Breves con imagenes informativas, temas de actualidad...

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por la Ministro de Obras

Públicas, Loreto Silva, encabezó ayer la ceremonia de inicio de la primera fase de

ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Caótica fue la situación de ayer en el Servicio Electoral hasta donde llegaron decenas de

personas  a reclamar por estar inhabilitados para sufragar en la primaria del domingo,

por aparecer como militantes de partidos que no participan en el proceso. Dicen ni haber

firmado nunca por esas colectividades.

Nuevamente fue detenido Marcos Elgueta, uno de los dueños de Eurolatina, por los

mismos delitos de usura y estafa en otras financieras ilegales. Esperamos que esta vez

este maleante y su hermano lleguen realmente a la cárcel.

Los cuatro Concejales de la UDI y Renovación Nacional no dieron el cuórum para que la

Alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, llegada al cargo con trampas electorales,

pudiese llevar a cabo la odiosidad con que quiere cambiar de nombre a la Avenida 11

de Septiembre.

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) informó ayer en la

tarde que se decidió declarar Alerta Temprana Preventiva por el sistema frontal que está

anunciado para la zona ubicada entre la  Región de Coquimbo hasta la Región de Aysén

desde el jueves al sábado.

El Presidente de Perú, Ollanta Humala, rechazó ayer una eventual candidatura Presidencial

de su esposa Nadine Heredia en 2016, cuando terminará su gestión, al afirmar que esa

posibilidad ‘’no está para nada en nuestro panorama’’.

Poco duro  el anuncio del lunes de la Presidente de Brasil, Dilma Rousseff, de llamar a una

Asamblea Constituyente, la oposición al proyecto obligó a la Gobernante a revocar su

planteamiento. El anuncio de reformas políticas no ha logrado aplacar las protestas que

se anuncia no cesarán.

No a la impunidad por corrupción

por Gonzalo Delaveau.

                  

Al momento que en Chile se reunían representantes del Apec, en Colombia se realizaba la reunión regional de Transparencia Internacional (TI), ambos con un fin similar desde sus particulares ámbitos de acción: mejorar la persecución penal en contra de los delitos de corrupción y potenciar la condena social a los mismos delitos.  

No es casualidad que los países del Apec tengan como preocupación la forma de maximizar los esfuerzos para perseguir a los corruptos, y que TI haya priorizado su lucha contra la impunidad respecto de los actos de corrupción. Legislar para evitar la corrupción y promover la transparencia es claramente un primer paso, pero no basta, sino que hay que sancionar penal y socialmente a los culpables.

Las Leyes sobre transparencia y probidad que se han implementado en Chile constituyen el camino para prevenir este flagelo. Pero aún quedan varios aspectos que mejorar en la actual legislación cuyos proyectos se discuten lentamente en el Congreso y algunas materias pendientes de legislar, como la llamada “Ley del lobby”, que siendo una de las más emblemáticas, lleva discutiéndose por un largo tiempo, sin que vea la luz, no obstante existir acuerdos transversales sobre su necesidad.

Chile Transparente, junto con priorizar la agenda pro transparencia, enfocará sus esfuerzos en mejorar los mecanismos para evitar la impunidad frente a los actos de corrupción. En primer término, es necesario involucrar a los ciudadanos en esta tarea. La corrupción debe ser condenada en cualquiera de sus manifestaciones; engañar al vecino es tan grave como engañar al Estado, aunque lo segundo equivalga a robarles a miles de vecinos. La sanción social al que intente cometer algún acto de corrupción debe ser inmediata y automática.

En segundo lugar, el sistema Judicial debe ser transparente y sus fallos, públicos. Es necesario agilizar los procesos relativos a casos de corrupción, que el Ministerio Público tenga Fiscales especializados sobre el tema y que no se produzcan dilaciones en su investigación que a la larga terminen otorgando impunidad al que comete un acto de corrupción. Los procesos sobre casos de corrupción deben ser seguidos por la sociedad civil.

En Chile aún queda mucho por avanzar, especialmente desde un punto de vista cultural. Lamentablemente, ciertos actos de corrupción son vistos por nuestra sociedad como “vivezas” o “favores”. Un trabajo que Chile Transparente realizó hace algunos años y que se tradujo en el “Diccionario de la lengua del corrupto”, demostró que en nuestro lenguaje cotidiano se utilizan muchos términos que están directamente relacionados con faltas de probidad, tales como, “aceitar la máquina”, “como avión” (no IVA), “cómo vamos ahí”, “coimisión” “a la cochiguagua” y tantos que debiéramos erradicar de nuestra cultura y lenguaje. Si no ponemos atención a estas cosas pequeñas, no podremos atacar las mayores.

Chile debe y puede mejorar sus estándares; tenemos que aspirar a liderar esta causa en la región, lo que implica desterrar todo tipo de prácticas, formas y lenguaje que, de una u otra manera, impliquen una postura permisiva frente a la corrupción. No hay tolerancia ni excusa que pueda aceptarse.

Debates y primarias,

por Gonzalo Müller.

El pasado domingo terminó el ciclo de debates que apuntaban a informar y dar oportunidad de conocer más a fondo a los candidatos que compiten en las primarias del próximo 30, y sus propuestas. Todo esto, bajo la gran duda de cuál será el nivel de participación real en este proceso.

Las primarias, como mecanismo de selección de candidatos, generan para la ciudadanía una responsabilidad central, al delegar los partidos en ella una decisión tan importante como es la de quién los representará finalmente en una elección general. De este modo, el nivel de participación apunta directamente a la legitimidad y fuerza que finalmente tendrá quien salga elegido en esa primaria. Por esto es que el interés por anticipar esa participación se vuelve determinante: importa no sólo el resultado de quien sea electo, sino también en qué condiciones.

Los debates generaron un primer escenario a este respecto, ya que fue la primera medición objetiva sobre el interés que existiría en la ciudadanía por el tema. Así, los ratings obtenidos por los debates de la Concertación variaron desde los 19 puntos promedio en el primer encuentro a los 15 puntos promedio del segundo, y en el caso del oficialismo se movieron entre los 13 puntos promedio del primero y los 11 puntos promedio del segundo, sufriendo una baja significativa ambas coaliciones, pero manteniendo también una mejor sintonía en los dos casos el debate opositor.

Resulta obvio que el rating no anticipa la participación electoral que tendrán las primarias, pero sí da una señal de referencia en torno al bajo interés que estarían generando en la ciudadanía. Que la audiencia y el electorado se enmarquen en aquellos electores más politizados y con mayor interés es, en la práctica, una conclusión razonable, dato que habrían tenido en cuenta los propios candidatos al momento de elegir marcar o no con mayor fuerza sus diferencias y en qué temas.

En el caso de la Coalición de RN y la UDI, ambos debates estuvieron marcados por un solo concepto: el de la unidad. Para Pablo Longueira era prioritario marcar que su llegada como candidato había cambiado el clima de confrontación y división, y Andrés Allamand no tenía mucho margen más que sumarse a esta estrategia si quería dejar atrás su conducta ante Laurence Golborne. Pero, a pesar de ello, hay una diferencia sustantiva que ha sido marcada, referida a qué tipo de proyecto predomina hacia el futuro: el de una centroderecha popular propuesta por Pablo Longueira, o el de una más liberal, en el diseño de Andrés Allamand.

En la Concertación hubo mayor contradicción entre proyectos objetivamente distintos, pero esta energía no apuntó nunca a dirimir un ganador de la primaria. Más tácita o más expresamente, todos los candidatos, en su conducta, reconocen que lo único que se decide en la primaria opositora es el segundo lugar, entre el centro liberal de Andrés Velasco y la tradicional oferta de centro de la DC, encarnada hoy en Claudio Orrego.

Si, en resumen, las diferencias más dominantes en ambos bloques son políticas, respecto del peso de cada partido-sector o el énfasis del proyecto político que se construye, no extraña tanto que la mayor parte de la ciudadanía siga mirando de lejos estas primarias, y que los debates sigan sin ser decisivos en las decisiones de los electores.

El 1 de julio vencen las estrategias de primarias, y apreciaremos cambios importantes en los discursos. Veremos también el esfuerzo de los ganadores, primero, por consolidarse no sólo como candidatos únicos, sino también como candidatos de unidad —esto es, que sean capaces de acercarse e integrar a los electores huérfanos que dejen las primarias—, y segundo, por empezar a hablar con más fuerza a ese elector menos politizado e indiferente, que no ha pensado siquiera votar en las primarias, pero cuyo sufragio ha resultado decisivo en las últimas elecciones Presidenciales.

Simplificar el sistema tributario,

por Maruzzella Rossi.

Durante los últimos tres años, el crecimiento económico de Chile ha permanecido por sobre el PIB potencial, aun con la crisis europea. Mantener los niveles actuales y lograr que sean, definitivamente, un beneficio para el país, depende de todos los actores económicos. En este sentido, se debe ser prudente en la formulación de propuestas que permitan mantener el crecimiento económico y que el Estado logre recaudar los recursos necesarios para financiar políticas públicas (educación, salud entre otras).

En la actualidad creo necesaria la adopción de medidas tendientes a generar un sistema tributario en que el Estado pueda recaudar lo justo y un sistema de control de gestión que permita cerciorarse de que los recursos recaudados sean utilizados de manera eficiente. En el primer aspecto, se requiere simplificar el sistema tributario, ya que su complejidad podría dificultar al contribuyente el cumplimiento de sus deberes, especialmente, si existen costos económicos asociados como, por ejemplo, mucho tiempo para recopilar y declarar los antecedentes o pagos de asesorías tributarias para resolver trámites complicados. Estas medidas deben ser analizadas y evaluadas pensando en el impacto que puedan generar para las empresas y en especial para las pymes, esto con el objetivo de no afectar el crecimiento y el empleo.

La justificación de lo anterior se fundamenta, por ejemplo, en la relación carga tributaria sobre el PIB y en que los análisis comparativos entre Chile y los países de la OCDE están bastante alineados. Pero qué pasaría si dicha medición se realiza en base al costo tributario efectivo, sumados los costos de declarar: lo más probable es que estos indicadores no estén tan alineados.

En la actualidad, Chile posee un nivel de carga tributaria similar al promedio que tenían países de la OCDE a niveles de ingreso similares. Para mantener esta evolución acorde con ese grupo y lograr un desarrollo efectivo, debemos evitar incrementos excesivos en la carga tributaria. Es por ello que el punto de partida en el mejoramiento del sistema tributario es el énfasis en la evasión y en este sentido se hace relevante la generación de nuevos mecanismos de fiscalización. Esta constituye una de las principales fuentes de inequidad de los sistemas tributarios, debido a que no sólo la genera por la menor recaudación sino, también, por distorsiones en el pago de impuestos, debido a que los contribuyentes evasores pagan menos impuestos que otros con igual nivel de renta, que cumplen sus obligaciones tributarias. Esta práctica genera aún mayores diferencias entre trabajadores y empresarios, debido a que los primeros tienen menores alternativas de disminuir su carga tributaria.

Para lo anterior, se hace necesario evaluar el rol que cumple el Servicio de Impuestos Internos y hacer un análisis exhaustivo de la suficiencia de fiscalizadores, facultades de fiscalización, acceso a la información y monto de las sanciones posibles de aplicar. Para modernizar la fiscalización es importante considerar procesos de seguimiento, a través de análisis de riesgo (industrias más riesgosas) y aplicar el concepto de inteligencia fiscal con el fin de identificar posibles desviaciones de contribuyentes.

Tomas de locales de votación: inaceptables.

Ante las tomas de locales de votación por estudiantes y, presumiblemente, elementos extremistas infiltrados en ellas, ni el país ni sus autoridades pueden admitir que el Estado de Derecho sea atropellado. No cabe tolerar que esos elementos, cualesquiera sean sus argumentos -atendibles o no, se compartan o no-, se impongan por la fuerza sobre la Ley y hagan retroceder a la democracia chilena, alterando o impidiendo el ejercicio del derecho a sufragio, esencial para la democracia. En esto no puede haber transacciones ni debilidades. Ningún motivo de "prudencia" justifica que -incluso si eso fuera logísticamente posible- se cambien los locales de votación determinados en conformidad con la normativa Legal. Además de una señal de doblegamiento de la juridicidad ante la fuerza, eso alteraría la normal expresión de la voluntad ciudadana, en un acto de suyo mucho más complejo que lo habitual, por su novedad y demás circunstancias conocidas.

Si esto se aceptase, sentaría un precedente nefasto, generando un incentivo obvio para que cualquier otro movimiento pretendiera, por ejemplo, hacer otro tanto en las elecciones de noviembre. Es una opción que debe rechazarse de modo absoluto, pues puede afectar la legitimidad misma de la próxima elección Presidencial.

El resguardo del orden público en ese día, por mandato de la Constitución y de la Ley N° 18.700 -la redacción de cuyo artículo pertinente (110) es de 1999-, corresponde desde el segundo día anterior (esto es, a las 0 horas del viernes 28) a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Los Jefes designados al mando de ellas "tendrán la responsabilidad directa" de su mantenimiento" (art. 111). Esto incluye "cuidar que se mantenga el libre acceso a las localidades y locales en que funcionen mesas receptoras de sufragios, e impedir toda aglomeración de personas que dificulten a los electores llegar a ellas o que los presionen de obra o de palabra" (art. 113). Estas normas, en todo lo esencial, datan de la década del cuarenta del siglo pasado, y han sido garantía de orden en los comicios desde entonces.

Todo lo anterior es indispensable, inequívoco y no se presta a interpretaciones ambiguas. Inquieta, por tanto, que varios candidatos del pacto Nueva Mayoría, en su debate televisivo del pasado domingo, hayan sido elusivos a este respecto. José Antonio Gómez (PR) afirmó que "buscaría el diálogo, y (...) lugares distintos para que se hicieran las elecciones. Jamás usaría la fuerza para desalojos". Claudio Orrego (PDC) sostuvo: "Yo no estoy de acuerdo con las tomas y no me gustan. Prefiero las marchas creativas. (...). Cuando se empieza a destruir lo que es nuestro, se debe aplicar la fuerza con firmeza y también con delicadeza".

Pero si no prosperase el diálogo con los estudiantes que estos precandidatos propician, ¿en qué pie quedan los derechos de los votantes impedidos de sufragar? ¿Valen ellos menos que los de los ocupantes ilegales de los locales de votación?

Michelle Bachelet (PS-PPD) expresó que tampoco le gustan las tomas, pero "hay que (...) dialogar con los estudiantes y buscar un acuerdo para que dejen los establecimientos antes del momento en que tenga que entrar la fuerza militar. Lo que no puede pasar en Chile es que sea la fuerza militar la que saque a esos estudiantes. (...) No tiene la preparación para la seguridad pública, tiene una preparación para la guerra. Lo que tenemos que evitar es un daño que puede ser muy lamentable, y quiero sumarme al llamado de mis colegas a que dejen las tomas. Es posible que los Alcaldes puedan buscar otros locales con el Servel. (...) No quisiera ver un baño de sangre si se vive un enfrentamiento, si la fuerza militar cumple la ley y saca a los jóvenes de los establecimientos".

Aludir a un "baño de sangre" es un exceso verbal que daña la imagen del país y resulta ofensiva para las fuerzas militares, que ella conoció muy cercanamente como Ministro del ramo. Semejantes palabras, en un contexto de voto voluntario, bien podrían surtir un efecto intimidatorio sobre los sectores menos informados e inhibirlos de concurrir a votar. Si esto lo hubiera dicho cualquier otro personero de menor gravitación que una ex Presidente, sin duda se lo habría acusado de querer crear una "campaña del terror", para que la ciudadanía no concurra a votar a las primarias.

En ese grupo, el único categórico frente a la letra y el espíritu de la Ley fue Andrés Velasco (independiente), quien afirmó que "nadie puede tener a la democracia chilena de rehén. Todos tenemos derecho a manifestarnos y no hay manera más sagrada de manifestarnos que votando. Por lo tanto, llamo a los estudiantes que han ocupado estos liceos a que depongan la toma. Si eso no ocurre, hay que aplicar la Ley".

La autoridad política tiene esa responsabilidad por el orden público hoy, mañana y pasado mañana. En ese lapso habrá de adoptar todas las medidas necesarias para que, al llegar la medianoche del jueves, las FF.AA. y de Orden puedan asumir las tareas que nuestro derecho les encomienda, en control tranquilo de los locales de votación, y desde ese instante el Gobierno deja de estar a cargo de los procedimientos conducentes a la manifestación electoral de la ciudadanía: carece de facultades relativas al orden electoral. Pero, en este momento, en la primera línea de responsabilidad están los Alcaldes, de quienes dependen los establecimientos que servirán como locales de votación. Ellos tienen atribuciones para restablecer la normalidad, y si no las ejercen, deben responder por su omisión. La fuerza pública está disponible. Si ellos no actúan, el Ejecutivo deberá suplir su falla. No es posible permitir que grupos exaltados o violentistas destruyan el patrimonio cívico del país.

En ninguna democracia sólida y respetable, las votaciones se realizan solo allí donde la fuerza de terceros permite hacerlo, y no donde la Ley lo dispone. ¿Qué país con democracia madura admitiría algo semejante?

HidroAysén, la energía y la carrera Presidencial.

Han llamado la atención las palabras de la ex Presidente Bachelet respecto del proyecto HidroAysén en el último debate de los Presidenciables opositores. En la oportunidad, la candidata no sólo estimó que dicho proyecto es hoy “inviable” —diagnóstico compartido incluso por el abanderado RN, Andrés Allamand—, sino que dio un paso más allá, al señalar derechamente no estar a favor de él. Es esta última parte de su afirmación la que ha generado inquietud. Desde luego, parece contradecir posiciones expresadas por ella misma durante su pasado Gobierno, cuando se pronunció positivamente respecto de la necesidad de explotar el potencial hidroeléctrico al sur del Canal de Chacao, pero además resulta discutible que quien aspira a volver a dirigir el país pida públicamente la no continuidad de un proyecto aprobado por las distintas instancias de evaluación ambiental (en rigor, sólo falta el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, inexplicablemente retrasado por la actual administración).

De no precisar sus palabras, la ex Presidente estaría acercándose así a la misma cuestionada actitud que adoptara el Presidente Piñera frente a la abortada central Barrancones, cuando a través de gestiones personales consiguió la paralización de una iniciativa que ya había recibido su Resolución de Calificación Ambiental. A raíz de esa intervención —que hoy la mayoría de sus propios partidarios reconocen errada— se acusó al Mandatario de debilitar una institucionalidad ambiental cuya legitimación resulta urgente para dar certidumbre al desarrollo del país. Desde esa perspectiva, los dichos de Bachelet —cuya posición de favoritismo en la carrera a La Moneda es ampliamente reconocida— poco contribuyen al necesario fortalecimiento institucional.

Pero la importancia del tema no se agota ahí. Existe extendido consenso respecto de la gravedad del problema energético que enfrenta Chile. Se anticipa una situación crítica para el período 2015-2020, debido a la insuficiencia de obras de generación, lo que se traduciría en importantes incrementos de precios, pero lo cierto es que las dificultades ya están presentes hoy, con efectos muy tangibles. Así, por ejemplo, estimaciones del sector minero indican que en los últimos seis años sus costos por concepto de energía se han duplicado, llegando a representar el 20% de los costos totales y entregando de este modo una amplia ventaja competitiva a países vecinos, como Perú. Otros estudios sitúan a Chile como segundo en la lista de países mineros que pagan los más altos costos por electricidad, sólo superado por el Congo, y han sido este año reiteradas las noticias de proyectos que se postergan por este factor. Pero si el fenómeno se ha hecho especialmente visible en la minería por la importancia que ésta tiene para la economía nacional, lo cierto es que en todos los campos de la producción, desde la industria a la explotación agrícola, el tema energético es señalado como un cuello de botella que está trabando sus potencialidades.

Con antecedentes como esos, no sólo las palabras de la ex Mandatario generan preocupación, sino en general el modo en que este asunto ha sido tratado en los debates de la actual carrera Presidencial. No cabe exigir profundidad en programas televisivos donde los candidatos deben resumir sus respuestas en pocos minutos, pero sí al menos no quedarse sólo en algunos lugares comunes políticamente correctos (como hablar de la importancia de las energías alternativas y de considerar a las comunidades) y explicitar la gravedad del desafío que Chile enfrenta en esta área.

Equivocada señal en conflicto mapuche.

La seguridad carcelaria nuevamente se vio desafiada luego que el Tribunal de Garantía de Cañete autorizó la realización de la ceremonia del año nuevo mapuche en la cárcel El Manzano en Concepción, no obstante que Gendarmería había negado el permiso por el riesgo que ello significaba para el recinto y el resto de la comunidad penal. Quien lideró la ceremonia en esta ocasión fue Héctor Llaitul, uno de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco, quien ha sido condenado por graves delitos cometidos en la zona.

Hace sólo algunos días se produjo un hecho similar en un recinto penal de Temuco, donde Gendarmería había otorgado la autorización para realizar esta ceremonia, la que fue encabezada por el machi Celestino Córdova, acusado por la Fiscalía de haber participado entre otros delitos en el ataque que costó la vida al matrimonio Luchsinger Mackay. En dicha ceremonia ingresaron al penal más de un centenar de personas, lo que constituyó un evidente riesgo para la seguridad carcelaria. Ello provocó un duro reproche por parte del Ministerio del Interior hacia Gendarmería, e inexplicablemente la situación se vuelve a repetir de manera casi idéntica.

Se ha invocado como justificación que tanto la Ley Indígena como el Convenio 169 de la OIT amparan este tipo de rituales en recintos carcelarios. Lo cierto es que el reglamento penitenciario no impide que al interior de un recinto penal tengan lugar ceremonias de este tipo, pero un mínimo de prudencia aconseja restringir el ingreso masivo de personas externas en lugares donde habitan reos de alta peligrosidad. En momentos en que el estado de derecho y la integridad de los habitantes de la zona han sido severamente dañados por la acción de grupos radicalizados, es relevante no dar señales equívocas que debiliten la institucionalidad y den injustas señales de privilegios, lo que hace especialmente discutible el criterio que en esta ocasión aplicó el Tribunal de Garantía.

Un par de cartas para la meditación.

Señor Director:

Víctimas o victimarios.

Las estadísticas demuestran que, a la fecha, las manifestaciones públicas arrojan 116 Carabineros lesionados, algunos de gravedad e incluso con quemaduras serias. En contraposición, solo 25 civiles fueron lesionados levemente. Esto es, cuatro Carabineros lesionados contra un civil.

Esto demuestra que los violentistas son los encapuchados, que pueden ser o no estudiantes, los cuales se aprovechan del legítimo derecho a protestar civilizadamente, para agredir con saña a los Carabineros que resguardan el orden público y la propiedad Municipal y privada que estos energúmenos destruyen en cada oportunidad.

Curiosamente esta realidad es ignorada por el Instituto de Derechos Humanos y Parlamentarios de izquierda, que los defienden siempre, ignorando absolutamente que los Carabineros también tienen derechos humanos, entre los cuales está el derecho a la legítima defensa. La enorme desproporción entre los lesionados de Carabineros y los violentistas demuestra claramente que Carabineros ha hecho uso de la legítima defensa en una forma ejemplar y moderada. Lo comprueba la forma en que reaccionan las policías de otros países frente a ataques similares. La gran diferencia está en que en esos países se respeta a la policía y no se la ataca por cumplir con su deber de controlar el orden público.

Al parecer, lo políticamente correcto es censurar el actuar de Carabineros, con lo cual lo único que se logra es que estos delincuentes se sientan amparados y continúen con sus desmanes; todo a nombre de defender los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos de los comerciantes que ven destruidos y saqueados sus locales, el derecho de los ciudadanos a que se conserven los bienes de uso público, el derecho a usar y gozar libre y tranquilamente de calles y avenidas?

Es hora de protestar por esta discriminación, por exigir que se condene clara y categóricamente a los verdaderos victimarios y no a quienes cumplen sacrificada y abnegadamente su obligación de resguardar el orden público y proteger la propiedad sea pública, Municipal o particular.

Miguel Otero Lathrop, Abogado, Profesor Universitario.

Señor Director:

La revolución de los pañales y la puericracia.

Los encapuchados y encapuchadas (algunas de ellas esbeltas y rubiecitas) hacen de las suyas en el “after” de cada protesta. Los reiterados delitos de los inimputables son la cefalea diaria de la justicia y la pesada cruz del comercio y del ciudadano común. El Sename, criticado hace años como inútil, ahora aparentemente se va a dividir, con lo cual se obtendrán dos inutilidades. Los estudiantes de un histórico establecimiento fuerzan la renuncia del Director y pretenden incidir en la elección del sucesor. Bajo la égida de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, se mantiene un férreo “tomazo” de escuelas en todo el país. Varias de ellas, se supone, deberían servir como locales de votación en pocos días más. Una candidata Presidencial, de inmenso espíritu maternal y experiencia demostrada en tragedias, ha pedido a los educandos que dejen las tomas, sugiriendo a los Alcaldes que opten por otros locales de votación, pues “no puede haber un baño de sangre para que los colegios estén habilitados”.

Esta “revolución de los pañales”, irrefrenable advenimiento de la “puericracia” de las pataletas, carente de pelos en la lengua y con pocos en la barba, habrá de ser, quizá, el nuevo modelo de Gobierno que nos espera a la vuelta de la esquina, liderado por una afectuosa “mami” que intenta complacer y sosegar como mejor puede a sus díscolos polluelos revolucionarios. ¿Cuál será su receta... Ritalín gratis para todos?

Kenneth Ledger Toledo.

PARA GANAR EN LAS PRESIDENCIALES

HAY QUE VOTAR BIEN EN LAS PRIMARIAS: