Al medio
día de ayer se inició un voraz incendio en los cerros La Cruz y Mariposas
de
Valparaíso destruyendo unas 40 viviendas y unas 150 familias evacuadas. Piñera
llegó en
la tarde a la zona del desaste y dijo que "estamos con comprometidos con
los
afectados
de este incendio. No los vamos a dejar solos, vamos a colaborar para que
recuperen sus viviendas lo antes posible".
El Presidente Sebastián Piñera entregó los conjuntos habitacionales
Bicentenario
de Hospital y Bicentenario III en la Comuna de Paine. 
Juan Pablo II cerca de la santidad; validan milagro, la Comisión de
siete médicos de
la Congregación para las Causas de los Santos validó como milagro una
curación.
Ataques a propuesta de Golborne.
La propuesta del candidato
Presidencial Laurence Golborne, de reducir de manera permanente el impuesto específico
a las gasolinas, creado en 1985 para reparar los daños en la infraestructura
vial, ha recibido una andanada de
críticas aduciendo que este es único
impuesto sustentable o verde que existe en Chile.
La falacia de la
argumentación de quienes reprochan la propuesta de Golborne es evidente, pues, los vehículos automotores que usan como energía el petróleo diesel, que son inmensamenete más contaminantes que los bencineros, pagan un
impuesto específico que es la cuarta parte del que sufraga la bencina.
Se plantea, por alginos
sectores, que es un impuesto al lujo, como si poseer un vehículo motorizado
fuera un privilegio de unos pocos, hoy,por la extensión de las ciudades y la
mala calidad del transporte público el automovil es una necesidad para amplios
sectores de clase media y media emergente.
Creemos que la proposición
de Golborne, que por lo demás corresponde a una promesa de campaña no cumplida
por el Presidente Piñera, es completamente correcta, pues, este impuesto
establecido como temporal se ha mantenido en el tiempo apesar que la mayoría de
los caminos están concesionados y sus reparaciones corresponden a las concesionadas.
Creemos que el impuesto se puede bajar
sustancialmente, sin afectar la recaudación Fiscal, terminando con las
exenciones que benefician a las empresas industriales de la minería, la
aeronáutica y otras grandes compañías, que rebajan de sus impuestos la carga
que implica el impuesto específico.
Ante un cuadro político de amenazas, se puede,
por Hernán Larraín F.
El panorama político se
presenta con tres escenarios de serio peligro para la centroderecha. Estos se
dan en el ámbito del Gobierno del Presidente Piñera, en la disyuntiva Presidencial
y ante las próximas elecciones Parlamentarias.
La destitución de Harald
Beyer es una señal de alerta temprana para el período de clausura de la
administración actual. La profunda injusticia de la decisión opositora indica
que la finalidad de derrotar al Gobierno y evitar que este alcance buenos resultados
en su gestión importan más que la honra de una persona o el progreso del país.
Está tomada la determinación de causar daño a cualquier costo.
El regreso de Michelle
Bachelet en gloria y majestad y la consistencia de las encuestas del momento
nos dicen que ella tiene hoy enormes posibilidades de ser reelecta Presidente.
Se olvida que su gestión fue menos que mediocre, porque terminó con una imagen
en alza producto de sus cualidades humanas, su cercanía, su identificación con
la causa de las mujeres y su espíritu protector tan necesario como bienvenido
entre los más vulnerables. Su alejamiento de la contingencia durante tres años
la benefició y la hace retornar en un clima de ilusión.
A su vez, los esfuerzos
opositores por lograr una lista única integrada por la Concertación, el Partido
Comunista y diversos grupos extraparlamentarios, como los nacidos al alero de
los movimientos estudiantiles del 2011, avanzan y permitirían instalar una
propuesta que podría doblar a la Coalición en más de algún distrito.
Son estas amenazas reales,
pero bajo ninguna circunstancia ellas constituyen cosa juzgada. El partido
recién empieza, aunque sea bajo riesgo y peligro.
Desde luego, la primera
amenaza no será fácil de concretar. El Gobierno de Piñera exhibe resultados concretos
y objetivos que la gente reconoce cada día más. Impedir la concreción de
propuestas valiosas o negarles la sal y el agua a las iniciativas que van a
cerrar el período podría constituirse en un arma de doble filo. Por eso, ahora
es cuando el Gobierno debe poner el pie en el acelerador, trabajar sin pausa y
estrechar lazos con las fuerzas políticas que le dan sustento.
Por su parte, es tiempo de
recuperar la fe en nuestros propios liderazgos. La imagen de Bachelet tiene que
aterrizar ante las demandas ciudadanas. Ideas generales o respuestas evasivas
ante preguntas difíciles, y la emergencia de diferencias insalvables entre sus
partidarios, empiezan a dañar su imagen. Los compromisos crecientes de su
candidatura con las opciones más izquierdistas, así como la incertidumbre de
saber con quienes Gobernaría, la alejan de la moderación del chileno medio y refuerzan
la idea de un segundo Gobierno con alta ingobernabilidad.
Es el momento de Laurence
Golborne y de Andrés Allamand, es su oportunidad para recoger el desafío de
interpretar la continuidad de una gestión exitosa, con la introducción de los
cambios que se requieren para que los chilenos adviertan que este es el único
camino para avanzar y no retroceder.
Por último, y no menos
relevante, está pendiente la opción Parlamentaria de la Coalición. No existe
razón objetiva que nos impida aspirar a lograr la mitad del próximo Congreso. Y
no por el sistema binominal, como les gusta justificar a algunos. En las
últimas tres elecciones Presidenciales, hemos obtenido en promedio más del 48%
de los votos y no hay motivos para obtener menos que ello en las próximas. Ello
nos permitiría asegurar un escaño en todas las Circunscripciones y Distritos,
sin mencionar el doblaje en Las Condes. Ello demanda una decisión responsable
de las directivas que asegure duplas de candidatos que garanticen este
resultado.
Existen amenazas, es
cierto, pero también existe un potencial formidable. De nosotros depende. De
nuestro liderazgo. De nuestra determinación para actuar con unidad. De nuestra
claridad de propósitos y consistencia doctrinaria. De nuestra humildad y
generosidad. Pero, por sobre todo, de nuestro trabajo en terreno, junto a la
gente.
Simce e igualdad de oportunidades,
por Rodrigo Castro.
Los últimos puntajes del
Simce de 4º básico y 2º medio confirman un avance significativo en los logros
educacionales, tanto en Matemática como en Lenguaje. De la misma forma, se
aprecia un resultado muy alentador en los Liceos Bicentenario y una reducción
en las brechas entre los particulares pagados y municipales.
Ahora bien, estos avances
no pueden desconocer que quedan grandes desafíos, principalmente en la
distribución de oportunidades. De acuerdo con la última Encuesta Bicentenario,
la mayoría de las personas estima que es muy baja la probabilidad de que un
pobre salga de su condición o que un joven de escasos recursos ingrese a la
universidad. Luego, un mayor acceso y calidad en todos los niveles de
educación, pero en particular en el nivel preescolar, sigue siendo la principal
política pública para lograr una mejor distribución de oportunidades. Aunque
tenemos un acceso relativamente parejo a la educación básica y media, aún
persiste una brecha significativa en el nivel preescolar y universitario y en
los resultados educacionales según el ingreso familiar. Se ha avanzado, pero
estamos lejos de acercar las oportunidades según origen. De acuerdo a
Horizontal (2013) nuestros niños al nacer tienen potencialidades equivalentes,
pero en la medida que avanzan en el proceso escolar se abren brechas que
parecen depender del hogar en que les tocó nacer. No hay atajos para lograr
este objetivo, ni menos acortar las brechas educacionales que nos separan de
los países desarrollados.
Si se considera la
evidencia más reciente respecto de la calidad de la educación, se observa que,
luego de considerar el nivel socioeconómico de los estudiantes y sus familias,
los recursos de los colegios e incluso los procesos de selección, una buena gestión
de recursos con que cuenta un colegio puede hacer la diferencia en el proceso
de aprendizaje. En promedio, al considerar variables de gestión como la
evaluación de profesores, existencia de equipo de gestión y antigüedad de los
profesores, se encuentra que éstas tienen un efecto que supera los 30 puntos
del Simce. Esta diferencia es mucho mayor a los efectos de otras políticas como
la jornada escolar completa o el efecto de la selección.
A la evidencia anterior se
suma la falta de autonomía en la gestión de los establecimientos. En ese
sentido, cada sostenedor debe ser quien decida sobre sus recursos humanos,
financieros y pedagógicos. Avanzar en políticas que den autonomía real a los
sostenedores en la forma de administrar sus recursos, tal como demuestra la
evidencia, ayudaría mucho más a la igualdad de oportunidades elevando la
calidad de la oferta educativa.
Por último, está la
calidad de los profesores. La política de becas y de promoción de la excelencia
puede hacer la diferencia en términos de logros académicos. En efecto, cinco
años seguidos de buenos profesores pueden cerrar la brecha en rendimientos
atribuibles a las diferencias de origen en los niños de altos y bajos ingresos.
El Gobierno tiene la oportunidad de sembrar los cambios fundamentales para que
Chile no sólo alcance el desarrollo en nivel de ingreso, sino que también en
capital humano.
Trato a encapuchados.
En entrevista con este
diario, el General Director de Carabineros ha respaldado categóricamente el
mayor rigor con que a su juicio debe la sociedad responder ante la conducta de
quienes, encapuchados, participan en manifestaciones públicas, en el curso de
las cuales en nuestro país se perpetran con habitualidad desmanes que
constituyen delitos contra el orden público y los derechos de terceros, incluso
los más básicos que garantiza la Constitución. Esta consagra el derecho a
reunirse para expresar opinión, pero lo condiciona a que sea
"pacíficamente" y "sin armas", y lo sujeta, "en las
plazas, calles y demás lugares de uso público", a las "disposiciones
generales de policía". En esto, Chile solo replica la experiencia de las
más antiguas democracias.
Pero es un hecho obvio que
las manifestaciones en nuestro país raramente son pacíficas, a menudo albergan
en su seno a grupos organizados -"infiltrados", aducen
invariablemente los convocantes a las mismas- que portan armas contundentes,
explosivas e incendiarias artesanales y aun de fuego, y hacen caso omiso de las
normas policiales. La agresión a la policía es una constante, y se ha
generalizado sistemáticamente el uso de capuchas u otros elementos que impiden
la identificación de los hechores. La normativa actual solo permite a la
policía exigir la identificación, mas no la detención del encapuchado. Pero si
un sujeto esconde su cara en una manifestación violenta, es de sentido común
que busca facilitar su acción delictiva y eludir luego a la Justicia. Como bien
observa el General Director, "no es igual a cualquier persona que ande con
un pañuelo o un pasamontañas debido al frío". De allí que se justifique su
inclusión en el proyecto de Ley sobre fortalecimiento del resguardo al orden
público que el Ejecutivo planteó en septiembre de 2011, actualmente en primer
trámite en la Cámara de Diputados.
De aprobarse esta nueva
norma legal -que al respaldar a la autoridad encargada de hacer valer
efectivamente la Ley, protege a la inmensa mayoría contra la agresión de las
minorías violentas-, evidentemente ella debería aplicarse por parejo en toda
circunstancia. Perdería vigor moral si se admitieran encapuchados impunes en La
Araucanía, por ejemplo, mas no en la capital.
La policía debe tener
apoyo político y capacidad técnica para preservar el orden público. Si algunos
de sus efectivos incurren en exceso, por cierto deben asumir su responsabilidad
legal. Pero no se la puede reducir a un cuerpo impotente, prohibiéndole usar
implementos de uso normal en otras democracias -gases lacrimógenos, balines de
pintura, carros lanzaagua, caballos y perros auxiliares -, sometiéndola a un
rigor exagerado, traducido en proliferación indefinida de sumarios o aun
expulsión de efectivos por motivos discutibles. Los vaivenes de la autoridad en
cuanto a exigir resultados policiales, pero luego tratar a las policías con
severidad desproporcionada a la lenidad con que se enfrenta a los violentistas,
alientan a los extremistas y aun pueden amagar a instituciones fundamentales,
como ya le ocurrió al Senado en una sesión en Santiago, o cuando fue
"tomado" el Gabinete del Ministro de Educación. La fuerza pública necesita
credibilidad, pues sin ella se pierde también el crédito de la autoridad, que
es esencial al Estado de Derecho.
La experiencia
internacional muestra que ante protestas sociales, la norma es la
responsabilización policial, esto es, que la sociedad conozca de qué manera la
policía está innovando y mejorando los procedimientos frente a las alteraciones
del orden público, aunque siempre respetando los derechos de los ciudadanos. El
caso de Canadá es ilustrativo, pues muestra que más que mayor empleo de la
fuerza y recursos para la contención, la policía precisa más inteligencia
antidelictiva o ejercer un control coercitivo más tecnificado.
En momentos en que
diversos círculos ciudadanos cuestionan la eficacia de la policía frente a la
delincuencia común, no se le puede infligir el golpe adicional de anularla
también frente a los desórdenes públicos. Más temprano que tarde, tendrían que
lamentarlo todos los partidarios de la democracia, cualquiera sea su color
político.
Acusación Constitucional: el día después.
Hoy, cuando las dos
mayores coaliciones se han alternado en el papel de acusadores y defensores,
víctimas y victimarios del instrumento de la acusación Constitucional, es
oportuna esta pregunta: ¿puede perfeccionarse esta poderosa herramienta de
balance político? Las cifras de opinión pública moverían a responderla
afirmativamente: una considerable mayoría estimó injusta la destitución de Beyer.
Reiteradas menciones de los Senadores en la sala a lo desproporcionado de la
inhabilitación de cinco años, a la defectuosa legislación aplicable a este
caso, y al precedente del caso Provoste cinco años antes -considerado también
injusto por algunos- aconsejan sacar una necesaria lección institucional del
traumático desenlace de la semana pasada. ¿Cuál es la naturaleza de la
acusación? ¿Tiene componentes jurídicos, jurisdiccionales, o es mera y
simplemente política?
Tal vez el juicio político
se encuentre aún en búsqueda de su naturaleza precisa. Surgido ya en las
primeras constituciones del siglo XIX, los países persiguieron consolidar la
separación de poderes, balancear el autoritarismo del Ejecutivo, someterlo a
control Parlamentario ante el abuso, el delito, el exceso. La Carta de 1833 ya
permitía la acusación entre otros del Presidente y de los Ministros, entregando
la decisión al Senado como cuerpo garante de una independencia que no se esperaba
de la Corte Suprema. Incluso en EE.UU. se temió igual falta de autonomía del
máximo Tribunal ordinario. En "El Federalista" (N° 65) se lee:
"¿Dónde sino en el Senado se hubiera podido encontrar un Tribunal con
bastante dignidad y necesaria independencia?".
Luego, dos elementos son
esenciales en el diseño de la acusación Constitucional: el control político del
Ejecutivo y la actuación jurisdiccional del Jurado que resolverá. Para
consolidar esto último, necesariamente la imputación debe asentarse en leyes,
códigos, delitos cometidos, abusos de poder, que serán tales cuando la Ley no
los tolere. En un sistema Presidencial y no Parlamentario, la acusación no es
un voto político de censura. No puede consistir en un capricho político de la
mayoría del Congreso; no cabe fundarla en una discrepancia sobre la
conveniencia u oportunidad de la actuación política. Así, la causal imputada al
ex Ministro Beyer se construyó sobre la omisión, en cuanto habría dejado las Leyes
sin ejecución. Esto apunta, en los albores de la República, al deber de los Ministros
de prestar su potestad de fuerza a la aplicación de las Leyes, especialmente
(aunque no únicamente) al otorgamiento de la fuerza pública a las sentencias de
los Tribunales. Pero hoy se discrepó de la intensidad con que un Ministro de
Educación aplicó las precarias disposiciones legales sobre lucro en
universidades. Esto se mueve en un plano más complejo y menos nítido de
juzgamiento jurídico que el que motivó la creación de la acusación Constitucional.
Un primer
perfeccionamiento concierne a los ilícitos que se imputarán. Caben aquí
precisiones o exclusiones en las centenarias figuras del artículo 52 N° 2 de la
Constitución. Los delitos ahí contenidos -soborno, malversación, traición,
concusión y otros- ¿deben configurarse con un mínimo de plausibilidad, o basta
la mera sospecha, considerando que luego de la destitución entra la Justicia
ordinaria?
Un segundo plano de
perfeccionamientos apunta al carácter jurisdiccional y no político de la
decisión de la Cámara Alta. Si bien la Constitución prevé su actuación como la
de un Jurado, su decisión tiene un defecto fundamental: se reduce a una simple
votación. Una cosa es apreciar la prueba en conciencia. Otra distinta es no
explicar ni dar razón de su convicción sobre la inocencia o culpabilidad del
acusado. Como el acuerdo de la Cámara tampoco es fundado, la sensación final
puede acercarse a la arbitrariedad: un Tribunal, que actúa como asamblea o
cabildo, capaz de asestar un golpe político mortal solo por un voto de
diferencia. Quizá una forma sea aumentar razonablemente el quórum para la
condena al acusado, como existe para el Presidente. Mayoría absoluta de Diputados
en ejercicio para aprobar acusación en la Cámara contra Ministros, o cuatro
séptimos de Senadores en ejercicio para condenarlos, serían opciones para una
racionalización jurisdiccional de la acusación.Cabe recordar, incluso, que en
la reforma que amplió las atribuciones del Tribunal Constitucional se consideró
que él fallara estas acusaciones, pero no hubo apertura del Congreso a este
cambio.
Lo que revela el «caso basura» en Maipú.
Una compleja trama
sugieren las revelaciones de la investigación judicial en torno a la licitación
de los servicios de basura en Maipú, adjudicada en 2011 a la firma KDM. El caso
se originó luego de que un competidor, la empresa Proactiva, se querellara, acusando
a las autoridades Comunales de diferencias en el trato. Frente a la denuncia,
las autoridades Comunales han defendido la legitimidad del proceso, haciendo
notar que, mientras que las bases de la licitación fueron aprobadas por la
Fiscalía Económica, el Tribunal de Contratación Pública rechazó una
presentación de Proactiva y validó las condiciones establecidas.
Pero aunque dicha
sentencia acredita que las exigencias establecidas en la licitación se
ajustaron a la Ley, la investigación del Ministerio Público a partir de la
querella ha detectado una sucesión de situaciones inquietantes. Entre ellas
figuran grabaciones de conversaciones atribuidas a uno de los Concejales (el RN
Marcelo Torres) y a ejecutivos de KDM, donde al primero supuestamente se le aleccionaría
respecto de argumentos a exponer ante la Corema, y además se hablaría de
supuestos “premios”; otra grabación, en que un dirigente «ecologista»
(involucrado en el seguimiento de un proyecto de relleno sanitario
perteneciente a Proactiva) pide “gestos” y alude a “billetes” en un supuesto
diálogo con el gerente general de la firma ganadora; un testimonio (de la ex
esposa del Concejal Torres) que menciona la realización de reuniones
sospechosas y la supuesta repartición de dinero en fajos, además de involucrar
a otros miembros del Concejo; acusaciones cruzadas entre éstos, etc. Se trata
de un cúmulo de antecedentes suficientes para justificar la apertura de dos
carpetas de indagación, una centrada en los posibles delitos de cohecho y
soborno, y la otra en el eventual lavado de activos; ello, además de motivar al
Consejo de Defensa del Estado para hacerse parte.
Evidentemente, es tarea de
la Fiscalía develar lo ocurrido en este caso, determinar la existencia de
eventuales ilícitos y perseguir a los responsables. Pero la situación plantea
otras interrogantes y áreas de preocupación que exigen ser abordadas. El
sistema de contrataciones públicas fue modernizado a inicios de la década
pasada, cuando se uniformó procedimientos, se impuso mayores niveles de
transparencia y se estableció una nueva institucionalidad, cuyo rol se ha hecho
patente en millonarios procesos: por ejemplo, la suspensión de la licitación de
los nuevos carnés y pasaportes por el Registro Civil en 2010, o la corrección
de las bases para licitar las raciones alimenticias en establecimientos
educacionales, en 2011. Con todo, dudas como las que abre el caso Maipú o,
antes, el de los «sobreprecios» en el Ministerio del Interior, advierten que ni
aún el aparente cumplimiento formal de las normativas garantiza la corrección
de una licitación; entre otras causas, por la siempre abierta posibilidad de
introducir en las bases requerimientos técnicos destinados a beneficiar o
perjudicar a participantes. El asunto amerita preocupación y parece ser tiempo
de estudiar nuevos perfeccionamientos: desde ya, merece evaluarse la idea de
separar las licitaciones en sus fases técnica y económica, de modo de asegurar
competencia en ambos aspectos. El propio Tribunal de Contratación, en tanto, ha
planteado reformas para fortalecer su acción, como incrementar el número de
audiencias o definir las competencias para resolver conflictos entre la
adjudicación y la suscripción de un contrato.
Pero el caso además vuelve
a poner de relieve debilidades del sistema de gestión Municipal. Son estas
corporaciones las que acumulan mayores cuestionamientos en sus licitaciones, y
si bien afrontar el problema pasa por potenciar sus capacidades técnicas,
también resulta fundamental el rol de los Concejales, mejorando sus facultades
fiscalizadoras, pero también estableciéndoles nuevas exigencias e
incompatibilidades. El proyecto sobre probidad Municipal que impulsa la Subdere en el
Congreso aparece aquí como un punto prioritario.
Paraguay: triunfo Colorado.
Se ha puesto fin a la
crisis política de Paraguay, que comenzó en junio pasado con la destitución de
Fernando Lugo, y se inicia una etapa llena de desafíos para el próximo Gobierno
de Horacio Cartes, del Partido Colorado: en lo político, mejorar la eficiencia
del Estado y terminar con la corrupción; en lo económico, morigerar las brechas
sociales, y en lo internacional, reinsertarse en el entorno regional.
Cartes, un millonario
empresario que hizo su fortuna en la banca y tiene inversiones en ganadería,
las industrias tabacalera, textil y de bebidas, tendrá que responder ahora a
las expectativas de los paraguayos, que ya no solo quieren continuar el
crecimiento sostenido de los últimos años, sino también mejorar el bienestar de
la población que vive en la pobreza.
El Presidente electo
prometió abrir el país a la inversión privada local y extranjera, y hay mucha
esperanza de que, con su experiencia como emprendedor exitoso, aplique fórmulas
conducentes al desarrollo de todos los ámbitos económicos. Siendo Paraguay
eminentemente agrícola, en esa área se espera que solucione los problemas de
pequeños agricultores escasos de tierra y apoyo técnico. Con el boom de la
soya, la recuperación de la ganadería -tras el azote de la fiebre aftosa y la
sequía- y la enorme capacidad de generación hidroeléctrica, el Gobierno puede
contar con vastos recursos para acometer proyectos que beneficien el
desarrollo.
Para el comercio
internacional de Paraguay (y también para su imagen política), es vital su
reincorporación al Mercosur, cuyos miembros compran casi la mitad de sus
exportaciones. Ya hubo señales positivas: José Mujica -que ocupa su Presidencia
pro tempore - invitó a Cartes a la reunión de junio en Montevideo, y Cristina
Fernández, la más dura de sus colegas del bloque, le envió un mensaje de
bienvenida: "Su lugar está en el Mercosur, junto a nosotros, como
siempre". Brasil, sin embargo, parece condicionar este retorno a la
aceptación paraguaya del socio venezolano.
Con la mayoría que obtuvo
el partido Colorado en el Congreso, Cartes no debería tener problemas de Gobernabilidad,
pero en Paraguay ella no está ganada de antemano. La legitimidad de los cargos
electos no parece ponerse en duda, pues el proceso electoral, oscurecido por un
asalto guerrillero en una zona selvática del norte, se desarrolló en el resto
del país de manera tranquila y correcta, salvo denuncias aisladas de compra de
votos, lo que a nadie en Paraguay parece importar.
Durante la campaña, el
Presidente electo fue blanco de numerosos ataques de rivales sobre supuestos
vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Incluso miembros de su partido
pusieron en duda su honorabilidad, pero logró que estos cargos se
desvanecieran. De ser efectivos, podrían haberlo incluido en la lista de la
DEA.
El Partido Colorado tiene
hondo y largo arraigo en la población paraguaya. Perdió el poder al dividirse
en facciones y caudillismos, y este retorno lo vigoriza. Está por verse su
aporte a la construcción de un Paraguay moderno y menos desigual.
Pueblos bien informados
dificilmente son
engañados.
Caricatura de Jimmy Scott,
tomada de El
Mercurio.
Hombre de letras
-Oiga, compadre, esta
pancarta, ¿la quiere en apoyo a los obreros
de la Enap, a favor de Aysén sin represas, contra el lucro o en
defensa del pudú?
