Actualidad y contingencia...

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago cerró de forma definitiva la

investigación de la muerte de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, se

comprobó que voluntariamente éste se quitó la vida.

Alerta preventiva por baja de temperaturas en Región Metropolitana, se  prevé que

a partir de mañana se registren temperaturas mínimas de 5°C. Las autoridades

adelantaron la habilitación del estadio "Víctor Jara" como albergue para las

personas en situación de calle.

Las ambiciones de poder han desatado un fuerte conflicto en el partido socialista por

los cupos Senatoriales, lleven las acusaciones y descalificaciones, nadie escucha a su

supuesta líder, Michelle Bachelet.

Defensa de Rosende rectifica y responsabiliza sólo al SHOA, el abogado Samuel Donoso,

explicó que  fueron las autoridades del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la

Armada quienes incurrieron en errores la madrugada del 27-F.

En el marco de la Operación renta la Tesorería retuvo devoluciones por más de $6.400

millones, a deudores créditos universitarios y por pensiones alimenticias realizó  216

retenciones, totalizando un monto de $100.826.094, además se aprobaron 166 mil

beneficios educacionales.

Horror y furia provocaron las imágenes de Khalid Al Hamad, con nombre de guerra Abú

Sakkar, rebelde sirio, que sacó las vísceras de un  soldado de Bashar Al Assad y se las comió

según consta en video subido a You Tube.

CE abre la puerta a la desaparición de las monedas de 1 y 2 centavos de euros, el Ejecutivo

comunitario plantea cuatro posibles escenarios para el futuro de las 45.800 millones de

unidades existentes de dichos valores en la región.

 

Consejo de Seguridad,

por Joaquín Fermandois.

Chile ocupará por dos años un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde reside el poder de la organización en asuntos políticos, aunque estaremos en la segunda clase, no entre los "cinco grandes". Algo es algo. Se trata de un cargo apetecido por el prestigio que traería consigo la participación en las organizaciones internacionales. Hay una larga tradición de afán de lucimiento de nuestra Diplomacia desde los inicios de la Sociedad de las Naciones en 1920.

A veces nos hemos lucido de verdad, como entre las dos guerras mundiales, aunque entonces el Chile-país no daba para mucho. Otras veces, como a los dioses les encanta burlarse de los humanos, nuestra Diplomacia se ha visto en apuros por este afán. Este fue el caso el 2003, cuando se tuvo que decidir el apoyo (o no) a EE.UU. por su operación en Irak, justo cuando pendía en la cuerda floja la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., meta tan perseguida por La Moneda, y la Casa Blanca comenzó a apretar las tuercas. Varios miembros del equipo de Gobierno deben haber maldecido el momento en que se les ocurrió participar en el Consejo. Al final la historia resultó bien, porque a la administración Bush no le cabía otra que "perdonar" a Chile, y porque el voto chileno de no apoyo fue vindicado por el resultado tan absurdo de la empresa, rechazada tras un tiempo por el mismo público estadounidense. Se lucieron Ricardo Lagos, Soledad Alvear y Juan Gabriel Valdés, aunque los dos primeros lo pasaron mal por un momento.

Sería rematada mala suerte que nos toque de nuevo un tipo de participación de este orden en el Consejo. Sin embargo lo que no es cosa de azar es que la situación interna de varios países latinoamericanos pueda rebotar más allá de las organizaciones regionales. Para ocupar ese cargo por dos años hemos tenido el apoyo de todos los países latinoamericanos. Vale decir, también de nuestros tres vecinos. No está mal. Asimismo, se tuvo entonces el apoyo de los países "bolivarianos" y de la gerontocracia cubana. Esto sí que tiene sabor amargo, ya que es imposible no pensar que hay un precio de por medio. Así como Chávez no agitó más su simpatía por la demanda marítima de Bolivia a cambio de que el Gobierno de Piñera no lo criticara, algo parecido debe ocurrir en este caso.

De esta manera, Chile continuará con su política de, a cambio de no ser hostilizado en sus aristas delicadas, asentir de manera pasiva a la tendencia a legitimar el matonismo venezolano. Se llega al absurdo de que mientras Paraguay es cruelmente aislado por su golpe blanco, seguido ahora por una elección impecable dentro de su cultura política, por otro lado -sátira hiriente- Cuba representa a toda América Latina en la Celac. De los países que deberían marcar una pauta, solo el Canciller del Perú se ha atrevido a insinuar una verdad de Perogrullo: que el carácter de la política venezolana abandona el suelo de las costumbres democráticas.

No es necesario defender una suerte de postura heroica y aislada de nuestro país. No podemos asumir la tarea del Llanero Solitario, entre las múltiples complejidades del continente. Sin embargo, que Chile y otros países emprendan un camino diferente -que lo tienen- debe traducirse en un lenguaje distinto, en defensa de instituciones republicanas, como las que en general se han buscado por 200 años, y no ponerlas al mismo nivel de estas combinaciones de caciquismos e ideologías totalitarias aguadas por la pasión farandulera. Como vamos, se cierne una tormenta. El apaciguamiento ante los caciques tarde o temprano revertirá sobre Chile, despertando apetitos de aventuras temerarias. Ya se escuchan sus cantos de sirena.

La pasión por la igualdad,

por Axel Kaiser.

"No tengo respeto alguno por la pasión de la igualdad, que a mi juicio no parece más que envidia idealizada". La cita es del escritor norteamericano Oliver Wendell Holmes y es particularmente útil como introducción al debate en torno a la igualdad. Pues no hay duda de que Holmes tenía razón cuando identificó la envidia como uno de los motores centrales del impulso igualitarista que habita en cada uno de nosotros. Este impulso se encuentra en el origen de esa común identificación entre la idea de igualdad material y la de justicia y es, probablemente, una reminiscencia de nuestro pasado tribal en que la libertad era totalmente inexistente y el individuo se entendía como parte de un todo orgánico dirigido por una autoridad dictatorial que velaba por el bien de la comunidad.

Karl Popper vio en ideologías colectivistas como el marxismo y el fascismo, y en la filosofía de pensadores como Hegel, Platón y Marx, un esfuerzo por volver a ese pasado tribal en que el individuo era aniquilado en función del colectivo. Con el tránsito hacia las sociedades abiertas y complejas, facilitado esencialmente por el comercio, las estructuras tribales fueron gradualmente deshaciéndose y el individuo cobrando cada vez mayor protagonismo. En Occidente, una fuerza central en el triunfo del individuo sobre el colectivo fue el cristianismo, una religión auténticamente individualista que planteó, como ninguna otra antes o después, la idea de que cada ser humano es único y titular de derechos superiores y anteriores al colectivo.

El mismo cristianismo hizo serios esfuerzos civilizadores en orden a limitar los efectos de la envidia. Y es que la envidia tiene el potencial destructivo suficiente para impedir el progreso o derrumbar un orden social. Cuando esta logra presentarse bajo un manto de moralidad -disfrazada de justicia por ejemplo-, y en la forma de una teoría intelectualmente respetable, usualmente termina dominando el clima de opinión intelectual, definiendo el curso de la evolución social hacia el conflicto de clases y el estatismo. Instalado ese ambiente, personas con las mejores intenciones y de intachable integridad caen seducidas por los ecos de cantos tribales que nos invitan a revivir nuestro pasado colectivista. Y puesto que es el libre actuar de los seres humanos lo que origina la desigualdad material, la demanda por mayor igualdad será inevitablemente una demanda por incrementar el poder y alcance de una autoridad central -el Estado-, con el fin de que este límite por la fuerza la libertad individual. Este igualitarismo, que podemos denominar fáctico, es así completamente incompatible con el principio cristiano de que cada ser humano es único y tiene un sagrado derecho a expresar su individualidad en todas las dimensiones posibles. Un Steve Jobs no puede existir en una sociedad que persigue la igualdad material -incluida la de oportunidades- como el fin supremo.

El igualitarismo fáctico simplemente se opone al igualitarismo ético que promueve la máxima libertad individual, como una consecuencia lógica de la idea de que cada persona tiene el derecho sagrado a perseguir sus fines. Más aún, el igualitarismo ético tiene justificación precisamente en el hecho de que los seres humanos somos diferentes. Si todos fuéramos exactamente iguales, no sería necesaria una regla que nos obligue a respetar los proyectos y la propiedad ajena, ya que todos tomaríamos exactamente las mismas decisiones, tendríamos lo mismo y jamás nos diferenciaríamos del resto.

Afortunadamente no hay dos seres humanos idénticos en el mundo, algo que en el mercado se expresa con mayor claridad que en cualquier otra esfera de la vida social. De ahí que los igualitaristas fácticos exijan restringirlo. Estos no quieren a los Steve Jobs. De lo que se trata para el igualitarista no es de que todos estén mejor -algo en cuyo logro el mercado, gracias a gente como Jobs, es insuperable-, sino de que unos no estén mucho mejor que otros. Para el igualitarista eso es justicia. Pero bien analizado el tema es difícil no concordar con Holmes y concluir que, cuando el igualitarista habla de justicia, más bien está idealizando la envidia.

Desde la emoción a la razón,

por Jorge Miguel Otero.

Aristóteles sostuvo que no somos sólo razón y, por lo mismo, no podríamos vivir sólo de ella. El filósofo afirmaba que los seres humanos también necesitamos dar cierta satisfacción a las demandas del cuerpo y a las pasiones del alma, es decir, a las emociones. Históricamente, la razón ha gozado de mayor prestigio que la emoción, pero la experiencia de los últimos años nos ha demostrado que son las emociones las que ejercen mayor influencia en la conducta de las personas.

El mundo se está humanizando, cambiando las frías cifras y la eficiencia, por las buenas conversaciones, abrazos, sentimientos y emociones. Las empresas así lo están entendiendo. Un buen ejemplo es Samsung, que ha posicionado sus productos como tecnología hecha para humanos. El lanzamiento del Galaxy S4 fue construido como si fuese nuestro mejor amigo y compañero fiel. De hecho, toda su comunicación se enfoca en el concepto Life Companion e incluye programas centrados en captar y compartir emociones, e incluso aplicaciones para la salud, que permitan vivir mejor.

La política no es ajena a este fenómeno. La ex Presidente Michelle Bachelet es un referente indiscutido de la comunicación efectiva desde las emociones, quien ha superado con creces el nivel de aprobación del Presidente Piñera, pese a que el actual Gobierno ha sido mucho más exitoso en materia de cifras y protección al consumidor. Al mes de abril, según Adimark, sólo un 34% de los chilenos aprueba la gestión Presidencial. Por su parte, de acuerdo a el último sondeo del CEP, un 49% de los chilenos votaría en las próximas elecciones por la candidata del PS y PPD, en gran medida por la empatía que se le adjudica, ya que Bachelet es capaz de situarse en el ideario emocional de la gente como “la madre de los chilenos”, mostrándose cercana, cálida y empática.

Esta construcción desde la emoción hacia la razón es justamente lo que no ha ocurrido con el actual Gobierno. Por el contrario, la administración de Piñera se ha centrado en destacar los grandes logros macroeconómicos del país. Probablemente pasará a la historia como el Gobierno más eficiente, el que creó más empleos e hizo crecer la economía en tiempos de crisis mundial, pero también como un Gobierno que no pudo conectarse con las emociones de los chilenos, sin poder transmitirles de manera efectiva los beneficios que esos fríos números representan en la vida de cada uno. La misma ex Presidente lo describió en una entrevista a un semanal. Cuando le preguntaron cuál era su evaluación del actual Gobierno, contestó: “Aquí se habla de alto crecimiento económico, pero parece que pasa por la puerta de afuera de mi casa”.

Construir desde la emoción no es una tarea fácil. Es necesario transformar los datos duros, y descorazonados, en un relato emotivo, sincero y conectado con la realidad de los chilenos. Esto plantea el desafío de abrazar un discurso directo, afectivo y humano que convoque y comunique desde el corazón más que desde la razón. Al parecer, la candidatura de Pablo Longueira estaría trabajando más en esta lógica, buscando un relato épico, emotivo y convocante, centrado en la justicia, mientras que Andrés Allamand estaría en una lógica más binaria, confrontacional y menos inclusiva.

Al ardor de la política,

por Leónidas  Montes.

La política está encendida. Mejor dicho, la encarnizada lucha por el poder está que arde. Hace sólo dos semanas fuimos testigos del sacrificio de Golborne. En el cambio de escena no quedó espacio alguno para pensar. Ni siquiera se alcanzaron a cerrar las cortinas: Golborne salió por la puerta trasera y de inmediato entró Longueira al escenario. La tristeza duró sólo unos segundos. Y siguió el entusiasmo militante. El súbito cambio opacó las razones detrás de éste. Un montaje bien urdido que, según nos hemos enterado, llevaba días masticándose. Por mucho que hayan intentado culpar a Andrés Allamand del sacrificio de Golborne, la verdad es que la UDI finalmente actuó pensando en el partido. En definitiva, fue un guión preparado a sangre fría. Un crudo entramado para enfrentar lo que políticamente era necesario e inevitable.

El ascendiente del histórico de Longueira sacudió y conmovió a un partido que parecía condenado al sopor. Su campaña apareció tan rápido, que algunos se preguntaron si estaba guardada en un cajón. Con logo, slogan y todo lo demás, rápidamente partió la carrera. Los renovados samuráis, Francisco de la Maza y Gonzalo Cornejo, salieron a la carga como en los viejos tiempos. El mismísimo Jovino Novoa, adherente y ferviente defensor de la candidatura de Golborne, se unió a la cruzada partidista. Y hasta Manfredo Mayol resucitó para enmendar el arte de las comunicaciones. Se acabó la chacota, mis amigos. Llegó la hora de trabajar. Volvieron los Coroneles. Patricio Melero y José Antonio Kast, circunspectos, observan el golpe de timón que vive la UDI.

Al ex candidato independiente de la UDI le pidieron disculpas “por no haber estado a la altura” y le ofrecieron un cupo Senatorial. Donde él quisiera, dijo el recién ungido candidato. Y mientras Ena von Baer todavía mantenía su publicidad junto a Golborne, Iván Moreira de inmediato posó junto al equipo ganador. Los Coroneles volvieron a movilizar el partido. Hay que arreglar la plantilla. Ena, que parta al sur (¡qué se ha imaginado esta mocosa compitiendo con Moreira!). Y los demás, que se pongan las pilas, mira que Cornejo no se anda con chicas cuando se trata de movilizar. Los cupos, muchachos —bien lo saben en la UDI— se ganan.

Si la UDI muestra ese fervor de antaño, e impone el orden, en la izquierda cunde la desesperación y el desorden. Las largas negociaciones para las primarias fueron un fiasco. Se culpan unos a otros. Los poderosos no quieren dejar sus cupos. Y los perlas quieren ser Senadores. Llueven recriminaciones y acusaciones. El fuego cruzado es de alto calibre. Si la crisis llegó al Olimpo. Incluso tuvo que hablar Ella. Bachelet les exigió a los partidos de la Concertación tener primarias. Se cuadran, temerosos. Y se reinician las negociaciones. Pero sigue ardiendo Troya. Escalona acusa a quienes lo desafían de ladrones de votos. Andrade defiende la dignidad y la institucionalidad del PS. El Comité del PS discute hasta tarde, a puertas cerradas. No sale humo blanco. Y Ella cita a los candidatos Presidenciales de la Concertación. Pero nada distrae el caos.

Este show político deja una gran inquietud: el liderazgo político de Bachelet. Sin lugar a dudas es un golpe bajo para la nueva mayoría que pretende liderar. La patota está muy revuelta. Y si Ella tiene que Gobernar con esta tropa, la situación no parece muy alentadora. El desprestigio para los políticos es sólo más agua para la pecera. Pero para Bachelet, el costo es mayor.

En este páramo de las malas prácticas, el candidato independiente de la centroizquierda, Andrés Velasco, nuevamente cambió de opinión. Al comienzo dijo que él iba si Ella no iba. Después dijo que él iba si Ella venía. Ella llegó y él iba. Pero de repente, no quería ir a las primarias. Finalmente tenía que ir. Y ahí sigue, como Jacques Cousteau, buceando entre tiburones.

Al menos en la derecha hay dos partidos ordenados y alineados con sus candidatos. Y en el medio de todo esto, Allamand sigue haciendo la pega con calma y moderación. Muchos critican a RN por ser un partido desordenado, demasiado diverso, sin mística. Pero la verdad es que es el único partido que acogió a Evópoli, un grupo de jóvenes liderados por Felipe Kast. Tendrán primarias Parlamentarias. Algo que la UDI no haría. Y que la Concertación, pensando en Giorgio Jackson y su Revolución Democrática, ni siquiera puede soñar. Imposible. Sólo les queda esperar que pase esta pesadilla.

Lista roja: se nos acabó la paciencia,

por José Luis Cárdenas .

Como ya es usual, Estados Unidos ha instalado nuevamente a Chile en su “lista roja” en materia de propiedad intelectual, a pesar de todos los avances que se han realizado en distintos ámbitos. Como siempre, uno de los puntos criticados es el de propiedad intelectual farmacéutica, aunque no existen temas pendientes derivados del Tratado de Libre Comercio con dicho país.

No es sensato expresar, ni se ajusta a la realidad, que Chile, luego de todos los esfuerzos desplegados, se encuentra al mismo nivel de los otros países que integran la “lista de observación prioritaria”. Esta evidente falta de consistencia despoja a esta lista de toda seriedad, demostrando ser lo que simplemente es: un mecanismo de presión unilateral carente de base. Con matices, la columna del abogado Juan Pablo Silva publicada en este medio coincide con el sentimiento de desconcierto que produce la injusta aparición de Chile en la lista y el hecho de que “no se reconozca el gran avance que ha tenido la propiedad intelectual en nuestro país”. Así lo ha entendido también el gobierno, que a diferencia de años recientes, ha levantado la voz en forma correcta y maciza, sosteniendo que dicha lista “carece de criterios claros para catalogar a los distintos países, sino que es más bien un reflejo de los intereses de la industria norteamericana de aplicar selectivamente sus estándares de propiedad intelectual a otros países”. Evidentemente, a todos se nos acabó la paciencia y la capacidad de soportar acusaciones injustas se agotó.

Esta robusta forma de reaccionar ante la “lista roja” es positiva frente a la negociación del Trans-Pacific Partnership (TPP), que actualmente se desarrolla con 10 países del área Asia-Pacífico, y que busca nuevamente modificar los requerimientos de propiedad intelectual farmacéutica, lo que puede afectar en forma importante el acceso a medicamentos esenciales.

La próxima ronda ocurrirá en Lima entre el 15 y 24 de mayo, y sólo quedan pocos encuentros para modificar la agresiva propuesta presentada por EE.UU. Participaremos, a fin de seguir presionando por un sistema balanceado, que no sólo considere relevante la recuperación de la inversión en innovación farmacéutica, sino que también el acceso a medicamentos.

No hay que olvidar que existen múltiples patentes farmacéuticas que podrían ser anuladas, ya que protegen innovaciones que no tienen un real “nivel inventivo” o carecen de “novedad”, requisitos esenciales para que sean otorgadas. Terceros podrían tener, en algunos casos, mejores antecedentes que una oficina de patentes, para demostrar que esas patentes son inválidas. Una forma concreta de balancear el sistema es mediante el establecimiento de incentivos para anular patentes mal otorgadas, de manera que distintos actores estén interesados en destinar recursos a litigios que sirvan para que alternativas genéricas lleguen más rápido al mercado, produciendo competencia y baja de precios.

Asumiendo que se establezca en el TPP la obligación de implementar incentivos para anular patentes, ¿nos pondría EE.UU. en la “lista roja” si no se implementan dichos incentivos en la legislación local? Creo que no.

Cuidado con el atractivo de la deuda externa.

Chile es un país confiable y con una economía próspera. En un mundo alarmado por la crisis europea y desencantado de la lánguida recuperación estadounidense, ofrecemos a inversionistas extranjeros y proveedores de financiamiento buenos rendimientos y pocos sobresaltos. Por eso, la inversión extranjera directa ascendió a 9 mil millones de dólares en el primer trimestre, casi el doble del período equivalente del año anterior.

Proliferan también las oportunidades de captación de endeudamiento en el exterior, a través de la colocación de bonos en términos extraordinariamente atractivos. Nuestros principales bancos y empresas están accediendo a financiamientos en dólares a 10 años plazo y con intereses nominales de 4% o 4,5% al año. Hasta hace poco, nadie soñaba con algo semejante.

Contribuyen a esto factores externos e internos. Por una parte, la desaceleración del mundo ha rebajado a mínimos históricos las tasas de interés en el mercado internacional. Por otra parte, la confianza que despierta la conducción de la economía y la sólida posición patrimonial de nuestras empresas y bancos les permiten acceder a primas de riesgo crediticio nunca antes vistas.

Todo esto es muy saludable. El crédito externo barato -que parcialmente también se transmite a todo el mercado crediticio local- nos permite abordar las inversiones necesarias para sustentar el crecimiento. El menor costo de capital mejora la competitividad de las empresas y les hace posible hacer frente a las alzas de la energía y los costos laborales. Todo ello redunda en más crecimiento económico y creación de empleos.

Pese a sus ventajas, el endeudamiento debe ser tratado con prudencia. Sobran las experiencias nacionales e internacionales -la más reciente, la crisis financiera estadounidense y europea- que muestran cuán costoso resulta exagerar su dosis. El prudente manejo de nuestra política Fiscal limita el endeudamiento público, pero las empresas Estatales no están sujetas a la regla Fiscal, y dos de ellas -Codelco y Enap- anuncian emisiones de bonos por 2.500 millones de dólares

La primera procura desarrollar un ambicioso programa de inversiones, cuya rentabilidad puede ser puesta en riesgo por las ahora cambiantes perspectivas del precio del cobre y los altos costos de la minera Estatal. Desde luego, tales aprensiones podrían probarse a la postre injustificadas, pero no es posible afirmarlo con certeza. Respecto de Enap, el endeudamiento aparentemente refinanciaría parte de sus actuales obligaciones, pero es sabido que, por su situación financiera y operacional, ella es de muy dudosa viabilidad. Por tanto, es el respaldo implícito del Estado el que puede abrir a Codelco y Enap buenas opciones de financiamiento afuera. Esa es una razón para examinar muy cuidadosamente la conveniencia de recurrir a tal expediente.

El sector privado también está dejándose llevar por los atractivos del financiamiento externo. Aunque ello podría hacer evocar los excesos cometidos hace 30 años, en los tiempos de la "plata dulce", la situación actual es muy diferente. Primero, la deuda es -objetivamente- muy barata. Segundo, las empresas deudoras generalmente cubren con seguros u otros medios el riesgo cambiario de la deuda en moneda extranjera. Tercero, ellas cuentan con una mucho mejor base de capital y recurren periódicamente al mercado accionario para fortalecerla. Con todo, también aquí debe imperar la prudencia.

Es saludable que Chile utilice el financiamiento externo para solventar sus necesidades de inversión, pero la principal fuente ha de ser el ahorro interno. Es la debilidad de este la que conduce al exceso de endeudamiento. Por fortuna, estamos aún lejos de llegar a ese extremo, pero la deuda externa ya se empina a los 120 mil millones de dólares y ha subido más de 60% en los últimos tres años. Es cierto que el dólar es hoy barato, pero más vale no perderle el respeto.

Incumplimientos ambientales de Pascua Lama.

El proyecto aurífero Pascua Lama -de propiedad de la canadiense Barrick Gold- enfrenta una delicada situación, producto de un manejo ambiental inapropiado, situación que ha sido reconocida por la propia empresa, la que admitió 22 de los 23 cargos que le formuló la Superintendencia de Medio Ambiente. Si bien es positivo que se haya asumido la responsabilidad de lo ocurrido y la compañía busque enmendar esta cadena de errores, se trata de un hecho a todas luces grave, que no sólo tiene implicancias para los intereses de la empresa -arriesga multas millonarias, y las sanciones incluso podrían llegar a la paralización definitiva de faenas-, sino que enloda injustamente la imagen del resto de la industria, por lo que este caso debe servir para repetir la necesidad de que se actúe de manera responsable en la ejecución de proyectos mineros de gran envergadura y su fiscalización oportuna por parte de la autoridad.  

Pascua Lama es un proyecto que representa enormes retos desde el punto de vista ingenieril, pues las faenas de construcción se desarrollan a gran altura, y la zona en que se ubica abarca glaciares y cursos de agua que necesitan un especial cuidado desde el punto de vista ambiental. A esto se añade que tiene el carácter de binacional, pues parte de las faenas se desarrollan en el lado argentino de la frontera. Debido a estas características, la obtención de los permisos ambientales ha resultado especialmente compleja. La empresa comenzó a recibir observaciones por parte de la autoridad a lo menos desde 2010, a raíz del polvo que levantaba la construcción, pero esos antecedentes, al parecer, fueron ignorados o minimizados por la administración; igualmente llamativo resulta el antecedente de que la empresa carecía de la infraestructura requerida para evitar que aguas limpias del glaciar fueran contaminadas con las aguas ácidas que emanan de las faenas, lo que puede resultar en un daño ambiental potencialmente grave.

La decisión de reconocer esta cadena de errores ante la autoridad ambiental, cambiar a parte de la plana ejecutiva de la compañía en el país, y comprometer una serie de inversiones adicionales para corregir los problemas detectados constituye el mínimo exigible a un inversionista que incumplió gravemente los compromisos que adquirió y que fueron los que le permitieron avanzar con el proyecto y lograr que éste fuera aprobado. Un requisito indispensable para el correcto desarrollo de los proyectos productivos es el respeto por la normativa, la cual está diseñada para prevenir o mitigar externalidades negativas. Toda acción que contravenga estos criterios debilita la institucionalidad, genera efectos negativos sobre las comunidades directamente afectadas y levanta suspicacias, en un momento cuando existe particular sensibilidad de la ciudadanía respecto de las materias ambientales. Resta ahora esperar las sanciones que aplicará la superintendencia y el monto de las multas que arriesga la compañía, las que podrían llegar a US$ 10 millones.

El caso de Pascua Lama pone también a prueba la capacidad de respuesta de la institucionalidad ambiental y, por lo mismo, cabría esperar que fuera posible compatibilizar la concreción de dos bienes muy relevantes para el país: la posibilidad de llevar a cabo grandes proyectos de inversión, que a su vez sean ambientalmente sustentables. De allí la importancia de que la resolución de este proceso se ajuste a criterios estrictamente técnicos.

Congreso: Graves aristas de una denuncia.

Evidentemente corresponde a la justicia esclarecer las acusaciones contra la Diputado independiente Marta Isasi formuladas por un ex asesor (Georgio Carrillo) a quien ella había antes denunciado judicialmente, y por un Diputado comunista. Desde ya, sin embargo, el caso presenta aristas inquietantes. Concretamente, el ex asesor, de profesión periodista, asegura que el año 2009 le entregó a la empresa Corpesca diversos estudios a cambio de los cuales la firma le pagó $25 millones, destinados a financiar ese año la campaña a la reelección de la Parlamentario. La versión aparece avalada por un intercambio de mails entre el denunciante y el gerente general de Corpesca, pero además este último también reconoció la contratación de los referidos estudios y el pago en cuestión. Ello, aun cuando descartó que la suma cancelada hubiera tenido por objeto apoyar la campaña de la Diputado, si bien admitió que, de modo aparte, la empresa también hizo aportes reservados a Isasi en el marco de la Ley de Financiamiento Electoral. Por su parte, el Diputado Hugo Gutíérrez reveló ayer otro mail supuestamente enviado por dicho gerente general a la Parlamentario en 2011, en el contexto de la tramitación de la Ley de Pesca, lo cual, según el Congresista, demostraría que los pagos de la firma estarían vinculados con la votación de esa iniciativa en la Cámara. Aparte de rechazar los dichos de Gutiérrez y acusar un interés electoral en ellos, la Diputado Isasi ha restado valor a las declaraciones de su ex asesor, haciendo notar que fue ella quien se querelló contra él por haber usado su nombre para operaciones impropias efectuadas a sus espaldas.

Como se ve, los antecedentes que rodean la denuncia sugieren cautela antes de adelantar conclusiones y desde luego honrar principios como el de la presunción de inocencia. Con todo, llaman la atención algunos de los hechos que por ahora quedan establecidos. Concretamente, sorprende que una empresa contrate una asesoría con el colaborador de confianza de un Parlamentario en ejercicio; máxime cuando ello implica el pago de sumas millonarias a una persona cuya especialización profesional no parece, al menos a simple vista, la más pertinente para realizar estudios pesqueros, como serían los encargados por la firma. El punto genera inevitables suspicacias y abre todo un campo de interrogantes, partiendo por aquella de si esta práctica tiene alguna habitualidad y si es común que asesores de los Congresistas realicen al mismo tiempo estudios para empresas cuyas áreas de negocios pueden resultar afectadas por el trabajo Legislativo. Más allá de este caso específico, surge una vez más como tema de fondo el de la relación entre el mundo privado y la política, la cual, sin ni siquiera una Ley que regule las acciones de lobby, sigue desenvolviéndose en una zona gris justificadamente propicia para la sospecha ciudadana.

También, aunque el país ha avanzado en regular y transparentar el financiamiento electoral, es esperable que este caso reabra el debate sobre las normas vigentes. Desde luego, de probarse efectiva, la denuncia de Carrillo demostraría que la legislación actual puede ser burlada por la vía de triangulaciones de dineros; la mínima capacidad fiscalizadora del Servicio Electoral facilitaría la ocurrencia de estas maniobras. Pero aun cuando esa acusación resultara falsa, lo sucedido obliga a revisar cómo está operando el sistema de aportes reservados a las campañas. El objetivo de éste fue permitir que los privados pudieran colaborar con el financiamiento de la política sin ser objeto de extorsión por parte de candidatos ni incurrir en prácticas de compra de favores; para que ello se logre, resulta clave que el receptor de los dineros no conozca quién se los entrega. A la luz de las declaraciones de los involucrados en este caso, no es claro que se esté consiguiendo ese objetivo. Al contrario, surgen dudas respecto de si un mecanismo concebido para incentivar la probidad no está siendo usado por algunos como una forma de eludir la transparencia.

Padrón electoral: ajuste prioritario.

El Consejo Directivo del Servicio Electoral ha admitido que carece de facultades legales para eliminar a un número indeterminado de personas ya fallecidas -podrían ser unas 600 mil- que aún figuran en el actual padrón electoral. Esto, como resultado de la declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional de una norma que se lo permitía y que estaba contenida en la Ley que perfeccionó las elecciones primarias.

Así, el país se encamina este año a elecciones primarias, Parlamentarias, Presidenciales -en primera y posiblemente en segunda vuelta- y, además, eventualmente, de Consejeros Regionales en forma directa, sin haber resuelto un problema que se evidenció en octubre pasado, a saber, la situación obviamente absurda de que en el padrón electoral figuren 45.884 personas que tendrían más de 100 años, y 565 mil entre 80 y 139 años.

El problema radica en la dificultad del Registro Civil para acreditar el fallecimiento en la información que entrega al Servicio Electoral. Entre las complicaciones se encuentran -como lo ha observado el Presidente del Consejo, Juan Emilio Cheyre- la no inscripción de fallecimientos de chilenos que se radican y mueren en el extranjero, y la dificultad de establecer ciertas defunciones ocurridas con anterioridad a 1982, por la inexistencia en esa época de un sistema computacional que permita cotejarlo adecuadamente.

El Ministro Secretario General de la Presidencia ha declarado que lo anterior no afectará los procesos eleccionarios de este año, pero la inquietud subsiste, pues tras lo sucedido en la última elección, la sólida percepción de legitimidad del sistema se ha visto alcanzada. Por ejemplo, la encuesta de "Auditoría a la democracia" realizada hace algunos meses mostró un aumento de 7 a 38% de quienes consideran que los procesos electorales en Chile son deshonestos -algo inaceptable para nuestro país, que siempre se ha destacado por sus bajos índices de irregularidades políticas-.

Esa pérdida de confianza no viene dada -como ocurre en algunos países vecinos- por intentos de manipular la elección, sino que son consecuencia de una puesta en marcha poco rigurosa y mal planificada del mecanismo de inscripción automática. Ha existido al respecto una improvisación de la clase política y una pasividad del mundo académico.

La solución -rechazada por el Tribunal Constitucional- de excluir del padrón electoral a aquellos que, teniendo más de 80 años, no hubieren renovado su cédula de identidad en los últimos 15 años, y a aquellas personas menores de esa edad que en los últimos 21 años no hubieren realizado tal trámite, era razonable y fácil de implementar. Ahora, la nueva institucionalidad del Servel tiene la enorme responsabilidad de restaurar la confianza ciudadana en los procesos electorales, y para ello debe idearse con la máxima urgencia, en conjunto con el Poder Ejecutivo, un nuevo mecanismo de solución.

Con todo, la Director (s) del Servicio Electoral, Elizabeth Cabrera, se manifiesta optimista: ha recordado que "nunca vamos a tener un padrón ciento por ciento puro", y que se estudia con el Ejecutivo -básicamente la Secretaría General de la Presidencia y el Registro Civil- replantear la fórmula rechazada, pero introduciéndole los ajustes que derivan del fallo del TC.

El país espera que este optimismo se traduzca en resultados oportunos, y cabe preguntarse si en ese esfuerzo se ha contemplado recurrir a la asesoría de instancias técnicamente especializadas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que puedan aportar un enérgico impulso adicional a este proceso de apremiante readaptación.

La densificación habitacional y el Metro.

El Ministro de Vivienda y la Cámara Chilena de la Construcción coinciden en la necesidad de densificar las áreas cercanas a las estaciones del Metro. Ellas, muy atractivas por la conveniencia que significa tener transporte público rápido y seguro en las cercanías, a menudo corresponden a zonas urbanas con pocos habitantes. Esto significa desaprovechar la enorme inversión en el tren subterráneo. En muchos casos, esa baja densidad es causada por planes reguladores que impiden la construcción en altura. La solución que plantea el Ministerio consiste en crear un nuevo instrumento jurídico, un plan urbano de nivel metropolitano, que tendría mayor rango jurídico que los planes reguladores Municipales.

Esta propuesta es acogida con beneplácito por la Cámara, que prevé llegar a instalar más de 400 mil departamentos en las más de 3.500 atractivas hectáreas que se liberarían, al considerar que la nueva norma se aplica hasta una distancia de 500 metros alrededor de una estación del Metro. El referido número permitiría cubrir más de 60% de los nuevos departamentos que la Cámara estima se requerirían en Santiago hasta el año 2025.

Sin duda, aprovechar mejor los terrenos cercanos al Metro es un buen uso de un recurso escaso, pero la propuesta y las estimaciones de la Cámara deben ser matizadas. La propuesta de un plan urbano tiene un rasgo poco democrático y centralizador: una autoridad metropolitana no elegida reemplazaría planos reguladores aprobados por las Comunas y sus representantes democráticos, por planes definidos por funcionarios.

En todo caso, la densificación requiere contar con instrumentos para mitigar las externalidades negativas creadas por la mayor concentración de personas en estas zonas. Sería preciso clarificar si los cálculos de la Cámara consideraron el equipamiento urbano de áreas verdes, parques, vialidad, transporte público de superficie, escuelas y otros servicios requeridos para atender el mayor número de habitantes en los espacios alrededor de estaciones del Metro. Y, por cierto, esos cálculos deberían incluir protecciones para los barrios patrimoniales. Además, en algunos casos la densificación podría acabar con la vida de barrio si no se realiza cuidadosamente. Por eso, tal vez sea conveniente que el plano urbano tenga límites a las alturas máximas -¿12 pisos, por ejemplo?- y a la ocupación de los terrenos, y que solo con aprobación de las autoridades comunales se puedan superar esos máximos.

Un último aspecto son las rentas obtenidas por los propietarios de terrenos en las cercanías de estaciones de Metro. Ellos se ven beneficiados, porque sus propiedades pueden aumentar su valor en varias veces, sobre todo cuando se cambian los planes reguladores y se puede construir en altura. Parece conveniente modificar los mecanismos tributarios, para que al menos una parte de esta renta -que se origina en una inversión de recursos del Estado- pueda ser recuperada, reduciendo así el costo de construir el Metro. Esto ocurre en varios países desarrollados, como un mecanismo eficiente para ayudar a financiar las extensiones del tren subterráneo.

Escasez en Venezuela.

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, admitió el fin de semana lo que desde hace meses viene denunciando la oposición: el país sufre un “desabastecimiento agudo” en algunos productos básicos. El reconocimiento, sin embargo, ha venido de la mano de la acusación contra el grupo empresarial Polar, al que el Mandatario responsabiliza por haber bajado la producción con el objetivo de “desabastecer el mercado”.

Es positivo que las autoridades por fin se hagan cargo de la escasez que afecta directamente la dieta de los venezolanos. Pero a la hora de establecer las causas que explican este fenómeno, el Ejecutivo de ese país debería examinar las condiciones creadas por las políticas que ha puesto en marcha en una serie de ámbitos. La elevada inflación, las dificultades para adquirir dólares y los desincentivos a la inversión que existen en Venezuela son las razones detrás del desabastecimiento que sufren los ciudadanos de ese país. La búsqueda de un “enemigo” al cual culpar por sus propios fracasos es una estrategia que el régimen ha utilizado repetidamente en una serie de temas y que hoy sólo pretende transferir la responsabilidad propia a un tercero, en momentos en que las autoridades se encuentran severamente cuestionadas por el resultado de las elecciones Presidenciales del 14 de abril.

Maduro ha anunciado que buscará subsanar el déficit importando directamente unas 700 mil toneladas de alimentos desde diversos países del Mercosur. La entrega de estos productos no sólo persigue un fin humanitario, sino que tras ella parece existir, asimismo, la voluntad de utilizarla como una nueva herramienta de clientelismo político para incrementar el control que ya ejerce sobre vastos sectores de la sociedad a través de diversos planes de asistencia. De esta forma, la libertad de las personas y el resguardo de sus derechos continúan viéndose amenazados por el Gobierno de Venezuela, sin que los países de la región se decidan a cuestionarlo de manera decisiva.

Cartas interesantes…

Señor Director:

Caso Tsunami.

Inaceptables los dichos de un Magistrado, que hizo burla del padre de un menor fallecido tras el tsunami. Más allá de lo justificable que pueda ser exigir desalojar a alguien que pueda estar alterando el orden de una audiencia, no corresponde a un Juez emitir un juicio de valor tan delicado y sensible como imputar a dicho padre que está "haciendo show" o buscando "cinco minutos de fama".

El Juez está para impartir justicia, no es un comentarista.

Agustín Eguiguren C.

Señor Director:

Receso electoral en la Cámara de Diputados.

El acuerdo para un receso de la Cámara de Diputados viene a rebalsar el vaso de agua.

Mientras muchos trabajan abnegados, cumpliendo la Ley y exigencias propias de cada trabajo y empleador -sea público o privado- otro sector, esta vez un grupo de políticos en la mira de la opinión pública, toma una decisión sin consultar a quienes son sus verdaderos empleadores: los ciudadanos que los eligen.

A ellos les debe parecer razonable dejar de sesionar para participar en las campañas políticas, pero como ciudadano que paga impuestos para que los Diputados trabajen, creo que esta decisión va en sentido contrario de lo que debe hacerse en nuestro país.

Jorge Oyarce.

Señor Director:

Rechazo a las primarias.

Tras la negativa de Camilo Escalona de someterse a un proceso de primarias para dirimir su cupo Senatorial, el Partido Socialista -brazo político de la candidatura de Michelle Bachelet- debe responder ante la ciudadanía algo que a estas alturas resulta ineludible: ¿Existe verdadera voluntad de democratizar los espacios para permitir que nuevos rostros tengan el derecho a competir?

Al parecer, la respuesta sería negativa.

Fernando Avalos P.