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Piñera
designó al Embajador Felipe Bulnes como agente que representará a Chile
ante la
Corte Internacional de Justicia de La Haya, por la demanda marítima
Interpuesta por Bolivia en contra de nuestro país. |
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Pablo
Longueira presentó su equipo de campaña, manifestó su intención de ser la
continuidad
del presidente Piñera, y criticó a quienes plantean asambleas
constituyentes y reformas tributarias. |
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El
BancoEstado devolverá $5.675.354.253, equivalentes a unos US$12 millones, a
los
clientes que se vieron afectados por cláusulas abusivas en el cobro de
comisiones
por mantención en sus cuentas de ahorro a la vista, desde el año 2004. |
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A los 94
años falleció Giulio Andreotti, siete veces Primer Ministro de Italia, Senador
vitalicio
y uno de los políticos más influyentes de la Democracia Cristiana italiana.
Durante su
vida debió enfrentar procesos por supuestos vínculos con la mafia.
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Según una
medición de opinión pública realizada por Datanálisis -entre el 27 y 30
de abril-,
seis de cada 10 ciudadanos apoyan la petición del líder opositor, Henrique
Capriles, de una amplia revisión de votos de la elección Presidencial. |
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Miles de
opositores se congregaron ayer en el centro de Moscú en la primera
manifestación
antigubernamental en varios meses, en un intento de reactivar
el movimiento de protesta contra el Kremlin. |
Mentiras,
por Adolfo Ibáñez.
Nos encanta
afirmar y escuchar que somos el país con mayor costa en el mundo. Mentira. En
nuestro continente, Brasil nos aventaja. En el norte, Estados Unidos y Canadá
también. Al otro lado del océano, Australia es una isla continente que nos
lleva por varias veces. Indonesia es tan largo como nosotros, pero este-oeste,
y son puras islas: costas y mar por todos lados; China y la India también. El
tema es baladí, qué duda cabe. Sin embargo, constituye un botón de muestra de cuánto
nos gusta alimentarnos de mentiras.
Es como si
nunca hubiésemos mirado un mapa. En realidad, los hemos mirado mil veces, sin
detenernos a ver con claridad los aspectos que nos deberían interesar. Solo nos
quedamos con una información enciclopédica para lucirnos y parecer cultos y
civilizados al modo de otros. ¡Qué lejos estamos de nosotros mismos!
El problema
es cuando estas mentiras se transforman en el plato de fondo: que hay que
reemplazar la Constitución, que la tremenda desigualdad del ingreso, que el
modelo ya fracasó; para qué decir nada del tan vapuleado binominal. ¿De qué se
está hablando? Si escuchamos a los políticos, pareciera que vienen de otro
mundo, o que el haber vivido la trayectoria de estabilidad y sabiduría
recorrida por el país les es ajeno por completo. O, peor aún, que no les
interesa. Y más grave todavía, que no les conviene. Y para ocultar todo esto,
nada mejor que seguir hablando de la dictadura. ¡Con qué superioridad moral se
visten para revestir de seriedad las mentiras!
Anteriormente
vivimos paradojas semejantes. Durante la década de 1920 se introdujeron
reformas que tuvieron por resultado llevarnos al subdesarrollo. En los 70 le
tocó el turno a la revolución: se dijo que todo era malo, pues lo existente
aseguraba el predominio de la despreciada burguesía. Hasta los maniceros de la
Plaza de Armas fueron tildados de burgueses, por defender su barquito de latón.
Destruyeron todo: institucionalidad política, vida económica, orden público y
vida social. Costó 17 años recuperar al país y dejarlo con un salto adelante
inimaginable antes.
Frente a
estas mentiras, la vieja sabiduría campesina decía que era como comulgar con
ruedas de carreta. ¿Se pueden imaginar semejante indigestión? Nuevamente los
políticos ofrecen intoxicarnos con falsedades. Frente a ello debemos reconocer
lo que somos y valorar nuestras experiencias. Vivir sanos, alegres y con
espíritu positivo para proyectarnos al futuro es el tónico que de verdad
necesitamos.
El Congreso y el artículo 7 de la Constitución,
por Raquel Camposano Echegaray.
Según el
art. 46 de la Constitución Política, el Congreso Nacional -integrado por la
Cámara de Diputados y el Senado- concurre a la formación de las Leyes y tiene,
además, las atribuciones que ella señala. De su lectura se colige que todas sus
funciones se realizan o deben realizarse en el lugar que tenga designado como
sede, además de fijar en forma taxativa el trabajo que les corresponde.
Por su
parte, el art. 7 de la Constitución establece que los órganos del Estado actúan
válidamente dentro de su competencia y en la forma que prescribe la Ley.
Dispone, además, que ninguna Magistratura, persona o reunión de personas puede
arrogarse otra autoridad o derechos que los que expresamente se le hayan
conferido en virtud de la Constitución o las Leyes. Y añade que todo acto en
contravención a este artículo es nulo.
A la luz de
estas disposiciones, cada vez que oigo a Parlamentarios hablar del trabajo
"en terreno", no me queda claro en qué consiste este, ya que no
aparece dentro de lo dispuesto en la Constitución. Supongo que para ir a
"terreno" se toman oficialmente una semana al mes, dejando así de
dedicarse a lo que les corresponde: hacer y mejorar las Leyes, y derogar las
que corresponde. Eso exige estudiarlas y documentarse, lo que, a su vez, exige
tiempo.
Es cierto
que tanto para ser Diputado como para ser Senador basta, en cuanto a
conocimientos, haber cursado la enseñanza media o equivalente, y es por ello
que contratan asesores, que tal vez no sean los mejores profesionales a juzgar
por los resultados. Como ejemplos, tenemos la acusación contra el Ministro de
Educación y la modificación del adulterio civil, ambos con errores increíbles.
En todo caso, la educación media es suficiente para que un Parlamentario preocupado
de su quehacer pueda leer con detención los proyectos sometidos a su
conocimiento y detectar errores que no exigen conocimientos profundos de la
materia, además de documentarse personalmente del tema para no estar solo a
merced de los asesores. Tampoco hay que olvidar que entre los Parlamentarios
hay varios profesionales, especialmente abogados.
A mí, me
llamó mucho la atención el desglose de los gastos que cobran mensualmente los
"honorables". Por ejemplo: arriendo de oficina (cada uno tiene una en
el Congreso), aseo, vigilancia y reparación de estas oficinas, publicidad (¿de
qué o quién?), compra de espacios radiales (¿para qué?), propaganda (¿para
qué?), eventos con la comunidad, y muchos otros, a los que no les veo la
relación con el trabajo que se les encomienda por la Constitución.
No es esta
la única forma en que los Parlamentarios se exceden en sus atribuciones. Según
el art. 56 letra c) de la Constitución, la Cámara de Diputados puede formar
comisiones investigadoras especiales, con el objeto de reunir informaciones
relativas a determinados actos del Gobierno. Sin embargo, salió publicado en la
prensa que estuvieron investigando el lucro en las universidades privadas y que
discutían si enviar o no el resultado a la Fiscalía; es un tema importantísimo,
pero no les compete a los Diputados su investigación. También en este diario se
publicó la carta de un lector que se quejaba de la intromisión del Congreso en
asuntos que no son de su competencia, al evaluar las medidas de seguridad en
Costanera Center.
La verdad es
que se echa de menos un Congreso ágil e informado que cumpla su papel de
Legislador y tenga dedicación completa a él; que dicte buenas Leyes que no
necesiten remiendos y modificaciones; sobre todo, se echa de menos la agilidad,
las Leyes duermen sin tramitarse, a menos que se pida urgencia. Un ejemplo es
la del acuerdo de vida en pareja que afecta a miles de personas. Los
Parlamentarios parecen muy ocupados en otras cosas; diría que el llamado
"trabajo en terreno" les consume gran parte de su tiempo.
No deben
olvidar los Parlamentarios que todo lo que hagan más allá de lo expresamente
autorizado por la Constitución es insanablemente nulo. Aquí, la costumbre no
constituye derecho ni caben las interpretaciones. Sería conveniente que cada
vez que asuma un nuevo Parlamentario lea con detención la Constitución Política
y renueve la lectura cada vez que sea necesario. O mejor aún, que al iniciarse
el año Legislativo se lean solemnemente los arts. de la Constitución Política
referidos a sus deberes y atribuciones.
El efecto Longueira,
por Cristina Bitar.
La llegada
de Pablo Longueira a la carrera Presidencial cambia completamente esta
elección, tanto en su primera fase de primarias como en la elección definitiva
de noviembre. Con voto voluntario, el hecho de que la Alianza compita con los
dos líderes naturales de ambos partidos le agrega un interés especial a esta
competencia, mejorando mucho la capacidad de convocatoria. Dicho en términos
futbolísticos, una elección que dirime la opción Presidencial de la derecha
entre Allamand y Longueira es sólo comparable a los clásicos del Real Madrid
con el Barcelona.
El ingreso
de Pablo Longueira a la carrera Presidencial le incorpora adrenalina a la UDI,
al sector y a la elección en general, ya que él es un símbolo no sólo de su
partido o de la derecha, sino que de la política chilena de los últimos 30
años. Desde haber sido uno de los discípulos jóvenes de Jaime Guzmán en los 80,
Longueira se ha destacado por su honestidad, su liderazgo y su carisma.
A lo anterior
se suma que Longueira es el mejor representante de una derecha que tiene una
historia y una vocación social muy especial. Un político que empezó su carrera
en el servicio público en el mundo de los campamentos y las poblaciones más
humildes, que ha ganado todas sus elecciones Parlamentarias por sectores
esencialmente populares y de la clase media emergente. Tiene un arraigo popular
difícil de encontrar en otra figura de su sector. Ello, combinado con una
historia de hombre de Estado, que lideró el gran acuerdo político que permitió
salvar la crisis del Gobierno del Presidente Lagos y la elección de los
candidatos de la Democracia Cristiana, cuando este partido había inscrito a
todos sus postulantes de manera errónea. Además, el candidato UDI supo liderar
a su colectividad y hacerla crecer, hasta ser el partido con mayor
representación en la Cámara de Diputados.
Es verdad
que las encuestas muestran que tiene un alto nivel de rechazo, precisamente
porque es un político de posiciones claras, algo que en estos tiempos es
bastante escaso.
Pero creo
que es el Longueira Ministro el que define de mejor forma lo que podemos
esperar de su candidatura. Durante el Gobierno del Presidente Piñera, y desde
la cartera de Economía, encabezó la puesta en marcha del Sernac Financiero,
fomentó la defensa a los consumidores y demostró con hechos, no con meras
palabras, su compromiso por combatir abusos. No sólo eso; además fue un puntal
clave en la reciente reforma que permite la creación de empresas en un día.
Como Ministro, no tuvo problemas para entrar a rebatir públicamente a rostros
muy importantes de su sector, con la convicción y el pragmatismo de creer que
estaba haciendo lo correcto. Es decir, Longueira es uno de los duros, pero no
se pierde a la hora de las definiciones importantes. Siempre ha sido lo
suficientemente pragmático para entender que lo que le va a permitir a su
partido llevar adelante sus ideas es ganar elecciones y conquistar a la opinión
pública.
Hoy no tiene
una carrera fácil, ya que debe enfrentar una primaria donde el candidato de RN
lleva meses de ventaja. Además, tiene la misión compleja de recomponer las
confianzas en un partido que ha pasado por una crisis interna en la elección de
candidatos. Por si eso no fuera poco, si Longueira gana la primaria, deberá
enfrentarse a uno de los fenómenos electorales más complejos e interesantes de
los últimos años: Bachelet. La misión que tendría sería la de reencantar a
quienes confiaron en el Presidente Piñera en 2009, con una mezcla de hacer
suyos los logros de este Gobierno, pero también estableciendo hacia dónde
quiere avanzar en su agenda. En momentos en que el discurso público parece
haberse radicalizado hacia posturas de izquierda, sin duda que será un desafío
complejo convencer a la gente de que las ideas de libertad, responsabilidad y
emprendimiento son las adecuadas.
A Longueira,
entonces, sólo le queda un camino: apelar a su espacio de origen, que es la
clase media. Debe lograr mantener esa conexión con lo que él ha llamado el
«centro social» y dejar las encuestas un poco de lado. No va a ser simple, pero
sin duda va a ser interesante. El efecto Longueira sin duda nos mantendrá
alertas.
Nuevos atentados en La Araucanía.
Como
"un antes y un después en el modo de ejecutar los atentados" calificó
el Jefe de zona de Carabineros de La Araucanía al nuevo violento ataque en que
un grupo no identificado de extremistas -que dejaron panfletos alusivos a
causas mapuches- retiró impunemente los pernos de los rieles de la vía férrea,
provocando el descarrilamiento de uno de los trenes de la empresa Fepasa en las
cercanías de Collipulli. Dos maquinistas que trataron de revisar los daños
fueron atacados por los delincuentes, que dispararon contra ellos e intentaron
quemar la carga del tren.
La frase
empleada por el Jefe policial se repite con leves variantes cada vez que la
violencia escala un grado más en esa zona. Ya la formuló, por ejemplo, el
Ministro Secretario General de la Presidencia en enero pasado, tras el
asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay, en relación con el cual aún no se
ha logrado detener sino a uno de sus autores -herido por una de las víctimas-,
quien dificultosamente ha sido formalizado y acusado. El Ministro del Interior
consideró este ataque al ferrocarril como una "acción extremista de la
mayor gravedad" -asimismo una frase reiterada- y confirmó que el Gobierno
presentará una querella invocando la Ley Antiterrorista contra quienes resulten
responsables del descarrilamiento. El Gobernador de Malleco, Erich Baumann, calificó
el ataque como "un atentado muy grave" y llamó a comprender que
detrás de la ofensiva hay "un hecho delictual con planificación, con
premeditación para poder hacer daño". Y el Senador Espina (RN) sostuvo que
los responsables eran "grupos pequeños, pero muy bien organizados, que
actúan con una maldad y crueldad infinita".
Más allá de
las palabras condenatorias que son de esperar, atentados similares siguen
produciéndose en La Araucanía. Evidentemente, el aparato Estatal en su conjunto
no está funcionando de modo aceptable, pese a que cuenta con las herramientas
jurídicas para actuar con la máxima energía. La Araucanía es hoy una vasta y
creciente zona no amparada por el Estado de Derecho en la que parte importante
de su población vive atemorizada, y se hace cada vez más difícil desarrollar
actividades productivas. Nuestro país no puede seguir aceptando pasivamente que
personas sean quemadas vivas y se descarrilen trenes. ¿Quién se hace
responsable? ¿Por qué esas pocas y pequeñas bandas extremistas a que se alude
siempre no pueden ser desarticuladas? ¿Qué sucede con las policías, los
Fiscales, los Jueces? ¿Qué hace la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Qué tiene
que ocurrir para que por fin se haga sentir todo el peso de la Ley contra
facciones obviamente terroristas? Estas preguntas demandan respuestas, y no
declaraciones vacías. Emplear sin vacilaciones toda la fuerza legal contra la
violencia extremista es lo propio de democracias sólidas, capaces de defenderse
a sí mismas.
Consecuencias de una eventual eliminación del FUT.
Quienes
promueven la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) como
mecanismo para aumentar los ingresos Fiscales deben analizar en mayor
profundidad sus consecuencias. En contra de las expectativas generadas, la mayor
recaudación posible de lograr con esta propuesta tendría como contraparte un
menor ingreso de los trabajadores, eventualmente sin afectar, en el mediano
plazo, la renta de los contribuyentes de mayores ingresos.
La
“eliminación del FUT” significa concretamente que los dueños de empresas
tributarían con las tasas que corresponden a su nivel de renta en cuanto
personas naturales (crecientes según la escala que fija el Impuesto Global
Complementario, hasta un tope de 40% de las rentas) sobre sus ingresos
devengados por utilidades ocurridas en las empresas en que participan, aun si
esas utilidades hubiesen sido reinvertidas; mientras en el caso de empresas
extranjeras con inversiones en Chile, tributarían con 35% sobre sus utilidades
devengadas -incluso no retiradas-, que es la tasa del Impuesto Adicional que
les es aplicable. Como una muy alta proporción de los ingresos por utilidades
devengadas y no retiradas corresponde a personas de los más altos ingresos en
el país, esto significaría que tributarían (en el margen) con una tasa de 40%
sobre las utilidades devengadas o, en otras palabras, que los proyectos de
inversiones en Chile de esas personas estarían automáticamente sujetos a una
tasa marginal de tributación del 40%; mientras la inversión extranjera estaría
sujeta a una tasa de 35% sobre sus utilidades.
La economía
chilena compite con el resto del mundo atrayendo capitales interesados en
maximizar su retorno neto de impuestos en las inversiones efectuadas. Así,
aumentar la tasa efectiva de impuestos a las utilidades conduciría a menor inversión en la economía chilena
hasta el punto en que el mayor retorno antes de impuestos aparejado a un menor
stock de capital, ajustado por los mayores impuestos aplicados, determina un
retorno neto de impuestos igual al que existía antes del cambio tributario
efectuado. En ese proceso de ajuste a la baja en el stock de capital en la
economía chilena, las remuneraciones deben bajar para mantener el pleno empleo.
Los inversionistas, nacionales o extranjeros, no verían afectados en forma
permanente sus ingresos, si invirtiendo menos en Chile mantienen el retorno
neto de impuestos sobre sus inversiones globales. Los trabajadores chilenos,
sin embargo, tendrían remuneraciones más bajas.
No es
necesario suponer que toda la inversión es sensible al aumento de impuestos, ni
que las tasas relevantes deban subir hasta 35% o 40% para anticipar que la pérdida de ingresos de
los trabajadores ante la “eliminación del FUT” sería superior a la mayor
recaudación lograda por el Gobierno. Paradójicamente, incluso una simple alza
del IVA, que genere la misma recaudación adicional deseada, tendría un menor
impacto negativo sobre el ingreso de los trabajadores que la eliminación del
FUT.
Por sus
efectos negativos sobre la inversión, la eliminación del FUT promovería
múltiples excepciones tributarias, que disminuirían la recaudación efectiva,
mientras se afecta la equidad tributaria entre empresas, algo que también
debería llamar a reflexionar a sus promotores.
El difícil problema de las sectas.
Gran
conmoción ha causado el caso de una secta mal llamada "de Colliguay",
integrada por un grupo de jóvenes que dieron muerte a un bebé de tres días por
considerarlo el "Anticristo", a lo que siguió poco después el
suicidio del líder de la misma, que era buscado intensamente por las policías
chilena y peruana. No es algo nuevo, ya que una constante emergencia de sectas
ha acompañado a la historia humana, y cada cierto tiempo surgen polémicas o
conflictos al respecto. Cabe recordar las posibles vinculaciones de una de
ellas, en Lolol, con el asesino de una mujer en una tienda de antigüedades y,
pocos años antes, por las inhumaciones ilegales de la "secta de
Pirque".
Pero el
crimen del lactante hace que este episodio tenga ribetes mucho más dramáticos.
Solo a nivel internacional se habían conocido casos parecidos a este, como la
"secta del Pueblo", en Guyana, que en 1978 terminó con el suicidio
colectivo de 913 personas.
¿Qué papel
le cabe al Estado en situaciones como estas antes de que se cometa un delito?
¿Podría este impedir una determinada práctica o la formación de una agrupación?
La Constitución consagra el derecho de asociación y la libertad de conciencia,
la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos
que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Por
su parte, la llamada Ley de Cultos, Nº 19.638, de 1999, reafirma los principios
de igualdad ante la Ley de las distintas religiones y de libertad de
conciencia. Así, la asociación por sí misma, en una iglesia reconocida o en un
simple grupo, no puede ser impedida por la autoridad.
Obviamente
distinto es que una de esas asociaciones propugne o incurra en algún tipo de
delito, como tráfico de drogas o asesinato. Normalmente, la autoridad actuará
ex post, tanto por la dificultad de detectarlos sin atropellar derechos
básicos, como por el peligrosamente difuso límite de hasta dónde es legítima la
intervención preventiva del Estado. Pero no está impedido de actuar cuando
recibe denuncias de figuras tales como abuso psicológico del que puedan ser
objeto los integrantes que siguen a un líder carismático, u otros indicios de
eventual delito. En la experiencia comparada hay no escasos estudios sobre qué
elementos permiten identificar a una secta o un culto, y detectar su eventual
peligrosidad, así como sobre los síntomas psicológicos observables en esos
grupos. Se ignora si nuestras policías y demás órganos estatales competentes
reciben alguna formación en estas materias. Si no fuere así, el caso de esta
secta advierte sobre su necesidad. Por cierto, es un área muy delicada, con
alta posibilidad de error o exceso, en la que cabría a la educación escolar una
función valiosísima.
El imitador de Chávez.
En las tres
semanas transcurridas desde la elección Presidencial de Venezuela, el tema de
la revisión de los cómputos solicitada por el líder opositor Henrique Capriles
(a pesar del evidente control oficialista de todos los poderes del Estado) ha
marcado la creciente tensión en el país. No obstante la alta proporción de
electores (casi el 70%, según una encuesta de Datanálisis publicada en El
Universal de Caracas), incluyendo votantes “chavistas”, que respalda aquella
auditoría, ahora Nicolás Maduro insiste en su negativa, con lo que, más allá de
los graves desafíos políticos, económicos y de seguridad ciudadana que afectan
a esa nación, amplía el problema a la imagen de su Gobierno en el exterior.
Así, por una
parte, la situación interna se agudiza tanto con la amenaza de intervenir la
administración del Estado de Miranda, Gobernado por Capriles, como con la
negativa del Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de dar la
palabra a los Diputados opositores mientras no reconozcan el triunfo cuestionado,
origen de un violento episodio que culminó con once Legisladores heridos. Por
otra, el conflicto comienza a afectar seriamente al conjunto de la región. En
efecto, si bien en la reunión de Unasur del 18 de abril en Lima, apenas
realizada la elección venezolana, el Presidente electo recibió allí una
manifestación unánime de apoyo, ésta aludía también a su compromiso de llevar a
cabo la auditoría, a que ahora se niega, de los comicios.
Ello explica
que el Canciller de Perú —en el curso de una conferencia conjunta con su colega
chileno— haya señalado el 3 de mayo que su Gobierno promueve una declaración de
las naciones de Unasur para solicitar al de Maduro “tolerancia y diálogo entre
los venezolanos”. Pues bien, la reacción de éste fue responderle que “no se
meta en los asuntos internos de Venezuela” y llamar en consulta a su Embajador
en Lima. Paralelamente, han tenido lugar otras agresiones verbales contra el Presidente
Obama (calificado como “jefe mayor de los diablos”), el Gobierno español y la
OEA, y acusaciones contra el ex Presidente Uribe de intentar asesinarlo. Aunque
el incidente con Perú quedó superado, es fácil advertir que se abre una brecha
entre los miembros de Unasur que son cerradamente solidarios con el chavismo de
antes y de ahora, y aquellos que mantienen una actitud más sensata y moderada
respecto de la tolerancia a tales excesos, división que pone en riesgo la
eficacia de ese organismo regional.
La
experiencia de estas semanas comprueba que, aun compartiendo los propósitos de
su antecesor y guía, Nicolás Maduro carece por completo de las habilidades de
Hugo Chávez, de aquella desconcertante mezcla de injuria y carisma, y de su
capacidad de girar en redondo si era políticamente necesario. Obama “jefe de
los diablos” está lejos del azufre dejado por Bush en la ONU, y ni su máximo
acierto de inventar el pajarito chiquitico que cantaba bonito lo acerca
siquiera a su modelo. Por desgracia, es de temer que, bajo esta administración,
Venezuela profundice su derrumbe interno con peligrosas disyuntivas futuras y
agrave las perspectivas populistas regionales. Quizás ello tenga una
compensación en el ejemplo que brinden los resultados de ese camino a quienes entre
nosotros parecen querer seguirlo.
Evo contra "el imperio".
La lucha
"antiimperialista" -esto es, contra Estados Unidos- ha sido una
constante en el discurso político de caudillos populistas latinoamericanos que
promueven un nacionalismo exacerbado...
En plena
campaña para su re-reelección en 2014 (autorizada por un Tribunal
Constitucional obviamente obsecuente), Evo profundizó la distancia entre su
país y la superpotencia mundial con ese anuncio del 1 de mayo, cuyo objetivo es
ganar más apoyo popular a su intención de mantenerse en el poder. En esa misma
línea se entiende su precipitada concurrencia a la Corte Internacional de La
Haya, para presentar la demanda en contra de Chile por negociaciones para una
salida al Pacífico.
Es incomprensible,
en todo caso, que al mismo tiempo que busca el concurso de organismos
internacionales -tanto de dicho Tribunal como en distintos foros mundiales-
para que intercedan a favor de sus aspiraciones, Bolivia se empeñe en
deteriorar los vínculos con EE.UU. de una manera tan vociferante y agresiva, lo
cual en nada ayuda a su imagen de miembro confiable de la comunidad
internacional.
La decisión
contra USAID es la más reciente de las acciones para desligarse de Estados
Unidos, que comenzaron con la expulsión, en 2008, del Embajador Philip Goldberg
y de la agencia antinarcóticos, DEA. El enfrentamiento con la agencia
humanitaria parece haber comenzado cuando estableció programas de cultivos
alternativos a la coca, lo cual molestó a Evo, quien sigue liderando a los
productores de la materia prima de la cocaína. Desde que asumió Morales, los
programas de la agencia disminuyeron notablemente. En 2007 Estados Unidos
asignaba 89 millones de dólares al presupuesto de USAID para Bolivia; en 2010
se había reducido a 52 millones, en 2011 a 26,5 millones, para llegar este año
a 17 millones, con un equipo formado apenas por 9 estadounidenses y 37
bolivianos. Según la agencia, el foco principal de sus proyectos humanitarios
está en salud y nutrición maternal e infantil, lucha contra la degradación del
medio ambiente y la contaminación (entre ellos en el lago Titicaca) y la
protección de los recursos hídricos. Bolivia acusa a la USAID de apoyar a los
indígenas del Tipnis, que se oponen a un proyecto de carretera que cruza su
territorio. La agencia responde que todos los programas se hicieron en
coordinación con el Gobierno.
Sin embargo,
la clave de la expulsión es la supuesta intervención política, y esa arista se
relaciona con el apoyo que ha dado la agencia a algunas ONG que promueven el
fortalecimiento de las instituciones democráticas y la responsabilidad
ciudadana. De acuerdo con datos de la Associated Press, que consiguió mediante
el Acta de Libertad de Información, en 2010 se asignaron 10 millones y medio de
dólares a proyectos para "mejorar la gobernanza en un ambiente político de
cambio". Nada puede haber molestado más a Evo Morales que el que
organizaciones opositoras obtuvieran ayuda para poner coto a sus ambiciones
políticas, precisamente ahora que va por su tercer mandato.
China
transparenta su política de defensa.
En momentos
de alta tensión en el Extremo Oriente debido a la política nuclear de Corea del
Norte, las disputas que mantiene China por la soberanía de diversas islas en
los mares adyacentes quedan en segundo plano, pero no por ello son menos
alarmantes. Hace pocos días, ocho barcos chinos se adentraron en las aguas
territoriales del archipiélago Senkaku, controlado por Japón pero reclamado por
China, que lo denomina Diaoyu. La tensión crece hace ya ocho meses, cuando el
Estado nipón compró a su dueño tres de los cinco islotes, lo que fue
considerado por Beijing una provocación. El territorio en sí es irrelevante,
pero es valioso el potencial de hidrocarburos y de pesca alrededor. China
mantiene disputas también con Filipinas, Brunei y Malasia por otras islas con
potenciales riquezas naturales.
Con su
espectacular crecimiento en los últimos años y su nuevo posicionamiento global,
no extraña que China quiera consolidar su poder en la región asiática. A
mediados de abril, el Gobierno publicó un "Libro Blanco de Defensa",
en el que establece las prioridades de sus fuerzas armadas. Luego de una
introducción en que se reafirma su vocación pacífica, el texto hace referencia
directa a los "problemas" causados por Japón y a la creciente
presencia de "cierto país" que "fortalece sus alianzas en el
Asia Pacífico y aumenta su presencia militar", en obvia alusión a Estados
Unidos, que hizo explícita su voluntad de hacer del Asia-Pacífico uno de los
"pivotes" de su política exterior y de defensa. Washington, que tiene
un predominio militar y naval indiscutido en la zona, ha dicho que se mantiene
neutral en la disputa por las islas, pero en caso de acciones bélicas debería
tomar partido por Japón, con el cual tiene un tratado de defensa. La necesaria
y activa relación entre Washington y Beijing hace parecer inconcebible una
confrontación militar entre ambos, mas no así la pugna por influencia política
y económica en Asia y el resto del mundo.
El
"Libro Blanco" del Consejo de Estado reconoce la voluntad china de
"proteger sus intereses en el exterior", y deja en claro que
"con la gradual integración de China al sistema económico mundial",
estos "se convierten en un componente integral del interés nacional".
Se trata de los recursos naturales y energéticos que requiere China para su
economía, así como de la protección de las rutas de navegación y de los
ciudadanos chinos en el extranjero.
El anuncio
de una eventual participación activa de las FF.AA. chinas en el exterior es
algo de lo que hay que tomar nota, pues muchos países latinoamericanos, entre
ellos Chile, son proveedores de materias primas y alimentos, vitales para el
desarrollo chino.
Carta destacada:
Señor Director:
Desafíos de la centroderecha.
Con
Andrés Allamand y Pablo Longueira, la centroderecha valida y recupera la política
como canal de expresión y
representación ciudadana, dejando atrás
el puro marketing y las encuestas.
El sector
tiene una gran oportunidad de
convocar con sus ideas y proyectos, garantizando libertad,
emprendimiento, progreso y desarrollo. Esto, junto a un Estado que garantice la institucionalidad y el
funcionamiento de los mercados, recuperando lo público como un espacio común y
señalando con convicción un camino de desarrollo y respaldo a la
iniciativa privada, capaz de aglutinar también
en torno a grandes sueños colectivos (como la salud y
la educación) en procura del bien
común, mayor progreso, bienestar y cohesión social .
Caricatura tomada de Diario El Mercurio.
En pedir no hay engaño
-¿Qué
significa esta solicitud pidiendo
300%
de aumento de sueldo?
-¡Derechos expectaticios!.
-¡Derechos expectaticios!.
Pueblos
bien informados
dificilmente
son engañados.
