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viernes, 7 de junio de 2013

Breves informativas, temas para la discusión...



El Presidente Sebastián Piñera, acompañado por los Ministros de Salud,
Jaime Mañalich; de Desarrollo Social, Joaquín Lavín; del Trabajo, Evelyn
Matthei; y del Sernam, Loreto Seguel, encabezó ayer la ceremonia de
anuncios de políticas de Estado en favor de la natalidad.




Cruz-Coke y Lavín salieron del Gabinete para reforzar las campañas
Presidenciales, el ex Secretario de Cultura reforzará la campaña de
Allamand, mientras el Ministro de Desarrollo Social asumirá como
Generalísimo de la de Longueira.




Una demanda en contra de 25 ex ministros de Educación y Economía, y contra
ex Vicepresidentes de Corfo interpuso la "Agrupación de Estudiantes Estafados
por el Crédito Corfo” pidiendo multimillonarias indemnizaciones. Nos extraña
que no hayan incluido a Lagos, el creador del abusivo sistema de créditos.




Gobierno inicia proceso de suspensión de pagos a "falsos" exonerados y
presentará querella para determinar responsabilidades, el IPS iniciará el
proceso de suspensión de pagos e Interior pedirá ampliación de querella
presentada hace un año.




Rendimos homenaje a los valientes soldados chilenos que el 7 de junio
de 1880 se tomaron el morro de Arica en solo 55 minutos, venciendo
las dificultades del terreno y las fortificaciones peruanas.




La demencia del ‘’bolivarianismo’’ está llegando a límites increíbles, ayer se le dio
al fallecido Hugo Chávez el Premio Nacional de Periodismo ‘’por el impulso que dio
a los medios públicos y populares del país durante su gestión de Gobierno’’.




Al menos 18 personas han muerto a raíz de las intensas lluvias y riadas que desde el
viernes pasado azotan a Europa central y, aunque en algunas de las regiones más
afectadas la alarma comienza a bajar, otras están aún a la espera de lo peor.




El Presidente ruso, Vladímir Putin, y su esposa Ludmila anunciaron ayer su divorcio,
luego de 30 años como casados, el Gobernante dijo que ‘’Ésta ha sido una decisión
mutua. Nuestro matrimonio ha terminado. Prácticamente no nos vemos. Cada uno
tiene su propia vida’’.




La UE calificó de "totalmente equivocada y sin fundamento" la crítica del Fondo
sobre los esfuerzos para reformar radicalmente la economía griega, lo que agudiza
el enfrentamiento por los planes de rescate a países europeos.

 




¿Necesitamos una nueva Constitución?,
por Sergio Melnick.


La verdadera respuesta y la más honesta a la pregunta de una nueva Constitución es “depende”. Una discusión de esta magnitud debe ser reposada, abierta y, por sobre todas las cosas, guiada por la sabiduría, la virtud más escasa en nuestro país. Estamos hablando de la base del estado de derecho, en que se definen nada menos que el bien y el mal en la sociedad. Esto es demasiado trascendente para llevarlo a las consignas. Un cambio de Constitución no puede ser producto de la pasión ni de las contingencias; menos cuando el país ha logrado 30 años de sostenido progreso con seis gobiernos de distinto color y la misma Constitución. Chile claramente no está en crisis, como lo están Venezuela, Argentina, Siria y otros.


Si se estima que la actual Constitución es ilegítima, entonces la condición esencial para una nueva es que deba ser aprobada por un mínimo del 75% de la población. De nada sirve una Constitución aprobada por el 50% más uno: sería una mayoría transitoria imponiéndose sobre la otra mitad. Eso es un juego de poder, no de democracia. Si sólo la mitad más uno fuese necesaria para aprobar las nuevas definiciones de lo bueno y lo malo, lo posible y lo prohibido, éstas serían ilegítimas para la otra mitad. Sólo es legítima una Constitución muy mayoritariamente aprobada. Para lograr eso necesariamente hay que ponerse de acuerdo, transar, ceder posiciones y pensar en forma tolerante y constructiva.


La izquierda chilena, ahora encabezada por Bachelet, propone el cambio de Constitución, pero no dice que se requiera un quórum relevante para aprobarla. Me imagino que quiere algo al estilo Chávez, Morales, Correa y otros desastres, y piensa en el 50% + 1 sólo para cambiar una ilegitimidad por otra. No hay nobleza ni altura republicana en su posición. El cambio que proponen no es una invitación a la verdadera democracia que significa alcanzar acuerdos realmente compartidos y estables. Bachelet gobernó 4 años y nunca dijo nada de eso. El que trajo el tema constitucional al debate fue realmente ME-O, denostado por la izquierda que ahora le roba la idea.


La pregunta que hago con el sombrero de economista es si el cambio trae efectivamente más beneficios que costos. Por ello la respuesta es «depende del proceso y condiciones». La historia está llena de cambios que resultan peores que el punto de partida. Nuestros legisladores hicieron voluntario el voto y de registro automático, y el resultado fue exactamente opuesto a lo que predijeron: votó menos gente. Los venezolanos están peor que antes. Los cubanos fueron a la revolución y se debaten en la pobreza. Las revoluciones árabes no sabemos dónde terminarán, etc.


La sociedad actual es muy compleja, globalizada, tecnológica, mediatizada al extremo, en camino irreversible al mundo digital, con cambios ya evidentes en los modelos de familia y sexualidad; con pronto debut de la inteligencia artificial cotidiana. Viene la integración de la biología con la tecnología, el desafío educacional del lenguaje post simbólico, el debate de los transgénicos, la necesidad de descentralización, el envejecimiento de la población, el problema ecológico global, las nuevas formas de terrorismo global, el útero artificial, las nuevas formas de delincuencia. Hay nuevas formas de espiritualidad, nuevos requerimientos de capital social y se necesita una nueva relación entre lo público y lo privado. Ese es el tipo de marco de referencia para pensar una Constitución para el siglo 21. Nada de esto está ni en el fundamentalismo conservador ni en el discurso político de la izquierda. Si para Vallejo y el PC, que son ahora del equipo de Bachelet, Cuba es un gran ejemplo de democracia, quiere decir que necesitamos primero ponernos de acuerdo en las definiciones.


En síntesis, si el problema de la actual Constitución fuese de ilegitimidad, quienes la quieren cambiar en su totalidad deben ser honestos y plantear un quórum del 75% al 80%. Si se acepta esa premisa, ello necesariamente lleva al diálogo, a los acuerdos y a la consideración real de las minorías. Sólo entonces, con esa aprobación, tendríamos una Constitución realmente sabia y legítima. Si el ejercicio es un cambio trucho, oportunista y manipulado al estilo chavista para que un grupo adquiera el poder y someta al otro, sería el inicio de un gran desastre para el país, y el fin del progreso colectivo.


Es tiempo de sabiduría, no de pasiones. Si no lo hacemos así, quedaremos peor que donde partimos, lo que me imagino nadie quiere.


Los Ministros pagan sus culpas,
por Gonzalo Rojas Sánchez.


Perdimos el Gobierno por "los errores cometidos". Así suelen referirse los políticos de izquierda a sus comportamientos durante la Unidad Popular, y en referencia al Once de septiembre.


¿Errores? Algunas conductas pueden calificarse así, pero eso no las exime de malicia. Otras, la mayoría, simplemente fueron horrores pensados, ejecutados y defendidos con plena conciencia revolucionaria.


Y no fue el Pronunciamiento de septiembre el momento de comenzar a exigir esas responsabilidades, porque ya mucho antes, en concreto en la primera semana de junio de 1973, tres Ministros tuvieron que enfrentar diversas situaciones en que se les exigía responder por medidas conscientemente asumidas. De errores, nada.


Primero fue Aníbal Palma, el Secretario general de Gobierno, cuyo arresto fue ordenado por la Corte de Apelaciones a raíz de prevaricación y desacato. Palma había ordenado clausurar radio Agricultura por supuestas emisiones alarmistas y por informar sobre los graves incidentes acaecidos entre mineros y carabineros en Rancagua. La radio obviamente apeló y la medida fue judicialmente levantada, pero Palma subió hasta la Suprema. El más alto Tribunal designó un Ministro en Visita, quien determinó que Palma debía ir a prisión por los cargos mencionados. Salió bajo fianza, pero el Comité político de la UP estimó que el comportamiento Judicial había hecho perder "toda legitimidad y autoridad moral a la Corte Suprema", transformándola "en una trinchera más de la derecha en otro bastión de la reacción." Y agregaron que "ante el pueblo el compañero Palma ha sido absuelto y aplaudido por su acción y lo que comienza hoy es el juicio popular a la Corte Suprema."


En paralelo, el 6 de junio, fue aprobada en la Cámara de Diputados la acusación Constitucional contra los Ministros Luis Figueroa y Sergio Bitar, de Minería y Trabajo, respectivamente, por no haber cumplido con los debidos reajustes salariales que la Ley otorgaba a los mineros de El Teniente. La acusación fue presentada por la DC y apoyada por los Nacionales. El 74-0 con que se la aprobó en la Cámara baja se explica por la ausencia de los Diputados Gobiernistas, aunque antes de abandonar el recinto, y encabezados por el comunista Alejandro Rojas, habían agredido a varios Parlamentarios opositores, originándose una gresca que implicó a más de 60 Legisladores.


Casi tres semanas después, el Senado destituyo a ambos Ministros  -el cuarto y quinto en ser acusados durante el Gobierno de Allende- mediante una votación 26-0, esta vez sin que ni siquiera participaran del debate los Senadores de la UP.


Las instituciones funcionaban, por ahora, para exigir las responsabilidades de los colaboradores de Allende, sin que se pudiera llegar a implicar directamente al Presidente, por razones de quórum en el Senado.


La mala educación,
por Juan Ignacio Brito.


Nuevamente hay colegios y sedes universitarias en toma. Y aunque existen ciertas señales positivas, como la actitud de los padres y apoderados de algunos liceos que han protagonizado “recuperaciones” o llegado a entendimientos para asegurar el derecho de sus hijos de asistir a clases, otra vez abundan los eslóganes y las consignas que conocimos en 2006 y 2011.


Pese a que buena parte de las demandas se origina en cuestiones internas de cada institución, las tomas “se enmarcan en una lucha nacional que debemos dar todos juntos”, ha señalado el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. Si puede utilizarse como ejemplo, el petitorio de los alumnos del Instituto Nacional parece revelador: reclama un conjunto de reformas para promover un cogobierno estudiantil (celebración de claustros, entrega de información financiera, remoción de autoridades del colegio si son “una piedra de tope”, que el consejo escolar “sea el órgano resolutivo sobre todos los aspectos del devenir de la institución”, etc.). Sin embargo, lo que más llama la atención es lo que no está: lo propiamente académico, que ocupa menos de tres páginas en un documento de 16. En este ámbito hay quejas por la calidad y dotación del cuerpo docente, críticas al “maltrato” y el “autoritarismo” sufrido por los alumnos de parte de algunos profesores y reclamos porque se estableció el estudio de tres idiomas en algunos niveles, lo cual habría generado una “sobrecarga académica”. También se protesta por la disminución de horas de Educación Tecnológica y el excesivo tecnicismo de la orientación.


La baja densidad de las demandas académicas -en especial si se las compara con el alto octanaje de los otros cambios exigidos- ratifica el carácter político del movimiento estudiantil y su escasa conexión con el problema más acuciante de la educación municipalizada: la baja calidad de la enseñanza. Es cierto que se han hecho progresos, pero la distancia con los colegios particulares sigue siendo muy amplia. Resulta frustrante que los alumnos crean que algo se arreglará entregándoles a ellos el poder al interior de los establecimientos.


Este equivocado orden de prioridades provoca que se pierdan tiempo y energía que podrían ser destinados a corregir situaciones aberrantes, como la creciente pérdida de presencia de las humanidades o la casi total desaparición de la lectura de los clásicos en los currículos escolares. En lugar de ello, las autoridades municipales y nacionales, los apoderados y los alumnos se desgastan en discusiones estériles que sólo dan pie a más conflictos.


La única manera de conseguir mejoras sustantivas es debatir y llegar a acuerdos en educación, no sobre la política que la rodea y que, muchas veces, termina asfixiándola. Lo que sucede a nivel escolar se replica a escala nacional, donde desde hace años venimos hablando de grandes superestructuras (Loce, Lege, CNA, superintendencias, etc.) y se escucha muy poco de contenidos y programas, que es lo que finalmente terminan viendo los alumnos en clases. La revolución pingüina, los movimientos de 2011 y los que surgen ahora tienen el mérito de haber puesto el tema, pero muy pocos se muestran dispuestos a hablar en serio de la mala educación.


Exonerados: las responsabilidades políticas.


Como uno de los "mayores fraudes en contra del Estado" calificó el Subsecretario del Interior los casi 180 millones de dólares que, según estimaciones de La Moneda, se habrían pagado como beneficios previsionales a falsos exonerados políticos. Aún no hay certeza sobre el número exacto de certificaciones posiblemente anómalas, pero el Gobierno estima que serían entre el 30 y el 50% del total de las emitidas desde que la Ley fue aprobada, en agosto de 1993. Por su parte, la Ministro del Trabajo declaró que "el programa de exonerados fue hecho para defraudar y diseñado para dar beneficios a gente que no lo merecía".


Según las cifras de la Oficina de Exonerados Políticos, desde el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle hasta ahora ellos se han entregado a casi 156 mil presuntos exonerados políticos, un tercio de los cuales no aparece en el registro con una fecha de certificación o resolución de ingreso. De los otros dos tercios, poco más de la mitad se autorizó durante el Gobierno de la Presidente Bachelet y casi un tercio durante el de Frei. Con el Presidente Lagos, la cifra solo se empinó a casi 14 mil personas, y con el Presidente Piñera, a cerca de 4 mil.


Sería natural que en el período que siguió a la aprobación de la Ley se produjese el mayor número de certificaciones, que debería haber disminuido paulatinamente con el tiempo. En efecto, de un Gobierno a otro se otorgaron menos autorizaciones que en el anterior, hasta la administración Bachelet, que en cuatro años cuadruplicó las concedidas en el Gobierno de Lagos. A eso se suma que en los tres Gobiernos concertacionistas las autorizaciones crecen notoriamente en su último año de administración, esto es, durante el período de campaña Presidencial. Y los datos reunidos por la Contraloría apuntan principalmente a cuatro colectividades opositoras (PS, PC, PR y DC) como responsables de la entrega irregular de certificados.


El Presidente del PS, Osvaldo Andrade, en defensa de la ex Presidente Bachelet, sostuvo que las responsabilidades políticas serían "individuales" y "las tendrán que asumir aquellos que dieron la certificación". Hasta el momento, la Contraloría ha revisado apenas 9.145 casos, de los que un tercio sería fraudulento, por lo que resultaría aventurado sacar conclusiones definitivas. Con todo, la información ya disponible plantea una situación grave, que exige exhaustiva clarificación.


Es claro que la primera responsabilidad, incluso de carácter penal, corresponderá a quienes, sin ser exonerados políticos, lograron hacerse pasar por tales, obteniendo recursos públicos que legalmente no les correspondían. Pero también hay responsabilidad -como el propio Diputado Andrade lo reconoce- de aquellos Parlamentarios o autoridades políticas que firmaron los certificados, a cuyo respecto el haber actuado de "buena fe" deberá ser un antecedente a revisar, en especial en lo que toca a quienes masivamente dieron su aval a personas cuyos antecedentes no recabaron. Y, por extensión, una lógica similar podría aplicarse a algunas autoridades políticas bajo cuyo mandato se dio un infundado exceso de certificaciones.


En cualquier país, un asunto como este -por la importancia cívica de un presunto fraude público extendido hasta proporciones inaceptables- se politizaría inevitablemente, y quizá tendría repercusiones electorales. Pretender ignorarlo no sería realista y agravaría el daño al prestigio del sistema democrático, particularmente en momentos en que la ciudadanía exige transparencia y coherencia, y actúan grupos explícitamente antisistémicos. De allí que sea indispensable esclarecerlo de modo exhaustivo -es del todo acertado que la Corte Suprema designara un Ministro en Visita para este efecto- y, por cierto, corregirlo, para que no se perpetúe ni repita. Es, pues, atendible la propuesta de un grupo de Diputados aliancistas en cuanto a restablecer mediante Ley el imperio del derecho, entregar a la autoridad administrativa la facultad de revocar, cuando proceda, la calificación de exonerado político, y con ello cesar el pago de beneficios ilegítimos.


Propuesta del Gobierno para la reforma previsional.


El Gobierno ha anunciado que está estudiando una reforma previsional que sería presentada en el segundo semestre y que tendría por objetivo aumentar la competencia, controlar las lagunas previsionales y reducir la evasión en las cotizaciones. Esta iniciativa resulta oportuna, en la medida que propone enfrentar el problema latente que afecta a un porcentaje de los afiliados al sistema de AFP, cuyos fondos proyectados no serían suficientes para financiar una pensión razonable, lo que puede significar además una contingencia importante de recursos para el Fisco, derivada del aporte solidario comprometido. Sin embargo, algunas de las soluciones planteadas en el debate contienen potenciales efectos negativos -como el encarecimiento de la contratación y la rigidización del sistema- que deberían ser descartadas para no frustrar la orientación positiva del proyecto.


En el último tiempo se ha llamado la atención sobre el hecho de que un parte  de los cotizantes de AFP no han logrado acumular fondos suficientes para financiar una pensión razonable -que se estima en un 70% del promedio de remuneraciones-, principalmente por la ausencia de cotizaciones por períodos de cesantía o informalidad laboral. La última reforma previsional enfrentó esta realidad a través de la creación del aporte solidario, que complementa esos fondos para alcanzar una pensión razonable. Sin embargo, esa solución es parcial, ya que tiene un requisito de cotizaciones mínimas -para evitar desincentivarlas- y genera para el Fisco el riesgo de verse obligado a incurrir en gastos crecientes. Entre las soluciones planteadas en el debate está incrementar la acumulación de fondos por la vía de un incentivo para retrasar la edad de jubilación. Para los afiliados que tienen fondos suficientes esto no tiene mayor relevancia, porque pueden optar entre la jubilación anticipada o dilatarla hasta el momento más favorable. Sí produce efectos para los que no están en esa situación, y aquí la mayor edad de jubilación pretende dar más tiempo a la acumulación de fondos y retrasar la aplicación del aporte solidario del Fisco, básicamente una señal en línea con el aumento de la esperanza de vida.


En cuanto a la propuesta de aumentar la cotización, ello produce el efecto de incrementar los fondos durante toda la vida del trabajador y mejora sus expectativas de pensión, pero no solucionará la insuficiencia de quienes están ahora cerca de la edad de jubilar, y tampoco apunta a los que tienen lagunas o están fuera del mercado laboral. Cuando se señala que una mayor cotización no afectaría a los trabajadores por ser de cargo del empleador, se omite el hecho de que a corto plazo esto se ajustaría en una reducción en la remuneración promedio de los trabajadores. Por de pronto, sería discutible imponer esa mayor carga a todos quienes sí logran acumular los fondos necesarios, razón por la cual cabría evaluar alternativas, como dar importantes  incentivos tributarios a las cotizaciones y a los aportes voluntarios a la cuenta de capitalización. La Ministro del Trabajo ya ha planteado ese tipo de incentivos para atrasar la edad de jubilación y cabría ampliarlos a las cotizaciones iniciales. Esto evitaría encarecer el costo de contratación, variable crítica en la competitividad de los países con economías abiertas como la nuestra.


El costo Fiscal de esos incentivos puede ser inferior al aporte solidario y tiene la ventaja de acotar el compromiso futuro de gasto público, además de ser un incentivo a que las personas perciban mayores beneficios en cotizar y formalizar su relación laboral.


Incitación al odio.


El "caso Murdock" fue cerrado por la comunidad judía y el canal de TV que en un programa de humor permitió que un títere de ese nombre hiciera un inaceptable chiste alusivo al Holocausto. Ante la ola de críticas, esa estación debió ofrecer disculpas públicas en un comunicado, y el humorista -que pidió perdón por lo ocurrido- y su títere fueron "congelados" de la programación. No obstante, el Consejo Nacional de Televisión resolvió por unanimidad formular cargos contra ese canal, por dos emisiones en que el mismo personaje hizo "mofa del Holocausto, de la raza negra, de los discapacitados y de la pobreza infantil".


El humor es una forma de opinión, y las garantías que resguardan a la expresión de esta le son aplicables. Ellas, como todas, tienen límites, y al respecto hay un amplio abanico de opiniones, como, por ejemplo, una columna en este diario del abogado y profesor universitario Carlos Peña, quien observa que es legítimo el humor sobre las formas de vida ajenas, aunque incomoden a sus blancos, mas no lo es aquel que, "al reírse del Holocausto, borra o empequeñece su carácter de crimen". El distingo no siempre será tan nítido, pero en eso radica la prudencia en cada caso.


Este penoso incidente ha reactivado un movimiento para tipificar el delito de "incitación al odio", y la Comisión de DD.HH. del Senado ha pedido máxima urgencia en esta materia. Este mes votaría la Cámara Alta un proyecto de Ley presentado por Senadores de gobierno y oposición en 2010 y aprobado por dicha comisión en enero pasado. Dicho proyecto pone especial énfasis en la obligación del Estado de Chile de velar por el cabal atenimiento al principio Constitucional de no discriminación, que -sostienen- podría verse afectado por los delitos discriminatorios en sentido estricto, que incluyen, entre otros, "los actos directos de ofensas o injurias discriminatorias a grupos de personas", y "la incitación al odio y a la hostilidad discriminatoria". Consiste esta en mover a un grupo indeterminado de personas, presentes o a través de medios de difusión pública, al odio o la violencia contra los integrantes de un determinado grupo racial, religioso u otro, mediante alguna palabra o acción que revelen hostilidad o menosprecio. Según la iniciativa, se trataría "del preludio a la violencia" o "de hacer nacer el odio".


Requerirá extrema cautela la forma técnica en que se regule esta materia, porque puede terminar afectándose indebidamente la libertad de expresión, reduciéndose el ámbito del debate público. La intervención del derecho penal debe reservarse únicamente para los casos más graves, en que el lenguaje de odio, previamente descrito en un tipo penal, ponga en peligro concreto a determinados bienes jurídicos precisos. Deben evitarse tipificaciones genéricas, entendibles en países que han sufrido traumas inconmensurables en esta materia, lo que no es el caso de Chile. No cabe injertar sin más en nuestro ordenamiento normas nacidas de otras realidades, pues pueden terminar siendo instrumentalizadas para fines muy diferentes de los hoy buscados. Para los casos medianos o menos graves, procede priorizar la intervención del Consejo Nacional de Televisión o de los consejos de ética de los medios de comunicación.


Tomas en colegios y universidades.


Una serie de tomas se han sucedido en los últimos días tanto en establecimientos escolares como universitarios, bajo el despliegue de consignas estudiantiles similares a las utilizadas en ocasiones anteriores y que pretenden justificar el actuar de quienes protagonizan estas medidas de presión ilegítimas. Argumentos que incluso son contradictorios con el proceder de estos grupos de estudiantes, como se puede apreciar en el caso del Liceo Industrial Chileno Alemán de Ñuñoa, donde los mismos que protestan  demandando mejoras en la infraestructura de su colegio, han atacado con objetos contundentes dichas dependencias para amedrentar a los apoderados que hacen guardia en su interior evitando que éstos se lo tomen.


Aunque es valorable, resulta insostenible y peligroso que deban ser los padres de los alumnos que no quieren ver interrumpidas las clases por hechos de este tipo,  quienes deban enfrentarse a aquellos que  intentan obstaculizar el normal desarrollo del año académico. Es deber de las autoridades Municipales y policiales evitar que se vulnere el derecho del resto de los alumnos a estudiar. Existe un claro riesgo de que las tomas se vuelvan más frecuentes a medida que se acerquen las elecciones de noviembre, lo que obliga  a adoptar todas las medidas para impedirlas, recurriendo incluso al desalojo si es necesario.  Como quedó en evidencia durante las movilizaciones del 2011, la realización de tomas tiene un impacto pernicioso para los alumnos de las instituciones afectadas, pues repercuten directamente en la calidad de la educación que se les imparte.


Por eso es muy importante que no existan posturas divergentes de las autoridades y de la ciudadanía en esta materia, debiendo existir un rechazo unánime de estas acciones.


El Presidente Piñera en América del Norte.


La gira del Presidente Piñera a Canadá y EE.UU. ha permitido capitalizar los beneficios de las libertades políticas y económicas compartidas con esos países, afianzar las relaciones mutuas y exhibir los progresos de Chile y el liderazgo de su Presidente, destacados por el Primer Ministro Harper y calificados de sobresalientes por el Presidente Obama.


La delegación Presidencial en Canadá -tercer inversionista extranjero en Chile e interesado en incorporarse a la Alianza del Pacífico- apuntó a ampliar la estratégica relación bilateral con una variedad de convenios para el desarrollo sustentable de los recursos naturales y para la asociación en educación, innovación, agricultura, medio ambiente, seguridad y defensa. La renovación de las promisorias relaciones con Canadá y la calurosa acogida brindada a la representación nacional merecen ser destacadas, no obstante el interés que provoca la visita Presidencial a Estados Unidos.


La visita Presidencial a Washington tiene la especial significación de corresponder a la histórica recepción del Presidente Obama en Chile, hace ya dos años. Entonces, el dignatario invitado distinguió a Santiago para anunciar su política para toda la región, como lo hiciera en El Cairo respecto del Medio Oriente. Su mensaje prometió una asociación igualitaria para profundizar la agenda común, dentro del respeto y los intereses compartidos. Una demostración concreta de ese compromiso es el reciente anuncio de la próxima eliminación de visas a turistas chilenos a Estados Unidos. Chile ha concedido desde siempre a los ciudadanos estadounidenses esa facilidad, que pronto beneficiará a nuestros connacionales.


Para el éxito de esta gira y del conjunto de sus resultados ha sido decisiva la gestión del Embajador Felipe Bulnes. Así, en el caso de la supresión de visas, desde que asumió sus funciones se concentró en velar por el cumplimiento de requisitos entonces aún pendientes. Eso significó dedicar un año y dos meses a finalizar negociaciones complejas e iniciar otras faltantes. El indispensable reporte de pasaportes perdidos y robados se estaba haciendo dos veces al mes, pero en abril pasado se llegó a 29 días al mes, lo que permitió el intercambio de notas Diplomáticas hace dos semanas. Lograrlo supuso una intensa labor de coordinación entre el Registro Civil e Investigaciones, asunto extremadamente complejo en la práctica. Otro tanto se hizo respecto de la tasa de rechazo de visas: recién en 2012 se llegó a menos del 3%, tras plantear observaciones a la forma de cálculo.


La diversidad y fecundidad de las relaciones con EE.UU. son para Chile excepcionales en contenido y han alcanzado niveles sin precedentes. La liberalización del emprendimiento, de las inversiones y de los servicios transfronterizos por ambos países ha significado incrementar en 10 años el intercambio comercial en alrededor de cuatro veces (casi 30 mil millones de dólares anuales). Ese país es nuestro mayor y más diversificado socio en el intercambio, el segundo mercado de exportaciones de Chile (y, restando el cobre, el primero), como lo es en cuanto inversionista, financista y proveedor de importaciones y tecnología. También en una década, EE.UU. ha sextuplicado sus exportaciones a Chile, que hoy ocupa el 19° lugar en su ranking de mayores mercados, habiendo estado en el 35°. La vanguardia estadounidense en educación, ciencia, tecnología, defensa, innovación y energía ha impulsado una multiplicidad de convenios bilaterales, y con Texas, California y Massachusetts. Un tratado amplio y contundente para la transferencia de las modernas aplicaciones del conocimiento, como se ha logrado en la economía, debería ser nuestra meta para sostener el crecimiento, mejorar la salud, la educación, el medio ambiente y la oferta energética y para agregar mayor valor a las producciones nacionales. Los convenios provenientes de la Cuenca del Pacífico son otra área de trabajo conjunto para solucionar capítulos esenciales para el interés nacional, donde surgen discrepancias de intereses y tratos discriminatorios en materia de propiedad intelectual, que legítimamente desalientan nuestra incorporación al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).


Con la restauración de la democracia chilena, las afinidades en derechos humanos y el respeto a las libertades individuales, con el tratado de libre comercio, el crecimiento económico y la solidez institucional nacionales y el mutuo respeto a las decisiones soberanas, se ha logrado intensa cooperación con EE.UU. en los campos más variados y en los ámbitos bilaterales, trilaterales, multilaterales y globales. Esos lazos y compromisos en favor de la democracia, la prosperidad y la seguridad se han fortalecido bajo los mandatos de los Presidentes Obama y Piñera, con el profesional trabajo de las Cancillerías y sus Embajadores.


Donaciones: La necesidad de una “Ley Única”.


Un reportaje publicado hace unos días por “La Segunda” dio cuenta del amplio consenso que suscita en la sociedad civil la demanda por una Ley Unica de Donaciones, que sistematice las diversas disposiciones que rigen el tema y ofrezca un mismo tratamiento para las distintas áreas que pueden ser objeto de este tipo de aportes. La necesidad de avanzar en esa línea salta a la vista con sólo considerar la existencia de 90 cuerpos normativos en la materia, los que incluyen desde la Ley de Herencias y normas que establecen de modo general beneficios tributarios y límites para ciertas donaciones, hasta al menos ocho Leyes que regulan los aportes de privados a campos específicos, como el deporte, la cultura, la reconstrucción, etc.


Evidentemente tal dispersión da pie a situaciones inequitativas, en que la colaboración hacia actividades igualmente valoradas por la sociedad recibe un trato diferenciado, dependiendo de las particulares disposiciones que las regulen. A ese respecto, en uno de los testimonios recogidos por “La Segunda”, una destacada educadora hacía notar sus contrastantes experiencias al tener que trabajar con la Ley que rige las donaciones de tipo cultural y la que opera para las educacionales, esta última —en su visión— demasiado engorrosa en sus procedimientos y por tanto de restringido uso. Y es éste, precisamente, uno de los efectos más negativos del cuadro actual: la diversidad de normas vigentes —dictadas en un plazo de cuarenta años y que incluyen fuertes multas en la Ley de Impuesto a la Renta— termina actuando como un lamentable desincentivo. Muestra de ello la constituyen algunas cifras: el 51% de las grandes empresas del país no ha hecho donaciones en los últimos siete años, mientras que el nivel de aportes filantrópicos registrado llega apenas al 0,1% del PIB, en circunstancias que de nuestro grado de desarrollo cabría esperar números en torno al 0,33%.


Buscando corregir en parte esa situación, el actual Gobierno ha impulsado algunos cambios valiosos, como la recientemente aprobada reforma a la Ley de Donaciones Culturales, que amplió su campo de posibles beneficiarios, o la llamada «Ley Cubillos», que resolvió algunas rigideces en los aportes de tipo social. Pero diversas instituciones agrupadas en la Comunidad de Organizaciones Sociales no sólo han advertido la necesidad de ir más allá de tales modificaciones específicas, sino que incluso presentaron a las autoridades un anteproyecto de Ley Única de Donaciones para su estudio. Hasta ahora ello no se ha traducido en el envío por parte del Ejecutivo de una iniciativa en esa línea al Congreso. Con todo, son claros algunos de los conceptos hacia los que se debiera apuntar, aparte de ofrecer un trato regulatorio común, como revisar los actuales límites o facilitar las donaciones de personas.


Ciertamente las reformas en esta área pueden suscitar alguna discusión, tanto por la necesidad de adoptar resguardos frente a eventuales abusos como por la desconfianza que ellas pueden provocar entre quienes, por concepciones doctrinarias, privilegian la acción directa del Estado. La experiencia mundial, sin embargo, demuestra que, actuando en esta materia con pragmatismo, el incentivo a las donaciones privadas puede ser una eficaz herramienta que complemente y potencie las políticas públicas, incluso resolviendo algunas de sus falencias, con amplio beneficio para toda la sociedad.



7 DE JUNIO DE 1880, TOMA DEL MORRO DE ARICA
GUERRA DEL PACÍFICO 1879-1884


Participan las fuerzas peruanas al mando del Coronel Francisco Bolognesi, en número de 2.100 hombres, los cuales estaban de guarnición y la división chilena de 4.000 soldados de infantería al mando del Coronel Pedro Lagos Marchant.


El día 5, a las 8:00 hrs., los cañones chilenos rompieron el fuego, el que fue contestado por los peruanos.


El mismo día fue enviado el Mayor José de la Cruz Salvo a parlamentar con el enemigo. Fue conducido con los ojos vendados, a presencia del Jefe de Plaza, coronel Bolognesi, quién lo recibió cortésmente. El parlamentario le pidió la rendición de la plaza para evitar el derramamiento inútil de sangre, ya que debido a la situación de los chilenos y sus fuerzas, toda resistencia era inútil. Bolognesi contestó "resistiremos hasta quemar el último cartucho".


El 6 de junio se efectuó un segundo bombardeo con la cooperación de la Escuadra, para forzar una capitulación peruana honrosa.


El intercambio de disparos dañó a la Covadonga y provocó muchas bajas en el blindado Cochrane.


A media noche del 6, el Coronel Lagos dejó el campamento de Azapa con los cuerpos que iban a participar en el asalto.


El ataque se inició al amanecer del día 7 de junio contra el fuerte Ciudadela. Otro fuerte atacado fue el del Este, la fuerza peruana que se salvó de estos ataques mediante la fuga, fue a engrosar la guarnición del morro de Arica. Según los planes, correspondía al regimiento Buin tomar el morro. No se sabe quién gritó: ¡ Al morro muchachos! y la tropa, olvidando las instrucciones, se precipitó al asalto. Enardecidos, llegaron a la plazoleta del morro, izando la bandera chilena. Bolognesi, Ugarte y la mayor parte de los oficiales peruanos perecieron en la refriega.


Los fuertes del Norte habían caído en poder del batallón Lautaro, dirigido por Orozimbo Barbosa Puga. Se izó la bandera a las 7:45 hrs.


La toma del morro demoró 55 minutos de lucha. El General Baquedano y el Coronel Velásquez que observaban la batalla y seguidos por Manuel Bulnes Pinto con el regimiento de caballería Carabineros de Yungay, tomaron la plaza de Arica a las 8:30 hrs., salvando la vida a cientos de rendidos.


El General Baquedano fue ascendido por esta victoria a General de División.


El número de prisioneros peruanos fue superior a 1.000 y un número igual cayó en la batalla. Las bajas chilenas fueron de 473 entre muertos y heridos. Murió en esta acción el Comandante del 4° de Línea Juan José San Martín.


Fuente: Diccionario Histórico y Biográfico de Chile.





De nuestro Twitter

EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

#GolpeAlaPyme.

Hágase seguidor de Reacción Chilena

Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

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