Ecos temáticos del fin de semana...

Pablo Longueira dijo que ‘Bachelet cometió un error al asumir la candidatura

Presidencial´, afirmando que la Concertación ‘ya no es la misma de antes’ y se

manifestó abierto a recibir a Laurence Golborne en su comando.

El ex dirigente estudiantil Giorgio Jackson se refirió a la caída de las elecciones

primarias Parlamentarias en la oposición, aduciendo que muchos se sienten

"dueños" del Distrito que representan. ‘Hubo falta de voluntad política’, aseguró.

Universidad Católica y Unión Española quedaron en la cima de la tabla de

posiciones con 29 puntos, escoltados por O´Higgins con 28, Universidad de Chile

con 27, Cobreloa con 25 y Unión La Calera con 23 unidades. Colo Colo quedó en

la novena ubicación con 18 puntos.

‘Quisiera asegurar (a las personas víctimas de abusos) que están presentes en

mis oraciones, pero quisiera también subrayar con fuerza que debemos

comprometernos todos para que todas las personas, y en particular los niños,

que son uno de los grupos más vulnerables, sean siempre protegidos y

defendidos’, dijo el Papa Francisco en la misa de ayer en la plaza San Pedro

del Vaticano.

ONU expresó ‘grave preocupación’ por noticias de bombardeo israelí en Siria,

Ban Ki-moon, Secretario General del organismo, pidió a las partes mantener la

calma y actuar ‘con moderación’ para evitar una escalada del conflicto.

  

Difamación estadística,

por Juan Andrés Fontaine.

Para desacreditar la gestión del Gobierno, la oposición ha lanzado una campaña irresponsable. A partir de la detección de ciertos errores o desprolijidades en cifras oficiales, el vocero del comando bacheletista y otros dirigentes no han trepidado en atribuirlos a la intención del INE de pintar un falso clima de éxito. Por su parte, el Gobierno no ha sabido situar el caso en sus reales dimensiones.

La inexactitud del IPC no es nueva ni exclusiva de Chile. La metodología cuestionada fue introducida en enero de 2009, con importantes cambios en su ítem "vestuario y calzado". El INE, además, discontinuó la práctica, mantenida desde 1983, de publicar el detalle de los precios y ponderaciones de todos los artículos del IPC. Nadie denunció afán político, siendo ese año electoral. Pero ya en febrero del mismo, un informe técnico de la corredora Larraín Vial criticaba estos cambios y advertía que podían afectar la confiabilidad del IPC. Recién en 2011, bajo la presente administración, el INE introdujo una rectificación, aunque al parecer insuficiente.

Porque el IPC no emplea ajustes por sustitución de productos y cambios de calidad, la inflación podría estar sobreestimada. Pero los defectos de medición en el caso del vestuario y otros tendrían el efecto contrario. Se ha conjeturado que, en lugar del 1,5% oficial, bien medida, la inflación sería hoy de 3%, que es la meta del Banco Central. Nadie puede seriamente sostener que esa divergencia -como han insinuado algunos economistas y observadores externos- podría alterar la buena apreciación que despierta la marcha de la economía nacional. Desde luego, tampoco variarían en absoluto los saludables indicadores de crecimiento real del PIB y de desempleo.

Lo del censo parece escrito por Kafka. La Comisión Censal -dirigida por el Ministro de Economía de entonces- optó por innovar, abandonando esa suerte de liturgia cívica de contarnos todos en un solo día. Todo censo adolece de fallas de cobertura y utiliza estimaciones cuestionables. Esta vez, el afán de hacer aparecer el nuevo método como más representativo de lo que fue, habría hecho disimular algunos de esos ajustes. Si hay errores, deben ser enmendados, pero no hay razón alguna para presumir adulteración dolosa de datos censales o manipulación política. Como señala una funcionaria denunciante, "esto es matemática. ¿Qué podría tener que ver sumar personas con un problema político?"

Caben, desde luego, legítimas diferencias sobre la marcha de la economía y la calidad de las estadísticas, pero los economistas y políticos deben plantearlas con seriedad. Lo que hemos visto a propósito de las cifras del INE degrada el debate público.

La rebuscada demanda boliviana,

por Hernán Felipe Errázuriz.

La Corte de La Haya, esta semana, ha citado a Chile y Bolivia para el 12 de junio, a fin de fijar el procedimiento a seguir en la demanda boliviana. En los próximos días, el Presidente de la República designará a los agentes de Chile ante esa Corte: hay buenas opciones para esos cargos. El juicio será largo. Su duración dependerá de si se alega la incompetencia de la Corte. La Sociedad de las Naciones reconoció la incompetencia en la anterior demanda boliviana. "La modificación de los tratados es de la sola competencia de los contratantes", dijo en 1921 la predecesora de Naciones Unidas.

A menos que el Presidente Piñera sea reelecto en 2017, tres Presidentes chilenos distintos podrían dirigir este proceso. La sucesión no debería afectarnos: Gobiernos tan diversos como los de Frei Montalva, Allende y Pinochet mantuvieron la línea de la defensa en el caso del Beagle. Lo propio han hecho Bachelet y Piñera en la demanda de delimitación peruana. En la defensa de su territorio, Chile siempre ha dado prueba de unidad y de una política de Estado, respaldada por el grueso de la sociedad civil y por los más diversos gobiernos y sectores políticos nacionales.

Bolivia solicita a la Corte que declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que le otorgue una salida plenamente soberana al Pacífico. Es una petición de aberrante creatividad. No podrán los juristas bolivianos fundar con éxito su solicitud y la jurisdicción de la Corte en tan extraña figura. Son aspiraciones a las que atribuyen una nueva categoría de supuestos derechos expectaticios, que se originarían en negociaciones fracasadas por la disfuncionalidad de los Gobiernos bolivianos. Muy raro.

Por la victimización que hace Bolivia, la comunicación pública es fundamental. El encargado de las comunicaciones deberá destacar el libre tránsito, otras prestaciones que Chile le concede a Bolivia, y las fallas institucionales que la mantienen anclada en el pasado y en el desperdicio de sus riquezas.

Ningún Tribunal tiene potestad suficiente para obligar a un Estado a una negociación que lo obligue a ceder territorios. Menos la Corte de La Haya, un órgano de Naciones Unidas que, como tal, no puede inmiscuirse en decisiones soberanas de un Estado.

El Gobierno de Chile ha reaccionado con prudencia, abierto a cooperar y lamentando que Bolivia haya iniciado esta acción carente de todo fundamento, cuya presentación se atribuye a sus normas constitucionales, del año 2009, que son inoponibles a Chile y claramente contrarias al Derecho Internacional.

El país cuenta con el amparo del derecho y con una Cancillería y juristas experimentados en contiendas internacionales, que dan tranquilidad y seguridad en la defensa que merecen los derechos soberanos de Chile.

¿Un rostro o un líder?

por Gonzalo Cordero.

En publicidad la figura del “rostro” es ampliamente conocida; es la imagen pública que encarna los valores de una marca, lo que el producto quiere transmitir, que se asienta en una historia, en  un conjunto de valores que el imaginario colectivo ha asociado a dicha figura, y que endosa al producto publicitado, de manera de generar una identificación que el consumidor siente que recibe junto con adquirir el producto que ese rostro asocia a su figura.

Es un fenómeno sicológicamente normal, aunque claro, no precisamente racional.  Es lo que a una persona como yo podría hacerle querer comprar un perfume asociado a la imagen de Brad Pitt o Tom Cruise. El resultado real, como usted amable lector comprenderá, no se acerca al efecto social que provoca alguno de estos rostros, sino al mío: vale decir, una distancia que no puede sino considerarse de decepcionante.

Pero esto forma parte de las reglas de la publicidad, donde en realidad personas como yo asumen que hay una suerte de contrato lúdico con la oferta publicitaria. Es, en el fondo, un juego, un permiso para soñar que se paga a un precio relativamente razonable.

Pero es complicado cuando esta lógica se extrapola a la política y se construye una oferta de gobierno en base a un “rostro” que, en si mismo, puede ser perfectamente respetable ya que, al igual que en la publicidad, transmite  y encarna un conjunto de valores, un sueño simbólico de aquella sociedad que quisiéramos alcanzar.

El problema es que tratándose de la política, las reglas del juego implícitas son otras; aquí no hay un pacto tácito que nos lleva al mundo de la imaginación, sino que ese rostro nos promete simbólicamente, pero no por ello menos real, cambios concretos. En política el “rostro” no puede más que ofrecer un cambio lúdico a una sociedad que aspira a un cambio real.

Cuando yo compro la colonia con la imagen de Tom Cruise, en el fondo sé que la próxima vez que me vea al espejo seguiré siendo el mismo de siempre, no veré a un rostro seductor y carismático, sino que simple y modestamente será el que la naturaleza me proveyó desde hace 49 años.  Al contrario, cuando una persona con necesidades urgentes, apremiantes, “compra” un rostro en una campaña Presidencial, está esperando -efectivamente- un cambio real.

Pero los cambios no los provocan los rostros, sino que los generan líderes; esas personas que son capaces de hacer la diferencia, que ejercen una influencia determinante sobre su entorno, son los que pasan de la impopularidad a la popularidad en base a su fuerza de carácter, su capacidad de trabajo, su talento para anticipar lo que otros no ven.  En definitiva, los rostros provocan una ilusión condenada a desvanecerse, los líderes provocan cambios reales que superan cualquier ilusión y cuyos efectos se consolidan por generaciones. Los rostros se desgastan con el tiempo, los líderes crecen con el paso del tiempo. Los rostros pasan, los líderes permanecen en sus efectos por generaciones.

Cada sociedad vive momentos en que tiene que enfrentar la disyuntiva de optar entre un “rostro” y un líder, la mayoría de las veces gana la opción equivocada, y los países lo descubren cuando enfrentados a un problema de fondo, el rostro “pasa” y el líder Gobierna.

Elección Presidencial: todo de nuevo,

por Axel Buchheister.

Luego del súbito cambio de candidato Presidencial en la UDI, el comentario obligado fue la manera asombrosa en que pueden cambiar las cosas de un día para otro. Pero no tanto: el “partido popular” había escogido a Laurence Golborne más que nada por su posición expectante en las encuestas, pero su opción enfrentaba nubes amenazantes,  incluso antes del fallo Cencosud y una sociedad en un paraíso Fiscal que no es tal (ni siquiera está en la “lista gris” de la Ocde). Precisamente porque los sondeos y el aporte que se suponía iba a realizar, le favorecían poco: no acortaba significativamente la distancia con la candidata de la Concertación y, peor, circulaba la versión que Andrés Allamand le estaba dando alcance.

Si esto era efectivo (no se sabrá, la encuesta CEP sería reformulada para ajustarse a la nueva realidad), se pudo haber debido -como sostuve en una columna anterior- a que el postulante RN estaba capturando el voto más duro de la derecha. Algo difícil de digerir para la UDI. Entonces, no cabe sorprenderse, sino que lo llamativo hubiera sido que nada sucediera. Faltaba la coyuntura que permitiera operar, que la proveyeron por “azar” los casos mencionados (cuesta atribuir el dato de las Islas Vírgenes al ocaso) y además el propio Allamand, algo que sí debe extrañar. Este, al ver la oportunidad, atacó con todo -se menciona su carácter de rugbista-, lo que contribuyó sustancialmente a derribar a su contendor, reacción que le puede implicar serios costos.

Algunos han acusado deslealtad, pero en esto hay que ser realistas: cuando se compite, las oportunidades no se pueden desperdiciar. Además, los tiempos no están para “pasar”, ya que la ciudadanía exige hoy toma de posición ante cada circunstancia.  Lo incomprensible    -sobre todo para un político con experiencia- fue la forma en que lo hizo, pues se requería de más sutileza; algo así como un toque y no una estocada. No sólo porque si gana las primarias requerirá el apoyo de la UDI, sino porque -dicho crudamente- le convenía más enfrentarse con un Golborne herido que con Longueira, un líder carismático y movilizador de sus huestes. Porque ese mismo voto duro que habría estado favoreciendo a Allamand, tiene una conexión más emotiva y basal con Longueira, no obstante sus planteamientos cada vez más heterodoxos.

Por eso, todas las apuestas favorecen más al representante UDI que al RN en la próxima primaria, quien ha quedado en una situación comprometida. Pero como dijo otro columnista, esta será una pelea de perros grandes y ahí nunca se sabe. ¿Cómo queda la opción de la centroderecha? Sin duda que en un mejor pie, porque las buenas peleas atraen espectadores. Y no sólo para efectos de las Parlamentarias, algo que estaba causando gran preocupación, donde Longueira tiene la fama de buen articulador, sino que en la Presidencial misma, que muchos dan por perdida.

 Aquí todo parte de nuevo. Bachelet enfrenta problemas debido a que su coalición no logró un acuerdo para las primarias Parlamentarias  y por la radicalización de la agenda derivada del objetivo de incluir a todos. Como también del riesgo que representa estar demasiado alto, desde donde sólo se puede descender y cuando seis meses es mucho tiempo para mantenerse indemne.

Partidos y primarias: daño autoinfligido.

Probablemente habrá que esperar hasta las elecciones del 17 de noviembre para saber si pagaron algún costo las candidaturas Parlamentarias por haber obviado el mecanismo de primarias. Parte del daño surge de la inconsecuencia de haber alabado la existencia del mecanismo para luego desecharlo, salvo RN, que lo utilizará para dirimir sus candidatos a Diputados en 10 de los 60 Distritos del país.

Los partidos políticos están conscientes de las virtudes de la participación en la definición de sus candidatos, y por eso la han proclamado, pero no están dispuestos a renunciar a la administración de un importante factor de negociación y compensación política, como lo es la asignación de los cupos Parlamentarios, y en aras de esa práctica la desecharon.

Lo ocurrido favorece el discurso antipartidos, en boga entre algunos líderes y académicos de los movimientos sociales, lo que no necesariamente es beneficioso para el país. Incluso el precandidato independiente Andrés Velasco anunció que evalúa bajarse de las primarias y llegar hasta noviembre, en señal de rechazo a la actitud de los partidos.

La excusa más gruesa para dejar caer las primarias Parlamentarias ha consistido en culpar al sistema binominal, pese a que la legislación de primarias apunta a favorecer la participación y la competencia interna, aspectos que se estiman como las mayores debilidades de aquel. Pero al escrutar con mayor profundidad, afloran las razones de lógica electoral e incertidumbres regulatorias que podrían ser objeto de futuras clarificaciones.

RN lleva a primarias 10 Distritos en que procura identificar al mejor candidato, de sus filas o del movimiento Evópoli, pero el entendimiento general con su aliado para el total de la lista en el país ya está resuelto.

El improvisado relevo de la candidatura UDI de Laurence Golborne por la de Pablo Longueira terminó sepultando las primarias Parlamentarias que se anunciaban en ese partido. La rigidez que le habrían provocado esos resultados no se aviene con la flexibilidad que requiere la urgencia política que vive.

La oposición intentó inscribir un conjunto de distritos para resolverlos por primarias, cuyos resultados son obligatorios, sin tener acordado el resto de la lista. Tratándose de un pacto, hay dudas de lo que podría suceder si no se obtiene un acuerdo satisfactorio para los restantes territorios, y quienes se sientan perjudicados se niegan a suscribirlo.

La intrincada negociación

Pero tan decisivo como lo anterior es la lógica electoral: la distribución de los cupos Parlamentarios ha sido un tradicional mecanismo de compensación y ajuste dentro de los pactos, una vez resuelto el nombre de sus respectivos abanderados Presidenciales. A eso se atribuye, por ejemplo, la resistencia del PRSD de entregar ciertos lugares en que podría ser electo José Antonio Gómez, en caso de ser derrotado en la primaria Presidencial. Eso se sabrá el 30 de junio, y la lista Parlamentaria debe inscribirse a más tardar el 19 de agosto.

Con todo, las primarias legales han tenido otro efecto novedoso en este proceso electoral: ellas han marcado el cronograma en dos etapas muy claras. Del 1 de mayo al 30 de junio, en que resultarán ungidos como candidatos Presidenciales quienes salgan victoriosos de las primarias, y la campaña Presidencial propiamente tal, desde esa fecha hasta el 17 de noviembre.

De no existir esta legislación, cada coalición -la Alianza y la Concertación más el PC- habría definido su abanderado por mecanismos o competencias propias, en distintos tiempos. Ejemplo emblemático es la concurrida primaria Presidencial que decidió la nominación de Ricardo Lagos en mayo de 1999, en la que participaron un millón 385 mil personas. El candidato del PS y PPD obtuvo casi un millón de votos, pese a lo cual en diciembre prácticamente empató con Joaquín Lavín, forzando la hasta entonces inédita realización de la segunda vuelta electoral introducida por la Constitución de 1980.

Discursos clarificadores

La simultaneidad del actual proceso de primarias, con candidatos por casi cada partido político nacional, a excepción del PC y del PPD, permite que se desplieguen los discursos y propuestas más genuinos de cada colectividad, que posteriormente deben transigirse y conciliarse para formar un planteamiento que represente a todo el pacto.

En ese sentido, la actual voz de Allamand, Bachelet, Gómez, Longueira y Orrego pareciera reflejar las convicciones más íntimas de cada candidato. Aún no han tenido que salir a la búsqueda del voto blando o menos alineado políticamente, para formar la mayoría que les permita ganar la elección. El reto de hoy es entusiasmar y movilizar a sus partidarios.

En el caso de Bachelet, esto último ha causado alguna sorpresa cuando se contrastan sus actuales definiciones con lo que fue su Gobierno. Pero no se puede perder de vista que en su administración representaba a toda la coalición, y hoy solo es la precandidata PS-PPD.

Para el éxito de la transacción programática y Parlamentaria que seguirá a la primaria, es clave la fuerza que alcance cada uno en esa votación, o la unidad que exhiba en la negociación. De ahí la delicada coyuntura que enfrenta el PDC, dividido en dos mitades, una de las cuales ya parece inclinada por Bachelet. Se revive así la amarga noche de mayo de 1999, cuando los dirigentes de ese partido pedían depurar el padrón de militantes, tras advertir que muchos de ellos no solo votaron por Ricardo Lagos -abandonando a Andrés Zaldívar-, sino que habían sido apoderados del candidato socialista en las mesas de votación.

Chile al Consejo de Seguridad.

Con el apoyo unánime del Grupo Latinoamericano y del Caribe, Chile ha quedado en el umbral de ser electo para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU por el período 2014-2015. Nuestro país ha participado en él en cuatro ocasiones (1952-1953, 1961-1962, 1996-1997 y 2003-2004). Su elección como uno de los 10 miembros no permanentes requiere la muy probable y próxima aprobación de la Asamblea General de la ONU, por una mayoría de dos tercios.

La candidatura chilena refleja el sostenido compromiso de Chile con el multilateralismo y debería proporcionar al Consejo la visión nacional y regional en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, la participación nacional debería estar guiada por los principios que inspiran la política exterior chilena -recogidos en la Carta de la ONU-, tales como igualdad soberana de los Estados, no intervención, respeto a los tratados internacionales, respeto y promoción de los derechos humanos, solución pacífica de las controversias y cooperación internacional.

Las tareas que esperan a nuestra representación ante la ONU necesitan reforzar esa misión y constituyen otro motivo para ampliar la planta, aumentar los medios y concretar el reciente anuncio de reforma de la Cancillería.

El Consejo de Seguridad es el órgano político por excelencia y uno de los cinco principales de la ONU, además de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y el Secretario General. El grueso de sus intervenciones recientes corresponde a África, continente donde Chile se propone restablecer y ampliar su presencia con tres nuevas Embajadas. En los últimos meses, los temas que han ocupado la mayor atención de dicho Consejo son la situación en Siria, Mali, República Democrática del Congo, Irán, la República Popular Democrática de Corea, Israel y Palestina.

En la dinámica de las tareas del Consejo, Chile podrá aportar respuestas prácticas y realistas. Esto supone un trabajo coordinado con los restantes nueve miembros no permanentes, y un diálogo sostenido con los cinco permanentes -EE.UU., China, Rusia, Gran Bretaña y Francia-. La participación chilena, de reconocida independencia, no debería significar restricciones para la defensa y promoción de los intereses nacionales en esta y otras organizaciones y foros multilaterales, y tampoco en las relaciones bilaterales. Por el contrario, habrá de servir de apoyo a la política exterior del actual y de los siguientes Gobiernos.

Anuncios laborales.

Durante la celebración del Día del Trabajo, mientras el discurso de la CUT, pronunciado por su nueva Presidente, Bárbara Figueroa, contuvo una vez más una fuerte carga ideológica y una propuesta radical para el reemplazo del sistema económico y social, el Gobierno anunció medidas concretas para solucionar problemas específicos. Es probable que no todas ellas se hagan realidad en lo que resta del período Presidencial, pero es de celebrar la determinación del Presidente Piñera de continuar Gobernando con creatividad y energía hasta el último día de su mandato.

De entre los varios anuncios del Gobierno, los más destacables son dos: la propuesta de elevar de 10 a 11% del salario la cotización previsional obligatoria, con cargo a parte de los aportes para el seguro de cesantía, y la iniciativa para crear un tipo especial de contrato laboral que abra más oportunidades de trabajo a jóvenes estudiantes.

El incremento propuesto en la tasa de cotización apunta a mejorar las jubilaciones, las cuales, dadas las actuales tendencias económicas y demográficas, serían inferiores a lo esperado. Entre los expertos se estima, sin embargo, que el alza necesaria debería ser tres veces superior. La iniciativa Gubernamental rebaja de 3 a 2% el aporte al fondo de cesantía, lo que es ingenioso, porque evita el alza de costos laborales que de otro modo ocurriría. Tal fórmula sería viable porque dicho aporte es hoy excesivo y estaría acumulando una gran cantidad de reservas. De hecho, se propone también incrementar significativamente los beneficios que ofrece el seguro de cesantía. Sin embargo, esta propuesta se contradice con otra anteriormente planteada por el Gobierno, cual es utilizar esa fuente para financiar la onerosa exigencia de salas cuna a las empresas que emplean más de 20 mujeres. Esa idea tenía la ventaja de promover el empleo femenino y sus remuneraciones, lo cual, indirectamente, también redunda -y tal vez en forma más contundente- en mejores jubilaciones.

La medida para estimular el empleo juvenil -que forma parte de la Agenda Impulso Competitivo- nace de la constatación de que ese segmento etario tiene en Chile una tasa de ocupación muy inferior a la observada en los países avanzados. Dar más oportunidades de trabajo a los estudiantes facilitaría a las familias el financiamiento de sus estudios y les enseñaría útiles hábitos laborales. La mitad de los jóvenes dice que no trabaja porque las oportunidades disponibles no se acomodan a su horario. La propuesta sería crear un contrato especial para jóvenes estudiantes a jornada parcial, con suficiente flexibilidad para adaptarse a sus exigencias académicas.

Políticas sociales: el mal ejemplo griego.

En los primeros años de la década de 1970, Grecia mostraba cuentas Fiscales ordenadas y buenas expectativas de crecimiento económico. Esto permitió al Presidente socialista Andreas Papandreou (1981-1989), con la consigna "En favor de los no privilegiados", sentar las bases de una transformación del sistema de protección social que terminaría siendo un factor clave en la debacle de su economía. En su primer año de Gobierno, impulsó aumentos salariales por sobre la inflación, una extensión irracional de las transferencias del Estado y un generoso sistema de pensiones, insostenible en el tiempo. A esto se agregó en 1983 la creación del Sistema Nacional de Salud, que a la postre ha sido un mal remedio para cualquier enfermedad. Así, entre 1980 y 1985, el gasto social en beneficios monetarios pasó de 6,9% a 11,1% del GDP. Además, la nueva institucionalidad creció sobre las bases de una organización arcaica, lenta e ineficiente.

En las siguientes décadas, ante la constante preocupación de un déficit insostenible, los Gobiernos trataron infructuosamente de reformar el sistema. Pero una y otra vez la presión de grupos de interés impidió las necesarias transformaciones al esquema de protección social, de salud y al mercado laboral. Los parches al modelo no hicieron sino crear una sensación general de injusticia social, y las presiones políticas llevaron a implementar políticas en la dirección contraria: mientras los beneficios de las pensiones no contributivas aumentaron, las políticas para subir la edad de jubilación y desincentivar la jubilación anticipada fueron pospuestas. En salud, la oposición de los grupos de poder impidió la modernización del sistema. En el mercado laboral, el alto salario mínimo y los impuestos al empleo generaron altos niveles de desempleo e informalidad entre mujeres y jóvenes.

El resultado es conocido: los ajustes llegan por las buenas o las malas. Tras seis años de recesión y cuatro de austeridad (solo en 2012 se redujo en 6,4%), una tasa de desempleo actual superior al 27%, un déficit público que supera largamente su producto y la reducción del poder adquisitivo a la mitad, el país se ha visto obligado a cirugía mayor. Duros ejemplos de ella: reducción del salario mínimo en 16% para los mayores de 25 años y en 27% para los menores de 25, y el despido de 15.000 empleados públicos entre 2013 y 2014.

El Nuevo Mundo poco aprende del Viejo

 Las lecciones del Viejo Continente parecen no traspasarse a América Latina, donde hay señales inequívocas de que el camino no es el correcto. La evolución de las políticas de bonos y los cambios en las pensiones no contributivas en la región no son un buen augurio para su futuro.

El "bono de desarrollo humano" en Ecuador es quizá el mejor ejemplo de asistencialismo. Este subsidio monetario fue implementado en 1998 durante el Gobierno de Jamil Mahuad. Madres de familia pobres recibían 15,1 dólares mensuales, mientras ancianos y discapacitados, 7,6 dólares. En 2003, el costo del programa era de 150 millones de dólares (0,5% del PIB). En los Gobiernos sucesivos el bono se fue ampliando. Así, el Gobierno de Rafael Correa recibió un bono con impacto presupuestario de 194 millones dólares en 2006, y lo duplicó a 384 millones en 2007 (0,86% del PIB), luego de aumentar el bono a 30 dólares, 15 días después de asumir la Presidencia. En 2009 lo incrementó nuevamente, a 35 dólares, beneficiando a 1,5 millones de personas. Entre 2009 y 2012, el número de beneficiados llegó a 1,9 millones, con un costo estimado de 500 millones de dólares.

Pero lo peor estaba aún por venir. La campaña Presidencial de 2012 dio nuevos bríos al bono. Los candidatos Lucio Gutiérrez y Guillermo Lasso ofrecieron llevarlo a un nivel de 50 dólares mensuales. Ante esto, y aduciendo que existía consenso, el Presidente Correa anunció su alza a 50 dólares. Entonces, el candidato Gutiérrez elevó su ofrecimiento a 65 dólares mensuales, lo que fue catalogado como impracticable por el Gobierno. Como resultado, en enero pasado se aprobaron los 50 dólares mensuales que se entregan en la actualidad, lo que se estima costaría 320 millones de dólares adicionales, financiados en parte con mayores impuestos a la banca. Es una muestra de los problemas que afligen a nuestra región.

El sistema de pensiones, particularmente las no contributivas, es otro ejemplo de asistencialismo y populismo. En los últimos años, los estados han aumentado significativamente el gasto en este ámbito, poniendo mucho énfasis en los réditos electorales y las presiones políticas, y muy poco en el diseño de los programas. Los países han entregado más beneficios, reducido los incentivos al empleo y aumentado los pasivos contingentes en grado preocupante. El caso de las pensiones rurales de Brasil es ilustrativo: el Estado entrega pensiones equivalentes a un salario mínimo al 90% de los hombres mayores de 65 y mujeres mayores de 50 en áreas rurales. El programa, iniciado en los primeros años de la década de 1970, se caracteriza por la ausencia de incentivos al empleo, representa un costo Fiscal equivalente a 1,5% del producto, y estimaciones del BID sugieren que en 2050 su costo alcanzará casi al 3%. Con una economía que no despega, no parece que Brasil pueda sustentar ese nivel de gasto.

En Chile, en un año electoral, la clase política debe evitar caer en un falso exitismo y tener el valor de canalizar las demandas sociales en políticas públicas sustentables, que no pongan en riesgo nuestro desarrollo futuro. Las recientes medidas para mejorar el sistema del seguro de cesantía, en favor del ahorro previsional, apuntan en la dirección correcta. Sin embargo, el asomo de políticas asistencialistas (bonos) permanentes hace pensar que el proceso no estará ausente de baches.

Un par de cartas para meditar...

Señor Director:

El binominal no tiene la culpa.

No son aceptables los argumentos de la Concertación y sus nuevos aliados de que su no participación en elecciones primarias para resolver los candidatos al Parlamento se deba a las dificultades del sistema binominal. Es todo lo contrario, las primarias en el caso Parlamentario se crearon especialmente para poder superar la limitación de presentar pocos candidatos que afectaba especialmente a la Concertación, pacto político de cuatro partidos -DC, PS, PPD y PRSD (que ahora incluye además al PC, IC y MAS)- que debía presentar solo dos candidatos por territorio electoral.

La Ley de primarias le ofrecía al menos dos posibilidades de convocar al electorado para decidir sus candidatos. Una primaria para resolver los dos cupos de cada territorio; en este caso, se podían presentar todos los candidatos que quisieran (de todos los partidos del pacto e independientes) y salían electos como candidatos nominados las dos primeras mayorías. La segunda alternativa de primaria era asignar los dos cupos entre los partidos y estos hicieran sus primarias individuales para resolver el candidato del partido.

Adicionalmente y a solicitud del PPD, el Gobierno presentó una enmienda a la Ley, para que también pudiera haber una primaria entre varios partidos del pacto por un solo cupo del territorio. Esto fue expresamente rechazado por los socios DC, PRSD y PS de la Concertación y no pudo transformarse en Ley. Ello les hubiera posibilitado las primarias entre diferentes partidos por un solo cupo en la IV Región y VIII Cordillera.

Que se diga la verdad: el discurso contra el binominal es de la boca para afuera. Han encontrado un chivo expiatorio al cual achacarle todos los males que ellos están llamados a subsanar desde sus investiduras, y les permite desviar las culpas de sus propios errores y torpezas.

Y este caso -el de sus primarias- no fue la excepción.

Arturo Squella Ovalle.

Señor Director:

Nulidad de derecho público.

En carta del día viernes, el profesor Letelier Wartenberg sostuvo que sería un error afirmar que el juicio político en contra del ex Ministro Beyer podría ser impugnado mediante una nulidad de derecho público. De acuerdo con este profesor, dicha postura emanaría de una ideología según la cual los Jueces tienen que tener la última palabra. Estimo que el profesor Letelier está en un profundo error.

La posibilidad de cuestionar y revisar el juicio del ex Ministro Beyer emana de un principio mucho más fundamental que el que menciona el profesor. Esta idea emana del principio de frenos y contrapesos, en virtud del cual los distintos poderes del Estado deben tener diversos controles que eviten abusos. Uno de estos controles es la nulidad de derecho público.

Como menciona el profesor Letelier, en sociedades complejas el poder está distribuido entre diversos órganos y mecanismos de control. Sin embargo, cabe preguntarse: si el juicio político del Congreso no puede cuestionarse judicialmente, ¿cuál es el control al que está sujeto este poder? ¿Es sano para nuestra república que este juicio del Congreso sea un poder absoluto no sujeto a ningún control?

Marco Antonio Muñoz Chamy, Abogado.

Señor Director:

Marchas, violencia y Estado de Derecho.

La reciente marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con motivo del Día del Trabajador derivó, como ya es habitual, en desórdenes en la vía pública, intentos de saqueos, utilización de bombas molotov y destrucción de la propiedad pública y privada, y arrojaron un saldo de 141 detenidos y 42 carabineros lesionados, tres de los cuales fueron heridos con quemaduras causadas por ácido.

Lamentablemente, lo anterior -con excepción de la gravedad del uso del ácido- ya no es ninguna novedad y las acciones de encapuchados -de características criminales y terroristas algunas de ellas- son pobremente castigadas por la sociedad en general y la Justicia en particular.

En efecto, para comenzar, solo 20 personas -de los 141 arrestados en la marcha- pasaron por el control de detenidos, algunos de los cuales ya acumulan la friolera de 30 detenciones por similares motivos. El resultado de estos procedimientos entiendo que ha sido mínimo, y desconozco si alguna persona ha pagado con cárcel por acciones que violentan definitivamente las mínimas reglas de convivencia en un país que se entiende ordenado y civilizado.

En resumen, durante estos últimos años hemos perdido como sociedad la capacidad de asombro, así como el Poder Judicial el de castigar de manera ejemplificadora y contundente acciones que violentan el Estado de Derecho en nuestro país, generando, de paso, una señal de falta total de respeto a la propiedad y, más importante aún, a nuestra sacrificada, prestigiosa e injustamente atacada policía uniformada.

En este aspecto, tenemos mucho que aprender de culturas como la anglosajona. Baste ver la reacción policial y de la ciudadanía post atentado en Boston.

Roberto Darrigrandi U., Economista.