Un
nuevo paso en el camino a Brasil 2014 dio ayer la selección chilena,
luego de vencer
por
3-1 a Bolivia en el Estadio Nacional, con goles de Vargas, Sánchez y Vidal. La
‘’roja’’
dejó
mudo al insolente Evo Morales que dijo que ganar a Chile era un asunto de
‘’dignidad’’.
Mientras
nuestros políticos hacen anuncios de fuertes aumentos de los gastos
públicos,
el cobre cerró nuevamente a la baja en la bolsa metalera de Londres, se
cotizó
en US$ 3,19148 por libra del metal
rojo.
Bolsas
nacionales, americanas, europeas y asiáticas, cerraron las operaciones de ayer
con
pérdidas. El Cobre y el petróleo también tuvieron una jornada a la baja. Las
pérdidas
se habrían debido a determinación japonesa de no poner incentivos a su
economía.
Debate con gusto a poco,
por Gonzalo Müller.
Los debates de primaria son claves para
entusiasmar y movilizar a los partidarios y transformarlos en electores, y no
tanto para cambiar sus preferencias. Esta simple lógica explica por qué, en un
formato además muy plano, no se dio mucho margen para las sorpresas.
Un debate es de los pocos momentos en que los
candidatos se encuentran en igualdad de condiciones frente a la ciudadanía, sin
importar las evidentes diferencias entre las magnitudes de sus apoyos. A cada
candidato, por tanto, se le debe evaluar de acuerdo a lo que quería lograr
anoche.
Michelle Bachelet era quien más arriesgaba. Se
le vio incómoda y nerviosa en el inicio, validando las dudas sobre su
desempeño, pero sus momentos más complejos vinieron a partir de las preguntas
de los periodistas y no de las interpelaciones de sus contendores. Su gestión
de Gobierno le sigue pesando en términos de tener que dar explicaciones de lo
que hizo y no hizo, afectando la credibilidad de sus nuevas promesas; el mejor
reflejo de lo anterior es el recurrente tema del perdón a las víctimas del 27F,
o sus cambios de posición en materias como educación o matrimonio homosexual.
No era fácil para su estrategia de campaña, que se basa en dejar la puerta
abierta en muchos temas —lo que requiere de un cierto grado de indefinición—,
responder a preguntas directas de sí o no, por ejemplo, a la asamblea
constituyente. Los costos de la indefinición en un debate de primarias son la
desmotivación de los propios o de los partidarios de cada tema: grave riesgo
para unas primarias con voto voluntario.
Andrés Velasco fue quien mejor aprovechó sus
oportunidades. Fue directo y claro en marcar diferencias, logró un éxito
táctico al provocar uno de los pocos momentos de tensión entre su postura y la
de Bachelet, y le ayudó el morbo natural que provoca que dos que trabajaron tan
juntos en el pasado hoy se presenten como antagonistas. Velasco entendió que la
gran pregunta del debate era ésa: ¿Quién se atrevería a interpelar a Bachelet?
Y él lo hizo con su rechazo a las propuestas de AFP estatal, asamblea
constituyente y gratuidad en la educación superior. Esta estrategia le entregó
un protagonismo creciente y se ratificó en que la mayoría de los sondeos lo dio
como el ganador del debate.
Claudio Orrego, sin tener un mal desempeño, no
logró espantar el fantasma del tercer lugar en las primarias. Sus respuestas
eran correctas pero no marcaban diferencias, y en lo que a todas luces era su
oportunidad, los temas valóricos, y siendo el único católico de los 4
candidatos, lo traicionó su actitud: apareció «pidiendo permiso» para disentir
en temas como aborto o matrimonio homosexual, lo que por cierto está lejos de
entusiasmar y mucho menos movilizar a quienes comparten sus valores pero no
vieron en él a un claro defensor de los mismos. El riesgo de que el candidato
de la DC salga tercero se acrecienta luego de este debate.
José Antonio Gómez es poco lo que pudo hacer;
su posición era muy difícil y no logró superarla. Su agenda es casi la misma de
Bachelet, salvo matices, por lo que su única carta era la mayor convicción en
que el sí realizaría una asamblea constituyente o una profunda reforma
tributaria. El gran escollo de esa estrategia es que no tiene cómo competir con
la credibilidad de Bachelet y su apoyo desde la izquierda que promueve esa
agenda. La decisión del Partido Comunista de ir con Bachelet lo dejó en la
práctica sin margen y casi sin audiencia.
Al final el debate del pacto Nueva Mayoría, con
tres ex Ministros y una ex Presidente, pareciera no dejar más dudas que sobre
quién va a salir segundo, y es en esa lógica que Andrés Velasco se asoma como
ganador. Bachelet logra mantenerse en un ambiente seguro que, a su pesar,
terminará junto con las primarias.
La derrota del ALBA,
por Andrés Oppenheimer.
Algo muy inusual ocurrió en la reunión anual de
Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos
(OEA) la semana pasada: Estados Unidos y México ganaron una victoria Diplomática
sobre los Gobiernos populistas autoritarios que querían silenciar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión de
la OEA.
Es un acontecimiento raro, porque Venezuela,
Ecuador, Bolivia y otros miembros de su alianza bolivariana ALBA -a menudo
respaldados por países más grandes como Brasil y Argentina- han estado ganando
terreno en los últimos años en su ofensiva para debilitar a estas dos
instituciones semiindependientes de defensa de los derechos humanos, que son de
lejos lo mejor que tiene la OEA.
Pero en la reunión anual de la OEA celebrada el
5 y 6 de junio en Guatemala, una moción de Ecuador apoyada por el ALBA y
destinada a paralizar la Comisión Interamericana fue rotundamente derrotada en
la votación secreta.
La fallida ofensiva de Ecuador pretendía
paralizar la Comisión eligiendo tres nuevos miembros cercanos al ALBA, entre
ellos un funcionario de Ecuador. Se esperaba que la moción del ALBA triunfara,
en parte gracias a los votos de muchos países caribeños que reciben generosos
subsidios petroleros de Venezuela.
Pero en cambio, el voto secreto resultó en una
aplastante derrota del ALBA, y en especial del Presidente ecuatoriano, Rafael
Correa, que se había embarcado en una cruzada personal contra la Comisión.
El jurista mexicano José Orozco, que Preside la
Comisión y tiene buenos antecedentes en defensa de los derechos humanos, fue
fácilmente reelegido con 22 de los 34 votos de la OEA. El candidato de Estados
Unidos, James Cavallaro, profesor de leyes de las universidades de Harvard y
Stanford, que ha estado asesorando a la Comisión durante dos décadas, fue
elegido con una sorprendente mayoría de 20 votos.
El candidato ecuatoriano Erick Roberts Garcés,
que había criticado abiertamente a la Comisión, no fue elegido. En cambio, los
países optaron por un candidato de Brasil, que fue elegido con una mayoría
relativamente pequeña de 18 votos.
"Esto fue una gran victoria para la
Comisión como institución, así como para la protección de los derechos humanos
en las Américas", me dijo en una entrevista telefónica desde la reunión
José Miguel Vivanco, del grupo independiente Human Rights Watch.
"También fue una derrota importante para
los países del ALBA, que pretendían que se eligiera a un miembro de su bloque
para socavar el sistema desde adentro", añadió.
Vivanco agregó que "fue muy significativo
que los candidatos de México y Estados Unidos, que tienen excelentes
antecedentes en la defensa de los derechos humanos, fueran elegidos con más
votos que cualquier otro candidato".
Los funcionarios de EE.UU. mantuvieron un bajo
perfil y evitaron cantar victoria, en línea con la política del Gobierno del
Presidente Obama de evitar a toda costa darle munición propagandística a los
líderes populistas que buscan la confrontación permanente con Washington como
excusa para perpetuarse en el poder.
La Embajadora de Estados Unidos ante la OEA,
Carmen Lomellín, me dijo después de la votación que "fue un resultado muy
positivo, porque los estados miembro todavía defienden la autonomía y la
independencia de la Comisión". Al igual que otros funcionarios
estadounidenses, Lomellín atribuyó la victoria de los candidatos de México y
Estados Unidos a sus respectivas calificaciones profesionales.
Mi opinión: Es demasiado pronto para saber si
esto es un punto de inflexión en la Diplomacia latinoamericana, y un síntoma
del lento ocaso del ALBA después de una década de constante erosión de la
democracia, los derechos humanos y la libertad de prensa en la región.
Hay datos que podrían indicar lo contrario,
como que los Gobiernos latinoamericanos pocas semanas antes habían hecho la
payasada de elegir al último dictador militar de la región -el general Raúl
Castro, de Cuba- como Presidente de la Comunidad de los Estados
Latinoamericanos y del Caribe (Celac).
Y muchos países se siguen haciendo los
distraídos ante el hecho de que Venezuela se ha negado a realizar un recuento
de los votos de las cuestionadas elecciones del 14 de abril.
Pero la derrota de la ofensiva del ALBA contra
la Comisión es una excelente noticia, porque esta es una institución
profesional, que trata de denunciar las violaciones de derechos humanos sin
sesgos ideológicos. De hecho, ha criticado tanto los abusos cometidos por
Estados Unidos en su base de Guantánamo, o contra los inmigrantes
indocumentados, como los abusos cometidos por Venezuela, Ecuador o Bolivia.
Sería bueno que, en vez de defender los
derechos humanos tímidamente, mediante votos secretos, los países lo hicieran
abiertamente y con orgullo. En los últimos años ha habido demasiados retrocesos
en este terreno -tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos- como para
permitir que las libertades fundamentales se debiliten aún más.
Caso Luchsinger: inaceptable ceremonia en la
cárcel.
Estupor ha causado que Gendarmería, dependiente
del Ministerio de Justicia, haya autorizado la celebración del año nuevo
mapuche en el interior de la cárcel de Temuco, oficiada por el machi Celestino
Córdova, para quien la Fiscalía solicita presidio perpetuo calificado por el
asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, que pereció entre las llamas de un
ataque incendiario en Vilcún, el 4 de enero pasado. También se le imputa
participación en otro ataque armado en esa misma Comuna, el 22 de diciembre de 2012.
Se trata de delitos calificados como terroristas -incendio en casa o lugar
habitado, e incendio que causa la muerte de las personas-. Córdova es el único
aprehendido hasta ahora. Si bien se estima que actuó un grupo armado de entre 5
y 7 personas, solo él ha sido habido, pues resultó herido por una de las
víctimas en inútil intento de repeler el ataque.
A dicha ceremonia, que se prolongó por unas
cinco horas, asistió más de un centenar de invitados, en su mayoría dirigentes,
machis e integrantes de comunidades indígenas de la Región. El Alcaide de la
cárcel sostuvo que el reglamento permite al imputado formular tal solicitud,
por lo que ella fue "atendida y aceptada". Con anterioridad, ya había
sido autorizado para realizar una rogativa en ese recinto penal.
A todas luces, lo ocurrido es absolutamente
inaceptable. Su calidad de machi (autoridad espiritual) no justifica que se
permita al acusado de un crimen atroz invitar a un acto masivo, en el que puede
oficiar como si no hubiese mediado delito alguno. Cabe preguntarse si, en
condiciones similares, Gendarmería habría autorizado a un clérigo de cualquier
otra creencia para hacer otro tanto.
Y cabe presumir, igualmente, que para
garantizar la seguridad y evitar un eventual "rescate" del acusado,
las autoridades debieron disponer medidas especiales, destinando a ello
personal que se restó a la menos que precaria seguridad pública de una zona donde,
manifiestamente, no hay capacidad para hacer valer el Estado de Derecho.
No cabe admitir que el Convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas, que garantiza el respeto de sus costumbres y
creencias, pueda significar que el Estado de Chile abdique de sus atribuciones
esenciales, de modo que baste invocar la calidad de miembro de alguno de
aquellos para hacer letra muerta de la Constitución que establece el principio
de igualdad ante la Ley. Ello no implica desconocer las complejidades del
llamado conflicto mapuche, pero no se aprecia desde qué perspectiva puedan en
este caso justificarse privilegios de esta naturaleza. Desde luego, no se
podría sostener que una autorización semejante -no imaginable en ningún país
desarrollado- obedece a que los servicios de inteligencia aprovecharan esa
reunión para identificar a posibles cómplices del presunto hechor, y así hacer
progresar la investigación judicial, pues ningún precedente permite suponer que
esos servicios posean tal ánimo o capacidad.
En cambio, el Estado sí está en deuda, y grave,
en cuanto a brindar a todos los habitantes de La Araucanía un nivel aceptable
de seguridad y de garantía de la vigencia plena del Estado de Derecho, y este
episodio es una pésima señal para la población, que hiere a las familias de las
víctimas y puede afectar la moral de quienes deben perseguir el crimen
organizado.
Transcurrido casi un semestre desde el crimen
sin que los demás hechores hayan sido siquiera identificados, el Estado aparece
impotente frente a una insurgencia incontrarrestada, y la indignación de los
afectados exige una respuesta de todas las instituciones responsables.
Las preguntas que dejó el debate opositor.
Merece resaltarse la apuesta hecha anoche por
dos canales televisivos (una señal abierta y uno de cable) al programar en su
horario estelar un debate político, asumiendo el rol que a ese medio cabe en
cuanto a contribuir a la discusión democrática; la buena sintonía alcanzada
muestra, por otra parte, que sí existe un interés ciudadano en esta materia.
Pero la valoración de ese hecho no impide advertir las limitaciones del formato
utilizado, evidente resultado de una negociación con los comandos que minimizó
las posibilidades de confrontación entre los participantes. Un esquema así, con
escaso espacio para el riesgo, evidentemente favorece a los candidatos que
corren como favoritos y que, por lo mismo, tienen poco que obtener de un foro
televisivo. Desde esa perspectiva, y más allá de las habituales discusiones
sobre «quién ganó» anoche, lo cierto es que la candidata Michelle Bachelet
puede hacer un balance airoso: no vivió momentos incómodos, no cometió grandes
errores y nada de lo que ocurrió parece haber podido amagar su actual ventaja
en la carrera opositora. Ello, sin embargo, no quiere decir que el debate no
haya dejado abiertas ciertas preguntas relevantes.
¿Cómo va la batalla por ser segundo? Las redes
sociales y algunos analistas han señalado a Andrés Velasco como el ganador de
esta disputa. El ex Ministro logró posicionarse como un (muy amable)
contradictor de Michelle Bachelet, que marcó diferencias tanto con ella como
con los otros candidatos y que apareció defendiendo parte de la obra
concertacionista, incluidas decisiones hoy polémicas —negativa a eliminar la
cotización de 7% en salud; no extensión del posnatal—, aunque haciendo notar el
rol en ellas de su ex Jefa. El DC Claudio Orrego también apostó a perfilar una
identidad propia, con su rechazo al matrimonio homosexual y su postura frente
al aborto (esta última, más allá de la retórica, no demasiado distinta de la de
sus contradictores), pero su reclamo para no ser calificado de «intolerante»,
en circunstancias de que nadie lo había cuestionado por ello, resultó un tanto
artificioso.
En cuanto a José Antonio Gómez, dejó clara la
radicalidad de su propuesta (lo que a su vez ayuda a Bachelet a evitar el mote
de «izquierdizada»), pero ya los hechos previos al foro (como el apoyo PC a la
ex Presidente) tendieron a enmarcarlo en un testimonialismo que ayer sólo se
confirmó.
¿Fue suficiente? La experiencia internacional
sugiere que, en un esquema de voto voluntario y más aún en una primaria, la
clave de un candidato exitoso es motivar a los electores para que concurran a
votar. Ello significa darles razones que los entusiasmen y no simplemente
ganarse su buena opinión. Un debate como el de ayer, enmarcado en los términos
de la corrección política, no necesariamente contribuye a esos objetivos. Por
eso, algunos analistas echaron en falta mayor agresividad de parte de Velasco
(por ejemplo, haberle recordado a Bachelet su frase de «no repetirse el plato»,
cuando ella bromeó con el tema de la «vieja política») y en general un sentido
más épico en su discurso. A diferencia de sus contendores, que cuentan con el
funcionamiento de sus máquinas partidistas como punto de partida, para él este
tipo de instancias de apelación directa a la ciudadanía son mucho más
determinantes.
Desde una visión más general, tampoco es
evidente que la jornada de anoche vaya a servir para potenciar la participación
el próximo 30 de junio: de nuevo, se vio a candidatos con discrepancias en
puntos importantes, pero no se disipó la sensación de que el resultado de la
primaria ya está definido ni los potenciales electorales recibieron un mensaje
claro respecto por qué su voto puede ser relevante.
¿Son aunables las diferencias? Es revelador
que, en un esquema que poco favoreció el contraste de posiciones, haya podido
constatarse una importante cantidad de temas donde los cuatro Presidenciables
tienen posiciones muy distintas: cambios Constitucionales (desde la postura de
Bachelet, que no ve como primera opción pero tampoco desecha una asamblea
constituyente, hasta Velasco, que rehúsa hablar de una nueva Carta Fundamental
y prefiere jugarse por cambios específicos, pasando por un Gómez que quiere sí
o sí la asamblea, y un Orrego que no plantea asamblea, pero sí otra
Constitución); gratuidad total en la educación superior (pedida por Bachelet y
Gómez; desechada por Velasco y Orrego); sistema previsional (desde la propuesta
de Gómez de volver al esquema de reparto hasta el rechazo de Velasco a una AFP
estatal); matrimonio homosexual. No es primera vez que la hoy «Nueva Mayoría»
se enfrenta al desafío de converger desde distintas posiciones en una
plataforma común: fue el ejercicio que hizo la Concertación a fines de los 80
para levantarse como coalición exitosa. La diferencia es que hoy, 20 años
después, ya no existen factores disciplinadores como lo eran entonces los
anhelos por recuperar y estabilizar la democracia. Por lo mismo, la negociación
programática post 30 de junio se avizora particularmente tensa.
Creación de expectativas
por Nassir Sapag.
Al reducirse los plazos para la elección Presidencial
están apareciendo propuestas más concretas de los candidatos, aunque todavía
quedan demasiadas respuestas pendientes para que se vote por un programa, más
que por expectativas a veces difíciles de cumplir con los recursos disponibles,
por muy buenas que sean las intenciones de quienes las plantean.
Hay dos riesgos de decir lo que la gente quiere
escuchar y no lo que realmente se podrá esperar de un próximo gobierno en sólo
cuatro años de gestión.
Proponer una asamblea constituyente (aplaudida
por miles de ciudadanos que ni siquiera están informados de qué se quiere modificar);
anunciar la necesidad de aumentar los impuestos (sin que se sepa por qué vía,
si afectará al empleo o, como pasa generalmente, son traspasados al consumidor
final); decir que hay que crear empresas Estatales (sin referirse si serán
gestionadas con criterio privado como, por ejemplo, con el caso de las
comisiones del BancoEstado) y nacionalizar otras (sin haber medido el beneficio
real neto de hacerlo o de destinar recursos de inversión cuantiosos que podrían
ir a solucionar otros problemas); anunciar públicamente que no se usará la
institucionalidad vigente para desalojar las tomas de colegios y universidades
(sin saber si ellas representan la voluntad de la mayoría de los estudiantes ni
el impacto del paro sobre la calidad de la educación que dicen defender);
criticar la acción de Carabineros para defender los bienes públicos y privados
de un grupo de manifestantes encapuchados (aunque muchos los usan para su
resguardo personal por el cargo que detentan), o rechazar la nominación de una
Juez a la Suprema, “porque el Gobierno no negoció antes con la oposición” (sin
entrar a calificar sus aptitudes), me hacen tener los mismos sentimientos que
tenía a finales de los años 60.
Cuando se genera un clima de inseguridad e
incertidumbre, surge el primer riesgo de ver que las inversiones se postergan o
definitivamente se abandonan, pudiendo retrotraer todo lo avanzado en la
creación de una cultura emprendedora, especialmente en los jóvenes.
La creación de expectativas, que siempre son
altas cuando no se explica qué se hará y en qué tiempo, lleva a un segundo
riesgo. Cuando los recursos no alcancen para hacer todo, sentir incumplidas las
promesas sólo genera un malestar que se traduce en más descontentos y
movilizaciones, independiente de que el Gobierno de turno reconozca sus
restricciones o de si culpe a la oposición por no permitirle actuar como
quisiera. Un escenario así me hace recordar los mismos sentimientos que tenía a
principios de los 70.
Normas claras y creación de expectativas reales
son condiciones básicas para el desarrollo ordenado del país. Plantear en forma
genérica la necesidad de hacer cambios sin demostrar a qué costos y con cuáles
beneficios, sólo conduce a crear incertidumbre, a reducir las inversiones, a
postergar emprendimientos que darían más empleo y a aumentar la incertidumbre
laboral, elemento básico de la percepción de bienestar de la gente.
A meses del cambio de Gobierno, preocupa que
varios candidatos digan que están “escuchando a la gente” para terminar de
elaborar su propuesta programática. Otra muestra de su prioridad por ganar que
por tener la convicción de liderar un proyecto país capaz de validar en las
urnas.
Las convicciones de Bachelet.
En entrevista concedida a diario El Mercurio, la candidata del PS y PPD con apoyo
del PC ("Nueva Mayoría") a las primarias opositoras, Michelle
Bachelet, dio a conocer sus posturas sobre algunos temas en debate durante esta
campaña, mostrando sus convicciones para el programa que está impulsando.
Por de pronto, el tono que ella utiliza en la
entrevista denota una renovada confianza en sí misma, por haber ejercido ya una
vez la Primera Magistratura y, además, por haber pasado de ser inicialmente
cuestionada dentro de su conglomerado, cuando recién se insinuaba su
candidatura Presidencial en 2004, a ser venerada por el mismo, sobre la base de
su actual popularidad. Si al comienzo de su anterior Gobierno, pese a que su
fuero interno la instaba a no iniciar el Transantiago (como afirmó tras los
enormes problemas que eso acarreó), permitió que parte de su Gabinete (que
probablemente incluía a su entonces Ministro de Hacienda y actual contendor,
Andrés Velasco) se impusiera sobre su instinto, hoy parece mucho menos probable
que algo así ocurra. Si durante su anterior Gobierno no creó una AFP estatal,
nuevamente en contra de su instinto -"siempre he creído en una AFP
estatal", dijo en la entrevista-, y prefirió seguir el consejo de Andrés
Velasco, quien continúa oponiéndose a una AFP del Estado, hoy lo más probable
es que sí la impulse. Si en la ocasión anterior la gradualidad para introducir
modificaciones institucionales fue parte determinante de la manera como abordó
su Gobierno, en parte porque se permitió dejar parcialmente de lado sus propias
convicciones, dándoles más acogida a sus asesores en contra de sus propias
ideas, eso al parecer ha cambiado ahora, y la renovada confianza con que
emprende esta candidatura probablemente la llevaría a introducir cambios de
modo mucho más radical que antes.
Sus convicciones se manifiestan en múltiples
ámbitos. Así, por ejemplo, piensa que se ha producido un fin de ciclo en el
desarrollo del país, y que "la desigualdad" de ingresos y de opciones
para las personas marca la necesidad de abrir uno nuevo, lo que le da pábulo
para cuestionar la trayectoria que el país siguió en las décadas recién
pasadas, no porque no haya tenido éxitos -que sí reconoce-, sino para modificar
los ejes en que se fundó esa trayectoria ("la vieja tesis de que el empleo
te saca de la pobreza no es cierta", aseveró como una muestra de la
necesidad de nuevos ejes). También está su actual oposición al lucro en la
educación. Eso significa que los colegios particulares subvencionados no podrán
tener fines de lucro ni tampoco financiamiento compartido, modificación
sustancial en la oferta educacional disponible para que los padres elijan.
"Podrá haber salarios", pero no lucro con las platas del Estado,
expresó. ¿Sugiere eso que los excedentes de los actuales colegios particulares
subvencionados podrían retirarse, aumentando salarios? El fin al lucro con
dineros del Estado, ¿significa en general que, por ejemplo, no se podrán
contratar cirugías AUGE de Fonasa en clínicas privadas, ni subsidios de agua
potable a las empresas privadas que la proveen, ni subsidios de vivienda si
estas son construidas por empresas privadas? ¿Significa que las universidades
privadas, que deberán ser gratuitas en unos 6 años más, tendrán además un
arancel fijado por el Estado, a su discreción y arbitrio, si desean ofrecer
títulos reconocidos por este? Sus convicciones abren tantas incógnitas como las
propuestas que ofrece, y la campaña deberá despejarlas en beneficio de los
ciudadanos.
Por otra parte -según la candidata-, el cambio
de ciclo también demanda una nueva Constitución, no solo de una reforma, porque
-sostiene- además de las dificultades políticas y de quórum para reformarla, y
de su ilegitimidad de origen, se requiere introducir los derechos sociales, de
género y de pueblos originarios, propios del nuevo ciclo que ella postula, y
cambios en la Regionalización del país, entre muchos otros. Pero, ¿por qué eso
debería hacerse mediante una nueva Constitución, abriendo inevitablemente las
puertas a todo tipo de peticiones populistas y de incertidumbres sobre su contenido?
Es una duda no aclarada. Las convicciones de Bachelet 2013 son las que el país
deberá ponderar con su voto.
Seguridad nacional e intromisiones a la
privacidad.
El Gobierno del Presidente norteamericano
Barack Obama ha debido enfrentar en las últimas semanas una serie de problemas
que han complicado su situación política y generado cuestionamientos respecto
de la forma en que el sistema público conoce y utiliza información sobre
privados, que hasta hace un tiempo se encontraba fuera de su alcance. El asunto
pone en discusión los límites de la esfera de acción del aparato Estatal y las
maneras en que debe ser protegido el ámbito particular de cada individuo. Se
trata de un tema emergente que requiere definiciones, en especial debido a la
creciente introducción de tecnologías con enormes potenciales invasivos.
El último episodio de esta cadena de
revelaciones se produjo la semana pasada, cuando se dio a conocer que la
Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos posee registros de millones de
llamadas telefónicas de la compañía Verizon y que es capaz de ingresar a los
servidores de empresas como Google, Apple o Facebook. En mayo se había sabido
que el Departamento de Justicia obtuvo acceso irregular a un registro de al
menos 20 líneas telefónicas de varias oficinas y periodistas de la agencia de
noticias Associated Press (AP) en torno a las filtraciones a la prensa de
detalles de una operación antiterrorista en Yemen, y que el Servicio de
Impuestos Internos (IRS) de ese país utilizó de manera arbitraria sus
facultades fiscalizadoras para hostigar desde 2010 a grupos políticos
vinculados al movimiento del Tea Party.
Estos escándalos han generado tormentas
políticas, al punto que algunos comentaristas llegaron a sostener que podrían
opacar el segundo mandato del Presidente Obama, inaugurado hace apenas cinco
meses. Mientras en el caso del IRS se desarrollan investigaciones federales y
la Casa Blanca removió de su cargo al Director del organismo por sobrepasarse
en sus atribuciones, en los otros dos el Gobierno ha salido a defenderse. El
Jefe de Estado señaló el domingo que “no se puede tener el 100% de seguridad y
el 100% de privacidad”, añadiendo que los programas de vigilancia cuestionados
“han prevenido muchos ataques terroristas”.
Parece evidente que el creciente uso de las
nuevas tecnologías de la información abre una enorme posibilidad a los
servicios públicos para rastrear y recabar datos. Ello, por supuesto, permite
mejorar la seguridad de sociedades como la norteamericana, objetivo permanente
del terrorismo, aunque al costo de afectar la privacidad de millones de
personas que interactúan a través de internet o el teléfono. Dada esta nueva
realidad, surge la pregunta de cuál es el nivel aceptable de intromisión del
Estado en las comunicaciones entre particulares y los controles requeridos
cuando se estime que ello se justifica, más aún si resulta obvio que en los
últimos casos se han traspasado fronteras configuradas por los derechos básicos
de las personas, teóricamente inviolables, pero en la práctica cada vez más
expuestos.
El respeto a garantías fundamentales, como el
derecho a la privacidad o la libertad de prensa, en el caso del espionaje a AP,
es un deber irrenunciable para las autoridades de cualquier Estado, más todavía
si se trata de uno democrático. En los casos en que se estime que deben existir
excepciones, es indispensable que ellas estén sujetas al control de los
tribunales, a fin de que se protejan los derechos de los ciudadanos y su
dignidad esencial.
Un par de cartas para la reflexión.
Señor Director:
Pensión de exonerado.
En entrevista a diario El Mercurio, del domingo
9, la candidata Michelle Bachelet, refiriéndose al tema de los exonerados
políticos, ha dicho: "Hay gente que está muy impresionada por Sergio
Onofre Jarpa y Hermógenes Pérez de Arce. Lo más probable es que recibieron este
tipo de compensación mucho antes de tener la situación actual".
Lo expresado por la candidata no es verdad en
lo que a mí respecta, pues nunca he recibido pensión como exonerado político.
Hermógenes Pérez de Arce Ibieta.
Señor Director:
Asamblea constituyente.
En "El Mercurio" del lunes se señala
que nuestro Centro de Alumnos se podría sumar a la campaña del grupo de
profesores que han apoyado la asamblea constituyente. Quiero aclarar que esto
no es cierto y no hemos colaborado con ella. El único contacto que hemos tenido
con dicho grupo ha sido para efectos de realizar un debate universitario, en
donde se expongan las diversas posturas académicas del tema, ya que creemos que
este se debe enfrentar con seriedad y sin prejuicios.
Nicolás Santa María G., Presidente Centro de
Alumnos Derecho UC.
Señor Director:
Mentiras.
No hay cosa más chilena que la mentira o
engaño. ¿No es verdad que el chileno confía mil veces más en la palabra de un
extranjero del hemisferio norte que en la de su propio compatriota? Lamentablemente
vivir a la chilena es vivir con chivas. Y, sabiendo todo esto, ¿por qué los
chilenos actúan tan sorprendidos cuando falsos exonerados sacan provecho del
sistema? ¿Se puede pensar que una sociedad que acepta, alaba y se beneficia de
la mentira no la usará en temas relacionados con políticas públicas? ¿No sería
esto lo que ocurrió con el INE?
La izquierda puede mejorar su imagen pública en
un año electoral mintiendo. Estadísticos mundiales saben que hay casas no
censadas, por tanto los encuestadores deben “imputar” el número de habitantes.
Está permitido en estadística. Había aparentemente 700 mil imputados bajo Lagos
en 2002, y bajo Piñera, 600 mil. No obstante, el director del INE, Francisco
Labbé, fue recientemente crucificado por semejante “error”. ¿Qué importa una
grave mentira si lograrían éxito en promover la agenda izquierdista? Usar en
los medios la palabra “inventar” en vez de “imputar”, acusando falsamente a
Labbé, es sólo un detalle. Aún los más cercanos de su equipo podían corromperse,
sobre todo cuando el entorno de trabajo es mayoritariamente izquierdista.
Primero Beyer y Golborne, e inmediatamente después Labbé, en un espectáculo
orquestado por la izquierda. Los chilenos no tienen ninguna duda de que Labbé
inventó cosas y engañó, porque saben que la naturaleza chilena es mentirosa y
tramposa. ¿Por qué la mentira de la izquierda se tolera? ¿Es más bonita?
John Cobin, Ph.D., Facultad de Economía y
Negocios, Universidad Andrés Bello.
Pueblos bien
informados
difícilmente
son engañados.