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miércoles, 24 de abril de 2013

Temáticas de actualidad...

 Al medio día de ayer se inició un voraz incendio en los cerros La Cruz y Mariposas

de Valparaíso destruyendo unas 40 viviendas y unas 150 familias evacuadas. Piñera
llegó en la tarde a la zona del desaste y dijo que "estamos con comprometidos con los
afectados de este incendio. No los vamos a dejar solos, vamos a colaborar para que
recuperen sus viviendas lo antes posible".



El Presidente Sebastián Piñera entregó los conjuntos habitacionales Bicentenario
de Hospital y Bicentenario III en la Comuna de Paine.

 Juan Pablo II cerca de la santidad; validan milagro, la Comisión de siete médicos de

la Congregación para las Causas de los Santos validó como milagro una curación.







Ataques a propuesta de Golborne.


La propuesta del candidato Presidencial Laurence Golborne, de reducir de manera permanente el impuesto específico a las gasolinas, creado en 1985 para reparar los daños en la infraestructura vial,  ha recibido una andanada de críticas aduciendo que  este es único impuesto sustentable o verde que existe en Chile.





La falacia de la argumentación de quienes reprochan la propuesta de Golborne  es evidente, pues, los vehículos automotores  que usan como energía el petróleo diesel,  que son inmensamenete  más contaminantes que los bencineros, pagan un impuesto específico que es la cuarta parte del que sufraga la bencina.





Se plantea, por alginos sectores, que es un impuesto al lujo, como si poseer un vehículo motorizado fuera un privilegio de unos pocos, hoy,por la extensión de las ciudades y la mala calidad del transporte público el automovil es una necesidad para amplios sectores de clase media y media emergente.





Creemos que la proposición de Golborne, que por lo demás corresponde a una promesa de campaña no cumplida por el Presidente Piñera, es completamente correcta, pues, este impuesto establecido como temporal se ha mantenido en el tiempo apesar que la mayoría de los caminos están concesionados y sus reparaciones corresponden a las concesionadas.




Creemos que el impuesto se puede bajar sustancialmente, sin afectar la recaudación Fiscal, terminando con las exenciones que benefician a las empresas industriales de la minería, la aeronáutica y otras grandes compañías, que rebajan de sus impuestos la carga que implica el impuesto específico.






Ante un cuadro político de amenazas, se puede,

por Hernán Larraín F.


El panorama político se presenta con tres escenarios de serio peligro para la centroderecha. Estos se dan en el ámbito del Gobierno del Presidente Piñera, en la disyuntiva Presidencial y ante las próximas elecciones Parlamentarias.





La destitución de Harald Beyer es una señal de alerta temprana para el período de clausura de la administración actual. La profunda injusticia de la decisión opositora indica que la finalidad de derrotar al Gobierno y evitar que este alcance buenos resultados en su gestión importan más que la honra de una persona o el progreso del país. Está tomada la determinación de causar daño a cualquier costo.





El regreso de Michelle Bachelet en gloria y majestad y la consistencia de las encuestas del momento nos dicen que ella tiene hoy enormes posibilidades de ser reelecta Presidente. Se olvida que su gestión fue menos que mediocre, porque terminó con una imagen en alza producto de sus cualidades humanas, su cercanía, su identificación con la causa de las mujeres y su espíritu protector tan necesario como bienvenido entre los más vulnerables. Su alejamiento de la contingencia durante tres años la benefició y la hace retornar en un clima de ilusión.





A su vez, los esfuerzos opositores por lograr una lista única integrada por la Concertación, el Partido Comunista y diversos grupos extraparlamentarios, como los nacidos al alero de los movimientos estudiantiles del 2011, avanzan y permitirían instalar una propuesta que podría doblar a la Coalición en más de algún distrito.





Son estas amenazas reales, pero bajo ninguna circunstancia ellas constituyen cosa juzgada. El partido recién empieza, aunque sea bajo riesgo y peligro.





Desde luego, la primera amenaza no será fácil de concretar. El Gobierno de Piñera exhibe resultados concretos y objetivos que la gente reconoce cada día más. Impedir la concreción de propuestas valiosas o negarles la sal y el agua a las iniciativas que van a cerrar el período podría constituirse en un arma de doble filo. Por eso, ahora es cuando el Gobierno debe poner el pie en el acelerador, trabajar sin pausa y estrechar lazos con las fuerzas políticas que le dan sustento.





Por su parte, es tiempo de recuperar la fe en nuestros propios liderazgos. La imagen de Bachelet tiene que aterrizar ante las demandas ciudadanas. Ideas generales o respuestas evasivas ante preguntas difíciles, y la emergencia de diferencias insalvables entre sus partidarios, empiezan a dañar su imagen. Los compromisos crecientes de su candidatura con las opciones más izquierdistas, así como la incertidumbre de saber con quienes Gobernaría, la alejan de la moderación del chileno medio y refuerzan la idea de un segundo Gobierno con alta ingobernabilidad.





Es el momento de Laurence Golborne y de Andrés Allamand, es su oportunidad para recoger el desafío de interpretar la continuidad de una gestión exitosa, con la introducción de los cambios que se requieren para que los chilenos adviertan que este es el único camino para avanzar y no retroceder.





Por último, y no menos relevante, está pendiente la opción Parlamentaria de la Coalición. No existe razón objetiva que nos impida aspirar a lograr la mitad del próximo Congreso. Y no por el sistema binominal, como les gusta justificar a algunos. En las últimas tres elecciones Presidenciales, hemos obtenido en promedio más del 48% de los votos y no hay motivos para obtener menos que ello en las próximas. Ello nos permitiría asegurar un escaño en todas las Circunscripciones y Distritos, sin mencionar el doblaje en Las Condes. Ello demanda una decisión responsable de las directivas que asegure duplas de candidatos que garanticen este resultado.





Existen amenazas, es cierto, pero también existe un potencial formidable. De nosotros depende. De nuestro liderazgo. De nuestra determinación para actuar con unidad. De nuestra claridad de propósitos y consistencia doctrinaria. De nuestra humildad y generosidad. Pero, por sobre todo, de nuestro trabajo en terreno, junto a la gente.


Simce e igualdad de oportunidades,

por Rodrigo Castro.


Los últimos puntajes del Simce de 4º básico y 2º medio confirman un avance significativo en los logros educacionales, tanto en Matemática como en Lenguaje. De la misma forma, se aprecia un resultado muy alentador en los Liceos Bicentenario y una reducción en las brechas entre los particulares pagados y municipales.





Ahora bien, estos avances no pueden desconocer que quedan grandes desafíos, principalmente en la distribución de oportunidades. De acuerdo con la última Encuesta Bicentenario, la mayoría de las personas estima que es muy baja la probabilidad de que un pobre salga de su condición o que un joven de escasos recursos ingrese a la universidad. Luego, un mayor acceso y calidad en todos los niveles de educación, pero en particular en el nivel preescolar, sigue siendo la principal política pública para lograr una mejor distribución de oportunidades. Aunque tenemos un acceso relativamente parejo a la educación básica y media, aún persiste una brecha significativa en el nivel preescolar y universitario y en los resultados educacionales según el ingreso familiar. Se ha avanzado, pero estamos lejos de acercar las oportunidades según origen. De acuerdo a Horizontal (2013) nuestros niños al nacer tienen potencialidades equivalentes, pero en la medida que avanzan en el proceso escolar se abren brechas que parecen depender del hogar en que les tocó nacer. No hay atajos para lograr este objetivo, ni menos acortar las brechas educacionales que nos separan de los países desarrollados.





Si se considera la evidencia más reciente respecto de la calidad de la educación, se observa que, luego de considerar el nivel socioeconómico de los estudiantes y sus familias, los recursos de los colegios e incluso los procesos de selección, una buena gestión de recursos con que cuenta un colegio puede hacer la diferencia en el proceso de aprendizaje. En promedio, al considerar variables de gestión como la evaluación de profesores, existencia de equipo de gestión y antigüedad de los profesores, se encuentra que éstas tienen un efecto que supera los 30 puntos del Simce. Esta diferencia es mucho mayor a los efectos de otras políticas como la jornada escolar completa o el efecto de la selección.





A la evidencia anterior se suma la falta de autonomía en la gestión de los establecimientos. En ese sentido, cada sostenedor debe ser quien decida sobre sus recursos humanos, financieros y pedagógicos. Avanzar en políticas que den autonomía real a los sostenedores en la forma de administrar sus recursos, tal como demuestra la evidencia, ayudaría mucho más a la igualdad de oportunidades elevando la calidad de la oferta educativa.





Por último, está la calidad de los profesores. La política de becas y de promoción de la excelencia puede hacer la diferencia en términos de logros académicos. En efecto, cinco años seguidos de buenos profesores pueden cerrar la brecha en rendimientos atribuibles a las diferencias de origen en los niños de altos y bajos ingresos. El Gobierno tiene la oportunidad de sembrar los cambios fundamentales para que Chile no sólo alcance el desarrollo en nivel de ingreso, sino que también en capital humano.


Trato a encapuchados.


En entrevista con este diario, el General Director de Carabineros ha respaldado categóricamente el mayor rigor con que a su juicio debe la sociedad responder ante la conducta de quienes, encapuchados, participan en manifestaciones públicas, en el curso de las cuales en nuestro país se perpetran con habitualidad desmanes que constituyen delitos contra el orden público y los derechos de terceros, incluso los más básicos que garantiza la Constitución. Esta consagra el derecho a reunirse para expresar opinión, pero lo condiciona a que sea "pacíficamente" y "sin armas", y lo sujeta, "en las plazas, calles y demás lugares de uso público", a las "disposiciones generales de policía". En esto, Chile solo replica la experiencia de las más antiguas democracias.





Pero es un hecho obvio que las manifestaciones en nuestro país raramente son pacíficas, a menudo albergan en su seno a grupos organizados -"infiltrados", aducen invariablemente los convocantes a las mismas- que portan armas contundentes, explosivas e incendiarias artesanales y aun de fuego, y hacen caso omiso de las normas policiales. La agresión a la policía es una constante, y se ha generalizado sistemáticamente el uso de capuchas u otros elementos que impiden la identificación de los hechores. La normativa actual solo permite a la policía exigir la identificación, mas no la detención del encapuchado. Pero si un sujeto esconde su cara en una manifestación violenta, es de sentido común que busca facilitar su acción delictiva y eludir luego a la Justicia. Como bien observa el General Director, "no es igual a cualquier persona que ande con un pañuelo o un pasamontañas debido al frío". De allí que se justifique su inclusión en el proyecto de Ley sobre fortalecimiento del resguardo al orden público que el Ejecutivo planteó en septiembre de 2011, actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados.





De aprobarse esta nueva norma legal -que al respaldar a la autoridad encargada de hacer valer efectivamente la Ley, protege a la inmensa mayoría contra la agresión de las minorías violentas-, evidentemente ella debería aplicarse por parejo en toda circunstancia. Perdería vigor moral si se admitieran encapuchados impunes en La Araucanía, por ejemplo, mas no en la capital.





La policía debe tener apoyo político y capacidad técnica para preservar el orden público. Si algunos de sus efectivos incurren en exceso, por cierto deben asumir su responsabilidad legal. Pero no se la puede reducir a un cuerpo impotente, prohibiéndole usar implementos de uso normal en otras democracias -gases lacrimógenos, balines de pintura, carros lanzaagua, caballos y perros auxiliares -, sometiéndola a un rigor exagerado, traducido en proliferación indefinida de sumarios o aun expulsión de efectivos por motivos discutibles. Los vaivenes de la autoridad en cuanto a exigir resultados policiales, pero luego tratar a las policías con severidad desproporcionada a la lenidad con que se enfrenta a los violentistas, alientan a los extremistas y aun pueden amagar a instituciones fundamentales, como ya le ocurrió al Senado en una sesión en Santiago, o cuando fue "tomado" el Gabinete del Ministro de Educación. La fuerza pública necesita credibilidad, pues sin ella se pierde también el crédito de la autoridad, que es esencial al Estado de Derecho.





La experiencia internacional muestra que ante protestas sociales, la norma es la responsabilización policial, esto es, que la sociedad conozca de qué manera la policía está innovando y mejorando los procedimientos frente a las alteraciones del orden público, aunque siempre respetando los derechos de los ciudadanos. El caso de Canadá es ilustrativo, pues muestra que más que mayor empleo de la fuerza y recursos para la contención, la policía precisa más inteligencia antidelictiva o ejercer un control coercitivo más tecnificado.





En momentos en que diversos círculos ciudadanos cuestionan la eficacia de la policía frente a la delincuencia común, no se le puede infligir el golpe adicional de anularla también frente a los desórdenes públicos. Más temprano que tarde, tendrían que lamentarlo todos los partidarios de la democracia, cualquiera sea su color político.


Acusación Constitucional: el día después.



Hoy, cuando las dos mayores coaliciones se han alternado en el papel de acusadores y defensores, víctimas y victimarios del instrumento de la acusación Constitucional, es oportuna esta pregunta: ¿puede perfeccionarse esta poderosa herramienta de balance político? Las cifras de opinión pública moverían a responderla afirmativamente: una considerable mayoría estimó injusta la destitución de Beyer. Reiteradas menciones de los Senadores en la sala a lo desproporcionado de la inhabilitación de cinco años, a la defectuosa legislación aplicable a este caso, y al precedente del caso Provoste cinco años antes -considerado también injusto por algunos- aconsejan sacar una necesaria lección institucional del traumático desenlace de la semana pasada. ¿Cuál es la naturaleza de la acusación? ¿Tiene componentes jurídicos, jurisdiccionales, o es mera y simplemente política?





Tal vez el juicio político se encuentre aún en búsqueda de su naturaleza precisa. Surgido ya en las primeras constituciones del siglo XIX, los países persiguieron consolidar la separación de poderes, balancear el autoritarismo del Ejecutivo, someterlo a control Parlamentario ante el abuso, el delito, el exceso. La Carta de 1833 ya permitía la acusación entre otros del Presidente y de los Ministros, entregando la decisión al Senado como cuerpo garante de una independencia que no se esperaba de la Corte Suprema. Incluso en EE.UU. se temió igual falta de autonomía del máximo Tribunal ordinario. En "El Federalista" (N° 65) se lee: "¿Dónde sino en el Senado se hubiera podido encontrar un Tribunal con bastante dignidad y necesaria independencia?".





Luego, dos elementos son esenciales en el diseño de la acusación Constitucional: el control político del Ejecutivo y la actuación jurisdiccional del Jurado que resolverá. Para consolidar esto último, necesariamente la imputación debe asentarse en leyes, códigos, delitos cometidos, abusos de poder, que serán tales cuando la Ley no los tolere. En un sistema Presidencial y no Parlamentario, la acusación no es un voto político de censura. No puede consistir en un capricho político de la mayoría del Congreso; no cabe fundarla en una discrepancia sobre la conveniencia u oportunidad de la actuación política. Así, la causal imputada al ex Ministro Beyer se construyó sobre la omisión, en cuanto habría dejado las Leyes sin ejecución. Esto apunta, en los albores de la República, al deber de los Ministros de prestar su potestad de fuerza a la aplicación de las Leyes, especialmente (aunque no únicamente) al otorgamiento de la fuerza pública a las sentencias de los Tribunales. Pero hoy se discrepó de la intensidad con que un Ministro de Educación aplicó las precarias disposiciones legales sobre lucro en universidades. Esto se mueve en un plano más complejo y menos nítido de juzgamiento jurídico que el que motivó la creación de la acusación Constitucional.





Un primer perfeccionamiento concierne a los ilícitos que se imputarán. Caben aquí precisiones o exclusiones en las centenarias figuras del artículo 52 N° 2 de la Constitución. Los delitos ahí contenidos -soborno, malversación, traición, concusión y otros- ¿deben configurarse con un mínimo de plausibilidad, o basta la mera sospecha, considerando que luego de la destitución entra la Justicia ordinaria?





Un segundo plano de perfeccionamientos apunta al carácter jurisdiccional y no político de la decisión de la Cámara Alta. Si bien la Constitución prevé su actuación como la de un Jurado, su decisión tiene un defecto fundamental: se reduce a una simple votación. Una cosa es apreciar la prueba en conciencia. Otra distinta es no explicar ni dar razón de su convicción sobre la inocencia o culpabilidad del acusado. Como el acuerdo de la Cámara tampoco es fundado, la sensación final puede acercarse a la arbitrariedad: un Tribunal, que actúa como asamblea o cabildo, capaz de asestar un golpe político mortal solo por un voto de diferencia. Quizá una forma sea aumentar razonablemente el quórum para la condena al acusado, como existe para el Presidente. Mayoría absoluta de Diputados en ejercicio para aprobar acusación en la Cámara contra Ministros, o cuatro séptimos de Senadores en ejercicio para condenarlos, serían opciones para una racionalización jurisdiccional de la acusación.Cabe recordar, incluso, que en la reforma que amplió las atribuciones del Tribunal Constitucional se consideró que él fallara estas acusaciones, pero no hubo apertura del Congreso a este cambio.



Lo que revela el «caso basura» en Maipú.


Una compleja trama sugieren las revelaciones de la investigación judicial en torno a la licitación de los servicios de basura en Maipú, adjudicada en 2011 a la firma KDM. El caso se originó luego de que un competidor, la empresa Proactiva, se querellara, acusando a las autoridades Comunales de diferencias en el trato. Frente a la denuncia, las autoridades Comunales han defendido la legitimidad del proceso, haciendo notar que, mientras que las bases de la licitación fueron aprobadas por la Fiscalía Económica, el Tribunal de Contratación Pública rechazó una presentación de Proactiva y validó las condiciones establecidas.





Pero aunque dicha sentencia acredita que las exigencias establecidas en la licitación se ajustaron a la Ley, la investigación del Ministerio Público a partir de la querella ha detectado una sucesión de situaciones inquietantes. Entre ellas figuran grabaciones de conversaciones atribuidas a uno de los Concejales (el RN Marcelo Torres) y a ejecutivos de KDM, donde al primero supuestamente se le aleccionaría respecto de argumentos a exponer ante la Corema, y además se hablaría de supuestos “premios”; otra grabación, en que un dirigente «ecologista» (involucrado en el seguimiento de un proyecto de relleno sanitario perteneciente a Proactiva) pide “gestos” y alude a “billetes” en un supuesto diálogo con el gerente general de la firma ganadora; un testimonio (de la ex esposa del Concejal Torres) que menciona la realización de reuniones sospechosas y la supuesta repartición de dinero en fajos, además de involucrar a otros miembros del Concejo; acusaciones cruzadas entre éstos, etc. Se trata de un cúmulo de antecedentes suficientes para justificar la apertura de dos carpetas de indagación, una centrada en los posibles delitos de cohecho y soborno, y la otra en el eventual lavado de activos; ello, además de motivar al Consejo de Defensa del Estado para hacerse parte.





Evidentemente, es tarea de la Fiscalía develar lo ocurrido en este caso, determinar la existencia de eventuales ilícitos y perseguir a los responsables. Pero la situación plantea otras interrogantes y áreas de preocupación que exigen ser abordadas. El sistema de contrataciones públicas fue modernizado a inicios de la década pasada, cuando se uniformó procedimientos, se impuso mayores niveles de transparencia y se estableció una nueva institucionalidad, cuyo rol se ha hecho patente en millonarios procesos: por ejemplo, la suspensión de la licitación de los nuevos carnés y pasaportes por el Registro Civil en 2010, o la corrección de las bases para licitar las raciones alimenticias en establecimientos educacionales, en 2011. Con todo, dudas como las que abre el caso Maipú o, antes, el de los «sobreprecios» en el Ministerio del Interior, advierten que ni aún el aparente cumplimiento formal de las normativas garantiza la corrección de una licitación; entre otras causas, por la siempre abierta posibilidad de introducir en las bases requerimientos técnicos destinados a beneficiar o perjudicar a participantes. El asunto amerita preocupación y parece ser tiempo de estudiar nuevos perfeccionamientos: desde ya, merece evaluarse la idea de separar las licitaciones en sus fases técnica y económica, de modo de asegurar competencia en ambos aspectos. El propio Tribunal de Contratación, en tanto, ha planteado reformas para fortalecer su acción, como incrementar el número de audiencias o definir las competencias para resolver conflictos entre la adjudicación y la suscripción de un contrato.





Pero el caso además vuelve a poner de relieve debilidades del sistema de gestión Municipal. Son estas corporaciones las que acumulan mayores cuestionamientos en sus licitaciones, y si bien afrontar el problema pasa por potenciar sus capacidades técnicas, también resulta fundamental el rol de los Concejales, mejorando sus facultades fiscalizadoras, pero también estableciéndoles nuevas exigencias e incompatibilidades. El proyecto sobre probidad  Municipal que impulsa la Subdere en el Congreso aparece aquí como un punto prioritario.


Paraguay: triunfo Colorado.



Se ha puesto fin a la crisis política de Paraguay, que comenzó en junio pasado con la destitución de Fernando Lugo, y se inicia una etapa llena de desafíos para el próximo Gobierno de Horacio Cartes, del Partido Colorado: en lo político, mejorar la eficiencia del Estado y terminar con la corrupción; en lo económico, morigerar las brechas sociales, y en lo internacional, reinsertarse en el entorno regional.





Cartes, un millonario empresario que hizo su fortuna en la banca y tiene inversiones en ganadería, las industrias tabacalera, textil y de bebidas, tendrá que responder ahora a las expectativas de los paraguayos, que ya no solo quieren continuar el crecimiento sostenido de los últimos años, sino también mejorar el bienestar de la población que vive en la pobreza.





El Presidente electo prometió abrir el país a la inversión privada local y extranjera, y hay mucha esperanza de que, con su experiencia como emprendedor exitoso, aplique fórmulas conducentes al desarrollo de todos los ámbitos económicos. Siendo Paraguay eminentemente agrícola, en esa área se espera que solucione los problemas de pequeños agricultores escasos de tierra y apoyo técnico. Con el boom de la soya, la recuperación de la ganadería -tras el azote de la fiebre aftosa y la sequía- y la enorme capacidad de generación hidroeléctrica, el Gobierno puede contar con vastos recursos para acometer proyectos que beneficien el desarrollo.





Para el comercio internacional de Paraguay (y también para su imagen política), es vital su reincorporación al Mercosur, cuyos miembros compran casi la mitad de sus exportaciones. Ya hubo señales positivas: José Mujica -que ocupa su Presidencia pro tempore - invitó a Cartes a la reunión de junio en Montevideo, y Cristina Fernández, la más dura de sus colegas del bloque, le envió un mensaje de bienvenida: "Su lugar está en el Mercosur, junto a nosotros, como siempre". Brasil, sin embargo, parece condicionar este retorno a la aceptación paraguaya del socio venezolano.





Con la mayoría que obtuvo el partido Colorado en el Congreso, Cartes no debería tener problemas de Gobernabilidad, pero en Paraguay ella no está ganada de antemano. La legitimidad de los cargos electos no parece ponerse en duda, pues el proceso electoral, oscurecido por un asalto guerrillero en una zona selvática del norte, se desarrolló en el resto del país de manera tranquila y correcta, salvo denuncias aisladas de compra de votos, lo que a nadie en Paraguay parece importar.





Durante la campaña, el Presidente electo fue blanco de numerosos ataques de rivales sobre supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Incluso miembros de su partido pusieron en duda su honorabilidad, pero logró que estos cargos se desvanecieran. De ser efectivos, podrían haberlo incluido en la lista de la DEA.





El Partido Colorado tiene hondo y largo arraigo en la población paraguaya. Perdió el poder al dividirse en facciones y caudillismos, y este retorno lo vigoriza. Está por verse su aporte a la construcción de un Paraguay moderno y menos desigual.


Pueblos bien informados
dificilmente son engañados.







Caricatura de Jimmy Scott,
tomada de El Mercurio.





Hombre de letras
-Oiga, compadre, esta pancarta, ¿la quiere en apoyo a los obreros 
de la Enap, a favor de Aysén sin represas, contra el lucro o en defensa del pudú?

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Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

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Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

PARA VER COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL VÍDEO.

Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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