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El abogado Raúl Meza
solicitará hoy inhabilitar a la Fiscal Solange Huerta en el caso Tsunami,
indicando a radio ADN que
pretende solicitar la medida al Fiscal Nacional Sabas Chahuán por
falta de "imparcialidad" de la
investigadora frente a Michelle Bachelet. |
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La lluvia, tormenta
eléctrica y granizada del sábado causó
estragos en Santiago, calles, casas
locales comerciales pasos bajo nivel y hasta
estaciones del ferrocarril metropolitano resultaron
inundadas y varias Comunas quedaron
sin suministro de luz.
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Dejando en el camino a la U,
la Católica alcanzó en puntaje a Unión Española, la última
fecha del campeonato será
infartante, los rojos se enfrentan a Colo Colo y los cruzados
al descendido San Marcos de Arica, partidos que
definirán el torneo.
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El Presidente de Bolivia,
Evo Morales, anunció que mañana se
reunirá con el ex Mandatario
estadounidense Jimmy Carter
para conocer su experiencia en la negociación que permitió la entrega
a los panameños de la
gestión del Canal de Panamá.
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Una nueva polémica electoral
se desató en Venezuela luego de que el Presidente Nicolás Maduro
asegurara conocer la
identidad de 900.000 electores que no votaron por él en las elecciones del
pasado 14 de abril,
demostrando lo fraudulento del proceso.
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Más de 200 mil fieles
asistieron a la misa de pentecostés en la Plaza San Pedro del Vaticano,
donde ante el Papa Francisco
celebraron la venida del Espíritu Santo, El Pontífice se
pronunció contra la división
eclesiástica e insistió en críticas al sistema económico.
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El Presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, pronunciará este jueves un discurso sobre sus
políticas antiterroristas,
entre ellas un polémico programa de uso de aviones no tripulados, los
famosos drones, y sobre el cierre de Guantánamo.
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El mejor y el peor momento Presidencial,
por Hernán Felipe Errázuriz.
Dicen que el mejor momento de un Presidente de
la República es el día de su victoria electoral y los días siguientes, mientras
no asume su cargo. Son tiempos de éxito, de sueños, esperanzas, felicitaciones
y novedades, sin las responsabilidades y costos de las decisiones Presidenciales.
Por eso, el Presidente Menem reclamaba contra su predecesor, el Presidente
Alfonsín, que debió cederle anticipadamente el mando, impidiéndole disfrutar
como Presidente electo.
Mejor momento aún debe ser cuando un Presidente
es reelecto en ejercicio de su cargo: cuenta con más tiempo para llevar
adelante sus planes y recibe la legitimidad renovada, siempre que la reelección
no sea producto de cambios Constitucionales autocráticos, como es el caso de
Morales, Chávez y Cristina Kirchner y compañía. En Chile eso no sucede, a menos
que caigamos en el populismo.
Los peores tiempos Presidenciales, fuera de los
fracasos e incomprensiones de un Gobernante, deberían ser los de su
irrelevancia, cuando aparecen los posibles sucesores, y más todavía cuando
surge el nuevo Presidente electo. Las cámaras y la opinión pública vuelcan el
interés al siguiente y no al saliente. Son varios meses, con la llama del poder
extinguiéndose inevitablemente. Esa decadencia del poder puede llevarse en paz
perfectamente, si se percibe una revalorización de la ciudadanía por la gestión
Presidencial, en la antesala del juicio final de su desempeño. También ayudan a
sobrellevar el ocaso, la culminación de las promesas y las inauguraciones,
cortando cintas: ya de nada valen los decretos y órdenes Presidenciales, que
quedarán incumplidas y hasta desobedecidas por los que fueran los más leales
colaboradores.
El Presidente Piñera se acerca a esos tiempos
difíciles. Sabemos que tiene una personalidad única: infatigable, ubicuo y
obstinado. Seguirá trabajando hasta el último minuto; lo veremos, a veces, con
hostigamiento y con cierto sarcasmo, en los lugares y en las más variadas
situaciones inimaginables. No cejará hasta el último día de proponer nuevas
iniciativas. Veremos qué anuncia el 21 de mayo. No sorprendería que lo hiciera
con la misma fuerza, como si fuera su primer mensaje Presidencial. Insistirá en
verificar si sus Ministros han cumplido o no los encargos que les entregó en
esas carpetas y con ese pendrive que nos hizo reír el día que anunció su Gabinete.
Continuará empujando su extensa agenda Legislativa. Le resbalará la férrea
oposición de la Concertación en el Congreso. Debe estar entre sus cálculos la
creencia de que la oposición, simplemente ideológica y partidista, desprestigia
a sus opositores y favorece a los candidatos de su coalición, cuyo apoyo será
indispensable, y exigirá reciprocidad, si es que pretende ser reelecto en 2017.
El Presidente Piñera puede ser atípico, pero no
creo que sea diferente de los demás Presidentes contemporáneos en cuanto a su
aspiración a ser reelecto.
¿Fracasaron las primarias?
por Axel Buchheister.
Apesarr de las expectativas que se cifraron en
las primarias, los hechos estarían apuntando a la mantención de las antiguas
prácticas. ¿Significa eso que fracasaron las primarias? Depende, porque hay que
distinguir las elecciones Presidenciales de las Parlamentarias.
A nivel Presidencial, habrá primarias. Las de
la Alianza serán una contienda hecha y derecha. La duda está en la
Concertación, pues tienen mucho de tongo y no por culpa de la potencial
triunfadora, sino porque no ha habido voluntad de darle pelea de verdad. Y la
competencia no podía sino provenir de la DC -los demás son un saludo a la
bandera- y simplemente no hay disposición a desafiarla, aunque tampoco por
culpa de su candidato: la sed de puestos públicos y parcelas de poder ha
determinado que muy pocos en esa tienda estén proclives a darle su apoyo. Pero
todo eso no es un fracaso de las primarias en sí, sino que estrictamente es un
problema de la DC y habrá que ver qué efecto tendrá para ellos en el recuento
de los votos en las Parlamentarias de noviembre. Empero, las Presidenciales no
eran el gran desafío para el mecanismo, al ser un proceso único y nacional, y
con pocos candidatos.
Es en la definición de los candidatos al
Congreso que han fracasado, porque al final no se les utilizará, salvo en RN y
sólo para ciertos Distritos. ¿Por qué sucedió así? El comentario más común
apunta a que los políticos de siempre no quisieron aflojar su parcela y se
niegan a competir. Sin duda que hay mucho de eso: el epítome es lo sucedido en
el Partido Socialista, que de tanto estar junto al pueblo, sus pesos pesados no
consideraban necesario el pronunciamiento de la base popular. Los barones no
están disponibles para medirse con cualquiera. No vaya a ser que queden fuera y
la estabilidad política no está en situación de farreárselos.
Sin embargo, hay otro factor no mencionado que
contribuyó a que las primarias fracasaran respecto de las elecciones Parlamentarias:
su diseño. La Ley creó un sistema centralizado y sobrerregulado, que devino en
una verdadera camisa de fuerza, que al final nadie quiso o pudo usar. Las
elecciones Parlamentarias son una realidad tan caleidoscópica, que requerían de
un proceso con márgenes para que las primarias se instalaran. Mejor habría sido
optar por un marco básico -necesario porque hay fondos públicos involucrados y
porque son vinculantes para elecciones oficiales-, pero en el resto dejar a
cada pacto o partido libertad de organizarlas, según sus necesidades y
apreciaciones políticas.
¿Que así quedaría espacio para simulacros y
eventos “truchos”? Puede ser, pero no demasiado por el marco básico y, además,
quizás a la gente no le importa tanto, como creen los analistas. Y si les
importa, ¿por qué no darle al ciudadano la oportunidad de apreciar la calidad y
densidad de los procesos partidarios, como parte de la decisión al momento de
votar?
Con un esquema más libre de primarias se
habrían logrado avances en la democratización de los partidos, y la gente
podría haber evaluado la calidad institucional y la transparencia que ofrece
cada agrupación. La libertad muchas veces aporta más que la regulación. Lástima
que en un Gobierno de centroderecha, y con personeros que se pensaría creen en
la subsidiaridad, no se la jugaran por ella.
¿Más impuestos? Diga NO,
por Gerardo Varela.
George Bernard Shaw, ese gran dramaturgo inglés
y socialista por cierto, sostenía, no sin algo de cinismo, que un sistema
político que consistiera en quitarle a Juan para darle a Pedro siempre podía
contar con el apoyo de Pedro.
Chile debe ser el único país del mundo donde
las alzas de impuestos solucionan problemas políticos y no los crean. A Bush lo
botó su famosa "read my lips", no subiré impuestos. A la dama de
hierro terminó de derrocarla el "poll tax". La razón es muy simple:
en Chile no hay conciencia de contribuyente. La gente cree que otros pagan los
impuestos, no ellos. El Estado exige transparencia en todo lo que hacemos, pero
es oscuro a la hora de cobrar los impuestos. En esto de mejorar la
transparencia y la conciencia tributaria se podría partir por el IVA que, como
en EEUU, se recargue en la caja al momento de pagar. Si a la Sra. Juanita, en
la caja, cuando va a comprar 5 marraquetas le explican que tiene que pagar 6,
porque una se la tiene que dar al Estado, me sospecho que las alzas de
impuestos van a ir perdiendo popularidad
Si mi memoria no me engaña llevamos cerca de 18
reformas tributarias desde el regreso de la democracia, pero nunca parece ser
suficiente para los políticos, que siempre con alguna excusa altruista quieren
más. No es de extrañar, con más plata bajo su control tienen más poder. La
gracia es cómo sacarle poca plata a mucha gente para que no reclamen o cómo
hacerle creer a mucha gente que sólo le van a sacar a unos pocos para
repartirlo entre los muchos.
La verdad es que el Estado de Chile no necesita
más plata porque no es capaz de administrar la que tiene. Nuestro Estado tiene
un diseño institucional del siglo XX en el mundo del siglo XXI. Pregúntele a
cualquier funcionario público, y le dirá "otra cosa es con guitarra",
"uff no me atrevo a hacer nada por la Contraloría, el Congreso, los
políticos, etc." . No es raro lo que ocurre y está bien el legalismo en el
manejo de fondos públicos pero por eso mismo ¿les queremos dar más? Como todos
sabemos no hay ningún funcionario público que no diga que con un poco más de
plata y de autoridad haría la pega bien, pero ahora tiene limitaciones
presupuestarias y legales para hacerla, ¿a ellos queremos darle más plata?
Para que se haga una idea del tamaño del
presupuesto del Estado de Chile, nuestro gasto Fiscal es mayor que el PIB (PGB)
de Cuba, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
¿Cuál es ahora la razón de esta alza de
impuestos que proponen los candidatos? Educación. Le voy a dar un dato: el año
1990 el gasto en educación escolar alcanzaba los $215.000 por niño al año,
mientras que el año 2012 se gastaron $1.125.000 por niño. Con ese tremendo
aumento de gasto no se mejoró sustancialmente la educación pública, ¿qué
garantía tenemos los contribuyentes hoy de que el problema es de plata y no de
gestión? Nuevamente el político le va a contestar con un poco más de plata y de
autoridad ahora sí que sí.
En la vida real el Estado no existe, sino que
existen las personas que lo administran y que son de 2 tipos, los políticos y
los empleados públicos. Ellos no son el resumidero de las virtudes humanas sino
que tienen las mismas virtudes y defectos que nosotros los ciudadanos privados.
Eso significa que, entre otros defectos, son volubles a las presiones de los
grupos organizados. Esa permeabilidad es mayor aún si se dispone de plata
ajena, como los mentados administradores del Estado. En realidad lo que
nuevamente va a ocurrir acá es que grupos pequeños organizados de clase media
lograrán obtener beneficios del Estado que financian los muchos desorganizados
de clase media que pagan impuestos. Por supuesto los políticos les dirán que
con esta reforma sí, pero es hora que vayamos aprendiendo, nada es suficiente
para dejar satisfecho al ogro filantrópico. No existe tal cosa como la
"última reforma tributaria", hasta que efectivamente los
contribuyentes digamos: basta.
La fallecida Dama de Hierro consideraba que
mejorar el desarrollo de un país con más impuestos era como tratar de curar la
anemia con sanguijuelas. La metáfora es de ella por supuesto, yo intento pasar
por este mundo siendo políticamente correcto.
El Sernac Financiero en acción,
por Juan Andrés Fontaine.
Nos previene Adam Smith que no es de la
benevolencia del carnicero o el cervecero que dependemos para una buena
merienda. Está en su propio interés. Y es cierto que el móvil de la ganancia
obra prodigios. Pero cuando hay insuficiente información o competencia, ese
mismo móvil puede dar pie al abuso o incluso al fraude.
La masificación del crédito y el dinero
plástico -hay más de 20 millones de tarjetas activas- ha rendido evidentes
beneficios a los consumidores. Pero la complejidad de los productos se ha
prestado para el uso de las llamadas cláusulas abusivas, que perjudican a los
consumidores y desacreditan la economía de mercado. Durante el Gobierno pasado,
aunque Sernac tuvo conocimiento del problema, no actuó porque se estimó que
ello caía en la esfera de la regulación bancaria. En las postrimerías de su
período, Michelle Bachelet dictó un reglamento bien orientado, pero debió ser
retirado por el presente Gobierno porque transgredía la Ley. Cuatro meses más
tarde, ingresó al Congreso el proyecto de Ley que creó el llamado "Sernac
Financiero", que amplió y perfeccionó el decreto objetado.
La creación del Sernac Financiero tuvo la
virtud de precisar los alcances de la Ley del Consumidor sobre los proveedores
de servicios financieros, y de radicar en él la responsabilidad de supervisar
su cumplimiento. Esa decisión, que inicialmente fue resistida al interior del propio
Gabinete, obedeció a la convicción del Presidente Piñera de que la protección
del consumidor no debía mezclarse con cuidar la solvencia bancaria,
preocupación principal de la superintendencia del ramo. La referida Ley precisó
la información que deben contener los contratos de servicios financieros,
estipulando que deben detallar todos los cobros asociados y evitar así los
irritantes cambios unilaterales en sus condiciones. Sin perjuicio de ello, los
contratos de largo plazo o duración indefinida admiten reajustes periódicos
según parámetros objetivos. A fin de fortalecer la confianza en la justeza de
los referidos contratos, se instituyó el llamado "sello Sernac", el
cual, aunque voluntario para los bancos y otros prestadores, tiene la ventaja
de que puede ampararlos de eventuales acciones judiciales en su contra.
Desgraciadamente, las restricciones que finalmente se le incorporaron lo
tornaron demasiado rígido.
En mi opinión, la primacía del Sernac en la
protección del consumidor no debe entenderse que excluye a la Superintendencia
de Bancos del tema. Al contrario, su mandato de cuidar la solvencia del sistema
bancario debería llevarla a dictar normas y fiscalizar su cumplimiento, con la
finalidad de prevenir la eventual vulneración de los derechos del consumidor
por parte de los bancos y las gravosas acciones judiciales colectivas a que
ello podría dar lugar.
Conflictos y Gobernabilidad del bloque opositor.
La opción Presidencial de la oposición de cara
a las elecciones de noviembre y de un eventual futuro Gobierno, enfrenta como
uno de sus principales desafíos establecer una conducción que asegure su Gobernabilidad
y cuya autoridad sea reconocida tanto al interior de cada partido como en el
conjunto del conglomerado. Los problemas en el Partido Socialista, a propósito
del proceso de selección de candidatos a Parlamentario, y en la Democracia
Cristiana, con motivo de las contradicciones internas en el apoyo de su candidato
Presidencial, han puesto de manifiesto debilidades en la conducción de ambas
tiendas políticas que siembran dudas sobre esa Gobernabilidad y que han vuelto
a poner en la palestra los síntomas de disgregación que en el pasado reciente
fueron identificados como causas de la derrota en la última elección Presidencial.
En el caso del PS, el conflicto se generó luego
de que su directiva planteara la nominación del Senador Camilo Escalona y
postergara la aspiración del ex Alcalde Rabindranath Quinteros, proponiéndole a
éste último asumir una candidatura a Diputado, situación revertida el viernes
con la decisión de concurrir a primarias y el rechazo del Senador por competir
en ellas. Esta nominación directa -el caso más emblemático, aunque no el único,
luego de la renuncia de la Concertación a realizar primarias legales- es
legítima, pero se contrapone al discurso favorable a la participación y la
competencia que ha desplegado la oposición en el último tiempo. Más aún, fue
justificada por el propio nominado en el hecho que eventuales primarias
“convencionales” no resultarían confiables por el peligro de fraude al interior
de su propio partido.
Esta situación ha dejado en un pie difícil a la
directiva del PS y también a su candidata Presidencial, quien se ha manifestado
contraria a estos conflictos y favorable a la realización de primarias, lo que
genera un evidente cuestionamiento a la posición del Senador Escalona y de su
corriente, que por mucho tiempo han sido el corazón de la base de apoyo
político de la ex Presidente.
En el caso de la Democracia Cristiana, resulta
evidente la falta de apoyo que su candidato Presidencial Claudio Orrego ha
recibido de muchos de sus Diputados y Senadores, quienes han optado en algunos
casos por la neutralidad y, en otros, incluso por un apoyo indisimulado a la
candidatura impulsada por el PS-PPD. Esto ha dejado en una incómoda posición a
la directiva recientemente elegida, que ha dado su apoyo entusiasta a Orrego,
pero que no ha logrado disciplinar a sus Parlamentarios -al parecer más
preocupados por sus respectivas candidaturas que por el destino de su
coalición-, debilitando así su peso político al interior del conglomerado
opositor y también las posibilidades de moderar en torno a sus ideas el
programa y la plataforma política de la candidatura que surja de las primarias Presidenciales.
Hasta ahora los sondeos ubican en una posición
muy favorable a la ex Presidente Bachelet de cara a las primarias y las
elecciones de noviembre, aunque esa popularidad no ha logrado traducirse en un
liderazgo que permita a la oposición superar los problemas de conducción de sus
partidos y del bloque en su conjunto. El temor a los costos que significa
asumir ese liderazgo puede postergar indispensables definiciones y
ordenamientos para la conformación de una coalición que pretenda ofrecer al
país una alternativa de Gobierno que no reitere los errores cometidos en el
pasado cercano.
¿Nueva institucionalidad para la PSU?
El Consejo de Rectores (CRUCh) anunció que se
pondrá en marcha una nueva institucionalidad que administrará la prueba de
selección universitaria (PSU). Es una tarea pendiente en educación, porque las
deficiencias del sistema actual han quedado comprobadas por el informe de la
consultora internacional Pearson, y porque desde su creación esa prueba ha
demostrado deficiencias bien conocidas, algunas de las cuales han sido
objetadas por los estudiantes. Hasta ahora y desde 1996, ella ha sido
administrada por un organismo técnico de la U. de Chile, el Departamento de
Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), que prepara las preguntas
y se encarga de todo lo relacionado con su rendición.
En adelante, según lo anunciado por el Vicepresidente
del CRUCh, la selección universitaria contará con un directorio integrado por
seis Rectores, todos pertenecientes a las universidades tradicionales, aunque
existen ocho privadas nuevas que también basan su admisión en la PSU. Habrá
también un Director ejecutivo, posiblemente elegido por la Alta Dirección
Pública, de quien dependerán los funcionarios de la organización, que se
encargará de relacionarse con el Demre, que seguiría a cargo de elaborar y
aplicar la PSU. Los mayores gastos que supone la nueva organización aún no
están financiados. En cuanto a la prueba misma, solo se ha adelantado que
dejarán de descontarse puntos por las respuestas equivocadas, y que desde el
proceso de admisión de 2015 las preguntas se someterán a pruebas piloto con
alumnos de 4° medio, en vez de 3° medio.
Estas propuestas parecen muy modestas y hechas
a un ritmo pausado que no se aviene adecuadamente con la sensación de urgencia
que han logrado instalar los estudiantes con sus protestas. La constitución de
dos consejos, uno nacional y otro internacional, tardará aún bastante tiempo,
todo lo cual ha dado pie para que quienes han criticado más duramente la prueba
consideren estos cambios como solo cosméticos. Y no ha recibido respuesta
alguna de los Rectores involucrados una de las críticas más serias que se han
hecho a la prueba, referida a que las preguntas están basadas solo en el
currículum de la enseñanza científico-humanista, pero el examen se aplica
también a los estudiantes egresados de la modalidad técnico-profesional, que
cubre materias parcialmente distintas. Tan seria incongruencia, al parecer, no
será corregida en esta etapa, y los estudiantes de esta modalidad -44% del
total y que en su mayoría proviene de los estratos más vulnerables- tendrían
que seguir esperando la corrección de fondo.
El «boomerang» del salario mínimo.
Cada año la discusión Parlamentaria para
consensuar una cifra de salario mínimo mensual supone conflictos políticos,
mucha cobertura mediática y poca discusión técnica. Este año fue aún peor que
los anteriores. El Presidente sorprendió con una cadena nacional en marzo,
donde, junto a un bono, anunció el adelanto de este debate, que normalmente se
realiza a partir de junio, con el argumento de que había que traspasar a los
trabajadores los frutos de una economía pujante.
A dos meses del anuncio, con un proyecto y un
veto Presidencial rechazados en el Congreso, aún no hay cifra de salario mínimo
y el debate se retomará el próximo mes. La maniobra no sólo no logró adelantar
el alza de remuneraciones, sino que se perdieron casi dos meses de discusión Parlamentaria
y esfuerzos que pudieron haberse destinado a otros temas claves para el país,
como la postergada agenda educacional o los proyectos sobre transmisión
eléctrica.
Un breve repaso de lo ocurrido permite concluir
que el sistema con que se fija este salario se encuentra cada vez más
desgastado y obedece a lógicas políticas que poco tienen que ver con el
bienestar de los trabajadores.
Proyecto fallido. El proyecto presentado a la Cámara de
Diputados en marzo -que planteaba elevar el salario mínimo a $205.000, un
reajuste real de 4%- fue rechazado casi en su totalidad en medio de un álgido
debate sobre la desigualdad. Sólo se aprobó un artículo secundario que permitía
el mayor gasto Fiscal en asignaciones y cargas familiares. En la tramitación en
el Senado se repusieron los tres primeros artículos del proyecto que la Cámara
había desechado. Tuvo entonces que pasar a comisión mixta para resolver las
discrepancias entre ambas ramas y, luego de dos empates, se dio por rechazado
el reajuste tras un mes y medio de tramitación. De nada sirvió que el Ejecutivo
aumentara las asignaciones familiares en torno a un 8% nominal para el tramo
más bajo.
Primer veto rechazado en 23 años. Tras ese rechazo, el
Gobierno recurrió a una alternativa usada también el año pasado para destrabar
el problema: el llamado veto, que en rigor fueron observaciones al proyecto de Ley
despachado por el Congreso, para reponer la cifra del reajuste tal cual se
contenía en la iniciativa original, pero con un aumento de las asignaciones
familiares. El resultado no fue el que esperaba el Ejecutivo: la Cámara de
Diputados rechazó el veto enviado, al producirse un empate de 45 votos a favor
y en contra, en el que incidieron las ausencias y pareos de Diputados
oficialistas. Posteriormente, el rechazo al veto fue ratificado por el Senado.
Así, luego de dos meses de debate, el reajuste
no logró ser aprobado, quedando el Ejecutivo, en todo caso, con la posibilidad
de ingresar un nuevo proyecto de Ley gracias a una alternativa de la
tramitación Legislativa que se abre al haber sido aprobado el artículo inicial
sobre el financiamiento del Fisco. Esto ocurriría en junio y ha trascendido que
el monto propuesto saltaría a $210 mil. Políticamente, su destino es
impredecible, considerando que la tramitación coincidirá con la recta final de
las campañas de primarias.
Urgencia de reforma. En 2010, el recién estrenado Gobierno
mandató a una comisión para que propusiera una fórmula de aumento del salario
mínimo en base a productividad y no a «gallitos» políticos. Fue una comisión
transversal (técnicos, empresas de distintos tamaños, sindicalistas) la que
propuso un mecanismo permanente de reajuste: primero, cambiar la fecha a enero
en vez de julio, lo que parece positivo; segundo, una fórmula que considerara
inflación pasada más productividad, esta última medida como crecimiento del PIB
menos el aumento de la ocupación. El sistema consideraba además una cláusula de
escape cuando el desempleo superara una tasa de referencia (establecida en 8%)
más dos puntos porcentuales. Se ha barajado que esta cifra la calcule una
comisión permanente de expertos que proponga un número final al Parlamento; la
transversalidad de sus miembros ayudaría al apoyo político posterior.
Pero, aunque el Ministerio de Hacienda en
diversas ocasiones ha comprometido el envío de un proyecto en esta línea, la
promesa sigue sin concretarse. Se ha dicho por algunos que una Ley así es
inviable, porque es difícil que el Gobierno y los Parlamentarios tengan real
voluntad de aprobar un texto que les reduciría su margen de maniobra y poder en
este tema. Pero lo cierto es que también se está transformando en inviable
políticamente el nivel de polarización que adquiere cada año la discusión del
salario mínimo (algo similar ocurre con el reajuste de los empleados públicos),
lo que además tiñe otros debates Parlamentarios. Por ello, aun sabiendo que su
avance no será fácil, constituiría una señal de seriedad de este Gobierno al
menos dejar el proyecto planteado antes de terminar su mandato. Hay batallas
"perdidas" que llevan a ganar una guerra; en este caso, la de lograr
que en el mediano plazo las políticas públicas chilenas tengan estándares de
calidad técnica.
Denuncias sobre aportes políticos irregulares.
La controversia causada por las acusaciones
contra la Diputada independiente Marta Isasi pone de relieve una vez más la
regulación requerida para una relación transparente entre el dinero y la
política. Es éste un asunto en el que resulta necesario distinguir entre lo
deseable y lo verdaderamente conveniente y eficaz, si se pretende evitar que
las decisiones adoptadas por Parlamentarios y funcionarios del Estado se vean
indebidamente influenciadas por factores corruptores.
El caso denunciado involucra una acusación de
presunto cohecho contra la Legislador, de quien se afirma que, en su calidad de
integrante de la comisión respectiva, habría recibido dinero de Corpesca -al
margen de la regulación de los aportes a las campañas políticas y mediante el
subterfugio de asesorías- a cambio de prestar su voto para la aprobación de la
Ley de Pesca. Ella niega los cargos y afirma que son parte de una maniobra
política que busca desacreditarla, utilizando a un ex asesor al cual ella acusó
ante la Justicia por fraude y quien habría sido el que se relacionaba con
Corpesca sin el conocimiento de la Diputado, según la versión de ésta. Se trata
de un caso que contiene denuncias muy graves, que deben ser investigadas tanto
por la Comisión de Ética de la Cámara como por la Justicia, para determinar las
eventuales responsabilidades y sanciones.
Lo sucedido ha dado pie para que surja una
discusión paralela -que no debe ser confundida con la relacionada con la
pesquisa que busca establecer si se cometieron delitos- acerca del
financiamiento de las campañas políticas, toda vez que, de acuerdo a lo
sostenido por el gerente general de Corpesca -quien más tarde fue removido de
su puesto-, la empresa realizó aportes a la campaña electoral de la Diputado en
2009, en el marco previsto por la Ley. Se han levantado voces que reclaman la
necesidad de transparentar las contribuciones monetarias de personas naturales
y jurídicas a las campañas, para terminar con la clasificación que hoy hace la Ley
entre donaciones anónimas, reservadas y con publicidad, reemplazándola por un
sistema que permita siempre identificar a los aportantes, sus destinatarios y
los montos comprometidos.
Aunque esta solución parece bien intencionada,
es muy probable que, de ser aplicada, no cumpliría el objetivo de evitar la
opacidad de los aportes. Esto se debe a que, presumiblemente, inhibiría la
entrega de fondos, pues los donantes preferirían no realizar contribuciones
abiertas que luego pudieran ser utilizadas como argumento para revanchismos de
parte de los sectores que no fueron beneficiados. Con ello se corre el riesgo
de generar un efecto indeseado: que se incremente el uso de aportes
irregulares. Así, podría darse la contradicción de que la transparencia
terminara provocando exactamente lo contrario.
En 2003 se dictó la Ley 19.884, sobre transparencia,
límite y control del gasto electoral. La normativa tomó algunos resguardos para
evitar una influencia inadecuada del dinero en la política. Estableció, por
ejemplo, topes máximos al gasto y a las donaciones, y fijó un mecanismo de
donaciones que, en el caso de las reservadas, impide que el receptor de la
ayuda conozca quién la otorgó. Esto, con el propósito de evitar que existan
represalias contra los donantes, objetivo que cualquier reforma debe
necesariamente preservar.
Investigación de lucro en universidades.
La Ministro de Educación concurrió a las
oficinas del Ministerio Público para entregar al Fiscal Nacional los estados
financieros de 59 universidades. El objetivo declarado por la Secretaria de
Estado es que la Fiscalía determine, en el marco de la causa sobre lucro en la
educación superior, si existe evidencia de operaciones irregulares en los 53
planteles que han declarado poseer empresas relacionadas.
Aunque el espíritu de colaboración de la Ministro
es entendible y obedece, según dijo, a
que su cartera carece de las atribuciones indagatorias que sí posee el
Ministerio Público, no resulta prudente
involucrar como un todo al sistema completo en una causa como ésta, pues
ello tiende a poner en entredicho a casi la totalidad de las universidades del
país. Debe ser la Fiscalía la encargada de solicitar información a las
entidades que, según su parecer, merecen ser investigadas y revisar la
documentación que estime pertinente. De hecho, el Fiscal a cargo de la causa ya
ha abierto indagaciones contra 12 planteles, ejerciendo de esa manera sus
atribuciones legales sobre entidades que, en su opinión técnica, requieren ser
investigadas.
No parece recomendable que una autoridad
política se involucre de esta manera en un tema que reviste una altísima
sensibilidad, porque ello ayuda a generar injustificadamente un clima de
opinión adverso y que previsiblemente generará dificultades para la agenda de
reformas que la propia Ministro ha anunciado impulsará. Las autoridades deben
ser cuidadosas en este sentido, evitando que sus actitudes puedan ser
interpretadas de manera equívoca por sectores interesados en desacreditar a la
totalidad del sistema universitario con el objetivo de imponer sus agendas más
radicales, y contribuyendo con su accionar a mantener en todas las entidades el
clima sereno que supone la actividad académica seria.
Nuestra mirada a la madrugada del 27 F:
La sola presencia de la ex Presidente Michelle
Bachelet, y su séquito de autoridades Ministeriales, en la ONEMI, la madrugada del 27 de febrero de
2010, la transformó en la más alta jerarquía presente, lo que implicó el relevo
de los funcionarios técnicos y la convirtió en responsable de las fatales determinaciones
tomadas en esa fatídica madrugada.
Pueblos bien
informados
difícilmente
son engañados.
