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sábado, 20 de abril de 2013

Temas para reflexionar...



Como resultado de un vergonsozo fraude ayer fue investido como  Presidencia de Venezuela Nicolás 
Maduro Moros, por un período de 6 años, con el respaldo de UNASUR.






UNASUR apoyó fraude de Maduro.
Entendiendo que el objetivo de UNASUR “es apoyar, respaldar y resguardar la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a todos y cada uno de los ciudadanos, la protección de la libertad, y la protección de muchos valores que son muy sentidos y queridos en América Latina", como dijo Piñera, nos pare inaudito que el Presidente de Chile haya sostenido que en la reunión de Lima, de la noche del jueves, se haya apoyado un resultado electoral a todas luces fraudulento y que por su génesis transforma en ilegítimo el Gobierno de Nicolás Maduro, que asumió ayer por un período de tres años.


No entendemos que hacían en la reunión de emergencia de la Unasur el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el Mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, supuestamente Gobernantes libertarios, avalando los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y  la toma de posesión del poder de ayer por parte de Maduro, en circunstancias de existir claras evidencias de fraude, grosera intervención electoral y que no se haya hecho una auditoría y recuento de votos del 100% de los resultados del proceso eleccionario del domingo, como aconsejaría la más elemental muestra de cautela y justicia.


Nosotros votamos por el Presidente Sebastián Piñera, por considerarlo el mal menor, e independientemente de que creemos que ha hecho una buena administración de Gobierno, enfrentando temas a los que durante 20 años la concertación aludió buscar solución, nos parece insólito que haya hecho un frente común con los Gobiernos de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Uruguay, entre otros, claramente antidemocráticos para dar una puñalada en la espalda al pueblo y al sistema democrático venezolano aprobando un resultado  espurio que ha arrebatado a la ciudadanía su derecho a elegir.


Equivocado rol del Senado
por Rodrigo Delaveau (*).


El juicio que se llevó a cabo en el Senado, en el cual se resolvió condenar al ministro de Educación acusado de infringir la Constitución, presentó aristas político-institucionales que evidentemente no fueron bien comprendidas por los intervinientes, desde el rol distinto que están llamadas a desempeñar ambas cámaras, hasta el hecho que para un senador actuar como jurado era sinónimo de ser “imparcial”, o incluso que podía dividirse la condena de la sanción.


A los senadores les correspondía decidir en conciencia, sin que estuvieran obligados a justificar su voto. ¿Se sigue de esto que podían resolver discrecionalmente o por simple consideración política? Ciertamente, no. Veamos las razones. En primer lugar, porque dictar fallo en un proceso de esta naturaleza es pronunciarse sobre la responsabilidad de un acusado, pronunciamiento que en los jurados es dicotómico: culpable o inocente, no hay términos medios. Y para condenar a alguien se requería un alto estándar de convicción a la luz los antecedentes y argumentos. En caso de duda razonable no procedía la condena, pues ella, finalmente, es el ejercicio de una función jurisdiccional puesta en manos de un órgano legislativo.


En segundo lugar, porque el Senado no estaba para repetir lo actuado por la Cámara. No era una segunda instancia, sino más bien la única. Si resulta comprensible -aunque discutible- que en la Cámara de Diputados se decidiera la procedencia de la acusación bajo el prisma de la opción política, ello no era aplicable respecto de la actuación del Senado, que  dictó un fallo que afecta -en forma inapelable y de modo muy grave- el prestigio y los derechos de un individuo, incluso más allá del cargo que ostentaba.


Por último, el Senado renunció a su rol y se transformó en una cámara política, lo que constitucionalmente no es procedente. Por esa razón es que de acuerdo con nuestro ordenamiento institucional, sólo la Cámara de Diputados tiene facultades fiscalizadoras, y al Senado se le prohíbe fiscalizar; es la Cámara la que acusa y el Senado el que resuelve. Esta diferencia de función, como “Cámara Alta”, se ratifica en otras atribuciones, como emitir su dictamen ante una consulta presidencial y aprobar nombramientos de ciertas autoridades, de las que carece la “Cámara Baja”. Si no hubiera tales diferencias, no se entendería la razón de existir del sistema bicameral.


Hay aquí, por lo tanto, una lógica, un rol y una responsabilidad constitucional que el Senado rehuyó: se le entregó a la Cámara Alta un papel de mesura y de decisiones de carácter republicano y no meramente político. Al votar a favor de la acusación, sin convicción absoluta o por solidaridad con la coalición a la que se pertenece -como se ha dicho que sucedió con algunos diputados-, significó no sólo la desnaturalización de las atribuciones constitucionales del Senado y faltar al deber de resolver conforme a la propia conciencia, sino también un incierto precedente para futuras eventuales acusaciones. Después de todo, en democracia nunca una asamblea política puede tener la facultad de aplicar condenas personales, de las que hay triste recuerdo en la historia de la humanidad. La destitución del ministro Beyer fue una más de aquellas.

(*) Delaveau es Profesor de Derecho Constitucional U. C.



En torno a la crispación
por David Gallagher.


Llego a Chile después de un viaje, y el país me parece cambiado. Unos amigos me preguntan si en mi próxima columna voy a advertir que nos estamos yendo al diablo, dada la crispación que hay, y digo que sí, que a lo mejor sí, pero al sentarme a escribir, me nacen dudas. Todos los países se pueden ir al diablo y Chile no es una excepción: de allí que apoyo el eco que hace el Presidente Piñera de una frase que usaba mucho Ricardo Lagos Escobar, de que "cuidemos Chile". Pero pienso también que hay que ver los turbulentos hechos de las últimas semanas con algo de perspectiva y de calma.


Primero, las huelgas. Nos olvidamos de que aumentan mucho en años electorales. Hace poco salió en este diario un dato impactante: que en el último año de Bachelet, se perdieron 6,4 millones de horas-hombre en huelgas y paros, una cifra seis veces superior a la normal. Segundo, la movilización estudiantil. Algunos analistas ilusos decían que este año no se iba a dar, porque la gente iba a estar concentrada en las elecciones. Pero los dirigentes estudiantiles han detectado que muchos políticos creen que, para ganar votos, tienen que congraciarse con ellos. Por eso mismo, lo probable es que en este año electoral protesten como nunca.


Lo que sí es preocupante, aunque no nuevo, es el desprestigio de la clase política. En parte se debe al sistema binominal, pero en este momento los factores de desprestigio más contundentes son el sectarismo ciego que despliegan muchos políticos, y el abismal populismo en que han caído, como si vieran su rol como el de nada más que decirle a la gente lo que quiere oír. Un ejemplo especialmente desdeñable: su obsecuencia frente a los dirigentes estudiantiles, su afán de llevarles el amén en todo. La reacción de estos es entendible: la de pedir más y más y, ante la debilidad de los políticos frente a ellos, hacerles un bullying continuo, desde la calle, desde los medios sociales, y en los pasillos y las galerías del Congreso mismo.


Este bullying ha sido el factor principal detrás de la vil acusación contra Harald Beyer, el Ministro de Educación más preparado que ha tenido el país en mucho tiempo. Al destituirlo, los Legisladores de la Concertación han querido nada más que complacer a los dirigentes estudiantiles, y por tanto a esa "ciudadanía" que dicen representar. Qué terrible el espectáculo que dieron el miércoles estos Senadores: elogios hipócritas a la integridad del Ministro y, enseguida, contorsiones verbales, con invocaciones abstrusas a textos legales y Constitucionales, para hacernos creer que no votaban en bloque, sino en conciencia. Terrible verlos, uno tras otro, recurriendo a tanta jerga y tanto resquicio, para disfrazar su servilismo. Lo que consiguieron, quién lo duda, fue ganarse no el aprecio, sino el olímpico desprecio de los líderes estudiantiles.


¿Por qué, entonces, albergo algún optimismo por el futuro del país? Porque no todos los políticos son así, y porque creo que de aquí a noviembre una mayoría de chilenos va a quedar asqueada con este tipo de comportamiento: una mayoría silenciosa, de gente moderada, que los políticos populistas no ven y no oyen a través del griterío de quienes se toman la calle. Lo de Beyer debería ayudar a despertar a esa mayoría, no para que salga a marchar -se trata de gente que no dispone del tiempo o el ánimo para estar vociferando en las calles-, sino para que en las urnas, donde el voto secreto no es susceptible a bullying , voten en contra de candidatos que, al llevarnos a una crispación propia de patotas matonescas, han dejado de cuidar el país, habiendo además abandonado, con abyecto servilismo, ese criterio individual cuyo ejercicio es la mínima responsabilidad que adquieren al ser elegidos.



Riesgos de eventual fin del "superciclo" del cobre.


Los expertos parecen divididos sobre si el favorable ciclo que han experimentado las materias primas desde mediados de la década pasada -que algunas voces denominan como “superciclo”- ha empezado su declive o se extenderá en el tiempo. La baja de precio que en los últimos meses han experimentado metales como el oro o el cobre han hecho revivir justificadamente esta inquietud, que en el caso de Chile resulta especialmente relevante, considerando la fuerte dependencia que la economía tiene aún con el cobre. La industria minera chilena ha enfrentado alzas de costos significativas, lo que está llevando a una pérdida de competitividad de la minería, situación que no parece estar siendo enfrentada con la debida urgencia en lo que se refiere a los factores externos, como costos de la energía o de la mano de obra, o internos, como las mejoras de productividad en las empresas.


Las cifras indican que en los últimos siete años el cobre registró un precio promedio de US$ 3,37, siendo éste su mejor ciclo en la historia. Parte significativa de esta bonanza se explica por la fuerte demanda del metal por parte de China, que en la última década ha experimentado en promedio tasas de crecimiento de dos dígitos, así como a la abundancia de liquidez que ha llevado al alza en el precio de los commodities. Beijing intenta enfriar la economía de su país, y ello ha llevado a reducir el ritmo de crecimiento chino, que debería rondar el 8% este año y el próximo, según el FMI. Si bien numerosos analistas siguen viendo como probable que la libra de cobre se mantenga en torno a los US$ 3, los precios probablemente no serán tan favorables como ha sucedido hasta ahora, a lo que cabría agregar una posible sobreproducción en el mercado mundial, según han alertado ejecutivos del sector.


El alto precio del cobre alentó una fuerte llegada de inversiones al sector minero chileno, pero también dio pie a que los costos de producción se elevaran sustantivamente. En los últimos cinco años éstos se han incrementado en torno al 50%, por sobre la media de lo que ha ocurrido en la industria minera mundial, una estructura que difícilmente podrá ser sostenible sin dañar los márgenes de rentabilidad si los precios del metal decaen. Múltiples factores han incidido para crear este cuadro. Allí destacan la fuerte alza que ha experimentado el precio de la energía, costos laborales crecientes no ligados a aumentos de productividad, caída en las leyes de los metales, apreciación del peso y escasez de agua. El país debería empeñarse en corregir aquellos factores que inciden en estos mayores costos, pues la pérdida de competitividad de la minería chilena parece estar asomando como factor preocupante.


Lamentablemente, las señales que se han visto en los últimos meses resultan desalentadoras, donde los intereses sindicales y electorales parecen prevalecer frente a cualquier consideración técnica. Las dificultades que han encontrado múltiples proyectos termoeléctricos para instalarse en la zona norte -y que resultan cruciales para asegurar energía competitiva a la industria minera- no hacen sino retrasar las soluciones que el país requiere. También constituye una señal especialmente regresiva el reciente paro general realizado por los trabajadores de Codelco, cuyo petitorio excede lo propiamente sindical, generando un cuadro de tensión que impide avanzar en las soluciones que la industria -y especialmente Codelco, cuyos costos de producción han aumentado por sobre la minería privada- requieren con urgencia.



Peligroso punto de inflexión.


Todo cuanto ocurre lleva a concluir que el país sigue un curso de creciente crispación política, algo nunca deseable, y tanto menos ahora, cuando el debilitamiento de los consensos en que se basa nuestra convivencia -y que parece estar en el trasfondo de muchas de las movilizaciones que han venido ocurriendo y en varias de las anunciadas- puede traducirse en inestabilidad institucional, con sus múltiples y negativas secuelas en todos los ámbitos. En ese escenario, la destitución de Harald Beyer como Ministro de Educación es solo una manifestación más de ese clima.


Alarma la facilidad con la que líderes estudiantiles, algunas figuras Parlamentarias y un grupo de dirigentes sindicales se refieren de manera despectiva a las instituciones que hicieron posible el progreso sin precedentes del país en los últimos 30 años, desde la Constitución que nos rige -objeto, sin embargo, de 15 procesos de reforma desde su entrada en vigencia, varios de ellos de sustancial envergadura-, pasando por el modelo de generación de riqueza en que se funda nuestra prosperidad, e incluyendo a las opciones educacionales privadas, que han permitido avanzar en la cobertura educativa hasta inéditos promedios que ya superan los 12 años de estudio. Esa descalificación genérica no se acompaña de propuestas precisas, sino de eslóganes sin real contenido, absolutamente incapaces de resolver los problemas que imputan a las instituciones que repudian. Hay en todo eso una visiblemente ilimitada liviandad de análisis y una falta de rigor intelectual en las distinciones. En algunos de esos personeros del rechazo se advierte, además, una crítica a la "tecnocracia" -esto es, el saber fundamentado- como diseñadora de las políticas públicas, a la meritocracia como forma de movilidad social, y a la democracia representativa como forma de gobierno.


Parecería como si, de pronto, el éxito alcanzado por el país no hubiese resultado de políticas correctas aplicadas con esmero y persistencia. Desde esa perspectiva, tal éxito sería más bien una ilusión, que esconde una multitud de problemas, de los cuales los métodos aplicados hasta ahora serían causa directa. También parecería como si esos críticos dieran por sentado el actual buen estado de cosas y, por tanto, pudiesen gratuitamente proponer todo tipo de modificaciones institucionales, sin que ello tuviese consecuencia alguna en la trayectoria exitosa que el país ha recorrido hasta ahora. Hay una curiosa ausencia de percepción de riesgo en las propuestas que se formulan, como si esa misma exitosa trayectoria seguida por el país en las últimas décadas hubiese anestesiado la capacidad de la ciudadanía para advertirlo.


Obviamente, y como todas las sociedades, la chilena requiere reformas en muchos ámbitos, tanto porque su propia evolución requiere adaptarse a situaciones nuevas, como porque, en algunos casos, problemas de diseño originales habían pasado inadvertidos y ahora se hacen más evidentes. Pero reformar, adaptar y mejorar es distinto de desmantelar o cambiar estructuras en su totalidad. Tampoco se puede sustituir sin costos el esfuerzo y la persistencia por la embriaguez de la movilización o la gratuidad, y menos se pueden resolver problemas muy complejos, que requieren estudios y conocimientos para ser abordados, por simplificaciones conceptuales que nacen de conversaciones de pasillo.


El siglo XXI es interconectado y global, competitivo y digital, en el que el conocimiento y el trabajo bien hecho son la base para mejorar la calidad de vida de las personas. El negativo punto de inflexión en que al parecer estamos hoy inmersos todavía puede ser desactivado. Pero eso requiere visión, decisión y trabajo lúcido de dirigentes de todos los sectores, que reinstalen el trabajo serio y el premio al mérito y al esfuerzo como centro de nuestra actividad, desechando el facilismo ingenuo y las simplezas burdas que algunos proponen.



El Congreso, ¿la batalla decisiva?


La pérdida de la precaria «mayoría» con que el Gobierno había conseguido manejarse en el Congreso fue uno de los datos «duros» que puso en evidencia la acusación constitucional contra Harald Beyer. Dicha mayoría en rigor no era tal: mientras que el control del Senado siempre lo ha tenido la oposición, entre los Diputados el Ejecutivo salvaba sus iniciativas gracias a un inestable entendimiento con Parlamentarios independientes. Estos podían variar en sus posturas frente a proyectos específicos, pero a la hora de las «grandes decisiones» terminaban dándole al oficialismo los votos para salir adelante. Ese modus vivendi es el que ahora parece haberse derrumbado. Un elemento adicional, el de los conflictos a raíz de la nominación como Vicepresidente de la Cámara del ex DC Pedro Velásquez (elegido en virtud de un acuerdo de «gobernabilidad» con la Alianza y pasando por alto sus discutibles antecedentes judiciales, para así asegurar que rechazara la acusación), puede transformarse en el epílogo de este proceso.


La situación augura un último período Legislativo difícil para el Gobierno, pero de ella también saca conclusiones la oposición: desprestigiado y todo, el control del Parlamento sigue siendo crítico para quien esté en La Moneda. Y los esfuerzos por conseguirlo, o al menos evitar que el adversario lo haga, pueden ser la batalla decisiva de este año electoral.


La apuesta Bachelet. Con ella manteniendo su dominio en las encuestas, construir esa “nueva mayoría” de la que ha hablado apunta, en la visión de muchos opositores, más que a su propia elección —que dan por segura— a maximizar la representación Parlamentaria de su sector. La apuesta es reeditar las performances de la Concertación en los ’90, cuando conseguía diez o hasta doce doblajes en Diputados, alcanzando en la Cámara los quórum para modificar por sí sola leyes orgánicas e incluso reformas Constitucionales; a eso suman la esperanza de lograr también doblajes en dos o tres circunscripciones Senatoriales. La expectativa se basa precisamente en el «efecto Bachelet»: la convicción de que su popularidad tendrá un fuerte impacto movilizador —determinante en el actual sistema de voto voluntario—, en contraste con una Alianza en la que campea el derrotismo, y que todo eso se reflejará además en sufragios para los ´Parlamentarios que la apoyen. En tal visión, lo que ocurra en la primaria puede marcar un hito, si la oposición consigue un número de participantes sensiblemente superior al oficialismo. El análisis es que, en un escenario así, Bachelet emergería ya a mediados de año como una virtual Mandataria electa. La campaña posterior se concentraría en asegurar «un Parlamento para la Presidenta».


El segundo pilar de la estrategia opositora es el de multiplicar la eficacia electoral incorporando en su lista a una coalición amplia, «desde el PRI al PC», que aporte votos y minimice el riesgo de candidaturas «descolgadas». Hasta ahora, iniciándose un fin de semana que puede ser decisivo para las negociaciones, el objetivo parece cerca de lograrse. Y para enfrentar lo que falte, la propia Bachelet fijó una línea, al abrirse incluso a que los jóvenes de Revolución Democrática se incorporen a la plantilla opositora, aun cuando todavía no se comprometan a apoyarla a ella. Así, la única amenaza importante «por fuera» la representan ME-O y la capacidad que muestre de conformar una lista propia competitiva.


Lo incierto. Pero aunque la apuesta por la amplitud puede ser exitosa, plantea una interrogante compleja: ¿Qué disciplina podría mostrar, post marzo de 2014, una coalición que involucre desde Alejandra Sepúlveda a Camila Vallejo? Ya una vez Bachelet llegó al poder con la Concertación controlando las dos ramas del Congreso y terminó con minoría en ambas. Frente a tal dilema algunos en la oposición señalan la necesidad de un difícil equilibrio programático: una propuesta que plantee, por una parte, una visión país de mediano plazo y, por otra, un conjunto acotado de iniciativas para concretar durante su eventual gobierno, cuyo apoyo todos comprometerían. Algo así como la promesa de «avanzar a la gratuidad universal» en educación como meta, y un compromiso más específico de asegurársela a determinados sectores en los próximos cuatro años. La fórmula parece atractiva, pero su aterrizaje no garantiza ausencia de problemas: es dudoso que un programa pueda anticipar la variedad de desafíos que la realidad depara a un Gobierno; por ello, ni siquiera un consenso total respecto de un paquete de medidas por impulsar garantiza estabilidad a una coalición.


Para la Alianza, el próximo Congreso supone riesgos que sus máximos dirigentes han señalado explícitamente, llamando a «defender» los quórums. Contra ese objetivo se alzan las dificultades para conformar duplas atractivas en todos los Distritos y Circunscripciones, y errores tardíamente asumidos, como el no haber aprovechado el capital político y la popularidad acumulados por algunos miembros del Gabinete... lo que parcialmente se ha intentado corregir, explorando una cuestionada interpretación sobre el carácter o no de Ministro del titular de Cultura. El sector aún tiene algún tiempo para conformar una plantilla fuerte; si no lo logra es mucho lo que se juega: el impacto del movimiento estudiantil (reflejado, por ejemplo, en la acusación a Beyer) y las interpretaciones al fenómeno del descontento están haciendo de la campaña ya en marcha una de las contiendas más ideológicas de las últimas décadas, donde se enfrentan desde las demandas por un cambio Constitucional radical hasta concepciones básicas respecto del rol del Estado o los pretendidos «derechos universales». Inevitablemente, el Parlamento será el escenario central para zanjar esos debates.




Voracidad tributaria.



El inicio de la carrera Presidencial se dio con la llegada a Chile de la precandidata PS-PPD, Michelle Bachelet. A menos de un mes de su arribo, ella, los demás precandidatos del bloque opositor y sus dirigentes ya anuncian que su programa contendría un importante aumento de impuestos -se habla de cifras cercanas a 5 mil millones de dólares- para financiar la expansión del gasto Fiscal en educación y otros rubros.


Sorprende la popularidad que las propuestas de alzas tributarias parecen haber adquirido en Chile. En otros países, no es frecuente que un candidato Presidencial se sienta inclinado a iniciar su campaña dando a conocer el costo de la cuenta que pretende pasarles a sus conciudadanos. Suele observarse más bien lo contrario, esto es, que los candidatos hagan gala de sus promesas, antes de hacer saber cuánto costarían ellas. La afición por las alzas de impuestos no reconoce siquiera domicilio político: el actual Gobierno -cuyas autoridades y Parlamentarios habían sido, desde la oposición, campeones en la resistencia contra esas alzas-, el año pasado propuso e hizo aprobar un incremento tributario sin justificación convincente.


Transparentar que las buenas intenciones tienen costos puede ser una positiva señal de madurez, realismo económico y seriedad fiscal. Pero preocupa que no se advierta con igual claridad que las alzas de impuestos no son gratuitas, que dañan los bolsillos de las personas y los incentivos para emprender, ahorrar y, en definitiva, hacer crecer al país. Considerar esos costos hace que el primer interrogante a responder sea en qué y cómo se proponen los distintos programas de Gobierno invertir los recursos que se recaudan de las personas naturales y jurídicas, tanto con las actuales tasas de impuestos como con las modificaciones que proponen. Extraer dinero de los contribuyentes para invertirlo mal es, obviamente, una pérdida neta para el país.


Una saludable mezcla de buen comportamiento y buena suerte hace que el Estado sea hoy en Chile más rico que nunca en su historia. La recaudación anual de impuestos supera los 50 mil millones de dólares y, según ha calculado el centro de estudios Libertad y Desarrollo, ella se ha incrementado en 11 mil millones desde 2008 solo por efecto del crecimiento económico y la menor evasión. No hay déficit Fiscal, la deuda pública es insignificante, hay más de 30 mil millones de dólares ahorrados en los fondos fiscales, y Codelco, el principal activo del Estado, vale varios miles de millones de dólares. Aun así puede ser interesante para los especialistas debatir si conviene modificar tal o cual norma tributaria, si para contar a futuro con recursos suficientes, en la eventualidad de una caída del cobre, conviene o no ajustar determinados tributos. Pero para cualquier observador externo parece obvio que no están allí los principales problemas del Chile de hoy.


Hay grandes retos que enfrentar. Para seguir creciendo, Chile habrá de invertir más, ahorrar más y mejorar su productividad. Para volverse una sociedad más justa, habrá de mejorar la calidad de la educación y la salud, así como fortalecer los programas de protección social. Para vivir mejor, habrá que avanzar en mayor seguridad ciudadana, mejores espacios públicos y cuidado del medio ambiente. De los candidatos se espera que aporten ideas prácticas sobre cómo encarar esos desafíos. Eso puede o no implicar alzas de impuestos, y está bien que ellas sean advertidas, con la debida consideración de sus efectos adversos sobre el empleo y el crecimiento económico. La mera voracidad tributaria no responde a la pregunta. Al contrario, deja la sensación de que la propuesta de gran reforma tributaria parece una manera de evadir la discusión de fondo.



Pueblos bien informados
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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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