Rápida mirada a los principales temas de actualidad...

Canciller Moreno presume que submarino detectado podría estar vinculado a drogas,

el Ministro de Relaciones Exteriores aseguró que debido a sus características físicas,

la nave "no corresponde" a países vecinos.

La Ministro Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez,  tarde de ayer  hizo un

llamado a los estudiantes de todo el país a que revaliden a tiempo su Tarjeta Nacional

Estudiantil (TNE), proceso que mañana cierra el plazo de tramitación.

El Presidente Sebastián Piñera designó como nuevo Comandante en Jefe de la Armada

al actual Vicealmirante,  Enrique Larrañaga, en reemplazo del Almirante  Edmundo

González, que pasará a retiro.

Chile será el país de la OCDE que más crecerá en 2013 y 2014 según un informe que anuncia

que el Producto Interno Bruto (PIB) del país aumentará en 2013 un 4,6%, lo que supone una

revisión al alza de tres décimas sobre la estimación de noviembre pasado.

La Ministro del Trabajo, Evelyn Matthei, defendió el sistema de las AFP y sostuvo que el sistema

de fondos previsionales no da más con el 10% de descuento que se efectúa sobre los sueldos

, por las expectativas de vida que existen hoy.

Los combustibles registrarán una fuerte alza a contar de hoy, según reportó la ENAP en su

informe semanal, la  gasolina de 93 octanos subirá $ 9,1  y la de 97 lo hará en $ 14,9  mientras

la parafina escalará en  $ 7  y el diésel lo hará en $ 4,5.

Un Fiscal argentino, que investiga el atentado contra la AMIA el 1994,  acusó ayer  a Irán de

infiltrar varios países de Sudamérica, entre ellos Chile, para organizar redes de inteligencia

con el objetivo de patrocinar y cometer actos terroristas en la región.

Más allá de tensión y sanciones, Corea del Norte logró elevar 7% su comercio exterior en 2012, la

economía del régimen comunista encabezado por Kim Jong-un mostró algunas cifras positivas, de

acuerdo a fuentes surcoreanas.

Londres informó a la ONU de nuevos casos de uso de armas químicas en Siria, Gran Bretaña y

Francia ya habían enviado en abril tres cartas a la organización para denunciar presuntos casos

de utilización de ese tipo de armas en el conflicto.

Cartas supuestamente envenenadas con ricino fueron enviadas la semana pasada al Alcalde de

Nueva York, Michael Bloomberg, y a un  funcionario de una organización contra el tráfico de armas

ilegales apoyada por Bloomberg, informó ayer la policía neoyorkina.

Ají comunista en la jalea,

por Gonzalo Rojas  Sánchez.

El Partido Comunista ha tomado su decisión: Michelle Bachelet es su candidata en las primarias. Obvio, dirán algunos, porque ella ya tuvo una significativa trayectoria de compromisos con el órgano militar del PC, el FMR.

La decisión ha producido, qué duda cabe, enorme felicidad en el PS, tranquilidad en el PPD y conformidad en el PR, aunque los radicales aspiraban a un cariñito comunista para Gómez, como si de los años 60 se tratase.

En todo caso, cuando termine la primaria y todos cierren filas en torno a Bachelet, al sumarse los factores veremos lo mismo de hace casi 45 años, es decir, la UP: socialistas variopintos, comunistas y radicales.

Pero, y la DC, ¿qué papel jugará?

A diferencia de aquel dramático momento, en el que la Democracia Cristiana prefirió una vez más su vía propia y resultó tercera, ahora no quiere resignar la posibilidad de ser de nuevo ganadora con Bachelet.

¿Ganadora? ¿A qué costo?

La decisión del PC la deja en estado de shock. Nada le podría convenir menos, porque tiene que definirse frente al comunismo, o sea, debe realizar aquella operación que a los democratacristianos les ha resultado casi imposible desde que en 1946 Eduardo Frei Montalva pronunciara su inefable "Hay algo peor que el comunismo, esto es, el anticomunismo". Cualquier otra opción del PC era mejor para la DC. Y como los comunistas lo sabían, la arrinconaron, una vez más.

Seguramente usted tiene la sensación de que ya ha leído esta columna. Sin duda algo similar ya ha sido escrito. No se extrañe, porque en este tema, la DC ha sido reiteradamente confrontada en sus ya largos 75 años, desde la Falange hasta hoy.

Pero una vez más, no lo dude, la Democracia Cristiana recurrirá a la fórmula siempre fracasada: pedirles a los comunistas que rechacen las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por todos los regímenes bajo su conducción; que declaren su adhesión a la democracia y, finalmente, que renieguen de Gobiernos criminales como el cubano, el norcoreano y el sirio.

Cero problema para el PC. En su dominio de la retórica, repetirán algo así como "siempre hemos estado a favor de la democracia, nunca hemos validado las dictaduras y esperemos contribuir en el futuro a un desarrollo humano integral".

Como desde la DC nunca les preguntarán sobre su pasado inmediato en Chile, es decir, sobre su convicción revolucionaria contraria al orden jurídico durante la UP y su posterior lucha armada contra el Gobierno del Presidente Pinochet, encabezada justamente por Teillier, muchos democratacristianos olvidarán los duros reproches de Aylwin y de Frei Montalva al Gobierno de Allende. Cerrarán los ojitos y mirarán hacia delante.

Bueno, ya se sabe que es inútil pedirles que valoren seriamente el pasado o el presente, pero al menos hay que plantearles que intenten pensar responsablemente en el futuro. Esta es la única pregunta seria, madura, que todo DC debe hacerse: ¿Es posible una alianza de Gobierno con los comunistas? ¿Van a respetar las concepciones sobre soberanía y sobre orden público, sobre la vida sin aborto y sobre los padres como los primeros educadores, sobre un orden jurídico sin mecanismos espurios disfrazados de asamblea constituyente y sobre el libre emprendimiento? ¿Se puede considerar su proyecto de futuro como un programa compatible con el humanismo cristiano?

La respuesta la tiene todo militante de la DC, todo simpatizante de la DC. Pero aunque dueños de sus votos, también esperan, sin duda, una orientación clara de sus dirigentes.

Ignacio Walker y sobre todo su candidato, Claudio Orrego, están frente a la disyuntiva: ¿Qué tendría más sabor en una alianza con los comunistas? ¿El ají o la jalea?

Financiamiento de campañas

por Jorge Barrera.

A raíz de sucesos recientes, se ha reabierto el debate en torno a los aportes de las campañas electorales en el país con miras a un financiamiento de carácter exclusivamente estatal.

Hoy en Chile  se opera con un sistema mixto de financiamiento, que cuenta con un aporte Estatal directo a los partidos políticos e indirecto a los candidatos, que se suma a los aportes privados que pueden recibir ambos, ya sea de personas naturales o de personas jurídicas con fines de lucro.

Hace un par de años, desde la Fundación Jaime Guzmán expusimos las ventajas de este sistema mixto y las razones que hacían necesario el aumento tanto del financiamiento estatal, como de los aportes privados.

Al respecto, es cierto que el financiamiento público facilita el acceso al mercado electoral, garantizando el principio de igualdad de oportunidades, al asignar un mínimo de igualdad en el acceso a los recursos publicitarios, lo que tiene como mérito aumentar la información y libertad de decisión de los ciudadanos. Además, mejora la independencia de los dirigentes políticos, en la medida que entrega un balance al sistema cuando éste admite aportes privados, que dejan de ser la única fuente de los recursos.

En este mismo sentido, aumenta el accountability del sistema político en general y finalmente genera mayores niveles de transparencia en la toma de decisiones, ayudando a mejorar la calidad de las decisiones públicas y colaborando en la generación de mayores niveles de confianza, credibilidad y legitimidad del sistema político y la democracia.

A pesar de dichas virtudes, no estamos de acuerdo con la eliminación del financiamiento privado, pues éste constituye un pilar fundamental de la libertad que tienen los ciudadanos para fomentar y promover sus ideas y convicciones políticas en forma particular, y aun cuando el Estado no esté dispuesto a financiar dicha promoción.

Por esto mismo, creemos indispensable que se avance hacia el perfeccionamiento de la mixtura del sistema que actualmente existe en Chile, fortaleciendo los aportes públicos, pero entregando siempre un espacio para los aportes privados, generando un balance en el sistema, que permita mayor transparencia, independencia y participación de los ciudadanos en este ámbito.

Por lo mismo, hemos propuesto un esquema de subsidios en base a un financiamiento mixto o matching fund, en el cual los aportes privados en dinero impliquen un financiamiento Estatal correlativo. De esta forma, al aumentar los aportes privados, el Estado debe también aumentar los aportes públicos, ciertamente fijando rangos decrecientes y límites a esos aportes. Así se privilegiaría la mayor cantidad de aportes antes que su monto, y se fomentaría de manera relevante la participación de los ciudadanos de a pie en el financiamiento de las campañas electorales, evitando la captura de la actividad política por parte de grupos de interés, cuestión última que justamente ha provocado la reapertura del debate sobre este tema.

Los comunistas y el laberinto,

por Daniel Mansuy.

“Jamás  estaría dispuesta a hacer campaña por Bachelet ni a llamar a los jóvenes a votar por ella”. “Yo no recibo órdenes de partido”. Las frases pertenecen a Camila Vallejo, y las pronunció hace no tanto tiempo, en una entrevista al diario El País. Pues bien, Camila beberá del amargo cáliz, porque muy pronto tendrá que llamar, de modo más o menos explícito, a votar por Bachelet. Más aún, según confesión del propio Teillier, el blindaje de su candidatura Parlamentaria fue el precio cobrado por el PC para respaldar a la ex Presidente. Queda claro que militar en el PC implica aceptar las órdenes de partido.

En todo caso, nada de esto merece que rasguemos muchas vestiduras. El PC simplemente echó mano a su legendario pragmatismo, arrimándose al árbol más frondoso de la pradera. Para Michelle, el negocio parece redondo. La foto de campaña que se sacará con Camila -mirando al futuro, sonrisas cómplices- simbolizará la cooptación del movimiento estudiantil, que parecía tan puro hace un par de años. Además, Bachelet cumple el sueño de todo candidato: recibe apoyos sin ofrecer una gota de claridad programática. La imagen es todo.

Los problemas vendrán más tarde, cuando haya que ponerle algún contenido a todo esto: la ambigüedad de la candidata socialista no puede durar eternamente. Y no sólo porque su silencio daña gravemente la calidad de nuestra esfera pública -la política es deliberación, pero para deliberar se necesita que los participantes manifiesten algo-. También porque las señales equívocas pasan la cuenta más tarde. El actual Presidente sabe algo de eso: la falta de definiciones en su campaña le ha impedido, hasta hoy, delinear nítidamente su identidad. Con todo, es quizás el PC quien hace la apuesta más arriesgada: a cambio de unos pocos cupos, seguirá contribuyendo a validar una institucionalidad que considera ilegítima. ¿Cómo explicar esta súbita voluntad de mayoría del PC?

Los comunistas han defendido su decisión con el argumento siguiente: la Concertación, dicen, se ha movido hacia la izquierda asumiendo las banderas del PC. Eso tiene algo de cierto, pero contiene un peligro en ciernes: más allá de la crítica fácil, nadie en la oposición ha sido capaz de darle alguna forma coherente a esa crítica al modelo. Es fácil criticar al sistema por fuera, lo difícil es hacerse cargo de las dificultades por dentro. Al recibir el apoyo del PC, Michelle Bachelet juega con fuego y corre el riesgo de profundizar el desacople entre discursos y hechos, entre expectativas y realidad.

La cornisa es estrecha, pero jugar a radicalizar ese desacople equivale  a aserruchar la rama que nos sostiene a todos. Dicho de otro modo, la foto de Camila y Michelle es casi más peligrosa que rentable, porque encarnan lógicas difícilmente compatibles. El laberinto es endiablado, y los cálculos electorales y el pragmatismo desatado son insuficientes para salir de él. En rigor, ese laberinto requiere de capacidades políticas bien excepcionales. Por eso, el problema no reside en el apoyo del PC, que incluso podría ser una buena noticia para el sistema; la dificultad central pasa, nuevamente, por el silencio de Michelle Bachelet: un comunista nunca será tan peligroso como un candidato que no habla.

Una verdad incómoda,

por María Isabel González.

Existe una visión compartida entre los expertos de que estamos atravesando por un período muy complejo en materia de abastecimiento eléctrico en el Sistema Interconectado Central. Del mismo modo, hay consenso que en los años venideros esta situación  va a empeorar.

 El problema actual tiene su principal causa en la sequía que nos ha afectado durante tres años y que había reducido prácticamente a cero las reservas hídricas de los  embalses. Es así como la semana pasada el organismo coordinador del sistema, el denominado CDEC-SIC, había advertido que podría existir déficit de generación en los próximos meses si la sequía persistiera y fallara alguna central. Con las lluvias recientes, y de persistir esta tendencia climática, la situación puntual para este año debería mejorar.

Sin embargo, el mayor  problema se prevé para los  años siguientes, ya que la falta de nuevos proyectos de generación eficiente (léase centrales hidráulicas de embalse y centrales termoeléctricas a carbón o gas natural)  hará que la situación se complique más en el futuro. Indudablemente los proyectos de generación como los mencionados son de largo aliento, toman más de tres años sólo en su construcción, sin contar el tiempo que tardan los estudios y permisos necesarios. Por lo tanto, es tarea del Gobierno de turno tomar las decisiones adecuadas para garantizar el  suministro durante el siguiente año. Si bien es correcto que el Ejecutivo ha aprobado permisos para la construcción de cerca de 11.500 MW, como lo señaló el Presidente en su discurso del 21 de mayo pasado, gran parte de ellos son de energías renovables no convencionales (que son  intermitentes)  y proyectos eficientes que dan la base al abastecimiento, pero que han sido detenidos por el Poder Judicial.

Hay que considerar que fue el propio Presidente de la República quien inició la espiral de rechazo a los proyectos energéticos, al ceder a grupos de presión y desconocer la institucionalidad ambiental cancelando el proyecto de central termoeléctrica Barrancones. Además, ha habido una conducta errática de parte del Gobierno frente a un proyecto tan emblemático como  HidroAysén. Es decir, ha sido la falta de liderazgo lo que ha transformado a la Corte Suprema en el ente planificador de la política energética del país. Es más, tanto el Gobierno como otros poderes del Estado tienen la obligación de velar por el bien común y, por lo tanto, no pueden dejarse presionar por grupos de interés minoritarios, afectando el desarrollo del país.

No hay duda de que nuestros buenos resultados económicos como la tasa de crecimiento, el bajo desempleo histórico, que implica directamente mejoramiento de salarios,  entre otros, se deben en gran parte a la actividad industrial y minera,  y en particular al cobre y sus altos precios. Sin embargo, su sustentabilidad depende de la existencia de suficiente oferta de generación de electricidad. En el caso del SIC, hay numerosos proyectos detenidos, porque no disponen de ofertas de suministro eléctrico, lo cual pone en duda que podamos seguir por esta senda de prosperidad.

Sin  energía eléctrica no habrá nuevos proyectos mineros, y sin nuevos proyectos no hay desarrollo y persiste la pobreza.

Cambios en el ingreso a universidades.

El Consejo de Rectores (Cruch), organismo integrado por los titulares de aquellas universidades que existían con anterioridad a la creación de las entidades privadas surgidas a partir de 1981, ha establecido una nueva institucionalidad para regir el funcionamiento del actual sistema de admisión a la enseñanza superior y por tanto de la PSU y del ranking de notas incorporado el último año. Habrá para ello una nueva estructura con un directorio integrado por seis Rectores (cuatro de las universidades Estatales de Chile, Santiago, Valparaíso y Playa Ancha, y dos de las de Concepción y Católica de Chile, que no lo son), un director ejecutivo, otro de estudios y dos encargados, respectivamente, de operaciones y de administración y finanzas, además de un Consejo Asesor nacional e internacional. Bajo esa tuición, la organización y aplicación de la PSU continuará a cargo del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile.

En un artículo publicado ayer, el Rector de la Usach y Vicepresidente del Cruch, Juan Manuel Zolezzi, alaba la tarea desarrollada por el Demre y en especial la PSU que, según manifiesta, ha dado garantías al país de ser un mecanismo transparente y eficiente, y que, junto a su antecesora, la PAA, “han respondido a cabalidad con la misión para la que fueron construidas”. Contrastan tales afirmaciones con las múltiples y reiteradas críticas de los expertos (y por cierto de los estudiantes afectados y sus familias), las que fueron ampliamente confirmadas por el informe externo Pearson. Entre otros defectos, ha quedado claro que el mecanismo que hasta ahora se aplica (pese al posible efecto de la incorporación del ranking de notas) sólo reproduce, con graves deficiencias de contenido, la distorsión derivada de las diferencias de capital cultural entre los alumnos de los distintos tipos de colegios, además de perjudicar gravemente a los de la enseñanza técnico-profesional, y ello probablemente aun en peores condiciones de predictibilidad para la educación universitaria que las que tuvo la PAA.

Se suma a lo anterior el justificado reclamo de los Rectores de las entidades privadas que han adherido al sistema de ingreso en cuestión (y por lo tanto se hallan directamente interesados en la calidad del procedimiento que regirá para los estudiantes que accedan a ellas), pero no están representados en el directorio designado. Son ocho universidades prestigiosas, cuatro de las cuales están entre las cien mejores de América Latina según el ranking que publicamos ayer, y de nivel superior a buena parte de las de carácter Estatal que sí tienen voz a través de miembros de aquel organismo, por lo que parece razonable que su opinión sea considerada en cuanto a la forma de ingreso a ellas.

Ha estado justamente en la labor del Demre el nudo de las objeciones al contenido y consecuencias de la PSU, pero todo indica que se lo está blindando respecto de los cambios indispensables que se requieren. Aparte de las dudas que se han planteado por el costo y el manejo económico de la prueba, que merece una información más completa, el tema de fondo se refiere a una etapa decisiva para la vida académica y profesional futura de los jóvenes, en aspectos tales como la apreciación de sus méritos personales y la equidad con que se debe juzgar a quienes no los han podido expresar plenamente por el peso de sus carencias socioeconómicas o por deficiencias del propio sistema educacional. Todo ello requiere reales reformas y sin duda mayor transparencia.

Kindergarten obligatorio para todos.

Unánime buena acogida ha tenido la propuesta Presidencial de convertir el kindergarten en una obligación para todos los niños de Chile. Una reforma Constitucional será necesaria para hacer realidad esta idea, que llevará la educación obligatoria a 13 años, y aun cuando con eso no cambia sustantivamente la realidad educacional chilena, por cuanto hoy algo más del 90% de los niños asiste a algún kindergarten, la idea busca igualar a todos los sectores del país con un comienzo educacional temprano. Los 20 mil niños que anualmente ingresan a la escuela sin pasar por kínder provienen principalmente de los sectores más vulnerables, pues las escuelas a que asisten no cuentan con las instalaciones ni con el personal para ofrecerlo.

El inicio precoz de la escolaridad es una ventaja para la vida. Los niños que tienen esa experiencia desarrollan algunas cualidades, no necesariamente del área cognitiva, que los acompañarán siempre y les facilitarán enfrentar las exigencias académicas de la vida escolar. Pero para que se cumplan esas aspiraciones será necesario contar con una educación de calidad en ese año adicional, lo que en Chile no siempre se consigue.

No basta modificar las Leyes para lograrlo, aunque dicho paso constituya un buen punto de partida. Es necesario, además, disponer de instalaciones adecuadas en las escuelas, lo que exige realizar algunas inversiones y reclutar personal bien preparado. Las educadoras de párvulos requieren una formación de buen nivel y las universidades y escuelas que ofrecen esa carrera deberán, a su vez, ir elevando las exigencias de sus postulantes.

En la realidad actual, muchas escuelas que tienen kínder atienden a los niños con asistentes técnicos de parvularios, pero no con el personal calificado para otorgarles una preparación cabal. Para ir avanzando en este campo se hará necesario contar con un sistema universal de financiamiento, que permita a las escuelas y a los kínder independientes recibir la subvención que les corresponda.

Como lo afirmó el Presidente Piñera en su discurso, la educación chilena debe vencer tres problemas: calidad, acceso poco equitativo y financiamiento. Tales puntos son tan válidos para la enseñanza escolar como para la universitaria y la preescolar. Pero no puede olvidarse que esta última, si se hace bien, puede ser la más importante, aunque estos niños no marchen ni protesten, como lo recalcó el Presidente. La educación preescolar que se dirige a un niño en una etapa temprana de su vida deja huellas profundas y "nivela la cancha" para compensar las carencias de origen, antes de que ellas se hagan irreversibles.

Agresión injustificable.

Durante un acto de campaña realizado el martes en Arica, la precandidata Presidencial Michelle Bachelet sufrió una agresión por parte de un estudiante universitario, quien junto con escupirla en el rostro, lanzó una serie de consignas políticas. Se trata de una conducta injustificable -particularmente grave por afectar a quien tiene la calidad de ex Presidente de Chile- que ha merecido el repudio unánime de todos los actores políticos y cuyo autor debe ser llevado a los Tribunales y sancionado para que no vuelvan a producirse actos similares.

Aunque de una magnitud distinta por su brutalidad, el maltrato sufrido ayer por la ex Mandatario se inscribe dentro de un contexto de sostenida pérdida de consideración por las figuras de autoridad en el país y de falta de tolerancia hacia maneras distintas de pensar y actuar. En nombre de la reivindicación legítima de derechos supuestamente atropellados, existen quienes deciden actuar por su propia mano, ya sea destruyendo propiedad ajena o agrediendo a terceros.

Es necesario que la condena a este tipo de acciones, cualquiera sea su origen o excusa, sea unánime y decidida, pues lo que está en juego aquí no es sólo la integridad de las personas o bienes atacados, sino también la capacidad de la comunidad para reaccionar frente a aquellos que no quieren acatar las normas ni solucionar las diferencias dentro del marco de las reglas de la democracia.

La convivencia nacional no debe ser amenazada por grupos e individuos que simplemente desechan el diálogo y recurren a la violencia como sistema. La única manera de enfrentar a quienes así actúan es aislarlos de manera inequívoca, permitiendo que operen las disposiciones legales y se apliquen las sanciones correspondientes contra quienes han escogido vías no civilizadas para hacer ver o imponer sus puntos de vista.

Nueva reforma previsional.

Hace 32 años, Chile adoptó un nuevo sistema previsional que sustituyó al antiguo esquema de reparto. En el nuevo método de capitalización individual, cada trabajador pasó a ahorrar en una cuenta personal, en alguna de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP) entre las que el trabajador podía elegir, los fondos que darían lugar a su posterior jubilación. Eso significó disminuir significativamente el porcentaje de ahorro forzado que debía contribuir para constituir el capital con que enfrentaría su retiro, mejorando así su salario líquido, y además le dio un impulso inédito al mercado de capitales chileno, pues dichos ahorros comenzaron a ser invertidos en diversas actividades económicas rentables en el país y, posteriormente, también en el exterior. La rentabilidad que obtendrían dichos fondos en régimen permanente, en un escenario de ahorro continuo a lo largo de toda la vida laboral del trabajador, le permitiría obtener una jubilación que podría estar en el entorno del 70% de su último salario.

Durante el Gobierno de la Presidente Bachelet se introdujo una reforma al sistema, básicamente para reforzar su pilar solidario, asegurando un mínimo de jubilación a las personas cuyos bajos salarios y lagunas previsionales, e incluso ausencia de imposiciones, no les permitían acumular fondos suficientes para una jubilación digna. Dicha reforma puso un piso a las jubilaciones más bajas, e instauró un calendario de reajuste de ese mínimo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los parámetros con que se ideó originalmente el sistema -porcentaje de ahorro de 10% del salario, y edad de jubilación de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres-, que se basaban en la realidad de esa época, han ido quedando obsoletos. Como resultado del notable desarrollo del país en los últimos 30 años, la esperanza de vida de las personas ha aumentado en más de 6 años, lo que hace insuficiente el ahorro anteriormente definido para sustentar esos años adicionales de vida y, además, en muchos casos los salarios del trabajador han ido creciendo más rápido que lo pronosticado a lo largo de su vida laboral, lo cual dificulta lograr la tasa de sustitución esperada (último salario comparado con la primera jubilación). Adicionalmente, los períodos sin ahorro previsional por cesantía, enfermedades u otras razones han sido también más frecuentes que lo estimado originalmente, todo lo cual hace necesario ajustar los parámetros del sistema.

Hay quienes, equivocadamente, han querido ver en estos problemas un fracaso del sistema de capitalización individual, olvidando los problemas que el esquema de reparto tuvo en Chile en el pasado y tiene actualmente en muchos países desarrollados, porque en ellos quienes contribuyen de manera activa no alcanzan a ahorrar, por razones demográficas, el monto definido como beneficio -habitualmente sometido a presiones políticas- para quienes están jubilados, llevando así a la quiebra del sistema.

De allí que el Presidente Piñera haya anunciado un proyecto de Ley que reforma estos parámetros y busca una combinación de mayor porcentaje de ahorro y mayor edad de jubilación, que financie jubilaciones acordes con la nueva esperanza de vida de las personas y con los salarios más altos que ahora reciben en comparación con los del pasado. La propuesta específica se conocerá en el segundo semestre, y sus ejes serían tres: introducir más competencia entre las AFP (para bajar los costos de administración que recaen en el cotizante), aumentar las cotizaciones, disminuir la evasión previsional y subir la acumulación de fondos. No se postularía aumentar la edad de jubilación, pero sí se incentivaría su voluntaria postergación. Aunque anuncios como este no resulten populares, es una reforma necesaria, realista y sensata, que evitará a Chile deslizarse por el barranco de jubilaciones no financiadas que varios países europeos han exhibido dramáticamente en los últimos años. Cabe preguntarse por el efecto que alcance a surtir una iniciativa tan trascendental en el tiempo que resta al actual gobierno, pero es positivo que se avance en crear conciencia sobre su necesidad, que habrá de abordar cualquier Gobierno, y a cuyo respecto las regresiones a un pasado fracasado serían desastrosas para los pensionados y para el país.

Reforma a la Ley Orgánica del Congreso.

Como varios de sus predecesores en el cargo, el Presidente Piñera ha planteado que es necesario efectuar una reforma destinada a modernizar el funcionamiento del Congreso y adecuarlo a las necesidades del siglo XXI. No se conoce aún el detalle del articulado de tal reforma, pero según lo anticipado, se buscaría introducir innovaciones relativas a sus "sistemas, procedimientos, mecanismos" y a "incorporar más tecnología y más asesorías, para que el trámite de perfeccionar y aprobar las Leyes sea más eficiente". También se aspira a crear normas más exigentes respecto del trabajo de los Parlamentarios, así como establecer un nuevo ordenamiento para el mecanismo de compensaciones y asignaciones de fondos públicos que reciben, con el fin de hacerlo más transparente, tanto más cuanto que el propio Congreso es el que las define para sus miembros. Asimismo, recordó el Mandatario que en varias oportunidades solicitó al Congreso -con dispares resultados- apurar los trámites Legislativos para el despacho de importantes proyectos de Ley, por lo que estima necesario revisar el sistema de urgencias.

Este breve anuncio, que aún no ha sido ampliado, tuvo rápida respuesta de los Presidentes del Senado, Jorge Pizarro, y de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans. Para el primero resulta "lamentable" la proposición Presidencial, porque bien podría haberla planteado antes y porque parece desconocer la Ley de Transparencia que rige las asignaciones referidas. El Diputado Eluchans, en cambio, manifestó en principio su acuerdo.

En cualquier caso, es llamativo que este anuncio Presidencial se sume a varios otros en similar sentido a lo largo de nuestra historia Constitucional. Sin ir más lejos en el pasado, también el Presidente Jorge Alessandri (1958-1964), poco antes de dejar el poder presentó un proyecto de reforma Constitucional -que no llegó a cristalizar- para mejorar el proceso de formación de la Ley e impedir que el Legislador penetre en el campo de la potestad reglamentaria. Igualmente, aspiraba a configurar un Congreso más responsable de sus actos ante la ciudadanía, allende el veredicto de voto favorable o adverso para el Parlamentario -o su partido- al expirar su mandato. Asimismo, propugnaba aumentar las inhabilidades Parlamentarias para dignificar la acción del Congreso. Por su parte, el Presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) logró reformar la Carta Fundamental en los términos que consignó la Ley N° 17.284, del 23 de enero de 1970 -época en que ya se acumulaban las tensiones políticas que estallarían tres años más tarde-, para "mantener un Parlamento libre, democrático y prestigiado", que al Legislar dicte normas de carácter general y nunca particulares. Durante el Gobierno Militar, similares conceptos se expresaron en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y en el Consejo de Estado.

Así, la reforma Constitucional anunciada por el actual Mandatario parece responder a un constante anhelo Presidencial respecto de la labor del Congreso, manifestado por Gobiernos de distinto signo, que han prevenido sobre los mismos problemas en los últimos 50 años. Pero no parece probable que, en el actual clima y momento político, ella pueda ir mucho más allá de un gesto testimonial. Hay ya muy numerosas iniciativas de reformas políticas planteadas, otras tantas en debate, y los tiempos de los Colegisladores no parecen permitir que sean zanjadas antes del término de la actual administración. Con todo, tiene razón el Presidente al recordar que la institucionalidad política necesita ajustes a los ritmos y rasgos del siglo XXI. Desde esa perspectiva, lo testimonial cobra un valor de advertencia, que convendría no ignorar sin más.

Sigue la violencia en la política.

Ayer cuestionábamos que un joven estudiante universitario hubiese agraviado a la ex Presidente Michelle Bachelet escupiéndola en la cara y manifestando que nos estaba arrepentido porque “bien merecido lo tenía. Desde el 2006 que esta señora está mintiéndole a la gente”.

Hoy debemos cuestionar que un dirigente de un comité llamado Salvador Allende, ex postulante a Concejal, Luis Ríos Melillán, que nos aseguran es muy cercano a la candidatura de la señorita Bachelet, agrediera tirando huevos al candidato Presidencial Pablo Longueira.

No son los primeros actos de violencia política o de intolerancia provenientes de elementos vinculados al extremismo de izquierda, pero, creemos que aún estamos a tiempo para poner fin a estas prácticas por medio de sanciones ejemplarizadoras a los hechores.

Hasta el momento todos los que han usado de la violencia, sea tirando un jarro de agua a una ex Ministro, sean los que por la violencia pretendieron impedir la exhibición del documental Pinochet en el Caupolicán, a estos últimos dos ejemplos les han salido gratis a sus realizadores.

Es imprescindible, por el bien y mejoría de la política, como por la sana convivencia nacional, poner coto a estas acciones de connotación totalitaria con que sectores minoritarios pretenden imponer sus “ideologías” paralogizando a la sociedad por el temor.

El matonaje es una perversión de la discusión ideológica o en la elaboración de programas para el futuro del país, es la barbarie más aberrante que pueda existir, pues, se utiliza la violencia y el terror para inhibir a quienes tienen opiniones distintas y por cierto legítimas.

No queremos una kirchnerización o una chavización de nuestra política, queremos una actividad pública sana y limpia en la que todos los chilenos seamos respetados en nuestras ideas y no atacados por bandas de desalmados que se sienten dueños de la verdad.

DESNUDANDO A BACHELET: