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martes, 30 de abril de 2013

Edición asqueada de nuestra política...

Luego de una insidiosa campaña en su contra, promovida por la concertación, y el
traicionero fuego ‘amigo’ de Allamand, Laurence Golborne renunció a su
candidatura Presidencial.




Bajan a Golborne y proclaman a Longueira.


Escribimos asqueados después de constatar como ataques furibundos e infundados de la Concertación, e inclusive del candidato de renovación nacional, Andrés Allamand, llevaron al ex postulante a la Presidencia, apoyado por la UDI, a declinar su opción a la Primera Magistratura.


Consideramos que Chile ha perdido en esta pasada a un hombre integro, capaz y no contaminado con la politiquería pequeña que se ha apoderado de nuestra clase política, dando de paso la razón a aquellos que consideran que la dirigencia del país ha caído en manos putrefactas.


No nos gusta ninguno de los dos candidatos de la alianza, uno por haber salvado al corrupto Gobierno de Ricardo Lagos Escobar y el otro porque consideramos que a lo largo de su vida pública ha traicionado a todos aquellos que le han servido de trampolín a sus ambiciones.


Consideramos que una vez más la alianza, como lo ha hecho a lo largo de la historia la derecha, ha sucumbido a las malas prácticas políticas y a una sucia guerrilla interna que tanto daño ha hecho al sector que representan y han dejado que el país caiga en manos de una zurda antinacional.


Y ocurrió lo esperado,
por Eugenio Guzmán.


Las declaraciones de Andrés Allamand respecto del fallo de la Corte Suprema en el caso CENCOSUD dejaron en evidencia que su estilo, que suele resumirse en aquella frase de que la “política es sin llorar” y en que, si de competencia se trata, las oportunidades hay que tomarlas, sigue plenamente vigente. Pero, además, plantea una serie de preguntas sobre los alcances de la competencia en política.


Ciertamente, la política es en gran medida competencia y conflicto, puesto que el recurso disputado es muy escaso: el poder. Sin embargo, también requiere de cuotas significativas de cooperación para conseguirlo. De allí que se le pueden aplicar a ella dos refranes: “Si quieres ir rápido, anda solo; pero si quieres llegar lejos, anda acompañado”, y aquel que dice que “no es bueno que los dientes riñan con la lengua”. Es decir, en ocasiones la competencia debe dar espacio a la cooperación. En especial, en aquellos en que lo que se juega es más importante.


Esto es particularmente relevante tratándose de una situación en la que los competidores pertenecen y quieren representar al mismo electorado. En este sentido, podría decirse que los dichos de Allamand más parecían críticas de la oposición que de un precandidato de la Alianza, a juzgar por los términos empleados.


Ahora bien, uno de los problemas de fondo que permiten entender situaciones como éstas tiene que ver con el modelo de selección de los candidatos. En efecto, las primarias Presidenciales son un instrumento diseñado para designar qué candidato tiene mayor apoyo al interior de un partido más que entre candidatos de distintos partidos de una coalición. Dicho en otros términos, las primarias reemplazan las decisiones de sus dirigentes para seleccionar un candidato; en especial, cuando las ventajas de un postulante son abrumadoras antes de ser iniciada la competencia.


El problema es que, tratándose de coaliciones en un régimen Presidencial como el chileno, el mecanismo se emplea para decidir entre los partidos que las conforman. Así, cada colectividad nomina a su candidato y, por tanto, las distancias que naturalmente existen se acrecientan, y el conflicto también. En el caso de primarias al interior de un partido, aun cuando producen roces y diferencias, existen ciertos límites que están dados por la identidad y supervivencia de aquél.


Ahora bien, podrá decirse que, dado que las diferencias programáticas en los partidos de derecha son menores, su identidad partidaria sería débil y, en consecuencia, las primarias permitirían la selección de un candidato Presidencial de manera eficiente. No obstante, los partidos no sólo se diferencian en razón de aspectos ideológico-programáticos, sino que principalmente en razón de las trayectorias políticas de sus dirigentes. En el caso de RN y la UDI, dicha trayectoria desde hace 25 años ha sido compleja. De allí que el proceso de primarias es difícil que esté exento de esa complejidad y que situaciones como la actual no ocurran.


Por otra parte, una amenaza permanente desde un punto de vista institucional tiene que ver con el hecho de contar con un sistema de segunda vuelta en la Presidencial. Esto genera incentivos para que aparezcan candidatos distintos de los presentados por las coaliciones, los que incluso han surgido de los partidos que las conforman. Tal fue el caso de Piñera en 2005, ME-O, Reitze y, en general, los candidatos apoyados por el PC. Ello se ve morigerado por el hecho de que las elecciones Presidenciales y Parlamentarias son simultáneas, lo cual genera presiones para la definición de un candidato único. No obstante, siempre existe la posibilidad de que la segunda vuelta pueda sustituir el proceso de elección del postulante que las primarias intentan anticipar.


A pesar de todo, la ventaja de las primarias es que dan el tiempo necesario para limar las asperezas que surgen con ellas antes de la elección Presidencial y antes de la segunda vuelta. Sin embargo, en modo alguno resuelven los problemas de prudencia que requiere la competencia electoral.


50 años de la encíclica Pacem in Terris,
por Claudio Rolle.


Con esta carta, el Papa Juan XXIII abrió un escenario nuevo en el ámbito de los documentos pontificios, abordando temas hasta entonces tratados en un rango particular y no con alcance universal, lo que sentó las bases para los posteriores documentos relativos a la relación de la Iglesia con el mundo.



Este mes se conmemoran los 50 años de la encíclica Pacem in Terris, documento de alta trascendencia para la Iglesia Católica. Fue precisamente el 11 de abril de 1963, día Jueves Santo, cuando Juan XXIII dio a conocer dicha carta, al cumplirse exactamente seis meses del inicio del Concilio Vaticano II y de la “crisis de los misiles”, en la cual  jugó un papel significativo como mediador. Para ese entonces -octubre de 1962-, Juan XXIII ya sabía que tenía un cáncer de estómago y que le quedaba poco tiempo de vida. Los últimos meses de ese año fueron intensos, con la primera sesión del Concilio y la preparación para enfrentar la muerte.


Así surgió esta encíclica “sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad”, con la cual este Pontífice, anciano y enfermo, dejaba un testamento espiritual cargado de vigor y confianzas. Su propuesta era innovadora y  oportuna, en muchos sentidos anticipadora, expresión de su afán de acción eficaz y pronta, hablando con claridad sobre los temas urgentes, sin eludir las materias contenciosas, respondiendo de manera oportuna a las necesidades de su tiempo como un padre atento a las cosas domésticas y a las públicas.


Alejándose de las condenas y los temores frente al mundo moderno, el Papa optó por poner al centro de su reflexión la tarea de la construcción de una cultura de paz en medio de un mundo en el que aparecía constantemente amenazada, invitando a alabar la creación y asumir la tarea de evangelizar el mundo contemporáneo. Cuando escribió su encíclica sobre la paz, no la dirigió sólo a la comunidad de los fieles católicos como era tradición, sino que agregó a los “venerables hermanos, Patriarcas, Primados, Arzobispos, Obispos y otros ordinarios en paz y comunión con la sede apostólica, al clero y fieles de todo el mundo”, la significativa frase de resonancias evangélicas: “Y a todos los hombres de buena voluntad”.


Escribió: “Como Vicario, aunque indigno de Aquel a quien el nuncio profético proclamó Príncipe de la Paz, consideramos deber nuestro consagrar todos nuestros pensamientos, preocupaciones y energías a procurar este bien común universal. Pero la paz será palabra vacía mientras no se funde sobre el orden, cuyas líneas fundamentales, movidos por una gran esperanza, hemos como esbozado en nuestra encíclica: un orden basado en la verdad, establecido de acuerdo con las normas de la justicia, sustentado y henchido por la caridad y finalmente, realizado bajo los auspicios de la libertad”.


Con Pacem in Terris se abría un escenario nuevo en el ámbito de los documentos Pontificios, abordando temas hasta entonces tratados en un rango particular y no con alcance universal, sentando así las bases para los posteriores documentos relativos a la relación de la Iglesia con el mundo.


A 50 años de su publicación, la encíclica mantiene un fuerte sentido de pertinencia y una notable capacidad de orientar “la acción temporal del cristiano”, como se titula la última sección de la carta, y por ello conviene no dejar pasar este aniversario. Por el contrario, puede ser la ocasión de releer al Papa Juan XXIII y con ello conocer su enorme aporte a la vida de la Iglesia y del mundo contemporáneo.


Nulidad de derecho público
por Pablo Rodríguez Grez.


La acusación Constitucional deducida contra el Ministro de Educación Harald Beyer ha incurrido en un vicio de nulidad insanable, sancionado en la misma Constitución. Me refiero a la llamada "nulidad de derecho público", que arranca su génesis de la Constitución de 1833 y que se contiene actualmente en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental. Dichas disposiciones consagran el "principio de legalidad", conforme al cual las autoridades e instituciones del Estado solo actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la Ley. Todo acto que contravenga este mandato es nulo de pleno derecho.


Por su parte, el artículo 52 N° 2 de la Constitución señala que "son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados declarar si ha o no lugar a las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen contra las siguientes personas: b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las Leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno".


Como se aprecia, las causales por las cuales cabe el juicio político en contra de un Secretario de Estado están expresamente establecidas en la Ley, no pudiendo la acusación deducirse ni fundarse sino en cargos precisos y debidamente descritos en el libelo respectivo.


El texto de la acusación, en el caso que nos ocupa, solicita formalmente que la H. Cámara de Diputados "declare ha lugar a la presente acusación Constitucional, para que luego el Senado la acoja y, habiendo declarado la culpabilidad del señor Harald Beyer, Ministro de Educación, lo destituya de su cargo en conformidad al artículo 53 N° 1 de la Constitución Política de la República, por dejar sin aplicación el artículo 3 letra b) de la Ley N° 20.502 y por haber infringido, abusando de sus facultades legales, los artículos 19 N° 1 y N° 5 de la Constitución". O sea, los cargos que se imputan al acusado consisten en no "velar por la mantención del orden público en el territorio nacional"; no respetar "el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona"; y no respetar "la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada".


Ocurre, empero, que ninguna de las infracciones indicadas corresponde a las funciones del Ministro de Educación y, lo que es aún más grave, tampoco ellas se hallan justificadas en el libelo ni en el informe de la comisión de que trata el artículo 38 de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.


Por consiguiente, si los cargos contra el Ministro son aquellos que se contienen en los tres capítulos de la acusación -como se ha manifestado para sostenerla-, no pudieron ellos considerarse porque no se solicitó a la Cámara su declaración, y si, a la inversa, los cargos son aquellos referidos en la acusación, tampoco podrían acogerse porque carecen de toda fundamentación y aluden a deberes que no empecen a un Ministro de Educación. De lo dicho se infiere, entonces, que la Cámara de Diputados obró al margen de sus atribuciones y facultades, y que lo propio ocurrió en el Senado, con el agravante de que las razones expresadas por cada Senador al decidir su voto no tienen relación ninguna con la materia que debió debatirse.


Los antecedentes invocados permiten desprender, inequívocamente, que los cargos formulados al Ministro carecen de fundamentación, y que aquella contenida en el texto de la acusación no tiene relación ninguna con las infracciones que se le reprochan. No se trata en la especie de la llamada "cuestión previa", definida en el artículo 43 de la Ley N° 18.918, propia de la defensa del afectado, sino de una materia de fondo relativa a la competencia de los órganos llamados a resolver el arbitrio Constitucional.


En consecuencia, nos encontramos ante un acto nulo por mandato imperativo del artículo 7 de la Constitución, sanción que opera de pleno derecho y sobre la cual no cabe ratificación ni saneamiento. Corresponde a los Tribunales ordinarios de justicia, atendido que ellos ejercen la plenitud de la jurisdicción, reconocer esta nulidad y dejar sin efecto la sanción accesoria impuesta al acusado, según la cual "no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años".


Como resulta obvio, no podría el afectado ser restablecido en el ejercicio de su cargo por cuanto fue reemplazado por el Presidente de la República en virtud de sus atribuciones privativas.


Llevar a los Tribunales esta materia sería un medida de alta conveniencia pública, porque si bien en Chile se respeta la separación de los poderes del Estado, ninguno de ellos puede apartarse de lo que manda la Constitución ni incursionar en cuestiones que no le han sido asignadas expresamente. Creemos que ya es hora de respetar y hacer respetar el Estado de Derecho, tan gravemente afectado por este episodio.


La guerra contra los paraísos Fiscales,
por Andrés Oppenheimer.


"La crisis económica y la necesidad de aumentar la recaudación de impuestos harán que EE.UU. y la UE intenten con más energía que nunca que funcione el reciente acuerdo del G-20 contra el secreto bancario que permite la evasión tributaria..."


Mientras muchos estábamos concentrados en las noticias sobre los atentados de Boston, las cuestionadas elecciones de Venezuela y los ruidos de guerra de Norcorea, los países más grandes del mundo dieron un paso potencialmente histórico: acordaron un nuevo sistema para intercambiar información bancaria y acabar con los paraísos fiscales.


En una reunión realizada el 19 de abril en Washington, el G-20 -el club de las economías más grandes del mundo- anunció un acuerdo global para el "intercambio automático" de información sobre cuentas bancarias de personas que puedan estar evadiendo impuestos o tratando de ocultar fondos ilegales.


Al mismo tiempo, el G-20 acordó aumentar la presión a los paraísos Fiscales para que levanten su secreto bancario. El G-20 mencionó 14 naciones -incluyendo Suiza, Panamá, Guatemala y Trinidad y Tobago- como países que no cumplen con los estándares internacionales de combate a la evasión de impuestos y los delitos financieros.


Algunos expertos en lavado de dinero dicen que el acuerdo del G-20 puede ayudar a combatir escándalos Gubernamentales de corrupción, tal como el recientemente revelado por la prensa argentina, que afirma que asistentes del fallecido Presidente Néstor Kirchner habrían depositado más de US$ 65 millones en paraísos Fiscales.


"Hay muchos políticos corruptos en todo el mundo que están nerviosos por la posibilidad de que se descubran sus cuentas secretas. Y tienen motivos para estar preocupados", dice Charles Intriago, Presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. "Este puede ser el principio del fin del secreto bancario de los paraísos Fiscales".


Según Intriago, el acuerdo del G-20 tiene buenas posibilidades de tener éxito, porque los Gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea -el núcleo del G-20- están en apuros financieros y necesitan desesperadamente aumentar la recaudación de impuestos. Por eso van a ir detrás de los evasores con más energía que nunca, dice.


El acuerdo del G-20, inspirado en la campaña contra los paraísos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, se firmó seis días después de que Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido anunciaran un pacto para identificar a los evasores de impuestos dentro y fuera de sus fronteras.


Estados Unidos aprobó una Ley similar en 2010, conocida bajo sus siglas FATCA, que exige que los bancos extranjeros le informen sobre cuentas de estadounidenses desde 2014.


Pero los funcionarios estadounidenses dicen que Washington solo intercambiará información con países con los que ya tiene firmados tratados a ese efecto, como México. Por ahora, no hay planes de intercambiar datos con países como Argentina o Venezuela, que no tienen acuerdos con EE.UU. o que suelen usar esa clase de información con motivos políticos, afirman.


Según Tax Justice Network, un grupo no Gubernamental con sede en Gran Bretaña, los paraísos Fiscales tienen US$ 5.200 millones de depositantes de Brasil, US$ 4.170 millones de México, US$ 4.060 millones de Venezuela y US$ 3.990 millones de Argentina.


Preguntado sobre el acuerdo del G-20, Moisés Cohen, un banquero panameño y ex Presidente de la Asociación de Banqueros de Panamá, me dijo que Panamá no es un paraíso Fiscal, porque los paraísos Fiscales por definición no cobran impuestos y no son transparentes, y Panamá sí.


Y Panamá está tomando medidas concretas que muy pronto harán que el país sea quitado de la lista de naciones que no cumplen los estándares internacionales de intercambio de información tributaria, agregó.


Otros advierten que, aunque el acuerdo del G-20 puede servir para combatir la corrupción, también podría perjudicar a empresarios legítimos que depositan sus ahorros en el extranjero para protegerse contra la inestabilidad política o económica.


No es fácil culpar a los argentinos por poner su dinero en cuentas del extranjero después del "corralito" con que su gobierno se apropió de todos sus depósitos en 2001, dicen. Y es difícil culpar a los venezolanos por enviar sus ahorros afuera cuando su gobierno confisca empresas según se le antoja, sostienen.


Mi opinión: El anuncio del G-20 es un paso hacia adelante, pero es básicamente un acuerdo de buenas intenciones.

El acuerdo dice que los países del G-20 instarán a todas las naciones a aceptar el "intercambio automático" de información bancaria, pero "de manera apropiada" y "tomando en cuenta las características específicas de cada país". Hmmm. Eso deja lugar para muchas excepciones.


Sin embargo, la medida del G-20 da un nuevo ímpetu a un proceso que hará cada vez más difícil ocultar dinero en el extranjero. Es un tema que no está en las primeras planas, pero debería estarlo. Hace falta un mucho mayor debate público, tanto para asegurar la protección de ahorristas de países donde no rige el Estado de Derecho, como para avanzar en el combate contra los evasores de impuestos y los políticos corruptos.


Portal para la Transparencia.


Llevar adelante reformas requiere no solo consensos y buenas ideas, sino también tiempo y persistencia, porque suponen cambios de mentalidad y comportamientos, frente a los que surgen resistencias. De allí que aquellas en el ámbito público demanden algo no siempre fácil: impulso y apoyo decidido de dos o más Gobiernos sucesivos, hasta que el cambio queda verdaderamente asentado. Es lo que ha estado ocurriendo con la transparencia, fundamental para el buen funcionamiento del aparato público en una democracia, y que tiene externalidades positivas hacia otros ámbitos. Como reforma, se abordó en el Gobierno pasado, tras la serie de irregularidades que se fueron haciendo cada vez más evidentes en la administración del Presidente Lagos. Así se dictó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se creó el Consejo para la Transparencia, que ha sido decisivo para mantener este tema en la atención pública e ir consolidando una cultura más extendida al respecto.


Con todo, los avances que hoy se observan no habrían sido posibles sin el concurso de la voluntad del actual Gobierno, que pese a verse afectado por algunas de las decisiones del Consejo, ha sido enfático en promover la transparencia activa y pasiva en los distintos órganos de la administración pública, destinando incluso recursos especiales para el mejor cumplimiento de la labor del Consejo. Es el caso del recién inaugurado Portal para la Transparencia del Estado, en el que se invirtieron más de 500 millones de pesos, permitiendo a los ciudadanos tener acceso directo y actualizado a la información pública en un solo sitio, a través del cual podrán también canalizar todas las solicitudes de información a los organismos de la administración del Estado.


El Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien ha impulsado esta y otras iniciativas en la misma dirección, ha destacado que hoy el 98% de las instituciones públicas cumple con los estándares de transparencia activa, y que desde 2009 Chile ha avanzando ya en las mediciones internacionales desde el 25° al 20° lugar en esta materia. También ha subrayado la importancia de seguir avanzado hacia la aprobación de proyectos fundamentales, entre ellos el de Probidad en la Función Pública, el que modifica la Ley de Acceso a la Información y el que regula el lobby. Son directrices y regulaciones fortalecedoras del sistema democrático, cuya implementación de seguro demandará el compromiso enérgico del próximo Gobierno, cualquiera él sea, asegurando así que los avances logrados se consoliden e impidiendo una vuelta atrás en este ámbito, que en el pasado se ha probado tan crítico.


Fortaleciendo la institucionalidad Fiscal.


Cabe preguntarse por qué en vez de conferirle a ese Consejo Asesor de Política Fiscal la robustez institucional propia de una institución creada por Ley, con mandato preciso y rendición de cuentas, se optó por la fórmula más vulnerable...


Ha anunciado el Gobierno la creación del Consejo Asesor de Política Fiscal, integrado por cinco economistas de reconocida trayectoria y Presidido por Klaus Schmidt-Hebbel, distinguido profesor de la Universidad Católica. Su tarea será asesorar al Ministerio de Hacienda en la definición, aplicación y supervisión de la regla que Gobierna la política Fiscal. Esta, como es sabido, se basa en el concepto de presupuesto "estructural", cuyo cálculo exige adoptar definiciones metodológicas complejas, estimar parámetros clave -como el precio del cobre previsible a largo plazo y la capacidad productiva potencial del país- y efectuar mediciones del desempeño financiero del Fisco, con la calidad y en la oportunidad requerida. En todas estas materias la opinión de tan calificado comité será sin duda de gran valor.


La idea de crear esta instancia surgió en 2010 de la comisión Presidida por el prestigiado ex Presidente del Banco Central Vittorio Corbo y conformada por importantes especialistas de diversa orientación política, designada para revisar el manejo de las cifras Fiscales por parte del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Dicha instancia cuestionó los numerosos cambios a la metodología del cálculo del presupuesto estructural introducidos en 2009. En efecto, dicho Gobierno, apremiado en parte por la grave situación internacional de entonces y tal vez con la vista puesta en la contienda electoral de ese año, admitió una inusitada expansión de 16,5% real en el gasto público, y mediante diversos cambios metodológicos comunicó que aun así ello era compatible con el objetivo de un déficit no superior al 1% del PIB. La Comisión Corbo desestimó muchos de los cambios aplicados y recalculó en 3% el déficit estructural del año 2009. Con el fin de prevenir la recurrencia de las malas prácticas identificadas, recomendó instituir un Consejo Asesor permanente, como el recientemente creado.


Se trata de una iniciativa valiosa, y llama la atención que haya tardado tres años en materializarse. Cabe preguntarse también por qué en vez de conferirle a ella la robustez institucional propia de una institución creada por Ley, con mandato preciso y rendición de cuentas, se optó por la fórmula más vulnerable de una comisión amparada tan solo en un decreto Presidencial. Los tiempos que se avecinan pueden no ser holgados para la política Fiscal: mientras arrecian las demandas de más gasto público, el cobre comienza a mostrar signos de flaqueza. Una institución fuerte y transparente puede ser crucial para preservar el buen manejo de la política Fiscal.


Menor sobrepoblación carcelaria.


Cifras entregadas por el Ministerio de Justicia indican que el nivel de hacinamiento en las cárceles chilenas habría caído desde un 54% a un 22% en los últimos tres años. Las razones principales que explicarían esta disminución -según lo señalado por la Mnistro de esa cartera- son una mejor gestión penitenciaria y mayores índices de reinserción. A estos factores se deben sumar, también, otras medidas que se han venido aplicando, como el indulto otorgado el 2012 a cerca de seis mil reos de bajo compromiso delictual.


Reducir el hacinamiento debe ser un objetivo de la política penitenciaria, ya que este es un problema que no sólo termina afectando la dignidad de las personas que cumplen condena en las cárceles, sino que también les resta efectividad a los programas de rehabilitación y genera costos millonarios para el Estado, debido a las multas que debe pagar a las empresas que administran las cárceles concesionadas cuando la ocupación de éstas supera el 120% de su capacidad (desde 2010 se han desembolsado cerca de US$ 10 millones por este concepto).


Sin embargo, para continuar con la descongestión de los penales, además de mejorar la gestión penitenciaria, se requiere avanzar sin dilaciones en el programa de construcción de nuevas cárceles, proceso que ha presentado múltiples retrasos, tanto en este gobierno como en anteriores. Sin ir más lejos, el Ministerio de Justicia acaba de anunciar que se aplazó el diseño de dos nuevos recintos que se emplazarán en las Regiones de Atacama y el Maule, por lo que no estarán listos antes del 2016, como estaba contemplado.


Para mejorar sustancialmente las condiciones del sistema penitenciario, resulta fundamental comenzar a construir a la brevedad la infraestructura carcelaria que está pendiente. En este sentido, el gobierno debiese revaluar la decisión de dejar en manos del Estado la administración de los nuevos recintos, cuando el modelo de concesiones ha demostrado ser exitoso.


Enfoques Internacionales: "Politización de la justicia argentina".


La reforma contempla variados capítulos. El más debatido encarga el nombramiento y destitución de los Jueces a un organismo cuyos integrantes serán elegidos por votación popular, según listas de los partidos políticos. En reacción a la medida cautelar que frenó la aplicación de la Ley de Medios contra el grupo Clarín, se introducen rígidas limitaciones a los recursos de amparo y a las medidas cautelares que suspenden normas y resoluciones del Estado. Otra innovación crea tres Tribunales de casación, de tercera instancia, cuyo pronunciamiento será previo a la apelación ante la Corte Suprema. Asimismo, se elimina la atribución de los Jueces para designar personal administrativo y se establecen razonables exigencias de transparencia sobre los fallos judiciales y respecto del patrimonio de los Jueces.


Los cambios introducidos por la Cámara de Diputados al proyecto judicial exigirán nuevas aprobaciones por el Senado, donde la Presidenta Fernández goza de amplia mayoría. No se descarta que, una vez terminado el trámite Legislativo, se recurra sobre su Constitucionalidad a la Corte Suprema, demorándose la aplicación de la reforma y provocando un conflicto de competencia.


Según sus detractores, estos cambios constituyen el fortalecimiento del autoritarismo del Gobierno, otro retroceso para la democracia argentina y un fuerte debilitamiento de las atribuciones de la Corte Suprema.


Sin duda, el conjunto de las modificaciones diluye la separación y el equilibrio de los poderes públicos en beneficio del Presidencial, en desmedro de la democracia y de los derechos ciudadanos y de las asociaciones y empresas privadas. Un Poder Judicial dependiente de las mayorías políticas es fuente de inseguridad para la población y de incertidumbre para la vigencia del Estado de Derecho. E igualmente preocupante para la convivencia ciudadana es el agravamiento que esta reforma significa para la marcada división interna que ha introducido el Gobierno de Cristina Fernández, cuya impopularidad va en aumento.


Visión y gestión de José Miguel Insulza en la OEA.


El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, presentó al Consejo Permanente de esa entidad la segunda entrega de su "Visión estratégica de la OEA". Se especula que el documento podría servir para prevenir una nueva embestida en contra de Insulza por el Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, que como Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., lo reprochara ásperamente. Otros lo interpretan como una forma de anticiparse a las críticas que recibirá su gestión, en caso de que deje anticipadamente su cargo y asuma una candidatura Senatorial, para lo que se ha declarado disponible.


Hace algo más de un año el Secretario General expuso su primera versión estratégica. Al poco tiempo, Kerry y otros Senadores reclamaron que la organización atravesaba por una parálisis administrativa que la conducía a la irrelevancia, debido a una falta de visión, resistencia para introducir ajustes presupuestarios y caprichosas políticas de personal del Secretario General. Insulza replicó invocando el desconocimiento de los avances de su administración y, en especial, atribuyendo las fallas a la resistencia de los países miembros a adoptar definiciones sobre sus propuestas de priorización y eliminación de misiones que no le parecían esenciales. La segunda entrega de la visión estratégica es más precisa, pero corre el mismo riesgo de la anterior: la exigencia de consensos inalcanzables y falta de liderazgos.


La polémica de Insulza con EE.UU. tiene un trasfondo político más relevante que los reproches a su administración: la supuesta debilidad del Secretario General frente a Venezuela y sus aliados en el ALBA, especialmente en cuanto al cumplimiento de la Carta Democrática, y su posición favorable al retorno de Cuba a la OEA. A eso se suma una gestión de casi ocho años, que a juicio de la Diplomacia estadounidense habría sido incapaz de liderar la modernización de esa organización.


Las dificultades de la OEA fueron puestas de relieve por su primer Secretario General, Alberto Lleras Camargo, cuando afirmó: "La Organización no es ni buena ni mala en sí misma. Es lo que los Gobiernos quieren que sea, y no otra cosa". Y no es fácil conducir una institución que agrupa a 34 países con fuertes divisiones ideológicas, asimetrías de poder, limitadísima integración y que funciona para una infinidad de mandatos -cerca de 1.700-, con escasos fondos proporcionados por los países miembros, a excepción de EE.UU., que entrega alrededor de dos tercios del financiamiento regular.


Se podrían discutir variados aspectos de la dirección de Insulza, y sus ambigüedades frente a los obstáculos del ALBA al ejercicio de la democracia y a la integración continental, pero la entrega de sus visiones estratégicas demuestra que no ha sido indiferente a plantear soluciones concretas para remediar los escollos a la modernización institucional.


Si Insulza decidiera ingresar a una campaña Senatorial y abandonar ahora la OEA, quedará abierta la discusión de su propuesta-legado para vencer el inmovilismo de la OEA y llevar adelante sus iniciativas reformistas.


Pueblos bien informados
dificilmente son engañados.

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Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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