Luego
de visitar las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, junto al Mandatario
de
ese país, Ricardo Martinelli, el Presidente Sebastián Piñera realizó un balance
de
la gira que lo llevó a Canadá, Estados Unidos y El Salvador, considerando
que
"ha sido una gira intensa, muy fructífera y fecunda”.
La
Corte Suprema designó a Ministro en visita por caso exonerados, la Ministro de
la
Corte de Apelaciones Mireya López Miranda, la solicitud había sido presentada
la
semana
pasada por los Diputados de la Alianza Karla Rubilar y Cristián Letelier.
Los
combustibles volverán a subir a partir de hoy, según el Informe Semanal de
Precios
que publica la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, la gasolina de 97
octanos
escalará en $4,2, la de 93 en $2,2, el diésel alzará su valor en $2,8 y la
parafina
lo hará en $4 por litro.
El
Presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo ayer que tienen la convicción para
probar
que fueron invadidos por nuestro país y que los obligó a firmar un
‘’tratado
forzado’’, con el objetivo de quitarle la salida soberna al mar. Creemos
que
ya está bueno de aceptar mentiras del Gobernante boliviano.
Eurostat
confirmó ayer que PIB de la eurozona
cayó un 0,2% en el primer
trimestre,
la eurozona se vio lastrada principalmente por los datos negativos
de
varias de sus grandes economías.
Tras
25 años de reclusión, China liberó al preso político del Tíbet más veterano,
Lobsang
Tenzin fue puesto en libertad por su delicada salud. Era estudiante
en
el momento que fue arrestado durante unas protestas en marzo de 1988.
Con
ayuda de combatientes de Hezbollah, el ejército de Siria recuperó poblado
clave
de Qusair, el conflicto, que ya lleva dos años de guerra civil, ha matado
a
más de 70.000 personas, según datos de la ONU.
La
Presidente de Brasil, Dilma Rousseff, promulgó una ley portuaria que facilita
el
desbloqueo de inversiones en licitaciones que ascienden a 27.000 millones
de
reales (12.654 millones de dólares) para este año. Imagen puerto de Santos.
Nos han robado,
por Gonzalo Rojas.
Lo más sorprendente del caso exonerados es que
quienes se consideran justamente compensados con pensiones o beneficios no
hayan reclamado enérgicamente contra los que han obtenido ayudas a partir de la
falsedad.
Es cierto que el Presidente de la agrupación
respectiva, Raúl Celpa, aseguró que aunque la Contraloría estimó en tres mil
los casos fraudulentos, él considera que el número total de mentirosos asciende
a 100 mil dentro de un total de 160 mil beneficiados, y de un universo de 258
mil peticiones. Pero hasta ahí llegó su molestia.
Esas 100 mil personas, entre las que figuran
incluso menores de edad, nos han robado a todos. Este no es un fraude al Fisco,
sino un asalto al bolsillo de cada chileno que paga impuestos: a la señora que
compra azúcar, al joven que viaja en buses interurbanos, al empleado que
adquiere nueva ropa para sus hijos escolares. Toda esa plata -unos 180 millones
de dólares- ha ido a parar a cuentas de individuos de izquierda. Pero para
Celpa es difícil ir más allá, porque aunque los bolsillos de sus afiliados
sufran -a más bocas, menos nos toca-, alguna misteriosa solidaridad con los
ladrones sigue operando.
La explicación duele, pero es sencilla: todos
los que han obtenido esas platas adhieren al proyecto de Salvador Allende, el
que a pesar de concitar una aprobación siempre minoritaria, obtuvo el respaldo
de gentes tan decididas como inescrupulosas.
Jamás unos falsos veteranos de guerra habrían
logrado solidaridad alguna de parte de los verdaderos héroes, si hubiesen
pretendido obtener beneficios fraudulentos. Pero en este caso, tanto los Parlamentarios
de la Concertación que firmaron certificados como los efectivamente exonerados
se sienten solidarios de los ladrones. Hay solo una paupérrima razón para
explicar esa actitud y se resume en esta simple palabra: revolución.
Unos y otros, los que efectivamente eran
funcionarios públicos o de los partidos de la UP, y los que jamás estuvieron en
el aparato estatal o partidista, compartían la ilusión allendista y se sienten
hoy completamente solidarios unos con otros.
Algunos perdieron sus trabajos a partir de
septiembre de 1973 y las razones no eran menores: en primer lugar, la
politización sectaria de la administración pública desde 1970 dañaba gravemente
cualquier proyecto de servicio y de bien común. En segundo lugar, en esa fecha
el caos y la corrupción administrativas eran tales, que se determinaron 13
áreas para investigar las actividades de los funcionarios de la UP; por eso se
encargó al Consejo de Defensa del Estado que interviniese en la materia,
buscando establecer las responsabilidades de quienes habían abusado de sus
cargos y tareas.
Si hoy quizás unos 100 mil han robado, ¿se
puede asegurar que antes no robó ninguno? Ya Allende les decía a sus
partidarios en noviembre de 1971 que "los puestos públicos no son
granjerías para los hombres de la Unidad Popular", porque el Mandatario
sabía que existía un cuoteo de los partidos que debía "orientar, pero no
reemplazar a la administración pública". Esa orientación, ¿fue honrada o
pitutera? ¿Fue al servicio de los chilenos o de la UP?
Sin duda, de todo hubo.
Pero hoy, esas personas, por el simple hecho de
haber trabajado para Allende, creen ser merecedoras de unas pensiones otorgadas
por sus propios partidarios. Incluso cuando se comprueba que muchos han
engañado al sistema y además han defraudado a sus correligionarios, aparece en
toda su magnitud la vieja solidaridad de las izquierdas: ni la verdad importa,
ni el bolsillo obliga. Por encima de cualquier cosa, la ideología manda.
Más fácil es pillar a un mentiroso que a un
ladrón. ¿Y si coinciden las dos cosas?
¿Chile necesita una asamblea constituyente?,
por Jorge Barrera.
El comando de la precandidata socialista
pretende convocar a un plebiscito para constituir una asamblea constituyente,
sin tener la facultad constitucional para hacerlo y eludiendo el control del
Tribunal Constitucional. Parece que las prácticas elusivas de la Ley, propias
de la Unidad Popular, no han sido abandonadas por la izquierda chilena. Según
lo expresado por uno de sus asesores, parecen querer imponer una nueva
Constitución “por las buenas o por las malas”.
Es pertinente preguntarse cuál es el objetivo
que se busca al abandonar el exitoso camino de reformas graduales de los
últimos 30 años, para optar por la convocatoria a una asamblea constituyente y
llevar el país a fojas cero.
Quienes promueven una asamblea constituyente
consideran, sin sustento empírico alguno, que, al definir los principios y
reglas del proceso político, la actual Constitución impuso una visión valórica
que no es compartida por la población. Por el contrario, esos valores han sido
reconocidos por nuestros representantes desde 1990, aceptando con lealtad sus
preceptos e intentando mejorarlos en aquello en que discrepaban. ¿Por qué se
cree que el proyecto político y social que ellos pretenden impulsar mediante
una asamblea, y que también tendría una clara adscripción valórica, sí sería
compartido ampliamente?
Una asamblea constituyente es un mecanismo
excepcional que, en nuestro actual contexto institucional, puede debilitar
principios políticos y jurídicos básicos que están vedados al poder
constituyente derivado. Por ejemplo, desconociendo que el ejercicio de la
soberanía reconoce como límite el respeto de los derechos esenciales que emanan
de la naturaleza humana, como en el caso chileno lo precisa el inciso 2° del
artículo 5 de la Constitución.
Si se tienen a la vista las últimas
experiencias de asambleas constituyentes en América Latina (Bolivia, Ecuador y
Venezuela), nos percatamos de que sus productos Constitucionales resultaron
marcados por un fuerte antiimperialismo, un dirigismo Estatal anti economía de
mercado y un rechazo a la propiedad privada, proyectos muy lejanos de los elementos
esenciales de la democracia representativa aprobados por la Carta Democrática
de la OEA en 2001.
Estas nuevas Constituciones se han convertido
en casos paradigmáticos de un déficit democrático, pues han permitido un
proceso paulatino y persistente de resquebrajamiento de la democracia
representativa, concentrando el poder en el Ejecutivo y generando una fuerte
dependencia de los órganos que, precisamente, debían actuar en roles de
fiscalización y contención del poder. En suma, las asambleas constituyentes
jugaron un papel funcional a la precarización de la democracia.
Un tema más para los candidatos.
En los últimos días siguen las noticias
preocupantes de países de la región donde las políticas internas acentúan su
crisis y agravan tanto la situación económica como el libre ejercicio de los
derechos ciudadanos. Así, en Venezuela, tras la evidencia entregada por los
dichos de un habitual vocero del chavismo que aluden a discrepancias y complots
dentro del propio Gobierno, continúan desapareciendo del mercado los artículos
alimenticios y otros de primera necesidad, se anuncia la libreta de
racionamiento, típico recurso socialista, y a la vez dejan de operar los pocos
medios informativos independientes que quedaban. En Argentina, por su parte, a
la presión Gubernamental sobre la prensa, la politización del nombramiento de
funcionarios judiciales y la amenaza de diez años más de régimen kirchnerista
en la celebración de su primera década, se suma en el orden económico una
populista campaña de control de precios a cargo de militantes oficialistas.
En claro contraste con tal panorama, han
abundado en el comentario internacional los juicios positivos respecto del
enfoque de comercio abierto al mundo —y en especial al libre intercambio de
bienes y personas entre sus miembros y con las economías orientales— de la
Alianza del Pacífico, que reúne por ahora a México, Perú, Colombia y Chile,
pero que ya cuenta como observadores (en algunos casos con evidente interés en
afiliarse) a naciones americanas con regímenes de orientaciones diversas, como
Panamá, Guatemala, Costa Rica, Canadá y Uruguay; europeas, como España (Francia
ha solicitado acceder a esa misma condición), además del caso de Japón, en
Asia. Guy Sorman ha puesto incluso como símbolo de esa diferencia lo que ocurre
con Chile y Argentina a ambos lados de la cordillera, y ayer en Washington los Presidentes
Obama y Piñera dialogaron acerca de una eventual integración de Estados Unidos
a esa Alianza también como observador, sin perjuicio del interés de ese país en
el aun más amplio (y por cierto más controvertido) Acuerdo de Asociación
Transpacífico.
El tema resulta clave para el próximo período Presidencial
chileno y debería merecer pronunciamientos claros de todos los candidatos, pues
algunos ya han avanzado su criterio, favorable a la profundización de esa
apertura, en el caso de los de la Alianza, y opuesta, en el de ME-O. En cuanto
a la Concertación, que se jugó a fondo por multiplicar los tratados de
comercio, parecería lógico que adhiriera a dicha política, pero la
participación en la Nueva Mayoría de sectores ideológicos afines al bando
contrario, como el PC y el MAS, plantea una fuerte duda sobre tal disyuntiva.
Dado el favoritismo de la ex Presidente Bachelet en las encuestas, su opinión
es una de las más importantes, porque un quiebre de la estrategia nacional en
esta materia tendría graves consecuencias.
Prolongar el silencio o mantener una posición
ambigua al respecto, reservando para más tarde el dar a conocer la decisión —de
cualquiera de los eventuales Gobernantes en la etapa que viene—, no sólo
introduciría un factor de incertidumbre en el electorado, sobre todo entre
quienes ven en este asunto una opción trascendente para nuestro desarrollo,
sino que en la práctica afectaría el futuro del país, al cambiar o poner en
duda la buena imagen internacional obtenida por el esfuerzo ya realizado en esa
línea.
Plebiscito inconstitucional y su control por el
TC.
Inmediatas reacciones produjo la propuesta
contenida en un documento del programa de trabajo de Michelle Bachelet, que
analiza un eventual llamado por el próximo Presidente a plebiscito para una
asamblea constituyente. Esta idea -una propuesta no unánime para consideración
de la candidata- se completa con una conclusión inquietante: se afirma que ese
decreto supremo de convocatoria no podría ser revisado por el Tribunal
Constitucional, salvo que la mayoría de las Cámaras del Congreso así lo
decidiera. Así, bastaría al próximo Presidente asegurarse una mayoría simple en
ambas Cámaras -sostiene ese documento- para consolidar en los hechos un llamado
plebiscitario.
Tal planteamiento causó polémica aun dentro del
mismo grupo de asesores, algunos de los cuales discreparon "en la forma y
en el fondo". Otros criticaron la individual vocería previa del autor del
análisis, pues existiría un acuerdo para canalizarlo por medio del Constitucionalista
Francisco Zúñiga.
Más allá del grupo asesor, Constitucionalistas
de diverso signo calificaron esta idea como inconstitucional y quebrantadora de
las reglas del juego, pese a que algunas voces advirtieron que ese decreto no
podría ser impugnado ante el TC. Un reputado jurista se preguntó sobre qué otra
autoridad podría saltarse la Constitución, si el propio Jefe de Estado lo hace
previamente. Diversos políticos repudiaron la sugerencia. El candidato Presidencial
de RN calificó la propuesta como "un fraude", propio de la mala
práctica político-jurídica de los "resquicios legales", de triste
recuerdo institucional en la década de 1970.
Cabe distinguir dos aspectos en el
planteamiento del comando de Bachelet. El primero es si la Constitución admite
o no un llamado a plebiscito para someter a consulta la convocatoria a una
asamblea constituyente. La respuesta es terminantemente negativa: tal
plebiscito sería inconstitucional. La Carta, en una sabia norma del artículo
15, dispone que "sólo podrá convocarse a votación popular para las
elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución". El
Presidente de la República no puede convocar a plebiscitos a su amaño. La Carta
no le abre un espacio discrecional para que convoque a referendos cómo y cuándo
lo estime conveniente; se deseó expresamente evitar eso luego que el Presidente
Pinochet convocara a un plebiscito el 4 de enero de 1978. El plebiscito
nacional -no Comunal- está hoy previsto solo para un único caso en todo el
texto Constitucional, que no es el de llamar a una asamblea constituyente. Esto
es lógico, pues se parte de un supuesto de estabilidad y respeto institucional,
en el que toda reforma a la Constitución se canaliza mediante el mecanismo
previsto expresamente en su Capítulo XV. Una asamblea constituyente, entendida
como un grupo de personas investidas de todos los poderes constituyentes
originarios, que en sus procedimientos y quórums operaría al margen de las
normas vigentes sobre reforma, es obviamente inconstitucional, como lo sería el
decreto supremo que la convoque. Sobre esto no hubo discusión entre los
especialistas.
Un segundo aspecto es tanto o más crucial:
¿puede ser revisado tal decreto de convocatoria? El documento del comando de la
candidata sostiene que no, argumentando que ello es así al requerirse por la
Constitución la mayoría de las Cámaras para deducir el respectivo requerimiento
al TC. Esta conclusión equivale a sostener que un acto importante del Poder Ejecutivo,
como ese decreto, pese a apartarse del derecho, se puede consolidar de facto,
simplemente porque una laguna en nuestros procedimientos de derecho público lo
permitiría.
Contra esta tesis, otro Constitucionalista
estimó que ese decreto sí podría impugnarse en su Constitucionalidad: en
materia de legitimación activa ante el TC -afirma-, el principio básico es la
facultad de la minoría de las Cámaras para detonar la revisión de esa Magistratura,
incluso contra decretos supremos. Eso se encuentra recogido en el art. 93 N° 16
de la Carta, y este principio ha sido expresamente invocado en un fallo de 2001
del mismo TC. En realidad, esta interpretación es la única admisible y lógica
en un Estado de Derecho democrático.
Fuerte desempleo juvenil.
Los evidentes progresos que el país ha
registrado en materia de creación de empleo en los últimos años no han sido
suficientes para corregir la elevada desocupación que se observa en sectores
juveniles, un problema que se ha hecho persistente en nuestra economía y donde
no se observan avances suficientes, particularmente en reformas laborales
orientadas a brindar nuevas oportunidades a este segmento.
Resulta llamativo que el último informe de
Coyuntura Laboral de América Latina, elaborado por la OIT y la Cepal, indique
que en 2012 la tasa de ocupación de los chilenos entre 15 y 24 años fue de
31,1%, el menor nivel de la región sudamericana. Este número esconde una realidad muy negativa
en los sectores más pobres del país, porque es en ellos donde los jóvenes están
fuera de la fuerza laboral y no se han incorporado tampoco al sistema de
educación superior. Parece haber aquí un evidente problema de expectativas de
la población juvenil, especialmente, de la menos calificada, que al no
encontrar oportunidades laborales atractivas se desincentiva en su búsqueda de
empleo, sumado a una Legislación que no favorece la entrada de estos segmentos
al mercado laboral.
Cabe aquí analizar en detalle las razones del
problema y avanzar hacia una solución urgente, que necesariamente pasa por
establecer nuevos incentivos y avanzar en materia de capacitación. En este
último punto se han hecho avances importantes, pero sus resultados tomarán
tiempo en dar frutos. En materia Legislativa, el país debe avanzar hacia
condiciones mucho más flexibles en materia de salario mínimo y de contratos de
trabajo para este segmento. Asimismo, se requiere profundizar el proceso de
incorporación de los jóvenes a la educación técnica y profesional, ámbito donde
se ha logrado avances muy relevantes en los últimos años -por ejemplo, la
matrícula de pregrado de jóvenes aumentó en un 50% entre 2005 y 2011.
No condicionamiento político del Poder Judicial.
Pocas veces en la historia reciente se han
conjugado tantos factores favorables a la designación de un candidato a
integrar la Corte Suprema: en la Magistrado Gloria Ana Chevesich concurren sus
excelentes calificaciones, un desempeño reconocidamente acertado en causas
difíciles y de alta exposición, el hecho de ser mujer -lo que, según afirmó
recientemente el Presidente del máximo Tribunal, también incidió en su
inclusión en la quina-, la circunstancia de que el Ejecutivo se haya limitado a
coincidir con la elección previa de los propios Jueces, entre otros. No cabe
olvidar que dicha Ministro de Corte de Apelaciones fue capaz de dirigir y
ejecutar la investigación exitosa de un caso de alta complejidad en el sistema
procesal penal previo a la reforma, cuando aún no se contaba con el personal ni
los recursos que el país ha puesto a disposición del Ministerio Público en los
últimos años.
Pero a lo anterior se suma un factor político
que puede tener efecto en su designación: las severas dificultades que han
enfrentado la mayoría de las nominaciones en los últimos años, debido al
bloqueo de nombres que por diversas razones personales e ideológicas se ha
producido en el Senado. Estos bloqueos han afectado a las personas propuestas,
pero también han perjudicado las relaciones entre los poderes del Estado y el
funcionamiento mismo de la Corte Suprema, que ha tenido que recurrir a
mecanismos extraordinarios y siempre poco deseables para la integración de sus
salas. Esta delicada situación política explica que, en este caso, el mismo Presidente
de la Corte Suprema -cosa inusual- haya expresado públicamente su preocupación:
en los nombramientos se ha producido -expresa- "un retraso excesivo que
nos ha traído problemas y deseamos que en el futuro no sea así", y que la
haya transmitido además, directa y personalmente, en una visita al Presidente
del Senado. Rubén Ballesteros también ha sido enfático en destacar la idoneidad
de la candidata: "Es una persona plenamente habilitada y preparada para
ser Ministro de la Corte Suprema". A ello se ha sumado el explícito
respaldo de la Asociación de Magistrados.
Desde la perspectiva inversa, el compromiso de
la judicatura con su propia nominación permite anticipar un conflicto
considerable si el Senado la rechaza. Cierta preocupación en este sentido no
resultaría infundada, pues algunos Senadores del Partido Socialista ya han manifestado
dudas en cuanto a que la nominación suscite el consenso necesario, y la razón
más o menos explícita de las mismas se encuentra en que la candidata sometió a
proceso y luego condenó a un Ministro de Obras Públicas del Gobierno de Ricardo
Lagos y a otros funcionarios de esa cartera bajo dicha administración. Tales
condenas fueron luego confirmadas, en lo sustancial, en todas las instancias.
En estos momentos se espera de los sectores
afines al ex Presidente Lagos el gesto de altura republicana que no se dio en
el caso de los Senadores democratacristianos respecto del ministro Juan Manuel
Muñoz. Sería muy deseable que así fuera. El país necesita apremiantemente una
actividad política ejercida con elevación de miras, centrada en las
instituciones y su funcionamiento, y no en la pequeñez de los rencores o cobros
de cuentas. Si no hay razones de peso para denunciar un proceder arbitrario o
una calidad insuficiente en el ejercicio de la función jurisdiccional, el
ejercicio de un veto político en el caso de este nombramiento -en el que el
Ejecutivo se ha limitado a respaldar la opción del Poder Judicial- sería un
nuevo duro golpe consecutivo a la independencia judicial y, por eso mismo, al
Estado de Derecho.
Visita Presidencial y
relaciones entre Chile y EE.UU.
El cordial encuentro que sostuvieron ayer en la
Casa Blanca los Presidentes de Estados Unidos y Chile ratifica el excelente
momento por el que atraviesan las relaciones bilaterales y la importancia que
tienen para nuestro país los vínculos con la potencia norteamericana.
Chile se ha convertido en un cercano aliado
-“amigo”, fue la expresión que usó ayer el Presidente Barack Obama- de Estados
Unidos en una región donde las consignas antinorteamericanas son frecuentes, y
donde diversos Gobiernos son abiertamente críticos de Washington y sus
políticas. Aunque existan divergencias sobre asuntos específicos -como ocurrió
en 2003, con la guerra de Irak, o sucede ahora, con la inclusión de Chile por
séptimo año consecutivo en la denominada “lista roja” de propiedad
intelectual-, la cercanía entre Santiago y Washington se ha ido robusteciendo,
debido a que se construye sobre la base de coincidencias políticas y económicas
esenciales.
Lo anterior ha permitido progresar en una serie
de aspectos, desde la cooperación en educación hasta en cuestiones relativas al
medioambiente, lo que sugiere la existencia de una relación madura entre
Estados, no sujeta a los vaivenes electorales de una u otra nación. El último
de estos avances se vincula con la nominación de Chile para participar en el
programa de exención de visas, lo cual abre la perspectiva de que en un futuro
cercano los ciudadanos chilenos puedan ingresar a ese país sólo exhibiendo su
pasaporte al día, un logro que debe reconocérseles a los dos últimos Embajadores
nacionales en Washington.
Enfocado en otros intereses más esenciales para
su seguridad, en años recientes Estados Unidos ha venido reduciendo su
presencia en la región, lo que ha ido acompañado de lo que el Presidente Barack
Obama denomina una “asociación entre iguales” con América Latina. Esto ha
generado oportunidades para el surgimiento de liderazgos regionales que no
siempre han sido bien orientados y frente a los cuales Chile está llamado a
jugar un rol más activo, ya sea en solitario o a través de grupos como la
Alianza del Pacífico, que reúne a nuestro país con Perú, Colombia y México (en
un futuro, también a Costa Rica), naciones con las que comparte coincidencias
fundamentales. Este es un interés que Santiago comparte con Washington y que
deben trabajar en conjunto.
La agenda de la visita Presidencial a la Casa
Blanca incluyó otros temas, como la participación de Chile en el Trans-Pacific
Partnership (TPP), ente impulsado por EE.UU. para crear la mayor zona de libre
comercio del planeta y cuyo acuerdo fundacional podría ser suscrito en octubre,
en Indonesia. No obstante han surgido voces en el país que señalan que el TPP
no ofrece demasiadas ventajas para Chile, que ya cuenta con acuerdos
bilaterales con gran parte de los eventuales miembros del bloque, no parece
coherente que un país que ha hecho de la apertura comercial uno de los
fundamentos de su política exterior se margine de un grupo que pretende
integrar los mercados de la cuenca del Pacífico. En todo caso, debido a que
parece evidente que detrás del TPP también está la intención de EE.UU. de
levantar un frente común contra China, la Diplomacia chilena debe mantener sus
esfuerzos por preservar e incrementar los lazos que mantiene con Beijing.
"Mirar para cuidar" en Argentina.
El estilo del Ministro argentino de Comercio
Interior, Guillermo Moreno, ha sido directo, de choque y sin miramientos con
los empresarios. No los persuade, los intimida. Es tradicional que
periódicamente se reúna con los máximos ejecutivos de las empresas nacionales y
extranjeras para "negociar" directamente con ellos los precios de los
productos. Los gerentes saben que esa es la única manera de mantenerse en el
mercado.
En febrero, y con miras a las elecciones Legislativas
de octubre, el Ministro más temido del Gabinete de Cristina Fernández, que no
tiene reparos para ingresar a una junta de accionistas con actitud prepotente
(un video en YouTube así lo muestra en una reunión del grupo Clarín), consiguió
que los supermercados congelaran los precios por algunos meses. En abril
extendió ese "convenio voluntario" por tiempo indefinido. Ahora se ha
anunciado un plan llamado "Mirar para cuidar", mediante el cual
organizaciones sociales y populares fiscalizarán a los minoristas, y podrán denunciarlos
a la Secretaría de Comercio Interior, el feudo de Moreno, la cual aplicará
sanciones, desde multas hasta suspensión y clausura del negocio. Los operativos
comenzarán con un plan piloto en 50 ciudades, el que abarcaría unos 19 millones
de personas. Los "inspectores", como lo ha denunciado la prensa,
probablemente serán militantes de organizaciones kirchneristas como La Cámpora,
lo cual por cierto no garantiza la imparcialidad de sus denuncias.
La fórmula del Gobierno argentino para
controlar la inflación ya se ha aplicado en otros países y en otras épocas,
como en la Venezuela chavista o en el Chile de la década del 70, con los obvios
resultados de desabastecimiento y escasez. Los venezolanos han visto
desaparecer productos de primera necesidad, tales como leche y papel higiénico.
Los fabricantes argentinos lanzan nuevas marcas para esquivar el congelamiento
de los precios, que están en una lista de 500 productos que van desde aceite de
maravilla y "aceitunas verdes descarozadas" hasta "pañales Pampers",
"maní salado", "cera depilatoria" y "bolitas
antipolillas".
Antes de estas medidas, se intentó maquillar (o
manipular) las cifras oficiales de inflación. También las de pobreza y
crecimiento. Desde la intervención, en enero de 2007, por la Secretaría de
Comercio Interior del Instituto Nacional de Estadística y Censos, las críticas
de los economistas independientes se han hecho sentir. Mientras el Gobierno
admite el 10% de inflación, las mediciones de las consultoras privadas suelen
más que duplicar esos cálculos oficiales, y la estimación para este año va
entre 20 y 30%.
Si con sus métodos poco ortodoxos Moreno logra
mantener a raya los precios hasta octubre, será un gran éxito que la Presidente
deberá reconocerle, pero no parece que eso baste para obtener un triunfo en los
comicios, cruciales para el futuro de Argentina.
Algunas cartas para la reflexión.
Señor Director:
Beneficios a exonerados.
En relación con la discusión respecto del tema
de los exonerados y su legitimidad para cumplir con los requisitos exigidos por
la Ley para recibir compensaciones económicas, me parece pertinente tocar el
tema de los cientos o miles de ciudadanos que fuimos vulnerados de nuestros
derechos de propiedad y de la posibilidad de vivir en Chile durante el Gobierno
de Allende, por cuanto toda la administración del Estado se volcó contra
nosotros, ya sea como víctimas de la reforma agraria o como resultado de las
"intervenciones" del Gobierno a través de todos sus organismos para
quitarnos nuestros derechos de propiedad sobre las empresas que nos pertenecían
y que fueron arrebatadas, producto de los resquicios legales que utilizó el Gobierno
de la Unidad Popular.
En mi caso, no solo perdí un patrimonio
económico, sino que tuve que salir junto a mi familia casi como un delincuente
para reiniciar una vida en otro país, ya que el mío no me daba las garantías
que a otros se las compensaron posteriormente por Ley.
¿Qué pasó con nuestros derechos?
Alberto Wurmann.
Señor Director:
Exonerados políticos.
Al paso que vamos, el costo del caso Johnson’s
va a ser una ganga comparado con el de los falsos exonerados,
independientemente de que el primero es cuestionable pero legal, y el segundo,
un delito.
Rodrigo Meneses Ciuffardi.
Señor Director:
Asamblea constituyente.
Los asesores de Michelle Bachelet habrían
propuesto una fórmula que le permitiría convocar a una asamblea constituyente
en caso de asumir la primera Magistratura, sin que se viole la Constitución.
La fórmula es la siguiente: en la elección Presidencial
se pedirá a los electores que marquen su voto con las letras AC, esto es,
pidiendo una asamblea constituyente. Bajo el supuesto amplio respaldo de los
ciudadanos a esta idea, el Mandatario electo dictaría un decreto convocando a
un plebiscito para ratificar la realización de una AC, y como el único
organismo que podría declarar inconstitucional el aludido decreto es el
Tribunal Constitucional (art. 93 nº 5 de la Ley Fundamental), si ninguna de las
Cámaras Parlamentarias requiere al Tribunal que declare esta inconstitucionalidad
-lo que suponen los asesores, puesto que la oposición podría ganar la mayoría
de ambas Cámaras-, el decreto sería validado. Este artificio es abiertamente
inconstitucional.
En primer lugar, olvidan los asesores que, de
acuerdo con un principio básico del Estado de derecho contenido en el artículo
7 de la Carta Política, ubicado en el capítulo sobre Bases de la
Institucionalidad, las autoridades de Estado únicamente pueden ejercer aquellas
atribuciones o derechos que expresamente se les hubieren otorgado por la
Constitución y las Leyes. Tratándose de consultas plebiscitarias, el Presidente
solamente se encuentra facultado para convocarlas en caso de existir un
desacuerdo con el Congreso acerca de un
proyecto de reforma Constitucional que ya ha sido estudiado y tramitado
por el propio Congreso, de forma tal que corresponda a los ciudadanos dirimir
esta controversia (art. 128 de la Constitución).
Bajo esta única fórmula, no es posible eludir
la previa y directa participación del Congreso en la discusión de una eventual
reforma Constitucional. A este caso específico de consulta plebiscitaria, único
que contempla la Carta Magna, alude el nº 5 de su artículo 93, cuando confía al
TC la validez del decreto de convocatoria.
De seguirse al pie de la letra el artificio
jurídico reseñado, es seguro que ese decreto sería declarado inconstitucional
por la Contraloría General de la República en ejercicio de sus atribuciones.
En suma, la fórmula ofrecida a la candidata no
sólo implica desconocer el orden Constitucional, sino que nos retrotrae a un
lejano y negro período de nuestro Estado de derecho: el de los resquicios
legales.
Gustavo Cuevas Farren, Profesor de Derecho Constitucional.
Señor Director:
Allamand y las encuestas.
Las encuestas de Allamand tienen una historia
algo optimista. Veamos.
En la elección de Diputados 1993 (Las Condes,
Vitacura, Lo Barnechea), Adimark lo dio ganador sobre Carlos Bombal (UDI).
Resultado final: Bombal 35%, Allamand 31%. Fue electo arrastrado por Bombal.
En las Senatoriales 1997 (Metropolitana
Oriente), Cerc asignó la primera mayoría a Alejandro Foxley y Adimark
pronosticó que Allamand ganaría a Bombal. Resultado final:
1° Bombal (UDI): 26,43%. Electo con la primera
mayoría
2° Foxley (DC): 24,43%. Electo con la segunda
mayoría.
3° Estévez (PS): 21,11%. A la Presidencia del
BancoEstado
4° Allamand (RN): 17,25%. Comienza su travesía
en el desierto.
En las Senatoriales 2005 (Región de Los Ríos)
no tuvo necesidad de contratar encuestas. Corrió solo y obtuvo un escaño cedido
generosamente por la UDI.
Alfonso Ríos Larraín.
Listado de Parlamentarios con pensión de “exonerados”.
Según un informe
enviado por el Gobierno a la comisión investigadora de la Cámara, que sesionó
en 2011, 11 Parlamentarios en ejercicio fueron exonerados políticos y
recibieron pensión. Creemos que los nombres que aparecen en el listado debemos
tenerlos presentes al momento de elegir el nuevo Parlamento.
Los Diputados que
reciben este estipendio del Estado, es decir de todos los chilenos, son
Guillermo Teillier, Lautaro Carmona, comunistas, Adriana Muñoz y María Antonieta
Saa, PPD, Fernando Meza y José Pérez,
PRSD, Eduardo Cerda, DC, y Carlos Montes, Marcelo Schilling, Isabel
Allende y Denise Pascal, PS.
Pueblos bien
informados
difícilmente
son engañados.
