El
Presidente Sebastián Piñera acompañado por el Ministro de Relaciones
Exteriores,
Alfredo Moreno, sostuvo en Washington una reunión con el
Embajador
y agente ante la C.I.J de La Haya, Felipe Bulnes, en la que
analizaron la demanda boliviana.
El
Presidente Sebastián Piñera reafirmó ayer la posición de Chile ante la
demanda
marítima presentada por Bolivia ante la Corte Internacional
de La Haya, luego de sostener una reunión de
trabajo para analizar este tema
junto al agente y Embajador de nuestro país en
Estados Unidos, Felipe
Bulnes, en la sede de la representación
chilena en Estados Unidos.
El
candidato Presidencial del Partido Radical Social Dmócrata, José Antonio
Gómez,
manifestó que en el caso de los falsos exonerados ‘’Se debe
esperar
la investigación y luego sancionar’’, llamando a no
utilizar ‘’mal’’
el tema.
Durante
el rezo del Ángelus desde la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa
Francisco
deploró el conflicto que afecta desde hace dos años a Siria y señaló
que
sólo ha traído muerte, destrucción, ingentes daños económicos y
ambientales, como también la plaga de los secuestros de personas.
Capriles
aseguró que ‘’el mundo entero’’ sabe de
la ‘’ilegitimidad’’ del Gobierno de
Nicolás
Maduro, el líder opositor sospecha que en las ‘’próximas horas’’ el Tribunal
Supremo
de Justicia rechazará uno de los recursos que ha presentado impugnando
legalmente las elecciones del 14 de abril pasado.
Encuentran la Torá
completa más antigua de la historia en una universidad italiana,
el documento, estampado en un rollo de piel de
oveja y que data una fecha entre los
años 1155 a 1225, fue catalogado erróneamente por
la Universidad de Bologna como
un texto del siglo XVII.
La red internacional de protección de Maduro,
por Hernán Felipe Errázuriz.
El Gobierno de Nicolás Maduro es peor y más
amenazante que el de Hugo Chávez. Impactante ha sido el testimonio de María
Corina Machado, irresistible, valiente y distinguida Diputado que encabezó una
delegación venezolana que visitó Santiago. Reciben la violencia física, el
amedrentamiento y la censura de Maduro, en medio del desabastecimiento y una
criminalidad rampante.
Dolorosa para los venezolanos es la
indiferencia de algunos líderes latinoamericanos por lo que les sucede. En
Chile, la ex Presidente Bachelet no los recibió. Con el PC y los socialistas
duros no perdieron el tiempo en pedir entrevistas.
Desalentador es el apoyo al régimen chavista en
la región. Lo logra con amenazas, capturando a Unasur y Mercosur, y abusando de
compromisos y de relaciones comerciales.
Cristina Fernández es su mayor respaldo:
comparten procedimientos abusivos y controles de exportaciones, cambiarios y de
precios, nacionalizaciones, persecuciones tributarias a opositores y fórmulas
para hacerse de la judicatura y de los medios de comunicación.
En Perú, Maduro logró la salida del Canciller
Roncagliolo, por haber planteado, desde Unasur, "tolerancia y
diálogo" en Venezuela. "Roncagliolo, no se meta con nosotros",
le había advertido. El Canciller dejó el cargo al día siguiente. Se pagó una
factura pendiente. Estaban en el aire los dichos de Chávez: "Eché
pa'elante Ollanta, gane las elecciones, salve al Perú, compañero".
Al respaldo de Bolivia, Cuba, Ecuador y
Nicaragua a Maduro, se agrega la Presidente Rousseff. Le ofreció asistencia
para su cargo de Presidente del Mercosur, donde es un advenedizo y miembro solo
por haber logrado suspender a Paraguay. Venezuela es el segundo socio comercial
de Brasil en Latinoamérica, le cubre el desabastecimiento y mantiene
integración eléctrica y en las telecomunicaciones.
Hay excepciones: la delegación venezolana fue
recibida en Santiago por los ex Presidentes de la república Lagos y Frei,
dirigentes de partidos políticos, candidatos Presidenciales y por el Consejo
para las Relaciones Internacionales. Simultáneamente, el candidato Presidencial
Henrique Capriles fue acogido por el Presidente Santos, de Colombia. Ya sabemos
el resultado: el Gobierno de Maduro amenaza con el "descarrilamiento de
las buenas relaciones", y acusa una "conspiración desde lo más alto
del Estado colombiano".
Maduro amedrenta y divide a los Gobiernos
sudamericanos del Atlántico, que practican el estatismo y el proteccionismo, de
los del Pacífico, que prosperan con las libertades políticas y económicas y con
la apertura al comercio internacional. Con Maduro no se tontea. Está protegido.
Borges, los comunistas y la DC
por Gonzalo Cordero.
EN Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Borges dice
que “cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de
un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es”.
Cuando Michelle Bachelet aceptó el apoyo del Partido Comunista y comprometió su
incorporación en un eventual Gobierno suyo, esta frase se me vino a la mente.
Pero no por ella, sino por la DC.
Un pacto político es una sociedad que funciona
en la medida que exista un trato de recíproco respeto entre los miembros que lo
componen, el que se dan quienes se asumen esencialmente como iguales.
Incorporar un nuevo socio sin considerar la opinión del otro, como una
imposición de hecho, es una falta grave a esa norma elemental, especialmente si
el que se incorpora tiene, y ha tenido históricamente, diferencias de fondo con
aquel cuya opinión no se consultó.
La DC convino con el PS-PPD en un mecanismo de
primarias para elegir el candidato Presidencial de la Concertación. Como es
obvio, ese acuerdo contempla el compromiso de que el perdedor se sumará a la
campaña del ganador y, de llegar el vencedor de la primaria a La Moneda, Gobernarán
juntos bajo los criterios, valores y reglas que han dado vida y sostenido su
pacto. Es evidente que una vez lanzado el proceso de primarias, inscritos los
candidatos de la misma, que la candidata cuyo triunfo es virtualmente seguro
cambie la composición del pacto, incorporando a un nuevo miembro tan distinto,
más aún, abiertamente antagónico en muchos aspectos con la esencia de lo que es
la DC, es pasar a llevar todas esas normas de respeto y convivencia que hacen
viable un pacto político.
Para la subsistencia de la Concertación como
pacto, lo que realmente importa no es que los comunistas hayan entrado de hecho
al conglomerado opositor, sino que el bloque PS-PPD y su candidata notificaron
públicamente a la DC que ya no está en una coalición en que la miran y la
tratan como a un igual. La Concertación se transformó para la DC en un pacto
que para ella se sustenta sólo en una suerte de contrato de adhesión y,
claramente, no le pidieron su consentimiento expreso para cambiarle las reglas
del juego. Para llevarlo al tema de moda, si el Presidente de la DC pide
audiencia al Director del Sernac, éste le dirá que la Corte Suprema cambió el
criterio y que su partido fue víctima de un abuso.
En lo personal, y como un ciudadano que no
forma parte de esa coalición y que, de hecho, nunca ha votado por ella, a mí me
resulta relativamente indiferente si el PC la integra o no. Tampoco se trata de
hacer ninguna campaña de anticomunismo; tienen todo el derecho de decidir a
quiénes integran y qué proponen al país. Pero habría sido completamente
diferente si esta decisión la hubiera tomado la candidata del PS-PPD antes de
acordar la primaria o que, una vez vencedora, le hubiera planteado a la DC su
interés de sumar al PC. Las formas son muy importantes en la vida.
Pero las cosas ocurrieron como ocurrieron y la
DC, al aceptar el hecho consumado, enfrentó ese momento al que se refiere
Borges, el momento en que uno sabe para siempre quién es y cuál es su lugar.
Sólo que en este caso no lo sabe solamente la DC; todos los chilenos también lo
sabemos.
Luz amarilla,
por Juan Andrés Fontaine.
Aunque la cuenta Presidencial del 21 de mayo
mostró -con la profusión de cifras acostumbrada- los avances logrados, la
mirada de muchos está dirigida a cómo viene la mano de cara al futuro. Hay
señales que están provocando inquietud en los mercados. El ritmo de expansión
de la economía ha decaído, las utilidades de las grandes empresas retroceden y
la bolsa mantiene un prolongado letargo.
Parte de la preocupación proviene del
debilitamiento del cobre, que responde a la moderación del crecimiento de
China. Pero ello era esperable y es incluso positivo, porque evita burbujas que
más tarde traen dolores de cabeza. En cambio, sorprende que los analistas no
estén destacando que Estados Unidos -una vez más- está resolviendo sus
problemas y que Europa, aunque sumida en una severa recesión, al menos ha
dejado de alarmar a los mercados. Sumando y restando, el panorama externo sigue
siendo auspicioso para Chile, pero hay que manejarse con tiento.
En el frente interno, el clima económico se ha
tornado más incierto. Hasta ahora, el temor generalizado, admitido incluso por
las autoridades, era que el auge de la demanda pudiese crear una burbuja
inmobiliaria o desatar presiones inflacionarias. Por eso, el Banco Central ha
mantenido tasas de interés comparativamente altas, lo que se traduce en que el
costo real del crédito es elevado -las pymes pagan tasas cercanas a 15% real
anual-, y el dólar descendió considerablemente. Los signos de desaceleración
parecen haber disipado las aprensiones y se anticipa un eventual recorte de
tasas. Ello puede ayudar, pero no ataca los problemas de fondo.
Es nuestra capacidad de sostener un crecimiento
económico rápido la que está en tela de juicio. Más allá de la retahíla de
anuncios oficiales, el Gobierno deja una larga agenda pendiente en materia de
inversión y competitividad. Inicialmente, las buenas señales de política macro
y microeconómica bastaron para desatar las energías del emprendimiento. Pero
los retrasos en los proyectos de electricidad e infraestructura ya se hacen
notar. Los incrementos en la carga tributaria y regulatoria han defraudado las
expectativas. Aunque hay valiosas iniciativas, los emprendedores siguen
obligados a sortear los intrincados obstáculos que les interpone la burocracia.
Nuestro ascenso al desarrollo no está en absoluto garantizado, y si no tomamos
en serio ese desafío, solo cosecharemos frustraciones.
Cumplir la palabra empeñada
por Axel Buchheister.
De acuerdo con la Constitución, a los
integrantes de la Corte Suprema los nomina el Presidente de la República de una
quina propuesta por el propio Tribunal, con acuerdo de dos tercios de los
miembros en ejercicio del Senado. O sea, la decisión final radica en la Cámara
Alta y por quórum totalmente exagerado y distorsionador, propio de las reformas
Constitucionales más “duras”. Se hizo así para asegurar que los nombres tuvieran
amplio consenso, pero tal exigencia en realidad entrega un enorme poder de veto
a los marginales: un Senador puede bloquear la nominación y ha sucedido.
En 2008 había varias vacantes en la corte. En
las negociaciones se acordó entre el Gobierno y la oposición de la época, que
los nominados serían Haroldo Brito y Alfredo Pfeiffer. Por trayectoria y rango,
le correspondía a este último entrar a la primera votación, pero la
Concertación dijo que no era seguro que el primero estuviere en la siguiente quina,
de modo que solicitó que su caso fuera preferente. La centroderecha,
caballerosa, aceptó que así fuera y votó por él. Luego vino el turno de
Pfeiffer y entonces la Concertación lo acusó de nazi (aparte de no ser cierto,
¿no sabían eso antes de acordar su nombre?). Y bastó con el sistema de los 2/3
para que algunos votaran en contra y de la palabra empeñada no me acuerdo.
La centroderecha, candorosa, repitió la
experiencia. Más recientemente, ante la existencia de unas vacantes, se acordó
nombrar a los Ministros Lamberto Cisternas y Juan Manuel Muñoz. Aprobado el
primero, vetado el segundo. La razón: como Ministro de la Corte de Apelaciones
éste votó, junto con otros dos, por acoger un recurso de amparo en beneficio de
dos inculpados sin el menor fundamento del supuesto homicidio del ex Presidente
Frei. Entonces, eso no le gustó a su hijo, también ex Presidente y Senador, y
reclamó públicamente en su contra, aunque él estaba inhabilitado de votar por
tener un interés personal en el asunto. Pero no importó, y de la palabra
empeñada, ni hablar.
Ahora no hubo tercera vez: nos encontramos ante
la novedad que este Gobierno de pronto se puso los pantalones y hace una movida
magistral. La Ministro Gloria Ana Chevesich está en la quina y con una alta
votación. Entonces, el Gobierno la nominó sin conversar con nadie. Tiene una
excelente imagen pública, es mujer, trabajadora y dedicada. Inobjetable, si no
fuera porque procesó y, en algunos casos condenó, a varios pesos pesados del Gobierno
de Lagos que manejaron platas Fiscales como si fueran propias.
El Presidente del Senado se molestó y dice que
se rompió el procedimiento acordado de conversar. Parece que está hablando de
cumplir la palabra empeñada, ¡vaya qué curioso! El Senador Letelier dice que el
nombre de Chevesich “tiene una connotación muy fuerte” y otros en la
Concertación aluden a que ha hecho una carrera poco común en el Poder Judicial,
pero si no hubiera procesado a los suyos, eso poco les importaría.
Lo cierto es que ahora no podrán inventar
pretextos: tendrán que decir que no la aceptan porque es una Juez
independiente, lo que es demasiado para la Concertación. Veremos si los tiempos
están para victimizar a una mujer. Queda demostrado que andar transando todo no
siempre es la mejor receta.
¿Es Latinoamérica la nueva misión de Biden?
por Andrés Oppenheimer.
Tal vez la falta de atención del Secretario de
Estado John Kerry hacia Latinoamérica no sea una tan mala noticia después de
todo: está llevando a que el Vicepresidente Joe Biden se involucre cada vez más
con la región y a que las relaciones entre Estados Unidos y América Latina
reciban más atención de la Casa Blanca.
La gira de seis días de Biden a Colombia,
Trinidad y Tobago y Brasil es significativa. Poco antes, el 8 de mayo, Biden
había pronunciado un discurso sobre las relaciones de Estados Unidos con
Latinoamérica en el Departamento de Estado.
El Secretario de Estado Kerry, que ha estado
ocupado tratando de lograr un acuerdo de paz en Medio Oriente, no ha viajado a
Latinoamérica desde que asumió su cargo.
Su primer viaje, salvo imprevistos, sería para
asistir a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA),
del 4 al 6 de junio en Guatemala.
Algunos funcionarios bien ubicados de
Washington me dicen que el viaje de Biden a Latinoamérica es más que un
reemplazo temporal de Kerry, y que el Vicepresidente se convertirá en los
hechos en el principal contacto del Presidente Obama con América Latina.
No es inusual que los Gobiernos de Estados
Unidos dividan las responsabilidades de la política exterior de tal manera que
otros funcionarios se hagan cargo de la relación con Latinoamérica mientras el Secretario
de Estado se ocupa de las crisis de otras partes del mundo.
En la época de George W. Bush, el entonces Secretario
de Comercio Carlos Gutiérrez manejó muchos asuntos hemisféricos. Y Clinton tuvo
un "Embajador especial" para Latinoamérica, el ex Jefe de Gabinete de
la Casa Blanca, Mack McLarty. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo la jerarquía Vicepresidencial
de Biden.
Aunque Biden no es un experto en Latinoamérica,
conoce bien la zona. Ha realizado tres viajes previos a la región como
Vicepresidente, incluyendo dos a México en 2012 y uno a Chile y Costa Rica en
2009, y ha visitado varios países latinoamericanos durante sus más de tres
décadas en el Senado.
"Cuando Biden estaba en el Senado se ocupó
mucho de Colombia, de Cuba, y de temas comerciales con la región", me
señaló Carl Meacham, Director del programa para las Américas del Centro de
Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. "Mostró más interés
por la región que Kerry, y mucho más que el promedio de los Senadores".
Meacham, al igual que muchos en Washington,
cree que el mayor activismo de Biden en asuntos hemisféricos es una buena
noticia, que refleja un mayor interés del Gobierno de Barack Obama por la
región.
Además del viaje de Obama a México y Costa Rica
a principios de mayo, y del viaje de Biden a la región de esta semana, está
programado que los Presidentes de Chile y Perú se reúnan con Obama en
Washington el 4 y el 11 de junio, respectivamente.
Y Biden acaba de anunciar que la Presidenta de
Brasil, Dilma Rousseff, hará en octubre la primera visita de Estado de un líder
brasileño a Washington en casi dos décadas.
"Parece que la administración ha empezado
recientemente a asumir un rol más activo en la región", dice Meacham.
"Todavía no han hecho algo transformacional, pero incluir al
Vicepresidente es algo positivo, que puede contribuir a convertir el tema en
una prioridad".
Eric Farnsworth, Director de la oficina de
Washington del Consejo de las Américas (un grupo no Gubernamental con sede en
Nueva York), dice que Biden posiblemente jugará un rol importante en temas
latinoamericanos no sólo porque está en la Casa Blanca y cerca del Presidente,
sino también porque es uno los principales probables candidatos a la
Presidencia de EE.UU. para 2016.
"Eso es algo muy importante desde el punto
de vista político", me dijo Farnsworth. "Cuando Biden se reúne con
líderes extranjeros, estos lo ven en un contexto diferente, porque es un
Presidente en potencia".
Mi opinión: el hecho de que Biden se haya
interesado activamente en mejorar las relaciones con Latinoamérica es una buena
noticia, pero la gran incógnita es si eso se traducirá en algo más que turismo
político.
El Gobierno de Obama aún no ha presentado
ningún plan importante para profundizar los vínculos económicos con
Latinoamérica, tal como lo ha hecho con sus ambiciosas propuestas de acuerdos
de libre comercio: el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación
Económica (TPP) y el Tratado de Libre Comercio Trans-Atlántico (TAFTA).
¿Impulsará Biden desde la Casa Blanca un plan
para constituir una Asociación Trans-Americana? ¿Materializará un muy demorado
tratado impositivo entre Estados Unidos y Brasil para eliminar la doble
tributación? ¿Ayudará a generar un acuerdo energético panamericano?
Es muy pronto para saberlo. Pero el momento
para que todo eso ocurra es ahora -antes de que el Gobierno de Obama esté de
salida-, y Biden está idealmente posicionado para impulsar todos esos proyectos
desde dentro de la Casa Blanca.
La semana política.
Agresiones a candidatos
Las agresiones sufridas por Bachelet y
Longueira durante sus actividades en terreno despertaron unánime rechazo de sus
competidores y los dirigentes partidistas. Esa reacción es positiva y muestra
que el mundo público mantiene una sensibilidad bien orientada frente a
conductas y hechos repudiables, cualesquiera sean sus destinatarios o
protagonistas.
Con todo, los dirigentes políticos no parecen
advertir con igual nitidez que sus propias actuaciones y dichos pueden estar
contribuyendo a crear un clima que alienta o favorece conductas desajustadas.
Así, son reprochables las denuncias sin fundamento serio sobre presunta
intervención del Gobierno y amenazas a beneficiarios sociales, o insinuar que
la fiscalización del SII al hijo de Michelle Bachelet pueda tener un trasfondo
electoral, en circunstancias de que su denunciante es una figura probadamente
independiente del actual gobierno.
La actividad pública en Chile y en muchas
partes del mundo atraviesa por un período de cuestionamientos. El bajo
reconocimiento hacia quienes se vuelcan a la actividad política está extendido
en las principales democracias del planeta, todas las cuales buscan fortalecer
la calidad de su política y mejorar las regulaciones de los aspectos más
críticos: financiamiento de campañas y partidos políticos, transparencia y
probidad de los representantes públicos, democracia interna en los partidos y
vitalidad de la participación ciudadana.
Agenda pro transparencia y probidad: llamativa
demora.
Chile también tiene una agenda al respecto,
pero ella se encuentra inexplicablemente retrasada en su tramitación Legislativa:
la Ley del Lobby , los cambios a la Ley de Transparencia y las nuevas
regulaciones sobre declaraciones patrimoniales y de fideicomiso para altos
cargos públicos. Ese conjunto de normas puede cambiar el cuadro general de
nuestra actividad pública. Y esa puede ser una de las razones de su difícil
tramitación y discusión Legislativa, pues para quienes en el fondo rechazan su
existencia, no hay nada más conveniente que postular su insuficiencia y
proclamar pomposamente la necesidad de ir más lejos.
Es probable que se supere la actual crisis que
afecta a la función pública en tantas partes del mundo, pero el nivel en que
quede situada dependerá en gran medida de la solidez de sus instituciones. Eso
ha distinguido a Chile, y el mundo político debe cautelarlo.
Abona ese rasgo el impacto del informe de la
Contraloría respecto de los falsos exonerados políticos, cuyos alcances de
hecho y de derecho se comentan en esta misma página. En lo propiamente
político, el prestigio del órgano Contralor no deja espacio para suponerle
otras intenciones a su dictamen, y los Parlamentarios alcanzados por el informe
se han adelantado a reconocer su responsabilidad en cuanto a haber sido
engañados a su vez por quienes les solicitaron respaldo para obtener el estatus
de exonerados que habilitaba para recibir pensiones económicas del Estado.
Para la Concertación resulta muy inoportuna la
entrega de este informe, porque en plena campaña de primarias revive el tema de
las malas prácticas que en buena medida determinaron su derrota Presidencial en
2009. Las sucesivas victorias electorales anteriores a esta, que alejaron el
temor al relevo del poder, conspiraron contra la contención frente a espacios
de discrecionalidad y deficientes regulaciones.
¿Arriesgar el regreso del MOP-Gate?
Algo similar ocurre -como en lo jurídico
también se analiza por separado en esta página- con la nominación de Gloria Ana
Chevesich como candidata a la Corte Suprema. Pese a la resistencia que
despierta su nombre en algunos personeros de la Concertación, replicar el
improcedente veto aplicado al Juez Juan Manuel Muñoz -en rechazo a resoluciones
judiciales específicas que afectaron a ese conglomerado- reabriría el debate
público sobre el caso MOP-Gate, que puso en tan duro trance al Gobierno de Ricardo
Lagos, cuando se hizo público que los más altos funcionarios públicos recibían
sobresueldos con fondos reservados, entre otras anomalías. Revivir ese episodio
solo favorece a quienes más allá de la Concertación, como Enríquez-Ominami, han
sido duros críticos de lo obrado por ese conglomerado y sus acuerdos políticos
con la Alianza, entre ellos el que puso fin a la crisis del MOP-Gate.
Incluso para el Partido Comunista -cuya
proclamación de Bachelet como candidata no es un asunto unánime- estos episodios
incomodan. La adhesión PS-PC al primer candidato Presidencial conjunto desde
1970 ha variado. Entonces, la tibieza provenía de los correligionarios
socialistas de Allende, mientras el PC apoyaba entusiastamente su campaña.
Hoy, el apoyo del PC tiene mucho de pragmatismo
y poco de épica. Esto último se expresó brutalmente en las palabras de Teillier
de que, a cambio, el precio era la protección de la candidatura de Camila
Vallejo en La Florida. Es un paradójico ingreso al mundo electoral para esa disruptiva
dirigente estudiantil, que con tanta soltura en la comisión de Educación
descalificaba a la Senador Ena von Baer como "Parlamentaria
designada".
La previsión en tiempo electoral.
Apenas cinco años después de la última gran
reforma y cuando algunas de sus disposiciones aún no entran en plena vigencia,
la idea de introducir cambios al sistema previsional vuelve a ser tema de una
campaña electoral, al tiempo que también el Presidente de la República anuncia
su intención de impulsar una iniciativa para aumentar la cotización y la edad
de jubilación, bajar los costos de operación e incrementar la rentabilidad de
los fondos.
Por lo pronto, en el Congreso se van haciendo
pequeños ajustes y se discuten algunos proyectos relacionados, como un fortalecimiento
de la Superintendencia de Seguridad Social, y otros que apuntan a mejorar la
situación previsional de los independientes para la contratación de seguros de
accidentes y enfermedades profesionales. A nivel administrativo, se lanzará un
programa de fiscalización de la evasión de cotizaciones previsionales y en unos
años entrará a regir la exigencia para que los independientes coticen de manera
obligatoria (2015). Todas estas medidas van en la dirección correcta, aunque su
impacto puede ser limitado: según la CASEN 2011, sólo el 6% de los empleados
tiene atrasos en sus pagos previsionales.
¿Una gran reforma de consenso? La última gran reforma,
llevada a cabo por la administración Bachelet, introdujo el mecanismo de
licitación de carteras para aumentar la competencia y bajar comisiones;
estableció un pilar solidario que permitió subir de manera importante las
pensiones de los más pobres, y un bono por hijo para apuntalar las de las
mujeres con lagunas previsionales por la maternidad. Las propuestas nacieron de
una comisión transversal y llegaron al Congreso gozando de consensos previos.
¿Hay posibilidad de embarcarnos ahora en un proceso
así? No lo
parece. En primer lugar, éste es un año electoral, donde las reformas
estructurales se tiñen de un debate político que difícilmente alcanza
consensos. Segundo, el tono de la discusión 2008 era distinto: los actores
políticos concordaban en que había que hacer ajustes, pero no un cambio
radical. Hoy se está cuestionando por algunos la médula del sistema de
capitalización individual con cuentas administradas por entes privados. Sin ser
radical, la idea de una AFP estatal va en la línea de volver a involucrar al
Estado en la gestión de las pensiones, mientras que otras propuestas
derechamente plantean volver a un sistema de reparto.
¿Qué dicen los Presidenciables? Una revisión de lo que
han anunciado confirma su preocupación por el tema... junto a una dispersión de
planteamientos. Aún no hay información concreta de lo que Bachelet propondrá
(se sabe que apoya la idea de la AFP estatal) y de lo que hará Longueira. Pero,
entre los que sí han entregado detalles, se puede observar que Allamand llama a
subir la cotización de 10 a 13% y a que sea por el total de la remuneración,
además de mejorar algunos de los beneficios tributarios. Velasco apela a las
comisiones, pidiendo que sean variables en función de la rentabilidad de los
fondos. Orrego, en otro frente, plantea aumentar las multas a las empresas por
no pago de cotizaciones y llegar al punto de retener la devolución de IVA a las
que no cumplan.
Lo factible. Hay una preocupación social creciente por los
montos de las pensiones a medida que crecen las expectativas de vida y aumenta
el número de jubilados con el sistema de AFP. Este nació ofreciendo la promesa
de mantener el nivel de vida de los últimos años laborales, y cabe dar
respuestas a esa necesidad. El punto es que las soluciones efectivas no están
en lo que «la calle» ve como el camino fácil, sino en atacar el problema de
fondo, aumentando los ahorros que cada persona logra acumular al término de su
vida laboral. Eso significa debatir temas como el monto de las cotizaciones, la
edad de jubilación y el modo de incrementar la rentabilidad de los fondos. Dada
la complejidad política de esas materias, tal vez un primer paso sea impulsar
nuevos incentivos al ahorro voluntario... aunque sabiendo que los beneficios
tributarios funcionan más bien para los trabajadores de ingresos altos, que
pagan impuestos directos. De allí la importancia de remover las trabas que han
limitado el uso del APV colectivo, que sí puede ser una solución para personas
de ingresos bajos.
Se debe, además, seguir en la línea de formar a
la población para que revise sus estados de cuenta de la AFP y para que
conozcan bien las opciones de administración de fondos y de jubilación. Es
clave que cada chileno sienta que es su responsabilidad personal encargarse de
su mantención en la vejez, tal como lo es mantenerse a lo largo de la vida.
Este concepto es el que se quiso garantizar cuando se introdujo un pilar
solidario, sin disolver ni debilitar las AFP.
Aclarar el diagnóstico. A la espera de los
proyectos concretos, se puede ir avanzando en un diagnóstico consensuado que
explique por qué no se están cumpliendo las expectativas de los ahorrantes.
Expertos defensores del sistema apuntan a que las rentabilidades son altas,
pero no estamos cotizando lo suficiente. Los detractores acusan a las AFP de
maximizar sus ganancias a costa de las pensiones. Existe un Consejo Consultivo
Previsional que entrega anualmente informes al Ministerio del Trabajo, cuyos
análisis podrían sumarse a otros para alcanzar un diagnóstico afinado.
Para que el debate, que podría posponerse pero
no podrá eliminarse, termine en medidas de real mejora, los chilenos deben
saber claramente qué eslabón está fallando, antes de lanzarse en refundaciones
precipitadas que nos vuelvan a este mismo problema en un par de décadas.
Pagos irregulares a supuestos exonerados políticos.
La Contraloría emitió el informe final en la
investigación sobre la aplicación de la Ley que otorgó beneficios a exonerados
políticos. Según ella, en la administración de los mismos se han producido
extendidas irregularidades, que han ocasionado grave daño al patrimonio Fiscal
y dejan en tela de juicio a todo el sistema. En una muestra de 9.145
expedientes, de un total de 74.423 beneficiarios a 2011, el órgano Contralor
pudo constatar que a unos 3.000 postulantes se les concedió la calificación de
exonerado político en circunstancias que carecían de los requisitos legales
para ello. Por otra parte, existen 5.917 beneficiarios que optaron a una
pensión de gracia, sin acreditar la prestación de servicios a los supuestos
empleadores, como es exigido en este tipo de casos, generando pagos en exceso
por $ 29.616 millones.
La Ley Nº 19.234, de 1993, buscó resarcir el
daño previsional que se generó a personas que habrían sido exoneradas por
razones políticas de instituciones del Estado o empresas privadas que fueron
intervenidas, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Para postular a los
beneficios (pensiones por gracia o recálculo de jubilaciones) se otorgó un
plazo de un año. Sin embargo, en 1997 y 2003 se otorgaron nuevos períodos de un
año para ello. Dada la vaguedad de la redacción y la discrecionalidad de las
facultades, los beneficiarios se fueron ampliando enormemente, y alcanzan
situaciones que en realidad poco tienen que ver con un despido político, como
empresas liquidadas por su inviabilidad económica. Según Contraloría, existen
unos cien mil expedientes pendientes, que se abrieron sin mayores antecedentes
para que no quedaran fuera de postulación en 2004, que en la medida que se
completaran podrían hipotéticamente acceder a beneficios, no obstante que el
actual Gobierno en los últimos tres años sólo ha aprobado un caso.
La acreditación de la calidad de exonerado
político y la existencia del vínculo laboral se ha logrado en muchos casos con
certificados extendidos por Parlamentarios o dirigentes de partidos políticos o
de la CUT, mecanismo probatorio que no está previsto en la Ley, pero que en la
práctica aseguraba el resultado. Un dirigente socialista comentó que entre los
muchos que firmó tiene que haber habido más de alguno que no correspondía y
lamentó que mucha gente se haya prestado para engañarlo, excusa incompatible
con la responsabilidad de toda autoridad de verificar aquello que acredita.
En los hechos, el sistema para reparar daños
previsionales parece haberse transformado en un porcentaje importante de casos
en un sistema al margen de la Ley para facilitar adhesiones y otorgar
beneficios a quien tuviera las conexiones requeridas, lo que de ser acreditado
debería ser severamente sancionado. Junto con señalar que la merma del
patrimonio Fiscal alcanzaría a los US$ 180 millones, el Gobierno ha señalado
estar a la espera del dictamen del Consejo de Defensa del Estado sobre si la
acción penal está prescrita por la antigüedad de la mayoría de los casos,
criterio que parece muy discutible si se considera que mientras se sigue
cobrando la pensión obtenida con fraude se sigue ejecutando la acción ilícita.
En estos casos la presunción debe obrar en beneficio del patrimonio Fiscal y de
todos quienes ven postergadas sus necesidades de asistencia del Estado por no
existir recursos para financiarlas. Además de la investigación de las
irregularidades detectadas, se debe fiscalizar cuidadosamente el 88% de
expedientes aún no revisados por la Contraloría, para determinar en cada caso
la justificación de los beneficios otorgados.
Un par de cartas para meditar.
Señor Director:
Vuelven los resquicios legales.
El profesor Atria claramente ha elegido luchar
por una nueva Constitución "por las malas".
Exhibiendo una peregrina tesis que contradice
el principal principio del Derecho Público, que establece que las autoridades
solo pueden hacer lo que la Constitución y las leyes le permiten, propone un
peligroso camino. Vuelve a revivir los "resquicios legales" que en
los años 70 fueron causa fundamental de la destrucción de nuestra democracia.
Como ex elector de Michelle Bachelet (2006) y
ahora técnicamente un "indeciso", quiero interpelar públicamente a la
candidata Bachelet para que se pronuncie si apoya el camino propuesto por el
profesor Atria y si está dispuesta con ello a torcer la nariz de nuestro
ordenamiento Constitucional y volver a los resquicios legales.
¡El país tiene derecho a saber qué piensa y en
esto no vale el "paso"!
Jaime Ravinet de la Fuente.
Señor Director:
Violencia en la política.
Lamentablemente, las últimas semanas hemos visto
varias faltas de respeto hacia candidatos y autoridades por parte de ciudadanos.
Estos no son hechos aislados; pareciera que en
Chile tenemos un concepto errado sobre el respeto a la autoridad que parte en
la casa, pasa por el colegio y termina dando resultados como los vistos
últimamente.
El respeto no es unidireccional, sino
recíproco, y no se entrega sólo si esa persona o institución “piensa parecido a
mí”. El respeto significa atención, consideración a alguien o algo, muchas veces por el cargo que representa o
por lo que esa institución significa para nosotros.
Por eso, ya sean declaraciones vía Twitter o
manifestaciones agresivas en vivo y en directo, este tipo de faltas hacen mucho
daño a nuestra democracia.
Es necesario que este año electoral todos los
involucrados tengan presente la importancia de la amistad cívica republicana,
entendiendo que en política quien piensa distinto no es un enemigo que hay que
destruir, sino un adversario al que se busca ganar.
Patricia Andrighetti, Subdirectora Instituto
Res Pública.
Un fatal
recuerdo de los malos Gobiernos de Lagos, que lo diseño, y de Bachelet que lo implementó:
Pueblos bien
informados
difícilmente
son engañados.