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Sergio Onofre
Jarpa, fundador y ex Presidente de RN, su disposición para apoyar a Pablo
Longueira
en la zona de Talca, su lugar de residencia, frente a las primarias contra
Andrés Allamand. |
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Michelle
Bachelet: dijo ‘No soy comentarista de encuestas’, ayer se conoció un sondeo de
su comando
que muestra una baja de las preferencias desde su regreso al país, la candidata
prefirió
no referirse al tema.
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Aseguran
que Pellegrini ya tiene acuerdo con Manchester City y será su nuevo técnico, el
portal
español
As.com explica que el entrenador chileno alcanzó un acuerdo con el club inglés
y asumirá
el mando
la próxima temporada.
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Papa
Francisco canonizará el domingo a santas de Colombia y México, el Pontífice
proclamará
a María
Laura Montoya y a María Guadalupe García, conocida como Madre Lupita.
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ONU inició
reparto de comida para más de 10.000 desplazados en Siria, el Jefe del
operativo
dijo que ‘Tenemos
grandes dificultades para movernos por el país y hacemos todo lo que
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| Añadir leyenda |
podemos
para repartir comida a los civiles afectados por los enfrentamientos’.
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El Kirchnerismo
quiere declarar de "utilidad pública y sujeto a expropiación el 24%"
de la
compañía
Papel Prensa, por lo que el Estado pasaría a controlar el 51,5% de la empresa
que
vende el
papel a gran parte de los periódicos de todo el país.
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Norcorea
acusa a EE.UU. y Corea del Sur de preparar una guerra tras reunión bilateral,
el
Comité
para la Reunificación Pacífica de Corea, del gobernante Partido de los
Trabajadores
norcoreano,
calificó el viaje de la Mandatario surcoreana a Washington como un ‘repugnante
viaje belicoso’. |
Constitución queremos!,
por Fernando Silva.
La
Constitución "es un tesoro que no podemos perder ni menoscabar sin
degradarnos ni envilecernos; es, en fin, el término de tantos sacrificios, la
indemnización de tantas pérdidas y el complemento de tantas esperanzas".
Así
sostenía, con moderado optimismo, el Vicepresidente Francisco Antonio Pinto en
los últimos párrafos del preámbulo a la Constitución promulgada el 8 de agosto
de 1828. Sin embargo, el "espacio limitado" asignado a los
depositarios de la autoridad por dicho texto produjo consecuencias fáciles de
prever. Aunque solo podía reformarse por una Gran Convención en 1836, lo fue
antes, revolución de por medio. Y por Ley de 1 de octubre de 1831 se convocó a
la mencionada Gran Convención, origen de la carta de 1833, destinada, según lo
precisó el Presidente Prieto en su proemio, a "asegurar para siempre el
orden y tranquilidad pública contra los riesgos de los vaivenes de partidos a
que han estado expuestos".
Ese
propósito fue un estímulo para que las diversas corrientes contrarias al Gobierno
hicieran todo lo posible por desestabilizarlo. Cuando, casi 30 años después,
los grupos opositores descubrieron que no era tarea fácil derribarlos y menos
reformar la Constitución -la primera reforma se aprobó solo en 1871-,
desecharon la atractiva vía de actuar "por las malas" y empezaron, en
un proceso lento, a darle a ese texto, que le daba enormes poderes al
Presidente de la República, una interpretación Parlamentaria.
Todavía en
1925, en vísperas de la promulgación de la nueva Constitución, un publicista
sostuvo que la de 1833 "implantó en todo su vigor el sistema Parlamentario".
En dos gruesos volúmenes Jorge Huneeus había dado fundamentos jurídicos, muchos
años antes, a semejante interpretación. Es cierto que las Leyes periódicas -la
de presupuesto, que era anual; la de contribuciones y la de fijación de fuerzas
de mar y tierra, cada 18 meses- permitieron, a partir del Gobierno de José
Joaquín Pérez, el desarrollo de numerosas prácticas Parlamentarias, pero en los
hechos, en la medida en que el Presidente de la República pudo controlar las
elecciones de Diputados y Senadores, lo que más podía hacer la minoría
opositora era obstruir el despacho de las referidas Leyes, interpelar a los Ministros
y presentar mociones de censura que no podían tener destino.
Ese cuadro
cambió, y dramáticamente, cuando Balmaceda, que tanto influyó en el singular
viraje experimentado por la carta de 1833, perdió la mayoría en el Congreso.
Una ligera
reflexión sobre el destino de esas dos cartas Constitucionales permite extraer
conclusiones de interés. Una, muy obvia, es que las esperanzas puestas en ellas
solo tienen sentido si se las considera en lo que realmente son: meros textos
que enuncian deberes y derechos de los ciudadanos, establecen las bases del
sistema político y se obedecen a medias. Sabemos, por experiencia propia y por
el conocimiento de lo ocurrido en los países de nuestro continente, que las
sociedades no alcanzan la paz, la felicidad, la igualdad, el desarrollo
económico y la seguridad mediante una Constitución. Esta, a lo más, crea un
marco más o menos adecuado para un desenvolvimiento razonable de sus
ciudadanos.
Y la
explicación del limitado alcance de las Constituciones es muy sencilla: esa Ley,
como cualquier otra, es administrada -y soportada- por seres humanos. Por tal
motivo una sociedad, si sus miembros son lo suficientemente realistas y
respetuosos de normas elementales de convivencia, puede perfectamente existir
sin Constitución, como es el caso de Inglaterra, o como nuestro país antes de
la emancipación.
Precisamente
de ese Chile dejó un notable recuerdo el firmante del proemio a la carta de
1828, el abogado y militar Francisco Antonio Pinto, quien escribió en 1853:
"Nadie temía ser encarcelado ni expatriado por un abuso de autoridad. Los
Capitanes Generales que conocí, todos, sin excepción, eran hombres buenos,
estimados y respetados por su probidad. La administración de Justicia, aunque
demorosa y embrollada, era recta e imparcial, y jamás oí la más ligera censura
de cohecho o venalidad contra algunos de los oidores que componían la antigua
Audiencia".
Es muy
posible que Pinto ofreciera ese cuadro idílico del pasado monárquico porque
había vivido tres decenios sujeto a ordenamientos constitucionales.
Pensemos a
continuación en un texto, admirado por su perfección técnica y aplaudido en su
momento como la más moderna Constitución democrática, la alemana de Weimar de
1919, que recogió, entre muchas materias, la iniciativa popular y el
plebiscito, anticipadas formas de la hoy tan cacareada "inclusión"
del pueblo. Pues bien, con esa Constitución modelo llegó Hitler al poder, 10
años después del fracasado "putsch" de Múnich, y bajo su amparo pudo
establecer, con el extendido y entusiasta apoyo de la muy educada sociedad
alemana, un régimen totalitario solo comparable en su brutalidad al de la Unión
Soviética.
En nuestra
historia republicana la Constitución que más reformas ha recibido es la de
1980. Con todo, su carencia de "legitimidad de origen" -¿habrán
estado dotadas de más legitimidad las de 1833 o la de 1925?- o el desprestigio
de Pinochet parecen aconsejar su urgente sustitución. Ya el ex Presidente Frei
había llevado la reforma de la carta como una de sus banderas en la elección Presidencial
pasada.
Ahora la ex
Presidente y candidata Bachelet ha formado un grupo destinado al estudio de
esta materia. Otros candidatos de la izquierda no se han quedado atrás y piden
lo mismo. Contar con una nueva Constitución interesa a los políticos y apasiona
a los especialistas. Quienes no lo somos sospechamos que es poco lo que se
puede innovar. Nuestra actual carta, con las reformas que ha experimentado, es
una versión, con algunas mejoras, de la de 1925, que a su vez fue una modificación
de la de 1833, que siguió muy de cerca a la de 1828, la cual se inspiró
directamente en la de Cádiz de 1812.
En verdad,
el ámbito en que se pueden introducir cambios es bastante reducido, y carecemos
de indicaciones acerca de los que se buscan, salvo los vagos tópicos relativos
a la inclusión. Pero lo que sí sabemos es que se pretende que la nueva carta se
origine según una modalidad no contemplada en nuestro ordenamiento, una
asamblea constituyente. Y lo que también sabemos, por lo que hemos visto
recientemente en nuestro continente, es que lo que de allí surge conduce con
seguridad a regímenes democráticos en la forma y totalitarios en el fondo.
Utopía y realidad
por
Rolf Lüders.
Un alto
porcentaje de la población chilena, hoy en edad de votar, aún no había nacido
en 1973 y por eso tiene escasa conciencia de los cambios socioeconómicos que
dieron origen al modelo chileno. Frente
a una oferta que nos pretende llevar a esquemas cuyo fracaso ya experimentamos
los menos, la mayoría compara erróneamente lo existente -que sin duda se puede
y debe perfeccionar- con un modelo de economía mixta idealizado, que
supuestamente nos regalará, sin sacrificar nada, la anhelada igualdad.
Tenemos
datos que permiten comparar, como corresponde, los resultados de nuestra economía
social de mercado no con una utopía, sino con una economía mixta real, operando
en el mismo país. Así, en 1830 nuestro PIB per cápita fue de un 35% de aquel de
los EEUU, relación que luego tomó valores de 50%, 26% y 35% en 1910, 1970 y
2012, respectivamente (EHClioLab).
Las
tendencias implícitas son muy similares si nos comparamos, en vez de con EEUU,
con el resto del mundo o con Europa. Pues bien, y como lo muestran los datos
citados, entre 1810 y 1910, con una economía de mercado abierta al comercio
internacional, nuestro PIB per cápita convergió hacia aquel de los EEUU, tal
como lo está haciendo ahora aun con mayor rapidez. En cambio, entre 1910 y
1970, cuando el Estado pasó a tener un rol protagónico en materia económica, el
comportamiento de nuestra economía fue definitivamente muy pobre. De hecho,
resultó ser una de las causas determinantes del quiebre institucional que
experimentamos en 1973.
Se
argumentará, con razón, que el crecimiento económico no es todo. No obstante, fue el crecimiento que tuvimos
el que explica en mayor medida la reducción de la pobreza desde un 94% de la
población en 1850, al 29% en 1990, y al 14% en la actualidad (Leandro Prados de
la Escosura, Casen). Lo logró hacer por su efecto sobre el empleo y los
salarios, y por los recursos que generó para financiar gasto social.
Chile
históricamente ha tenido una distribución del ingreso relativamente desigual,
independiente del modelo en boga. No obstante, datos recientes sugieren una
caída muy significativa del coeficiente Gini de los ingresos monetarios, desde
un 0,58 en el 2000, a 0,35 en el 2011, reflejo de una distribución de los
ingresos más igualitaria de las generaciones recientes (Urzúa, Sapelli). Esto
coincide con un notorio aumento de la movilidad social, que es lo que realmente
importa en esta materia.
La economía
social de mercado, caracterizada por un alto grado de libertad económica y un
rol subsidiario del Estado, ha probado ser, no sólo en Chile, sino también en
el resto del mundo, un sistema plenamente compatible con la libertad
individual, que simultáneamente genera un elevado grado de bienestar material.
No ha sido casualidad que el país, después de
un siglo XIX relativamente exitoso en materia económica, pasó a la más absoluta
mediocridad, y luego, después de cuatro décadas de esfuerzo bien orientado, a
liderar a la América Latina en esta materia. Nuestra propia experiencia sugiere
que si llegáramos a optar por la utopía, no tendremos ni crecimiento ni
igualdad.
Modernización de la
Cancillería
por Beatriz Corbo.
Hace algunos
días se nos ha dado a conocer el marco del proyecto de modernización de la
Cancillería, una iniciativa muy completa. En efecto, por primera vez se aborda
la labor del Ministerio de RR.EE. desde las variadas perspectivas desde donde
realiza su tarea. El planteamiento incluye medidas administrativas, así como
algunas que requieren de modificación legal. Las primeras ya se están
implementando, mientras que las segundas deberán discutirse en el Congreso,
ojalá teniendo en perspectiva una mirada integral de todo el proyecto de
reforma.
Así, el plan
de modernización habla de revisar nuestras representaciones en el exterior
considerando el nuevo orden mundial. En este sentido, la apertura de nuevas Embajadas,
Oficinas Comerciales y Consulados, donde están las capitales económicas de
varias grandes economías, parece ser muy acertado. Adicionalmente, el cierre de
oficinas en lugares que pueden ser atendidos vía concurrencia parece ser
también una alternativa que equilibra los intereses de nuestro país. Otra
medida que debe ser implementada con precaución es la apertura conjunta de
oficinas con países de la región. El plan piloto incluye aperturas conjuntas
con Colombia.
El segundo
aspecto de modernización dice relación con medidas que se han ido adoptando en
materia de la gestión interna del Ministerio y que implican la elaboración de
perfiles de cargos, objetivos y metas, especificidad para la planta de
profesionales a fin de que exista un mejor seguimiento de los temas dentro del
mismo Ministerio, el cambio curricular en la formación inicial, así como el
perfeccionamiento constante. Todas estas son medidas que responden a la lógica
de organizaciones que se miden por resultados, lo que impacta positivamente en
la gestión del Estado.
Adicionalmente,
el aumento en el número de Embajadores de carrera, así como la evaluación de su
desempeño, valoriza la labor de los profesionales del servicio exterior.
Por último,
la reforma plantea una nueva institucionalidad para el Ministerio, ya que en
ella se recogen aspectos tales como mayor descentralización y especialización
en la toma de decisiones. De esta forma, la política vecinal y multilateral
adquieren la relevancia que precisamos hoy. Asimismo, se plantea una
organización más horizontal y con mayores dosis de flexibilidad para poner los
énfasis de acuerdo a las dinámicas del mundo actual, lo que parece adecuado. En
este sentido, la supresión de la figura del Director General de Política
Exterior y su reemplazo por un Director General Bilateral, uno Multilateral y
uno Vecinal, está bien orientada.
Por su
parte, la creación de la Subsecretaría de Relaciones Económicas
Internacionales, la consagración de ProChile como un servicio dependiente de la
misma Subsecretaría, así como el cambio de dependencia de la Agci permiten
ordenar de mejor manera los medios que nuestro país tiene para conseguir los
fines que se propone en materia de política exterior.
Esperamos
que las reformas sigan avanzando y que aquellas que requieren cambio legal
encuentren acogida en la instancia Legislativa, de modo que Chile tenga
finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores que se merece para enfrentar
el nuevo siglo.
El mito de la gratuidad,
por César Barros.
Como ahora
parece estar de moda el hacer gárgaras con el tema de la gratuidad en la
educación, me voy a permitir realizar algunas reflexiones al respecto.
Supongamos
-por un momento- que la educación escolar y universitaria fueran gratuitas…
tanto para las universidades del Cruch, como para las privadas de cualquier
tipo.
La gratuidad
no solucionará, de forma alguna, el problema de escasez de cupos para las
carreras “más rentables” de las universidades más prestigiosas. Es decir, las
carreras de Medicina e Ingeniería, en las universidades Católica, Chile y Los
Andes (por nombrar sólo algunas), seguirían admitiendo sólo a la créme de la
créme de los mejores egresados de los mejores colegios. Nada cambiaría respecto
de hoy, salvo que a las familias ricas, en vez de pagar los altos costos de
Medicina (o Ingeniería civil o comercial) en esas universidades, ahora les
saldría gratis. Y los egresados de la educación Municipal seguirían sin entrar
a esas carreras en esas universidades: porque la gratuidad per se no mejora los
puntajes de la PSU ni las conexiones sociales.
Así,
dependiendo de lo “mejorcitas” que sean las privadas, también procurarán elegir
a los mejores alumnos posibles (ya que es gratuito, el talento será la única
forma de discriminación), y mientras más mala sea la base educacional del
egresado de educación media (peores los puntajes de la PSU o cualquier otra
medición), más mala será la universidad a la cual podrá optar… sólo que ahora,
en lugar de optar él y su familia, van a optar las universidades por él… en un
proceso aún más brutal que el de ahora, porque ahora, al menos pagando, la
familia puede elegir una mejor opción: sin pago, la única que puede hacer la
elección será la universidad.
¿Y qué
podemos decir de los futuros profesionales que egresen del nuevo sistema
gratuito? Bueno, las mejores empresas y mejores cargos elegirán nuevamente a
los mejores egresados de las mejores universidades y a los que tengan mejores
redes sociales. O sea, igual que hoy. Sólo que gratis.
Y los cargos
más “rascas” irán a los egresados menos dotados, de las peores universidades y
con menos redes sociales: igual que ahora o aun peor que ahora.
¿Y que
pasará con los “colegios gratuitos”?. Bueno, más o menos lo mismo: los padres
harán cola por meter a sus hijos en los mejores colegios “gratuitos” y estos
van a discriminar (nuevamente) según sus talentos y según sus redes sociales…
como lo que pasa con el Instituto Nacional ahora, sólo que magnificado.
Y no va a
haber cambiado nada de nada: sólo que ahora, en forma gratuita, los mejores
trabajos irán a la misma gente, y las desigualdades seguirán tal cual, sólo que
en forma gratuita y con un alza de impuestos considerable.
La única
forma en que, gratuitamente o no, se vaya acabando la brecha social que tanto
nos duele como sociedad es que haya muchos colegios de alta calidad y muchas
universidades de alta calidad. De esa forma, “los cupos” para optar a mejor
educación -y de última, a trabajos de más calidad- es ampliar la oferta de
buena educación en forma sustancial y que Chile crezca mucho, para aumentar la
demanda por egresados de la educación universitaria: porque si eso no sucede,
“el taco” se va a producir igual, pero más arriba, a nivel de la oferta de buenos
cargos profesionales.
En
definitiva, la gratuidad no corrige la tremenda desigualdad que existe en la
calidad de la educación ofrecida: preescolar, básica, media y universitaria. Y
mientras eso no se corrija, las familias SIEMPRE van a optar por quien les dé
las mejores expectativas profesionales para sus hijos (gratuitas o no, con
“lucro” o sin el). Y las mejores universidades y colegios seguirán
discriminando aún con más fuerza que antes, en base a sistemas de puntajes y a
conexiones sociales. Y las empresas, eligiendo a los mejores egresados de las
mejores universidades, con las mejores redes sociales.
Y la
gratuidad será un beneficio espectacular para los mismos que hoy tienen los
mejores cargos, sólo que ahora será gratuito (como en los años 50 y 60).
Esto es lo
que pasa cuando los eslogan se imponen al buen análisis y a la racionalidad. Es
el drama del retroceso de la gran República Argentina, que viene practicando
eslogan desde Perón en adelante, pasando de país desarrollado a paria del
mercado de capitales. Lo que sucede con Venezuela (en su minuto, junto a Cuba,
los países más ricos de América Latina) y sus acompañantes del Alba.
La verdad
-del tamaño de una catedral- es que sin un fuerte crecimiento económico (a
favor del cual en nada contribuyen las revoluciones tributarias) y sin una
oferta muy amplia de educación de calidad a todos los niveles, el tema de la
brecha social no tiene remedio: y el eslogan de la gratuidad universal sólo
logrará empeorarlo.
Fallida designación de Ministro
de la Corte Suprema.
Es vital que
en la designación de Ministros de Corte no se introduzcan criterios subjetivos
o políticos que puedan afectar la imparcialidad con que los Jueces que aspiren
a la Corte Suprema resuelvan las causas de que conozcan...
Desde el
punto de vista institucional, el bloqueo opositor a la designación del Magistrado
Juan Manuel Muñoz para la Corte Suprema constituye una de las más graves
afectaciones a la autonomía del Poder Judicial de los últimos años. En este
caso, un sector de la oposición en el Senado vetó la propuesta Gubernamental
fundamentalmente por haber acogido este Ministro ciertos recursos de amparo en
el importante proceso en que se investiga la muerte del ex Presidente Eduardo
Frei Montalva. Incluso ha ocurrido que el Senador a quien más afectaba la
situación, y que funda el rechazo en que el Ministro nominado falló de una
determinada manera en el juicio que se sigue sobre la muerte de su padre, fue
clave para que fracasara esta designación. Todo esto constituye una clara
interferencia del poder político en una causa en trámite, con grave daño para
la imagen y la independencia de la judicatura, algo muy negativo en sí mismo y
cuyos efectos se extienden más allá de un proceso en particular, pues sienta un
inquietante precedente para situaciones futuras similares en cualquier área.
Como lo ha
consignado este diario, lo ocurrido en el Senado ha recibido un transversal
rechazo de la comunidad jurídica, llegando incluso a cuestionarse la
conveniencia de que la Cámara Alta siga interviniendo en los procesos de
designación de Ministros del máximo Tribunal. Cabe recordar también que a
comienzos de año el Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, en su
discurso de inauguración del año judicial, haciendo una referencia inequívoca a
este caso, formuló un enérgico llamado a que se respetara la independencia del
Poder Judicial, que estimó gravemente amenazada por los cuestionamientos
producidos en el nombramiento de Ministros de la Corte Suprema. En esa
oportunidad hizo expresa referencia al artículo 76 de la Constitución, que
dispone que "ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en
caso alguno (...), avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o
contenido" de las resoluciones de los Tribunales de justicia. En el mismo
sentido se pronunció recientemente el Presidente de la Asociación Nacional de
Magistrados, Rodrigo Cerda, quien advirtió sin ambages que, en semejante
cuadro, esta "decisión es preocupante y peligrosa, porque cualquier Juez
en una causa emblemática puede tomar una decisión que le cause menos perjuicio
a (su) carrera judicial, (en vez) que decidir de acuerdo a las Leyes, como lo
ordena la Constitución".
Ante este
veto -luego de meses de infructuosas conversaciones y con otros tres
nombramientos de Ministro de la Corte Suprema pendientes-, el Gobierno decidió
finalmente retirar el nombre del Ministro Juan Manuel Muñoz y no llevarlo a
votación. En su reemplazo propuso al Magistrado de la Corte de Apelaciones de
San Miguel Ricardo Blanco. Aunque desde una perspectiva pragmática pueda
entenderse esta decisión Gubernamental, por una cuestión de principios y de
firme ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, el camino correcto debió
ser no claudicar y llevar este caso a votación. Así hubiesen quedado de
manifiesto y con nítida claridad ante la ciudadanía el actuar y los argumentos
de los Senadores, sin que se diluyeran las responsabilidades del Ejecutivo y
del Senado.
Urge
reivindicar y fortalecer la independencia de nuestro Poder Judicial, para lo
cual es vital que en los procesos de designación de Ministros de Corte no se
introduzcan criterios subjetivos o políticos que puedan afectar la
imparcialidad con que los jueces que aspiren a la Corte Suprema resuelvan las
causas de que conozcan.
Creación del nuevo Ministerio
de la Cultura.
El Gobierno
presentó el proyecto de Ley mediante el cual busca crear una nueva
institucionalidad para el fomento de la cultura y la protección del patrimonio,
uno de cuyos ejes será la creación de un Ministerio de la Cultura, el cual
vendrá a reemplazar al actual Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
(CNCA). La iniciativa contiene aspectos valorables, especialmente porque ordena
la actual dispersión de instituciones que intervienen en materia cultural. Sin
embargo, también encierra el riesgo de que en la nueva institucionalidad prevalezcan
visiones que respondan a los intereses de ciertos grupos de presión, lo que
podría conducir a que la política cultural adquiera un sesgo dirigista y que se
aleje de un justo reflejo de las distintas sensibilidades y expresiones
creativas que surgen en la sociedad.
El actual
marco institucional que rige en materia cultural necesitaba ser corregido, pues
en él conviven múltiples instituciones y burocracias cuyos respectivos campos
de acción inevitablemente se superponen o no siempre responden a un sentido de
integralidad. La creación de un Ministerio de la Cultura permite contar con una
estructura a partir de la cual debieran ordenarse las demás instituciones, y
cabe esperar que el hecho de que exista un Ministro de Estado -sin perjuicio de que actualmente el Presidente
del CNCA tiene también el rango Ministerial- le permita hacer oír su voz de
manera más efectiva dentro de las políticas de Gobierno. Eso no significa que
automáticamente logrará poner en la agenda Gubernativa las prioridades
vinculadas a su sector, porque ello dependerá de la eficacia con que logre
justificar su relevancia y los programas diseñados para llevarlas a cabo.
El proyecto
que se ha presentado crea el ministerio y su respectiva subsecretaría, y
establece dos servicios relacionados: un Instituto de Fomento de las Artes y
las Industrias Culturales, y la Dirección de Patrimonio Cultural, que reúne a
la Dibam y el Consejo de Monumentos Nacionales. Adicionalmente, establece un
Consejo Nacional de la Cultura y el Patrimonio, que tendrá la delicada misión
de aprobar políticas quinquenales. Se mantienen los consejos sectoriales del
libro, música, audiovisual y monumentos nacionales, y se crea un nuevo fondo
del patrimonio, entre varias otras modificaciones. La nueva estructura tiene la
ventaja de que ordena la institucionalidad cultural, hoy claramente dispersa,
pero mantiene la existencia de numerosos organismos -sin perjuicio que estarán
dentro de un Ministerio-, lo que no garantiza que desaparezcan del todo los
problemas de superposición de funciones y que se gane en eficiencia y buen uso
de los recursos Fiscales.
El nuevo
Consejo de la Cultura debería tener una función relevante en la nueva
institucionalidad. Como continuador del actual directorio del CNCA, sus
políticas serán vinculantes, y cabe aquí analizar con más detalle cómo será la
interacción con la figura Ministerial, la que podría verse debilitada frente a
las atribuciones del nuevo consejo. Su futura composición profundiza la
presencia de personeros no ligados al Gobierno de turno o de designación
directa del Presidente de la República, lo que parece razonable, pero resulta
indispensable que el nuevo consejo mantenga una pluralidad de visiones y una
voluntad de amplio criterio, lo que debería garantizar que las políticas culturales
no terminen siendo capturadas por grupos de interés. Es relevante que el Ministerio
y el nuevo Consejo también se muestren abiertos a recibir los aportes y
contribuciones del sector privado, cuya contribución es esencial en la
promoción de la cultura, como es posible apreciar en los países desarrollados.
Una nueva industria posible
para Chile.
Nueva Zelandia
y Singapur, entre otros, han hecho de la industria turística uno de los pilares
de su economía. Tal estrategia es acertada, pues con una política sustentable
esta industria no corre el riesgo del agotamiento de recursos..
Las cifras
del turismo en 2012 fueron muy positivas: los visitantes aumentaron 13% (ya son
casi 3,5 millones). El inicio de 2013 fue más pausado: durante el primer
trimestre llegaron 1,19 millones de turistas extranjeros (en igual período de
2012 ingresaron 1,17 millones), pero el número de visitantes extranjeros entre
enero y febrero cayó 5,6% respecto del año anterior. Es cierto que 2012 fue un
récord para el turismo en Chile, por lo que sus cifras serán difíciles de
superar, pero aun así este tema demanda atención.
La
Subsecretaría de Turismo identifica causas temporales para dicha baja, tales
como la celebración del carnaval de Brasil en febrero y no en marzo, como es
usual. Pero la principal razón fue la llegada de menos turistas argentinos
debido a las restricciones cambiarias en su país. En contrario, el feriado
argentino extendido a seis días en Semana Santa multiplicó las visitas de ese
origen, beneficiando a todos los rubros turísticos. Los argentinos representan
el 46% de los visitantes que Chile recibe anualmente. Por tanto, cualquier
política argentina que merme su calidad de vida y poder adquisitivo (alza de
inflación, restricción a compra de dólares y tantas otras) seguirá afectando a
la industria turística chilena. Esto recuerda que el impacto de las políticas
económicas de los países vecinos va más allá de las empresas o los proyectos de
inversión y, siendo así, es necesario que nuestro país reenfoque su estrategia
turística.
El diseño
presentado este año por el Gobierno busca aumentar la importancia del turismo a
6% del PIB hacia 2020 (en 2011 aportó el 3,2%, y se cree que la cifra para 2012
será similar). Para lograrlo, se plantea aumentar el número de turistas
extranjeros de 3,5 millones en 2012 a 4 millones en 2014, y a 5,4 millones en
2020, generando 40 mil nuevos empleos directos y 160 mil indirectos, meta que
será muy difícil de cumplir si el número de turistas argentinos bajara debido a
las restricciones. Esto supone -como se ha anticipado por los especialistas
hace dos décadas o más- que nuestro turismo debe dejar de depender de los
países vecinos. Tampoco basta promocionar las fortalezas del país para atraer
más visitantes, sino que debe apuntarse a aumentar los recursos que aquellos
estén dispuestos a gastar durante su estada en nuestro territorio. El turista
tipo gasta en Chile 68,5 dólares diarios, mientras que en Perú los visitantes
dejaron el año pasado, en promedio, 160. Se aspira a aumentar su gasto promedio
en 50%.
Los alemanes
son los que más gastan en los países de destino, seguidos por estadounidenses,
chinos, franceses e ingleses. Son visitantes dispuestos a pagar por mejores
servicios, precisamente el punto más débil del turismo chileno. Una encuesta de
Sernatur realizada en 2011 a más de dos mil turistas extranjeros reveló que
mientras la mayoría se declaraba satisfecha con los paisajes, hoteles e
infraestructura, las principales quejas apuntaban a la falta de información, la
relación precio-calidad de los servicios y, lo más grave, la falta de manejo de
otros idiomas del personal que labora en esta industria. Por ejemplo, es
injustificable que el Museo Histórico Nacional no tenga traducción de sus
textos al inglés.
En
contraste, países como Nueva Zelandia y Singapur, entre otros, han hecho de la
industria turística uno de los pilares de su economía. Tal estrategia es
acertada, pues con una política sustentable esta industria no corre, como
otras, el riesgo del agotamiento de recursos, en particular si se consideran
los millones de turistas adicionales que salen al mundo desde los países
asiáticos erigidos en grandes potencias económicas. La dinámica inversión en
proyectos hoteleros en Chile durante el segundo semestre de 2012 que ha
reportado la Cámara Nacional de Comercio -más de 1.300 millones de dólares-
responde en parte a una conciencia creciente de este potencial. Pero las
frecuentes críticas al mal servicio en restaurantes y hoteles chilenos denotan
una insuficiente profesionalización en este sector que es preciso superar.
Desarrollar en Chile una industria turística sólida requiere una mayor y mejor
oferta de servicios, con estándares internacionales y personal calificado. La
promoción es solo una pequeña parte.
Desorden presupuestario en
Fiscalía Sur.
Una
auditoría realizada por la Fiscalía Nacional detectó desórdenes presupuestarios
y errores de planificación en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, situación
que originó un sumario al interior de esta última, para determinar las
responsabilidades por lo ocurrido. Esta situación, según determinó el análisis
encargado, habría generado un déficit de $ 80 millones para este año en dicha Fiscalía,
cuyo presupuesto anual es de $ 1.800 millones. El hecho es inquietante, pues
reitera la existencia de problemas de gestión en esta repartición pública, los
que deberían ser abordados a través de una revisión profunda de sus procesos
internos, para no afectar las delicadas funciones de persecución del delito que
le han sido encomendadas.
No es
primera vez que se detectan anomalías administrativas al interior del
Ministerio Público. Cabe recordar la investigación que se hizo hace unos meses,
a propósito de la acusación de adulteración de datos relacionados con el
desempeño de los funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro
Norte, asunto que tenía incidencia en la entrega del bono por cumplimiento de
metas.
Una entidad
que ha defendido con fuerza su autonomía institucional -tanto en el manejo de
recursos como en la rendición de cuentas- debe ser capaz de conducirse con
transparencia y prolijidad en el ejercicio de sus labores. Consistente con ese
objetivo, se entiende como una señal positiva que el Ministerio Público haya
iniciado una auditoría para detectar la magnitud del desorden presupuestario en
la Fiscalía Sur y adoptara medidas correctivas. No obstante, para evitar que
situaciones como estas se repitan es necesario que el órgano persecutor
refuerce sus sistemas de control interno, de manera que esos mecanismos no sólo
lo alerten de posibles deficiencias, sino que también le permitan actuar
preventivamente.
Una carta para la reflexión.
Señor
Director:
Carencias de la clase
política.
En los
tiempos que corren, un político que no entienda qué es el equilibrio ambiental
y los ecosistemas, y en el ejercicio del poder dé reiteradamente garantías a
quienes explotan irracionalmente nuestros recursos naturales, y entrega en
propiedad el "agua", elemento vital, a empresas mineras y otras en
desmedro de la población, no puede ser considerado un buen político, ni
siquiera un patriota.
Un político
que no tenga un concepto claro del aspecto valórico y formativo de la educación
y se haya formado una idea solo instrumental de la función que esta cumple en
la sociedad, no puede ser un buen Gobernante, aunque ofrezca un ambicioso
programa para el desarrollo del país.
Todos
nuestros Gobernantes han demostrado en su gestión que para ellos el desarrollo
tiene como meta un constructo económico y tecnológico ideal que se programa
entre cuatro murallas, con prescindencia del soporte natural que hace posible
nuestra vida en la Tierra. Ellos solo ven el "país", esto es, un
sistema que subordina a él la naturaleza y los mismos hombres, masificados para
servirlo, al precio de una pobre vida y en la total inconsciencia.
Cuando
nuestros Gobernantes hablan de calidad de la educación y de excelencia
académica, no se están refiriendo a los niños ni a los jóvenes que asisten a
los colegios y a las universidades, solo están pensando en su futura inserción
en el mercado laboral para "servir al país".
Así muestra
Chile la hilacha de su subdesarrollo cultural y psicológico, pues, debido a su
poca o nula cultura humanística, nuestra clase política carece de respuestas
para satisfacer las crecientes inquietudes humanas de nuestros niños y jóvenes,
a quienes, en el ámbito valórico y formativo, la educación media y superior
abandonan a su suerte, justamente no lo que ellos consideran esencial para su
existencia como seres humanos, con necesidades básicas, psicológicas y
espirituales.
Quizás es
por eso que hoy la así llamada "conciencia crítica de la sociedad"
que antes la universidad reclamaba para sí, se ha desplazado hacia la calle.
