ENAP informó ayer que a partir de hoy los
combustibles bajaran, las gasolinas de
93 y 97 octanos lo harán en $3, la parafina disminuirá
$4 y el diesel retrocederá
en $2 por litro.
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El Papa Francisco instó ayer a las monjas de
todo el mundo a evitar la mentalidad de
las ‘solteronas’ y las invitó a cultivar la
maternidad con tantos ‘hijos espirituales’
tras ‘fecunda’ la castidad.
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Tribunal ratificó condena de un año de cárcel
contra Silvio Berlusconi por fraude al Fisco,
no obstante, la pena no sería aplicada ya que
el delito prescribe a comienzos de 2014.
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¿Qué izquierdas enfrentará
Longueira?,
por Gonzalo Rojas.
En cualquier
elección, el centro está siempre disponible, pero hay gente que perteneciendo a
esa sensibilidad se define más bien como de izquierda. ¿Por qué se mueven hacia
allá?
Porque en
Chile las izquierdas son muchas, múltiples, variopintas; todas ellas coquetean
con los electores de centro. Unas y otras quieren cautivarlos, llevarlos a su
tálamo. Y muchos caen en la tentación. Tantas son las ofertas, que en el
supermercado de las izquierdas hay para todos los gustos.
Están hoy,
en la estantería principal, las izquierdas rupturistas. Hablan de asamblea
constituyente, de ir adelante por las buenas o por las malas; quieren construir
destruyendo y, en ese afán, algo de nietzscheano hay en ellas. Pero son, sobre
todo, deudoras del propósito hegemónico de Gramsci y de la praxis chavista.
Estudiantes apoyados en profesores parafernálicos, agentes culturales que
asimilan la belleza con la revolución, en fin, políticos adolescentes que
buscan un nicho donde acurrucarse.
Otras dos
izquierdas, algo devaluadas, ven cómo la siniestra emergente se abre paso; le
temen, pero carecen de armas para enfrentarla.
Son el PS y
el PPD. El primero, gozando de una marca registrada durante 80 años, es incapaz
de explicar hoy cuál es su oferta. ¿Una izquierda dura con el comunismo? ¿Una
izquierda liberal con el PPD? ¿Una izquierda socialdemócrata con el PDC?
El segundo,
el PPD, es un caso notable de engendro político. Un "constructo" lo
llaman algunos: una izquierda tan partidaria del Estado omnipresente como de
las autonomías individuales omniabarcantes. ¿Habrá posibilidad alguna de
articular ambas aspiraciones? No, no la hay. Pero ahí sigue el PPD, cautivando
con su frivolidad a estatistas y libertarios por igual.
La izquierda
de Enríquez-Ominami es un misterio. Existe. Llegó a tener millonaria votación,
pero hoy, al parecer carente de recursos, carente de mística y carente de
proyectos, busca reinsertarse en algún territorio seguro. Si existe para ella
algún nicho que le dé seguridad, será al precio de su propia disolución. Y si
no lo encuentra, se disolverá igual.
Quedan
todavía unas pocas izquierdas más. Está esa izquierda con olor a centro y con
orígenes en la derecha. Se llama democracia cristiana. Es el caso más notable
de nave sin capitán. A veces sabe de dónde viene y quiere volver a puerto; pero
no lo hace, se convence de que debe ir adelante y arriesga todo, aunque pueda
llegar a cualquier destino; en otros momentos da la sensación de ir a la
deriva, confiada en que algún buen viento la conducirá a tierra. Es una izquierda
que navega sin dar confianza.
La izquierda
decisiva está en el Partido Comunista. Cada vez que se lo elogia, no falta el
palurdo que afirma que a los comunistas se los sobrevalora, que ya pasó la
Guerra Fría, que dejémonos de la campaña del terror. Mientras tanto, ellos,
felices, avanzan. De cero a tres Diputados; de tres a ¿seis Diputados y un Senador?
Todo lo calculan, todo lo negocian, en todo engañan con especial sutileza.
Pero ninguna
de estas izquierdas podría alcanzar sus metas si no fuera por la omnipresente
zurda en los medios de comunicación. Son geniales los amigos periodistas de
izquierda: dicen trabajar para medios de derecha, dicen luchar por su
independencia, dicen buscar la objetividad. Todo eso es falso: los propietarios
no influyen en ellos (les temen, más bien); por eso gozan de absoluta
independencia y jamás han pensado que la objetividad sea algo distinto de la
izquierda en acción.
¿A qué
izquierda obedece Bachelet? ¿A todas en su estatismo e igualitarismo radical?
Para
derrotar a la candidata de las izquierdas, Longueira debe emplazarla en este
punto.
Yo voto por Longueira,
por Teresa Marinovic.
Por primera
vez, en mucho tiempo, la centroderecha tendrá en escena a un candidato que la
representa. Por primera vez no se verá obligada a votar por el mal menor y por
primera vez, también, podrá celebrar si pierde… porque al menos lo hará con
ideas propias y no con una versión aguada de socialismo. Como bien dijo Melero
ayer, “en esta campaña las diferencias no serán simplemente de matices”.
Por eso,
ésta no es una columna sino una arenga política; un llamado a no perder la
oportunidad de votar el 30 de Junio en las Primarias y una invitación seria a
trabajar con un propósito mucho más noble que el de mantener el poder. Se trata
de una apuesta arriesgada y con pocas probabilidades de éxito en lo inmediato,
pero que, a la vez, es una inversión a largo plazo, razón suficiente como para
trabajar en serio.
Llegó la
hora de hacer política. De defender las ideas en un espacio algo más amplio que
el de la sobremesa; de desterrar la costumbre de la derecha de analizar los
destinos del país desde el living de la casa y con un vaso de whisky en las
manos; de que quienes puedan hacerlo aporten con recursos sin rendirle honores
a la virgen del puño. De entender, de una vez, que Twitter no es el termómetro
de Chile y mucho menos el espacio por antonomasia desde el que se puede
influir.
Por primera
vez, en mucho tiempo, la centroderecha tiene un candidato que no es de
plástico; que no se amolda como la plasticina al clamor de la minoría
vociferante; que comprende que el chileno de verdad no es el que marcha en día
hábil y a la hora del trabajo. Que no está preocupado por cambiar el binominal
y que no se siente asfixiado bajo el imperio de la Constitución que tenemos.
Por primera
vez la centroderecha tiene un candidato que entusiasma y que, al mismo tiempo,
causa rechazo; precisamente porque la capacidad de influir de un político está
en directa relación con su capacidad de incomodar. La antipatía que despierta
Longueira en sus adversarios (e incluso en algunos de su sector), es la mejor
demostración de que es percibido por ellos como una amenaza real. Una amenaza
para sus propósitos y su agenda, porque, a diferencia del resto, el abanderado
de la UDI no está dispuesto a hacer concesiones y a enarbolar banderas ajenas.
Longueira es temido: en buena parte porque es un fiel custodio de su propia
libertad y porque eso resulta, por momentos, muy incómodo para quienes aspiran
a sacar las castañas con la mano del gato.
Por primera
vez, la derecha tiene un candidato que no sólo dice lo que piensa, sino que de
hecho ¡piensa! con una lógica que trasciende las cifras y los indicadores
económicos, después de un largo período en que las ideas de derecha parecían
haber sido reducidas a un par de conceptos macroeconómicos. Por primera vez, en
mucho tiempo, la persona tiene primacía por sobre el Estado en el discurso
público.
Longueira es
¿qué duda cabe? lo mejor del sector. Algunos podrán hacer mofa de sus
experiencias paranormales, otros sentirse molestos con ese aire mesiánico que
inspira su conducta. Pero, a fin de cuentas, es el primer candidato de derecha
que tiene relato y que no tendrá que recurrir a una agencia de comunicaciones
para que le inventen uno.
Por eso, la
columna de hoy no es una columna. Es una arenga y una confesión: yo voto por
Longueira.
El tema de los abusos.
La polémica
en torno a prácticas comerciales antes toleradas por la institucionalidad o no
objetadas expresamente por las autoridades respectivas, pero que afectaron a
amplios sectores de la población, abarca aspectos complejos y muy diferentes,
desde comprensibles discrepancias jurídicas (algunas de las cuales aún se
mantienen) hasta hechos claramente delictuales. Sin embargo, ahora el debate se
está centrando sobre todo en el campo político, y la proximidad de las contiendas
electorales extrema las acusaciones mutuas, estimulando una confrontación que
está pasando de las ideas al ataque personal, situación que ojalá se despeje
cuanto antes, porque puede perjudicar incluso las soluciones indispensables que
requieren los problemas reales detectados en este ámbito.
Cabe, desde
luego, separar los casos en que se han denunciado verdaderas estrategias para
esquilmar a los clientes y otros delitos, que caen en la competencia de los Tribunales,
del necesario y explicable proceso de perfeccionamiento de las normas
aplicables, que obedece tanto a la experiencia recogida como a la progresiva
toma de conciencia de la ciudadanía acerca de sus derechos y nuevas
aspiraciones derivadas del avance del país. En ese sentido, las noticias de estos
días van mostrando que ciertas prácticas, como el modo de presumir el
consentimiento frente al cambio en las condiciones de un contrato, hoy
cuestionadas por su unilateralidad, fueron antes de uso extendido, amparándose
incluso en resoluciones de la autoridad regulatoria. Por lo mismo, no parece
pertinente la descalificación simplista de quienes, ya sea en el sector privado
o en entidades del Estado, aplicaron lo que en su momento se estimaba acorde a
la normativa vigente.
Es legítimo,
sin duda, que el Gobierno haga notar sus logros en cuanto a responder a las
demandas ciudadanas por un mayor equilibrio en la relación entre empresas y
consumidores, incluidas las sentencias logradas en los Tribunales gracias a la
actuación del Sernac. Asimismo, es comprensible que los candidatos planteen sus
propuestas y critiquen las de sus contendores o lo que éstos hayan hecho o
dejado de hacer en la materia. La información disponible es suficiente para que
los electores se formen su propio juicio, y el mismo Presidente Piñera, al
reiterar su decisión de que el Sernac interviniera para corregir los abusos en
los casos de Cencosud y el BancoEstado, ha evitado insistir en acusaciones
personales contra sus predecesores.
Sin embargo,
también es indudable que los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema
obligan tanto a las autoridades en ejercicio como a los que serán los próximos
responsables de la conducción de las políticas nacionales a buscar fórmulas
concretas y realistas para que esas actividades se desarrollen armonizando los
diversos intereses legítimos y considerando las consecuencias de orden general
que de ello se derivan. Nada impedirá que la actual polémica se prolongue y
hasta se agudice en los próximos meses, pero es importante que sus efectos se
traduzcan en resultados positivos y no en la mera profundización de los
antagonismos existentes. Un debate superficial, en que los actores se limiten a
atribuirse unos a otros los calificativos de “abusador” o “complaciente ante el
abuso”, poco contribuirá a ese objetivo y, al contrario, como ya empieza a
verse, puede terminar volviéndose una trampa para todos.
Agente ante la demanda
expectaticia boliviana.
El
Presidente de la República ha designado al Embajador ante los Estados Unidos,
Felipe Bulnes Serrano, como agente de Chile en el caso de la demanda de Bolivia
presentada a la Corte Internacional de Justicia. El mes recién pasado, Bolivia
solicitó a la Corte que declare que Chile tiene la obligación de negociar un
acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al
océano Pacífico. En días recientes, ese alto Tribunal ha citado a las partes
para el 12 de junio, a fin de convenir el lato procedimiento de las alegaciones
escritas.
El Embajador
Bulnes cuenta con valiosa preparación, reconocido prestigio y una trayectoria
destacada para cumplir con éxito el trascendental encargo. Su nombramiento ha
recibido amplio respaldo en la sociedad civil, de ex Cancilleres y de
dirigentes de diferentes tendencias políticas. Es un reconocido jurista,
profesor universitario, experimentado litigante, ex Ministro de Justicia y de
Educación, actualmente plenipotenciario ante la Casa Blanca. Sus calificados
antecedentes académicos, profesionales, Diplomáticos y políticos lo habilitan
sobradamente para liderar la defensa de los intereses de Chile en este pleito.
Tiene a su favor el aporte de continuidad que podría recibir del equipo
constituido por la Cancillería para la demanda marítima del Perú, cuya
sentencia se espera para dentro de los próximos dos meses.
Aunque los
fundamentos del libelo boliviano quedarán completados en su memoria -que
debería presentarse a la Corte en alrededor de un año-, se anticipa que su
pretendido derecho a imponer un acuerdo surgiría de expectativas y aspiraciones
que se originarían en negociaciones fallidas de Gobiernos anteriores. Tan
extraña y rebuscada interpretación de los presuntos "derechos
expectaticios" bolivianos podría dar base fundada para reclamar la
incompetencia de la Corte, que además, como órgano de la ONU, está impedida de
intervenir en asuntos internos de los estados, como lo es su soberanía.
Al margen de
la defensa jurídica, corresponderá al agente impulsar acciones para profundizar
la Diplomacia y la comunicación pública de la legítima posición chilena y de
las extraordinarias concesiones económicas, de libre tránsito, almacenamiento
gratuito de mercaderías, obras de infraestructura, acceso privilegiado a
puertos y aeropuertos e innumerables otras prestaciones, sin precedentes en el
mundo entre países vecinos, que Chile concede a Bolivia y que contrastan con
los obstáculos y nula cooperación de la mayoría de los Gobiernos de ese país
para aprovechar las oportunidades de intereses compartidos.
La prudencia
con que el Gobierno de Chile ha reaccionado ante la demanda boliviana, la
descalificación que esta merece por falta de todo fundamento, y la atribución a
normas Constitucionales internas de dicho país del año 2009, que son
inoponibles a Chile y claramente contrarias al Derecho Internacional, no
deberían impedir destacar las disfuncionalidades y responder a los escollos que
Bolivia pone a las correctas relaciones bilaterales. Tales inconvenientes,
muchas veces agresivos e ideologizados, y normalmente motivados por razones de
política interna boliviana, han impedido acuerdos de mutuo interés, creado
riesgos inaceptables a la seguridad nacional por el descontrol del
narcotráfico, del contrabando y de la delincuencia trasnacional, y son
atentatorios al ejercicio de nuestros legítimos derechos de tránsito
internacional y de uso de recursos hídricos compartidos.
En la
defensa de su territorio, Chile ha dado siempre muestras de unidad, mediante
una política de Estado que trasciende a los Gobiernos y que logra convocar
equipos de juristas y Diplomáticos de excelencia en la defensa de los intereses
nacionales ante los foros y cortes internacionales.
INE, censo y aclaraciones
pendientes.
Tras el
revuelo suscitado por las denuncias de una supuesta manipulación de las cifras
de IPC y del Censo 2012 por parte del Instituto Nacional de Estadísticas -que
incluso condujeron a la renuncia de su Director-, afortunadamente este tema
comienza a ser visto con más calma. Diversos expertos han hecho presente que es
común que las estadísticas cuestionadas se presten a críticas, que defectos
también se observan en muchos países, que su presencia no revela necesariamente
el intento de alterar los resultados de las encuestas, y que lo importante es
dotar al INE de la capacidad para introducir las correcciones técnicas
requeridas una vez detectados los errores. En sus primeras actuaciones, el
nuevo Director de la institución y reconocido académico, Juan Eduardo Coeymans,
ha dado las señales correctas en ese sentido.
Acertadamente,
el INE ha convocado a un grupo de expertos y usuarios de sus estadísticas para
conocer y debatir los cambios metodológicos que podrían introducirse al cálculo
del IPC, ya sea prontamente o con motivo de la inauguración de la nueva canasta
de consumo que corresponde aplicar en enero del próximo año.
Sorprende,
sin embargo, que transcurridas ya varias semanas de intensa polémica, no
existan aún pronunciamientos oficiales de parte del INE y del Banco Central que
aclaren la naturaleza y consecuencias de los problemas detectados. Subsiste la
duda acerca de cuán significativa sea la divergencia denunciada entre la
medición del IPC y la realidad, cuánto de ella proviene de cambios
metodológicos recientes o se arrastra desde muchos años atrás, y en qué medida
ella se contrarresta con otros factores, como la omisión de los cambios de
calidad de los artículos electrónicos en las mediciones de inflación. Hay incluso
quienes sostienen que la subestimación de la inflación se traduciría en una
sobreestimación del crecimiento del PIB, lo cual no parece tener sustento
técnico. Pero es el INE el que debería aclarar las dudas y facilitar toda la
información necesaria para que los especialistas evalúen la situación. El Banco
Central, por su parte, no puede permanecer indiferente. No solo la elaboración
de las cuentas nacionales es su responsabilidad, sino que su mandato de
controlar la inflación exige una medición creíble del IPC.
En el caso
del censo, se ha denunciado que adolecerían de errores ciertos ajustes
efectuados para tomar en cuenta la población que no pudo ser encuestada.
Aparentemente, la estimación de la población total es aún meramente
referencial, porque la cifra definitiva es siempre cotejada con datos del
Registro Civil y validada por Celade, centro demográfico dependiente de Cepal.
Pero mucho ayudaría a evaluar la magnitud del problema conocer, por ejemplo,
cuán diferente en cobertura ha sido el último censo respecto de los anteriores,
cuán distintos son los ajustes esta vez efectuados y cuánto ello podría
repercutir en los márgenes de error de las estimaciones necesarias para el
diseño de las políticas sociales. La auditoría anunciada por el nuevo Director
del INE debería permitir dimensionar las fallas y, tal vez, efectuar las
rectificaciones necesarias. Es de gran importancia que los resultados de esa
auditoría sean públicos.
No será
automático que el INE recupere su plena credibilidad. Su prestigio en parte
había descansado en la extrema reserva con que administraba muchos de los
procedimientos y metodologías de sus estadísticas, lo que impedía la sana
crítica de los mismos. Ahora esa reserva se presta a suspicacias y, en todo
caso, es extemporánea en un cuadro general que, en todos los ámbitos, propicia
la más amplia transparencia. Ciertamente, abrirse sin reservas a ella permitirá
al INE reconquistar la confianza de que tradicionalmente ha gozado.
Asaltos a transportes de
valores.
El asalto a
camiones de valores se está convirtiendo en un delito peligrosamente frecuente
en el país, considerando que en lo que va del año se han registrado ocho
atracos de este tipo (el año pasado fueron cuatro) y que, en conjunto, éstos
suponen un botín que supera los $ 1.200 millones. Parece evidente que la
delincuencia está encontrando aquí una oportunidad de conseguir abundantes
cantidades de dinero -aparentemente motivado porque el robo de cajeros
automáticos se está haciendo más complejo-, lo que obliga a tomar medidas
urgentes.
La
Subsecretaría del Delito ha calificado este tipo de ilícitos como
“preocupantes” y corresponde avanzar con más decisión en medidas de prevención
que involucran al Gobierno, las empresas de transporte de valores, las policías
y los Municipios. Voces expertas estiman que una de las razones que explican el
aumento de este tipo de asaltos se debe a las débiles medidas de seguridad con
que operan algunas de estas empresas. Resulta fundamental que los vehículos
utilizados cuenten con el blindaje requerido y que el personal esté debidamente
entrenado, entre otras exigencias. Estas han sido fallas que ya se han
detectado y corresponde que la autoridad fiscalice su cumplimiento.
La creación
de zonas especiales en supermercados o centros comerciales para dejar bolsas de
dinero o la habilitación de lugares especiales de estacionamiento para
vehículos de transporte de valores, son medidas que parecen razonables y que de
hecho forman parte de un plan de trabajo que se estableció en marzo pasado.
También cabe un aporte valioso de la inteligencia policial, que permita
desarticular las bandas especializadas en este tipo de delitos. El transporte
de valores es un servicio fundamental para asegurar el normal funcionamiento
del comercio y la cadena de pagos en general; de allí la importancia de
prevenir la expansión de este tipo de delitos y evitar que se convierta en una
nueva fuente de financiamiento de la delincuencia.
La Corte
Suprema y las comisiones de tarjetas de crédito
Las
repercuciones políticas del fallo de la Corte Suprema, respecto del alza de
comisiones de las tarjetas de crédito, han impedido un análisis ponderado de su
mérito y fundamentos, que resulta imprescindible realizar por los efectos
perjudiciales que puede tener sobre esa industria, tanto del comercio como de
la banca y los propios consumidores. La controversia, que databa de 2006, junto
a otra decena de casos similares, derivó de que el emisor -Cencosud- decidió
elevar la comisión mensual por la administración de su tarjeta de crédito, lo
que hizo con sujeción a las normas fijadas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (SBIF) y las cláusulas del propio contrato, para lo
cual comunicó dicho incremento a los titulares de tarjeta, agregando que si la
utilizaban después de cierto plazo, se entendería que aceptaban el cambio. El
Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), por el contrario, sostuvo que las
cláusulas en que se basó la empresa para decidir el alza eran abusivas conforme
la legislación general de protección al consumidor e importaban una forma de
modificación unilateral del contrato, predicamento que en lo esencial fue
acogido por el máximo Tribunal.
Desde luego,
extraña que la Corte haya considerado correcta la posición del Sernac,
basándose en que regirían las normas generales de la Ley de protección al
consumidor, cuando existía una regulación especial sobre la emisión de las
mencionadas tarjetas, debiendo recordarse que la Ley sólo extendió la
protección al consumidor en 2011, a través de la iniciativa conocida como
Sernac Financiero. Si bastaba la legislación preexistente, no se comprende la
necesidad de dictar esta última. En ese sentido, sorprende que el fallo declare
como abusiva otra cláusula del contrato, porque con posterioridad fue
expresamente prohibida en el Sernac Financiero, en circunstancias que la
conclusión correcta parece ser la inversa: que mientras no fue prohibida se
entendía válida.
En
particular, la sentencia tiene tres aspectos muy perjudiciales. Por una parte,
sostiene que, en definitiva, el sistema de notificación del cambio de comisión
mediante una comunicación sujeta a que luego se utilice la tarjeta, no puede
constituir una forma de aceptación tácita, figura reconocida por la
legislación, por cuanto no es posible tener certeza de que la comunicación fue
recibida, lo que coloca a las empresas que gestionan carteras masivas ante una
situación casi imposible o costosísima de manejar. Por otra, que frente a la
regla que atribuye valor a una cláusula si los contratos han sido revisados por
un órgano del Estado en el ejercicio de sus funciones, haya dictaminado que la
conformidad prestada por la SBIF no fue suficiente, porque sólo expresó que no
había observaciones a su respecto, pero no las autorizó, lo que deviene en un
sofisma. Por último, al ordenar al emisor restituir las comisiones, en la
práctica ha castigado con efecto retroactivo a quien actuó según la Ley vigente y al criterio que a esa fecha
sustentaban la autoridad y los Tribunales.
A los Tribunales
de Justicia les compete aplicar la legislación vigente como ha sido concebida y
en su recto sentido, con prescindencia de tendencias o presiones de los
afectados. La Corte Suprema, en este caso, extendió la protección al consumidor
más allá de lo previsto, sin reparar en que los agentes privados fueron
sometidos a contradicciones de dos entes públicos (Sernac y SBIF), de modo que
no podían tener certeza del actuar correcto, y se inclinó por una
interpretación que dificulta severamente la operación de un servicio que ha
beneficiado el acceso al crédito. Dificultarlo innecesariamente sólo
desprotegerá al consumidor.
Cartas para una profunda
meditación.
Señor
Director:
Bombas Molotov.
Mientras en
España el Tribunal Supremo conocía ayer de una sentencia que condena a 22 años
y seis meses a Asier Rodríguez López por lanzar cócteles molotov a un vehículo
conducido por dos miembros de la Ertzaintza (policía vasca), en Chile,
Carabineros somete a revisión los procedimientos para repeler con bolas de
pintura a los que lanzan los mismos cócteles molotov contra aquellos a quienes
la Ley les ha encomendado la seguridad ciudadana. Qué paradigma.
Luciano Cruz
Muñoz
Señor
Director:
Faltar a la verdad.
Resulta
pertinente la pregunta del profesor Cristóbal Orrego acerca de si Fernando
Paulsen obró o no conforme a la lex artis propia de su actividad, al
conformarse con el certificado emitido por el Servel y no hacer mayores
indagaciones respecto de la fecha de inscripción de Pablo Longueira en el
Servicio Electoral.
Sin embargo,
lo que es más grave es que el entrevistador, llevado por la pasión -que ciega
la razón-, haya lanzado a su interlocutor la acusación de estar faltando a la
verdad en público, frente a las cámaras; si le hubiera planteado el asunto de
un modo civilizado, la cuestión no habría pasado de ser una anécdota
intrascendente.
Por lo
demás, la polémica resultante de este incidente es completamente fútil: Paulsen
quería indagar si Longueira estuvo o no de acuerdo con el Sí; al reconocer el
candidato que votó por dicha opción (sin perjuicio de lo que decía el
certificado espurio) llegó al punto clave de la pregunta, granjeándose de paso
la enemistad de los opositores del Gobierno de Pinochet, acaso el fin que
perseguía la pregunta.
Fernando
Ugarte Vial.
Señor
Director:
Censo.
Es sumamente
reprochable que algunos sectores de la Concertación hayan intentado adjudicar
al Gobierno una supuesta manipulación de los datos del Censo. El Gobierno es el
más preocupado por esclarecer la situación y para ello presentó una denuncia
ante la Fiscalía, solicitó a las autoridades del INE una auditoría interna y
está gestionando la colaboración de organismos como la OCDE.
Desde su
primer día de mandato, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no sólo ha
respetado la plena independencia del INE, sino que, asumiendo el compromiso de
modernizar una institucionalidad que ha subsistido sin variaciones por más de
cuatro décadas, ingresó al Congreso un proyecto para dotar al organismo de
mayor autonomía.
Con respecto
a la supuesta manipulación del Censo, cabe aclarar que los cuestionamientos
apuntan exclusivamente a la forma de presentación de las cifras ante la opinión
pública, no a la veracidad de los datos levantados en terreno, ni a la
prolijidad con que se construyó la base de datos. Por esta razón, me parece
lamentable que algunas personas de la oposición busquen réditos políticos,
cuestionando sin sustento la credibilidad de los datos, sin importarles el daño
que le pueden causar injustamente a la imagen de nuestro país.
Ignacio
Parot M.
Señor Director:
Tolerancia Cero.
Fernando
Paulsen ha transferido al Servel la responsabilidad por el error en el dato de
la primera inscripción de Pablo Longueira en los registros electorales.
Efectivamente, todo indica que desde el Servel se entregó mal la información.
Sin embargo,
de lo que no puede desligarse el periodista es de la intencionalidad con que
usó o, a estas alturas, pretendió usar dicho dato. Acusar a una persona de
faltar a la verdad (llamarlo mentiroso) en un programa de televisión, en
horario prime y ante miles de telespectadores, no es un hecho casual ni neutro.
Fue un acto cargado de intencionalidad que claramente buscaba perjudicar al
interpelado.
José Miguel
Rodríguez.
Pueblos bien informados
dificilmente son engañados.