Entre la Justicia y la Igualdad",
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Este domingo, en todo Chile, la Justicia y la
Igualdad van a competir entre sí, como si fueran dos bellas doncellas
enfrentadas en un concurso televisado.
En este primer acto, la competencia es
desigual, aunque continuará en noviembre.
Desigual, porque la Justicia es seria, sonríe
poco, estudia y calcula, no promete lo que no puede cumplir,
"justamente" porque quiere ser... justa. Vaya limitaciones que se
impone a sí misma.
La Igualdad, por su parte, sonríe mucho, lo
promete todo, encandila pero no alumbra, vacila. No hay límites en su
estrategia, porque no hay frenos en su concepción del poder.
Por cierto, ningún partidario de la justicia
niega la igualdad esencial. Que todos tenemos la misma naturaleza humana parece
un dato básico ampliamente aceptado, exceptuando uno que otro intelectual de la
hípica. Pero, de ahí a sostener que la igualdad es el verdadero objetivo de la
política, hay mucho para aterrizar.
Porque si de verdadera igualdad se tratase,
entonces sus partidarios debieran exigir solo un tipo de casas en las ciudades
del país, una sola forma de organización empresarial, un mismo salario para
todos, una educación idéntica y sin diversidades, y un solo partido al mando
del Estado (ya nos vamos entendiendo).
¡Pero esa es una ridícula caricatura, la
igualdad no es eso! -afirman indignados sus promotores-. Se entiende su molesta
reacción, pero entonces, si la igualdad no es "igualdad", ¿qué
demonios es?
Es, simplemente, una linda palabra, manzana
contemporánea, imán de incautos, coro de sirenas conscientes de que muchos no
quieren taparse los oídos, garra tendida hacia la mano incauta. Una vez
aterrizada, la igualdad es por sí misma una caricatura, y no hay manera de
ejemplificarla sinceramente sino en situaciones que provocan risas o espasmos.
En la práctica, toda persona comprueba que la
igualdad no es posible, ni deseable, ni siquiera imaginable. Y todavía quedan
unos pocos chilenos que recuerdan su propia experiencia durante la UP:
sometidos a los experimentos igualitarios, hubo quienes -socialistas, se hacían
llamar- administraban en su beneficio la supuesta igualdad, mientras otros
-burgueses, enemigos de la revolución, fascistas, eran llamados- intentaban
sobrevivir en medio de la persecución. Ya pasamos por eso. Y nos fue muy mal.
Al otro lado, quienes prefieren la Justicia, un
Chile justo, están obligados a ser mucho más serios, a dejarse de
abstracciones. Tienen que ser capaces de demostrar que darle a cada uno lo suyo
exige casi siempre actuar contra la igualdad. Tienen que lograr el diseño de
soluciones que actualicen la noción de bien común, es decir, condiciones que
permitan un pleno desarrollo a cada persona: casas para el tamaño de la familia
deseada, salarios de acuerdo con el rendimiento entregado, escuelas para una
diversidad de opciones legítimas, partidos múltiples, siempre que no oculten
fusiles por si las moscas.
Para los de la Justicia, la subsidiariedad es
imperativa, porque solo desde ella se puede lograr hacer el bien: ayudar al más
necesitado en la medida debida, impedir que el aprovechador se suba por el
chorrito, exigir al potentado que colabore con lo suyo. Dar y tomar con
criterio.
Por eso, cuando los de la Igualdad hablan de
reemplazar el Estado subsidiario por un Estado solidario, los de la Justicia
tienen que ponerse en guardia frontal: no hay tal, eso no existe, porque bajo
la apariencia de solidaridad -virtud exigida entre pares-, el Estado, un
desigual, terminará absorbiéndolo todo, convirtiéndose una vez más en el más
desigual de los iguales.
La Justicia tiene que ser implacable con la
Igualdad. Implacable, como toda verdadera justicia.
Preocupados de lo importante,
por Najel Klein.
Una nueva Constitución y, para cumplir con
ello, una Asamblea Constituyente, es la consigna. Esto es todo lo que sabemos
de la propuesta que hoy encabeza una izquierda radicalizada a tal punto, que
Camilo Escalona, Senador y ex Presidente del PS, no ha dudado en señalar los
problemas que ello conlleva para la estabilidad político institucional del
país.
No es posible pensar en una Asamblea
Constituyente sin mirar los casos que se han dado en el vecindario; más aún si
muchos de quienes lo proponen tienen como modelo el régimen chavista. Para
nadie es un misterio la situación de Venezuela, la polarización de un régimen
que, mediante diversas acciones, concentró a tal punto el poder en una persona,
que hoy, producto de la inevitable sucesión en la Presidencia, se manifiesta en
la más clara ausencia de condiciones democráticas.
Otra idea poco afortunada ha sido la «vía
chilena» señalada por el profesor Atria, quien nos dice que será “por las
buenas o por las malas”. Esto parece más una imposición que un proceso
democrático de búsqueda de acuerdos, especialmente si de lo que estamos
hablando es de la carta fundamental de la nación, aquella que establece los
lineamientos de todo nuestro cuerpo normativo.
Un argumento para avanzar en su cambio es el
origen de la Constitución, pero, frente a ello, el ex Presidente Lagos decía
con orgullo el año 2005 que se había logrado una Constitución democrática. De
seguro que, entre dichas palabras y la actualidad, el país no ha cambiado tanto
como para que lo expresado sea ahora letra muerta.
Ante este panorama no queda más explicación que
el intento de un sector político por capitalizar el descontento que ven en las
calles, asumiendo que tal manifestación es reflejo de una sociedad altamente
politizada y demandante de cambios político institucionales. Pero, cuando uno
profundiza en serio esta idea, se da cuenta de que los reparos surgen en dos
puntos centrales: sistema electoral binominal y las dinámicas generadas por los
quórum, que establecen mínimos a ciertos temas para su modificación.
Frente a lo expuesto, no se justifica en el
país iniciar un camino al vacío y olvidarnos de lo verdaderamente importante,
como es mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, potenciando la
democracia. Nuestro sistema y autoridades deben generar los acuerdos necesarios
para modificar los puntos en discusión, lo que es factible hacer mediante los
mismos mecanismos que la propia Constitución contempla, respetando la libertad
y derechos de todos.
Un centro sin lugar
por Daniel Mansuy.
En muchos sentidos, el esfuerzo realizado por
Claudio Orrego en los últimos meses resulta admirable. Hay algo de heroico en
la energía que pone en tratar de reencantar al mundo democratacristiano, en el
tesón con el que recorre Chile y en el entusiasmo que pone al intentar
transmitir sus convicciones. Claudio Orrego es un digno heredero de la
tradición socialcristiana chilena y, aunque comete errores, tiene una buena dosis
de conciencia política -y eso se agradece.
La dificultad reside en que, como nos recuerda
el Quijote, a veces el heroísmo puede parecerse bastante al ridículo. Eso
explica que su posición sea tan ambigua y difícil de comprender, al punto que
muchos de sus camaradas han preferido dejarlo corriendo solo. Esa ambivalencia
se dejó ver en el último debate de la nueva mayoría: por momentos, Orrego
reivindicaba orgullosamente su identidad doctrinaria, pero eso siempre iba
seguido de una genuflexión respetuosa a Michelle Bachelet. Es raro, pero Orrego
suele terminar casi pidiendo disculpas por pensar como piensa e incluso, por
ser quien es: síntoma inequívoco de problemas de domicilio.
Naturalmente, en todo esto hay movimientos
profundos que poco tienen que ver con Orrego. Por un lado, la política de los
consensos, donde el centro juega un rol de primer orden, es cada vez más
despreciada. Por otro, el voto voluntario tiende a exacerbar los extremos
políticos. Tampoco puede olvidarse que durante muchos años la DC se dedicó a
administrar el poder sin hacerse muchas preguntas de fondo, y eso no pudo sino
desdibujar su identidad.
Así, el partido que estructuró durante dos
decenios el cuadro político chileno, sigue perdiendo progresivamente su
influencia, y uno puede preguntarse si no está condenada a ser el nuevo partido
radical: un invitado que le suma colorido a la fiesta, pero cuyo fallecimiento
nadie notaría. ¿Qué quiere ser la Democracia Cristiana en este nuevo escenario?
En líneas gruesas, tiene dos opciones: o bien hace valer su propia identidad y
paga los costos asociados, o bien se conforma con ser la eterna prueba de la
blancura de una izquierda radicalizada. Las alternativas son excluyentes, y
aunque Orrego parece querer encarnar lo primero, sabe muy bien que terminará en
lo segundo. Eso explica el contraste entre la agresividad con la que descubre
los vacíos del discurso de Velasco -se juega la vida en llegar segundo- y la
extrema suavidad con la que trata a Michelle Bachelet -no fue capaz de interpelarla
en ningún sentido. Dicho de otro modo, Orrego es orgulloso y altivo con
Velasco, pero humilde y sumiso con Bachelet. En el fondo, envidia la autonomía
del ex Ministro de Hacienda al mismo tiempo que la crítica: no sabe estar ni
adentro ni afuera.
Todo esto importaría poco si su aspiración
fuera liderar un partido pequeño pero influyente. Sin embargo, la falange no
sabe jugar ese rol: es tan fuerte y visceral su rechazo a la derecha, que se
condena a ser rehén de la izquierda. La Nueva Mayoría es justamente ese lugar
donde la DC ya no es anfitriona ni invitada de honor, sino donde sólo entra si
acepta las condiciones que fijan otros. En ese contexto, la posición de Orrego
asume un riesgo elevadísimo: convertirse en vano. Y eso sí que es grave para
quien dice tener convicciones profundas.
El programa de Bachelet,
por Max Colodro.
Las líneas programáticas esbozadas hasta ahora
por Michelle Bachelet han instalado la percepción de que Chile requiere de un
‘borrón y cuenta nueva’. Una candidatura que tiene aún la elección
prácticamente en el bolsillo, de manera inexplicable se ha dedicado no a
moderar las expectativas, sino a estirar el elástico hasta el límite,
impulsando una crítica demoledora al modelo económico y social que ellos mismos
administraron complacidos. La ex Presidente y sus partidarios reniegan ahora
sin problemas de su propia criatura; culpan a la centroderecha de las cosas que
ellos ‘quisieron hacer y no pudieron’; se arrogan la representación de una
supuesta mayoría histórica que habría sido sistemáticamente sometida al ‘veto’
de una minoría, y han decidido en este contexto inflar las ilusiones de la
gente hasta lo insondable.
En la recta final hacia las primarias surgen,
sin embargo, voces que hablan de la necesidad de moderar esas expectativas y de
acotar las propuestas. El imperativo es dar espacios de influencia a los
sectores que serán derrotados en dicha contienda e incluir su visión
programática. Se buscaría así evitar que, como afirmó Andrés Allamand, los
sectores de centro puedan terminar sintiéndose expulsados de la Nueva Mayoría;
un pacto donde han sido el PPD, los radicales y el PC quienes han puesto la
partitura de una sinfonía que suena parecida a El Mesías de Haendel.
La incorporación de la DC y el equipo de
Velasco al comando unitario luego de la primaria debe implicar una moderación,
pero lo cierto es que, en el cuadro actual, ello se ve muy poco probable. Las
señales sobran: la gratuidad universal en educación superior fue instalada con
bombos y platillos. Se discutirá a partir de ahora el cómo y la gradualidad,
pero el país ya fue notificado que en un plazo de seis años dicha meta deberá
estar cumplida. Lo mismo ocurre con la eliminación del lucro y el financiamiento
compartido. También, se ha anunciado ya una reforma tributaria profunda, que
busca una recaudación extra de US$ 8.200 millones en base a la supresión del
FUT. Como guinda de la torta, el pequeño ‘detalle’ de empezar a preparar al
país y a sus instituciones para una nueva Constitución.
Es difícil imaginar cómo cambios de tal
envergadura podrán tener viabilidad no sólo sin haber sido previamente
consensuados al interior del pacto, sino en ausencia de acuerdos con quienes
eventualmente resulten derrotados en la Presidencial. Contrario a un mínimo
sentido de la responsabilidad, la futura candidata única de la Nueva Mayoría
decidió anticiparse y poner al país de testigo de fe de ofertas de dimensiones
oceánicas, en un contexto internacional que empieza a mostrar signos de que el
‘súper ciclo’ del cobre y del elevado crecimiento está llegando a su fin. Un
cuadro donde va ser muy difícil, después del 30 de junio, intentar convencer,
sobre todo a los movimientos sociales, de que estas ofertas pueden terminar siendo
algo distinto a lo que con vehemencia se ha vendido como la panacea para
reinventar Chile.
Insólito poder de los secundarios.
Para la “jornada de protesta social” de ayer,
convocada por dirigentes estudiantiles, la CUT y diversos gremios, estaban
anunciadas tres marchas que convergerían a la Plaza Los Héroes. Sin embargo,
desde muy temprano y anticipándose a ellas, hubo en distintos puntos de la
capital barricadas y manifestaciones de encapuchados, las más graves de las
cuales ocurrieron frente a la Universidad de Santiago, la Escuela de Derecho de
la Universidad de Chile y la esquina de las avenidas Macul y Grecia, en el
último caso con ataques de bombas molotov a un cuartel del OS-9 de Carabineros,
pero asimismo en otras esquinas claves de la ciudad. Hechos similares se dieron
en Valparaíso y Concepción, y en Calama el paro ciudadano, también anunciado,
tuvo barricadas en varios puntos y tomas de los caminos hacia los centros
mineros de Chuquicamata, Gaby, Radomiro Tomic y Ministro Hales. En el caso de
Santiago, estas protestas inesperadas causaron múltiples tacos y congestiones
en los medios de transporte, afectando la actividad laboral, perjuicio que se
suma a los habituales daños materiales.
Tanto en estos hechos como en otros ocurrido en
las semanas recientes, llama la atención el papel determinante jugado por
estudiantes secundarios, sea en las tomas de sus propios establecimientos —que
ya lograron la renuncia del Rector del Instituto Nacional y hasta amenazan la
realización de las primarias Presidenciales— o de otras instituciones.
Durante el Gobierno de Michelle Bachelet,
fueron los pares de esos alumnos, llamados entonces “pingüinos”, los que
iniciaron los conflictos por el tema educacional. En las protestas de 2011, en
cambio, la dirección del movimiento la tomaron los universitarios y de hecho el
grueso de sus demandas se concentró en ese sector y hoy sus líderes las
profundizan o bien intentan ingresar al Parlamento. Ello puede explicar en
parte la actual arremetida de los alumnos de liceos, pero lo verdaderamente
nuevo es la insólita pretensión de, como se vio hoy, obstaculizar el
desenvolvimiento de la vida diaria del resto de los ciudadanos, y hasta
supeditar a su voluntad la normal realización del acto electoral del domingo.
Lo más grave de esta situación absurda está en
la ambigüedad, cuando no sumisión, de quienes deberían asumir sus propias
responsabilidades. Por una parte, esos Alcaldes que, bajo el pretexto de un
diálogo repudiado por los mismos estudiantes, aparecen en los hechos entregados
a la voluntad de éstos respecto de permitir o no la realización de primarias en
colegios tomados; por otra, buena parte de los postulantes de la oposición (con
la salvedad de Andrés Velasco) que, como Orrego, oponiéndose a un desalojo,
estiman al mismo tiempo “impresentable” que el Gobierno aún “no tenga una
solución”; como Gómez, quien dice que, a estas alturas, “hay que iniciar un
diálogo amplio”, o como Bachelet, quien llegó a evocar un imaginario “baño de
sangre”, si bien posteriormente ha corregido en parte esos dichos, al pedir el
Ejecutivo que tome “todas las medidas” para asegurar la votación.
Resulta en verdad lamentable la reticencia de
actores políticos para condenar con claridad los actos de fuerza protagonizados
por estudiantes. Es razonable intentar resolver los conflictos por la vía del
diálogo y corresponde siempre escuchar las demandas de los jóvenes, evaluando
lo que de valedero pueda haber en ellas; distinto es, sin embargo, reconocerles
tácitamente a menores que ni siquiera han terminado su formación escolar un
pretendido derecho para imponer sus puntos de vista a cualquier otra
consideración. Evidentemente se debe evitar escaladas de violencia y evaluar de
modo prudente cada paso a seguir (como ha señalado estarlo haciendo el Poder
Ejecutivo), pero cabe tener claro que, si las distintas autoridades no abordan
el problema con firmeza, la normalidad institucional podría quedar
insólitamente a merced de unos pocos adolescentes desorientados.
Reforma sobre migración y extranjería.
Con un enfoque moderno, de fronteras abiertas,
el Gobierno ha presentado un proyecto de Ley sobre migraciones e ingreso de
extranjeros. Es indispensable: tan solo en 2012 se otorgaron más de 100 mil
residencias temporales, cuatro veces más que hace una década. La tendencia es
creciente, por las oportunidades y el mayor ingreso per cápita de Chile
respecto de otros países de la región, en proporción parecida a la existente
entre Estados Unidos y México -el mayor flujo migratorio a nivel mundial-.
La composición de los inmigrantes es hoy
radicalmente distinta de la del pasado: cerca del 90% son latinoamericanos, en
su mayoría sin instrucción calificada. Hace medio siglo, dos tercios eran
europeos. Según el censo de 2002, solo 2% de los habitantes del territorio
nacional son extranjeros, la mitad del porcentaje de comienzos del siglo
pasado, e inferior al número de chilenos en el exterior
Los estudios coinciden en que los migrantes son
más emprendedores y constituyen un aporte valioso al progreso de las naciones.
Sus contribuciones son mayores cuando cuentan con capitales y conocimientos
para el emprendimiento y la innovación. Y tanto más conveniente es facilitar la
inmigración en países como el nuestro, con demografía baja, tasas negativas de
reposición y crecientes de envejecimiento, y escasez en algunas especialidades.
La experiencia aconseja avanzar en políticas de
integración de los migrantes, para evitar abusos, su aislamiento, la
resistencia de los locales a su competencia y los riesgos de pobreza extrema,
costos Fiscales y radicalización de los marginados.
Nuestra legislación de extranjería -la más
antigua de América Latina- es anacrónica: adolece de rigidez en el otorgamiento
de visas, de institucionalidad insuficiente, de falta de políticas sobre esta
materia, de rigor en los permisos de trabajo. Además, dificulta en extremo la
expulsión de ingresos clandestinos y de delincuentes, y entorpece la
homologación de títulos profesionales, cuya automaticidad sería lógica si estos
son otorgados por las universidades más reputadas del mundo, y no solo sujeta a
la validación por el actual monopolio de la U. de Chile.
La reforma flexibiliza la inmigración con
nuevas categorías de visas y permisos de residencia temporal; explicita los
derechos y establece un registro de los inmigrantes; crea una nueva
institucionalidad administrativa, cuya eficacia dependerá de los recursos que
se le asignen y de personal especializado para controlar los 82 puntos
habilitados de ingreso al país. Con alta rotación, cerca del 7% de la policía
civil se sustrae para estos menesteres, que en otros países se cumplen por un
servicio especializado.
Pese a sus méritos, el proyecto merece
observaciones. No fija estímulos para aprovechar la oportunidad de atraer
inmigrantes calificados por la alta desocupación y recesión europea: sus
solicitudes no tienen tramitación preferencial cuando sirven a áreas estratégicas,
y permanece la obligación de tributar por sus ahorros exteriores, anteriores a
su establecimiento en el país. Tampoco se enfatizan suficientemente las
indispensables políticas y los medios de integración, ni se contempla
fortalecer los controles fronterizos y las facultades para controlar el ingreso
de indeseados. Asimismo, es discutible e inusual que, en la completa
liberalización del ingreso de extranjeros a la administración pública, no se dé
preferencia a los nacionales. Y también es muy objetable e inentendible, a la
luz de la experiencia de otros países, que el solo transcurso del tiempo de la
residencia definitiva permita el otorgamiento de la nacionalidad chilena, sin
exigencias de compromiso ni conocimientos sobre nuestro país.
Con todo, dado el imperativo de un atraso de
tres décadas y la trascendencia de la reforma migratoria, el Gobierno y los Legisladores
deberían asignarle la mayor prioridad en su tramitación.
Incumplimiento de planes de retiro en
Chuquicamata.
El plan de retiro voluntario de trabajadores en
Chuquicamata ha presentado un escaso
avance hasta la fecha, a pesar que su aplicación fue parte de la negociación
que concluyó el año pasado en el otorgamiento de un cuantioso bono, lo que pone
de manifiesto la debilidad con que se está llevando a cabo el plan de control
de gastos en la minera Estatal. Si esto ya era un hecho grave a la luz de las
cifras de aumento de costos, lo es más aún frente a la caída que exhibe el
precio del cobre en los mercados internacionales, conjugándose dos factores que
complicarán en el futuro las cifras Fiscales de existir un cambio sustancial en
la gestión de la empresa. El
incumplimiento del plan de retiro supone un grave perjuicio para los
intereses y el patrimonio de la principal empresa del Estado, y asimismo parece
revelar crecientes dificultades para llevar a cabo una administración conforme
a criterios estrictamente técnicos.
El acuerdo que alcanzó a fines del año pasado
la administración de Codelco con los sindicatos de Chuquicamata generó
controversia no sólo por lo cuantioso del bono por término anticipado de
negociación -$16,8 millones por trabajador, más un préstamo por $ 3 millones,
entre otros beneficios-, sino también por la estrecha situación financiera por
la que atraviesa esta división y por la creciente alza de costos de Codelco, lo
que debería llamar a la prudencia en cuanto a las exigencias salariales y otro
tipo de beneficios, que deben ir asociados a la realidad productiva de dicha
división.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se
contempló un plan de retiro voluntario de 2.150 trabajadores en un horizonte de
cuatro años, de modo de ajustar la dotación a los requerimientos que tendrá
Chuquicamata una vez que opere en forma subterránea. Los antecedentes que ha
dado a conocer el diario “Pulso” indican que a la fecha no más de 70
trabajadores se han acogido a estos planes, sin que se advierta voluntad de los
sindicatos por retomar estos planes. Parece haber aquí una evidente
contradicción con lo que en su momento
se comunicó al país, situación que no ha sido suficientemente explicada ni por
la administración ni por los respectivos sindicatos. Conviene recordar que
durante 2012 Chuquicamata anotó por primera vez en su historia un balance
negativo -con pérdidas por US$ 233 millones-, situación en parte atribuida a
una menor ley de sus minerales, a la disminución de frentes que se explotan en
el rajo y a gastos extraordinarios producto de los bonos de la negociación
colectiva y a los planes de retiro, que en conjunto suman del orden de US$ 500 millones, lo que
da cuenta de los significativos montos que se han involucrado en estas
negociaciones.
Como en todo proceso de negociación, es
legítimo que las partes discutan los detalles y busquen el máximo de beneficio,
pero en este caso parece primar por parte de Codelco el interés de evitar
conflictos más que proteger los intereses de todos los chilenos de que se
maximice el resultado de la empresa. Resulta relevante tomar en cuenta el nuevo
escenario de precios que vive el mercado mundial del cobre -donde parece haber
suficiente evidencia de que el llamado “superciclo” está llegando a su término-
y a la necesidad de controlar los costos de Codelco, que han aumentado
significativamente en los últimos años, lo que representa una amenaza para su
competitividad y sus aportes al Fisco.
Consejeros Regionales por elección directa.
En la natural efervescencia de un año
electoral, ha pasado casi inadvertido que el Gobierno ya promulgó la Ley que
dispone la elección directa y universal de los Consejeros Regionales (Cores),
cada cuatro años, simultáneamente con las elecciones Presidenciales y Parlamentarias
respectivas. Así ocurrirá, por primera vez, el 17 de noviembre próximo. Hasta
ahora, ellos eran elegidos indirectamente por los Concejales de cada Región,
constituidos en Colegio Electoral.
Esta modalidad, largamente planteada,
prometida, debatida y postergada, aborda un problema muchas veces representado
por la opinión pública no capitalina: el perfil excesivamente bajo de los
actuales gobiernos regionales, pese a su papel clave.
La sola elección directa de estos Consejeros
ciertamente no resolverá múltiples inconvenientes derivados del consuetudinario
centralismo chileno -demográfico, cultural, económico, político,
administrativo-, cuyas consecuencias prácticas se fueron agudizando con el
creciente incremento del peso del Estado hace ya un siglo. Un reciente estudio
de la OCDE, por ejemplo, muestra que la concentración demográfica en Chile es
casi el doble de la media de sus países miembros.
No obstante, la elección directa podría dar más
eficaz cauce a la participación de la ciudadanía Regional, mejorar la
información y cercanía a las personas de los respectivos candidatos, y la
fiscalización de estos por sus representados.
Quizás fuese poco prudente agregar este año una
elección más al complejo escenario que ya han creado la inscripción automática
y el voto voluntario, y la introducción de primarias regidas por Ley. Y, por la
naturaleza de su función, tal vez habría sido más lógico que la elección de los
Consejeros Regionales se hiciera en forma simultánea con las elecciones Comunales,
y no con las Parlamentarias, en cuyo caso esta reforma habría comenzado a
aplicarse para las Municipales de 2016. Pero el malestar Regional frente al
centralismo no parecía admitir que transcurriera un Gobierno más sin que se
diera este paso.
Ahora el Servicio Electoral deberá determinar
el número total de Consejeros a elegir en cada Región, para lo cual se
considerará la población total de cada una. Cada Consejo Regional estará integrado
por 14 Consejeros en las Regiones de hasta 400 mil; por 16 en las de más de 400
mil; por 20 en las de más de 800 mil; por 28 en las Regiones de más de 1,5
millón de habitantes, y por 34 en las de más de 4 millones.
Todo parece augurar que este cambio incidirá en
el escenario político nacional: los Parlamentarios de cada Región ahora tendrán
junto a ellos a otras figuras con indiscutible respaldo electoral, muchas de
las cuales quizá no necesariamente emerjan de los cauces partidistas, y esa es
una situación inédita. Otro tanto les ocurrirá a los Intendentes designados por
el Ejecutivo, y el nuevo sistema habrá de buscar un adecuado equilibrio entre
la mayor autonomía de las Regiones para decidir sobre sus planes de desarrollo
y el carácter unitario del Estado chileno.
Simce y calidad de la educación.
Los resultados de la prueba de comprensión
lectora del Simce 2012, aplicado por primera vez a escolares de segundo básico,
dan cuenta de que las diferencias entre alumnos de establecimientos Municipales
y aquellos que asisten a colegios pagados es menor que la registrada entre
quienes rinden este mismo test, pero en cursos superiores. Así, la distancia en
segundo básico es de 43 puntos, mientras que en cuarto básico es de 44 unidades
y en octavo llega a 52.
Estas cifras -tal como lo avalan especialistas-
confirman que no existen distancias significativas entre niños de temprana edad
provenientes de diferentes grupos socioeconómicos. Sin embargo, los datos
sugieren que, a medida que se avanza en el sistema escolar, esa simetría
inicial se va diluyendo por factores que, a la luz de la evidencia, están más
relacionados con la calidad de educación que reciben los alumnos durante su
formación escolar formal, que por variables de origen socioeconómico. Esta
percepción refuerza la necesidad de prestar mayor atención a la calidad de la
educación que reciben los niños y jóvenes provenientes de los sectores más
vulnerables, ya que es muy probable que las instituciones Municipalizadas estén
limitando las potencialidades de los niños que asisten a ella.
El fortalecimiento de la carrera docente, el
perfeccionamiento continuo de los profesores y la implementación de
metodologías de aprendizaje acordes a los resultados que se quieren alcanzar,
además de una revisión a fondo de los contenidos de los programas, son algunos
de los desafíos que es necesario priorizar. Para el caso de la comprensión
lectora -considerando que de acuerdo con las estadísticas disponibles uno de
cada cuatro alumnos de segundo básico no entendería lo que lee- resulta
evidente la necesidad de promover con más fuerza ese hábito a temprana edad.
Más aún, si sólo un 7% de los chilenos lee de manera voluntaria y por gusto,
como lo señala un estudio realizado por la Unesco el año pasado.
PARA GANAR EN
LAS PRESIDENCIALES
HAY QUE VOTAR
BIEN EN LAS PRIMARIAS:
