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Luego
de una insidiosa campaña en su contra, promovida por la concertación, y el
traicionero
fuego ‘amigo’ de Allamand, Laurence Golborne renunció a su
candidatura
Presidencial.
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Bajan a Golborne y proclaman a Longueira.
Escribimos
asqueados después de constatar como ataques furibundos e infundados de la
Concertación, e inclusive del candidato de renovación nacional, Andrés
Allamand, llevaron al ex postulante a la Presidencia, apoyado por la UDI, a
declinar su opción a la Primera Magistratura.
Consideramos
que Chile ha perdido en esta pasada a un hombre integro, capaz y no contaminado
con la politiquería pequeña que se ha apoderado de nuestra clase política,
dando de paso la razón a aquellos que consideran que la dirigencia del país ha
caído en manos putrefactas.
No nos gusta
ninguno de los dos candidatos de la alianza, uno por haber salvado al corrupto
Gobierno de Ricardo Lagos Escobar y el otro porque consideramos que a lo largo
de su vida pública ha traicionado a todos aquellos que le han servido de
trampolín a sus ambiciones.
Consideramos
que una vez más la alianza, como lo ha hecho a lo largo de la historia la
derecha, ha sucumbido a las malas prácticas políticas y a una sucia guerrilla
interna que tanto daño ha hecho al sector que representan y han dejado que el
país caiga en manos de una zurda antinacional.
Y ocurrió lo esperado,
por Eugenio Guzmán.
Las
declaraciones de Andrés Allamand respecto del fallo de la Corte Suprema en el
caso CENCOSUD dejaron en evidencia que su estilo, que suele resumirse en
aquella frase de que la “política es sin llorar” y en que, si de competencia se
trata, las oportunidades hay que tomarlas, sigue plenamente vigente. Pero,
además, plantea una serie de preguntas sobre los alcances de la competencia en
política.
Ciertamente,
la política es en gran medida competencia y conflicto, puesto que el recurso
disputado es muy escaso: el poder. Sin embargo, también requiere de cuotas
significativas de cooperación para conseguirlo. De allí que se le pueden
aplicar a ella dos refranes: “Si quieres ir rápido, anda solo; pero si quieres
llegar lejos, anda acompañado”, y aquel que dice que “no es bueno que los
dientes riñan con la lengua”. Es decir, en ocasiones la competencia debe dar
espacio a la cooperación. En especial, en aquellos en que lo que se juega es
más importante.
Esto es
particularmente relevante tratándose de una situación en la que los
competidores pertenecen y quieren representar al mismo electorado. En este
sentido, podría decirse que los dichos de Allamand más parecían críticas de la
oposición que de un precandidato de la Alianza, a juzgar por los términos
empleados.
Ahora bien,
uno de los problemas de fondo que permiten entender situaciones como éstas
tiene que ver con el modelo de selección de los candidatos. En efecto, las
primarias Presidenciales son un instrumento diseñado para designar qué
candidato tiene mayor apoyo al interior de un partido más que entre candidatos
de distintos partidos de una coalición. Dicho en otros términos, las primarias
reemplazan las decisiones de sus dirigentes para seleccionar un candidato; en
especial, cuando las ventajas de un postulante son abrumadoras antes de ser
iniciada la competencia.
El problema
es que, tratándose de coaliciones en un régimen Presidencial como el chileno,
el mecanismo se emplea para decidir entre los partidos que las conforman. Así,
cada colectividad nomina a su candidato y, por tanto, las distancias que naturalmente
existen se acrecientan, y el conflicto también. En el caso de primarias al
interior de un partido, aun cuando producen roces y diferencias, existen
ciertos límites que están dados por la identidad y supervivencia de aquél.
Ahora bien,
podrá decirse que, dado que las diferencias programáticas en los partidos de
derecha son menores, su identidad partidaria sería débil y, en consecuencia,
las primarias permitirían la selección de un candidato Presidencial de manera
eficiente. No obstante, los partidos no sólo se diferencian en razón de
aspectos ideológico-programáticos, sino que principalmente en razón de las
trayectorias políticas de sus dirigentes. En el caso de RN y la UDI, dicha
trayectoria desde hace 25 años ha sido compleja. De allí que el proceso de
primarias es difícil que esté exento de esa complejidad y que situaciones como
la actual no ocurran.
Por otra
parte, una amenaza permanente desde un punto de vista institucional tiene que
ver con el hecho de contar con un sistema de segunda vuelta en la Presidencial.
Esto genera incentivos para que aparezcan candidatos distintos de los
presentados por las coaliciones, los que incluso han surgido de los partidos
que las conforman. Tal fue el caso de Piñera en 2005, ME-O, Reitze y, en
general, los candidatos apoyados por el PC. Ello se ve morigerado por el hecho
de que las elecciones Presidenciales y Parlamentarias son simultáneas, lo cual
genera presiones para la definición de un candidato único. No obstante, siempre
existe la posibilidad de que la segunda vuelta pueda sustituir el proceso de
elección del postulante que las primarias intentan anticipar.
A pesar de
todo, la ventaja de las primarias es que dan el tiempo necesario para limar las
asperezas que surgen con ellas antes de la elección Presidencial y antes de la
segunda vuelta. Sin embargo, en modo alguno resuelven los problemas de
prudencia que requiere la competencia electoral.
50 años de la encíclica Pacem in Terris,
por Claudio Rolle.
Con esta carta, el Papa Juan XXIII abrió un escenario nuevo en
el ámbito de los documentos pontificios, abordando temas hasta entonces
tratados en un rango particular y no con alcance universal, lo que sentó las
bases para los posteriores documentos relativos a la relación de la Iglesia con
el mundo.
Este mes se
conmemoran los 50 años de la encíclica Pacem in Terris, documento de alta
trascendencia para la Iglesia Católica. Fue precisamente el 11 de abril de
1963, día Jueves Santo, cuando Juan XXIII dio a conocer dicha carta, al
cumplirse exactamente seis meses del inicio del Concilio Vaticano II y de la
“crisis de los misiles”, en la cual jugó
un papel significativo como mediador. Para ese entonces -octubre de 1962-, Juan
XXIII ya sabía que tenía un cáncer de estómago y que le quedaba poco tiempo de
vida. Los últimos meses de ese año fueron intensos, con la primera sesión del
Concilio y la preparación para enfrentar la muerte.
Así surgió
esta encíclica “sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la
verdad, la justicia, el amor y la libertad”, con la cual este Pontífice,
anciano y enfermo, dejaba un testamento espiritual cargado de vigor y
confianzas. Su propuesta era innovadora y
oportuna, en muchos sentidos anticipadora, expresión de su afán de
acción eficaz y pronta, hablando con claridad sobre los temas urgentes, sin
eludir las materias contenciosas, respondiendo de manera oportuna a las
necesidades de su tiempo como un padre atento a las cosas domésticas y a las
públicas.
Alejándose
de las condenas y los temores frente al mundo moderno, el Papa optó por poner
al centro de su reflexión la tarea de la construcción de una cultura de paz en
medio de un mundo en el que aparecía constantemente amenazada, invitando a
alabar la creación y asumir la tarea de evangelizar el mundo contemporáneo.
Cuando escribió su encíclica sobre la paz, no la dirigió sólo a la comunidad de
los fieles católicos como era tradición, sino que agregó a los “venerables
hermanos, Patriarcas, Primados, Arzobispos, Obispos y otros ordinarios en paz y
comunión con la sede apostólica, al clero y fieles de todo el mundo”, la
significativa frase de resonancias evangélicas: “Y a todos los hombres de buena
voluntad”.
Escribió:
“Como Vicario, aunque indigno de Aquel a quien el nuncio profético proclamó
Príncipe de la Paz, consideramos deber nuestro consagrar todos nuestros
pensamientos, preocupaciones y energías a procurar este bien común universal.
Pero la paz será palabra vacía mientras no se funde sobre el orden, cuyas
líneas fundamentales, movidos por una gran esperanza, hemos como esbozado en
nuestra encíclica: un orden basado en la verdad, establecido de acuerdo con las
normas de la justicia, sustentado y henchido por la caridad y finalmente,
realizado bajo los auspicios de la libertad”.
Con Pacem in
Terris se abría un escenario nuevo en el ámbito de los documentos Pontificios,
abordando temas hasta entonces tratados en un rango particular y no con alcance
universal, sentando así las bases para los posteriores documentos relativos a
la relación de la Iglesia con el mundo.
A 50 años de
su publicación, la encíclica mantiene un fuerte sentido de pertinencia y una
notable capacidad de orientar “la acción temporal del cristiano”, como se
titula la última sección de la carta, y por ello conviene no dejar pasar este
aniversario. Por el contrario, puede ser la ocasión de releer al Papa Juan
XXIII y con ello conocer su enorme aporte a la vida de la Iglesia y del mundo
contemporáneo.
Nulidad de derecho público
por Pablo Rodríguez Grez.
La acusación
Constitucional deducida contra el Ministro de Educación Harald Beyer ha
incurrido en un vicio de nulidad insanable, sancionado en la misma
Constitución. Me refiero a la llamada "nulidad de derecho público",
que arranca su génesis de la Constitución de 1833 y que se contiene actualmente
en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental. Dichas disposiciones
consagran el "principio de legalidad", conforme al cual las
autoridades e instituciones del Estado solo actúan válidamente previa investidura
regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que
prescriba la Ley. Todo acto que contravenga este mandato es nulo de pleno
derecho.
Por su
parte, el artículo 52 N° 2 de la Constitución señala que "son atribuciones
exclusivas de la Cámara de Diputados declarar si ha o no lugar a las
acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen
contra las siguientes personas: b) De los Ministros de Estado, por haber
comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la
Constitución o las Leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos
de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno".
Como se
aprecia, las causales por las cuales cabe el juicio político en contra de un Secretario
de Estado están expresamente establecidas en la Ley, no pudiendo la acusación
deducirse ni fundarse sino en cargos precisos y debidamente descritos en el
libelo respectivo.
El texto de
la acusación, en el caso que nos ocupa, solicita formalmente que la H. Cámara
de Diputados "declare ha lugar a la presente acusación Constitucional,
para que luego el Senado la acoja y, habiendo declarado la culpabilidad del
señor Harald Beyer, Ministro de Educación, lo destituya de su cargo en
conformidad al artículo 53 N° 1 de la Constitución Política de la República,
por dejar sin aplicación el artículo 3 letra b) de la Ley N° 20.502 y por haber
infringido, abusando de sus facultades legales, los artículos 19 N° 1 y N° 5 de
la Constitución". O sea, los cargos que se imputan al acusado consisten en
no "velar por la mantención del orden público en el territorio
nacional"; no respetar "el derecho a la vida y la integridad física y
psíquica de la persona"; y no respetar "la inviolabilidad del hogar y
de toda forma de comunicación privada".
Ocurre,
empero, que ninguna de las infracciones indicadas corresponde a las funciones
del Ministro de Educación y, lo que es aún más grave, tampoco ellas se hallan
justificadas en el libelo ni en el informe de la comisión de que trata el
artículo 38 de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Por
consiguiente, si los cargos contra el Ministro son aquellos que se contienen en
los tres capítulos de la acusación -como se ha manifestado para sostenerla-, no
pudieron ellos considerarse porque no se solicitó a la Cámara su declaración, y
si, a la inversa, los cargos son aquellos referidos en la acusación, tampoco
podrían acogerse porque carecen de toda fundamentación y aluden a deberes que
no empecen a un Ministro de Educación. De lo dicho se infiere, entonces, que la
Cámara de Diputados obró al margen de sus atribuciones y facultades, y que lo
propio ocurrió en el Senado, con el agravante de que las razones expresadas por
cada Senador al decidir su voto no tienen relación ninguna con la materia que
debió debatirse.
Los
antecedentes invocados permiten desprender, inequívocamente, que los cargos
formulados al Ministro carecen de fundamentación, y que aquella contenida en el
texto de la acusación no tiene relación ninguna con las infracciones que se le
reprochan. No se trata en la especie de la llamada "cuestión previa",
definida en el artículo 43 de la Ley N° 18.918, propia de la defensa del
afectado, sino de una materia de fondo relativa a la competencia de los órganos
llamados a resolver el arbitrio Constitucional.
En
consecuencia, nos encontramos ante un acto nulo por mandato imperativo del
artículo 7 de la Constitución, sanción que opera de pleno derecho y sobre la
cual no cabe ratificación ni saneamiento. Corresponde a los Tribunales
ordinarios de justicia, atendido que ellos ejercen la plenitud de la
jurisdicción, reconocer esta nulidad y dejar sin efecto la sanción accesoria
impuesta al acusado, según la cual "no podrá desempeñar ninguna función
pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años".
Como resulta
obvio, no podría el afectado ser restablecido en el ejercicio de su cargo por
cuanto fue reemplazado por el Presidente de la República en virtud de sus
atribuciones privativas.
Llevar a los
Tribunales esta materia sería un medida de alta conveniencia pública, porque si
bien en Chile se respeta la separación de los poderes del Estado, ninguno de
ellos puede apartarse de lo que manda la Constitución ni incursionar en
cuestiones que no le han sido asignadas expresamente. Creemos que ya es hora de
respetar y hacer respetar el Estado de Derecho, tan gravemente afectado por
este episodio.
La guerra contra los paraísos Fiscales,
por Andrés Oppenheimer.
"La
crisis económica y la necesidad de aumentar la recaudación de impuestos harán
que EE.UU. y la UE intenten con más energía que nunca que funcione el reciente
acuerdo del G-20 contra el secreto bancario que permite la evasión
tributaria..."
Mientras
muchos estábamos concentrados en las noticias sobre los atentados de Boston,
las cuestionadas elecciones de Venezuela y los ruidos de guerra de Norcorea,
los países más grandes del mundo dieron un paso potencialmente histórico:
acordaron un nuevo sistema para intercambiar información bancaria y acabar con
los paraísos fiscales.
En una
reunión realizada el 19 de abril en Washington, el G-20 -el club de las
economías más grandes del mundo- anunció un acuerdo global para el
"intercambio automático" de información sobre cuentas bancarias de
personas que puedan estar evadiendo impuestos o tratando de ocultar fondos
ilegales.
Al mismo
tiempo, el G-20 acordó aumentar la presión a los paraísos Fiscales para que
levanten su secreto bancario. El G-20 mencionó 14 naciones -incluyendo Suiza,
Panamá, Guatemala y Trinidad y Tobago- como países que no cumplen con los
estándares internacionales de combate a la evasión de impuestos y los delitos
financieros.
Algunos
expertos en lavado de dinero dicen que el acuerdo del G-20 puede ayudar a
combatir escándalos Gubernamentales de corrupción, tal como el recientemente
revelado por la prensa argentina, que afirma que asistentes del fallecido
Presidente Néstor Kirchner habrían depositado más de US$ 65 millones en
paraísos Fiscales.
"Hay
muchos políticos corruptos en todo el mundo que están nerviosos por la
posibilidad de que se descubran sus cuentas secretas. Y tienen motivos para
estar preocupados", dice Charles Intriago, Presidente de la Asociación de
Especialistas Certificados en Delitos Financieros. "Este puede ser el
principio del fin del secreto bancario de los paraísos Fiscales".
Según
Intriago, el acuerdo del G-20 tiene buenas posibilidades de tener éxito, porque
los Gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea -el núcleo del G-20-
están en apuros financieros y necesitan desesperadamente aumentar la
recaudación de impuestos. Por eso van a ir detrás de los evasores con más
energía que nunca, dice.
El acuerdo
del G-20, inspirado en la campaña contra los paraísos Fiscales de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, se firmó seis
días después de que Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido
anunciaran un pacto para identificar a los evasores de impuestos dentro y fuera
de sus fronteras.
Estados
Unidos aprobó una Ley similar en 2010, conocida bajo sus siglas FATCA, que
exige que los bancos extranjeros le informen sobre cuentas de estadounidenses
desde 2014.
Pero los
funcionarios estadounidenses dicen que Washington solo intercambiará
información con países con los que ya tiene firmados tratados a ese efecto,
como México. Por ahora, no hay planes de intercambiar datos con países como
Argentina o Venezuela, que no tienen acuerdos con EE.UU. o que suelen usar esa
clase de información con motivos políticos, afirman.
Según Tax
Justice Network, un grupo no Gubernamental con sede en Gran Bretaña, los
paraísos Fiscales tienen US$ 5.200 millones de depositantes de Brasil, US$
4.170 millones de México, US$ 4.060 millones de Venezuela y US$ 3.990 millones
de Argentina.
Preguntado
sobre el acuerdo del G-20, Moisés Cohen, un banquero panameño y ex Presidente
de la Asociación de Banqueros de Panamá, me dijo que Panamá no es un paraíso Fiscal,
porque los paraísos Fiscales por definición no cobran impuestos y no son
transparentes, y Panamá sí.
Y Panamá
está tomando medidas concretas que muy pronto harán que el país sea quitado de
la lista de naciones que no cumplen los estándares internacionales de
intercambio de información tributaria, agregó.
Otros
advierten que, aunque el acuerdo del G-20 puede servir para combatir la
corrupción, también podría perjudicar a empresarios legítimos que depositan sus
ahorros en el extranjero para protegerse contra la inestabilidad política o
económica.
No es fácil
culpar a los argentinos por poner su dinero en cuentas del extranjero después
del "corralito" con que su gobierno se apropió de todos sus depósitos
en 2001, dicen. Y es difícil culpar a los venezolanos por enviar sus ahorros
afuera cuando su gobierno confisca empresas según se le antoja, sostienen.
Mi opinión:
El anuncio del G-20 es un paso hacia adelante, pero es básicamente un acuerdo
de buenas intenciones.
El acuerdo
dice que los países del G-20 instarán a todas las naciones a aceptar el
"intercambio automático" de información bancaria, pero "de
manera apropiada" y "tomando en cuenta las características
específicas de cada país". Hmmm. Eso deja lugar para muchas excepciones.
Sin embargo,
la medida del G-20 da un nuevo ímpetu a un proceso que hará cada vez más
difícil ocultar dinero en el extranjero. Es un tema que no está en las primeras
planas, pero debería estarlo. Hace falta un mucho mayor debate público, tanto
para asegurar la protección de ahorristas de países donde no rige el Estado de
Derecho, como para avanzar en el combate contra los evasores de impuestos y los
políticos corruptos.
Portal para la Transparencia.
Llevar
adelante reformas requiere no solo consensos y buenas ideas, sino también
tiempo y persistencia, porque suponen cambios de mentalidad y comportamientos,
frente a los que surgen resistencias. De allí que aquellas en el ámbito público
demanden algo no siempre fácil: impulso y apoyo decidido de dos o más Gobiernos
sucesivos, hasta que el cambio queda verdaderamente asentado. Es lo que ha
estado ocurriendo con la transparencia, fundamental para el buen funcionamiento
del aparato público en una democracia, y que tiene externalidades positivas
hacia otros ámbitos. Como reforma, se abordó en el Gobierno pasado, tras la
serie de irregularidades que se fueron haciendo cada vez más evidentes en la
administración del Presidente Lagos. Así se dictó la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y se creó el Consejo para la Transparencia, que
ha sido decisivo para mantener este tema en la atención pública e ir
consolidando una cultura más extendida al respecto.
Con todo,
los avances que hoy se observan no habrían sido posibles sin el concurso de la
voluntad del actual Gobierno, que pese a verse afectado por algunas de las
decisiones del Consejo, ha sido enfático en promover la transparencia activa y
pasiva en los distintos órganos de la administración pública, destinando
incluso recursos especiales para el mejor cumplimiento de la labor del Consejo.
Es el caso del recién inaugurado Portal para la Transparencia del Estado, en el
que se invirtieron más de 500 millones de pesos, permitiendo a los ciudadanos
tener acceso directo y actualizado a la información pública en un solo sitio, a
través del cual podrán también canalizar todas las solicitudes de información a
los organismos de la administración del Estado.
El Ministro Secretario
General de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien ha impulsado esta y otras
iniciativas en la misma dirección, ha destacado que hoy el 98% de las
instituciones públicas cumple con los estándares de transparencia activa, y que
desde 2009 Chile ha avanzando ya en las mediciones internacionales desde el 25°
al 20° lugar en esta materia. También ha subrayado la importancia de seguir
avanzado hacia la aprobación de proyectos fundamentales, entre ellos el de
Probidad en la Función Pública, el que modifica la Ley de Acceso a la
Información y el que regula el lobby. Son directrices y regulaciones
fortalecedoras del sistema democrático, cuya implementación de seguro demandará
el compromiso enérgico del próximo Gobierno, cualquiera él sea, asegurando así
que los avances logrados se consoliden e impidiendo una vuelta atrás en este
ámbito, que en el pasado se ha probado tan crítico.
Fortaleciendo la institucionalidad Fiscal.
Cabe
preguntarse por qué en vez de conferirle a ese Consejo Asesor de Política
Fiscal la robustez institucional propia de una institución creada por Ley, con
mandato preciso y rendición de cuentas, se optó por la fórmula más
vulnerable...
Ha anunciado
el Gobierno la creación del Consejo Asesor de Política Fiscal, integrado por
cinco economistas de reconocida trayectoria y Presidido por Klaus
Schmidt-Hebbel, distinguido profesor de la Universidad Católica. Su tarea será
asesorar al Ministerio de Hacienda en la definición, aplicación y supervisión
de la regla que Gobierna la política Fiscal. Esta, como es sabido, se basa en
el concepto de presupuesto "estructural", cuyo cálculo exige adoptar
definiciones metodológicas complejas, estimar parámetros clave -como el precio
del cobre previsible a largo plazo y la capacidad productiva potencial del
país- y efectuar mediciones del desempeño financiero del Fisco, con la calidad
y en la oportunidad requerida. En todas estas materias la opinión de tan
calificado comité será sin duda de gran valor.
La idea de
crear esta instancia surgió en 2010 de la comisión Presidida por el prestigiado
ex Presidente del Banco Central Vittorio Corbo y conformada por importantes
especialistas de diversa orientación política, designada para revisar el manejo
de las cifras Fiscales por parte del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Dicha
instancia cuestionó los numerosos cambios a la metodología del cálculo del
presupuesto estructural introducidos en 2009. En efecto, dicho Gobierno,
apremiado en parte por la grave situación internacional de entonces y tal vez
con la vista puesta en la contienda electoral de ese año, admitió una inusitada
expansión de 16,5% real en el gasto público, y mediante diversos cambios
metodológicos comunicó que aun así ello era compatible con el objetivo de un
déficit no superior al 1% del PIB. La Comisión Corbo desestimó muchos de los
cambios aplicados y recalculó en 3% el déficit estructural del año 2009. Con el
fin de prevenir la recurrencia de las malas prácticas identificadas, recomendó
instituir un Consejo Asesor permanente, como el recientemente creado.
Se trata de
una iniciativa valiosa, y llama la atención que haya tardado tres años en
materializarse. Cabe preguntarse también por qué en vez de conferirle a ella la
robustez institucional propia de una institución creada por Ley, con mandato
preciso y rendición de cuentas, se optó por la fórmula más vulnerable de una
comisión amparada tan solo en un decreto Presidencial. Los tiempos que se
avecinan pueden no ser holgados para la política Fiscal: mientras arrecian las
demandas de más gasto público, el cobre comienza a mostrar signos de flaqueza.
Una institución fuerte y transparente puede ser crucial para preservar el buen
manejo de la política Fiscal.
Menor sobrepoblación carcelaria.
Cifras
entregadas por el Ministerio de Justicia indican que el nivel de hacinamiento
en las cárceles chilenas habría caído desde un 54% a un 22% en los últimos tres
años. Las razones principales que explicarían esta disminución -según lo
señalado por la Mnistro de esa cartera- son una mejor gestión penitenciaria y
mayores índices de reinserción. A estos factores se deben sumar, también, otras
medidas que se han venido aplicando, como el indulto otorgado el 2012 a cerca
de seis mil reos de bajo compromiso delictual.
Reducir el
hacinamiento debe ser un objetivo de la política penitenciaria, ya que este es
un problema que no sólo termina afectando la dignidad de las personas que
cumplen condena en las cárceles, sino que también les resta efectividad a los
programas de rehabilitación y genera costos millonarios para el Estado, debido
a las multas que debe pagar a las empresas que administran las cárceles
concesionadas cuando la ocupación de éstas supera el 120% de su capacidad
(desde 2010 se han desembolsado cerca de US$ 10 millones por este concepto).
Sin embargo,
para continuar con la descongestión de los penales, además de mejorar la
gestión penitenciaria, se requiere avanzar sin dilaciones en el programa de
construcción de nuevas cárceles, proceso que ha presentado múltiples retrasos,
tanto en este gobierno como en anteriores. Sin ir más lejos, el Ministerio de
Justicia acaba de anunciar que se aplazó el diseño de dos nuevos recintos que
se emplazarán en las Regiones de Atacama y el Maule, por lo que no estarán
listos antes del 2016, como estaba contemplado.
Para mejorar
sustancialmente las condiciones del sistema penitenciario, resulta fundamental
comenzar a construir a la brevedad la infraestructura carcelaria que está
pendiente. En este sentido, el gobierno debiese revaluar la decisión de dejar
en manos del Estado la administración de los nuevos recintos, cuando el modelo
de concesiones ha demostrado ser exitoso.
Enfoques Internacionales: "Politización de la justicia
argentina".
La reforma
contempla variados capítulos. El más debatido encarga el nombramiento y
destitución de los Jueces a un organismo cuyos integrantes serán elegidos por
votación popular, según listas de los partidos políticos. En reacción a la
medida cautelar que frenó la aplicación de la Ley de Medios contra el grupo
Clarín, se introducen rígidas limitaciones a los recursos de amparo y a las medidas
cautelares que suspenden normas y resoluciones del Estado. Otra innovación crea
tres Tribunales de casación, de tercera instancia, cuyo pronunciamiento será
previo a la apelación ante la Corte Suprema. Asimismo, se elimina la atribución
de los Jueces para designar personal administrativo y se establecen razonables
exigencias de transparencia sobre los fallos judiciales y respecto del
patrimonio de los Jueces.
Los cambios
introducidos por la Cámara de Diputados al proyecto judicial exigirán nuevas
aprobaciones por el Senado, donde la Presidenta Fernández goza de amplia
mayoría. No se descarta que, una vez terminado el trámite Legislativo, se
recurra sobre su Constitucionalidad a la Corte Suprema, demorándose la
aplicación de la reforma y provocando un conflicto de competencia.
Según sus
detractores, estos cambios constituyen el fortalecimiento del autoritarismo del
Gobierno, otro retroceso para la democracia argentina y un fuerte
debilitamiento de las atribuciones de la Corte Suprema.
Sin duda, el
conjunto de las modificaciones diluye la separación y el equilibrio de los
poderes públicos en beneficio del Presidencial, en desmedro de la democracia y
de los derechos ciudadanos y de las asociaciones y empresas privadas. Un Poder
Judicial dependiente de las mayorías políticas es fuente de inseguridad para la
población y de incertidumbre para la vigencia del Estado de Derecho. E
igualmente preocupante para la convivencia ciudadana es el agravamiento que
esta reforma significa para la marcada división interna que ha introducido el Gobierno
de Cristina Fernández, cuya impopularidad va en aumento.
Visión y gestión
de José Miguel Insulza en la OEA.
El Secretario
General de la OEA, José Miguel Insulza, presentó al Consejo Permanente de esa
entidad la segunda entrega de su "Visión estratégica de la OEA". Se
especula que el documento podría servir para prevenir una nueva embestida en
contra de Insulza por el Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, que
como Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., lo
reprochara ásperamente. Otros lo interpretan como una forma de anticiparse a
las críticas que recibirá su gestión, en caso de que deje anticipadamente su
cargo y asuma una candidatura Senatorial, para lo que se ha declarado
disponible.
Hace algo
más de un año el Secretario General expuso su primera versión estratégica. Al
poco tiempo, Kerry y otros Senadores reclamaron que la organización atravesaba
por una parálisis administrativa que la conducía a la irrelevancia, debido a
una falta de visión, resistencia para introducir ajustes presupuestarios y
caprichosas políticas de personal del Secretario General. Insulza replicó invocando
el desconocimiento de los avances de su administración y, en especial,
atribuyendo las fallas a la resistencia de los países miembros a adoptar
definiciones sobre sus propuestas de priorización y eliminación de misiones que
no le parecían esenciales. La segunda entrega de la visión estratégica es más
precisa, pero corre el mismo riesgo de la anterior: la exigencia de consensos
inalcanzables y falta de liderazgos.
La polémica
de Insulza con EE.UU. tiene un trasfondo político más relevante que los reproches
a su administración: la supuesta debilidad del Secretario General frente a
Venezuela y sus aliados en el ALBA, especialmente en cuanto al cumplimiento de
la Carta Democrática, y su posición favorable al retorno de Cuba a la OEA. A
eso se suma una gestión de casi ocho años, que a juicio de la Diplomacia
estadounidense habría sido incapaz de liderar la modernización de esa
organización.
Las
dificultades de la OEA fueron puestas de relieve por su primer Secretario General,
Alberto Lleras Camargo, cuando afirmó: "La Organización no es ni buena ni
mala en sí misma. Es lo que los Gobiernos quieren que sea, y no otra
cosa". Y no es fácil conducir una institución que agrupa a 34 países con
fuertes divisiones ideológicas, asimetrías de poder, limitadísima integración y
que funciona para una infinidad de mandatos -cerca de 1.700-, con escasos
fondos proporcionados por los países miembros, a excepción de EE.UU., que
entrega alrededor de dos tercios del financiamiento regular.
Se podrían
discutir variados aspectos de la dirección de Insulza, y sus ambigüedades
frente a los obstáculos del ALBA al ejercicio de la democracia y a la
integración continental, pero la entrega de sus visiones estratégicas demuestra
que no ha sido indiferente a plantear soluciones concretas para remediar los
escollos a la modernización institucional.
Si Insulza
decidiera ingresar a una campaña Senatorial y abandonar ahora la OEA, quedará
abierta la discusión de su propuesta-legado para vencer el inmovilismo de la
OEA y llevar adelante sus iniciativas reformistas.
Pueblos bien informados
dificilmente son
engañados.
