Un alto en el
camino.
Terminando un año de una ardua lucha por nuestros valores
nacionales, la defensa de nuestros principios libertarios e intentando salvaguardar
nuestra visión sobre nuestra historia reciente, hacemos un alto en el camino,
nos tomamos unas vacaciones para recargar las pilas y tener fuerzas para un
nuevo y largo periodo en la batalla por
nuestra verdad.
El año fue dificultoso y de lucha intensa, los antivalores,
las libertades y nuestra historia parecieron, en muchos momentos perder la
contienda, pero, lentamente hemos visto como se rearticula, con la
incorporación de generaciones jóvenes, un frente cada vez más fuerte de gente
que no está dispuesta a tolerar el falseamiento de la realidad.
Partimos a nuestro descanso con la sensación de agrado de que
hayan dejado nuestro país, el que consideramos fue mansillado, el chacal
hereditario que tiraniza a la isla mártir de Cuba y sus secuaces que contra la
historia y la razón quieren imponer a nuestro continente dictaduras de corte
marxista superadas por la historia y brutalmente superadas por la realidad
mundial.
Fuimos gratamente sorprendidos en los últimos días por la
respuesta firme, clara y documentada que le dió el Presidente Sebastián Piñera al
líder cocalero y Gobernante de Bolivia, que con su arrogancia, ignorancia e
insolencia pretendió que podría comprar nuestra soberanía marítima, cortando
nuestro territorio, a canbio de una rebaja en los valores del gas.
Ayer tuvimos otra
noticia agradable, el Gobierno, cumpliendo una promesa que se encontraba
pendiente, mandó al Congreso el Proyecto Ley que perfecciona el Sistema
Procesal Penal, que aplica más sanciones a la delincuencia, evitando que se
sigan riendo de las victimas, y enviando a los transgresores a la prisión, como
corresponde a un país con Estado de derecho.
Cómo hemos manifestado permanentemente con el Gobierno del
Presidente Piñera tenemos grandes diferencias, en especial por considerar que
no ha cumplido su promesa de hacer que se apliquen igualitariamente las Leyes a
quienes tuvieron el deber de defendernos de la agresión marxista de los años
70, lo que nos nos inhibe para considerar que su administración ha sido exitosa
y beneficiosa para el país.
Temas para
meditar:
Chile, en la
mirada de la CELAC-UE,
por Gonzalo Müller.
Aún no terminan de retirarse las numerosas delegaciones de
esta cumbre internacional, en el marco de CELAC, Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, nueva instancia regional de promoción de la
integración y la cooperación entre sus estados miembros, recién reunidos,
además, con la Unión Europea. Quizás por nuestro consabido provincianismo, o
por lo infrecuente de este tipo de eventos en nuestro país, con el despliegue
de las más altas Autoridades de tan diversas naciones, es que aunque no esté en
la agenda oficial, su realización se constituye en una oportunidad de ver a
nuestro país a través de los ojos del mundo, y escuchar los comentarios que,
más allá de la diplomática forma, revelan lo que se destaca de nuestra
realidad.
Durante varios días vimos cómo líderes europeos reconocían en
nuestro país una sociedad que ha logrado mantener un ritmo de crecimiento y de
generación de empleo que no sólo contrasta con la maltraída capacidad actual de
la economía europea, sino que alabando con especial interés nuestra estabilidad
institucional y democrática, elemento con el que buscan establecer diferencias
de otros países de la región, donde las garantías democráticas y las certezas
jurídicas se violan rápidamente bajo el interés del momento, provocando la
pérdida de credibilidad y un daño en la reputación que no empaña sólo sus Gobiernos,
sino que arrastra a sus países y sus economías.
Conociendo la desconfianza que existe sobre la utilidad real
de estas cumbres, debemos valorar la posibilidad de diálogo entre conglomerados
regionales y hacia el interior de los mismos como un avance, reconociendo
también que no es fácil, en nombre de la integración y respeto necesario entre
los países miembros, entender que sea Raúl Castro, una figura no democrática de
nuestra izquierda latinoamericana, con un largo prontuario de violaciones a los
derechos humanos, quien encabece la instancia por el próximo año, peor aún
cuando la recibe en Chile, cuyo Gobierno ha irrespetado al no cumplir ni las
órdenes de captura internacional, ni las órdenes de extradición de los autores
materiales e intelectuales del asesinato del Senador Jaime Guzmán, emanadas de
nuestros Tribunales de Justicia.
El Presidente Piñera, respetando la lógica y convocatoria de
esta cumbre, hizo valer el interés de Chile al representarle al líder cubano
que esperaba cooperación de su Gobierno con la Justicia chilena. Esto es, a
ojos de nuestra democracia, un acto reparatorio en sí mismo y una fuerte señal
del compromiso de nuestro país y de su Gobierno con los derechos humanos.
Las relaciones internacionales son siempre una oportunidad
para los Gobiernos, tanto porque aún en nuestro país provocan unidad y cohesión
más allá de toda diferencia política interna, pues la idea de una sola voz ante
el mundo sigue ordenando a los partidos en materia de política exterior.
También ofrecen oportunidades, como la que regaló ayer el Presidente Morales,
de Bolivia, al poner sobre la mesa no sólo su pretensión marítima, sino como
pocas veces la expresó, con crudeza al vincularla a un posible intercambio
comercial de gas por mar. Esa desafortunada expresión le permitió cerrar la
Cumbre a Piñera con una potente defensa del interés nacional, apoyado en un
sólido argumento: los temas de soberanía no se vinculan a temas económicos.
Se fue la CELAC-UE y ya veremos qué nos deja, más allá de
estos momentos. Lo importante es que Chile fue sede de un encuentro
internacional, donde se promueve el diálogo franco entre regiones que desde
estadios distintos del desarrollo siguen enfrentando las necesidades de
cooperación e integración como un camino común, tanto para europeos como para
latinoamericanos.
DC,
por P. Raúl Hasbún.
Recibiendo al Comité Ejecutivo de la Internacional Demócrata
Cristiana el 22 de setiembre de 2012, el Papa Benedicto XVI propuso diversas
claves para el compromiso político de quienes profesan la fe en Jesucristo. La
primera es que ese compromiso, “fermento vital” para una mejora de las
relaciones humanas y condiciones de vida, no debe experimentar “pausas o
repliegues” sino, al contrario, “prodigarse con renovada vitalidad”. La segunda
es que ante la gravedad y complejidad de la actual situación económica el
cristiano está “llamado a actuar y expresarse con espíritu profético”. Ese
espíritu profético le permite y obliga a asumir “con realismo, confianza y
esperanza las nuevas responsabilidades emergentes”. Así la crisis “se convierte
en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo”.
Esta clave de confianza y no de resignación impulsa, al
político cristiano, a buscar “un sólido fundamento ético, cuya ausencia en el
campo económico ha contribuido a crear la actual crisis financiera global”. El
aporte político e institucional del cristiano no se limitará a responder a las
urgencias de una lógica de mercado, sino que pondrá como fundamento central e
imprescindible la “promoción y tutela de la dignidad inalienable de la persona
humana”; en “constante atención a la Palabra de Dios y al magisterio de la
iglesia”. Por desgracia, abundan los “ofrecimientos de respuestas rápidas,
superficiales y de poco alcance, haciendo tristemente actual la advertencia de
Pablo a Timoteo: no soportarán la doctrina sana y se harán de un montón de
maestros por el prurito de oír novedades”.
Este decisivo discernimiento, en el que se corre el riesgo de
“apartar los oídos de la verdad y volverse a las fábulas” tiene lugar en las
opciones fundamentales de la persona humana: “el respeto de la vida en todas
sus fases, con el consiguiente rechazo del aborto procurado, de la eutanasia y
de toda práctica eugenésica; y el respeto del matrimonio, como unión
indisoluble entre un varón y una mujer y como fundamento a su vez de la
comunidad de vida familiar”. De ahí que un auténtico progreso social “no podrá
prescindir de políticas de tutela y promoción del matrimonio”, y así “invertir
la tendencia de un creciente aislamiento del individuo, causa de sufrimiento y
aridez”. Estas responsabilidades “conciernen de modo particular a quienes están
llamados a desempeñar un papel de representación; especialmente si están
animados por la fe cristiana”. Resuena, en efecto y con provecho, la
amonestación del Libro de la Sabiduría: “un juicio implacable espera a los que
están en lo alto”.
DC significa al mismo tiempo Democracia Cristiana y “después
de Cristo”. Un político cristiano se pronuncia sobre la vida y sobre el
matrimonio con la mente de Cristo, único Señor de la Vida, Autor del matrimonio
y Defensor de la familia. Severo examinador de quienes están en el poder.
Vigencia del
proyecto guzmaniano,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Una de las mejores demostraciones de la vigencia de un
proyecto es la adhesión que suscita entre los jóvenes
Que una iniciativa nueva arraigue entre ellos es bastante
fácil; pero que un proyecto que ha cumplido ya casi medio siglo –47 años, para
ser más exactos– siga atrayendo como si fuera el primer día, habla a las claras
de la solidez y futuro de aquella iniciativa
Así lo han demostrado los 120 muchachos que asistieron este
sábado pasado, con treintaitantos grados a la sombra, al X Encuentro de Jóvenes
Jaime Guzmán E., en el Memorial dedicado al asesinado Senador
Algunos dicen que las tesis que Guzmán articuló como proyecto
para Chile correspondían a la Guerra Fría y que están obsoletas. Lo desmienten
sus asesinos (y sus encubridores, groseramente presentes en Chile este fin de
semana) ya que perpetraron el crimen casi un año y medio después del fin de la dominación
soviética sobre Europa central y oriental, precisamente por la proyección que
el proyecto guzmaniano tenía para Chile
Pero, además, le dan vitalidad a los propósitos del Senador
asesinado esos miles de jóvenes que lo largo de Chile se vinculan en sus
universidades a los Movimientos Gremiales o participan en sus comunidades
locales a través de la juventud de la UDI, lo más rescatable del partido hoy.
Precisamente sobre estos temas versó el X Encuentro. Los
asistentes –provenientes de Iquique, Antofagasta, La Serena, La Ligua,
Valparaíso, Viña del Mar, Melipilla, San Bernardo, Talca, Concepción, Valdivia,
Punta Arenas y Santiago– oyeron a Jorge Jaraquemada, Director ejecutivo de la
Fundación Jaime Guzmán, explicar las relaciones de colaboración con pleno
respeto a sus autonomías que hay entre esa entidad y la UDI, y entre la
Fundación y los Movimientos Gremiales, obviamente independientes también del
partido.
Después Carlos Frontaura y Enrique López –gremialistas de
larga data– explicaron el contenido del proyecto de Guzmán (con frecuentes
referencias a sus críticos) y las novedades que trae la versión 2013 del
Folleto Naranja, el texto base de los Movimientos Gremiales en todo Chile,
redactado originalmente por su fundador
Finalmente, el suscrito planteó las muy importantes
diferencias que existen entre el proyecto de IdeaPaís-Solidaridad –una legítima
iniciativa de carácter político para las universidades– y la doctrina y los
motivos gremialistas, centrados siempre en la autonomía de los cuerpos
intermedios
Con gran mística y habiendo reforzado sus vínculos mutuos,
los jóvenes guzmanianos volvieron a sus ciudades para demostrar en terreno
dónde está la fuerza vital de un proyecto: en el día a día del servicio
efectivo a sus instituciones y localidades.
Superioridad
moral,
por Federico García Larraín.
El incidente de los perros en Punta Arenas ha sido superado
según las partes involucradas, sin embargo, el hecho pone de manifiesto un
problema que, si no se corrige, seguirá causando males. Antes de entrar en
materia, un breve resumen para quienes no alcanzaron a enterarse. Hace varios días aparecieron muertos unos
quince perros callejeros en el centro de Punta Arenas. Grupos defensores de los
animales culparon al Obispo de la ciudad por la matanza, ya que éste se había
quejado por la proliferación de los perros callejeros y había llamado a las
autoridades a poner fin al problema. Además, algunos defensores de los animales
decidieron interrumpir la Misa en la Catedral y pararse arriba del altar (y
aprovechar de sustraer algunos objetos).
El problema es la posición de superioridad moral que toman
algunos grupos, del tipo que sea (ambientalistas, estudiantiles, indigenistas,
etc.), y que bajo el amparo de su causa deciden hacer justicia por sus propias
manos. Esta posición es muy cómoda, puesto que no le rinde cuentas a nadie: no
hay instancia superior para el que ocupa la superioridad moral. Alcanzar la
superioridad moral es fácil, hay que tener buenos sentimientos, seguridad en
uno mismo, una causa de moda y un enemigo.
En el caso de los perros, unas cuantas personas interpretan
las palabras de otro, asignan culpabilidad, y proceden a castigar de acuerdo a
su criterio; cosas que se supone hacen distintos poderes de un estado legítimamente
constituido. Si bien, como se mencionó, el caso se consideró superado, estos
mismos elementos se dan también en los casos de terrorismo, tanto en los
bombazos en Santiago, como en la violencia de la Araucanía.
Nunca falta quien niega la legitimidad del estado, no es el
caso de los violentistas indigenistas ya que reclaman ciertos privilegios del
estado, pero en los anarquistas que han ganado visibilidad en los últimos meses
se ve observa esa postura. Sin embargo, negar la legitimidad del estado no
justifica la propia causa (derechos de los animales, gratuidad de la educación
superior, reivindicación de tierras) de modo automático.
Cuando se niega la legitimidad de lo existente para poder
reemplazarlo por otra cosa (es decir, cuando se pretende comenzar de cero, que
al parecer es lo que quieren quienes proponían una asamblea constituyente)
quedamos en un terreno muy difícil, ya que se confrontan visiones globales de
la realidad, y queda la sola razón como árbitro entre ellas, y ni aun así suele
haber acuerdo sobre lo razonable.
Lo más prudente es buscar cambios graduales, usando como
cimiento lo ya construido. Esto, que tiene algunas implicancias largas de
elaborar, supone la humildad de reconocer que quienes vinieron antes no se
equivocaron del todo. Con esa humildad se puede descender de la posición de
superioridad moral. ¿Pero qué hacer con los que insisten en ser superiores
moralmente y escapar de las normas que rigen a la mayoría? La institucionalidad
vigente tiene procedimientos adecuados, si quienes deben aplicarlos no lo
hacen, ahí sí que se genera una crisis de legitimidad.
Asamblea
constituyente: una consigna.
El PPD resolvió colocar nuevamente la idea de una asamblea
constituyente en el programa de la próxima campaña Presidencial. Según sus
dirigentes, la única forma de hacer de Chile un país más justo es con una nueva
Constitución.
El riesgo de esta propuesta es que ella no sea más que una
consigna electoral -ciertamente debilitadora de la institucionalidad vigente-,
por carecer de sentido práctico y cauce jurídico.
En lo conceptual, convocar a una constituyente es asumir el
fracaso anticipado de la democracia y de sus mecanismos de Gobierno. Una
constituyente significa prescindir del Congreso y de sus Legisladores, que son
quienes hoy ejercen, en conjunto con el Presidente, el poder constituyente, que
es el que posee la facultad para modificar la actual Constitución. Como lo
recordó el ex Presidente Lagos, primero "habría que consultar a los Parlamentarios
si acaso están dispuestos a renunciar a su prerrogativa constituyente".
Naturalmente, poner en práctica esta propuesta implicaría
asestar un golpe a la democracia representativa. ¿En nombre de qué fuerza de
legitimidad podría caducarse el mandato de Diputados y Senadores legítimamente
investidos y en ejercicio, contra su voluntad? ¿Cómo podría justificarse que
terceros provenientes de procesos ilegales, al margen de toda norma jurídica,
despojen de sus funciones a quienes ejercen hoy regularmente el poder
constituyente?
Por ello, esta fórmula envuelve un problema insoluble,
derivado de un principio fundante del Estado de Derecho: instalar una asamblea
como esta presupone actuar por la fuerza, sea política o fáctica. Y esto, que
es viable en momentos únicos de la historia de las naciones, bajo agudas crisis
institucionales, ingobernabilidad, agitaciones permanentes o descrédito
irrecuperable de sus instituciones, guerra u otras, no parece ser ni
lejanamente el caso de Chile en el momento actual.
Por el contrario, si reconocida esta inequívoca verdad, se
acordara el estudio de una nueva Constitución en el Congreso mismo, ello sería
simplemente el ejercicio legítimo del poder constituyente. Ya no cabría el
nombre "asamblea constituyente", aun si un cuerpo de este tipo se
eligiera vía reforma de la Constitución, amparada en los procedimientos
actuales, como reiteradamente ha ocurrido con la Carta de 1980.
Persiste una última inquietud, de la que no se han hecho
cargo ni el PPD ni los intelectuales o políticos que aluden de modo recurrente
a la idea de una constituyente. Para implementar idearios de Gobierno más
progresistas u otorgar un rol más activo al Estado en políticas sociales, o
incluso empresariales, ¿necesita Chile hacer tabla rasa de un ordenamiento Constitucional
que ha permitido 20 años de centroizquierda y tres de centroderecha en plena
democracia? Los constitucionalistas saben que la actual Carta no ha sido un
impedimento para la implementación de programas de Gobierno debida y mayoritariamente
impulsados, y que tiene la flexibilidad suficiente para acoger idearios de
distinto signo político, en tanto no pugnen con derechos y libertades
fundamentales que nadie quiere desconocer. Terminados los llamados enclaves
autoritarios, se ha acusado, por ejemplo, a las leyes de mayorías especiales de
crear cierta rigidez. Pues bien, es muy discutible que en la práctica hayan
perjudicado la implementación democrática de los programas de Gobierno, pero si
así fuera, bastaría con reducir o moderar su alcance si ello tuviera un alto
grado de consenso.
Así, además de su imprudencia práctica, la llamada a una
nueva Constitución carece de fundamento técnico serio, precisamente porque hay
notoria escasez de análisis o estudios en la materia que permitan su justificación
más allá de una consigna política de campaña.
Enérgica
respuesta a Bolivia.
La contundente respuesta que el Presidente Piñera dio al
reclamo boliviano durante el plenario de la cumbre del Celac permitió enviar
una potente señal al Gobierno altiplánico y a los países asistentes sobre la
improcedencia de su reclamo a Chile por su situación de mediterraneidad, y
marca un nuevo fracaso de La Paz por tratar de hacer de éste un tema
multilateral, al no encontrar eco en la región.
Aprovechando la presencia de los Mandatarios en Santiago, el
Presidente Evo Morales insistió que Bolivia perdió su salida al mar de manera
“injusta”, reiteró la pretensión de lograr una salida a la mediterraneidad y
señaló que el tratado de 1904 ha sido incumplido por parte de Chile, lo que,
entre otros puntos, ejemplificó con los problemas que a su juicio ha presentado
el ferrocarril Arica-La Paz. El Presidente Piñera respondió cada una de las
afirmaciones de Morales, y lo invitó a “seguir conversando y no abusar de estos espacios internacionales
para resolver nuestras diferencias bilaterales”. Se trata de una respuesta que
expuso con claridad la postura chilena, que invariablemente ha reiterado que no
existen temas limítrofes pendientes con Bolivia y que es una discusión que debe
ser llevada en un marco estrictamente bilateral.
Bolivia ya había tenido un resonante fracaso durante la
asamblea anual que la ONU celebró el año pasado en Cochabamba. Entonces el
Presidente Morales intentó también colocar la mediterraneidad como centro del
debate, pero apenas encontró algunos gestos de apoyo que no se tradujeron en
resolución alguna. Este hecho, como el ocurrido en la Celac, es una muestra de
la efectividad del Gobierno chileno de mantener una defensa firme y consistente
en el tiempo. Es evidente que La Paz se valdrá de cualquier hecho para crear un
clima de tensión con Chile, lo que obliga a la Cancillería a permanecer muy
vigilante, y a la vez dispuesta a mantener canales fluidos para el diálogo
bilateral.
Banco
Unificado de Datos Criminales.
Hace quince años, la Fundación Paz Ciudadana entregó una
propuesta a las Autoridades de la época para crear un sistema unificado de
estadísticas delictivas (BUD) que permitiera seguir las causas penales desde su
ingreso al sistema mediante una denuncia o detención en flagrancia, hasta el
cumplimiento de la condena por parte de la persona juzgada como culpable, de
haberla. Esta idea finalmente se materializó con la firma del Presidente Piñera
en diciembre pasado, y se espera esté en marcha durante el segundo semestre de
este año.
Hasta ahora, la información de las distintas instituciones
era recogida más bien para fines administrativos y manejada en silos,
incluyendo incluso la de las policías. El BUD, en cambio, contribuirá a
eliminar esta lógica de compartimentos estancos al conectar en línea a
Carabineros, la PDI, Ministerio Público, Poder Judicial, Gendarmería, Registro
Civil y Sename.
La creación de este sistema es, por tanto, un hito, que le
otorga una herramienta esencial al Ministerio del Interior y Seguridad Pública
para cumplir las funciones de coordinación y evaluación de planes y programas
en seguridad pública establecidas por Ley y, especialmente, la identificación
más precisa de los nudos críticos del sistema penal. A su vez, para cada una de
las instituciones que lo componen, el BUD tiene tres potenciales usos
principales.
En primer lugar, separar analíticamente procesos que hasta
ahora eran indivisibles desde el punto de vista de la información, lo que podrá
alimentar de mejor modo las planificaciones estratégicas de mediano y largo
plazo, que podrán descansar en mejores diagnósticos y objetivos más precisos.
En segundo lugar, enriquecer el análisis criminal para desarrollar estrategias
de persecución penal en la identificación de patrones delictivos, tales como el
abigeato y el robo de vehículos, por ejemplo, y pasar desde un enfoque
reactivo, centrado en la tramitación correcta de cada caso, a un enfoque
proactivo, que comprenda el problema delictivo y genere soluciones eficaces y
costo-efectivas. Y, en tercer lugar, en un nivel táctico, ejecutar las
estrategias resultantes del análisis criminal y, además, hacer más pertinentes
las decisiones de los funcionarios al contar en terreno con información
oportuna y veraz sobre, entre otros antecedentes, el quebrantamiento de medidas
cautelares o beneficios intrapenitenciarios.
Como se puede apreciar, los principales desafíos no son
tecnológicos -pues las soluciones en este plano ya existen-, sino relativos a
la voluntad de avanzar con celeridad en desplegar acciones eficientes. En este
contexto, el país debe consolidar esta nueva arquitectura institucional y
avanzar, sobre todo, en la asignación presupuestaria en seguridad pública
basada en evidencia.
Pueblos bien informados
dificilmente son
engañados.
