DIFUNDA ESTA PÁGINA.

jueves, 6 de junio de 2013

Rápida mirada a los principales temas de actualidad..



Luego de visitar las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, junto al Mandatario
de ese país, Ricardo Martinelli, el Presidente Sebastián Piñera realizó un balance
de la gira que lo llevó a Canadá, Estados Unidos y El Salvador, considerando
que "ha sido una gira intensa, muy fructífera y fecunda”.




La Corte Suprema designó a Ministro en visita por caso exonerados, la Ministro de
la Corte de Apelaciones Mireya López Miranda, la solicitud había sido presentada la
semana pasada por los Diputados de la Alianza Karla Rubilar y Cristián Letelier.




Los combustibles volverán a subir a partir de hoy, según el Informe Semanal de
Precios que publica la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, la gasolina de 97
octanos escalará en $4,2, la de 93 en $2,2, el diésel alzará su valor en $2,8 y la
parafina lo hará en $4 por litro.




El Presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo ayer que tienen la convicción para
probar que fueron invadidos por nuestro país y que los obligó a firmar un
‘’tratado forzado’’, con el objetivo de quitarle la salida soberna al mar. Creemos
que ya está bueno de aceptar mentiras del Gobernante boliviano.




Eurostat confirmó ayer  que PIB de la eurozona cayó un 0,2% en el primer
trimestre, la eurozona se vio lastrada principalmente por los datos negativos
de varias de sus grandes economías.




Tras 25 años de reclusión, China liberó al preso político del Tíbet más veterano,
Lobsang Tenzin fue puesto en libertad por su delicada salud. Era estudiante
en el momento que fue arrestado durante unas protestas en marzo de 1988.




Con ayuda de combatientes de Hezbollah, el ejército de Siria recuperó poblado
clave de Qusair, el conflicto, que ya lleva dos años de guerra civil, ha matado
a más de 70.000 personas, según datos de la ONU.




La Presidente de Brasil, Dilma Rousseff, promulgó una ley portuaria que facilita
el desbloqueo de inversiones en licitaciones que ascienden a 27.000 millones
de reales (12.654 millones de dólares) para este año. Imagen puerto de Santos.








Nos han robado,
por Gonzalo Rojas.


Lo más sorprendente del caso exonerados es que quienes se consideran justamente compensados con pensiones o beneficios no hayan reclamado enérgicamente contra los que han obtenido ayudas a partir de la falsedad.


Es cierto que el Presidente de la agrupación respectiva, Raúl Celpa, aseguró que aunque la Contraloría estimó en tres mil los casos fraudulentos, él considera que el número total de mentirosos asciende a 100 mil dentro de un total de 160 mil beneficiados, y de un universo de 258 mil peticiones. Pero hasta ahí llegó su molestia.


Esas 100 mil personas, entre las que figuran incluso menores de edad, nos han robado a todos. Este no es un fraude al Fisco, sino un asalto al bolsillo de cada chileno que paga impuestos: a la señora que compra azúcar, al joven que viaja en buses interurbanos, al empleado que adquiere nueva ropa para sus hijos escolares. Toda esa plata -unos 180 millones de dólares- ha ido a parar a cuentas de individuos de izquierda. Pero para Celpa es difícil ir más allá, porque aunque los bolsillos de sus afiliados sufran -a más bocas, menos nos toca-, alguna misteriosa solidaridad con los ladrones sigue operando.


La explicación duele, pero es sencilla: todos los que han obtenido esas platas adhieren al proyecto de Salvador Allende, el que a pesar de concitar una aprobación siempre minoritaria, obtuvo el respaldo de gentes tan decididas como inescrupulosas.


Jamás unos falsos veteranos de guerra habrían logrado solidaridad alguna de parte de los verdaderos héroes, si hubiesen pretendido obtener beneficios fraudulentos. Pero en este caso, tanto los Parlamentarios de la Concertación que firmaron certificados como los efectivamente exonerados se sienten solidarios de los ladrones. Hay solo una paupérrima razón para explicar esa actitud y se resume en esta simple palabra: revolución.


Unos y otros, los que efectivamente eran funcionarios públicos o de los partidos de la UP, y los que jamás estuvieron en el aparato estatal o partidista, compartían la ilusión allendista y se sienten hoy completamente solidarios unos con otros.


Algunos perdieron sus trabajos a partir de septiembre de 1973 y las razones no eran menores: en primer lugar, la politización sectaria de la administración pública desde 1970 dañaba gravemente cualquier proyecto de servicio y de bien común. En segundo lugar, en esa fecha el caos y la corrupción administrativas eran tales, que se determinaron 13 áreas para investigar las actividades de los funcionarios de la UP; por eso se encargó al Consejo de Defensa del Estado que interviniese en la materia, buscando establecer las responsabilidades de quienes habían abusado de sus cargos y tareas.


Si hoy quizás unos 100 mil han robado, ¿se puede asegurar que antes no robó ninguno? Ya Allende les decía a sus partidarios en noviembre de 1971 que "los puestos públicos no son granjerías para los hombres de la Unidad Popular", porque el Mandatario sabía que existía un cuoteo de los partidos que debía "orientar, pero no reemplazar a la administración pública". Esa orientación, ¿fue honrada o pitutera? ¿Fue al servicio de los chilenos o de la UP?


Sin duda, de todo hubo.


Pero hoy, esas personas, por el simple hecho de haber trabajado para Allende, creen ser merecedoras de unas pensiones otorgadas por sus propios partidarios. Incluso cuando se comprueba que muchos han engañado al sistema y además han defraudado a sus correligionarios, aparece en toda su magnitud la vieja solidaridad de las izquierdas: ni la verdad importa, ni el bolsillo obliga. Por encima de cualquier cosa, la ideología manda.


Más fácil es pillar a un mentiroso que a un ladrón. ¿Y si coinciden las dos cosas?


¿Chile necesita una asamblea constituyente?,
por Jorge  Barrera.


El comando de la precandidata socialista pretende convocar a un plebiscito para constituir una asamblea constituyente, sin tener la facultad constitucional para hacerlo y eludiendo el control del Tribunal Constitucional. Parece que las prácticas elusivas de la Ley, propias de la Unidad Popular, no han sido abandonadas por la izquierda chilena. Según lo expresado por uno de sus asesores, parecen querer imponer una nueva Constitución “por las buenas o por las malas”.


Es pertinente preguntarse cuál es el objetivo que se busca al abandonar el exitoso camino de reformas graduales de los últimos 30 años, para optar por la convocatoria a una asamblea constituyente y llevar el país a fojas cero.


Quienes promueven una asamblea constituyente consideran, sin sustento empírico alguno, que, al definir los principios y reglas del proceso político, la actual Constitución impuso una visión valórica que no es compartida por la población. Por el contrario, esos valores han sido reconocidos por nuestros representantes desde 1990, aceptando con lealtad sus preceptos e intentando mejorarlos en aquello en que discrepaban. ¿Por qué se cree que el proyecto político y social que ellos pretenden impulsar mediante una asamblea, y que también tendría una clara adscripción valórica, sí sería compartido ampliamente?


Una asamblea constituyente es un mecanismo excepcional que, en nuestro actual contexto institucional, puede debilitar principios políticos y jurídicos básicos que están vedados al poder constituyente derivado. Por ejemplo, desconociendo que el ejercicio de la soberanía reconoce como límite el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, como en el caso chileno lo precisa el inciso 2° del artículo 5 de la Constitución.


Si se tienen a la vista las últimas experiencias de asambleas constituyentes en América Latina (Bolivia, Ecuador y Venezuela), nos percatamos de que sus productos Constitucionales resultaron marcados por un fuerte antiimperialismo, un dirigismo Estatal anti economía de mercado y un rechazo a la propiedad privada, proyectos muy lejanos de los elementos esenciales de la democracia representativa aprobados por la Carta Democrática de la OEA en 2001.


Estas nuevas Constituciones se han convertido en casos paradigmáticos de un déficit democrático, pues han permitido un proceso paulatino y persistente de resquebrajamiento de la democracia representativa, concentrando el poder en el Ejecutivo y generando una fuerte dependencia de los órganos que, precisamente, debían actuar en roles de fiscalización y contención del poder. En suma, las asambleas constituyentes jugaron un papel funcional a la precarización de la democracia.


Un tema más para los candidatos.


En los últimos días siguen las noticias preocupantes de países de la región donde las políticas internas acentúan su crisis y agravan tanto la situación económica como el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Así, en Venezuela, tras la evidencia entregada por los dichos de un habitual vocero del chavismo que aluden a discrepancias y complots dentro del propio Gobierno, continúan desapareciendo del mercado los artículos alimenticios y otros de primera necesidad, se anuncia la libreta de racionamiento, típico recurso socialista, y a la vez dejan de operar los pocos medios informativos independientes que quedaban. En Argentina, por su parte, a la presión Gubernamental sobre la prensa, la politización del nombramiento de funcionarios judiciales y la amenaza de diez años más de régimen kirchnerista en la celebración de su primera década, se suma en el orden económico una populista campaña de control de precios a cargo de militantes oficialistas.


En claro contraste con tal panorama, han abundado en el comentario internacional los juicios positivos respecto del enfoque de comercio abierto al mundo —y en especial al libre intercambio de bienes y personas entre sus miembros y con las economías orientales— de la Alianza del Pacífico, que reúne por ahora a México, Perú, Colombia y Chile, pero que ya cuenta como observadores (en algunos casos con evidente interés en afiliarse) a naciones americanas con regímenes de orientaciones diversas, como Panamá, Guatemala, Costa Rica, Canadá y Uruguay; europeas, como España (Francia ha solicitado acceder a esa misma condición), además del caso de Japón, en Asia. Guy Sorman ha puesto incluso como símbolo de esa diferencia lo que ocurre con Chile y Argentina a ambos lados de la cordillera, y ayer en Washington los Presidentes Obama y Piñera dialogaron acerca de una eventual integración de Estados Unidos a esa Alianza también como observador, sin perjuicio del interés de ese país en el aun más amplio (y por cierto más controvertido) Acuerdo de Asociación Transpacífico.


El tema resulta clave para el próximo período Presidencial chileno y debería merecer pronunciamientos claros de todos los candidatos, pues algunos ya han avanzado su criterio, favorable a la profundización de esa apertura, en el caso de los de la Alianza, y opuesta, en el de ME-O. En cuanto a la Concertación, que se jugó a fondo por multiplicar los tratados de comercio, parecería lógico que adhiriera a dicha política, pero la participación en la Nueva Mayoría de sectores ideológicos afines al bando contrario, como el PC y el MAS, plantea una fuerte duda sobre tal disyuntiva. Dado el favoritismo de la ex Presidente Bachelet en las encuestas, su opinión es una de las más importantes, porque un quiebre de la estrategia nacional en esta materia tendría graves consecuencias.


 Prolongar el silencio o mantener una posición ambigua al respecto, reservando para más tarde el dar a conocer la decisión —de cualquiera de los eventuales Gobernantes en la etapa que viene—, no sólo introduciría un factor de incertidumbre en el electorado, sobre todo entre quienes ven en este asunto una opción trascendente para nuestro desarrollo, sino que en la práctica afectaría el futuro del país, al cambiar o poner en duda la buena imagen internacional obtenida por el esfuerzo ya realizado en esa línea.


Plebiscito inconstitucional y su control por el TC.


Inmediatas reacciones produjo la propuesta contenida en un documento del programa de trabajo de Michelle Bachelet, que analiza un eventual llamado por el próximo Presidente a plebiscito para una asamblea constituyente. Esta idea -una propuesta no unánime para consideración de la candidata- se completa con una conclusión inquietante: se afirma que ese decreto supremo de convocatoria no podría ser revisado por el Tribunal Constitucional, salvo que la mayoría de las Cámaras del Congreso así lo decidiera. Así, bastaría al próximo Presidente asegurarse una mayoría simple en ambas Cámaras -sostiene ese documento- para consolidar en los hechos un llamado plebiscitario.


Tal planteamiento causó polémica aun dentro del mismo grupo de asesores, algunos de los cuales discreparon "en la forma y en el fondo". Otros criticaron la individual vocería previa del autor del análisis, pues existiría un acuerdo para canalizarlo por medio del Constitucionalista Francisco Zúñiga.


Más allá del grupo asesor, Constitucionalistas de diverso signo calificaron esta idea como inconstitucional y quebrantadora de las reglas del juego, pese a que algunas voces advirtieron que ese decreto no podría ser impugnado ante el TC. Un reputado jurista se preguntó sobre qué otra autoridad podría saltarse la Constitución, si el propio Jefe de Estado lo hace previamente. Diversos políticos repudiaron la sugerencia. El candidato Presidencial de RN calificó la propuesta como "un fraude", propio de la mala práctica político-jurídica de los "resquicios legales", de triste recuerdo institucional en la década de 1970.


Cabe distinguir dos aspectos en el planteamiento del comando de Bachelet. El primero es si la Constitución admite o no un llamado a plebiscito para someter a consulta la convocatoria a una asamblea constituyente. La respuesta es terminantemente negativa: tal plebiscito sería inconstitucional. La Carta, en una sabia norma del artículo 15, dispone que "sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución". El Presidente de la República no puede convocar a plebiscitos a su amaño. La Carta no le abre un espacio discrecional para que convoque a referendos cómo y cuándo lo estime conveniente; se deseó expresamente evitar eso luego que el Presidente Pinochet convocara a un plebiscito el 4 de enero de 1978. El plebiscito nacional -no Comunal- está hoy previsto solo para un único caso en todo el texto Constitucional, que no es el de llamar a una asamblea constituyente. Esto es lógico, pues se parte de un supuesto de estabilidad y respeto institucional, en el que toda reforma a la Constitución se canaliza mediante el mecanismo previsto expresamente en su Capítulo XV. Una asamblea constituyente, entendida como un grupo de personas investidas de todos los poderes constituyentes originarios, que en sus procedimientos y quórums operaría al margen de las normas vigentes sobre reforma, es obviamente inconstitucional, como lo sería el decreto supremo que la convoque. Sobre esto no hubo discusión entre los especialistas.


Un segundo aspecto es tanto o más crucial: ¿puede ser revisado tal decreto de convocatoria? El documento del comando de la candidata sostiene que no, argumentando que ello es así al requerirse por la Constitución la mayoría de las Cámaras para deducir el respectivo requerimiento al TC. Esta conclusión equivale a sostener que un acto importante del Poder Ejecutivo, como ese decreto, pese a apartarse del derecho, se puede consolidar de facto, simplemente porque una laguna en nuestros procedimientos de derecho público lo permitiría.


Contra esta tesis, otro Constitucionalista estimó que ese decreto sí podría impugnarse en su Constitucionalidad: en materia de legitimación activa ante el TC -afirma-, el principio básico es la facultad de la minoría de las Cámaras para detonar la revisión de esa Magistratura, incluso contra decretos supremos. Eso se encuentra recogido en el art. 93 N° 16 de la Carta, y este principio ha sido expresamente invocado en un fallo de 2001 del mismo TC. En realidad, esta interpretación es la única admisible y lógica en un Estado de Derecho democrático.


Fuerte desempleo juvenil.


Los evidentes progresos que el país ha registrado en materia de creación de empleo en los últimos años no han sido suficientes para corregir la elevada desocupación que se observa en sectores juveniles, un problema que se ha hecho persistente en nuestra economía y donde no se observan avances suficientes, particularmente en reformas laborales orientadas a brindar nuevas oportunidades a este segmento.


Resulta llamativo que el último informe de Coyuntura Laboral de América Latina, elaborado por la OIT y la Cepal, indique que en 2012 la tasa de ocupación de los chilenos entre 15 y 24 años fue de 31,1%, el menor nivel de la región sudamericana.  Este número esconde una realidad muy negativa en los sectores más pobres del país, porque es en ellos donde los jóvenes están fuera de la fuerza laboral y no se han incorporado tampoco al sistema de educación superior. Parece haber aquí un evidente problema de expectativas de la población juvenil, especialmente, de la menos calificada, que al no encontrar oportunidades laborales atractivas se desincentiva en su búsqueda de empleo, sumado a una Legislación que no favorece la entrada de estos segmentos al mercado laboral.


Cabe aquí analizar en detalle las razones del problema y avanzar hacia una solución urgente, que necesariamente pasa por establecer nuevos incentivos y avanzar en materia de capacitación. En este último punto se han hecho avances importantes, pero sus resultados tomarán tiempo en dar frutos. En materia Legislativa, el país debe avanzar hacia condiciones mucho más flexibles en materia de salario mínimo y de contratos de trabajo para este segmento. Asimismo, se requiere profundizar el proceso de incorporación de los jóvenes a la educación técnica y profesional, ámbito donde se ha logrado avances muy relevantes en los últimos años -por ejemplo, la matrícula de pregrado de jóvenes aumentó en un 50% entre 2005 y 2011.


No condicionamiento político del Poder Judicial.


Pocas veces en la historia reciente se han conjugado tantos factores favorables a la designación de un candidato a integrar la Corte Suprema: en la Magistrado Gloria Ana Chevesich concurren sus excelentes calificaciones, un desempeño reconocidamente acertado en causas difíciles y de alta exposición, el hecho de ser mujer -lo que, según afirmó recientemente el Presidente del máximo Tribunal, también incidió en su inclusión en la quina-, la circunstancia de que el Ejecutivo se haya limitado a coincidir con la elección previa de los propios Jueces, entre otros. No cabe olvidar que dicha Ministro de Corte de Apelaciones fue capaz de dirigir y ejecutar la investigación exitosa de un caso de alta complejidad en el sistema procesal penal previo a la reforma, cuando aún no se contaba con el personal ni los recursos que el país ha puesto a disposición del Ministerio Público en los últimos años.


Pero a lo anterior se suma un factor político que puede tener efecto en su designación: las severas dificultades que han enfrentado la mayoría de las nominaciones en los últimos años, debido al bloqueo de nombres que por diversas razones personales e ideológicas se ha producido en el Senado. Estos bloqueos han afectado a las personas propuestas, pero también han perjudicado las relaciones entre los poderes del Estado y el funcionamiento mismo de la Corte Suprema, que ha tenido que recurrir a mecanismos extraordinarios y siempre poco deseables para la integración de sus salas. Esta delicada situación política explica que, en este caso, el mismo Presidente de la Corte Suprema -cosa inusual- haya expresado públicamente su preocupación: en los nombramientos se ha producido -expresa- "un retraso excesivo que nos ha traído problemas y deseamos que en el futuro no sea así", y que la haya transmitido además, directa y personalmente, en una visita al Presidente del Senado. Rubén Ballesteros también ha sido enfático en destacar la idoneidad de la candidata: "Es una persona plenamente habilitada y preparada para ser Ministro de la Corte Suprema". A ello se ha sumado el explícito respaldo de la Asociación de Magistrados.


Desde la perspectiva inversa, el compromiso de la judicatura con su propia nominación permite anticipar un conflicto considerable si el Senado la rechaza. Cierta preocupación en este sentido no resultaría infundada, pues algunos Senadores del Partido Socialista ya han manifestado dudas en cuanto a que la nominación suscite el consenso necesario, y la razón más o menos explícita de las mismas se encuentra en que la candidata sometió a proceso y luego condenó a un Ministro de Obras Públicas del Gobierno de Ricardo Lagos y a otros funcionarios de esa cartera bajo dicha administración. Tales condenas fueron luego confirmadas, en lo sustancial, en todas las instancias.


En estos momentos se espera de los sectores afines al ex Presidente Lagos el gesto de altura republicana que no se dio en el caso de los Senadores democratacristianos respecto del ministro Juan Manuel Muñoz. Sería muy deseable que así fuera. El país necesita apremiantemente una actividad política ejercida con elevación de miras, centrada en las instituciones y su funcionamiento, y no en la pequeñez de los rencores o cobros de cuentas. Si no hay razones de peso para denunciar un proceder arbitrario o una calidad insuficiente en el ejercicio de la función jurisdiccional, el ejercicio de un veto político en el caso de este nombramiento -en el que el Ejecutivo se ha limitado a respaldar la opción del Poder Judicial- sería un nuevo duro golpe consecutivo a la independencia judicial y, por eso mismo, al Estado de Derecho.


Visita Presidencial y relaciones entre Chile y EE.UU.


El cordial encuentro que sostuvieron ayer en la Casa Blanca los Presidentes de Estados Unidos y Chile ratifica el excelente momento por el que atraviesan las relaciones bilaterales y la importancia que tienen para nuestro país los vínculos con la potencia norteamericana.


Chile se ha convertido en un cercano aliado -“amigo”, fue la expresión que usó ayer el Presidente Barack Obama- de Estados Unidos en una región donde las consignas antinorteamericanas son frecuentes, y donde diversos Gobiernos son abiertamente críticos de Washington y sus políticas. Aunque existan divergencias sobre asuntos específicos -como ocurrió en 2003, con la guerra de Irak, o sucede ahora, con la inclusión de Chile por séptimo año consecutivo en la denominada “lista roja” de propiedad intelectual-, la cercanía entre Santiago y Washington se ha ido robusteciendo, debido a que se construye sobre la base de coincidencias políticas y económicas esenciales.


Lo anterior ha permitido progresar en una serie de aspectos, desde la cooperación en educación hasta en cuestiones relativas al medioambiente, lo que sugiere la existencia de una relación madura entre Estados, no sujeta a los vaivenes electorales de una u otra nación. El último de estos avances se vincula con la nominación de Chile para participar en el programa de exención de visas, lo cual abre la perspectiva de que en un futuro cercano los ciudadanos chilenos puedan ingresar a ese país sólo exhibiendo su pasaporte al día, un logro que debe reconocérseles a los dos últimos Embajadores nacionales en Washington.


Enfocado en otros intereses más esenciales para su seguridad, en años recientes Estados Unidos ha venido reduciendo su presencia en la región, lo que ha ido acompañado de lo que el Presidente Barack Obama denomina una “asociación entre iguales” con América Latina. Esto ha generado oportunidades para el surgimiento de liderazgos regionales que no siempre han sido bien orientados y frente a los cuales Chile está llamado a jugar un rol más activo, ya sea en solitario o a través de grupos como la Alianza del Pacífico, que reúne a nuestro país con Perú, Colombia y México (en un futuro, también a Costa Rica), naciones con las que comparte coincidencias fundamentales. Este es un interés que Santiago comparte con Washington y que deben trabajar en conjunto.


La agenda de la visita Presidencial a la Casa Blanca incluyó otros temas, como la participación de Chile en el Trans-Pacific Partnership (TPP), ente impulsado por EE.UU. para crear la mayor zona de libre comercio del planeta y cuyo acuerdo fundacional podría ser suscrito en octubre, en Indonesia. No obstante han surgido voces en el país que señalan que el TPP no ofrece demasiadas ventajas para Chile, que ya cuenta con acuerdos bilaterales con gran parte de los eventuales miembros del bloque, no parece coherente que un país que ha hecho de la apertura comercial uno de los fundamentos de su política exterior se margine de un grupo que pretende integrar los mercados de la cuenca del Pacífico. En todo caso, debido a que parece evidente que detrás del TPP también está la intención de EE.UU. de levantar un frente común contra China, la Diplomacia chilena debe mantener sus esfuerzos por preservar e incrementar los lazos que mantiene con Beijing.


"Mirar para cuidar" en Argentina.


El estilo del Ministro argentino de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ha sido directo, de choque y sin miramientos con los empresarios. No los persuade, los intimida. Es tradicional que periódicamente se reúna con los máximos ejecutivos de las empresas nacionales y extranjeras para "negociar" directamente con ellos los precios de los productos. Los gerentes saben que esa es la única manera de mantenerse en el mercado.


En febrero, y con miras a las elecciones Legislativas de octubre, el Ministro más temido del Gabinete de Cristina Fernández, que no tiene reparos para ingresar a una junta de accionistas con actitud prepotente (un video en YouTube así lo muestra en una reunión del grupo Clarín), consiguió que los supermercados congelaran los precios por algunos meses. En abril extendió ese "convenio voluntario" por tiempo indefinido. Ahora se ha anunciado un plan llamado "Mirar para cuidar", mediante el cual organizaciones sociales y populares fiscalizarán a los minoristas, y podrán denunciarlos a la Secretaría de Comercio Interior, el feudo de Moreno, la cual aplicará sanciones, desde multas hasta suspensión y clausura del negocio. Los operativos comenzarán con un plan piloto en 50 ciudades, el que abarcaría unos 19 millones de personas. Los "inspectores", como lo ha denunciado la prensa, probablemente serán militantes de organizaciones kirchneristas como La Cámpora, lo cual por cierto no garantiza la imparcialidad de sus denuncias.


La fórmula del Gobierno argentino para controlar la inflación ya se ha aplicado en otros países y en otras épocas, como en la Venezuela chavista o en el Chile de la década del 70, con los obvios resultados de desabastecimiento y escasez. Los venezolanos han visto desaparecer productos de primera necesidad, tales como leche y papel higiénico. Los fabricantes argentinos lanzan nuevas marcas para esquivar el congelamiento de los precios, que están en una lista de 500 productos que van desde aceite de maravilla y "aceitunas verdes descarozadas" hasta "pañales Pampers", "maní salado", "cera depilatoria" y "bolitas antipolillas".


Antes de estas medidas, se intentó maquillar (o manipular) las cifras oficiales de inflación. También las de pobreza y crecimiento. Desde la intervención, en enero de 2007, por la Secretaría de Comercio Interior del Instituto Nacional de Estadística y Censos, las críticas de los economistas independientes se han hecho sentir. Mientras el Gobierno admite el 10% de inflación, las mediciones de las consultoras privadas suelen más que duplicar esos cálculos oficiales, y la estimación para este año va entre 20 y 30%.


Si con sus métodos poco ortodoxos Moreno logra mantener a raya los precios hasta octubre, será un gran éxito que la Presidente deberá reconocerle, pero no parece que eso baste para obtener un triunfo en los comicios, cruciales para el futuro de Argentina.


Algunas  cartas para la reflexión.


Señor Director:


Beneficios a exonerados.

En relación con la discusión respecto del tema de los exonerados y su legitimidad para cumplir con los requisitos exigidos por la Ley para recibir compensaciones económicas, me parece pertinente tocar el tema de los cientos o miles de ciudadanos que fuimos vulnerados de nuestros derechos de propiedad y de la posibilidad de vivir en Chile durante el Gobierno de Allende, por cuanto toda la administración del Estado se volcó contra nosotros, ya sea como víctimas de la reforma agraria o como resultado de las "intervenciones" del Gobierno a través de todos sus organismos para quitarnos nuestros derechos de propiedad sobre las empresas que nos pertenecían y que fueron arrebatadas, producto de los resquicios legales que utilizó el Gobierno de la Unidad Popular.


En mi caso, no solo perdí un patrimonio económico, sino que tuve que salir junto a mi familia casi como un delincuente para reiniciar una vida en otro país, ya que el mío no me daba las garantías que a otros se las compensaron posteriormente por Ley.


¿Qué pasó con nuestros derechos?


Alberto Wurmann.


Señor Director:


Exonerados políticos.


Al paso que vamos, el costo del caso Johnson’s va a ser una ganga comparado con el de los falsos exonerados, independientemente de que el primero es cuestionable pero legal, y el segundo, un delito.


Rodrigo Meneses Ciuffardi.


Señor Director:


Asamblea constituyente.


Los asesores de Michelle Bachelet habrían propuesto una fórmula que le permitiría convocar a una asamblea constituyente en caso de asumir la primera Magistratura, sin que se viole la Constitución.


La fórmula es la siguiente: en la elección Presidencial se pedirá a los electores que marquen su voto con las letras AC, esto es, pidiendo una asamblea constituyente. Bajo el supuesto amplio respaldo de los ciudadanos a esta idea, el Mandatario electo dictaría un decreto convocando a un plebiscito para ratificar la realización de una AC, y como el único organismo que podría declarar inconstitucional el aludido decreto es el Tribunal Constitucional (art. 93 nº 5 de la Ley Fundamental), si ninguna de las Cámaras Parlamentarias requiere al Tribunal que declare esta inconstitucionalidad -lo que suponen los asesores, puesto que la oposición podría ganar la mayoría de ambas Cámaras-, el decreto sería validado. Este artificio es abiertamente inconstitucional.


En primer lugar, olvidan los asesores que, de acuerdo con un principio básico del Estado de derecho contenido en el artículo 7 de la Carta Política, ubicado en el capítulo sobre Bases de la Institucionalidad, las autoridades de Estado únicamente pueden ejercer aquellas atribuciones o derechos que expresamente se les hubieren otorgado por la Constitución y las Leyes. Tratándose de consultas plebiscitarias, el Presidente solamente se encuentra facultado para convocarlas en caso de existir un desacuerdo con el Congreso acerca de un  proyecto de reforma Constitucional que ya ha sido estudiado y tramitado por el propio Congreso, de forma tal que corresponda a los ciudadanos dirimir esta controversia (art. 128 de la Constitución).


Bajo esta única fórmula, no es posible eludir la previa y directa participación del Congreso en la discusión de una eventual reforma Constitucional. A este caso específico de consulta plebiscitaria, único que contempla la Carta Magna, alude el nº 5 de su artículo 93, cuando confía al TC la validez del decreto de convocatoria.


De seguirse al pie de la letra el artificio jurídico reseñado, es seguro que ese decreto sería declarado inconstitucional por la Contraloría General de la República en ejercicio de sus atribuciones.


En suma, la fórmula ofrecida a la candidata no sólo implica desconocer el orden Constitucional, sino que nos retrotrae a un lejano y negro período de nuestro Estado de derecho: el de los resquicios legales.


Gustavo Cuevas Farren, Profesor de Derecho Constitucional.


Señor Director:


Allamand y las encuestas.


Las encuestas de Allamand tienen una historia algo optimista. Veamos.


En la elección de Diputados 1993 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea), Adimark lo dio ganador sobre Carlos Bombal (UDI). Resultado final: Bombal 35%, Allamand 31%. Fue electo arrastrado por Bombal.


En las Senatoriales 1997 (Metropolitana Oriente), Cerc asignó la primera mayoría a Alejandro Foxley y Adimark pronosticó que Allamand ganaría a Bombal. Resultado final:

1° Bombal (UDI): 26,43%. Electo con la primera mayoría

2° Foxley (DC): 24,43%. Electo con la segunda mayoría.

3° Estévez (PS): 21,11%. A la Presidencia del BancoEstado

4° Allamand (RN): 17,25%. Comienza su travesía en el desierto.


En las Senatoriales 2005 (Región de Los Ríos) no tuvo necesidad de contratar encuestas. Corrió solo y obtuvo un escaño cedido generosamente por la UDI.


Alfonso Ríos Larraín.


Listado de Parlamentarios con pensión de “exonerados”.


Según un informe enviado por el Gobierno a la comisión investigadora de la Cámara, que sesionó en 2011, 11 Parlamentarios en ejercicio fueron exonerados políticos y recibieron pensión. Creemos que los nombres que aparecen en el listado debemos tenerlos presentes al momento de elegir el nuevo Parlamento.


Los Diputados que reciben este estipendio del Estado, es decir de todos los chilenos, son Guillermo Teillier, Lautaro Carmona, comunistas, Adriana Muñoz y María Antonieta Saa, PPD,  Fernando Meza y José Pérez, PRSD,  Eduardo Cerda, DC,  y Carlos Montes, Marcelo Schilling, Isabel Allende y Denise Pascal, PS.


Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
 





De nuestro Twitter

EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

#GolpeAlaPyme.

Hágase seguidor de Reacción Chilena

Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
Enter a long URL to make tiny:

Mantenemos este video como un homenaje a Felipe Cubillos .

De nuestras páginas

Estamos en Twitter

Follow reacchi on Twitter

Canción Nacional de Chile completa con todas sus estrofas....

Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

PARA VER COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL VÍDEO.

Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

Archivo del Blog

acount

Nuevo Contador de Visitas

Se produjo un error en este gadget.

A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

MARCHA SOLDADOS DEL 73 PARA VER VÍDEO COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL.

Libre, Nino Bravo

Ir Mario Montes Papers

Ir Mario Montes Papers
pinchar imagen

Ir comentario Político Semanal

Ir comentario Político Semanal
Pinchar imagen

Si encuentra este libro..léalo

Si encuentra este libro..léalo
vale la pena.....

Pega presidencial pendiente:Justicia

Pega presidencial pendiente:Justicia

Producto Chileno, Producto Bueno

Producto Chileno, Producto Bueno
Además da trabajo a los nuestros.

Usted es el visitante Número