Al cierre demorado de esta edición se dió el resultado de las elecciones
Presidenciales de Venezuela, dando como ganador a Nicolás Maduro,
con un 50,66 % de los votos,mientras el opositor Henrique Capriles
lograba un 49,07% de los sufragios. El resultado nos parece a todas
luces fraudulento. La victoria a lo pirro del socialismo hace muy
dificil la gobernabilidad de ese país.
El cínico y el hipócrita matarán al Ministro,
por Joaquín García Huidobro.
"Algunos Parlamentarios
reconocen la inocencia del Ministro Beyer, pero se han sumado a la acusación apoyados
en lo que podríamos llamar "el argumento cínico" y el "argumento
hipócrita"...
El problema, en el caso
Beyer, no son los Parlamentarios que, movidos por la pasión o por una
convicción sincera, están dispuestos a removerlo. El problema son los otros,
los que albergan dudas o están convencidos de su inocencia, pero que han votado
o votarán a favor de la acusación.
Los argumentos que
esgrimen estos Parlamentarios para justificar una conducta que a muchos
ciudadanos resulta incomprensible son, básicamente, dos. Podríamos llamarlos
"el argumento cínico" y "el argumento hipócrita". Aunque
los chilenos tendemos a confundirlos, cinismo e hipocresía son vicios opuestos,
el primero implica desvergüenza, el segundo supone revestir el mal con el
ropaje del bien.
¿Qué dice el argumento
cínico? "Querido Harald, sé que eres un buen tipo, que colaboraste con
nosotros cuando estábamos en el Gobierno, y que has controlado a las
universidades con más celo que tus antecesores. Lamentablemente tengo que votar
en contra tuya, porque otra conducta significaría un suicidio político".
Algo parecido a lo que decían los de la mafia rival a los hijos de Don
Corleone, después de un intento de asesinato: "No es nada personal, sino
solo un asunto de negocios".
Para guardar las
apariencias, se lo sancionará por "una sola" de las tres
irregularidades que le imputan: no dictar los reglamentos necesarios para
ejecutar las leyes de educación. Pero el resultado es el mismo: "Si no
mato a Beyer", dicen, "me matarán a mí".
Lo curioso es que nadie
les pregunta quién va a matarlos. ¿Quizá el electorado? Manifiestamente no. Los
votantes no andan desesperados por ver chorrear sangre germana, y difícilmente
un Diputado o Senador que representa a una lejana Región del norte o del sur va
a perder muchos votos por lo que decida en este asunto. A la gente le preocupa
la educación, no la cabeza del Ministro.
Si el suicidio electoral
al que se alude nada tiene que ver con una muerte en las urnas, ¿quién mata,
entonces? Aquí la que mata es la "nomenklatura" del Partido. Ella no
se deja ablandar por lágrimas ni tampoco por los recuerdos de las obras buenas
que el Parlamentario haya realizado en el pasado. Ella no tolera
desobediencias, como bien lo supo el difunto Zaldívar.
Es grave que la dirección
de un partido obligue, de maneras más o menos sutiles, a uno de sus Parlamentarios
a realizar algo que en conciencia estima malo. No estamos hablando de la
presión que se hace para "alinear" a los Diputados o Senadores en la
votación de la Ley de timbres y estampillas. Condenar a quien se considera
inocente es una de esas conductas que una persona honrada no puede realizar
jamás. Quien realiza lo que reconoce que es gravemente malo no solo lleva a
cabo una injusticia que tiene consecuencias en el mundo exterior. Así, quien
comete una injusticia se hace a sí mismo injusto, se degrada.
¿Es esto lo que quieren
las cúpulas partidistas de sus Parlamentarios? ¿O pretenden tener gente que
sea, a la vez, honesta y obsecuente? Esa gente no existe.
El segundo argumento tiene
un carácter hipócrita, porque se reviste del celo por la Justicia. Se dice:
"Es verdad que Harald Beyer se ha portado mejor que el resto; pero, como
es urgente poner fin a los abusos, es necesario castigar ahora, porque de lo
contrario estos males no acabarán nunca. Si cae este Ministro, todos los demás
habrán aprendido la lección".
Parece un argumento
irrefutable, que se reviste de una elevada moralidad, pero tiene, al menos, un
punto flaco. Se está suponiendo que la única medida que se puede adoptar es la
destitución, lo que manifiestamente es falso. Existen las interpelaciones, las
comisiones investigadoras, las sugerencias, los acuerdos, las recomendaciones y
una infinidad de medidas que pueden apuntar en la dirección que se estima
correcta. Una vez más se recurre al expediente de sancionar todas las faltas
con la pena capital, lo que resulta disparatado.
¿Qué podemos esperar
nosotros, los ciudadanos? Una posibilidad es que surja un par de héroes, gente
que esté dispuesta a perderlo todo antes que rebajarse a realizar actos
indignos de un Parlamentario. Sin embargo, no estamos en tiempos heroicos. Por
suerte, no es necesario llegar a tales extremos de virtud: basta con que impere
el sentido común y un buen grupo de Senadores decida poner fin a esta farsa. Un
grupo suficientemente numeroso como para que la "nomenklatura" tenga
que dejar su venganza para una próxima oportunidad.
Presidenciables, sueños y petróleo rojo,
por Roberto Ampuero.
"Los
políticos no deben ser solo cajas de resonancia de la población. Deben cumplir
a su vez una misión que implica coraje civil y conocimiento del país que
contribuyen a conducir..."
Una cosa es indudable: El
próximo Gobierno, con independencia de su color político, tendrá la fortuna de
iniciar su marcha a partir de cifras económicas envidiables a nivel mundial. El
PNUD continúa situando a Chile como país líder en el índice de desarrollo
humano en la región, y por primera vez superamos en esto a un país europeo
occidental, Portugal. La actual Administración tuvo que arrancar con uno de los
peores terremotos que han asolado a la humanidad y con índices económicos que
exigían cuidadosa cirugía. El próximo Gobierno encontrará a la vez a una
ciudadanía empoderada, exigente y que demanda mayor participación en la riqueza
y la toma de decisiones de la nación.
El peligro para un país
que enfrenta estas circunstancias y ve con escepticismo a la clase política, es
que los políticos opten por estructurar programas en torno a las demandas más
sonoras, mediáticas y populares que escuchen, desplazando a un plano secundario
su viabilidad y conveniencia. Los políticos no deben ser solo cajas de
resonancia de la población. Deben cumplir a su vez una misión que implica
coraje civil y conocimiento del país que contribuyen a conducir: deben ser
capaces de explicar a la población que hay exigencias deseables y factibles, y
otras que, aunque deseables, no son factibles. A la larga, los países agradecen
una dosis de pedagogía y sinceridad de sus líderes políticos.
Creo que los Presidenciables
deben proyectar tanto el país de sus sueños como el tipo de ciudadano que ese
país requiere. No me refiero solo a la calidad democrática y profesional de las
personas, sino también a la responsabilidad que ellas han de tener en un mundo
abierto, competitivo, inestable y con crecientes desafíos. Estamos enfatizando
derechos justo cuando se recortan beneficios sociales que se otorgaban en
países que han sido nuestros modelos por decenios. ¿Qué hacer ante esto? Urge
hablar no solo de derechos, sino también de los deberes del ciudadano en el
país con que se sueña, y urge hablar al ciudadano del mundo globalizado y asaz
competitivo en que estamos insertos.
Hay otro tema inquietante:
¿Cómo se satisfacen las demandas de equidad social y se evita a la vez que el
capital, más veleidoso que nunca antes a causa de la globalización, emigre y
opte por invertir y crear puestos de trabajo en otros países? El capital, decía
Karl Marx, es el único animal que huye para atacar. ¿Cómo se mantiene la
exportación no tradicional de Chile frente a vecinos -como Colombia y Perú- que
acortaron y, en ciertos casos, anularon la distancia que los separaba de
nosotros hace 25 o 10 años? ¿Solo a través de la eficiencia? Desde 1990 hemos
aprovechado la economía abierta y exportadora establecida en el régimen
militar, pero no hemos logrado sentar las bases de una nueva economía, capaz de
mantener la distancia que existió en el pasado frente a países que hoy nos
pisan los talones aplicando las mismas estrategias que Chile empleó hace tres
decenios, cuando eran revolucionarias. En este sentido, la democracia está en
deuda: aún no logra crear un hito o una cesura semejante en la economía nacional.
Y otro tema que deben
abordar los Presidenciables: ¿Nos habremos convertido en un país con petróleo
rojo? ¿Qué situación afrontaríamos si el precio del cobre cayera
estrepitosamente? Por un cuarto de siglo no hemos avanzado hacia una economía
basada en el conocimiento y mayor valor agregado. La monoproducción de materias
primas no genera equidad. Son las economías complejas, dicen los expertos, las
que la crean. Poco aprendemos de Israel o Corea del Sur, que se propusieron el
salto y lo lograron, cambiando su esencia económica, fomentando educación de
calidad, sector privado, innovación, emprendimiento, carreras de ingeniería y
técnica. Por eso son valiosas iniciativas como Start-up Chile, estimular a
innovadores y emprendedores. Los Presidenciables deben proyectar el país con
que sueñan, indicar cómo harán viable y posible ese sueño, y decir qué esperan
de la ciudadanía. Los políticos no deben solo repetir las demandas sociales ni
maquillar los desafíos, sino ordenar todo eso en su visión de país deseable y
factible en la globalización. Tendrán la suerte de encontrar una economía
sólida, próspera y competitiva, que exige un sueño equitativo, realista y
viable para llegar al desarrollo.
La república del copy/paste,
por Joe Black
"Les ruego que seamos
un poco menos severos con los Diputados que fueron sorprendidos esta semana
haciendo copy/paste . Como dicen los textos bíblicos, el que esté libre de
pecado que lance la primera piedra. ¿OK?..."
Quizás a algunos de
ustedes les parezca anómalo, pero esta semana voy a usar mi columna para defender
a los Diputados que acusaron constitucionalmente al Ministro Harald Beyer
utilizando un documento que invocaba tres preceptos legales erróneamente.
Ustedes saben la historia:
los Diputados copiaron al pie de la letra la parte esencial de la acusación que
se había presentado el año pasado contra el Ministro Rodrigo Hinzpeter. Por
eso, a Beyer se le acusó por cuestiones que solo podría hacer un Ministro del
Interior y jamás un Ministro de Educación.
Es como si a ustedes los
condenaran por conducir en estado de ebriedad cuando en verdad nunca han
conducido un vehículo, y además son abstemios.
Pero el escándalo se
centró, más que en el tema jurídico, en el copy/paste ("cortar y
pegar", en español) que realizaron los honorables Legisladores. Fue eso lo
que más indignó a esa jauría de dingos que asuelan las redes sociales,
especialmente Twitter.
Acusar y poner al borde de
la destitución a un Ministro decente da lo mismo. Pero hacer copy/paste es
imperdonable para los tuiteros.
Eso me llama la atención.
Claro, porque nosotros los
chilenos tenemos fama de ser buenos para la copia, el pirateo, el plagio, la
fotocopia, el mimiógrafo, el DVD trucho, el libro de cuneta, el reloj
"Rolecs", el anteojo "Rai Van", el televisor "Zony",
el "Aifon" chino.
No estoy seguro, pero creo
que somos el país más pirata entre las naciones OCDE.
Y si trasladamos el tema a
la política, descubriremos que también en esa actividad somos los reyes del
copy/paste . ¿Cuántos son los Senadores, Diputados, Alcaldes y Concejales que
hacen copy/paste período tras período y se reeligen dos, tres, cuatro, cinco
veces sin ningún pudor?
Figúrense que hasta la
candidata que alguna vez dijo que no había que repetirse el plato ahora se lo
quiere repetir.
Es que el sistema está
hecho para eso. Este año puede ser Michelle Bachelet quien haga copy/paste . En
cuatro años más, el que podría volver al poder es Sebastián Piñera. Y así nos
podríamos ir infinitamente durante muchos años, hasta que el Señor los llame a
su presencia. Y el mecanismo es elegante, democrático y no hace falta torcer a
cada rato la Constitución, como se hace en otros países.
Es que parece que nos
gusta repetir las fórmulas. Aunque nos creemos liberales e innovadores, en el
fondo sentimos que lo pasado, lo probado, lo ya realizado es irse a la segura.
Y volvemos a recurrir al copy/paste para todo.
Por todo lo anterior, les
ruego que seamos un poco más condescendientes, más comprensivos, menos severos
con los Diputados que fueron sorprendidos esta semana haciendo copy/paste .
Como dicen los textos bíblicos, el que esté libre de pecado que lance la
primera piedra. ¿OK?
Igual, entre ustedes y yo,
y que ojalá no salga de esta conversación, fue bien "flaite" lo que
les pasó.
Pero ser
"flaite" no es una falta grave.
Es ser "flaite".
Y punto.
Acusación insanablemente viciada.
El Senado tiene la
oportunidad de reponer la vigencia del Estado de Derecho en esta acusación
manifiestamente arbitraria y de eminente cariz político. A la vez, su rechazo permitirá
reparar la grave injusticia de pedir la destitución de un profesional
íntegro...
El descubrimiento por un
reputado jurista, revelado por este diario, sobre la incongruencia entre los
hechos y el petitorio en la aprobación por la Cámara de Diputados de la
acusación Constitucional contra el Ministro de Educación, ha dejado en
evidencia la presencia de un vicio insanable en este proceso y el imperativo
del Senado de rechazar la acusación.
Los acusadores han pedido
la destitución del Ministro Beyer por incumplimiento de obligaciones
relacionadas con la "mantención del orden público" y con la
"inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada".
Tales obligaciones no son imputables al acusado ni son de su competencia, sino
de la responsabilidad de su par de Interior. Esta aberración no es asunto
meramente formal, que habría precluido por no haberse advertido ni representado
durante la discusión de la acusación en la Cámara Baja. Por el contrario, la
inconsecuencia y la omisión tienen profundas implicancias jurídicas, que vician
una eventual aprobación del libelo por el Senado. Lo que se solicita por la
Cámara, concreta y formalmente, es sancionar al acusado por "dejar sin
aplicación el artículo 3 letra b) de la Ley 20.502 y haber infringido y abusado
de sus facultades legales, los artículos 19 número 1 y número 5 de la
Constitución". No se advierte cómo podría acogerse la acusación si ninguna
de dichas infracciones se relaciona con las funciones del Ministro de
Educación.
En nuestro sistema de
solución de conflictos Constitucionales, concentrado y compartido, el Senado
actúa como Tribunal en el juzgamiento de las acusaciones Constitucionales. En
esa función jurisdiccional, aunque actúe como jurado, apreciando la prueba en
conciencia, no puede omitir la congruencia entre los hechos y los fundamentos
de derecho de la petición de destitución. Semejante infracción, además de herir
profundamente el prestigio del Senado, altera la causa de pedir, transgrede
principios fundamentales de derecho, y podría crear un conflicto de competencia
-por la destitución viciada- con la atribución Presidencial de nombrar y
remover a los Ministros de Estado.
En todo caso, en el
espíritu de la Constitución, los Senadores deben resolver según su propia conciencia,
en forma imparcial y objetiva, no pudiendo decidir como fruto del acuerdo de
directivas o grupos partidistas. Tampoco debe olvidarse que la Constitución
asegura a todos los habitantes de la Republica el derecho a una defensa
jurídica y a un juicio racional y justo. Es incomprensible que se pretenda
sostener que esta acusación, viciada por la incongruencia de su petitorio con
los hechos, sea considerada justa y racional.
El Senado tiene la
oportunidad de reponer la vigencia del Estado de Derecho en esta acusación
manifiestamente arbitraria y de eminente cariz político. A la vez, su rechazo
por el Senado permitirá reparar la grave injusticia de pedir la destitución de
un profesional íntegro, de calificaciones extraordinarias y que, más que muchos
de sus predecesores, incluso de administraciones anteriores, ha impulsado
iniciativas y planteado una agenda Legislativa en curso, que apunta
concretamente a mejorar la calidad e institucionalidad de la educación
preescolar, escolar y superior, que es el desafío nacional compartido por todos
los sectores políticos.
Ad portas de un nuevo debate tributario.
Michelle Bachelet irrumpió en la escena
política poniendo sobre el tapete los ejes de su campaña a un segundo período
en la Presidencia: reforma educacional, reforma tributaria y una nueva
Constitución, todo bajo el paraguas conceptual de combatir la desigualdad. Poco
se sabe aún de cómo se abordarán estos cambios. Pero con el país recién
saliendo de una reforma tributaria discutida en el Congreso y aprobada en
septiembre del año pasado, bien vale revisar lo que han dejado las anteriores
discusiones legislativas del tema.
El escenario hoy.
El sistema tributario
chileno es sistemáticamente acusado de ser demasiado benevolente con las
empresas y las grandes fortunas, fomentando la desigualdad. Se repite que
tenemos una carga tributaria muy baja y que hay margen para subirla. Pero
muchos olvidan que en Chile se cotiza aparte para financiar las pensiones y la
salud, mientras que en la mayoría de los países europeos ello es parte de los
impuestos. Y, al comparar con la región, se aprecia que la carga tributaria
neta, a nivel del Gobierno central, está entre las más altas, sólo superada por
Bolivia y Cuba. Más aún, al comparar a Chile con países desarrollados, no hoy,
sino que al momento en que éstos tenían un ingreso per cápita similar al
nuestro, se aprecia que la carga tributaria se encontraría dentro de lo
esperable, todo lo cual hace cuestionarse el imperativo de subir en 4 o 5
puntos del PIB este indicador, como se ha adelantado apuntaría la reforma de
Bachelet.
Un segundo punto de debate
es si el sistema tributario no es el adecuado y hay que cambiar sus fundamentos
completamente en vez de hacer ajustes al alza o a la baja, o cambiar las
exenciones, como se ha hecho desde los ochenta. El punto es que el sistema
chileno fue diseñado para incentivar la inversión (al permitir a las empresas
pagar menos impuestos si se decide reinvertir en la compañía en vez de sacar
los frutos de ella para gasto de los dueños) y ha sido exitoso en ello. El hoy
Presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, midió el impacto de la reforma
de los ochenta y le atribuye a su efecto un aumento en la inversión privada de
más de 3% del PIB. El demonizado FUT -que no es una «bolsa de dinero», como
algunos creen, sino una contabilidad que permite hacer operar este sistema de
deducciones- ha jugado un rol en ello.
Pero, pese a lo anterior,
es un hecho que las reformas que plantean alzas de impuestos a la renta o a las
empresas logran importante apoyo público. Ello se explica, en parte, porque más
del 80% de quienes trabajan en Chile sólo pagan el IVA, que al no estar
especificado en las boletas aparece como "invisible" en las compras.
Al momento de pedir alzas, sólo se piensa en los beneficios en términos de
políticas sociales y no en los eventuales impactos en el crecimiento, y por ende
en empleos y sueldos. Se obvian así, por ejemplo, estudios como el de Romer y
Romer, que revisó la evidencia en Estados Unidos entre 1945-2007 y reveló que
un aumento de impuestos de 1% del PIB reduce el nivel del producto en casi un
3% en los siguientes 3 años.
El debate que viene.
Una lección que se debe
aprender de las reformas tributarias a la luz de lo que ha pasado en los
últimos años es que éstas se suceden una y otra vez sin que acceder a ajustes
temporales garantice estabilidad impositiva. Hay que recordar que una de las
razones que dio el Gobierno de Piñera el año pasado para embarcarse en un
ajuste de este tipo fue evitar que el tema se debatiera en el fragor de la
campaña Presidencial. A la luz del debate de esta semana, queda claro que ello
no se logró.
En cambio, las
experiencias de 2010 y de 2012 mostraron que las motivaciones para reformas
tributarias poco tienen que ver con la necesidad de más recursos, como se
debería suponer, sino que con factores políticos. De hecho, un estudio dado a
conocer esta semana por Libertad y Desarrollo reveló que el crecimiento
económico aportó US$ 11 mil millones de mayor tributación no minera en los
últimos cinco años, cifra equivalente a once veces la recaudación anual que
tendrá la reforma de impuestos de Piñera.
Todo esto lleva a concluir
que las reformas tributarias, por mucho que se liguen a otros cambios, como en
el pasado el Auge o ahora un gran cambio educativo apuntando a aumentar la
gratuidad, tienen en su base una motivación política. Así, los ejes de este
tipo de debates terminan siendo básicamente de tipo ideológico (redistribución,
combate a la desigualdad, necesidad de dar señales sobre el compromiso social
de un Gobierno, etc.), y dando pie a extensas y desgastantes discusiones: la del
ajuste de 2012, por ejemplo, se prolongó más de cinco meses en medio de un
crispado ambiente político.
Habida cuenta de ello,
sería positivo, al menos, que eventuales nuevos esfuerzos impositivos como los
que se anuncian en esta campaña se impulsen a través de la construcción previa
de consensos amplios, en una línea similar a la adoptada a principios de los
90. Con ello, el daño colateral que este tipo de debates genera, en términos de
incertidumbre tributaria y señales equívocas a los inversionistas, se limitaría
de modo relevante.
Reforma y no "reformita".
No hay detalles aún de la
propuesta de Bachelet (en mayo la comisión nombrada debiera entregar sus
conclusiones), pero el planteamiento ya formulado por la oposición en el debate
de 2012 sugiere un cambio de proporciones. Complejo sería que en estas materias
otros postulantes decidan entrar a una suerte de contienda entre «ofertones»
tributarios de alto impacto ciudadano pero discutible sustento técnico.
Tratándose de un tema de esta importancia, cabe demandar a los candidatos rigor
en sus propuestas y racionalidad en los términos del debate.
Efectos de las movilizaciones en un año electoral.
Las autoridades
y los sectores políticos deben resistir presiones que benefician intereses sectoriales
y recurrir a las instituciones para resolver los problemas.
La serie de
movilizaciones, marchas y paros que han tenido lugar en los últimos días da
cuenta del ánimo existente en varios actores sociales por presionar en favor de
sus demandas, aprovechando que este es un año de definiciones electorales para
el país. La Autoridad debe estar preparada para enfrentar este fenómeno, pues
busca extraer de ella concesiones que responden a intereses parciales que no
tienden al bien común, utilizando la coyuntura por la vía de ejercer una
presión difícil de resistir sin costos políticos. Al mismo tiempo, las
distintas fuerzas políticas y las diversas candidaturas deben actuar de manera
responsable, sin utilizar en su provecho exigencias que, de ser acogidas,
pueden terminar haciendo daño a la inmensa mayoría que no está organizada y no
desea movilizarse.
Hace unos días, un grupo
de agricultores bloqueó la Ruta 5 a la altura de Linares, en protesta por la
tardanza de la Comisión Antidistorsiones en tratar el reclamo que han
presentado en contra de las importaciones de maíz desde Argentina. El largo
período en que la carretera estuvo parcial o totalmente inutilizada para el
tránsito vehicular generó enormes molestias y retrasos a los usuarios. Por su
parte, los trabajadores de 11 puertos del país paralizaron sus actividades en
solidaridad con el reclamo de sus colegas de Mejillones, quienes exigían
horario y bono de colación. El paro portuario se extendió por dos semanas y
generó enormes pérdidas, al obligar a suspender la cosecha de algunas frutas y
a congelar el funcionamiento de fundiciones de cobre. Esta semana, los
trabajadores de Codelco detuvieron las faenas de la minera Estatal, en un paro
que hacía exigencias políticas cuyo cumplimiento está lejos del alcance de la
empresa. Por último, los estudiantes realizaron el jueves una multitudinaria
marcha en la que reiteraron sus reclamos en favor de la educación gratuita y
sin lucro.
Algunas de estas
movilizaciones recurren a mecanismos reñidos con la Ley. No deben resultar
aceptables las ocupaciones de carreteras ni los paros ilegales, y sería
lamentable que la sociedad se acostumbre a la ocurrencia de este tipo de
episodios sin que nadie
-ninguna Autoridad o empresa afectada- se preocupe por reclamar el
respeto a la Ley, el resguardo del orden y la protección de quienes se ven
afectados por ellos. Es necesario que la sociedad y sus líderes -en la
oposición y el Gobierno- estén atentos para condenar y detener atropellos que no se condicen con las reglas
de la convivencia democrática. La experiencia muestra, además, que la ausencia
de una reacción decidida frente a medidas de fuerza sólo alimenta la
posibilidad de que quienes las impulsan decidan repetirlas y expandirlas hacia
otros sectores.
Tampoco corresponde que
los sectores políticos busquen congraciarse con movimientos que rechazan el
diálogo y pretenden imponer soluciones en la calle, saltándose la
institucionalidad. El desprecio de los estudiantes a las propuestas presentadas
por todos los candidatos es una evidencia más de que la radicalización que
ellos exhiben hace muy difícil considerarlos a la hora de buscar soluciones
efectivas y realistas a los problemas de la educación, los que han sido
enfrentados por el gobierno a través de proyectos que hoy se tramitan en el
Congreso o leyes ya promulgadas.
Mal olor sale del proceso electoral venezolano.
La demora en la entrega de
los resultados, casi tres horas más que en las elecciones anteriores, hace
pensar que los resultados fueron muy estrechos, que perdió en candidato del
oficialismo o que se está maquillando los escrutinios con el objeto de falsear
los resultados para dar como ganador al Presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, postulante del chavismo.
Al cierre de esta edición,
pasada la media noche, Consejo Nacional Electoral (CNE) no había entregado
ningún resultado, mientras el comando de Maduro había señalado, un par de horas
antes, que la oposición quiere "desestabilizar al país", lo que a las
claras parecería indicar que se hacían esfuerzos inmensos por torcer la
voluntad popular.
Mas sería nos pareció la
posición del comando de Capriles, que a la misma hora que el de su
contrincante, aseguraba que "no podemos decir que pasó. Esos votos los
tiene que contar el Consejo Electoral. Nosotros, sin embargo, sabemos lo que
pasó" e instaba a sus partidarios a no provocar enfrentamientos de
venezolanos contra venezolanos. Queremos que la voluntad del pueblo sea
respetada".
Una curiosidad de la
papeleta del voto es que la imagen del candidato del partido socialista unido
de Venezuela, Nicolás Maduro, sale 14 veces en la papeleta, mientras la de sus
rivales, el más fuerte es el postulante opositor, Henrique Capriles, aparece una
sola vez, como lo demuestra la fotografía de la papeleta de electoral que se utilizó en el
proceso de ayer.
