Bachelet y su bienvenida al PC,
por Gonzalo Müller.
Dos versiones sobre una decisión. El Partido
Comunista, por primera vez desde el regreso a la democracia, apoya a la
precandidata de la Concertación, Michelle Bachelet, en las primarias legales
del 30 de junio, y ella misma, luego de reunirse con los dirigentes de esa
colectividad, sale a aclarar que esto no es una transacción, ni mucho menos un
giro a la izquierda. Esto, al tiempo que el Diputado Teillier, dirigente máximo
del partido, advierte sobre la coincidencia en avanzar hacia una asamblea
constituyente y la necesidad de respetar los acuerdos Parlamentarios que le
permitirían a sus postulantes al Congreso ser designados directamente y sin
primarias.
Estas versiones encontradas revelan que el
Partido Comunista ha tomado su decisión no sin dificultades internas, porque en
varios puntos implica que algunos de sus liderazgos más públicos, como Camila
Vallejo, se tengan que desdecir de casi todo lo dicho en relación con Bachelet:
que no era su candidata, que no habría apoyos a personas sino a programas y que
estaban disponibles para participar en primarias y no ser designados por
decisiones entre cuatro paredes, como finalmente está ocurriendo. Por eso, al
ser evidentes los costos, el Presidente del Partido Comunista tenía que hacer
evidentes también los beneficios, por lo que no son casuales sus frases
haciendo referencia a lo obtenido en lo programático y en cupos Parlamentarios.
No deja de llamar la atención que la candidata
de la izquierda, representante del PS-PPD-MAS-IC y ahora del PC, haya preferido
asumir los costos que su acercamiento a los comunistas implican frente al
electorado de centro y moderado, y no hubiera estado dispuesta a hacerlo para
rescatar al que parecía su socio político más importante, Camilo Escalona.
Pareciera que la apuesta hoy es contener a la izquierda extra-Concertación de
la mano del PC y no ya desde el Partido Socialista, reconfigurando la
importancia que la propia Bachelet le da al rol comunista como garantía de
contención ante demandas sociales y políticas de ese mundo.
Como en toda decisión esencialmente pragmática,
la clave de su éxito estará en saber administrar las tensiones que ella
implica. Sin duda, las habrá en el PC y en el resto de la izquierda que se
anida más en los movimientos sociales que en los partidos, porque es una
primera señal de contención y desmovilización tal cual lo vivieron en los
primeros años de la Concertación. Ellos buscarán hoy espacio para sus ideas en
otras candidaturas alternativas, pero fuera de la mesa donde se tomen las
decisiones. Y es precisamente este último elemento el determinante en la
negociación del PC: su vocación de dejar lo testimonial para apostar a
incorporarse derechamente al poder establecido.
Párrafo aparte merece la situación de la DC.
Gracias a las primarias y a tener un candidato propio distinto a Bachelet, nada
tuvo que decir de esta incorporación, resistida políticamente durante varios
años y que les genera una fuerte tensión con su electorado, la que sí se
sentirá a partir de julio, cuando ese electorado se quede sin candidato.
De cualquier forma, las aclaraciones etéreas de
Camila Vallejo y del resto de los que no quieran compartir o socializar los
costos de su incorporación se irán acallando para dar espacio a la realidad de
este acuerdo, en la medida en que se multipliquen los gestos, se acojan las
propuestas del PC y se les incorpore en toda la línea de decisión programática
y política de la campaña de Michelle Bachelet. La lectura de la candidata es
clara: el país al que vuelve es distinto al que Gobernó hace cuatro años, y
ella, quien tampoco es la misma, empieza a demostrar cómo interpreta y se
adecua a esos cambios.
A salto de mata,
por Joaquín Fermandois.
El historiador hispano-irlandés Ian Gibson ha
dicho sobre la España del siglo XIX "que nunca tuvo un momento de paz,
siempre ha estado a salto de mata todo el siglo XIX. Las Cortes de Cádiz (1812),
que ahora se van a celebrar, elaboraron una de las Constituciones más modernas
de Europa, tal vez la más avanzada". Ponía de relieve que España era
también capaz de estar a la vanguardia de muchos desarrollos asociados a la
modernidad.
Al leerlo, me vino en cambio a la mente una
comparación de matiz desalentador con América Latina, a la luz de la
experiencia española: una serie de crisis y guerras internas desde la invasión
napoleónica hasta mediados del siglo XX, una historia tan representativa para nuestra
región, una versión adelantada de las recurrentes crisis de América Latina.
La Madre Patria, en cambio, por las
transformaciones sociales, económicas y culturales desarrolladas a partir de
fines de la década de 1950, sentó las bases para la increíble consolidación de
la nueva España, de la democracia y de su mayor europeización, desde la muerte
de Franco en 1975. Incluso es de presumir que la grave crisis actual -en
algunos aspectos, parecida a la de Chile en 1975 y 1982- no va a crear un
descalabro ni a retrotraer las cosas a fojas cero. El tema es que por siglo y
medio de evolución temblorosa de España, parecía que en la segunda mitad del
siglo XX se había arribado a una maduración en la actitud política y
socioeconómica. ¿Qué sucedió en el siglo y medio anterior?
Es probable que se haya tratado de la misma
dicotomía entre el decir y el hacer; entre, por una parte, el lenguaje con el
cual se discurrían los problemas y las perspectivas, lleno de felices atisbos
de originalidad y en ciertos casos de belleza retórica, y que, por otra parte,
no se condecía con la capacidad de organizar la vida en común, que es aquello
en que, en lo básico, consiste una sociedad.
José Ortega y Gasset se puso como meta enseñar
a pensar para aplicarse mejor a los problemas contemporáneos de España. En su
genial "Prólogo para franceses" (1937) a una nueva edición de
"La rebelión de las masas", rumiaba estoicamente su decepción,
mientras en su patria los dos bandos competían por fusilarse mutuamente; se
había esfumado ese perfume de espíritu liberal fusionado al genio práctico, que
está en la base de toda democracia que se respete. Tema sobre el cual hay que
meditar en un continente como el nuestro, plagado en su historia de
refundaciones y de lenguaje heroico en la apariencia, aunque es de sospechar
que en el fondo predomina la frivolidad intelectual. De ahí la sucesión de Constituciones,
ninguna perfecta porque no existe ni existirá ese espécimen de carta magna.
Lo mismo en la historia Constitucional de
América Latina. Sucesión de planes, en sociedades que han tenido y muestran
tantos signos alentadores, a la vez hundidos sus pies en el fango de la
retórica vacua, con esa dificultad endémica por lograr que la palabra juegue de
manera creativa con el obrar en el desarrollo de las instituciones. Ecuador,
con Rafael Correa, sacó con gesto de mago la 20ª Constitución, y seguirán más,
sin duda (me temo que es tercera vez que en estas páginas aludo a este ejemplo,
pero ¡es tan patético!).
Chile no lo ha hecho mal, ya que la de 1833 fue
precedida por varias; la de 1925 siguió a largos años de discusión y a una
intervención militar; y la de 1980 quiso también refundar al país, aunque en la
recuperación de un centro perdido, las principales fuerzas se entendieron en
torno a sus parámetros, no sin sostenidos cambios desde entonces. ¿Por qué no
tomar lo que de ella ha funcionado -y funcionado bien-, y acotar de manera
estricta lo que haya que reformar, y no andar a salto de mata?
Los debates que necesitamos,
por Patricio Zapata.
Cuándo decimos que Chile es una república
democrática, no estamos solamente definiendo la forma de nuestras instituciones
políticas. Estamos identificando y proclamando, además, uno de los valores que
debe regir nuestra convivencia. Esto es, la idea según la cual todos estamos
llamados a tener igual voz y voto en las decisiones fundamentales de la
comunidad.
El valor de la igual dignidad de todas las
personas y el derecho al autogobierno que se sigue del mismo, son entonces el
núcleo del ideal de la democracia. Ahora bien, ese autogobierno de personas
iguales supone, entre otras cosas, los derechos a tener opinión, a difundir esa
opinión y a cambiar de opinión. Así, la democracia, junto con asegurar que se haga la voluntad de
la mayoría, debe contemplar arreglos institucionales hospitalarios con el tipo
de encuentro colectivo que permite la formación de una autentica opinión
pública y que, eventualmente, hace posible que las minorías del presente puedan
devenir en mayorías del futuro.
El encuentro colectivo a que aludimos recién
requiere, a su vez, la existencia de una esfera pública, que es el espacio
donde se reúnen y procesan los distintos intereses y visiones propios de una
sociedad plural. Si bien la esfera pública puede asociarse a espacios físicos
concretos y determinados (p.e. el Agora y la colina Pnyx en la Atenas de
Pericles; el hemiciclo Parlamentario, los salones y los cafés de la burguesía
decimonónica; o las sedes sindicales, plazas, patios y paraninfos universitarios
del siglo 20), ella comprende, en verdad, todo y cualquier medio que sirva para
que grupos amplios de personas emitan y/o reciban comunicación (diarios, radio,
televisión e internet).
En los meses que vienen deberemos tomar como
país determinaciones trascendentales. Quisiera enfatizar la enorme
responsabilidad que tienen los medios de comunicación a efectos que dichas
decisiones no sólo se adopten en un contexto de libertad, sino que además sean
el fruto de una ciudadanía informada. El
desafío para los medios de comunicación consiste, entonces, en superar la
lógica tóxica de las cuñas de Twitter y se aboquen a entregar antecedentes que
ayuden a entender los problemas, y que
otorguen espacio suficiente y equitativo para que puedan transmitirse los
planteamientos más de fondo.
En este contexto, debe valorarse que medios
como éste hayan decidido incluir
secciones de debate de ideas de una extensión suficiente que le permitan al
lector interesado ilustrarse debidamente. En la misma línea, cabe esperar que
los programados debates televisivos previos a la elección primaria constituyan
efectivas instancias de contrastación de puntos de vista y no la simple
presentación secuencial de discursos. Sería interesante, además, que esos
debates de televisión consideren fórmulas interactivas que fuercen a los
precandidatos a responder preguntas inesperadas y difíciles. Sólo de esa manera
estaremos garantizando una esfera pública que sirva efectivamente a nuestra
democracia.
Reflexiones de la Concertación.
Los papeles se han alternado: mientras los dos
candidatos Presidenciales de la Coalición por el Cambio se proponen continuar
la obra del Gobierno, ahora es la Concertación la que enarbola la bandera del
cambio. No hay aún mayor precisión acerca de la naturaleza y alcance de tales
reformas, pero se anticipa que serían "de fondo". Por eso reviste
notorio interés el documento elaborado por cuatro centros de estudios de
centroizquierda, el cual resume los debates sostenidos por una treintena de
conocidos expertos afines a ese sector político.
Más que el contenido específico de los
planteamientos, lo que sorprende es su tono. Aunque muchos de los integrantes
del grupo desempeñaron importantes funciones en los Gobiernos de su coalición,
son abiertamente críticos del estado actual del país. Sus críticas se dirigen
no solo contra las iniciativas impulsadas por la presente administración, sino
muy especialmente al modelo económico, político y social que nos rige. Como en
la construcción, mantenimiento o perfeccionamiento de muchas de sus piezas
trabajaron los Gobiernos de la Concertación durante 20 años, y a muchos
respectos con logros valiosos para el país, semejante viraje exige una
explicación.
Ocupa un lugar central en el documento la idea
de una nueva Constitución. Cuando el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle asumió esa
propuesta en su campaña Presidencial de 2009, fue recibida con frialdad. Hoy,
sin embargo, se enuncia como crucial, al punto de que solo tal cambio -se
afirma- haría posibles las reformas económicas y sociales que se conciben. Pero
las opiniones de los expertos parecen divergir ampliamente sobre el cómo
materializar ese proyecto dentro de los cauces institucionales. Si los cambios
de fondo que se proponen suponen una nueva Constitución, podrían fácilmente
terminar encajonados en un callejón sin salida.
En lo estrictamente económico, los expertos
concuerdan en la necesidad de una reforma tributaria, esto es, un alza de la
carga tributaria, que uno de ellos sitúa en 3 a 4% del PIB. No se precisa
mayormente el destino que se daría a tales recursos, cuáles serían los tributos
aumentados ni con qué velocidad. El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha
llamado la atención sobre el daño que ello podría ocasionar sobre el crecimiento
económico. Pero, en verdad, sin conocer los proyectos concretos a financiar, es
difícil apreciar el impacto de tal propuesta.
Algunos de los economistas citados en el
documento parecen justificar el incremento tributario no tanto para abordar
nuevos gastos, sino para corregir lo que ven como una inconveniente dependencia
del cobre para el financiamiento Fiscal. Esa preocupación es válida y denota un
saludable llamado a la prudencia en el manejo del erario público. Pero llama la
atención que no adviertan que ello no proviene sino del rápido crecimiento del
gasto público durante el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet, en el que subió
5% del PIB. En otras palabras, lo que estos expertos nos están advirtiendo es
que llegó la hora de pagar esa cuenta.
Concuerdan también los economistas de
centroizquierda en que es importante mantener el crecimiento a buen ritmo. Pero
su visión de lo realizado por el actual Gobierno es muy negativa. Por ejemplo,
basados en antecedentes de 2010-2011, niegan todo aumento de productividad,
cuando es obvio que tal período está influido por el terremoto. No se advierte,
en cambio, que si no fuese por una mayor productividad, la expansión económica
en efecto registrada necesariamente habría provocado mucha más inflación.
Abogan por una política industrial activa para impulsar la inversión y la
productividad, pero omiten mencionar que tales políticas siempre actúan a
través de subsidios o franquicias tributarias para los sectores seleccionados y
sus respectivas empresas. La experiencia sugiere que hay buenas razones
económicas y políticas para preferir la Ley pareja y la libre competencia por
sobre la discrecionalidad Estatal.
Equívocos y ausencias en debate sobre drogas.
Una singular coincidencia de hechos noticiosos
(la publicitada detención de figuras vinculadas al espectáculo a raíz de un
supuesto caso de tráfico de marihuana, la difusión de las propuestas del grupo
Res Publica sobre el tema y, a nivel internacional, la entrega por parte de la
OEA de su informe sobre «El problema de la droga en las Américas») ha suscitado
en nuestro país un debate que no ha estado exento de equívocos, en los que
incluso han incurrido algunas autoridades. Entre tales equívocos, uno que llama
la atención es la confusión que se ha generado entre los conceptos de
despenalización del consumo y legalización de la droga. Respecto del primero de
ellos, aparece en el documento de la OEA como una posibilidad dentro de un planteamiento
más amplio, que apunta a enfrentar el consumo como un problema de salud pública
más que como un asunto de política criminal. En cuanto a la legalización —esto
es, abrirse incluso a que la oferta de drogas sea legal—, el documento se
limita a presentar algunos pros y contras de la idea, sin pronunciarse respecto
de ella.
Curiosamente, aunque Chile es uno de los 12
países del hemisferio que ya recogen esa diferenciación y no sancionan el
consumo privado, la discusión abierta en el país ha tendido a ignorar este
punto. Se ha generado así un debate confuso, en que aparecen enfrentadas
posiciones más o menos restrictivas o «liberales», sin que la opinión pública
tenga claridad respecto de lo que efectivamente se plantea. Por ello sería
positivo que quienes propugnan un cambio en nuestras actuales normativas
precisaran exactamente a qué apuntan. Ello pasa por definir tanto los alcances
de una eventual legalización (¿sólo la marihuana o también otras drogas?) como
lo que ella significaría en términos de opciones de oferta eventualmente
aceptables (¿Autocultivo? ¿Entrega de dosis por parte del Estado? ¿Existencia
de un mercado más o menos regulado?). Se trata de preguntas cuyas respuestas
pueden tener implicancias de altísima trascendencia, y respecto de las cuales
las limitadas experiencias internacionales en esta materia están lejos de
entregar resultados concluyentes.
Pero aparte de la necesidad de precisión, un
debate serio requiere, como elemento básico, partir asumiendo la realidad de
Chile como país que ostenta algunas de las tasas más altas de Sudamérica en
consumo de marihuana, cocaína y pasta base; donde respecto de la primera de
ellas la prevalencia de consumo entre escolares ha venido creciendo hasta
llegar al 19,5% en 2011; en que (según un estudio de Paz Ciudadana) seis de
cada 10 detenidos sorprendidos en delito dan positivo en el examen de drogas, y
en el cual, por otra parte, si bien el fenómeno del narcotráfico no alcanza con
mucho la magnitud de otras naciones, sí está degradando sensiblemente la vida
en distintos sectores poblacionales. Cualquier propuesta de cambio Legislativo
debiera, a partir de estos datos, hacerse cargo de la pregunta de si, producto
de él, tales problemas encontrarán un mejor cauce de solución o simplemente se
agudizarán. De nuevo, las respuestas aquí no son concluyentes, lo que no sólo
hace más compleja la discusión, sino que pone de relieve la importancia de, al
hablar de la droga, abordar también materias tal vez menos llamativas
comunicacionalmente, pero de importancia crítica, como las políticas de
prevención y rehabilitación, generalmente ausentes de estos debates.
¿Nulidad de derecho público?
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha
acogido a tramitación un recurso de protección presentado bajo su propio
patrocinio por dos abogados de Concepción en favor del ex Ministro de Educación
Harald Beyer, a quien dicen no conocer, por estimar que su destitución fue
ilegal y arbitraria, provocando una violación de sus derechos Constitucionales.
Añaden que la Cámara de Diputados no "entabló" una acusación contra
él y que el Senado no fundamentó su resolución. Tras este pronunciamiento de la
Corte, el Senado deberá emitir un informe sobre la acusación Constitucional
aprobada por él. Esta inédita situación ha dado lugar a opiniones muy variadas
de los especialistas.
Así, el profesor Pablo Rodríguez Grez ha
sostenido que si bien debe respetarse la separación de los poderes del Estado,
ninguno de ellos puede apartarse de lo que manda la Constitución ni incursionar
en cuestiones que no le han sido asignadas expresamente. Por tanto -estima-, la
acusación Constitucional contra el referido ex Ministro ha incurrido en un
vicio de nulidad insanable, sancionado en la misma Constitución, como
"nulidad de derecho público" (arts. 6° y 7°). Plantea que ninguna de
las infracciones aducidas para acusar corresponde a las funciones del Ministro
de Educación y, aún más grave, ellas no se hallan justificadas en el libelo ni
en el informe de la comisión (art. 38° de la Ley Orgánica Constitucional del
Congreso). Y concluye que "la Cámara de Diputados obró al margen de sus
atribuciones y facultades, y lo propio ocurrió en el Senado, con el agravante
de que las razones expresadas por cada Senador al decidir su voto no tienen
relación ninguna con la materia que debió debatirse". Sostiene que
"corresponde a los Tribunales ordinarios reconocer esta nulidad y dejar
sin efecto la sanción accesoria impuesta al acusado, según la cual "no
podrá desempeñar ninguna función pública (...) por el término de cinco
años".
El profesor Miguel Otero observa que se trata
de una nulidad procesal de derecho público porque el Senado actuó como Tribunal
y, como tal, está sujeto a la garantía Constitucional del debido proceso y al
estricto cumplimiento de las normas procesales, y, en ese mérito, la nulidad
debe solicitarse ante un Tribunal ordinario y solo la puede pedir el afectado.
Otros constitucionalistas, en privado, y ante
el grueso error en el petitorio del escrito que invocó Leyes aplicables al
Ministerio del Interior y no de Educación para destituir a Beyer, ya habían
sugerido el camino de la nulidad de derecho público. El fundamento central de
esta alegación es que el Senado, al decidir una acusación, debe ceñirse a la
lógica de un Tribunal, para el que un error en el petitorio impide acoger la
destitución, so pena de desborde inconstitucional de atribuciones. Cabe
advertir, sí, que las Cortes no acogen nulidades de derecho público si el
interesado no las promueve, que es el caso actual.
En contrario, otros sostienen que impugnar la
sentencia dictada en el juicio político es un "profundo error".
En esta inesperada controversia, las
resoluciones que emitan tanto el Senado como la Corte de Apelaciones de
Valparaíso sentarán precedentes interesantísimos para nuestro ordenamiento Constitucional.
Sanciones a Pascua Lama.
La Superintendencia de Medio Ambiente decidió
aplicar una multa de US$ 16,5 millones a Pascua Lama por grave incumplimiento
de la normativa medioambiental. Esto, luego que la compañía a cargo del
proyecto minero, emplazado en la cordillera de la Tercera Región, reconociera
22 de los 23 cargos que le había formulado recientemente el organismo
fiscalizador, entre otros, por el manejo inadecuado del plan de protección de
aguas. Dichos antecedentes fueron remitidos ahora al Consejo de Defensa del
Estado, para que éste determine si corresponden eventuales indemnizaciones al
Estado chileno en virtud de los perjuicios ocasionados.
La sanción pecuniaria dictada, que va
acompañada de la suspensión de los trabajos hasta que la compañía realice las
inversiones exigidas por la autoridad para revertir las falencias detectadas,
se ajusta a lo establecido en la Legislación nacional en esta materia y supone una
señal contundente de que en nuestro país los proyectos que se desarrollen
-cualquiera sea su naturaleza- tienen la obligación de respetar el marco
regulatorio vigente y, a la vez, ser responsables con el cuidado del
medioambiente, especialmente cuando se trata de iniciativas de alto impacto,
como es el caso de Pascua Lama. Es positivo que así lo asuma la empresa, que si
bien en un principio se mostró reacia a reconocer los cargos presentados en su
contra, anunció que acatará la resolución de la Superintendencia y que
destinará US$ 29 millones para realizar las obras solicitadas.
Cabe esperar que lo ocurrido sirva de ejemplo
para que hechos similares no se repitan a futuro, pues como queda demostrado en
este caso, vulnerar la institucionalidad medioambiental puede terminar teniendo
un alto costo económico y de imagen para quienes la transgredan.
Eliminación de visa a EE.UU.
El Embajador de Chile en EE.UU. ha anunciado
que el proceso para la eliminación de la visa de turista a Estados Unidos
avanza, y afirmó que para 2014 esto será una realidad. El proyecto para la
eliminación de la visa a ese país fue lanzado a fines de 2010 con el respaldo
de la Cancillería, y exige compromiso y coordinación de diversos servicios
públicos. Como lo explicó el Embajador, el último avance de Chile se registra
en el alza de la tasa de reporte a Interpol de pasaportes perdidos, uno de los
requisitos de la Ley estadounidense y que nuestro país debía mejorar. En enero
de aquel año, este diario dio cuenta del comienzo de las tratativas con EE.UU.
para este proyecto por parte del entonces plenipotenciario en esa sede Diplomática,
quien le imprimió fuerte impulso durante los dos años de su gestión, período en
el cual se anotaron avances en el posicionamiento del tema, en la fuerte
reducción de la tasa de rechazo de visas solicitadas por chilenos -requisito
crucial ante la Ley estadounidense- y en la negociación de los dos convenios de
intercambio de información que exige el programa Visa Waiver .
Hacia comienzos de 2012, se estimaba que el
acceso de Chile se lograría en un plazo aproximado de dos años, de continuarse
con el trabajo Diplomático, jurídico y técnico necesario. El actual Jefe de
misión confirma ahora este calendario estimativo, y da cuenta de diversos
avances concretos bajo su responsabilidad, lo que es motivo de satisfacción
para el Gobierno y el país. Chile sería el único estado latinoamericano en
adquirir el carácter de Visa Waiver Country en EE.UU. -y el primero en los
últimos 15 años-, lo que envuelve un reconocimiento a la confiabilidad de sus
ciudadanos que viajan al exterior.
Este proyecto de eliminación de la visa de
turista a Estados Unidos para chilenos puede parecer un tema menor, pero es
valioso desde varias perspectivas. En primer lugar, es una demostración
concreta de manejo como política de Estado. Diversos y sucesivos funcionarios
en distintos Ministerios han orientado su trabajo a la obtención de un objetivo
internacional que interesa al país, con independencia de personas determinadas.
Desde el Consejo para la Transparencia hasta el Ministerio del Interior, el
Registro Civil y, desde luego, la Cancillería, han formado equipos de trabajo
al servicio del proyecto. Es posible que esto se haga especialmente visible si
el ingreso final de Chile se hace en 2014, durante el próximo Gobierno, y no en
la actual administración. De suceder así, sería la prueba de que iniciativas
visionarias de esta naturaleza son objetivos internacionales positivos de
Estado, de largo plazo, como lo fue el TLC en los años 90, y resultan apoyadas
por Ministros, Diplomáticos y Gobiernos distintos, para el bien común de Chile.
La eliminación de esta visa será, además, un
paso considerable de integración, al favorecer el libre movimiento de personas
entre dos países cuya libre circulación de bienes es casi completa. En 2015,
Chile y Estados Unidos tendrán una desgravación total, con aranceles en cero y
sin cuotas. Luego, el paso lógico es la integración humana. Si bien no debe
perderse de vista que solo la visa de turista será removida -permaneciendo la
necesidad de visas de trabajo para laborar en ese país-, ese avance en
integración abre un círculo virtuoso, que puede conducir gradualmente a que más
estudiantes, trabajadores y emprendedores puedan aprovechar las oportunidades
en ese país -y, por cierto, a la inversa-.
Situación del abastecimiento eléctrico en el país.
El informe dado a conocer la semana pasada por
CDEC-SIC -entidad encargada de coordinar los despachos de energía en la zona
central del país-, alertó de que el sistema eléctrico se encuentra operando al
límite, y la situación podría volverse especialmente delicada en el corto plazo
si las lluvias no son suficientes y alguna de las grandes centrales presenta
fallas que la obliguen a salir del sistema. Si bien con posterioridad, el Gobierno
desestimó el riesgo de un racionamiento, conviene no perder de vista que el
sistema atraviesa por una situación altamente frágil y de allí la urgencia de
agilizar las medidas en distintos ámbitos, que permitan no sólo asegurar el
abastecimiento, sino también que éste sea a precios competitivos.
En su reciente cuenta pública, el Presidente de
la República puso énfasis en los esfuerzos del Gobierno en lo relativo a temas
de energía. Mencionó el proyecto de Ley que crea la carretera eléctrica, el
otorgamiento de concesiones y la iniciativa para llevar a cabo la interconexión
del sistema eléctrico del norte grande con el de la zona central. Indicó,
asimismo, que bajo el actual Gobierno se han entregado permisos ambientales
para la construcción de 11.500 MW, lo que según el Mandatario sería suficiente
para cubrir las necesidades de abastecimiento de energía en toda la próxima
década. Se trata de una agenda, en general, bien orientada y que apunta a
corregir una serie de deficiencias que hoy presenta la Legislación; sin
embargo, el propio Presidente hizo ver que no obstante los permisos entregados,
“hemos experimentado un creciente proceso de judicialización, que incluso ha
paralizado proyectos que estaban aprobados”.
A partir del diagnóstico Presidencial se
advierte que los permisos de generación aprobados no garantizan que éstos se
logren ejecutar en los plazos previstos, por lo que el riesgo de que el sistema
eléctrico enfrente en algún momento una situación crítica no se ha despejado.
Este diagnóstico, transversalmente compartido, indica que los retrasos que ha
experimentado la construcción de una serie de centrales pueden llevar a que, a
partir de 2015, el sistema enfrente un escenario de extrema estrechez, el que
podría presentar cierta normalidad recién hacia fines de la década, asumiendo
que las obras en algún momento empezarán a ser ejecutadas. Este período
coincidirá con el Gobierno que se instalará a partir de marzo de 2014, pero
inexplicablemente el tema de la energía sigue casi ausente en los programas y
propuestas de los precandidatos Presidenciales, algunos de los cuales parecen
descansar sólo en las energías renovables no convencionales, las que si bien
son altamente deseables, en general, son intermitentes y no representan la
solución definitiva al problema.
El informe del CDEC-SIC es una voz de alerta y,
por lo mismo, es relevante que la autoridad no sólo cuente con acabados planes
de contingencia -como la reducción de voltaje y decretos de racionamiento
preventivo-, sino también que se haga cargo de las razones que han llevado al
problema. La agenda Legislativa no resolverá por sí sola las dificultades; se
necesita voluntad política para destrabar los proyectos de generación. El
reciente anuncio del Gobierno de que dentro de este año se retomará la
discusión del proyecto HidroAysén en el Comité de Ministros es saludable, pero
no justifica que dicha discusión lleve pendiente cerca de 20 meses. Es,
asimismo, indispensable que el Poder Judicial vele porque la tramitación
ambiental se ajuste a la legalidad, evitando calificar las resoluciones de los
organismos técnicos más allá de lo que parece propio de sus facultades.
Como quería Chávez.
Con la compra de Globovisión por parte de un
grupo económico emergente, el cual, se sospecha, se asevera y se murmura, actúa
como representante de personeros ligados a los sectores oficiales, pareciera
haberse cerrado la última ventana que permitía a los venezolanos percibir, en
tiempo real, un acontecer distinto al pasteurizado y homogeneizado en los
laboratorios mediáticos del régimen bolivariano.
Del desencuentro con Vladimir Villegas a la
prohibición de transmitir en directo las apariciones públicas de Henrique
Capriles, pasando por el despido de periodistas caracterizados por su posición
beligerante ante el hegemónico proyecto concebido por Chávez y que sus
herederos no saben cómo enderezar, todo parece indicar que cuando se autorizó
la venta a los nuevos dueños, estos se estaban embarcado en una nave cuyo norte
magnético, si no su timón, estaría en la cercanía del poder.
Rumores respecto a lo que se cocina en los
fogones de Globovisión circulan con abundancia e insistencia alarmantes por las
redes sociales, sin que se produzcan los desmentidos y aclaratorias que el
público espera y merece. Por ello, y justamente cuando se están cumpliendo seis
años del cierre de RCTV, crece la preocupación sobre el futuro de la televisión
privada, entendida ésta como servicio público, y su papel en la preservación de
la libertad de expresión.
Desde que Guillermo Zuloaga hizo pública su
intención de vender el canal de La Florida a los dueños de una empresa
aseguradora, comenzaron a tejerse diversas y contradictorias conjeturas sobre
su porvenir que daban sabor y colorido a lo que en realidad era crónica de un
desenlace previsible.
Ya, desde semanas anteriores a la anunciada
transacción, se sabía de la decisión oficial de excluir a Globovisión de la
parrilla digital de alta definición, lo cual significaba su virtual entierro,
de modo que la decisión de los accionistas de salir del canal puede y debe
interpretarse como la resultante lógica de una prolongada e intensa campaña de
hostigamiento por parte del Ejecutivo y el resto de los poderes públicos, los
cuales fueron pródigos en retaliaciones contra la estación, y que debe
enmarcarse en el esquema de “hegemonía comunicacional” al que hacía referencia
el siempre sonriente Ministro, antes de información y ahora de turismo, Andrés
Izarra.
Si finalmente se logra neutralizar la crítica
señal de Globovisión para que asuma una línea editorial indulgente, se estaría
sumando, con ciertas otras señales de televisión, al descomunal aparato de
comunicación audiovisual bajo control Gubernamental. Así, el Ejecutivo no
necesitaría de cadenas para ocultar sus deficiencias, sino sólo para difundir
las mentiras que le sirven de justificación.
El país, puede decirse, permanecería para
siempre encadenado a la opinión complaciente y el pensamiento uniforme, a la
alabanza y la genuflexión. Tal como quería Chávez.
Una carta
para meditar.
Señor Director:
Incomprensiones de Solari.
Con sorpresa he leído la columna del ex Ministro
socialista Ricardo Solari, «Piñera: el Presidente incomprendido», publicada el
jueves pasado. Lo primero que se me vino a la cabeza es que habría que
cambiarle el título a «Solari: el incomprendido». Y es que confieso que me
costó entender su manera de reflexionar.
Es impresionante que destaque como
incomprensión de la gestión del Presidente Piñera un eventual triunfo de la
oposición en las próximas elecciones Presidenciales ¿Fue Bachelet incomprendida
entonces cuando le entregó la banda Presidencial al Presidente Sebastián
Piñera?
Resulta paradójico también que uno de los Ministros
del Trabajo que estuvo más años en ese cargo critique a esta administración por
no modificar el artículo 203 del Código de Trabajo ¿Por qué no lo hizo él? ¿Habrá
sido incomprendido por el Gobierno del Presidente Lagos?
Llama la atención que destaque el tema del
conflicto de interés en este Gobierno el mismo día que se conoce la aprobación
por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del proyecto
de Ley que regula el lobby, iniciativa que la Concertación nunca promovió
seriamente.
Por último, sólo podemos catalogar de
incomprensible que luego de institucionalizar la realización de primarias
durante este Gobierno, la Concertación decida no acogerse a dicho mecanismo.
Pero a la columna del ex Ministro hay que
reconocerle un gran mérito: nos recordó lo incongruente que es la Concertación
y la cantidad de cosas que no hizo.
Lily Pérez S.M., Senador de la República.
Agravio contra Bachelet.
Aunque Michelle Bachelet no es un personaje que
nos agrade, fuera de considerar que su Gobierno fue extremadamente malo y que ideológicamente
estamos en sus antípodas, creemos que
por el alto cargo que ostentó merece el respeto ciudadano, repudiamos al
estudiante universitario, claramente extremista zurdo, que la escupió en Arica.
Luego de cometer la agresión, Elías Sanhueza, estudiante
de Antropología, gritó algunas consignas referentes al movimiento estudiantil y
la situación del pueblo mapuche, de acuerdo a lo informado por radio Bío Bío, después de su ataque Sanhueza
aseguró que “No me arrepiento, bien merecido lo tenía. Desde el 2006 que esta
señora está mintiéndole a la gente”.