desde los 3 años, con esta medida, se llega a los
13 años de enseñanza obligatoria
en el país. El Mandatario subrayó que la educación
preescolar ‘’está en el corazón
de las prioridades’’ del Gobierno.
La
FAO felicitó a Chile y a otros 37 países por ganar la lucha contra el hambre,
la
Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación valoró
el
esfuerzo de los estados principalmente latinoamericanos y africanos por aplicar
el
programa ‘’Reto del Hambre Cero’’.
Según
el Informe Semanal de Precios de ENAP, los combustibles líquidos registrarán
alzas
desde hoy. La bencina de 93 octanos subirá en $ 5,8, la de 97 lo hará en $8,1 por
litro.
La parafina elevará su valor en $ 7,1 y el petróleo diésel en $8,3 por litro.
Operadores
prevén que TPM se mantendrá en junio pero caería en el segundo trimestre,
en
tanto el IPC anotaría un alza de 0,4% en el presente mes, mientras que llegaría
a un 2,8%
en
un horizonte de 12 meses.
Empresa
española se adjudica construcción de dos tramos de nueva línea 6 del Metro, la firma
Obras
Subterráneas (Ossa) asociada con la chilena Echeverría Izquierdo construirá dos
túneles y
cuatro
estaciones por 126 millones de euros.
Autoridades señalaron que la investigación se llevó a
cabo en distintos barrios de esa
ciudad
española.
Rescatan
a más de 270 personas sometidas a esclavitud por empresa en México, entre los
afectados
hay varios menores de edad, quienes eran retenidos a la fuerza por una firma
agrícola.
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Empleados
de la TV pública griega siguen emitiendo tras el cierre del Gobierno, el Presidente
del
sindicato de trabajadores, Panayotis Kalfayanis, llamó a ocupar el edificio, e
indicó que iba a
llevar
el caso a ‘’la justicia europea y la justicia griega’’.
Producción
industrial subió en abril 0,4% en la eurozona y 0,3% en la UE, sin embargo, en
términos
interanuales el ítem registró en abril caídas del 0,6% en la zona del euro y
del
0,8%
en el grupo de los Veintisiete.
Nelson
Mandela cumplió su quinto día en el hospital sin mejoras en su salud, un vocero
de la
Presidencia
sudafricana señaló que hasta ahora, no hay un nuevo reporte médico del ex
Mandatario
y Nobel de la Paz.
La gratuidad, proyecto de dominación.
por Gonzalo Rojas.
¿Es la educación superior un bien de consumo o
un derecho social? Sobre esa disyuntiva disputan las ideologías. Pero desde
dentro de la vida universitaria misma, no consideramos que sea ni una cosa ni
la otra, sino algo muy diferente.
¿Saben qué es la educación superior? Un proceso
de formación lleno de deberes. El problema es que si hay una mentalidad que se
contrapone a la del deber, que no lo tolera y lo rechaza, es la de la
gratuidad. Y la gratuidad está de moda, porque de moda y por unos meses está
Bachelet.
La gratuidad en la educación superior -es
decir, tú no pagas, otros pagarán impuestos para que tú estudies gratis- es la
fórmula más sutil jamás concebida para colocar a cientos de miles de jóvenes en
el umbral de su total aniquilación.
Llegarán a la universidad que escojan y, sea
cual sea, se enfrentarán a un conjunto de realidades en sí mismas onerosas,
completamente contradictorias con el arancel cero asignado a sus estudios.
Los profesores les pediremos que paguen por
todo: que dediquen mucho tiempo al estudio, que corrijan sus errores, que
adquieran libros y materiales costosos, que superen sus limitaciones
intelectuales. Todo caro, todo exigente y sin ningún éxito asegurado. Deberán
pagar por todo. Pero, por contraste, la política oficial les estará diciendo:
tú mereces estudiar gratis.
Los que entiendan el engaño de que han sido
objeto reaccionarán contra el diseño socialista. Los demás, rebeldes por un día
y borregos por las próximas décadas, denunciarán a sus maestros y a sus
instituciones por explotación. Los profesores, las autoridades, las normativas
quedarán sujetas al "control de gratuidad", es decir, "como
estudio gratis, fácilmente debo aprobar y graduarme". Nadie ha descrito
esa condición mejor que Dostoievski: "Era un escéptico, era joven, dado a
las abstracciones y por lo tanto, implacable".
El aprendizaje para la vida quedará por
completo anulado. Todo lo que la universidad supone de transición entre la vida
juvenil y el mundo de los adultos será totalmente suprimido, ya que al proyecto
socialista nada le resulta más conveniente que una masa informe de eternos
adolescentes: incapacitados para valerse por sí mismos, miles de jóvenes
estirarán sus manos para recibir la migaja estatal, cuando podrían estar
moviéndolas para crear riqueza y forjarse un destino.
Los planificadores de la izquierda conocen muy
bien las coordenadas de gran parte de la juventud actual: saben que son
individualistas, que van a lo suyo, que gastan o se endeudan en sí mismos...
Por lo tanto, saben que nada podría cautivarlos más que la gratuidad de sus
estudios superiores. Obviamente, no les dirán que cuando algo te cuesta, te
esfuerzas más, y cuando algo es regalado, no te esfuerzas nada. Jamás les
reconocerán que hoy en Argentina se gradúa el 27% de los matriculados y en
Chile, el 57%.
Por cada Boric, Figueroa, Ballesteros, Jackson
y Vallejo que vocifera a favor de la gratuidad, 10 mil tipos comunes y
corrientes se transformarán en sus clientelas. Adocenados, mascarán las lauchas
que desde el Estado les quieran lanzar sus dirigentes para su alimentación.
Entremedio, Chile habrá perdido miles de
emprendedores, de creadores, de innovadores, de gestores de iniciativas
sociales. Y, sobre todo, el país se habrá privado de los mejores talentos
universitarios, porque nadie puede pretender que en un clima socialista de
mediocridad intelectual consumada, la universidad, la ciencia y la cultura
puedan ser lugares atractivos para los mejores espíritus.
Esos mundos se llenarán de los burócratas de
siempre, de esos que hacen como que trabajan, porque hacen como que les pagan.
Información Parlamentaria,
por Sergio Villalobos R.
La Biblioteca del Congreso Nacional suele
entregar a los miembros de la corporación información impresa sobre los temas
en discusión. Un propósito tan loable ofrece, sin embargo, serios
inconvenientes, por la complejidad de muchos asuntos que solo pueden ser
dilucidados por especialistas.
Recientemente se ha entregado un informe sobre
"Tratados y Acuerdos" con los araucanos, en que se emplean términos
ambiguos de manera confusa: Estado, soberanía, tratado, territorio.
Los llamados parlamentos son señalados como
tratados, en circunstancias que el término era empleado en sentido lato, como
acuerdo entre partes. No podían ser considerados como tratados, porque estos se
entendían como acuerdos formales y solemnes entre Estados soberanos. Si bien el
Estado español y luego el chileno cumplían con esas condiciones, no ocurría lo
mismo con los araucanos, que eran tribus segregadas sin Gobierno común y que no
tenían más que una misma cultura. Además, las reuniones se efectuaban con solo
una parte de esas comunidades.
Se comete un grave error al pensar que los
parlamentos eran impuestos por los indígenas después de ofensivas victorias. La
verdad es al revés, porque la convocatoria y los acuerdos eran establecidos por
los dominadores, según la documentación existente, y eran aceptados por los
nativos después que las armas hispánicas o chilenas los tenían en situación
aflictiva o amenazaban con mayores depredaciones. Agreguemos que a las
reuniones asistían los "indios amigos" o reducciones que apoyaban a
los cristianos.
España impuso los parlamentos por razones de
orden mayor: sus gastos en la guerra de Arauco eran excesivos en momentos en
que disminuía la producción de plata en Potosí y había que sostener luchas muy
onerosas en diversos escenarios del mundo. Por otra parte, y no la menor, la
difusión del cristianismo debía hacerse de manera pacífica, porque el uso de
las armas daba peores resultados.
En el informe que nos ocupa hay errores
concretos. Se menciona el parlamento de Tapihue (1825) como un reconocimiento
de la libertad de los araucanos; pero la verdad es exactamente la contraria: se
expuso que el territorio chileno llegaba hasta los confines de Chiloé y que
todos los habitantes serían tratados como ciudadanos chilenos y estaban sujetos
a las Leyes que dictase el Congreso.
En otros artículos se estipula que los Jefes
indígenas serían "caciques Gobernadores", quedando de alguna manera
dentro del Estado chileno. Junto a ellos permanecerían los "Capitanes de
amigos", miembros del Ejército encargados de vigilarlos y guiarlos.
Mediando ese contexto se entiende que al iniciarse la reunión, los indígenas
corriendo a caballo gritasen: "¡Viva la Paz! ¡Viva la Patria! ¡Viva la
Unión!
Para rematar los errores, el informe de la
Biblioteca del Congreso menciona en forma destacada un parlamento de Tantauco
(1826) que jamás existió. Se trató de la rendición de los realistas de Chiloé,
y tuvo por finalidad poner término a la lucha de la emancipación. El mismo
informe indica que no asistieron indígenas, y se extiende en una incomprensible
consideración sobre las tierras de los nativos de la isla.
El error capital de la Biblioteca del Congreso
ha sido dar crédito a autores ideologizados carentes de seriedad. Es de esperar
que los Parlamentarios sean más cautos y responsables.
Sí, vale la pena,
por Carolina Schmidt Z.
En pleno año de elecciones, cuando el foco de
la contingencia en educación pareciera estar en la gratuidad de la educación
superior y en la defensa de las legítimas aspiraciones de diversos grupos de
interés, es cuando más necesario se hace recordar que Gobernar es saber priorizar
el bien común por sobre el bien particular, y el beneficio futuro por sobre el
inmediato. Como todos sabemos, esto no es fácil y muchas veces implica asumir
grandes costos.
La educación es la mayor fuente de expectativas
de una sociedad porque es el motor de la movilidad social y la principal
herramienta para corregir las profundas desigualdades que se inician desde la
cuna. Pero los efectos de la educación no solo dependen de su calidad y
cobertura, sino también la intervención temprana es clave.
El capital cultural de los padres, en especial
de la madre, por su gran incidencia en el desarrollo del lenguaje (por eso
hablamos de "lengua materna"), es determinante en el desarrollo que
alcancen los hijos. La intervención temprana de la educación es vital para
potenciar ese desarrollo y fundamental para corregir las desigualdades que se
originan y se refuerzan a lo largo de toda la vida, por las enormes diferencias
socioculturales de las familias.
El 80% del potencial cognitivo y socioemocional
se desarrolla en la primera infancia. El verdadero bien social para generar
igualdad está en el acceso gratuito, universal y de calidad a este nivel,
particularmente entre los 3 y 6 años de edad.
A pesar de los importantes avances que se han
hecho en los últimos 10 años, todavía nos queda mucho camino por recorrer: en
cobertura, calidad, pero, sobre todo, en equidad en el acceso. En kínder, por
ejemplo, el número de niños del quintil de menores ingresos que no asiste es
diez veces superior al de mayores ingresos. Son justamente los niños más
vulnerables quienes más se benefician de un acceso temprano a la educación
preescolar y precisamente ellos quienes menos asisten. De no intervenir de
manera temprana, estos niños con mucha dificultad podrán equipararse con el
resto o alcanzar su máximo potencial. De nada servirán los esfuerzos que
hagamos en los cursos superiores: su crecimiento educacional será como el de un
edificio al que le faltan los cimientos.
Los resultados de la prueba Simce de cuarto
básico lo muestran con crudeza: Mientras el 71% de los niños del nivel
socioeconómico alto ya tiene los conocimientos que corresponden a su nivel
educativo, solo 29% de los niños del nivel socioeconómico bajo los alcanza.
En el último tiempo hemos incrementado la cobertura
en educación parvularia en 19%, pero aún estamos muy por debajo del promedio de
los países desarrollados, especialmente en el rango etario de tres a cuatro
años, donde solamente alcanzamos el 51%.
Mejorar la cobertura y su distribución requiere
no únicamente garantizar el acceso a este nivel educativo, sino también un
cambio cultural: no debemos olvidar que, según Casen 2011, el 87% de las
familias que no envían a sus hijos a educación parvularia considera este nivel
educativo "innecesario". La afirmación "no asiste porque está
bien cuidado en la casa" demuestra que todavía se entiende el nivel
parvulario como cuidado y no como educación.
Las dos medidas anunciadas el 21 de mayo atacan
precisamente estos flancos: acceso gratuito a educación parvularia para todos
los niños y niñas a partir de los tres años, y kínder obligatorio.
Asimismo, estamos sacando adelante en el
Congreso el proyecto de Ley que regula y eleva las exigencias para la apertura
y funcionamiento de salas cuna y jardines infantiles para dar a todo padre y
madre la tranquilidad de que, cuando envíe a su hijo o hija a una sala cuna o
jardín infantil, lo hará a un lugar seguro, y se le entregan a la
Superintendencia de Educación las facultades para fiscalizar y sancionar el
incumplimiento de estas medidas.
Por eso, a pesar de todas las dificultades, a
pesar de la contingencia y el clima confrontacional que desgraciadamente se ha
instalado en la política, sí vale la pena. Vale la pena jugársela por
establecer en nuestro país políticas como el posnatal de seis meses; el cuidado
compartido de los hijos; la regulación de las salas cuna y jardines infantiles;
el acceso universal y gratuito a la educación parvularia para todos los niños y
niñas a partir de los tres años de edad y el kínder obligatorio. Estas medidas
serán mucho más que políticas del Gobierno del Presidente Piñera; serán un
legado de políticas públicas que permanecerán en el tiempo por su real
contribución a la justicia, a la equidad y al verdadero desarrollo económico y
social de Chile. Definitivamente sí, vale la pena.
Golpe lírico,
por Daniel Mansuy.
¿Una nueva Constitución para Chile? La idea,
que parecía descabellada hace algunos meses, va ganando más y más adeptos. La
argumentación brilla por su simpleza: la actual Carta Fundamental no sólo tiene
vicios de origen, sino que además el tinglado que dificulta su modificación
favorece sistemáticamente a la minoría. Si la democracia guarda alguna relación
con el autogobierno, nada más normal que promover una deliberación colectiva
sobre las reglas fundamentales que han de regir nuestra vida común.
Para los juristas que defienden esta posición,
el diagnóstico es mucho más importante que el método -como si en derecho la
forma pudiera ser secundaria-. Así, Fernando Atria ha sugerido un plebiscito
convocado por decreto Presidencial como antesala de la asamblea constituyente.
La Constitucionalidad de la iniciativa es más que dudosa, pero las objeciones
formales no hacen sino confirmar las intuiciones de Atria: ¿Por qué habríamos de
respetar puntillosamente una Constitución ilegítima que queremos reemplazar?
Esta pregunta condensa la discusión y sus dificultades: Atria propone un golpe
blanco. Tiene razón al menos en un punto: el momento constituyente está
necesariamente suspendido en el aire.
Hasta aquí, todo parece muy lindo -casi diría
demasiado-. Las dificultades empiezan a la hora de considerar la viabilidad
política. Por de pronto, no hay que ser un genio para advertir que los golpes
blancos sólo son incruentos si descansan sobre consensos muy amplios. Sin
embargo, todas estas propuestas han jugado más en la cancha de la tensión que
de la persuasión, sin considerar que es impensable alcanzar acuerdos Constitucionales
en un clima polarizado. Un proceso Constitucional implica transar, ceder y
dialogar, mientras que hoy se prefiere exigir, interpelar y vociferar.
Con todo, la dificultad más grave de esta
propuesta va por otro lado y podría resumirse así: padece de lirismo Constitucional.
Los partidarios de la asamblea constituyente están convencidos de que, ahora
sí, tendremos una Constitución pura. Para disipar las ilusiones, quizá baste
recordar que la composición de una hipotética asamblea constituyente no sería
muy distinta de nuestro actual Congreso, y allí no abundan los ángeles. La
constituyente no es más que una radicalización de la idea representativa y
tendrá los mismos defectos que tienen nuestros representantes: cuidar los
propios intereses, mentalidad cortoplacista, tendencia al populismo y, peor,
enormes dificultades para alcanzar consensos en materias importantes. ¿Por qué
habríamos de confiarles, en este momento, la elaboración de una nueva
Constitución? Es cierto que el debate Constitucional se encuentra en un punto
muerto, pero la manera de superarlo es negociando reformas importantes. En esta
materia, los atajos son tan inconducentes como el bloqueo constante.
En rigor, el lirismo Constitucional olvida
demasiado rápido una vieja lección de filosofía política: las Leyes le deben
más a la costumbre que a su racionalidad o legitimidad intrínsecas. El gran
mérito de una Constitución, decía Aron, es existir desde hace mucho tiempo: el
cambio Constitucional es un resorte que debe ser usado con sumo cuidado. Y el
problema de los líricos es que suelen poseer todas las virtudes en grado
eminente, salvo la prudencia.
En favor del desarrollo Regional.
Para hoy está fijado el lanzamiento, en la
antigua sede del Congreso, del documento elaborado por el Consejo Nacional para
la Regionalización y Descentralización de Chile (Conarede) sobre cuyas
propuestas entrevistamos ayer al Presidente de dicho organismo, Heinrich von
Baer. Por otra parte, el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse
favorablemente respecto de la recién despachada nueva Ley sobre los Consejos
Regionales (Cores), que modifica la actual normativa y determina la primera
elección de sus miembros por votación popular, a realizarse conjuntamente con
las Presidenciales y Parlamentarias de noviembre próximo. En todo ello el tema
central es el de la búsqueda de nuevas herramientas para disminuir el peso del
centralismo del Estado chileno, impulsar el libre desarrollo de las Regiones y
evitar movilizaciones imprevistas como las ocurridas desde Punta Arenas a
Freirina.
Los
juicios del Conarede sobre la actual situación son, de acuerdo a lo expresado
por su Presidente, categóricos en destacar a Chile como el país más
centralizado de América Latina, con un crecimiento de Santiago que superó el
límite posible, así como la urgencia de implementar reformas que establezcan la
descentralización política, administrativa y económica-fiscal, y fortalezcan
las capacidades locales, la participación democrática y el control
administrativo de las Regiones. Heinrich von Baer estima asimismo
indispensables los mecanismos que incentiven una radicación de más empresas en
las Regiones que les resulte más rentable y descongestione la capital, y que
abran allí espacios de reflexión para la sociedad civil (así como los think
tanks a nivel nacional) e incluso se creen observatorios ciudadanos que vigilen
el cumplimiento de las promesas del Estado en la materia en virtud del nuevo
trato que con él se acuerde.
Desde su
punto de vista, es fundamental un cambio político que incluya la elección
directa de las autoridades respectivas y que en definitiva el Intendente
presida el Gobierno Regional, tema hoy por cierto debatible. Considera
necesaria la próxima votación para los 278 Cores del nuevo sistema, pero con
“una trampa” incluida, porque la simultaneidad con las de Presidente y de Congresistas
relegará la imagen de aquéllos a un plano inferior. La verdad es que los
ocupantes de tales cargos (designados hasta ahora por los Concejales de las Comunas)
y sus funciones son bastante desconocidos de la ciudadanía, pese a que ya
determinaban para este año el destino de más de 900 mil millones de pesos del
FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), y que otra Ley les otorgaría más
atribuciones en la fiscalización de los Intendentes, y traspasaría algunas, en
asuntos como los relativos a infraestructura, electrificación, agua potable,
centros de salud o planos reguladores, del Gobierno central a las Regiones.
El tema
preocupa a los partidos. Deben buscar nombres que conciten el apoyo local de
los votantes y probablemente concertar nuevas alianzas políticas. Hay Parlamentarios
que temen la competencia de ellos en la zona por su necesario arraigo en ella,
y los cómputos de su elección, que será por sistema proporcional, influirán en
el peso local y nacional de cada colectividad, y darán pie al surgimiento de
otras más pequeñas (por ejemplo, el PRO, impulsor del federalismo, espera
presentarse a lo largo del país). También el escaso tiempo que falta para que
esto opere crea dificultades adicionales y seguramente convertirá pronto este
asunto en una llamativa prioridad política.
Nuevas tomas de colegios y universidades.
El país nuevamente asiste a una ola de
protestas estudiantiles, con varias universidades y liceos en toma, además de
otra marcha convocada para hoy en Santiago, en lo que parece ser una nueva
demostración de fuerza por parte del movimiento estudiantil de cara al momento
electoral que vive el país. Es lamentable que se insista en una forma de
reclamo que ya parece agotada, buscando imponer una agenda por la vía de los
hechos, y que además perjudica gravemente al resto de la comunidad estudiantil
que no participa de las tomas.
Se está haciendo frecuente que los sectores más
radicalizados encuentren en las paralizaciones el camino para ejercer presión
en el debate público. Ello se ve facilitado por la pasiva actitud que han
adoptado algunos Rectores de las propias universidades en toma, como también
algunos Alcaldes, que muchas veces desoyendo el reclamo de los apoderados -es
llamativo ver cómo en el último tiempo se han producido fuertes diferencias en
distintas comunidades estudiantiles sobre la conveniencia de los paros-
prefieren evitar cualquier posibilidad de desalojo, lo que constituye una
equivocada señal para aquellos sectores que no están por privilegiar el diálogo
y la discusión fundada. El derecho de opinión y la libertad para manifestarse
pacíficamente no debe confundirse con medidas de coacción que incluso pueden
colocar en riesgo la integridad física de terceros o de los mismos estudiantes.
El legítimo derecho que tienen los alumnos
secundarios y universitarios a hacer oír su voz debe orientarse a hacer
propuestas realistas y que apunten al objetivo central de mejorar la calidad de
la educación que ellos reciben. Por ejemplo, el petitorio que hizo llegar el
Instituto Nacional a la Municipalidad de Santiago contiene un conjunto de
propuestas, una parte de las cuales son plenamente atendibles -por ejemplo la
mejora en la calidad de la infraestructura o exigencia de una mejora del
desempeño de ciertos profesores-, pero otras buscan generar una suerte de
cogobierno de los estudiantes, como la institucionalización de un claustro
periódico o la participación de la comunidad en la selección del estamento
directivo, lo que excede el ámbito de acción propio de los estudiantes y da pie
a actuaciones arbitrarias que terminarían dañando la calidad de la enseñanza
que se imparte en ese colegio.
Lo propio puede observarse en las
reivindicaciones que están detrás de la toma de la casa central de la
Universidad de Chile, y de la marcha que tendrá lugar mañana. Según sus
declarados objetivos, se pretende mantener “vivo” el movimiento estudiantil y
“detener el avance del Gobierno en la profundización del actual modelo”. Hay
aquí motivaciones políticas antes que académicas, y lo razonable es que el
debate en torno a los proyectos que el Gobierno ha planteado en materia de
educación -como la Superintendencia de Educación Superior o la reforma al
sistema de acreditación universitaria, entre otros- se discuta en el Congreso,
respetando los mecanismos institucionales y el derecho que tiene todo Gobierno
de hacer sus propuestas al país.
Las masivas protestas estudiantiles de 2011 han logrado cambiar
radicalmente el eje del debate en educación. En los distintos programas Presidenciales
existen propuestas que abarcan todo el arco de posibilidades, por lo que cabe
esperar que la ciudadanía se pronuncie al respecto en las urnas, sobre la base
de un debate meditado, sin presiones indebidas.
Seguridad preventiva.
El Subsecretario de Prevención del Delito y el General
Subdirector de Carabineros se han referido en este diario a los ajustes al Plan
Cuadrante de Seguridad Preventiva que se estiman necesarios tras 14 años de
aplicación. La evaluación empírica de la estrategia operativa seguida por
Carabineros en este marco y en ese lapso es sin duda necesaria -más aún, es un
factor clave para el éxito de su desenvolvimiento venidero-, y lo demanda así
una inquietud prioritaria de la población en cuanto a la seguridad pública,
pese a las grandes esperanzas de mejoramiento sustancial que se despertaron al
iniciarse el referido plan.
El Subdirector de la institución uniformada
recordó que el Plan Cuadrante ha tenido mediciones sistemáticas, como fuente
para la toma de decisiones. Sería de natural interés público que los resultados
de todas ellas se entreguen al conocimiento y análisis ciudadano en forma
permanente y fácilmente accesible. Eso corresponde bien a lo que el Subsecretario
plantea, con razón, en cuanto a que debe entregarse "más espacio a la
ciudadanía, que pueda expresarse más, decir lo que está sintiendo, proponer
soluciones, hacer públicos sus problemas".
En todo caso, el General Subdirector informa
que lo mejor evaluado de dicho plan son los tiempos de respuesta frente a
problemas urgentes, y añade que la calidad de la respuesta "se logra
capacitando". Convendría conocer mejor el alcance de esto último, pues se
tenía entendido que la capacitación no es un problema de la policía uniformada
chilena, cuya asesoría incluso es solicitada para el perfeccionamiento de otras
de Latinoamérica. Si las condiciones actuales requieren algo diferente o
adicional, es preciso que la población lo sepa. Esto es determinante, pues, de
otro modo, perdería fuerza la siempre reiterada petición relativa a más carabineros.
Sin perjuicio de que puedan efectivamente requerirse más funcionarios, lo
decisivo para enfrentar la delincuencia no es su número, sino, como bien lo
afirma el general subdirector, la calidad de la respuesta, y esta no supone
solo mejorar la empatía con el público. De hecho, un cúmulo de evidencia
internacional muestra, por ejemplo, que el patrullaje aleatorio o la cercanía
con la comunidad per se no han resultado eficaces en la reducción del delito.
Por cierto, cualesquiera sean en definitiva los
resultados actuales del Plan Cuadrante -lo hasta ahora informado no permite
formarse un juicio-, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Carabineros sí
han dado un importante paso adelante con la puesta en marcha del Sistema
Táctico de Análisis del Delito (STAD), cuyos pilares son la información
oportuna, el despliegue rápido de tácticas, y la constante evaluación de
resultados, y con la publicación por Carabineros en internet de las respectivas
fichas estadísticas por comuna, con información actualizada sobre delitos de
mayor connotación social. Eso denota un renovado foco en resultados y un
énfasis en rendición de cuentas.
La delincuencia no es una fatalidad, sino un
problema que sí se puede reducir, aplicando los procedimientos adecuados. Al
respecto existe mucha experiencia mundial, mas no recetas rígidas que aseguren
un buen desempeño policial. Cada país debe buscar su propio diseño
institucional particular en cuanto a cantidad de policías, sus funciones y su
inserción en el sistema de persecución penal. Pero la experiencia comparada sí
permite identificar algunos elementos como indispensables para que las policías
brinden los servicios que requieren las comunidades a las que sirven. En tal
sentido, lo esencial que no cabe abandonar es una arquitectura institucional
-las funciones y atribuciones policiales y su estructura formal- que les dé
autonomía respecto de intereses políticos (algo que en Chile se observa
logrado), al tiempo que las haga rendir cuentas respecto de los resultados que
interesan a la ciudadanía (algo en lo que falta entre nosotros bastante camino
por recorrer).
Violencia con armas de fuego,
por Catalina Mertz.
Chile es un país con relativamente pocas armas
de fuego legalmente inscritas en manos de civiles: las casi 756 mil registradas
equivalen a una tasa de tenencia de alrededor de 4,5 chilenos por cada 100
ciudadanos, comparado con, por ejemplo, tasas de 90, 45 y 7 de Estados Unidos,
Finlandia e Israel, respectivamente. Además, tanto las estadísticas de
inscripciones de armas legales como las respuestas a preguntas relativas a la
adquisición de armas de fuego en diversas encuestas dan cuenta de que no hay,
tampoco, una tendencia al alza en la proporción de personas que las adquieren.
En cuanto a las armas ilegales, por razones obvias, no hay estadísticas sobre
ellas, pero tampoco se observan hechos que permitan suponer que exista un
volumen grande: el homicidio en Chile no tiene una tendencia al alza y también
es relativamente poco frecuente —según estadísticas comparadas de la OEA, 3,7
fallecidos por homicidio cada 100 mil habitantes, en comparación con 5,0 de
EE.UU., por ejemplo— y, tanto ahora como en los últimos quince años, sólo en
alrededor de un tercio de los homicidios el arma usada es de fuego. En las
demás categorías de delitos el uso de armas de fuego es aún menos frecuente.
Esto no significa, sin embargo, que no haya un
problema de seguridad pública. Lo que implica es que, independientemente de
posibles perfeccionamientos a la legislación sobre tenencia, el foco de las
políticas públicas debe estar puesto en la violencia con armas de fuego. Y, al
igual que lo que ocurre en la mayoría de los problemas delictivos, los hechos
de violencia con armas de fuego no son aleatorios, sino que presentan claros
patrones según las personas involucradas o los lugares en que ocurren. Dentro
de esta categoría caen, por ejemplo, las balaceras en el contexto de riñas en
centros de diversión nocturna recientemente conocidas por la opinión pública, o
las que son el resultado de rivalidades entre grupos de narcotraficantes y que
son, lamentablemente y según la escasa información existente, mucho más
frecuentes en decenas de barrios de nuestras ciudades. En ambos casos, los
principales desafíos son que los órganos de persecución penal hagan uso del
caudal de información y sistemas de análisis que la tecnología ha puesto a su
disposición para identificar y poder procesar a los que ya sea burlan los
procedimientos establecidos para la tenencia legal o cometen delitos violentos
con armas, y abandonar la tentación de centrar la atención en la legislación,
cuya tramitación es siempre demorosa y no es finalmente exigible a ningún actor
en particular.
Medidas para evitar caos vial en la capital.
Un revelador informe de la Asociación Nacional
Automotriz de Chile (Anac) señala que en el país el 58% de los vehículos
livianos y medianos tienen menos de 10 años de antigüedad, mientras que en la
Región Metropolitana el porcentaje se eleva al 69%. Estas cifras corroboran la
rapidez con que aumenta el parque automotriz y la velocidad de renovación de
los automóviles, especialmente en la capital, donde se espera que para el 2025
circulen cerca de dos millones 700 mil unidades.
Dado este escenario, diversos especialistas han
advertido un inminente colapso vial en Santiago, si es que no se adoptan a
tiempo las medidas necesarias para mitigar el impacto de este sostenido aumento
del parque vehicular. Un ejemplo de esa
realidad es lo que ocurre actualmente en el sector oriente de la ciudad, ya que
según los expertos, desde el 2006 a la fecha, los tiempos de viaje en las horas
punta se han más que duplicado. Son varias las propuestas que se han planteado
para revertir esta saturación de las calles, entre ellas la ampliación de la
infraestructura vial en los sectores de mayor congestión (algunos proyectos ya
están en marcha) y desincentivar el uso de los vehículos a través de medidas
como la tarificación vial. Sin embargo, mientras no exista una alternativa de
transporte público razonablemente eficiente, ese propósito será difícil de
alcanzar. El deficiente funcionamiento del Transantiago y la limitada cobertura
del Metro son alternativas que no satisfacen a los santiaguinos, y por el
contrario, parecen haber contribuido al explosivo incremento del parque
automotriz. A ello cabe agregar las deficiencias en el diseño de las autopistas
concesionadas, algunas de las cuales son incluso causa de mayor congestión,
experiencia que debería servir para revisar con cuidado el diseño de las
concesiones cuya construcción está programada.
Para resolver este tema, apremia el tiempo,
pues la expansión vehicular avanza más rápido que los planes diseñados para
contrarrestar sus efectos.
Algunas cartas para meditar.
Señor Director:
Inscripción en partidos políticos.
El sábado 8 de junio ingresé a la página web de
Servicio Electoral para verificar si había sido nombrada vocal de mesa. Cuál
fue mi sorpresa al encontrarme inhabilitada para votar en las primarias del 30
de junio.
Me acerqué al Servel, y me encuentro afiliada
al Partido Igualdad desde el 27 de marzo de 2012, situación que desconocía, ya
que obviamente nunca en mi vida he firmado por un partido político.
¿Cómo uno llega a estar en un partido que ni
siquiera conoce? ¿Cuántas personas estaremos en esa situación?
Sandra Martínez Silva.
Señor Director:
Duda.
Todos plantean hoy el sagrado derecho a la
educación. ¿Hay alguien que plantee la obligación de estudiar?
Pedro Lizana Greve.
Señor Director:
Palabras del Ministro de Hacienda.
En columna del domingo pasado, el señor Carlos
Peña arremete contra el Ministro de Hacienda, acusándolo de querer poner
límites al debate democrático. Una revisión de los dichos del señor Ministro en
el "Encuentro Nacional del Comercio" (que el señor Peña algo
pomposamente llama una reunión de mercaderes) revela, sin embargo, que este,
muy lejos de pretender coartar el debate democrático (¿cómo podría hacerlo?),
se limitó a consignar un hecho respecto del cual existe amplio consenso, cual
es que la incertidumbre en materia de reglas del juego tiene efectos adversos
sobre la inversión. Así de claro y así de simple.
En ningún caso se advierte la propugnación de
límites al debate. Tampoco aparece el Ministro diciendo, como lo sugiere el
articulista, que la certidumbre sea "un valor final al que todo lo demás
debe subordinarse". Sencillamente, lo que el Ministro dijo es algo que la
mayoría de los economistas conocen, y muy bien, así le pese al señor Peña.
Resulta curioso que el articulista deba poner
en boca del Ministro dichos inexistentes para poder hacer un punto que o bien
es obvio -nadie quiere limitar el debate democrático, menos en elecciones-, o
bien no termina de entenderse del todo.
Jorge Quiroz, Economista.