El
Presidente Sebastián Piñera, acompañado por los Ministros de Salud,
Jaime
Mañalich; de Desarrollo Social, Joaquín Lavín; del Trabajo, Evelyn
Matthei;
y del Sernam, Loreto Seguel, encabezó ayer la ceremonia de
anuncios de políticas de Estado en favor de la natalidad.
Cruz-Coke
y Lavín salieron del Gabinete para reforzar las campañas
Presidenciales,
el ex Secretario de Cultura reforzará la campaña de
Allamand,
mientras el Ministro de Desarrollo Social asumirá como
Generalísimo de la de Longueira.
Una
demanda en contra de 25 ex ministros de Educación y Economía, y contra
ex
Vicepresidentes de Corfo interpuso la "Agrupación de Estudiantes Estafados
por
el Crédito Corfo” pidiendo multimillonarias indemnizaciones. Nos extraña
que
no hayan incluido a Lagos, el creador del abusivo sistema de créditos.
Gobierno
inicia proceso de suspensión de pagos a "falsos" exonerados y
presentará
querella para determinar responsabilidades, el IPS iniciará el
proceso
de suspensión de pagos e Interior pedirá ampliación de querella
presentada hace un año.
Rendimos
homenaje a los valientes soldados chilenos que el 7 de junio
de 1880
se tomaron el morro de Arica en solo 55 minutos, venciendo
las dificultades del terreno y las fortificaciones peruanas.
La
demencia del ‘’bolivarianismo’’ está llegando a límites increíbles, ayer se le
dio
al
fallecido Hugo Chávez el Premio Nacional de Periodismo ‘’por el impulso que dio
a los
medios públicos y populares del país durante su gestión de Gobierno’’.
Al
menos 18 personas han muerto a raíz de las intensas lluvias y riadas que desde
el
viernes
pasado azotan a Europa central y, aunque en algunas de las regiones más
afectadas la alarma comienza a bajar, otras están aún a la espera de lo
peor.
El
Presidente ruso, Vladímir Putin, y su esposa Ludmila anunciaron ayer su
divorcio,
luego
de 30 años como casados, el Gobernante dijo que ‘’Ésta ha sido una decisión
mutua.
Nuestro matrimonio ha terminado. Prácticamente no nos vemos. Cada uno
tiene su propia vida’’.
La
UE calificó de "totalmente equivocada y sin fundamento" la crítica
del Fondo
sobre
los esfuerzos para reformar radicalmente la economía griega, lo que agudiza
el enfrentamiento por los planes de rescate a países europeos.
¿Necesitamos una nueva Constitución?,
por Sergio Melnick.
La verdadera respuesta y la más honesta a la
pregunta de una nueva Constitución es “depende”. Una discusión de esta magnitud
debe ser reposada, abierta y, por sobre todas las cosas, guiada por la
sabiduría, la virtud más escasa en nuestro país. Estamos hablando de la base
del estado de derecho, en que se definen nada menos que el bien y el mal en la
sociedad. Esto es demasiado trascendente para llevarlo a las consignas. Un
cambio de Constitución no puede ser producto de la pasión ni de las contingencias;
menos cuando el país ha logrado 30 años de sostenido progreso con seis
gobiernos de distinto color y la misma Constitución. Chile claramente no está
en crisis, como lo están Venezuela, Argentina, Siria y otros.
Si se estima que la actual Constitución es
ilegítima, entonces la condición esencial para una nueva es que deba ser
aprobada por un mínimo del 75% de la población. De nada sirve una Constitución
aprobada por el 50% más uno: sería una mayoría transitoria imponiéndose sobre
la otra mitad. Eso es un juego de poder, no de democracia. Si sólo la mitad más
uno fuese necesaria para aprobar las nuevas definiciones de lo bueno y lo malo,
lo posible y lo prohibido, éstas serían ilegítimas para la otra mitad. Sólo es
legítima una Constitución muy mayoritariamente aprobada. Para lograr eso
necesariamente hay que ponerse de acuerdo, transar, ceder posiciones y pensar
en forma tolerante y constructiva.
La izquierda chilena, ahora encabezada por
Bachelet, propone el cambio de Constitución, pero no dice que se requiera un
quórum relevante para aprobarla. Me imagino que quiere algo al estilo Chávez,
Morales, Correa y otros desastres, y piensa en el 50% + 1 sólo para cambiar una
ilegitimidad por otra. No hay nobleza ni altura republicana en su posición. El
cambio que proponen no es una invitación a la verdadera democracia que
significa alcanzar acuerdos realmente compartidos y estables. Bachelet gobernó
4 años y nunca dijo nada de eso. El que trajo el tema constitucional al debate
fue realmente ME-O, denostado por la izquierda que ahora le roba la idea.
La pregunta que hago con el sombrero de
economista es si el cambio trae efectivamente más beneficios que costos. Por
ello la respuesta es «depende del proceso y condiciones». La historia está
llena de cambios que resultan peores que el punto de partida. Nuestros
legisladores hicieron voluntario el voto y de registro automático, y el
resultado fue exactamente opuesto a lo que predijeron: votó menos gente. Los
venezolanos están peor que antes. Los cubanos fueron a la revolución y se
debaten en la pobreza. Las revoluciones árabes no sabemos dónde terminarán,
etc.
La sociedad actual es muy compleja,
globalizada, tecnológica, mediatizada al extremo, en camino irreversible al
mundo digital, con cambios ya evidentes en los modelos de familia y sexualidad;
con pronto debut de la inteligencia artificial cotidiana. Viene la integración
de la biología con la tecnología, el desafío educacional del lenguaje post
simbólico, el debate de los transgénicos, la necesidad de descentralización, el
envejecimiento de la población, el problema ecológico global, las nuevas formas
de terrorismo global, el útero artificial, las nuevas formas de delincuencia.
Hay nuevas formas de espiritualidad, nuevos requerimientos de capital social y
se necesita una nueva relación entre lo público y lo privado. Ese es el tipo de
marco de referencia para pensar una Constitución para el siglo 21. Nada de esto
está ni en el fundamentalismo conservador ni en el discurso político de la
izquierda. Si para Vallejo y el PC, que son ahora del equipo de Bachelet, Cuba
es un gran ejemplo de democracia, quiere decir que necesitamos primero ponernos
de acuerdo en las definiciones.
En síntesis, si el problema de la actual
Constitución fuese de ilegitimidad, quienes la quieren cambiar en su totalidad
deben ser honestos y plantear un quórum del 75% al 80%. Si se acepta esa
premisa, ello necesariamente lleva al diálogo, a los acuerdos y a la
consideración real de las minorías. Sólo entonces, con esa aprobación,
tendríamos una Constitución realmente sabia y legítima. Si el ejercicio es un
cambio trucho, oportunista y manipulado al estilo chavista para que un grupo
adquiera el poder y someta al otro, sería el inicio de un gran desastre para el
país, y el fin del progreso colectivo.
Es tiempo de sabiduría, no de pasiones. Si no
lo hacemos así, quedaremos peor que donde partimos, lo que me imagino nadie
quiere.
Los Ministros pagan sus culpas,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Perdimos el Gobierno por "los errores
cometidos". Así suelen referirse los políticos de izquierda a sus
comportamientos durante la Unidad Popular, y en referencia al Once de
septiembre.
¿Errores? Algunas conductas pueden calificarse
así, pero eso no las exime de malicia. Otras, la mayoría, simplemente fueron
horrores pensados, ejecutados y defendidos con plena conciencia revolucionaria.
Y no fue el Pronunciamiento de septiembre el
momento de comenzar a exigir esas responsabilidades, porque ya mucho antes, en
concreto en la primera semana de junio de 1973, tres Ministros tuvieron que
enfrentar diversas situaciones en que se les exigía responder por medidas
conscientemente asumidas. De errores, nada.
Primero fue Aníbal Palma, el Secretario general
de Gobierno, cuyo arresto fue ordenado por la Corte de Apelaciones a raíz de
prevaricación y desacato. Palma había ordenado clausurar radio Agricultura por
supuestas emisiones alarmistas y por informar sobre los graves incidentes
acaecidos entre mineros y carabineros en Rancagua. La radio obviamente apeló y
la medida fue judicialmente levantada, pero Palma subió hasta la Suprema. El
más alto Tribunal designó un Ministro en Visita, quien determinó que Palma
debía ir a prisión por los cargos mencionados. Salió bajo fianza, pero el
Comité político de la UP estimó que el comportamiento Judicial había hecho
perder "toda legitimidad y autoridad moral a la Corte Suprema",
transformándola "en una trinchera más de la derecha en otro bastión de la
reacción." Y agregaron que "ante el pueblo el compañero Palma ha sido
absuelto y aplaudido por su acción y lo que comienza hoy es el juicio popular a
la Corte Suprema."
En paralelo, el 6 de junio, fue aprobada en la
Cámara de Diputados la acusación Constitucional contra los Ministros Luis
Figueroa y Sergio Bitar, de Minería y Trabajo, respectivamente, por no haber
cumplido con los debidos reajustes salariales que la Ley otorgaba a los mineros
de El Teniente. La acusación fue presentada por la DC y apoyada por los
Nacionales. El 74-0 con que se la aprobó en la Cámara baja se explica por la
ausencia de los Diputados Gobiernistas, aunque antes de abandonar el recinto, y
encabezados por el comunista Alejandro Rojas, habían agredido a varios Parlamentarios
opositores, originándose una gresca que implicó a más de 60 Legisladores.
Casi tres semanas después, el Senado destituyo
a ambos Ministros -el cuarto y quinto en
ser acusados durante el Gobierno de Allende- mediante una votación 26-0, esta
vez sin que ni siquiera participaran del debate los Senadores de la UP.
Las instituciones funcionaban, por ahora, para
exigir las responsabilidades de los colaboradores de Allende, sin que se
pudiera llegar a implicar directamente al Presidente, por razones de quórum en
el Senado.
La mala educación,
por Juan Ignacio Brito.
Nuevamente hay colegios y sedes universitarias
en toma. Y aunque existen ciertas señales positivas, como la actitud de los
padres y apoderados de algunos liceos que han protagonizado “recuperaciones” o
llegado a entendimientos para asegurar el derecho de sus hijos de asistir a
clases, otra vez abundan los eslóganes y las consignas que conocimos en 2006 y
2011.
Pese a que buena parte de las demandas se
origina en cuestiones internas de cada institución, las tomas “se enmarcan en
una lucha nacional que debemos dar todos juntos”, ha señalado el vocero de la
Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. Si puede utilizarse como
ejemplo, el petitorio de los alumnos del Instituto Nacional parece revelador:
reclama un conjunto de reformas para promover un cogobierno estudiantil
(celebración de claustros, entrega de información financiera, remoción de
autoridades del colegio si son “una piedra de tope”, que el consejo escolar
“sea el órgano resolutivo sobre todos los aspectos del devenir de la institución”,
etc.). Sin embargo, lo que más llama la atención es lo que no está: lo
propiamente académico, que ocupa menos de tres páginas en un documento de 16.
En este ámbito hay quejas por la calidad y dotación del cuerpo docente,
críticas al “maltrato” y el “autoritarismo” sufrido por los alumnos de parte de
algunos profesores y reclamos porque se estableció el estudio de tres idiomas
en algunos niveles, lo cual habría generado una “sobrecarga académica”. También
se protesta por la disminución de horas de Educación Tecnológica y el excesivo
tecnicismo de la orientación.
La baja densidad de las demandas académicas -en
especial si se las compara con el alto octanaje de los otros cambios exigidos-
ratifica el carácter político del movimiento estudiantil y su escasa conexión
con el problema más acuciante de la educación municipalizada: la baja calidad
de la enseñanza. Es cierto que se han hecho progresos, pero la distancia con
los colegios particulares sigue siendo muy amplia. Resulta frustrante que los alumnos
crean que algo se arreglará entregándoles a ellos el poder al interior de los
establecimientos.
Este equivocado orden de prioridades provoca
que se pierdan tiempo y energía que podrían ser destinados a corregir
situaciones aberrantes, como la creciente pérdida de presencia de las
humanidades o la casi total desaparición de la lectura de los clásicos en los
currículos escolares. En lugar de ello, las autoridades municipales y
nacionales, los apoderados y los alumnos se desgastan en discusiones estériles
que sólo dan pie a más conflictos.
La única manera de conseguir mejoras
sustantivas es debatir y llegar a acuerdos en educación, no sobre la política
que la rodea y que, muchas veces, termina asfixiándola. Lo que sucede a nivel
escolar se replica a escala nacional, donde desde hace años venimos hablando de
grandes superestructuras (Loce, Lege, CNA, superintendencias, etc.) y se
escucha muy poco de contenidos y programas, que es lo que finalmente terminan
viendo los alumnos en clases. La revolución pingüina, los movimientos de 2011 y
los que surgen ahora tienen el mérito de haber puesto el tema, pero muy pocos
se muestran dispuestos a hablar en serio de la mala educación.
Exonerados: las responsabilidades políticas.
Como uno de los "mayores fraudes en contra
del Estado" calificó el Subsecretario del Interior los casi 180 millones
de dólares que, según estimaciones de La Moneda, se habrían pagado como
beneficios previsionales a falsos exonerados políticos. Aún no hay certeza
sobre el número exacto de certificaciones posiblemente anómalas, pero el
Gobierno estima que serían entre el 30 y el 50% del total de las emitidas desde
que la Ley fue aprobada, en agosto de 1993. Por su parte, la Ministro del
Trabajo declaró que "el programa de exonerados fue hecho para defraudar y
diseñado para dar beneficios a gente que no lo merecía".
Según las cifras de la Oficina de Exonerados
Políticos, desde el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle hasta ahora ellos
se han entregado a casi 156 mil presuntos exonerados políticos, un tercio de
los cuales no aparece en el registro con una fecha de certificación o
resolución de ingreso. De los otros dos tercios, poco más de la mitad se
autorizó durante el Gobierno de la Presidente Bachelet y casi un tercio durante
el de Frei. Con el Presidente Lagos, la cifra solo se empinó a casi 14 mil
personas, y con el Presidente Piñera, a cerca de 4 mil.
Sería natural que en el período que siguió a la
aprobación de la Ley se produjese el mayor número de certificaciones, que
debería haber disminuido paulatinamente con el tiempo. En efecto, de un Gobierno
a otro se otorgaron menos autorizaciones que en el anterior, hasta la
administración Bachelet, que en cuatro años cuadruplicó las concedidas en el Gobierno
de Lagos. A eso se suma que en los tres Gobiernos concertacionistas las
autorizaciones crecen notoriamente en su último año de administración, esto es,
durante el período de campaña Presidencial. Y los datos reunidos por la
Contraloría apuntan principalmente a cuatro colectividades opositoras (PS, PC,
PR y DC) como responsables de la entrega irregular de certificados.
El Presidente del PS, Osvaldo Andrade, en
defensa de la ex Presidente Bachelet, sostuvo que las responsabilidades
políticas serían "individuales" y "las tendrán que asumir
aquellos que dieron la certificación". Hasta el momento, la Contraloría ha
revisado apenas 9.145 casos, de los que un tercio sería fraudulento, por lo que
resultaría aventurado sacar conclusiones definitivas. Con todo, la información
ya disponible plantea una situación grave, que exige exhaustiva clarificación.
Es claro que la primera responsabilidad,
incluso de carácter penal, corresponderá a quienes, sin ser exonerados
políticos, lograron hacerse pasar por tales, obteniendo recursos públicos que
legalmente no les correspondían. Pero también hay responsabilidad -como el
propio Diputado Andrade lo reconoce- de aquellos Parlamentarios o autoridades
políticas que firmaron los certificados, a cuyo respecto el haber actuado de
"buena fe" deberá ser un antecedente a revisar, en especial en lo que
toca a quienes masivamente dieron su aval a personas cuyos antecedentes no
recabaron. Y, por extensión, una lógica similar podría aplicarse a algunas
autoridades políticas bajo cuyo mandato se dio un infundado exceso de
certificaciones.
En cualquier país, un asunto como este -por la
importancia cívica de un presunto fraude público extendido hasta proporciones
inaceptables- se politizaría inevitablemente, y quizá tendría repercusiones
electorales. Pretender ignorarlo no sería realista y agravaría el daño al
prestigio del sistema democrático, particularmente en momentos en que la
ciudadanía exige transparencia y coherencia, y actúan grupos explícitamente
antisistémicos. De allí que sea indispensable esclarecerlo de modo exhaustivo
-es del todo acertado que la Corte Suprema designara un Ministro en Visita para
este efecto- y, por cierto, corregirlo, para que no se perpetúe ni repita. Es,
pues, atendible la propuesta de un grupo de Diputados aliancistas en cuanto a
restablecer mediante Ley el imperio del derecho, entregar a la autoridad
administrativa la facultad de revocar, cuando proceda, la calificación de
exonerado político, y con ello cesar el pago de beneficios ilegítimos.
Propuesta del Gobierno para la reforma previsional.
El Gobierno ha anunciado que está estudiando
una reforma previsional que sería presentada en el segundo semestre y que
tendría por objetivo aumentar la competencia, controlar las lagunas
previsionales y reducir la evasión en las cotizaciones. Esta iniciativa resulta
oportuna, en la medida que propone enfrentar el problema latente que afecta a
un porcentaje de los afiliados al sistema de AFP, cuyos fondos proyectados no
serían suficientes para financiar una pensión razonable, lo que puede significar
además una contingencia importante de recursos para el Fisco, derivada del
aporte solidario comprometido. Sin embargo, algunas de las soluciones
planteadas en el debate contienen potenciales efectos negativos -como el
encarecimiento de la contratación y la rigidización del sistema- que deberían
ser descartadas para no frustrar la orientación positiva del proyecto.
En el último tiempo se ha llamado la atención
sobre el hecho de que un parte de los
cotizantes de AFP no han logrado acumular fondos suficientes para financiar una
pensión razonable -que se estima en un 70% del promedio de remuneraciones-,
principalmente por la ausencia de cotizaciones por períodos de cesantía o
informalidad laboral. La última reforma previsional enfrentó esta realidad a
través de la creación del aporte solidario, que complementa esos fondos para
alcanzar una pensión razonable. Sin embargo, esa solución es parcial, ya que
tiene un requisito de cotizaciones mínimas -para evitar desincentivarlas- y
genera para el Fisco el riesgo de verse obligado a incurrir en gastos
crecientes. Entre las soluciones planteadas en el debate está incrementar la
acumulación de fondos por la vía de un incentivo para retrasar la edad de
jubilación. Para los afiliados que tienen fondos suficientes esto no tiene
mayor relevancia, porque pueden optar entre la jubilación anticipada o
dilatarla hasta el momento más favorable. Sí produce efectos para los que no
están en esa situación, y aquí la mayor edad de jubilación pretende dar más
tiempo a la acumulación de fondos y retrasar la aplicación del aporte solidario
del Fisco, básicamente una señal en línea con el aumento de la esperanza de
vida.
En cuanto a la propuesta de aumentar la
cotización, ello produce el efecto de incrementar los fondos durante toda la vida
del trabajador y mejora sus expectativas de pensión, pero no solucionará la
insuficiencia de quienes están ahora cerca de la edad de jubilar, y tampoco
apunta a los que tienen lagunas o están fuera del mercado laboral. Cuando se
señala que una mayor cotización no afectaría a los trabajadores por ser de
cargo del empleador, se omite el hecho de que a corto plazo esto se ajustaría
en una reducción en la remuneración promedio de los trabajadores. Por de
pronto, sería discutible imponer esa mayor carga a todos quienes sí logran
acumular los fondos necesarios, razón por la cual cabría evaluar alternativas,
como dar importantes incentivos
tributarios a las cotizaciones y a los aportes voluntarios a la cuenta de
capitalización. La Ministro del Trabajo ya ha planteado ese tipo de incentivos
para atrasar la edad de jubilación y cabría ampliarlos a las cotizaciones
iniciales. Esto evitaría encarecer el costo de contratación, variable crítica
en la competitividad de los países con economías abiertas como la nuestra.
El costo Fiscal de esos incentivos puede ser
inferior al aporte solidario y tiene la ventaja de acotar el compromiso futuro
de gasto público, además de ser un incentivo a que las personas perciban
mayores beneficios en cotizar y formalizar su relación laboral.
Incitación al odio.
El "caso Murdock" fue cerrado por la
comunidad judía y el canal de TV que en un programa de humor permitió que un
títere de ese nombre hiciera un inaceptable chiste alusivo al Holocausto. Ante
la ola de críticas, esa estación debió ofrecer disculpas públicas en un
comunicado, y el humorista -que pidió perdón por lo ocurrido- y su títere
fueron "congelados" de la programación. No obstante, el Consejo
Nacional de Televisión resolvió por unanimidad formular cargos contra ese canal,
por dos emisiones en que el mismo personaje hizo "mofa del Holocausto, de
la raza negra, de los discapacitados y de la pobreza infantil".
El humor es una forma de opinión, y las
garantías que resguardan a la expresión de esta le son aplicables. Ellas, como
todas, tienen límites, y al respecto hay un amplio abanico de opiniones, como,
por ejemplo, una columna en este diario del abogado y profesor universitario
Carlos Peña, quien observa que es legítimo el humor sobre las formas de vida
ajenas, aunque incomoden a sus blancos, mas no lo es aquel que, "al reírse
del Holocausto, borra o empequeñece su carácter de crimen". El distingo no
siempre será tan nítido, pero en eso radica la prudencia en cada caso.
Este penoso incidente ha reactivado un
movimiento para tipificar el delito de "incitación al odio", y la
Comisión de DD.HH. del Senado ha pedido máxima urgencia en esta materia. Este
mes votaría la Cámara Alta un proyecto de Ley presentado por Senadores de
gobierno y oposición en 2010 y aprobado por dicha comisión en enero pasado.
Dicho proyecto pone especial énfasis en la obligación del Estado de Chile de
velar por el cabal atenimiento al principio Constitucional de no
discriminación, que -sostienen- podría verse afectado por los delitos
discriminatorios en sentido estricto, que incluyen, entre otros, "los
actos directos de ofensas o injurias discriminatorias a grupos de
personas", y "la incitación al odio y a la hostilidad
discriminatoria". Consiste esta en mover a un grupo indeterminado de
personas, presentes o a través de medios de difusión pública, al odio o la
violencia contra los integrantes de un determinado grupo racial, religioso u
otro, mediante alguna palabra o acción que revelen hostilidad o menosprecio.
Según la iniciativa, se trataría "del preludio a la violencia" o
"de hacer nacer el odio".
Requerirá extrema cautela la forma técnica en
que se regule esta materia, porque puede terminar afectándose indebidamente la
libertad de expresión, reduciéndose el ámbito del debate público. La intervención
del derecho penal debe reservarse únicamente para los casos más graves, en que
el lenguaje de odio, previamente descrito en un tipo penal, ponga en peligro
concreto a determinados bienes jurídicos precisos. Deben evitarse
tipificaciones genéricas, entendibles en países que han sufrido traumas
inconmensurables en esta materia, lo que no es el caso de Chile. No cabe
injertar sin más en nuestro ordenamiento normas nacidas de otras realidades,
pues pueden terminar siendo instrumentalizadas para fines muy diferentes de los
hoy buscados. Para los casos medianos o menos graves, procede priorizar la
intervención del Consejo Nacional de Televisión o de los consejos de ética de
los medios de comunicación.
Tomas en colegios y universidades.
Una serie de tomas se han sucedido en los
últimos días tanto en establecimientos escolares como universitarios, bajo el
despliegue de consignas estudiantiles similares a las utilizadas en ocasiones
anteriores y que pretenden justificar el actuar de quienes protagonizan estas
medidas de presión ilegítimas. Argumentos que incluso son contradictorios con
el proceder de estos grupos de estudiantes, como se puede apreciar en el caso
del Liceo Industrial Chileno Alemán de Ñuñoa, donde los mismos que
protestan demandando mejoras en la
infraestructura de su colegio, han atacado con objetos contundentes dichas
dependencias para amedrentar a los apoderados que hacen guardia en su interior
evitando que éstos se lo tomen.
Aunque es valorable, resulta insostenible y
peligroso que deban ser los padres de los alumnos que no quieren ver
interrumpidas las clases por hechos de este tipo, quienes deban enfrentarse a aquellos que intentan obstaculizar el normal desarrollo
del año académico. Es deber de las autoridades Municipales y policiales evitar
que se vulnere el derecho del resto de los alumnos a estudiar. Existe un claro
riesgo de que las tomas se vuelvan más frecuentes a medida que se acerquen las
elecciones de noviembre, lo que obliga a
adoptar todas las medidas para impedirlas, recurriendo incluso al desalojo si
es necesario. Como quedó en evidencia
durante las movilizaciones del 2011, la realización de tomas tiene un impacto
pernicioso para los alumnos de las instituciones afectadas, pues repercuten
directamente en la calidad de la educación que se les imparte.
Por eso es muy importante que no existan
posturas divergentes de las autoridades y de la ciudadanía en esta materia,
debiendo existir un rechazo unánime de estas acciones.
El Presidente Piñera en América del Norte.
La gira del Presidente Piñera a Canadá y EE.UU.
ha permitido capitalizar los beneficios de las libertades políticas y
económicas compartidas con esos países, afianzar las relaciones mutuas y
exhibir los progresos de Chile y el liderazgo de su Presidente, destacados por
el Primer Ministro Harper y calificados de sobresalientes por el Presidente
Obama.
La delegación Presidencial en Canadá -tercer
inversionista extranjero en Chile e interesado en incorporarse a la Alianza del
Pacífico- apuntó a ampliar la estratégica relación bilateral con una variedad
de convenios para el desarrollo sustentable de los recursos naturales y para la
asociación en educación, innovación, agricultura, medio ambiente, seguridad y
defensa. La renovación de las promisorias relaciones con Canadá y la calurosa
acogida brindada a la representación nacional merecen ser destacadas, no
obstante el interés que provoca la visita Presidencial a Estados Unidos.
La visita Presidencial a Washington tiene la
especial significación de corresponder a la histórica recepción del Presidente
Obama en Chile, hace ya dos años. Entonces, el dignatario invitado distinguió a
Santiago para anunciar su política para toda la región, como lo hiciera en El
Cairo respecto del Medio Oriente. Su mensaje prometió una asociación
igualitaria para profundizar la agenda común, dentro del respeto y los
intereses compartidos. Una demostración concreta de ese compromiso es el
reciente anuncio de la próxima eliminación de visas a turistas chilenos a
Estados Unidos. Chile ha concedido desde siempre a los ciudadanos
estadounidenses esa facilidad, que pronto beneficiará a nuestros connacionales.
Para el éxito de esta gira y del conjunto de
sus resultados ha sido decisiva la gestión del Embajador Felipe Bulnes. Así, en
el caso de la supresión de visas, desde que asumió sus funciones se concentró
en velar por el cumplimiento de requisitos entonces aún pendientes. Eso
significó dedicar un año y dos meses a finalizar negociaciones complejas e
iniciar otras faltantes. El indispensable reporte de pasaportes perdidos y
robados se estaba haciendo dos veces al mes, pero en abril pasado se llegó a 29
días al mes, lo que permitió el intercambio de notas Diplomáticas hace dos
semanas. Lograrlo supuso una intensa labor de coordinación entre el Registro
Civil e Investigaciones, asunto extremadamente complejo en la práctica. Otro
tanto se hizo respecto de la tasa de rechazo de visas: recién en 2012 se llegó
a menos del 3%, tras plantear observaciones a la forma de cálculo.
La diversidad y fecundidad de las relaciones
con EE.UU. son para Chile excepcionales en contenido y han alcanzado niveles
sin precedentes. La liberalización del emprendimiento, de las inversiones y de
los servicios transfronterizos por ambos países ha significado incrementar en
10 años el intercambio comercial en alrededor de cuatro veces (casi 30 mil
millones de dólares anuales). Ese país es nuestro mayor y más diversificado
socio en el intercambio, el segundo mercado de exportaciones de Chile (y,
restando el cobre, el primero), como lo es en cuanto inversionista, financista
y proveedor de importaciones y tecnología. También en una década, EE.UU. ha
sextuplicado sus exportaciones a Chile, que hoy ocupa el 19° lugar en su
ranking de mayores mercados, habiendo estado en el 35°. La vanguardia
estadounidense en educación, ciencia, tecnología, defensa, innovación y energía
ha impulsado una multiplicidad de convenios bilaterales, y con Texas,
California y Massachusetts. Un tratado amplio y contundente para la transferencia
de las modernas aplicaciones del conocimiento, como se ha logrado en la
economía, debería ser nuestra meta para sostener el crecimiento, mejorar la
salud, la educación, el medio ambiente y la oferta energética y para agregar
mayor valor a las producciones nacionales. Los convenios provenientes de la
Cuenca del Pacífico son otra área de trabajo conjunto para solucionar capítulos
esenciales para el interés nacional, donde surgen discrepancias de intereses y
tratos discriminatorios en materia de propiedad intelectual, que legítimamente
desalientan nuestra incorporación al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
Con la restauración de la democracia chilena,
las afinidades en derechos humanos y el respeto a las libertades individuales,
con el tratado de libre comercio, el crecimiento económico y la solidez
institucional nacionales y el mutuo respeto a las decisiones soberanas, se ha
logrado intensa cooperación con EE.UU. en los campos más variados y en los
ámbitos bilaterales, trilaterales, multilaterales y globales. Esos lazos y
compromisos en favor de la democracia, la prosperidad y la seguridad se han
fortalecido bajo los mandatos de los Presidentes Obama y Piñera, con el
profesional trabajo de las Cancillerías y sus Embajadores.
Donaciones: La necesidad de una “Ley Única”.
Un reportaje publicado hace unos días por “La
Segunda” dio cuenta del amplio consenso que suscita en la sociedad civil la
demanda por una Ley Unica de Donaciones, que sistematice las diversas
disposiciones que rigen el tema y ofrezca un mismo tratamiento para las
distintas áreas que pueden ser objeto de este tipo de aportes. La necesidad de
avanzar en esa línea salta a la vista con sólo considerar la existencia de 90
cuerpos normativos en la materia, los que incluyen desde la Ley de Herencias y
normas que establecen de modo general beneficios tributarios y límites para
ciertas donaciones, hasta al menos ocho Leyes que regulan los aportes de
privados a campos específicos, como el deporte, la cultura, la reconstrucción,
etc.
Evidentemente tal dispersión da pie a
situaciones inequitativas, en que la colaboración hacia actividades igualmente
valoradas por la sociedad recibe un trato diferenciado, dependiendo de las
particulares disposiciones que las regulen. A ese respecto, en uno de los
testimonios recogidos por “La Segunda”, una destacada educadora hacía notar sus
contrastantes experiencias al tener que trabajar con la Ley que rige las
donaciones de tipo cultural y la que opera para las educacionales, esta última
—en su visión— demasiado engorrosa en sus procedimientos y por tanto de
restringido uso. Y es éste, precisamente, uno de los efectos más negativos del
cuadro actual: la diversidad de normas vigentes —dictadas en un plazo de
cuarenta años y que incluyen fuertes multas en la Ley de Impuesto a la Renta—
termina actuando como un lamentable desincentivo. Muestra de ello la
constituyen algunas cifras: el 51% de las grandes empresas del país no ha hecho
donaciones en los últimos siete años, mientras que el nivel de aportes
filantrópicos registrado llega apenas al 0,1% del PIB, en circunstancias que de
nuestro grado de desarrollo cabría esperar números en torno al 0,33%.
Buscando corregir en parte esa situación, el
actual Gobierno ha impulsado algunos cambios valiosos, como la recientemente
aprobada reforma a la Ley de Donaciones Culturales, que amplió su campo de
posibles beneficiarios, o la llamada «Ley Cubillos», que resolvió algunas
rigideces en los aportes de tipo social. Pero diversas instituciones agrupadas
en la Comunidad de Organizaciones Sociales no sólo han advertido la necesidad
de ir más allá de tales modificaciones específicas, sino que incluso
presentaron a las autoridades un anteproyecto de Ley Única de Donaciones para
su estudio. Hasta ahora ello no se ha traducido en el envío por parte del
Ejecutivo de una iniciativa en esa línea al Congreso. Con todo, son claros
algunos de los conceptos hacia los que se debiera apuntar, aparte de ofrecer un
trato regulatorio común, como revisar los actuales límites o facilitar las
donaciones de personas.
Ciertamente las reformas en esta área pueden
suscitar alguna discusión, tanto por la necesidad de adoptar resguardos frente
a eventuales abusos como por la desconfianza que ellas pueden provocar entre
quienes, por concepciones doctrinarias, privilegian la acción directa del
Estado. La experiencia mundial, sin embargo, demuestra que, actuando en esta
materia con pragmatismo, el incentivo a las donaciones privadas puede ser una
eficaz herramienta que complemente y potencie las políticas públicas, incluso
resolviendo algunas de sus falencias, con amplio beneficio para toda la
sociedad.
7 DE JUNIO DE 1880, TOMA DEL MORRO DE ARICA
GUERRA DEL PACÍFICO 1879-1884
Participan las fuerzas peruanas al mando del Coronel
Francisco Bolognesi, en número de 2.100 hombres, los cuales estaban de
guarnición y la división chilena de 4.000 soldados de infantería al mando del Coronel
Pedro Lagos Marchant.
El día 5, a las 8:00 hrs., los cañones chilenos
rompieron el fuego, el que fue contestado por los peruanos.
El mismo día fue enviado el Mayor José de la
Cruz Salvo a parlamentar con el enemigo. Fue conducido con los ojos vendados, a
presencia del Jefe de Plaza, coronel Bolognesi, quién lo recibió cortésmente.
El parlamentario le pidió la rendición de la plaza para evitar el derramamiento
inútil de sangre, ya que debido a la situación de los chilenos y sus fuerzas, toda
resistencia era inútil. Bolognesi contestó "resistiremos hasta quemar el
último cartucho".
El 6 de junio se efectuó un segundo bombardeo
con la cooperación de la Escuadra, para forzar una capitulación peruana
honrosa.
El intercambio de disparos dañó a la Covadonga
y provocó muchas bajas en el blindado Cochrane.
A media noche del 6, el Coronel Lagos dejó el
campamento de Azapa con los cuerpos que iban a participar en el asalto.
El ataque se inició al amanecer del día 7 de
junio contra el fuerte Ciudadela. Otro fuerte atacado fue el del Este, la
fuerza peruana que se salvó de estos ataques mediante la fuga, fue a engrosar
la guarnición del morro de Arica. Según los planes, correspondía al regimiento
Buin tomar el morro. No se sabe quién gritó: ¡ Al morro muchachos! y la tropa,
olvidando las instrucciones, se precipitó al asalto. Enardecidos, llegaron a la
plazoleta del morro, izando la bandera chilena. Bolognesi, Ugarte y la mayor
parte de los oficiales peruanos perecieron en la refriega.
Los fuertes del Norte habían caído en poder del
batallón Lautaro, dirigido por Orozimbo Barbosa Puga. Se izó la bandera a las
7:45 hrs.
La toma del morro demoró 55 minutos de lucha.
El General Baquedano y el Coronel Velásquez que observaban la batalla y
seguidos por Manuel Bulnes Pinto con el regimiento de caballería Carabineros de
Yungay, tomaron la plaza de Arica a las 8:30 hrs., salvando la vida a cientos
de rendidos.
El General Baquedano fue ascendido por esta
victoria a General de División.
El número de prisioneros peruanos fue superior
a 1.000 y un número igual cayó en la batalla. Las bajas chilenas fueron de 473
entre muertos y heridos. Murió en esta acción el Comandante del 4° de Línea
Juan José San Martín.
Fuente: Diccionario Histórico y Biográfico de Chile.
