Fotografías informativas, temas para el fin de semana...

 La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), detuvo la construcción del proyecto y a la vez  aplicó una multa de $8 mil millones (US$16,4 millones) a la minera canadiense Barrick Gold, por los incumplimientos del proyecto.

 Aseguran que El Lagarto Murdock fue despedido de CHV por chiste antisemita contado el pasado lunes

en el programa de humor, Hazme Reír, que provocó reclamos de la comunidad judía.

 Rangers aguó la despedida de Guillermo Marino y el aniversario número 86 de Universidad de Chile tras

 derrotarlos por 1-2 en el Estadio Nacional en un duelo válido por la última fecha del Campeonato 2013.

 Falla eléctrica habría provocado incendio donde murieron dos menores en Puerto Montt, los gemelos

 se encontraban solos al momento en que se desató el siniestro. El caso está siendo investigado por

 el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

 ONEMI  decretó  alerta amarilla para la Región Metropolitana por sistema frontal, a partir

 del lunes se esperan precipitaciones desde la Región de Coquimbo hacia el sur, aunque será más

 intenso en la zona central.

 Maduro está muy lejos de a popularidad de su antecesor, la golpiza propinada por Diputados del

 oficialismo a sus homólogos de la oposición provocan el crecimiento de los adversarios del chavismo

 según encuesta de Datin Corp.

 Escándalo en Hungría por dichos antisemita de un Diputado ante el Parlamento, a raíz del 

exabrupto una persona interpuso una denuncia anónima contra el Legislador del extremista

 partido Jobbik. De ser encontrado culpable, podría pasar hasta tres años en prisión.

El Gobierno de Japón aseguró hoy "no tener constancia" de la presencia de ningún tipo de fantasma

 en la  residencia del Primer Ministro, Shinzo Abe, tras la preocupación mostrada en el Parlamento

 por un  miembro de la oposición.

 Rusia revela que régimen sirio acepta "en principio" asistir a conferencia de paz, la información 

fue entregada por un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso y abre esperanzas de

una posible solución a la cruenta guerra civil.

 

¿Se terminó el viento de cola?

por Rolf Lüders.

La tasa de crecimiento económico del primer trimestre de este año fue de un 4,1%, significativamente inferior a la tasa promedio de los últimos tres años, que bordea el 5,7%. La economía chilena se está desacelerando, afectada por la situación externa -con algún rezago, como suele ocurrir-, pero también por nuestras propias debilidades. El crecimiento económico mundial es hoy casi un 20% inferior al existente antes de la Gran Recesión, originado por la situación europea y, en parte, por aquella de los EE.UU.

Europa ha vuelto a caer  en plena recesión. Este es un hecho indesmentible que está afectando al resto del mundo, incluyendo, por cierto, a China, que ha sufrido una desaceleración de más de un 2% en su tasa de crecimiento. La economía chilena, que -casi patológicamente- es la más dependiente del crecimiento chino, se está viendo afectada por la caída del precio del cobre. Además, Brasil y Argentina están sufriendo severas desaceleraciones en sus economías.

La excepción chilena se explicaba por el fuerte crecimiento de la demanda interna. En parte por la reconstrucción, pero también por el boom minero, el país experimentó un significativo aumento de la tasa de inversión. Además, este boom hizo posible un aumento del gasto público, mejorando de paso la situación Fiscal. El notorio aumento del empleo, inducido por estas situaciones, en buena parte de calidad, activó el consumo.

Este círculo virtuoso se está revirtiendo, para acercar nuestra tasa de crecimiento económico a su actual potencial, que probablemente esté entre un 4,5% y un 5% anual. A pesar de que todavía supera un vigoroso 9%, la tasa de crecimiento de las inversiones ya ha caído a casi la mitad. Además, el aumento del valor de las exportaciones se está desacelerando, la tasa de creación de empleos también. E incluso, ya lo está haciendo la tasa de aumento del consumo.

Hace tiempo que nuestro esfuerzo ha estado concentrado en redistribuir, más que en aumentar nuestra competitividad. Eso fue así explícitamente bajo el anterior Gobierno, pero también ha resultado ser así en el actual. Como muestra, frente a un crecimiento del gasto público de, aproximadamente, un 23%, el Gobierno habrá aumentado el gasto en educación, salud y vivienda en alrededor de un 30%; en cambio, el de infraestructura física, por ejemplo, en apenas un cuarto del porcentaje de los anteriores.

La falta de prioridad para encarar las medidas necesarias para aumentar la competitividad a mediano plazo -la educación lo hace, pero a largo plazo- ha repercutido en bajas tasas de aumento de la productividad en este siglo. Así se arrastran sin solución los problemas energéticos, del agua, de la competitividad en varios sectores oligopolizados, de la falta de flexibilidad laboral y de muchos otros.  El alto precio del cobre -que produjo el llamado viento de cola- nos ha permitido soslayar las deficiencias de nuestra economía y embarcarnos ahora último en una lucha estéril por captar las rentas correspondientes. En un escenario de rentas menores, ¿seremos capaces de unirnos para reemprender juntos el camino al desarrollo?

OPPENHEIMER: La OEA y la marihuana,

por Andrés Oppenheimer.

Los Presidentes latinoamericanos que respaldan la despenalización de la marihuana ganaron una gran victoria Diplomática cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) dio a conocer un informe pocos días atrás en el que incluye esa medida como una de varias opciones para reducir el narcotráfico y la violencia en la región.

El informe de la OEA, de 400 páginas y titulado “El problema de la droga en las Américas” había sido encargado por los países latinoamericanos en la Cumbre de las Américas del año pasado, celebrada en Cartagena.

Aunque el reporte no hace recomendaciones concretas, incluye explícitamente la despenalización de la marihuana entre los posibles escenarios que se pueden dar en Latinoamérica en el futuro próximo. En otras palabras, pone esa opción sobre la mesa, en lo que probablemente sea la primera vez que una organización internacional considera la despenalización del consumo de marihuana como una estrategia válida.

El informe pide “mayor flexibilidad” en las políticas anti-drogas, y señala que “hay tendencias que tienden a la despenalización o legalización de la producción, la venta y el uso de la marihuana”. Y agrega que “tarde o temprano, habrá que tomar decisiones en esta área”.

Por el contrario, el informe dice que la despenalización o legalización de otras drogas más duras, tales como la cocaína, no sería una buena idea. La marihuana no es más dañina que el alcohol o el tabaco, explica, pero no es el caso de la cocaína y otras drogas.

En una entrevista, el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza me dijo que el informe tan solo presenta escenarios, y "trata de no inclinarse por ninguna variante".

Pero añadió que existe un acuerdo generalizado entre los expertos que participaron en el estudio en que hay que tratar a las drogas ilícitas como un problema de salud y no como un problema de orden público o delictivo, un argumento clave de los defensores de la despenalización.

“Si una persona está enferma, no se la manda a la cárcel”, me dijo Insulza. “Tiene que tener un tratamiento especial. Tienen que tratarlo como una persona que tiene una grave adicción, que tiene que superar".

El informe de la OEA sale a la luz después de que varios Presidentes latinoamericanos, incluyendo a los de Colombia, Guatemala, México y Uruguay, han pedido cambios en la “guerra contra las drogas” respaldada por Estados Unidos en las últimas décadas, que ha dejado una secuela de decenas de miles de muertes en los últimos años.

Esos pedidos se han intensificado desde que los estados de Colorado y Washington aprobaron el año pasado el uso recreativo de la marihuana.

Varios ex Presidentes, tales como Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, Ricardo Lagos de Chile y Ernesto Zedillo de México —miembros de la Comisión Global sobre Política de Drogas, un grupo no Gubernamental — celebraron el contenido del informe de la OEA.

En una entrevista aparte, Gaviria me dijo que aunque el informe de la OEA no apoya abiertamente la despenalización o legalización de la droga, “acabó con el tabú de que no se puede hablar sobre estos temas" y "legitimó el debate".

La Venezuela de Maduro,

por Mario Montes.

Que Nicolás Maduro no le llega a la suela de los zapatos a Chávez, ni en personalidad, carisma ni popularidad o ideas propias, es un hecho que nadie puede dejar de darse cuenta, como lo demuestra el estrecho y falseado resultado de las elecciones del 14 de abril y el crecimiento de los grupos opositores al chavismo.

Sin duda alguna Maduro es una mala copia del creador del bolivarianismo, y eso, la ciudadanía ya lo ha detectado al constatar su aguda falta de liderazgo, la vergonzosa actitud de mendigar alimentos por américa o su falta de realismo para enfrentar los agudos problemas que agobian al pueblo de Venezuela.

A  la falta de seguridad que agobia los venezolanos opuso la salida a las calles de las Fuerzas Armadas, una manera fácil de acallar a la oposición y de atemorizar a los adversarios, a la falta de producción y el desabastecimiento de alimentos confronta a sus adversarios haciendo acusaciones absurdas y  mentirosas.

La compra de 50 millones de rollos de papel higiénico y de miles de toneladas de alimentos, que serán manejados por el Estado, seguramente en beneficio de los seguidores del chavismo, no puede menos que recordar el escándalo de PDVAL, a quienes en 2010 se le pudrieron miles de toneladas de suministros.

Las elecciones fueron fraudulentas, como lo prueba la negativa obstinada de un recuento transparente de los votos, que Maduro es totalitario lo demuestra su admiración por los hermanos Castro y su irresponsable orden a las Fuerzas Armadas de entregar armamento a grupos de obreros adherentes a su Gobierno.

Creemos que este demente que recibe mensajes de su mentor por medio de un “pajarito” está simplemente preparándose para dar un golpe que enfrente a los venezolanos y le asegure su tambaleante y desprestigiado Gobierno carente de la más mínima legitimidad y claramente contrario a la voluntad popular.

El azote del terrorismo,

por José M. Burgos S.

Terrorismo es la denominación que se le da a los actos violentos perpetrados por grupos o individuos cuyo objetivo es dominar e imponer sus ideas utilizando atentados que dejan tras de sí muertes o mutilaciones de personas inocentes, ruina y desolación.

Muchos de estos grupos criminales aparentan ser guerrilleros con nobles ideales que luchan en favor de los más necesitados, cuando la realidad es que roban, secuestran, torturan y matan con pasmosa frialdad a personas inocentes, incluyendo mujeres, ancianos y niños.

No es raro que un político acuse a otro de terrorista por el simple hecho de no compartir sus ideas.

Los terroristas niegan sus crímenes y defienden el uso de la violencia con el pretexto de que sus sangrientas acciones son en legítima defensa.

En una época sangrienta no muy lejana, en la que los narcotraficantes tuvieron en jaque al Gobierno colombiano, Pablo Emilio Escobar, uno de los más siniestros criminales, ocupó brevemente un escaño en el Congreso de la República, auspiciado por un prestigioso político quien tuvo que comparecer ante la justicia, y hoy se encuentra tras las rejas pagando una larga condena.

Desgraciadamente, muchos narcoterroristas son protegidos por algunos Mandatarios de pasado turbio.

Complejidades de la política antidrogas.

La producción, comercialización y consumo de drogas constituye un problema de creciente importancia en muchos países, y en particular en varios de nuestro continente. El daño personal y social que dichas sustancias producen -a pesar de las variaciones con que él se manifiesta, según el tipo de drogas de que se trate-, sumado a la facilidad con que crean adicción, es un tema de salud pública que los países necesitan abordar. Dicho daño se traduce en problemas médicos de diversa índole en la población afectada, y también en trastornos psicológicos y conductuales de quienes caen en esa adicción, además del sufrimiento y perjuicio anímico y material para las familias involucradas. Económicamente, disminuye o invalida la productividad de quienes están atrapados por la adicción y, adicionalmente, obliga a los contribuyentes a destinar recursos para tratarlos.

Mirada desde una perspectiva de salud pública, la política antidrogas debería concentrarse en prevenir a la población de los daños a que se expone en caso de consumirlas, por medio de campañas masivas y permanentes; y, además, en tratar a los adictos mediante centros especializados que puedan revertir esa adicción y sus secuelas, o bien atenuar o mitigar sus efectos nocivos.

Sin embargo, en las últimas cuatro o cinco décadas dicha política ha estado concentrada en combatir la producción, comercialización y consumo de drogas mediante la prohibición de esas actividades, intentando de esa manera controlar el problema en su raíz. Como resultado de las dificultades que esa política ha enfrentado, crecientemente están surgiendo voces que alertan contra la escasa eficacia social de esa forma de combatir las drogas, y están buscando maneras alternativas de hacerlo. Recientemente, un grupo de ex Presidentes latinoamericanos se pronunció al respecto en esa dirección, y también la OEA pidió a su Secretario General, José Miguel Insulza, que elaborara un informe al respecto, el que acaba de ser terminado y presentado al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y muy pronto se hará lo mismo en la reunión de Presidentes de la Alianza del Pacífico en Cali y en la Asamblea General de la OEA en Guatemala, a principios de junio. En él también se expresa que la despenalización debe ser examinada como un camino alternativo para mejor combatir las drogas.

El combate contra las drogas es distinto según se enfoque como un problema de salud pública o como uno de criminalidad, que es como actualmente se examina, pues esa es la dirección a que lo conduce la prohibición. Esta última genera un apetecido mercado ilegal, manejado por grupos inescrupulosos y delincuentes de alta peligrosidad -sin perjuicio de extenderse, en los niveles inferiores, a un sinnúmero de microtraficantes distribuidores, reclutados principalmente en grupos vulnerables (con gran frecuencia mujeres y jóvenes de escasos recursos)-, que no trepidan en buscar corromper a la policía, la justicia y demás instituciones, y en incurrir en violencia extrema para defender sus mercados, por lo que la política antidrogas termina por concentrarse en combatir a esos grupos, minimizando los recursos destinados a prevención y tratamiento de la población.

La discusión que se plantea hacia adelante es si se debe considerar a las drogas primordialmente como un problema de salud pública en vez de uno de criminalidad, de modo que no sea necesariamente la prohibición la mejor forma de combatir su consumo, sino más bien el concentrarse en exhibir sus efectos, prevenir su consumo y rehabilitar a los adictos. En tal caso, el problema se parecerá más a la forma como se combate el tabaquismo, que no se prohíbe, pero se limita y grava impositivamente su consumo. Es un debate importante, porque hay muchas personas afectadas, muchos recursos de los contribuyentes involucrados, y muchas instancias amagadas. Y, sin duda, habrá de ser una política consensuada entre las naciones de todo el mundo, pues aquella que actúe aisladamente corre el riesgo cierto de convertirse en una isla de tráfico y consumo.

Nota de la Redacción:

Sin duda alguna el consumo de drogas es un grave problema de salud pública, en cambio la comercialización, producción y tráfico de estos elementos es un problema de criminalidad que debe ser enfrentado con todo el rigor de las Leyes.

Gradual reforma procesal civil.

El Ministerio de Justicia ha presentado a los Diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia los avances en la organización y funcionamiento de los nuevos Tribunales, una de las materias más sensibles y decisivas para el éxito de la reforma procesal civil que se está preparando. El panorama es alentador, pues en marzo de este año comenzó a funcionar una "mesa técnica" compuesta por los redactores de la nueva normativa, miembros del Poder Judicial y representantes del Gobierno. La instancia sesiona una vez a la semana bajo la coordinación de la cartera de Justicia, y luego entrega sus recomendaciones a una mesa ampliada que se reúne mensualmente. El trabajo busca desarrollar en detalle las bases sobre las cuales durante el próximo año se redactaría el proyecto de ley relativo a la orgánica de la reforma.

La aparente holgura de tiempo con que se está trabajando y la existencia de múltiples instancias previas a la redacción del proyecto de Ley propiamente tal son razonables resguardos ante la cantidad y trascendencia de las cuestiones que la nueva normativa debe abordar y resolver para que la reforma sea exitosa. Entre ellas se propone optimizar la administración, fundiendo en uno solo los diversos Tribunales de un territorio, pero conservando o ampliando el número de Jueces según las proyecciones sobre ingreso de causas. Así, los Tribunales serían unipersonales en su funcionamiento y colegiados en su organización, como ocurre en la justicia de familia y en los juzgados de garantía en lo penal. En concordancia con ello, se busca suprimir la figura de los secretarios de juzgado, cuyas funciones actualmente oscilan entre las labores meramente burocráticas y la decisión autónoma de aspectos de gran trascendencia para las partes. Ellos serían reemplazados por un segundo Juez en cada Tribunal, de modo que exista auténtica subrogación, quedando todo lo administrativo en manos de personas especializadas.

Un capítulo aparte es la utilización de medios tecnológicos para hacer más eficientes algunas actuaciones procesales, especialmente las notificaciones, así como el almacenamiento y custodia de los expedientes y documentos del proceso. Ambas materias son muy delicadas, al punto de que en la actualidad numerosos funcionarios auxiliares se dedican casi exclusivamente a las tareas relacionadas con ellas. La reforma deberá definir si son aceptables, y en qué condiciones, las notificaciones a través de medios como los mensajes de texto, y también hasta qué punto será obligatorio formar y almacenar un expediente físico de las causas, conjugando la eficiencia en el uso de los recursos con los necesarios resguardos de la fe pública y la constancia de las actuaciones judiciales y de las partes.

A lo anterior se suman otros aspectos sensibles, sobre los que existe poco o ningún acuerdo entre expertos y prácticos, como la mantención del feriado judicial, las tasas judiciales y la sustitución del sistema completo de cobranzas para ponerlo en manos de los oficiales de ejecución, los cuales deberán contar con su propia estructura orgánica. La cantidad y variedad de asuntos que aún falta por resolver, así como la necesidad de dar contenido a otros sobre los que solo existe un acuerdo preliminar y básico, hacen saludable la decisión -al parecer ya adoptada en las instancias actuales- de establecer un régimen de implementación gradual de los cambios en el territorio nacional, como se ha hecho con otros procesos de reforma en Chile y en el extranjero. Por ahora, el país está a la espera de un buen proyecto de ley, a la altura del esfuerzo que se ha puesto en su elaboración y de las personas que han participado en ella.

Saludable contrapeso de la Alianza del Pacífico.

Se celebró la ciudad colombiana de Cali la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que reúne a Chile, Perú, Colombia y México como miembros plenos y fundadores. No obstante el escaso tiempo que lleva de existencia -sus orígenes se remontan a 2011- el grupo ha dado auspiciosos pasos hacia el objetivo de crear una gran área de integración en la región, que a su vez esté plenamente vinculada con las otras economías del Pacífico. Lo atractivo de este referente es que pretende ir más allá de la cooperación estrictamente comercial, avanzando en el tiempo hacia un área que permita el libre tránsito de las personas y el trabajo, lo cual representa un desafío formidable para países que comparten modelos económicos y políticos y que, de esa forma, buscan conformar un bloque que marca un contraste con las naciones de la región que han optado por esquemas institucionales semiautoritarios y económicamente protegidos.

El Presidente de la República fue uno de los Mandatarios que asistió a la cumbre, ocasión en que entregó la Presidencia pro témpore del bloque a su par colombiano. En la oportunidad, se dio el beneplácito a Costa Rica para integrarse como quinto miembro del conglomerado, y los Mandatarios volvieron a reiterar el propósito de favorecer el libre comercio en la región y el libre tránsito de personas entre los países miembros. Cabe destacar que el Senado chileno había aprobado el miércoles por unanimidad la adhesión oficial del país al bloque, lo que constituye un valioso compromiso por parte de Chile hacia los principios que inspiran la agrupación, como la vigencia del estado de derecho, la democracia y el apego al orden Constitucional. El decidido apoyo que Chile ha dado a esta Alianza no debería decaer, independientemente del Gobierno que asuma el próximo año.

Chile, Perú, Colombia y México representan algo más de un tercio del PIB regional, muy similar al tamaño de la economía brasileña, y cerca del 50% del comercio total de la región, lo que posiciona al bloque con una relevante perspectiva no sólo económica, sino también geopolítica. Es saludable que en la región aparezcan contrapesos fuertes a otros modelos que existen en la región, y que van en una dirección contraria a los principios que inspiran a esta Alianza. La abundancia de organizaciones regionales -a la OEA cabe sumar el Alba, Mercosur y recientemente Unasur- no ha significado hasta ahora una oportunidad para denunciar, por ejemplo, violaciones a la institucionalidad o la libertad de prensa y permitir avanzar hacia mercados globalmente más integrados que logren derribar las barreras comerciales; por el contrario, varias de estas organizaciones han sido dominadas por agendas afines al eje bolivariano, lo que ha hecho más difícil esta integración. La Alianza del Pacífico tiene por ahora un propósito fundamentalmente de tipo económico, pero en la medida que se consolide y añada nuevos miembros, incrementará su peso político.

Los países integrantes de la Alianza cuentan ya con tratados de libre comercio entre sí, pero avanzar hacia un área común en todo tipo de sectores tomará tiempo. Posiblemente uno de los aspectos que requerirá mayor análisis es el libre tránsito de los ciudadanos y del trabajo. Se ha podido avanzar en la eliminación de los requisitos de visado y facilidades para el desplazamiento entre los países, pero será necesario tomar medidas para facilitar  cuestiones prácticas relevantes que permitan a un ciudadano de un país del bloque trabajar sin problemas en otro.

Ferrocarril restablecido.

Después de más de siete años se ha reanudado el servicio del ferrocarril de Arica a La Paz (Fcalp), que había interrumpido el transporte de pasajeros y carga por quiebra de la empresa boliviana que lo administraba y por los daños provocados por aludes y perjuicios provenientes del invierno boliviano de 2005, que destruyeron una parte significativa de la vía.

Se trata de un tren centenario, que requería sustanciales reparaciones, que servía de apoyo a las comunidades altiplánicas chilenas y bolivianas, y fue crucial para las exportaciones desde Bolivia, cuando no existía la competencia del transporte aéreo y de camiones y buses.

Al reinaugurar su funcionamiento en el tramo chileno (206 kilómetros desde Arica hasta Visviri, en la frontera con Bolivia), el Presidente Piñera hizo un recorrido de hora y media, y lamentó la ausencia del Presidente Evo Morales.

La nueva puesta en marcha de este servicio significó para Chile una inversión de 58 millones de dólares. Las labores para ello se iniciaron en 2010, y la fecha elegida para el reinicio fue el centenario de su construcción, durante el Gobierno del Presidente Barros Luco. Relevante es consignar las cuantiosas inversiones -estimadas en 547 millones de dólares- que Chile ha realizado en infraestructura para el servicio de la conectividad, el libre tránsito y las exportaciones de Bolivia hacia el Pacífico, mediante la ampliación de puertos, aeropuertos, complejos aduaneros y la construcción de puentes y caminos. A ello se suman los gastos operacionales que asume Chile anualmente -estimados en 68 millones de dólares- por concepto de almacenamiento, electricidad y movimiento de cargas bolivianas en los puertos chilenos.

Chile reconfirma así el completo y permanente cumplimiento del tratado de 1904 mediante esta conexión cuyo fin es facilitar el libre tránsito y el comercio de Bolivia que sale por el Pacífico y la integración de ambos países. Para el extremo norte chileno, este ferrocarril, con características técnicas e históricas peculiares, incluso puede ser un atractivo turístico y, en todo caso, un medio para romper el aislamiento de las comunidades aledañas a sus vías, y una contribución al desarrollo de Arica, cuyo reflorecimiento, después de décadas de virtual abandono, ya se advierte como resultado de la puesta en marcha del Plan Arica, hace tres años.

En la medida en que Bolivia quiera aprovechar esta opción, el ferrocarril de Arica a La Paz puede ser una herramienta valiosa para ambos países. Si no lo hace y continúa postergando las inversiones correlativas en su territorio para aprovechar las obras viales, portuarias, aeroportuarias y ferroviales construidas por Chile para mutuo beneficio, el costo recaerá, una vez más, en el pueblo boliviano y en las comunidades altiplánicas.

Correspondencia destacada.

Señor Director:

Agresividad periodística.

De un tiempo a esta parte, periodistas de televisión y radioemisoras hacen gala de una inusitada agresividad para con la persona entrevistada. ¿Se consideran mejores profesionales por interrumpir a su interlocutor a cada momento, sin interesarse en escuchar lo que este desea exponer?

Claudio Troncoso B.

25 de mayo.

En e l día de la Nación Argentina, saludamos afectuosamente al pueblo de nuestro país vecino, saludo que ciertamente no hacemos efectivo a la mafia totalitaria que se ha “encaramado” en el poder encabezado por la desagradable señora K.