamentarios de cada Región ahora tendrán junto a ellos a otras figuras con indiscutible respaldo electoral, muchas de las cuales quizá no necesariamente emerjan de los cauces partidistas, y esa es una situación inédita. Otro tanto les ocurrirá a los Intendentes designados por el Ejecutivo, y el nuevo sistema habrá de buscar un adecuado equilibrio entre la mayor autonomía de las Regiones para decidir sobre sus planes de desarrollo y el carácter unitario del Estado chileno.


Simce y calidad de la educación.


Los resultados de la prueba de comprensión lectora del Simce 2012, aplicado por primera vez a escolares de segundo básico, dan cuenta de que las diferencias entre alumnos de establecimientos Municipales y aquellos que asisten a colegios pagados es menor que la registrada entre quienes rinden este mismo test, pero en cursos superiores. Así, la distancia en segundo básico es de 43 puntos, mientras que en cuarto básico es de 44 unidades y en octavo llega a 52.


Estas cifras -tal como lo avalan especialistas- confirman que no existen distancias significativas entre niños de temprana edad provenientes de diferentes grupos socioeconómicos. Sin embargo, los datos sugieren que, a medida que se avanza en el sistema escolar, esa simetría inicial se va diluyendo por factores que, a la luz de la evidencia, están más relacionados con la calidad de educación que reciben los alumnos durante su formación escolar formal, que por variables de origen socioeconómico. Esta percepción refuerza la necesidad de prestar mayor atención a la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes provenientes de los sectores más vulnerables, ya que es muy probable que las instituciones Municipalizadas estén limitando las potencialidades de los niños que asisten a ella.


El fortalecimiento de la carrera docente, el perfeccionamiento continuo de los profesores y la implementación de metodologías de aprendizaje acordes a los resultados que se quieren alcanzar, además de una revisión a fondo de los contenidos de los programas, son algunos de los desafíos que es necesario priorizar. Para el caso de la comprensión lectora -considerando que de acuerdo con las estadísticas disponibles uno de cada cuatro alumnos de segundo básico no entendería lo que lee- resulta evidente la necesidad de promover con más fuerza ese hábito a temprana edad. Más aún, si sólo un 7% de los chilenos lee de manera voluntaria y por gusto, como lo señala un estudio realizado por la Unesco el año pasado.



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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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