Breves informativas, temas para la discusión...

El Presidente Sebastián Piñera destacó el alcance de los acuerdos firmados con

el Primer Ministro canadiense Stephen Harper, los cuales aumentarán el intercambio

en materia comercial, minera y educacional, entre otras áreas. Además agradeció

el apoyo para que Chile ingrese al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Ayer la  Fiscalía de la Araucanía presentó  acusación en contra de Celestino Córdova

Tránsito, por dos hechos ocurridos en la Comuna de Vilcún, entre ellos el delito de

incendio causando la muerte del matrimonio Luchsinger-MacKay, pidiendo presidio

perpetuo para el acusado.

Codelco reportó excedentes por US$ 867 millones en el primer trimestre, lo que

representa una caída de 42,5% en relación a los US$ 1.510 millones del mismo

lapso de 2012 debido a un menor precio del cobre y derivados como el molibdeno,

y el paro portuario.

Hoy vence el plazo para que los estudiantes revaliden la Tarjeta Nacional Estudiantil,

los que no realicen este trámite, a partir del sábado deberán pagar tarifa adulta en la

locomoción colectiva.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó el inició una investigación para

determinar la situación tributaria del hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos,

la madre  dijo esperar que investigación  a su hijo no sea parte de "una campaña

sucia"

Pellegrini, el tercer DT mejor pagado de Inglaterra si llega al Manchester City,

el entrenador chileno recibiría 5,2 millones de dólares por cada una de las dos

temporadas por las que firmaría con el cuadro inglés.

En una entrevista concedida a EL PAÍS, José Miguel Insulza, político socialista chileno,

Secretario General de la OEA,  indicó que aún le quedan dos años más al frente

de la organización y que tiene intención de cumplirlos.

Al menos 9 personas resultaron heridas ayer  a causa de una serie de tornados

Registrados en el Estado de Arkansas, mientras que otros dos impactaron en Oklahoma 

sin dejar víctimas, según el Servicio Meteorológico de EE.UU.

Gobierno de Cristina Fernández logró aprobación de ley de blanqueo de divisas, el

Oficialismo se impuso en el Parlamento argentino para llevar adelante la polémica medida,

que según la oposición podría facilitar el lavado de dinero.

Ordenan sellar el suelo de Fukushima para frenar la infiltración de agua, en abril los técnicos

de Tokyo Electric Power (TEPCO) descubrieron fugas en los tanques subterráneos en los que

se almacena el agua contaminada usada para refrigerar los reactores dañados.

Presidente sirio afirma que su país ya recibió un primer cargamento de misiles rusos, Bashar al

Assad dio una entrevista a la televisión libanesa, donde anunció que su Gobierno no se opondrá

a ningún grupo que quiera ayudarlos en la guerra que enfrenta.

La novísima religión,

por Roberto Ampuero.

Hay una novísima religión en Chile. Su dios omnipotente tiene mil bocas, brazos y ojos, e innumerables profetas que hablan al planeta en su nombre. Su dios es "el malestar ciudadano". Está por sobre el bien y el mal, la vida y la muerte, la racionalidad y el fanatismo. Carece de texto sagrado, tiene solución para todo y pontifica a través de sacerdotes autoproclamados. Quiero ser claro: no me refiero a las respetables percepciones ciudadanas, que se miden en encuestas y se expresan como mandato en elecciones pluralistas, sino a quienes se presentan desde la calle, los medios y redes sociales como la voz de la ciudadanía, sin haber ganado elección nacional alguna.

Este dios alcanzó inquietante poder en Chile. Los políticos le temen. Y es una religión a la que hay que temer: puede devorar hasta a sus hijos. Sus altisonantes y apocalípticos profetas, seguidos de fieles, son capaces de interrumpir a gritos cualquier debate democrático, de tomarse cualquier establecimiento o calle, de exigir que las cosas se hagan como ellos lo demandan o de patear la mesa en su defecto, y hasta de insultar al Presidente o escupir a la ex Mandatario. Son profetas que a duras penas manejan la ortografía, pero saben cómo organizar el país al dedillo. Su supuesta legitimidad: "la impaciencia popular".

El actual grado de exasperación y enrarecimiento del ambiente político nacional no lo veía en Chile desde fines de los años 60, comienzos de los 70. Como hoy, aquel ambiente emergió en grupos minoritarios, radicalizados y violentos, que terminaron contagiando y dividiendo al país, proceso nefasto y de epílogo traumático. Hay que saberlo: la actitud fascista cotidiana en democracia -que puede expresarse desde las barras bravas a la cultura o la política, pasando por el odio a minorías- emerge en sectores de extrema derecha e izquierda. Conviene preguntarse por qué renacen en Chile la intolerancia y la violencia política, tras poco más de dos decenios de exitosa construcción democrática.

Supongo que nuestro error central está en el relato de ella, en no haber asumido como sociedad la mayor lección que dejó la crisis que acabó con la democracia: el fracaso de la clase política de entonces para resolver mediante diálogo, negociación y conciliación una división que envenenó al país. En la reconstrucción democrática nos equivocamos en lo siguiente: pusimos el acento solo en la esencial condena a la violación de derechos humanos, pero olvidamos condenar políticamente visiones y prácticas intolerantes, violentas y totalitarias de izquierda y derecha. Ellas surgen en toda democracia, especialmente cuando ella se ve tensionada. Sensibilizamos al país en materia de derechos humanos, pero no en la de las prácticas que amenazan a toda democracia. Por eso, hoy tiene costo político cero identificarse en Chile con el sistema dictatorial iniciado por Kim Il-sung.

Esta insuficiencia no es casual ni obedece solo a visiones ideológicas, sino también a una incapacidad nuestra para mirarnos como país al espejo, y detectar y asumir responsabilidades. Así como logramos unanimidad transversal para condenar la violación de derechos humanos, urge promover desde la educación básica y media una cultura política que sea crítica -no que proscriba- de las visiones y prácticas extremas del color que sean. La historia nacional es un legado que se deja a las nuevas generaciones, expresa la visión que un país tiene de sí mismo y lo que aprende de esa historia. No podemos desperdiciar otra lección clave que ella nos dejó: la democracia también se ve amagada cuando su legítimo cuestionamiento, perfeccionamiento y profundización se realiza desde posiciones maximalistas y redentoristas que no se condicen con la convivencia democrática, las libertades individuales y la dignidad de las personas.

Los ciclos políticos no coinciden con los económicos,

por Rafael Aldunate.

Europa está entrampada entre un crecimiento negativo a neutro, al menos por los próximos 18 meses, lo que genera una marcada inestabilidad política a dos bandas, sale derrotada una coalición Gobernante y la que la reemplaza rápidamente pierde el apoyo ciudadano irremediablemente… como lo está experimentando tanto España como Francia, dos de sus países más simbólicos. De los 23 dispares países europeos miembros, más del 72% de sus constituyentes quieren mantenerse en la esfera del euro; sin embargo, no están muy receptivos a las imprescindibles medidas de austeridad y sus líderes políticos no quieren apartarse de este último sentimiento de los votantes, lo que prueba una vez más que los políticos se desentienden de la sana economía cuando les resta apoyo popular.

Y la gente bien informada bien sabe que la expansión de la Unión Europea se realizó y expandió más por razones políticas que por racionalidad económica, y era prácticamente imposible que prosperara si no había una política tributaria y Fiscal común o sujeta a ciertos padrones y exigencias mínimas. La burocracia de Bruselas y el Parlamento Europeo sólo priorizaron la “sociedad del bienestar” en vez de la sociedad de las oportunidades (la primera depende del Estado y la segunda, de las personas). Y como todo esto era un ente abstracto y sus incumplimientos sin costos o penalizaciones, predominó el gasto desmesurado y sin evaluaciones como fiscalización por toda Europa. (Pagan los bancos centrales con adictivas y distorsionadoras emisiones).

 Y es una regla de evidencia universal que los Gobiernos populistas centrados en la distribución de la riqueza vía el Estado terminan con inconsistencias mayores, dado su intervencionismo a nombre del pueblo, traduciéndose inexorablemente en mayor desempleo, inflación y desabastecimiento, por cuanto por políticas tributarias gravosas y con una atmósfera prejuiciada hacia los generadores de riqueza, que son los empresarios y emprendedores cualquiera sea su envergadura, se desestabiliza el sistema, por cuanto estos con su cadena de generación de bienes crean el espacio al pleno empleo y generan recursos tributarios para financiar los programas sociales. Pero cuando se pone el acento en temas o eslóganes de inequidad en exceso y gratuidad, se pierden los caminos y sinergias del crecimiento ante un Estado regulatorio asfixiante e ineficiente administrador.

 No se piense que no estoy por regulaciones pro ecuanimidad; prueba de ello que cuando el Presidente Piñera inauguró el Sernac Financiero me identificó como “el inspirador” de esta iniciativa. Sin embargo, se ha abusado de esta definición y se olvida o no valora que en Chile, gracias a la competencia, ha habido una progresiva mayor diversidad de productos, de mejor calidad y a menor precio, compitiendo contra todos los productos del mundo que universalmente tienen libre acceso.

 Se olvida o se esconde que los países que han alcanzado mayores niveles de desarrollo-bienestar e inclusión social no han logrado estas metas sólo mediante políticas sociales sino básicamente por el crecimiento económico, única opción que permite mejorar en forma sólida y sostenida las condiciones de vida de todo un país.

El crecimiento económico se traduce en más empleos (durante este Gobierno se han “creado” 210 mil por año y entre el 2006 y 2009 bajo la administración Bachelet se “destruyeron” 42 mil anuales, según la Casen).

En la administración Piñera se ha incrementado la recaudación Fiscal en la no suficientemente divulgada y extraordinaria cifra de USS.17.000 millones, básicamente sustentada en el crecimiento y en las tributación minera, no por nuevos impuestos, y esta mayor recaudación en el 68% va directamente a programas sociales, y desde hace buen tiempo, sin embargo, que nuestros esfuerzos han estado concentrados en distribuir, más que en aumentar, la productividad, como menores recursos en infraestructura. El acento y protagonismo lo tiene la sana y libre competencia en el mercado que se ha reflejado en un crecimiento promedio de 5,7% anual, que ha disminuido la desigualdad de los ingresos, la más baja de los últimos 40 años, medida por la Casen. Cuando se castiga y demoniza el mercado y su espacio de acción sucede lo que están sufriendo los argentinos y venezolanos por acá y en el continente europeo cruzando el Atlántico por allá…

El próximo Gobierno en Chile quiere ir más allá en la gratuidad de innumerables servicios y le advierte a los creadores de riqueza que les incrementarán los impuestos y estos ya se están inhibiendo a expandir sus negocios; ya hay síntomas claros, el catastro de proyectos incluyendo a la gran minería se ha reducido en un tercio, el mercado bursátil, pese al actual virtuoso crecimiento —en su clásico rol de anticipar expectativas— está de absolutamente plano a negativo, los ingresos del cobre (por factores no solamente externos) este año serán los más bajos de los últimos 10 años y los márgenes de utilidades del cobre en el próximo periodo Presidencial serán definitivamente menores, a juzgar por los titubeos en la expansión de China (el precio del cobre ha soslayado las deficiencias de nuestra economía productiva), un dólar que sube; coincidiendo con un ciclo económico en declinación… entonces se dificulta y enrarece la consonancia entre un indispensable buen ciclo económico con este demandante más intensivo ciclo de progresividad política y social que pretenden varios presidenciables. La economía no lo resistirá ni acompañará.

Institucionalidad para las ciencias

por Ignacio Sánchez.

En las últimas semanas se ha reactivado un debate clave para el desarrollo del país. La propuesta de una nueva institucionalidad para las ciencias a través de un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior ha sido presentada por una comisión Presidencial. Además, en la cuenta del 21 de mayo se propuso una Subsecretaría de Educación Superior. Es evidente una mayor coordinación entre los Ministerios de Educación y Economía en las áreas de investigación, innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento, por lo que esta propuesta va en el camino correcto.

Es importante destacar que en países desarrollados la educación superior, y la ciencia e innovación, están unidas en la misma cartera Ministerial. Son los ejemplos de Suecia, Alemania y Francia. Es la forma de articular un trabajo conjunto entre la formación de científicos, profesionales y técnicos, con la cadena de valor y el desarrollo productivo de la nación.

Los problemas que presenta hoy el sistema es la falta de un plan de mediano y largo plazo para el desarrollo de estos temas, la coordinación, diálogo y trabajo en equipo de los diferentes actores. Por otra parte, existen fundados temores al aumentar el peso relativo de cada uno de los actuales Ministerios. Desde Educación se ve el riesgo de un Ministerio de Economía que mire sólo el aspecto productivo y postergue la investigación básica y las humanidades. A su vez, desde Economía el temor e incertidumbre es si la ciencia y creación de nuevo conocimiento puede alcanzar la transferencia y aplicación para beneficio de la sociedad. Dos mundos que no se conocen lo suficiente y en los que existen legítimas desconfianzas.

La propuesta de la comisión consiste en un Ministerio con dos Subsecretarías: Educación Superior y Ciencia, Innovación y Tecnología, de las que dependerán sus áreas afines. Es muy positivo que la educación universitaria y técnico profesional participen en un lugar común, con las áreas de acreditación, Superintendencia, financiamiento institucional y estudiantil (becas y beneficios). Por otra parte, en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación, se encuentra Conicyt, Becas y desarrollo de capital humano avanzado y las iniciativas Científica Milenio, Innova e Inapi. Quedan áreas pendientes de articular, como la coordinación con los Gobiernos Regionales, las áreas de emprendimiento del Ministerio de Economía, los fondos Fonis y FIA de los Ministerios de Salud y Agricultura, y una relación más definida con la educación y divulgación científica. Además, se debe analizar mejor la coordinación y trabajo conjunto con las universidades e instituciones académicas.

La propuesta presentada es innovadora y bien estructurada. Ha sido fruto de un consenso producto del trabajo de una comisión amplia y transversal. Su análisis y aportes desde las diferentes instancias debe desarrollarse en los próximos meses y quedará como una idea propuesta para el próximo Gobierno. En conjunto, los actores de la educación superior, de ciencia y tecnología, y los que participan de la cadena de valor, deberán aportar para colaborar al desarrollo de las ciencias, en beneficio directo de nuestra sociedad. Un Ministerio como el propuesto es una señal de la relevancia que como país le daremos a la ciencia.

Chile, potencia alimentaria.

Por tercer año consecutivo, la transformación del Ministerio de Agricultura en el eje de la industria alimentaria y forestal del país se incluyó en la lista de medidas anunciadas el 21 de mayo. Poco se conoce aún sobre este proyecto, cuyos objetivos contemplan fomentar la seguridad de los alimentos, aumentar las exportaciones agrícolas y promover la modernización del sector forestal. Quizás por esa falta de detalles, esta iniciativa -potencialmente muy valiosa- ha sido hasta ahora recibida con tibieza por el sector privado, concentrado en buscar soluciones a problemas inmediatos, tales como el alza de los costos o la reducción de las cuotas de pesca.

La idea de crear el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos tiene casi una década, pero ha quedado repetidamente postergada ante otras prioridades. Sin embargo, su conveniencia recobra importancia en un contexto en el que la caída del precio del cobre desnuda las vulnerabilidades de la economía chilena. La minería ha crecido hasta ocupar la mitad de la canasta exportadora y genera el 14% de los ingresos Fiscales. Pero debido a la caída del precio del cobre, este año el fisco podría recibir hasta 60% menos de aportes por parte de la minería.

Con acierto se ha determinado que Chile tiene potencial necesario para ser un actor relevante en la industria alimentaria. Consultores del Banco Mundial y del Ministerio de Agricultura elaboraron en 2011 la agenda hacia 2030, en la que se especificaban los pasos a seguir para convertir a Chile en "un productor de calidad de una amplia gama de alimentos y fibras", con una excelente imagen internacional respecto de la seguridad de sus productos y la sustentabilidad de su producción. En dicha agenda se planteaba ya la necesidad de reforzar el Ministerio de Agricultura y reunir bajo su administración la gestión de los recursos naturales, incluyendo las agencias de certificación de calidad y los recursos de innovación. Estos últimos se encuentran hoy repartidos en una decena de instituciones que operan sin una estrategia común.

La agenda, sin embargo, incluye retos mucho más grandes que la sola creación del nuevo Ministerio, sobre todo debido a la pérdida de productividad que ha experimentado el sector en los últimos años. Los empresarios del área tienden a acusar solo a los vaivenes del tipo de cambio, pero en realidad esa baja tiene más bien directa relación con la falta de innovación y la escasa capacitación de la fuerza laboral. Estos dos temas son centralmente prioritarios en el plan a 2030, y requerirán la participación del sector privado, triplicar los recursos del Ministerio de Agricultura a 2020, y fortalecer la participación de las Regiones.

A largo plazo, la baja del precio del cobre debería ser un factor que ayude a impulsar esta agenda, lo cual no solo permitiría reducir la dependencia de la minería, sino que obligaría a impulsar la descentralización del país, un paso necesario para reducir la desigualdad y garantizar un desarrollo sustentable, y no solo un aumento del PIB.

Desde todas estas perspectivas, la anunciada reformulación del actual Ministerio del ramo podría ser un paso valiosamente conducente.

Peligro de déficit eléctrico.

Según las proyecciones de la Comisión Nacional de Energía, existe cierto riesgo de que haya un déficit energético de hasta 1% de la demanda en los próximos meses, lo que provocaría dificultades en el suministro eléctrico. Esto sucedería si el año es especialmente seco y si, además, falla alguna unidad importante. Aunque la probabilidad de que esto ocurra es pequeña, es preciso prever oportunamente cuál será la respuesta.

Desde luego, en caso de sobrevenir tal déficit, habría que tomar medidas para reducir su impacto. Para ello, el Gobierno debe dictar un Decreto de Racionamiento -como el que acaba de alzar hace poco-, que permite operar el sistema eléctrico en condiciones de emergencia: autoriza a operar el despacho cuidando el uso de agua en los embalses -lo que eleva el costo de la energía-; a reducir el voltaje; a reducir el nivel de seguridad del sistema -permitiendo, por ejemplo, que operen líneas que no cumplen la condición "n-1" y que, por lo tanto, fallan si falla un solo componente-, o la desconexión de consumos en momentos críticos.

Buscando los factores que dan lugar a esta situación, se observa que, a grandes rasgos, las señales económicas son correctas, lo que explica el interés en invertir en proyectos eléctricos de todo tipo, desde líneas de transmisión hasta unidades de generación de diversas fuentes, incluyendo grandes cantidades de energías renovables no convencionales (ERNC). No obstante, algunas deficiencias de competencia en generación se ven exacerbadas por las dificultades que enfrentan tanto las firmas establecidas como los potenciales entrantes para conseguir que sus inversiones sorteen los obstáculos de ambientalistas, intereses locales y pueblos originarios, y más recientemente, de un Poder Judicial hiperactivo.

Mucho más allá de todo eso, el problema eléctrico de Chile tiene otro origen: la ignorancia ciudadana de los costos y beneficios reales de disponer de más generación. Bajo las presiones referidas, la población ha sido movida a una actitud que hace prácticamente imposible instalar centrales de bajo costo, tanto a carbón como hidráulicas. Paradójicamente, esos mismos ciudadanos protestan por el alza en el costo de la electricidad, o por dificultades de suministro, o cuando empresas deben cerrar porque sus costos de energía se han elevado en exceso.

Una parte del público y el lobby ambientalista creen que las energías renovables no convencionales podrían salvar esta situación, por sus bajos costos de operación y sus cada vez menores costos de inversión. Desconocen ellos que, en las condiciones actuales, el carácter no permanente de las principales ERNC -eólicas y solares- eleva el costo global del sistema si se usan en demasía. Se requieren respaldos, reforzar el sistema de transmisión, y operar algunas unidades generadoras a niveles ineficientes. Eso no es demasiado grave si la cobertura de estas energías es baja, pero estimaciones recientes cifran el costo de largo plazo de una penetración de 30% de estas energías en más de 70 dólares por MWh para el Reino Unido y Alemania.

La responsabilidad por ese equivocado juicio que comparten vastos sectores recae en el Gobierno, la empresa privada y, específicamente, en el sector eléctrico: no han sabido hacer comprender al público los costos para el país de la paralización de las inversiones en centrales convencionales de bajo costo que cumplen la normativa ambiental. Hasta ahora, parte importante de la población cree que esas inversiones sirven solo a las empresas eléctricas u otras grandes compañías. No percibe que la caída en la inversión y el crecimiento por el aumento de los costos eléctricos va en contra de objetivos que valora y de los que depende en gran medida su bienestar, como el empleo, el alza en los salarios e ingresos, y la consiguiente reducción en la desigualdad. Tampoco se le ha hecho ver que solo los países de altos ingresos pueden asumir el costo de una defensa efectiva del medio ambiente. Ha habido una falla en comunicar a un público más empoderado, pero no por eso más informado, sobre los costos por la virtual paralización de inversiones en generación convencional.

De esta falla, que se evidencia hoy agudamente en el sector energético, adolecen también numerosos otros importantes actores del sector privado. Este, en su conjunto, debe entender que hoy, para sostenerse frente a una ciudadanía deliberante, no basta con proveer bienes y servicios. Necesita explicar, justificar, convencer. Eso supone campañas informativas permanentes y masivas, que tienen un costo, el cual las administraciones de viejo cuño son reacias a pagar. La realidad pronto les hará ver que el precio de omitirlas es inconmensurablemente mayor.

Retrocesos perjudiciales en el debate tributario.

Una de las propuestas de reforma que se ha ido perfilando en la discusión tributaria, impulsada incluso por miembros de la comisión designada por la precandidata Michelle Bachelet, consiste en la “eliminación del FUT”, acompañada de depreciación instantánea de la inversión en capital fijo. Esta propuesta representa una amenaza para el crecimiento económico, pues limitaría la inversión con potencial de mejoramiento de la productividad en nuestra economía.

Las propuestas para eliminar el FUT suponen considerar como ingresos de cada persona o inversionistas extranjeros, para el pago del Global Complementario o Adicional, las utilidades devengadas  por las empresas en la proporción correspondiente a su participación en la propiedad de las mismas. Si hoy la tributación es 20% sobre la utilidad devengada, y sólo los retiros de utilidades son considerados ingresos de la persona para efectos de dichos tributos, en el futuro toda la utilidad devengada por personas de altos ingresos o por un innovador que aspira a ser exitoso tributaría con el 40%. En el caso de inversionistas extranjeros, la tasa subiría a 35% sobre utilidades devengadas, aun si no hay remesas de utilidades.

Esto es un gran cambio respecto de hoy, en que el 20% de tributación aplicables a las empresas ya excede las tasas efectivas vigentes en el resto del mundo. Las cifras disponibles indican que en Chile se recauda más por impuestos a las empresas que en América Latina y la Ocde, donde predominan tasas de impuestos a las utilidades de las empresas sobre 30%. La explicación está en que en aquellos países hay muchas exenciones y tratamientos preferenciales, tal que la tributación definitiva a las utilidades resulta más liviana que en Chile. Siendo la estructura tributaria un instrumento fundamental en la competencia para atraer inversiones al territorio nacional, la eliminación del FUT representa una amenaza para el crecimiento.

Junto con promover la eliminación del FUT, y en un intento por evitar su impacto negativo sobre el crecimiento, se postula aplicar simultáneamente la depreciación instantánea de la inversión en activo fijo, cuyo efecto es neutralizar por completo el impuesto a la renta en proyectos en que las utilidades corresponden a un retorno normal sobre la inversión en ese tipo de activos. Pero ese enfoque está obsoleto. Estamos  en  una  época en que la inversión en capital fijo -construcciones y maquinarias- explica una parte menor del crecimiento económico. Además, en este mundo de innovación, donde ocurren éxitos y fracasos, los retornos “normales” son menos representativos. Así, liberar de impuestos al retorno normal sobre la inversión en capital fijo ya no neutraliza en forma relevante el impuesto a la renta de las empresas. Si esta es la situación, permitir depreciación instantánea de la inversión en capital fijo no reducirá mayormente la tasa final de tributación (40%) que afectará al innovador exitoso, incentivándolo a desarrollar sus proyectos en países con menores impuestos.

Chile necesita mejoramiento continuo en la productividad para un crecimiento sostenido. Y no tenemos experiencia de crecimiento de productividad interesante desde que las tasas de impuesto a la renta empresarial excedieron el 15% en el país. Frente a esta evidencia, parece equivocado promover tasas de impuesto a la renta de las empresas en 40%, como son las que, en la práctica, resultarían de eliminar el FUT.

Instituto Nacional podría marcar la diferencia.

La toma del Instituto Nacional durante ya una semana -con un incidente este martes, cuando Carabineros desalojó a algunos ocupantes al parecer temporales, actuando de oficio ante delito flagrante (vandalismo contra vehículos), según informó la Alcaldesa de Santiago, quien descartó haber ordenado tal acción- es una movilización más en ese establecimiento, que en 2011 y 2012 enfrentó largas paralizaciones. Mediante declaraciones públicas, los docentes y el centro de padres objetaron dicha toma, por estimarla una medida de presión y fuerza inapropiada y desmedida.

Ella busca una reorganización administrativa del Instituto que incluya la facultad de los estudiantes de decidir la continuidad de directivos y funcionarios -entre sus peticiones está la salida del Rector-, una mejora en la infraestructura y una actualización del proyecto educativo. Cabe recordar que la dirección del establecimiento fue concursada públicamente hasta 2015 y debe decidirla quien tiene la responsabilidad legal de dicho liceo. En materia de infraestructura, este año se están invirtiendo más de 3.500 millones de pesos en ese recinto, incluyendo un auditorio para más de 800 personas.

La demanda más interesante se refiere a modernizar el proyecto educativo. La educación en el mundo y la realidad de nuestro país han cambiado significativamente en las últimas décadas, por lo que tal reflexión es legítima. Además, este año se enteran 200 años del Instituto Nacional, por lo que debatir sobre su función puede ser oportuno, pero ciertamente no admisible bajo presión de la fuerza.

Sería valioso que el debate propuesto por los estudiantes no se limite a las mismas motivaciones políticas de siempre. En los últimos años, demandas o eslóganes ya conocidos -como rescate de la educación pública, gratuidad, selectividad y otros similares- se traspasan y se reiteran de directiva en directiva. Algunas de dichas inquietudes son razonables; otras parecen equívocas o genéricas. Sería hora de que el análisis se abra a mirar hacia adelante en lo académico y también en lo extracurricular.

Poco o nada se están aprovechando el prestigio del Instituto Nacional y el talento de sus alumnos para sostener una discusión en el nivel de excelencia que históricamente ha sido su sello, y así marcar una diferencia. Una institución que concentra a algunos de los mejores alumnos del país debiera destacar no solo por sus altos puntajes a fin de año o su influencia política durante el período lectivo, sino por su aporte diferenciador a la enseñanza. Podría ser un centro de innovación para la educación chilena; establecer alianzas reales con universidades para que sus alumnos participen en proyectos de investigación científica; organizar conferencias de alto perfil en que se destaquen diferentes iniciativas de jóvenes chilenos; conformar una orquesta juvenil de primer nivel, similar a las famosas de Venezuela. Posibilidades hay muchas, y el Instituto Nacional tiene el potencial para aportar al país y a la juventud chilena una discusión nueva. Su centro de alumnos debiera diferenciarse de otras dirigencias estudiantiles precisamente por abrir espacio a temas e intereses hoy ausentes o relegados.

En su bicentenario, el Instituto Nacional podría y debería dejar de ser uno más de los planteles con tomas y erigirse en el foco de las nuevas ideas para la educación. En suma, hacer realidad la apelación a ser el "primer foco de luz de la Nación" que postula ambiciosamente su himno. Eso contribuiría a modernizar su proyecto educativo, en vez de meramente repetir las movilizaciones de rutina.

Planificación para enfrentar emergencias.

En las últimas horas dos fenómenos de la naturaleza, registrados en la zona centro sur del país, obligaron a las autoridades y a la ciudadanía adoptar medidas extraordinarias de prevención y resguardo. El primero es el sistema frontal que desde la madrugada del lunes afectó a nueve Regiones del territorio nacional (entre Atacama y Los Lagos), dejando cientos de damnificados y daños de diversa consideración, según reportes entregados por la Onemi. El segundo es la inminente erupción del volcán Copahue (ubicado en la cordillera del Biobío), donde se inició un plan de evacuación de las más de dos mil personas que viven en los poblados aledaños al macizo.

En ambas situaciones se ha advertido una respuesta diligente de las autoridades competentes y de los organismos de emergencia, los que han actuado a tiempo, con la adecuada planificación y de manera coordinada. Ello le ha permitido a la ciudadanía informarse oportunamente de lo ocurrido y adoptar con suficiente antelación medidas preventivas para enfrentar los trastornos originados por las intensas lluvias y la actividad volcánica.

En el caso del temporal, éste se había anunciado hace varios días, lo que llevó al Gobierno a activar los planes de contingencia dispuestos para estas ocasiones. No obstante, se constató un gran número de viviendas afectadas y el anegamiento de importantes arterias viales, hechos que según los especialistas se podrían evitar si se terminara de construir el postergado plan maestro de colectores de aguas lluvias, deficiencia que debe ser subsanada en un plazo razonable.

En cuanto a la posible erupción del Copahue, se puede constatar que la red implementada para el monitoreo de los volcanes ha operado con eficiencia, facilitando el traslado oportuno de los habitantes de esa zona hacia lugares seguros. Sin embargo, es fundamental que todas las personas que se encuentran en el área de riesgo estén dispuestas a abandonar sus hogares, para lo cual el Gobierno debe garantizar la protección de sus bienes.

Una breve mirada a la historia.

Según la corona española, hacia fines del siglo XIX el territorio de Chile ya comenzaba en Arica y no en Atacama. Un nuevo plano fue presentado en la Universidad de los Andes por el historiador y académico Francisco Javier González a la Fundación Chile-España. En la oportunidad, explicó que en el documento se hace una distinción entre "Reino de Chile" y "Territorio de Chile".

El primero comprendería el tradicional "Chile Histórico", que iba desde el despoblado de Atacama hasta el Biobío. Pero el segundo, correspondería a un territorio que comenzaría en el paralelo 18° latitud Sur; es decir, en Arica.

(Esta nota de carácter territorial fue tomada de la sección Top Secret del vespertino La Segunda de ayer).

Una carta para meditar.

Señor Director:

Falsos exonerados.

Es difícil pensar que el Partido Socialista no tenía los medios ni podía realizar la gestión necesaria para hacer bien el trabajo de seleccionar a los que hoy aparecen como exonerados falsos, y que representan nada menos que a un 30% del total. Cuando se anunció el beneficio, se debió suponer que la fila iba a ser interminable y, por el bien de todos, los filtros debieron ser los máximos.

Da la sensación de que estas irregularidades eran una apuesta a que esto nunca se iba a saber, pues nunca antes alguien lo investigó.

Asumir las culpas ahora no corresponde, lo que importa es hacer las cosas responsablemente. Además, nuevamente vemos la incoherencia en política: por mis errores ofrezco disculpas, pero por los errores del contrario pido las penas del infierno.

Las firmas de los que avalaron a los falsos exonerados siguen valiendo y están vigentes. Ojalá sea la ciudadanía la que castigue estas formas de actuar.

Jaime Dart Vallejos.

NUESTRA VISIÓN DEL CASO DE LOS FALSOS EXONERADOS: