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El Presidente Piñera, acompañado por la Ministro del
Trabajo, Evelyn Matthei,
se reunió
ayer con Parlamentarios integrantes de la Comisión de Trabajo de la
Cámara y
el Senado. Encuesta ADIMARK mostro baja de 4 puntos en la aprobación
a su gestión, la que llega a un 34%. |
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La Ministro del Trabajo, Evelyn Matthei, y el
titular de Desarrollo Social, Joaquín
Lavín,
lanzaron ayer el bono invierno de $ 49.500 que beneficiará a 640 mil adultos
mayores
del país y servirá para paliar los gastos en medicamentos y calefacción,
se pagará junto a la pensión de mayo. |
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El candidato Presidencial de la UDI, Pablo Longueira,
presentó ayer a su comando
de campaña, que estará encabezado por el Acalde de Las
Condes y Vicepresidente
de la UDI, Francisco de la Maza, que pedirá permiso
administrativo para cumplir
sus funciones en el comando. |
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Cecilia Pérez, Ministro vocero de Gobierno, cuestionó
duramente ayer a Autoridades
de los
Gobiernos anteriores, y de los respectivos organismos dependientes del Estado,
luego darse
a conocer resolución contra Bancoestado por cobros abusivos a 425 mil
clientes. |
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El abogado
Alejandro Fargosi pidió allanar la casa del fallecido presidente Néstor
Kirchner y
su esposa, la actual Presidente Cristina Fernández en El Calafate, a partir
de
denuncias de lavado de dinero. Fiscal habría sido amenazado con matar a sus
hijas. |
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En el
primer aniversario de su llegada al Gobierno el Presidente francés, François
Hollande,
ve como se esfuma la mayoría que tenía, el 75% de los franceses
desaprueban su Gobierno, hasta ha perdido parte del apoyo de su partido
socialista. |
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Según dijo
la organización Peace Now, grupo de presión en Israel, el Gobierno de
Benjamin
Netanyahu habría emitido una orden extraoficial para detener la aprobación
de nuevos asentamientos judíos en Cisjordania. |
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La Policía
estadounidense confirmó el arresto de los hermanos Ariel, Pedro y Oneil Castro,
en
relación a la desaparición y cautiverio de Amanda Berry, Gina DeJesus y
Michelle Knight,
las tres
mujeres que aparecieron este martes tras casi una década desaparecidas.
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Nicolás
Maduro, comenzó ayer en Montevideo una gira por los países miembros de Mercosur
para
recabar apoyos políticos en ese bloque, busca ratificar la petrodiplomacia de
su antecesor,
ofrece petróleo barato a cambio de alimentos- |
Culpabilidades de la concertación...,
por Mario Montes.
Por decir lo menos resulta curioso que la culpabilidad de
serios abusos en el retail y las financieras o en el lucro de las
universidades, la violenta corruptela que ha atacado al país, el desastre del
Transantiago o el mal manejo de la situación provocada por el terremoto y
maremoto de 2010, todas sucedidas en los
desastrosos Gobiernos socialistas de la concertación, pretendan ser cargadas a
la cuenta de la administración de Piñera que ha sido el único régimen que ha
hecho algo por ponerles coto.
Violentas escenas, como la ocurrida el domingo en el
programa Tolerancia Cero de Chilevisión, donde de manera grosera y grotesca se
trató de desprestigiar a Pablo Longueira, diciéndole que faltaba a la verdad
sin que el periodista se hubiese molestado en corroborar la información o de
analizar lo que estaba diciendo, sobre todo sabiéndose que era dirigente de un
partido político lo que le obligaba a estar inscrito en los Registros
Electorales, son sin duda las que han
ayudado a que la concertación quede impune de sus trapizondas y estas simplemente
le sean cargadas a la cuenta del Gobierno que les sucedió.
Lo que está acaeciendo es a lo menos improcedente, la
mejor Administración de los últimos 23 años está cargando culpas ajenas,
mientras que quienes han provocado estos verdaderos desastres sociales se
visten con el ropaje de las obras y éxitos del Gobierno Militar, que encabezó el General
Pinochet, de las que hacen malabares para presentarlas a la opinión pública como propias y como
resultante de sus administraciones, que con buena voluntad calificaremos de
mediocres.
Las culpabilidades de la concertación son por acción o
por simple omisión, pues, algunas claramente son el resultado de una politica
destinada a desangrar al Estado, como la corrupción, otras son el efecto
inevitable de políticas públicas mal concebidas o de una culposa abdicación de
sus deberes fiscalizadores y otras son simplemente la secuela de dirigencias
incapaces vendidas a los electores con abusivas y engañosas campañas de
publicidad y marketing.
Volver a confiar para volver a ganar
por Pablo Longueira.
Inesperadamente he asumido la candidatura Presidencial
de la UDI. Lo hago con el recuerdo vivo de la primera vez que fui a un
campamento y tomé el compromiso de dedicar mi vida a que ningún chileno tuviera
que vivir en las condiciones de pobreza que caracterizaban esos asentamientos
precarios, en que la falta de lo más elemental para una vida digna se respiraba
en el aire y dolía en el alma. Es natural en los seres humanos olvidar el
sufrimiento pasado, pero yo no puedo olvidar que hasta hace un par de décadas
Chile era un país pobre, que miraba el desarrollo como un sueño imposible, en
que nacer en la pobreza era una condena que se transmitía por generaciones.
Ese país de los campamentos, de la marginalidad, en que
el grupo socioeconómicamente mayoritario era el de los pobres, está quedando en
el pasado. En estos años he visto a las mismas personas que conocí en los
campamentos convertirse en miembros de la clase media emergente, a sus hijos
llegar a la universidad; los he visto progresar a base de esfuerzo y mucho
trabajo. Su vida no ha sido fácil, cada paso les ha costado y mucho. Hoy
vivimos en otro país, somos miembro de la Ocde, somos el país latinoamericano que
está más cerca de alcanzar el desarrollo y dejar atrás la pobreza para siempre.
Si miramos las estadísticas, es indudable que Chile es un país que progresa,
líder en nuestro subcontinente, pero esos éxitos como país no se reflejan de la
misma manera en el sentimiento de las personas, cuya vida no tiene ya los
dolores de la pobreza de antaño, pero tiene otros que provocan frustración y
que han ido generando en muchos un legítimo deseo de cambios que les permitan
disfrutar de una vida verdaderamente digna.
Ese es el gran desafío de un candidato Presidencial de
la centroderecha: conectarse con esa clase media que ha salido de la pobreza
para pasar a un escepticismo que le hace desconfiar de todos y de todo. El
pobre de antaño vivía en la desesperanza, el chileno de clase media de hoy vive
en la desconfianza. No cree en los políticos, ni en las empresas que le prestan
servicios, ni en la justicia. No cree, en definitiva, que las reglas del juego
sean parejas para todos.
La verdadera tarea del próximo Gobierno será encarnar
un liderazgo que les devuelva a los chilenos la confianza, porque si no lo
logramos entraremos en una dinámica en que pondremos en riesgo no sólo nuestro
modelo de desarrollo, sino mucho de lo que hemos logrado y la capacidad de
convivir en paz social. En esta elección se enfrentarán dos maneras de abordar
este problema: la de la izquierda, que propone un cambio carente de contenido,
incierto en la forma y en el fondo, donde lo único evidente es un discurso
ideologizado y contradictorio con lo que hicieron cuando fueron Gobierno. Y
nuestra opción, que es la de continuar el camino al desarrollo, pero
profundizando el sentido de justicia; siguiendo la ruta marcada por el Gobierno
del Presidente Piñera para que los beneficios del progreso lleguen
efectivamente a todos.
La gente ya no quiere ni cree en las promesas, quiere
alguien que le diga la verdad, alguien en quien confiar. La vida me dio la
oportunidad de conocer de cerca los campamentos y años después ser Ministro de
Economía. Por eso sé que la inclusión social que soñamos sólo se puede lograr
con crecimiento. Crecimiento con inclusión social. Ese es el desafío del
futuro.
La política del momento, una mala política,
por Gonzalo Müller.
Nuestra política está consumida, cada vez con mayor
fuerza, por lo circunstancial, lo accesorio que impide la necesaria reflexión
o, peor aún, la construcción de largo aliento. Los factores pueden ser
diversos, pero el resultado es claro: de revisar nuestra agenda, vemos cómo
cualquier hecho se transforma en decisivo o trascendental, aunque permanezca
menos de 48 horas en la preocupación pública.
La vulnerabilidad de nuestra política se hace total,
porque termina no cumpliendo con su rol, cuando los actores públicos se
entregan a la mecánica de lo que se dice en Twitter u otras redes sociales,
asumiendo que eso interpreta correctamente el sentir de la ciudadanía. El
resultado es exactamente el opuesto: el alejamiento de la política del
ciudadano común, que no entiende esos cambios repentinos o no tiene tiempo para
seguir en detalle el debate; peor aún cuando este supuesto debate es sólo una
larga expresión de descalificaciones y peleas que parecieran no tener sentido.
Es aquí donde se incuba parte de la desconfianza hacia la política por parte de
personas que ya no la entienden ni saben muy bien qué esperar de ella.
La desconfianza es un problema de nuestra sociedad y se
agrava cuando la referimos a la política. El no saber quién es el otro y no
conocer realmente lo que piensa se constituye en un muro que impide la
confianza. Lo mismo ocurre con los políticos que cambian repetidamente de
opinión o de posición, o que no cumplen con lo que prometen.
Quizás las primarias sean un buen ejemplo de lo
anterior. La Ley que genera la institucionalidad para poder realizar primarias
financiadas por el Estado y supervisadas por el Servicio Electoral necesitó,
antes siquiera de su puesta en marcha, de varias modificaciones que permitieran
a los partidos y a los candidatos mayores garantías para utilizarlas. Pero, a
pesar de las correcciones y pese a que profusamente fueron objeto de halagos
por todos los partidos, la mayoría desechó finalmente su uso. Este vuelco, más
allá de la racionalidad de la argumentación o de los hechos que lo justifican,
sólo es una señal más que explica la desconfianza ciudadana en sus partidos.
La ciudadanía necesita políticos dispuestos a cumplir
su rol, a no ser meras cajas de resonancia de lo que se grita en la calle, como
afirmó hace un par de semanas el Senador Patricio Walker, entendiendo
correctamente que lo que se espera de ellos es una capacidad de reflexión y
análisis que sirva de guía, y la fuerza y convicción necesarias para defender
sus posiciones, aunque no sean populares.
Qué mejor que un año electoral como éste para que se
confronten las distintas visiones de hacia dónde debemos avanzar, qué valores
deben guiar nuestras políticas públicas y qué capacidad tenemos de, expresadas
nuestras diferencias, construir un camino común, que incluya a todos, que nos
una y no que nos divida, asumiendo que, sin importar quién gane las elecciones,
la única manera de avanzar en los cambios es a través de grandes acuerdos.
Cuando los políticos se atrevan a defender sus ideas y
marcar diferencias, se dará inicio a la construcción de verdaderos liderazgos.
No basta la trayectoria que acumula años, sino la que es capaz de mostrar
logros en pos del bien común. Sólo así podremos recuperar la confianza de los
ciudadanos.
Una política que se hunde en lo accidental, en lo
accesorio y que centra la diferenciación en la descalificación personal o
directamente en la agresión, no logrará nunca encauzar correctamente las
necesidades de las personas, y terminará necesariamente siendo la política de
unos pocos: aquéllos dispuestos a todo por ejercer el poder.
Obama y la integración educativa con México,
por Andrés Oppenheimer.
Aunque los titulares de la prensa durante la visita del
Presidente Barack Obama a México se centraron en la inmigración, la seguridad y
el narcotráfico, el resultado más importante -y que pasó más inadvertido- de su
viaje se dio en un área totalmente diferente: los intercambios estudiantiles.
Suena aburrido, pero si el proyecto de Barack Obama y
el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto de aumentar drásticamente los intercambios
estudiantiles se convierte en realidad, podría ser un punto de inflexión en la
historia de las relaciones entre Estados Unidos y México, y en la integración
económica de América del Norte.
Actualmente, pese al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) de 1994 entre Estados Unidos, México y Canadá, las
cifras de los intercambios académicos entre EE.UU. y México son patéticas.
Solo hay 13.700 estudiantes mexicanos en las
universidades estadounidenses, comparado con los 194.000 estudiantes chinos,
100.000 de India y 72.000 de Corea del Sur, según el Instituto Internacional de
Educación (IIE). Hasta Vietnam, un país comunista con una población menor a la
de México, tiene más estudiantes en universidades estadounidenses (15.000),
según el IIE.
De manera similar, el número de estudiantes
estadounidenses en universidades mexicanas es ridículamente bajo, de solo
4.000, comparado con los 33.000 jóvenes estadounidenses que estudian en el
Reino Unido, 30.000 en Italia, 26.000 en España y 15.000 en China, dicen las
cifras del IIE.
Obama y Peña Nieto acordaron en su encuentro el 2 de
mayo la creación de un Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e
Investigación, dirigido por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos
y el Conacyt de México, para acelerar los intercambios estudiantiles y
académicos.
"Queremos más mexicanos estudiando en EE.UU., y
más estadounidenses estudiando en México", dijo Obama. "Y vamos a
centrarnos en ciencia, tecnología ingeniería y matemática".
Según el Gobierno mexicano, antes de fin de año México
lanzará unilateralmente un plan destinado a cuadruplicar, en el transcurso de
los próximos cinco años, el número actual de estudiantes mexicanos en las
universidades estadounidenses.
El Subsecretario mexicano de Educación Superior,
Fernando Serrano, me dijo en una entrevista telefónica que México lanzará un
programa de becas con fondos públicos y privados, que aumentará a "entre
40.000 y 50.000" el número de estudiantes mexicanos en las universidades
estadounidenses para 2017.
"Hoy son poquísimos, y la cantidad se ha mantenido
igual desde hace quince años", dijo Serrano. "Vamos a corregir
eso".
En México, Obama dijo que también buscará maneras de
aumentar el número de estudiantes estadounidenses en México, bajo su plan de
aumentar a 100.000 el número de estudiantes universitarios de Estados Unidos en
Latinoamérica en los próximos diez años.
La idea que subyace a todos estos planes -así como al
plan de becas en el exterior recientemente anunciado por Brasil- es la de
replicar el exitoso programa de las becas Erasmus de la Unión Europea, por las
que más de un millón de estudiantes universitarios de Europa ha podido estudiar
en otros países europeos desde que el programa se inició a fines de la década
de 1980.
Tal como me recordó esta semana Guillermo Hirschfeld,
profesor de la universidad española Rey Juan Carlos, en Europa el programa
Erasmus hizo mucho más que darles una educación más globalizada a los
estudiantes: fue crucial para cimentar la idea de Europa como un bloque
económico.
"Lo más importante del Erasmus fue que ayudó a
forjar lazos humanos, a derribar tendencias nacionalistas y a destruir
prejuicios sobre otros países en un continente que había estado plagado de
conflictos en la primera mitad del siglo XX", dice Hirschfeld, autor de un
estudio que propone un programa Erasmus para las Américas.
Mi opinión: Coincido totalmente. Es hora de darle nuevo
impulso al acuerdo TLCAN, que ya tiene dos décadas, y una de las mejores
maneras de hacerlo sería aumentar los intercambios estudiantiles para que con
el tiempo se reduzcan los prejuicios que han obstaculizado la integración
económica de América del Norte.
Si Washington y México cumplen con sus promesas de
aumentar considerablemente sus intercambios estudiantiles -y en esto se
justifica un cierto escepticismo, ya que ambos países lanzaron hace dos décadas
un plan similar que no llegó muy lejos-, este podría ser el plan bilateral más
importante desde que se firmó el TLCAN.
Deberían implementarlo de inmediato y lanzar
simultáneamente un plan que permita a las universidades de ambos países ofrecer
títulos conjuntos, como ha hecho la Unión Europea con su Plan Bologna, que
permite a estudiantes obtener títulos universitarios válidos en otros países
europeos.
Todo esto podría tener un impacto mucho mayor sobre el
futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México -y sobre la prosperidad
de América del Norte- que todos los acuerdos sobre los temas del día que
aparecen en los periódicos. Y puede hacerse realidad.
Resoluciones judiciales de alto impacto.
El acuerdo conciliatorio alcanzado entre BancoEstado,
el Sernac y una organización de consumidores para que la entidad financiera
devuelva a 570 mil clientes los dineros cobrados por comisiones unilaterales
ratifica los criterios que ya llevaron a la Corte Suprema a sancionar por
“abusivas” dos cláusulas de los contratos de Censosud con los usuarios de su
tarjeta Jumbo Más. Al margen de las particularidades de cada caso (y de las
controversias políticas que cada uno ha generado), el corolario de ambos es que
han quedado objetadas prácticas que eran habituales en la industria financiera,
sustentadas en el Código Civil. Ello implica introducir cambios sustantivos en
la forma de operar de ese mercado, lo que ya está dando pie a profundos
análisis respecto de sus consecuencias y del modo en que los distintos actores
han de adecuarse a los criterios explicitados por el máximo Tribunal.
La situación pone de relieve el impacto que pueden
llegar a tener las decisiones de los órganos jurisdiccionales en el
funcionamiento de un sector económico. Ello ya ha quedado a la vista en otras
áreas. Un ejemplo es la salud privada, donde sucesivos fallos del Tribunal
Constitucional y la Corte Suprema han puesto en jaque todo el mecanismo de
reajuste de los precios de los planes de salud. A su vez, en materia
energética, la sentencia que rechazó la construcción de la central termoeléctrica
Castilla mostró al Poder Judicial cuestionando directamente decisiones técnicas
adoptadas por las instancias regulares de evaluación ambiental. A diferencia
del caso Cencosud —donde la sentencia se basa en la aplicación de una
disposición legal—, los de las Isapres y Castilla podrían ubicarse más bien en
lo que se ha llamado la constitucionalización del derecho, en que, a partir de
la interpretación de ciertos principios Constitucionales, el órgano
jurisdiccional objeta ya sea actuaciones de autoridades administrativas o
decisiones del Legislador. Se trata de un tema particularmente complejo y
motivo de debate, pues la práctica ha demostrado que en algunos casos la línea
divisoria entre una razonable defensa de la primacía del texto Constitucional y
lo que se ha llamado un «activismo Judicial», en que las resoluciones se
vuelven expresión de ciertos principios y valores preferidos por los Jueces,
puede volverse extraordinariamente difusa. Ello, al punto de que algunos
críticos advierten el riesgo de que, por esta vía, los Tribunales terminen
definiendo políticas públicas o, incluso, en una versión extrema, se vean a sí
mismos como impulsores de reformas sociales.
Los vastos alcances de esta discusión contrastan con la
pobreza que suele marcar el debate político en torno a estas materias, donde,
más allá de controversias rutinarias cada vez que el Poder Judicial emite algún
fallo polémico, hay escasa reflexión respecto de temas como el rol de la Corte
Suprema o lo que cabe esperar del desempeño de quienes integran los Tribunales
superiores del país. Ejemplo lamentable es la forma en que han terminado
funcionando los mecanismos de designación de Jueces supremos y de miembros del
Tribunal Constitucional. Si la participación en esos procesos de los poderes
Ejecutivo y Judicial daba una buena oportunidad para precisamente discutir
estas materias y conocer a fondo los criterios de los candidatos a esos cargos,
en la práctica el sistema sólo ha devenido en una suerte de cuoteo
institucionalizado, ocasionalmente perturbado por impresentables vendettas
políticas: un modo de operar que evidentemente no se compadece con la
trascendencia de los temas involucrados.
Informe del grupo Res Publica.
Este diario ha dado cuenta de los resultados del grupo
de estudios Res Publica, formado por expertos en las más diversas áreas,
cientistas sociales y economistas -con auspicio privado que habla bien de la
responsabilidad para con el país de la familia empresarial que lo encomendó-,
que trabajó durante más de un año en examinar las principales políticas
públicas nacionales, con el objeto de contribuir a su desarrollo. Los campos
tratados abarcan desde energía a políticas de competencia, desde educación a
vivienda social, y desde el régimen político a descentralización. En suma, se
plantean 15 medidas en estos ámbitos y, según los coordinadores del grupo, si
se implementara solo la mitad de ellas, ciertamente mejoraría la situación del
país.
En cuanto a las propuestas, resalta el hecho de que no
fuera posible lograr acuerdo en una materia tan crucial como el sistema
impositivo, acaso porque es un tema asociado a los programas de los candidatos
Presidenciales. Mientras una propuesta considera esencial incentivar el ahorro
y propone transitar hacia un sistema en que se grave el gasto, la otra se
centra en evitar la elusión de impuestos, haciendo que los propietarios de las
empresas los paguen sobre la base de utilidades generadas, lo cual aumentaría
los ingresos tributarios, que se usarían con fines redistributivos. Esta
división, aunque entendible, pone de manifiesto la dificultad de concordar
propuestas racionales en materia impositiva.
Las propuestas presentadas podrían dividirse en
convencionales e innovadoras. Esto no significa que las primeras sean
irrelevantes o inútiles, sino que, en formas similares, se han planteado en el
pasado. Entre ellas se cuentan las relativas al sector eléctrico y al Sistema
de Empresas Públicas, al sistema laboral, educación, regionalización y
subsidios al trabajo. Son todas valiosas y, pese a que no representan un cambio
radical respecto de otras anteriores en estas áreas, incorporan contenidos
específicos que les agregan valor.
Las innovadoras suscitan lógico interés, pero están
menos elaboradas que las de otras áreas, que expertos en políticas públicas han
pensado y afinado por años y cuya aprobación incluso han intentado en ciertos
casos, hasta ahora sin éxito. Entre ellas se cuentan la que encaminaría el
régimen político chileno hacia uno Parlamentario -de tan discutible beneficio-,
la que promueve la legalización de las drogas -que poco depende de un país en
particular-, cambiar el Código Penal o reemplazar las Isapres por un Fonasa
reformulado. Son ideas a diversos respectos interesantes, pero que claramente
requieren una más larga discusión para decidir sobre su conveniencia y la forma
en que, eventualmente, deberían implementarse.
El informe de Res Publica enfrenta, lamentablemente,
otro problema que quizá no ha sido aún bien ponderado. En nuestro país, los
especialistas en políticas públicas suelen ser hoy calificados peyorativamente
como "tecnócratas" por no pocos dirigentes sociales, y se prefieren
los eslóganes a la reflexión y las ideas. Por eso, en estos días la influencia
de dicho informe será quizá distinta de la que podría haber tenido en el
pasado, lo cual, obviamente, nada dice de su mérito o demérito.
Así, por ahora, el excelente trabajo realizado por el
equipo de Res Publica podría resultar menos influyente que cuanto merece, no
por la calidad intrínseca de sus propuestas, sino por un actual estado de ánimo
de una parte de la sociedad que parece más dispuesta a escuchar a voces
populistas que a evaluar ideas cuidadosamente estudiadas. Esto, que en lo
inmediato puede dañar nuestro desarrollo y, asimismo, las oportunidades de progreso
de los chilenos, bien puede volver a cambiar dentro de un tiempo, y los méritos
de este informe podrán ser entonces debidamente justipreciados.
Innovación tecnológica en educación.
Hace ya algún tiempo, la tecnología parece estar
invadiendo la sala de clases. Sus posibilidades en la educación parecen ser
ilimitadas y han atraído a muchos especialistas que han promovido diversas
experiencias, tanto en Chile como en el extranjero. El último de los planes
pilotos parece ser el de la Escuela Hernando de Magallanes de Punta Arenas.
Allí, como en otras escuelas en La Cisterna y en Molina, se han producido
grandes cambios mediante la adaptación de la escuela a la modernidad. Desde
luego, se han introducido los computadores en la administración escolar, generando
una mejor comunicación con los padres, un riguroso control de asistencia y
hasta un buen uso del libro de clases. Pero lo más interesante -y también lo
más controvertido- es el uso de las tecnologías en la educación propiamente
tal.
Quizá la primera de estas experiencias en las escuelas Municipales
comenzó en el año 2007 en Peñalolén, donde una empresa de software donó los
materiales y apoyó la formación de los niños sobre la base del uso del
computador. Pero luego de tres años, esa experiencia se dio por terminada. A
juicio de algunos expertos, eso se debió a la falta de identificación de la
comunidad escolar con el proyecto, pues las tecnologías eran vistas por los
profesores como algo lejano. Contar con esos elementos puede ser muy valioso,
pero si los docentes no los dominan y más bien se sienten algo amenazados por
ellos y por el rápido dominio que logran los alumnos, no podrá darse buen uso a
todas sus posibilidades. En la estructura actual de la educación chilena no
será fácil para los profesores aceptar que el alumno adquiera destrezas
superiores a las que él puede lograr.
En Punta Arenas, sin embargo, algunos profesores
celebran las posibilidades que les dan las nuevas tecnologías. Gracias a una
conexión de alta velocidad, los niños trabajan conectados a un servidor, lo que
hace posible que el profesor sepa en qué está cada alumno y cuáles son los
sitios que visita para buscar su información. A diferencia de los computadores
personales, las tabletas y los teléfonos celulares, exigen mayor conectividad,
lo que abre nuevos caminos en la educación.
Pero hasta ahora no se han obtenido resultados medibles
de mejoramiento en el progreso de los niños con computador en clase y con toda
la tecnología a su disposición. Para muchos, la conexión permanente inhibe el
pensamiento creativo, limita los movimientos, dificulta la interacción entre
seres humanos y disminuye el lapso de atención.
Por ello, han surgido también movimientos contrarios a
la incorporación de la tecnología, al menos en las etapas iniciales de la
educación. Paradójicamente, en Silicon Valley han tenido gran éxito los
colegios que excluyen toda la tecnología en la educación básica y que se basan
en la tiza y el pizarrón, junto al lápiz y el papel, además de palillos y lana,
con la ocasional incursión en el barro. Más sorprendente es que tres cuartos de
los niños que asisten a estos colegios tienen padres que trabajan en la
industria tecnológica.
Ante la ausencia de resultados medibles de uno u otro
enfoque, es natural que se produzca un debate que se prolongará seguramente por
mucho tiempo, pues habrá de esperarse tanto la evolución de la tecnología como
los resultados a lo largo de la vida de quienes reciben una educación o la
otra. Por ahora, es posible que se sigan produciendo planes pilotos de
educación con tecnología, que por su precio no está disponible para todos, y
que el debate continúe aquí y en otras partes del mundo.
Opacidad y escándalos en la FIFA.
La comisión de Etica de la Federación Internacional de
Fútbol Asociado (FIFA), confirmó recientemente, en un informe oficial, que el
ex Presidente del organismo, Joao Havelange; su yerno y ex titular de la
Federación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira; y el ex timonel de la
Conmebol, Nicolás Leoz, recibieron millonarios sobornos durante la década de
los 90 por la concesión de derechos de transmisión a la empresa ISL.
A pesar que los hechos ratificados por la comisión son
graves, la resolución no tiene ninguna implicancia jurídica para los aludidos,
ya que tras alcanzar un acuerdo en 2010 con la Fiscalía suiza y pagar una
elevada cantidad de dinero, éstos fueron penalmente sobreseídos. Tampoco pueden
ser sancionados por la FIFA, ya que ninguno se encuentra ejerciendo funciones
en la entidad rectora del fútbol mundial (tanto Havelange como Leoz renunciaron
a los cargos que tenían días antes que se conociera el dictamen, el 30 de abril
pasado).
Este caso vuelve a instalar la urgente necesidad de que
al interior de esa entidad y de la organización del fútbol en general, se
promuevan reformas profundas que contribuyan a mejorar su cuestionado
funcionamiento, transparentar los procedimientos a través de los cuales se
adoptan las decisiones y terminar con la opacidad en el manejo de los recursos
y la rendición de cuentas. No resulta admisible que la institución dedicada a
manejar una actividad que mueve ingentes sumas de dinero en el mundo y que
atrae el interés de millones de personas, siga operando con altos niveles de
discrecionalidad y sin mayores controles sobre la gestión de sus dirigentes.
Si bien es un avance lo resuelto por la Comisión de
Etica -que ayer anunció la sanción de otro alto funcionario por enriquecimiento
ilícito-, erradicar las malas prácticas en la FIFA requiere mayores esfuerzos,
entre ellos, crear mecanismos adecuados para detectar y sancionar posibles
focos de corrupción, y disponer de estatutos nuevos que garanticen la máxima
transparencia en el actuar de sus autoridades.
Un par
de cartas para la reflexión.
Señor Director:
Faltar a la verdad.
He visto la zancadilla de Fernando Paulsen a Pablo
Longueira en Tolerancia Cero. La reacción de Longueira, ante una trampa
desconcertante, fue precisamente de desconcierto y poco más: era su memoria
contra la palabra y el documento del periodista.
Yo también dudé de si yo mismo estaba inscrito en los
registros o si el sistema de ese plebiscito había sido otro, atendido el tiempo
de transición y sus reglas; pero recordaba perfectamente haber votado (y haber
perdido, como siempre).
Desde el punto de vista periodístico, me parece que lo
de Paulsen fue simplemente una chapuza de mala clase: un intento de reconstruir
la realidad basándose en un solo documento, sin sospechar que podría haber un
error.
Entre creerle al funcionario del Servel y creerle a su
entrevistado, su voluntad de impactar le llevó a acusar a Longueira de faltar a
la verdad. Faltar a la verdad puede costarle la carrera a un candidato. A un
periodista, en cambio, le sale gratis: siempre puede culpar a sus fuentes. Sin
embargo, Paulsen realizó una elección moralmente responsable: creerle a uno y
no al otro. Y habría que investigar su diligencia o negligencia de acuerdo con
la "lex artis" del periodismo.¿O basta con tirar la piedra y pedir
perdón?
Cristóbal Orrego Sánchez, Profesor de Derecho
Universidad Católica.
Señor Director:
Tolerancia y rigor.
No se puede aceptar a un profesional serio, como
Fernando Paulsen, argumentar falta de rigor en la información de un servicio
público como justificación de su actuar. Cuando se quiere destruir la imagen de
seriedad de una persona, no basta con el primer documento que se nos presenta,
aunque nos genere mucho deleite y satisfacción el sentir que la oportunidad
está en nuestras manos y a la vista de millones de personas; se requiere a lo
menos un cruce de información, aunque sea a través de preguntas estúpidas.
El canal anunció la presencia del precandidato con
varios días de anticipación, mismos que tuvo el señor Paulsen para preparar
varias preguntas, pero, al parecer, y según la sensibilidad del periodista, no
había interrogantes que interesaran al televidente o al país respecto de lo que
pensaba hacer o no en su eventual gobierno, porque mucho más fuerte que eso era
su única, mal preparada y mal argumentada pregunta.
Gabriel Flández Bórquez, RN Las Condes.
Saludo a un gran amigo y admirable Patriota:
Desde esta modesta págima saludamos al Brigadier (r)
Miguel Krassnoff que sufre dos inmensas aflicciones, la enfermedad grave de su
hija y estar privado de libertad por el delito de haber luchado en defensa de
nuestra Patria, su independencia, y en resguardo de los derechos de la mayoría
de los ciudadamos de nuestro país.
Pueblos bien informados
dificilmente son
engañados.
