Rápida mirada a la realidad chilena....temas duros.....

 El "cónclave" del Colegio Electoral norteamericano confirmó el triunfo en las

elecciones del candidato del partido republicano, Donald Trump, luego

que el postulante superara los votos necesarios para ser el nuevo ocupante

de la Casa Blanca.

El escándalo que ha hecho el oficialismo y sus organizaciones satélites sobre la

muñeca inflable regalada por ASEXMA al Ministro de Economía es una muestra

del cinismo de quienes nos Gobiernan, si no lo cree observe las caras del Ministro

y de 2 candidatos izquierdistas a la Presidencia.

 

El programa de Gobierno de Lagos 2.0,

por Sergio Melnick.

Bachelet 2.0 fue enteramente diferente a la primera. Los resultados han sido muy malos. Lagos 2.0 hasta la semana pasada era una incógnita, que se dilucidó con el documento oficial del PPD sobre las bases programáticas 2017-2037. Él será el candidato del PPD y sería absurdo que su programa fuese diferente al pensamiento de su partido. El documento lleva como guía general: “una invitación a conversar, soñar, construir, creer. Propuesta programática PPD/2017-2037”.

En consecuencia resulta claro que las bases del programa que propone Lagos 2.0 ya ha sido transparentado. Y de verdad llama la atención. Lo primero que es sorprendente de esta propuesta, es la reivindicación formal de las utopías a nivel societal. Las utopías tienen quizás su espacio a nivel personal y religioso, pero para una sociedad libre y democrática que quiere diversidad es francamente nefasto. Las utopías son las madres de las que nace el fundamentalismo, la intolerancia, y las dictaduras. Las utopías para la sociedad dan origen a las inquisiciones. También es el gran drama de la izquierda tradicional, cuyas utopías del hombre nuevo, y el Estado han causado feroces dictaduras en nombre de esas utopías.

Este documento oficial del PPD es, al igual que el programa de Bachelet, nuevamente una larga colección de slogans y buenas intenciones, llena de frases grandilocuentes, a menudo contradictorias, correspondientes a una utopía realmente mal pensada y peor elaborada. Un ejemplo típico son las frases como “un estado proactivo, participativo, eficiente, transparente y con sentido de futuro”. Por supuesto no hay detrás un proyecto claro de modernización del Estado ni menos cuánto costaría.
Con todo, el documento de las utopías, señala nueve puntos precisos del programa que Lagos deberá defender inicialmente en las primarias. Veamos algunos de estos.

El primero se llama crecimiento inteligente, aludiendo a la sociedad del conocimiento. Suena razonable, pero carece de contenido. Partiendo por no entender que estamos entrando a la era de la datificación de la realidad, de la inteligencia artificial en base a la computación cognitiva y apoyada por lo que se llama el cuarto paradigma de la ciencia. Todo esto tiene que ver con lo que debiera ser la calidad en el siglo 21, tema ausente en el documento.

La segunda propuesta es una “Asamblea ciudadana por el bienestar” constituida por los dirigentes de los “movimientos sociales” y de consulta obligatoria del Parlamento. Casi de no creer, una entelequia de Parlamento paralelo. La tercera propuesta es aumentar la participación del Estado en las pensiones, partiendo por administrar Estatalmente las nuevas cotizaciones. Es decir, empieza a enfilar claramente al sistema de reparto.

El cuarto slogan se llama “abuso cero”: ni en la economía, las calles, o la política. Es elemental que nadie quiere ninguna forma de abuso. Suena muy bien, es populista. Se parece a la propuesta tan polémica de Piñera de terminar con la delincuencia, o de Bachelet con la gratuidad universal en la educación. Le sigue la propuesta de “iluminar Chile con LED”, que es algo así como mejorar las ampolletas del país. Es probablemente deseable, pero es un tema realmente menor y poco relevante, al menos en la utopía. Más interesante sería proponer iluminar digitalmente al país y sus derivadas.

La sexta propuesta es un “impuesto al patrimonio” de los más ricos. Así es, lo leyó bien; impuestos al patrimonio. Un golpe final a la economía y la inversión. Este instrumento, como dice el documento, efectivamente “existió en Chile”, lo que omite es el nefasto resultado. Quien levantará esta bandera es el candidato del PPD que es Lagos 2.0. Luego se propone la legalización de la marihuana, lo que está hoy en la agenda, pero claramente no es crítico en el desarrollo del país en los próximos 20 años.

Las propuestas rematan con el matrimonio igualitario, algo que comparten la mayoría de los partidos del país, y una cuota Parlamentaria indígena. Igualmente considera concretar grados de autodeterminación a nivel local y Regional en los casos que corresponda.

Estos nueve puntos son la conclusión numerada del documento. Pero también propone en sus páginas insistir en la titularidad sindical y negociación por ramas. Cambio de la Constitución y otras. Igualmente vemos el germen de la ingeniería social al servicio de la utopía al proponer “redescubrir que el objeto de la vida es vivir bien, y no en tener mucho. O reorientar una cultura cuantitativista hacia una cultura de las calidades”. ¿No será mejor que cada cual defina su propio sentido de vida?

Me cuesta pensar que esta es la base del programa de Lagos, 2.0, pero es efectivamente el documento oficial del PPD, y Lagos es su candidato oficial. Al parecer no aprendemos nada de nuestra historia.

¿Puertas abiertas?,

por Juan Andrés Fontaine.

Han hecho bien el ex Presidente Piñera y el Senador Ossandón al poner el tema de la inmigración sobre el tapete. Por supuesto que hay riesgos de que el debate tome un giro populista. Pero los llamados a "no politizar" algo de tan obvia trascendencia política -que moldea el tipo de sociedad en que queremos vivir- están fuera de lugar.

El debate público ha sido instructivo: sabemos ahora que la población inmigrante no es demasiado numerosa (2,7% del total al 2015; en Gran Bretaña es 4 veces superior), pero también que se duplicó en los últimos cuatro años. Tal vez hoy ya sea mucho mayor de lo que se cree. Aunque entre los recién llegados hay pobreza, en promedio, los inmigrantes tienen mejor educación que los nativos, ganan y trabajan más. Su nivel de vida es mejor que en sus países de origen y se dicen satisfechos.

Al venirse, los inmigrantes están votando a favor de nuestro tan criticado modelo de desarrollo. Debemos recibirlos con los brazos abiertos y, por ejemplo, eliminar las anacrónicas restricciones a la contratación de extranjeros que todavía subsisten. Pero no hay que ser ni racista ni xenófobo para reconocer que la afluencia masiva o indiscriminada de extranjeros presenta problemas. A diferencia de la apertura de las fronteras a la libre importación de bienes y servicios, la inmigración no siempre eleva el ingreso per cápita de los nativos en el país receptor: si atrae mano de obra complementaria con la nacional (para faenas en las que acá ya no hay suficientes interesados, o al revés, que es altamente calificada), su efecto es favorable; si se limita a sustituir a trabajadores nacionales, la inexorable ley de los rendimientos decrecientes dictamina un resultado perjudicial. Además, ello podría afectar especialmente a los trabajadores de menores ingresos. Si la afluencia de extranjeros es paulatina, sus dificultades económicas y culturales son menores, porque hay tiempo para la asimilación. En cambio, una irrupción masiva puede ser muy costosa. Algo hay que aprender del Brexit.

Afortunadamente, en Chile estamos aún a tiempo de aplicar una política inmigratoria racional. Nuestra actual Ley de Extranjería -que data de 1975- no ofrece un marco legal adecuado. El Gobierno del ex Presidente Piñera intentó modernizarla, sin éxito. El actual Gobierno anuncia un nuevo proyecto. Lo importante es que -más allá de cambios meramente administrativos- podamos seguir las mejores prácticas internacionales en la materia. Además de controlar el ingreso de posibles delincuentes, hay que prevenir la masiva llegada de "turistas" que luego se tornan indocumentados y establecer criterios para una admisión selectiva, como aplican Australia y Canadá. Sebastián Edwards lanzaba recientemente una idea atractiva: visa automática de residencia para los extranjeros titulados en nuestras universidades. Que el debate siga.

La “tercera vía” a ninguna parte,

por Fernando Villegas.

Alejandro Guillier ha regresado de Francia. Allí, tal vez para acallar las malas lenguas que le reprochan un currículum incompleto, participó en un foro de transparencia. Además volvió con renovados bríos porque siendo esa nación cuna de la más grande o vistosa conmoción política de los tiempos modernos, sin duda es el spa ideal para recibir vigorizantes masajes revolucionarios. De ese modo el candidato fáctico del Partido Radical y teórico de la NM llegó hablando de cuán muerto está el sistema de las AFP, al que describió como “un desastre”. Habló también de hacerles cirugía mayor a las isapres, pero sobre todo de profundizar la obra del actual Gobierno. Todo eso, en especial lo último, cayó como el tradicional balde de agua fría en las cabezas de quienes, cuando Guillier acababa de saltar a la arena Presidencial, creyeron lo que el hombre insinuó y/o hizo pensar, a saber, que su afán era el del caballero reposado que viene a poner orden y apoyar las reformas, pero “con cuidado”, quizás incluso -no lo dijo pero se podía pensar- pausarlas. Chile ahora está notificado: ninguna de esas esperanzas o ilusiones tiene ni un átomo de realidad.

¿O se trata sólo de un discurso dirigido a los oídos de la feligresía hiperizquierdista que sigue a los Comandantes Boric y Jackson? Después de todo en ese segmento hay bastantes votos. Los jóvenes que de niños “no estaban ni ahí”, ahora, con la barbita y bigote propios de la cosmetología de izquierda, son abrumadoramente progres y miran con sospecha y hasta desdén “la obra” del actual Gobierno, aunque no porque sea torpe y destructiva sino porque no lo ha sido lo suficiente. Y también hay, en la NM, retroexcavadores de la cohorte demográfica adulta y aun de la tercera edad avanzada. Todos por igual quieren oír los versos más reformistas esta noche y Guillier está empezando a recitarlos.

Sin embargo los dichos del candidato no pueden simplemente evaluarse o hasta descartarse sobre la base de la consabida diferencia entre lo que se dice para encantar las orejas de la clientela y “los hechos” que posteriormente se perpetrarán cuando se ha llegado al poder. El asunto es más complejo. Esa mirada de cínico realismo es menos realista de lo que parece, o por lo menos es de doble filo; bien pudiera ser que las “palabras para la galería” hayan sido las primeras que pronunció, las cargadas de perfume a moderación, no las que pronuncia ahora. Agréguese a eso que un político NO ES enteramente dueño de la capacidad para materializar o desestimar lo que dice o dijo, sino cuando mucho el socio mayoritario; a diferencia de las promesas y enunciados del ciudadano común, cuya eventual puesta en ejecución sólo depende de él, un político es lo que es por su clientela electoral, la que tarde o temprano le cobra la palabra. A esas consideraciones hay que sumar una tercera: no sabemos qué piensa y siente realmente el señor Guillier respecto de estas materias y no es improbable que él mismo no lo sepa bien. Pero lo sepa o no, lo quiera o no, le guste o no, está posicionado en el tobogán del sector que desea representar, el de las reformas, el tobogán revolucionario, el que “la lleva”, el que hegemoniza los discursos, el que es políticamente correcto y conduce a La Moneda. No se ve cómo, aun de querer, podría salir de ahí.

El caso Bellolio y otros

Casi en los mismos días en que regresaba Guillier para entregarnos la Buena Nueva, la lista renovada y renovadora que iba por la Presidencia de la UDI con Bellolio a la cabeza fue derrotada por una que, de acuerdo a los tratadistas, es cercana a los montepiados Coroneles de Novoa. Con eso se derrumbó otra esperanza de los moderados de la nación. Dicho sea de paso, hacemos equivalente el ser renovado a ser moderado y quizás sea válida también la equivalencia entre ser moderado y razonable y entre razonable y realista, aunque con la salvedad que el realismo de los renovados de izquierda y derecha de hoy lo es en referencia a un mundo real que dejó de existir. Este, el de hoy, no es ya el propio de los plácidos intervalos históricos cuando el tema más ardiente es si modificar o no el color de las estampillas; este es el período de los que quieren cambiarlo todo, refundar el país, guillotinar a los momios y salvar a la humanidad. En períodos así, cuando la realidad adquiere rasgos superrealistas, nada más irreal que un “hombre práctico” de viejo cuño. De ahí la patética irrelevancia e ineficacia de los moderados cada vez que se desatan estas fuerzas. El llamado a la moderación puede sonar siempre tan plausible como lo es el llamado a la paz universal, pero no es más eficaz. Es una ley histórica que cuando un sector político se inclina hacia iniciativas más extremas que lo acostumbrado, se produce una reacción contraria también extrema y entre esos dos polos que se alejan los moderados pierden piso y terminan flotando en un limbo de la más penosa irrelevancia. Bien vistas las cosas, el “moderado” es más una fantasmagórica entidad semántica que política; cuando corren tempestuosos vientos revolucionarios, su eficacia es inexistente; cuando corren amables brisas de moderación, su existencia es innecesaria.

La decé ha dado una u otra vez ejemplo de la vigencia de esa ley histórica, pero además, obstinada en darnos lecciones de insuficiencia institucional, lo hace también de aquella según la cual en las fuerzas políticas de centro las fuerzas centrífugas operan a tiempo completo intentando separar, casi siempre con éxito, las sensibilidades románticas de las realistas, las radicales de las conservadoras y las que se conectaron a las cañerías donde fluye el poder y privilegio de las que no. Debido a la acción conjunta de ambos procesos la decé no ha tenido casi presencia en el sórdido plano de los hechos, si bien mucha figuración en el proscenio de las pataletas. Otro ejemplo de lo inefectivo de las fuerzas moderadas en situaciones extremas lo ofrece la oposición en Venezuela, donde su intento de llegar a alguna parte con una “mesa de diálogo”, mueble favorito de los moderados, sólo ha servido para favorecer a Maduro.

Acaso también es muestra del mismo fenómeno la campaña de don Ricardo Lagos, quien no termina nunca de taxear por una interminable y pegajosa pista de despegue. Su dificultad para remontar en las encuestas deriva precisamente que se huele en él – y se le reprocha estentóreamente- al moderado, al “estadista” más dado a pensar que a sentir, a ir con tino que con desatinos, a enfriar el partido cuidando la pelota que jugando a los pelotazos.

“Tercera vía”

Tiempos como los nuestros no son amigos ni de la moderación ni de la gradualidad ni mucho menos de “los acuerdos”, virtudes que para las sensibilidades históricas o más bien histéricas del momento suenan como horribles transacas conducentes a que todo cambie para que quede igual. Los tiempos exigen vuelos épicos, tsunamis arrolladores, por último, si todo fracasa, un melodramático “kaputt”. En cuanto a la “tercera vía” que los partidos y sensibilidades de centro suelen ofrecer como alternativa de esos batifondos y que muchos ciudadanos demandan como si fuera la piedra filosofal, se trata de una ilusión. En efecto, donde se nos dice que existe o ha existido la “tercera vía” sencillamente se están bautizando de ese modo los lapsos en los que la vía capitalista ha contado con suficientes recursos para una muy generosa política de pan y circo. La “tercera vía” no existe como modelo per se; simplemente es una opción presupuestaria, el efecto benéfico y por desborde o derrame de la riqueza del sistema, no la causa de dicha riqueza. Es consecuencia y no prospecto, bonos para toda estación, no estrategias de futuro. Puede vérselas también, si se desea, como treguas entre batallas. Como presuntas vías son conceptualmente callejones sin salida o sólo con caleteras conduciendo a un transitorio resort. Si acaso hay un lema puramente fantasioso en la jerga política, es este acerca de la “tercera vía”. En la historia real no hay terceras vías, sino lapsos de reposo en la sala de recuperación.

La universidad pública no es monopolio Estatal,

por José Joaquín Brunner.

El pensamiento contemporáneo más avanzado concibe a las universidades como instituciones públicas.

En primer lugar, por su naturaleza y actividades. En efecto, trabajan con conocimientos organizados disciplinariamente que son, esencialmente, un bien público; en particular, los saberes propios de las ciencias, las humanidades, las artes y los oficios. Enseguida, porque contribuyen a la formación de las capacidades profesionales y técnicas de la sociedad. Además, las universidades son parte activa de la esfera pública, proporcionando argumentos e interpretaciones para la deliberación democrática y la formulación de políticas públicas. Por último, son una institución fundamental de la cultura nacional, cuyo núcleo reflexivo contribuyen a renovar y difundir.

En segundo lugar, por desenvolverse dentro de un régimen de regulaciones públicas. Son creadas por ley o reconocidas oficialmente como entidades autónomas. Sus insumos, procesos y productos son evaluados y acreditados públicamente. Se hallan sujetas a normas y estándares de funcionamiento. Excepcionalmente, pueden ser intervenidas o clausuradas por la autoridad. Esto vale para todas las universidades sin excepción.

En tercer lugar, por la economía política de la educación superior. Las instituciones de este sector generan bienes públicos y beneficios para los individuos y la sociedad. Por lo mismo, la gran mayoría se financia mediante esquemas de costos compartidos, con recursos públicos y privados combinadamente.

En suma, las universidades son organizaciones públicas por su naturaleza y actividades, por el régimen normativo al que se encuentran sujetas y por el hecho de que proveen bienes públicos y son financiadas en parte significativa con la renta nacional.

Sobre todo, los sistemas universitarios plurales y diversos -como el de Chile, donde hay universidades de diverso tipo- deben evitar que el carácter público de esta institución sea monopolizado por una categoría particular de ellas. No puede reclamarse que el Estado se preocupe, financie y apoye exclusivamente (o de preferencia) a una sola categoría, negando a las demás su carácter de entidades públicas. Ni puede aceptarse que el Estado renuncie a su fin central, que es servir al bien común del sistema en su conjunto.

Últimamente, autoridades de instituciones Estatales han pretendido esta suerte de monopolio de lo público. Reclaman un trato preferente del Estado, implicando que las demás instituciones -donde se educan 8 de cada 10 estudiantes chilenos- deberían recibir un trato inferior y desfavorable.

¿Acaso no resultaría arbitrario y discriminatorio (grotesco incluso) que por esta razón el Gobierno disminuyera o suprimiese su apoyo a la Pontificia Universidad Católica de Chile y a la Universidad de Concepción, dos de las tres universidades de nivel internacional del país, por el solo hecho de ser instituciones de gestión privada, aunque plenamente públicas por su fin, naturaleza, actividades, economía política y beneficios que generan para la sociedad? Justo porque el Estado reconoció tempranamente el carácter público de aquellas universidades, las promovió y financió en parte importante su desarrollo, sería absurdo que ahora decidiera desconocer a las universidades públicas de gestión privada pertenecientes al CRUCh, o impedir que otras similares pudiesen acceder a este estatus.

Sostener que únicamente las universidades Estatales alcanzan el carácter público carece de justificación. En efecto, lo público no equivale a lo Estatal. Suponerlo empobrece el concepto, reduciéndolo a un asunto meramente jurídico-formal que resalta el aspecto administrativo.

Afirmar que solo en universidades gestionadas estatalmente hay pluralismo y libertad académica es patentemente falso. ¿Acaso ambos atributos no se hallan plenamente presentes en las Universidades Austral, Santa María, Diego Portales (donde yo trabajo), Católica del Maule, del Desarrollo, Alberto Hurtado, Nacional Andrés Bello o Cardenal Silva Henríquez? Podremos discutir si acaso estos atributos están presentes siempre y en todas las circunstancias o admiten excepciones en facultades de teología, en materia de principios éticos o en sesgos político-ideológicos de universidades laicas militantes o comprometidas. Tal discusión es parte de un sistema plural y diverso y debe conducirse racionalmente.

Tampoco resiste el escrutinio el argumento de la equidad, según el cual solo instituciones Estatales admiten a estudiantes de menores ingresos. Sabemos que esto carece de sustento conceptual y empírico.

Hay universidades de gestión Estatal altamente selectivas y hay universidades de gestión privada con amplio acceso de jóvenes de escasos recursos. Ni siquiera el argumento de que lo público presupone una determinada forma de Gobierno universitario (triestamental, por ejemplo), resiste el peso de la realidad. En el mundo contemporáneo hay decenas de modalidades diferentes de Gobierno en universidades públicas tanto de gestión Estatal como privada.

La Ministro de Educación acaba de anunciar el próximo envío al Congreso Nacional de una enmienda sustancial al proyecto de ley de educación superior. Ha adelantado que partirá por reconocer el carácter mixto -plural y diverso- de nuestro sistema. De ser así, necesitará poner al día también la noción de universidad pública, establecer una efectiva igualdad de trato entre aquellas que comparten dicho carácter y diseñar un régimen de regulaciones y de financiamiento que permita su desarrollo en el mediano y largo plazo.

La izquierda en punto extremo,

por Héctor Soto.

No es fácil identificar de buenas a primeras la filiación actual de la izquierda chilena más radical. Una pista preliminar la puede entregar la llamada “revolución pingüina” del 2006, que no obstante haberse disuelto en noviembre del 2007 en el célebre consenso de manos alzadas que consiguió el primer gobierno de Bachelet -la foto fue el último derroche de contentamiento que tuvo la política chilena, una suerte de paradigma de la concordia universal- dejó instalada en el movimiento estudiantil banderas que los jóvenes universitarios supieron administrar políticamente mucho mejor años después. Al menos, mejor que la generación de dirigentes de educación media que había liderado ese conflicto.

Otra hebra, mucho más notoria, por cierto, es la que remite a las manifestaciones estudiantiles del 2010 y 2011, y de las cuales emergieron los liderazgos de los actuales miembros de la bancada estudiantil de la Cámara, la diputada Camila Vallejo y sus colegas Gabriel Boric y Giorgio Jackson. Parlamentaria del PC la primera, líder de la Izquierda Autónoma el segundo y de Revolución Democrática el tercero, los tres comparten parecida aversión al modelo, aunque operan desde plataformas separadas. Vallejo es una disciplinada parlamentaria de su partido, Boris se perfila como pieza fundamental de un eventual Frente Amplio y Jackson -con más o menos explicaciones- pareciera ir en la misma dirección luego de que su movimiento desertara del oficialismo y de las posiciones que ocupó en el Ministerio de Educación mientras se concebía la extraviada reforma que terminó empujando esa cartera.

Otros análisis, de mayor perspectiva histórica, dan cuenta que en Chile, al menos durante el siglo XX, siempre hubo una izquierda dura y que los nuevos rostros que se han sumado al sector no cambian mucho ni su identidad ni tampoco su composición. Sí pueden estar otorgándole mayor peso político, aunque hasta ahora la gravitación electoral de estas fuerzas sigue siendo una incógnita desde el momento en que los jóvenes -no se entiende bien por qué- se han mostrado más dispuestos a copar la Alameda con carteles, banderas y coreografías que a ejercer su derecho a voto. Es cierto que Izquierda Autónoma se manejó bastante bien en términos territoriales y en la captación de votos en la reciente elección municipal de Valparaíso, pero hay que admitir que ese triunfo tuvo lugar en un contexto un tanto atípico, frente a un pésimo candidato del oficialismo y un desgastado alcalde de la derecha que aspiraba a su segunda reelección.

Identificada ya no tanto con el discurso de la lucha de clases y del marxismo ortodoxo de los años 60, esta izquierda, en todo caso, es tanto o más antisistémica que su predecesora, reivindica ahora matrices ciudadanas que antes no tuvo y, si no se identifica con modelos históricos concretos, es solo porque en los últimos años la revolución cubana se volvió un parque jurásico, el kirchnerismo una vergüenza y el chavismo una catástrofe de contornos dantescos. Hoy, los contactos internacionales que tiene la izquierda puntuda son con movimientos como Podemos y demás agrupaciones de indignados que surgieron en la escena política europea tras la crisis del 2008. Como en Chile esa crisis no tuvo ni por asomo las proporciones que alcanzó en el Viejo Mundo –y que significaron un objetivo empobrecimiento de los sectores bajos y medios-, el discurso puede ser parecido, pero entre lo de aquí y lo de afuera se advierten diferencias importantes, tanto en el sustrato sociopolítico como en la representatividad de estas nuevas fuerzas.

Con un poder que en los últimos años se ha manifestado más en peso político que en votos, al punto que el sector llegó a erigirse en instancia de calificación y control para buena parte de las bancadas parlamentarias del PS y el PPD y en una lápida prematura para las aspiraciones presidenciales del ex presidente Lagos, la izquierda oficialista no pierde la esperanza de poder pactar con ella antes de la campaña presidencial del próximo año. Y aunque esta izquierda no ha entregado la más mínima señal de estar dispuesta a semejante aventura, no hay precandidato de las filas oficialistas, partiendo por el propio ex Presidente Lagos, que no haya hecho gestos de condescendencia o no haya intentado instalar puentes de empatía con el idealismo de los jóvenes. De más está decir que todas estas operaciones no han encontrado como respuesta otra cosa que portazos.

Como toda estrategia política, la apuesta de la izquierda radicalizada de suplantar a la izquierda de matriz socialdemócrata no está libre de riesgos. De tanto presionar hacia un lado el tablero puede volcarse hacia el otro. El actual fortalecimiento de la derecha en Europa, sin ir más lejos, le debe mucho a esta correlación. Pero en Chile, después de tres años de un gobierno que quiso refundar el país y ajusticiar el modelo, el vacío político y el nivel de confusión de la izquierda es tal, que nadie sabe si las dudas asociadas al proyecto refundacional son, en proporciones parecidas, por haberse quedado corto, por haberse sobregirado o por haber hecho las cosas demasiado mal. Mientras la izquierda como un todo no sea capaz de dilucidar este dilema, las cosas a ese lado del espectro seguirán siendo tan conflictivas como lo han sido en los últimos meses. Pero serán cada vez más desesperadas. Entre otras cosas, porque la posibilidad de perder el poder es alta.

Pocos días después de celebrarse un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948), el ministro de Justicia, Jaime Campos, desató una polémica al abogar por un trato más humanitario a las personas privadas de libertad de avanzada edad o con enfermedades graves o terminales. Lo sostuvo como una medida general aplicable incluso a los que se encuentran recluidos en la cárcel de Punta Peuco, condenados por violaciones gravísimas a los derechos humanos. Según el ministro, no se trata más que de "un mínimo de humanidad".

Las declaraciones del ministro se suman a las del sacerdote Fernando Montes, que incluso concurrió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado a exponerlas, y a las del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, que van en el mismo sentido.

Resulta desconcertante, por ello, que quienes festejaban el aniversario de la Declaración Universal con frases como "los derechos humanos son de todos", luego se mostraran abiertamente contrarios a la propuesta del ministro de Justicia, aduciendo los más diversos argumentos.

Se objeta, en primer lugar, que al tratarse de delitos de lesa humanidad no cabe prescripción ni amnistía, sin reparar en que gracias a esa calificación fue que estas personas fueron condenadas. Además, lo que se propone no es que salgan en libertad, sino que cumplan la pena bajo arresto domiciliario. Nadie podría decir que esta forma alternativa de cumplimiento de la pena sea sinónimo de impunidad.

Por otro lado, se sostiene que admitir este tipo de beneficios iría contra la pena de presidio perpetuo efectivo. No se tiene en cuenta que la misma ley que impuso esa sanción permite el indulto del condenado "por el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo". ¿Con cuánta mayor razón debiera acordarse una sustitución de la pena de privación total de libertad por otra en la que esa privación se restringe al domicilio?

Algunas agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos alegan que se trata de delitos gravísimos, cometidos al amparo del poder del Estado y respecto de los cuales los condenados no han colaborado con los jueces ni tampoco han dado muestras de arrepentimiento.

Pero la mayor o menor gravedad del delito, así como la eventual no colaboración en su esclarecimiento, son aspectos que ya han sido considerados por los tribunales al momento de dictar sentencia. Si se les niegan beneficios carcelarios sobre la misma base, se estaría incurriendo en una vulneración del principio del non bis in idem , al castigarse dos veces a la misma persona por los mismos hechos.

Más insólito es que se condicione la entrega de beneficios humanitarios al arrepentimiento de los culpables. Si fuera así, estaríamos vulnerando el santuario de la conciencia, como en aquellos regímenes totalitarios que mediante tortura obtenían confesiones públicas de aquellos a quienes querían humillar. Hasta el más infame de los criminales tiene derecho a pensar y a declarar que es inocente.

Por lo que se ve, las razones que se esgrimen son más bien pretextos que encubren una motivación más profunda: la aplicación de la ley del talión, resumida en algo como: "ellos no tuvieron piedad de sus víctimas, ahora tampoco tendremos piedad de ellos". Este sentimiento puede ser comprensible en quienes han sufrido tanto dolor por la muerte, tortura o desaparición de sus seres queridos, pero no es razonable erigirlo en el sustento de una política de Estado en una democracia civilizada que pretende garantizar los derechos humanos de todos.

Tanto gobierno como parlamentarios, superando visiones parciales u ofuscadas, y siguiendo las mejores legislaciones extranjeras, deberían posibilitar la sustitución de la pena cuando la reclusión en recintos penitenciarios no tenga sentido por la ancianidad o enfermedad del condenado. Lo malo es que, como señaló el ministro Campos, para ello se requiere "coraje", y en eso estamos más bien al debe.

Un mínimo de humanidad,

por Hernán Corral.

Pocos días después de celebrarse un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948), el Ministro de Justicia, Jaime Campos, desató una polémica al abogar por un trato más humanitario a las personas privadas de libertad de avanzada edad o con enfermedades graves o terminales. Lo sostuvo como una medida general aplicable incluso a los que se encuentran recluidos en la cárcel de Punta Peuco, condenados por violaciones gravísimas a los derechos humanos. Según el ministro, no se trata más que de "un mínimo de humanidad".

Las declaraciones del Ministro se suman a las del Sacerdote Fernando Montes, que incluso concurrió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado a exponerlas, y a las del Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, que van en el mismo sentido.

Resulta desconcertante, por ello, que quienes festejaban el aniversario de la Declaración Universal con frases como "los derechos humanos son de todos", luego se mostraran abiertamente contrarios a la propuesta del Ministro de Justicia, aduciendo los más diversos argumentos.

Se objeta, en primer lugar, que al tratarse de delitos de lesa humanidad no cabe prescripción ni amnistía, sin reparar en que gracias a esa calificación fue que estas personas fueron condenadas. Además, lo que se propone no es que salgan en libertad, sino que cumplan la pena bajo arresto domiciliario. Nadie podría decir que esta forma alternativa de cumplimiento de la pena sea sinónimo de impunidad.

Por otro lado, se sostiene que admitir este tipo de beneficios iría contra la pena de presidio perpetuo efectivo. No se tiene en cuenta que la misma ley que impuso esa sanción permite el indulto del condenado "por el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo". ¿Con cuánta mayor razón debiera acordarse una sustitución de la pena de privación total de libertad por otra en la que esa privación se restringe al domicilio?

Algunas agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos alegan que se trata de delitos gravísimos, cometidos al amparo del poder del Estado y respecto de los cuales los condenados no han colaborado con los Jueces ni tampoco han dado muestras de arrepentimiento.

Pero la mayor o menor gravedad del delito, así como la eventual no colaboración en su esclarecimiento, son aspectos que ya han sido considerados por los Tribunales al momento de dictar sentencia. Si se les niegan beneficios carcelarios sobre la misma base, se estaría incurriendo en una vulneración del principio del non bis in idem , al castigarse dos veces a la misma persona por los mismos hechos.

Más insólito es que se condicione la entrega de beneficios humanitarios al arrepentimiento de los culpables. Si fuera así, estaríamos vulnerando el santuario de la conciencia, como en aquellos regímenes totalitarios que mediante tortura obtenían confesiones públicas de aquellos a quienes querían humillar. Hasta el más infame de los criminales tiene derecho a pensar y a declarar que es inocente.

Por lo que se ve, las razones que se esgrimen son más bien pretextos que encubren una motivación más profunda: la aplicación de la ley del talión, resumida en algo como: "ellos no tuvieron piedad de sus víctimas, ahora tampoco tendremos piedad de ellos". Este sentimiento puede ser comprensible en quienes han sufrido tanto dolor por la muerte, tortura o desaparición de sus seres queridos, pero no es razonable erigirlo en el sustento de una política de Estado en una democracia civilizada que pretende garantizar los derechos humanos de todos.

Tanto Gobierno como Parlamentarios, superando visiones parciales u ofuscadas, y siguiendo las mejores Legislaciones extranjeras, deberían posibilitar la sustitución de la pena cuando la reclusión en recintos penitenciarios no tenga sentido por la ancianidad o enfermedad del condenado. Lo malo es que, como señaló el Ministro Campos, para ello se requiere "coraje", y en eso estamos más bien al debe.

Premio al transgresor,

por Axel Buchheister.

La semana política fue agitada por la muñeca inflable que una entidad gremial regaló en su cena anual al ministro de Economía. Un presente que pretendía ser un “estímulo a la economía” y que generó un escándalo de (des)proporciones, porque constituyó “violencia de género”. Tanto que un partido de oposición presentó una querella por ese delito, a mi entender inexistente, particularmente si se pretende que alcance no solo a quienes regalaron sino a los que recibieron el presente, por no oponerse, cediendo a la creciente tentación de los políticos de ocupar a los tribunales para lograr figuración.

Personalmente no adhiero a la agenda de género ni a ninguna otra que pretenda discriminar positivamente en favor de algunos y que invariablemente terminan postergando a los otros. Porque todos merecen protección y respeto por igual. En este sentido, la muñeca regalada, aparte de una vulgaridad y una ridiculez absolutas, fue una falta de respeto a las mujeres, pero también a los hombres, que son víctimas del estereotipo que harían bien su pega sólo si son sexualmente estimulados. Pero sobre todo, configuró un irrespeto a las autoridades presentes. Un despropósito mayor, tratándose de una organización empresarial, pues el ambiente de orden, acatamiento y respeto -hoy debilitado en Chile- es el mejor para garantizar el crecimiento y la actividad económica.

Si algo llama la atención en el incidente fue la sostenida sonrisa de oreja a oreja que exhibió el Ministro de Economía al recibir el presente y al posar luego en la foto, pues era el directo destinario del maltrato y del desacato. Apenas lo conozco, pero no me imagino que sea una persona que realmente comparta tan sórdida humorada. Más bien parece haber cedido al ambiente de corrección que impera en nuestro país, que exige tolerar todo lo que hagan los transgresores, a los que se asigna el derecho a saltarse normas, buenas costumbres y protocolos, con garantía de impunidad; son los que reciben premio. Claro que mostró impericia al no darse cuenta que en esta ocasión mostrar tolerancia chocaba contra la agenda de género y que, por lo mismo, predeciblemente motivaría gran molestia, incluso en su Jefa directa.

Lo grave es que si el incidente no se hubiere cruzado con dicha agenda, habría pasado desapercibido. De hecho, la misma organización empresarial ya había regalado un “indio pícaro” y a nadie le importó. Quedó con ello dañado el decoro y el prestigio de la autoridad. Y en la reacción en el caso de la muñeca nada se ha hecho por reparar estos últimos, lo que no es indiferente pues profundiza el mensaje que en Chile saltarse todo es lo que vale. Y que los ciudadanos de a pie, aquellos que cumplen, se levantan temprano a trabajar, que respetan a los demás y pagan el pasaje del Transantiago, son los que “dan la hora”. Que hay que ser transgresor y se obtendrá lo que sea.

Más que un político que interponga querellas, hace falta uno que devuelva el regalo al autor y retorne a su mesa a sentarse, en clara señal de repudio. Tengo la sensación que eso -quizás inconscientemente- está esperando la gente. Falta alguno que se atreva.

Quiebre íntimo,

por Max Colodro.

Las negociaciones del reajuste al sector público y el presupuesto 2017 terminaron de distanciar a La Moneda de lo que había sido, hasta ahora, su núcleo incondicional. Así, los Senadores Jaime Quintana (PPD) y Carlos Montes (PS) llegaron a ser en las últimas semanas los insólitos exponentes de una confianza fracturada; encarnaciones de la ruptura final entre un gobierno ya sin fuerzas para mantener en alto sus principales convicciones, y una coalición huérfana de conducción política.

La decisión del Ejecutivo de no ceder en el reajuste al sector público ni aún frente a una prologada paralización, a lo que se agregó después su voluntad de asegurar la glosa presupuestaria de Educación aceptando las condiciones impuestas por la oposición, terminaron desmoronando el último bastión de la Nueva Mayoría. En rigor, ante la demanda de los empleados fiscales el Ministro Valdés decidió privilegiar la responsabilidad presupuestaria, y para impedir que la glosa de la gratuidad universitaria cayera otra vez en manos del Tribunal Constitucional, se aceptó agregar recursos públicos para financiar becas en universidades privadas; es decir, la autoridad se resignó al final a una doble derrota estratégica, concediendo los puntos exigidos por el mercado, en el primer caso, y por la oposición política, en el segundo.

En este escenario, el Senador Quintana afirmó que su lealtad con el Gobierno había tocado techo y el Senador Montes fue aun más lejos: renunció a la jefatura de su bancada y a su rol en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Ambos gestos, señales indesmentibles de su pérdida de confianza y de respaldo a la forma cómo el Ejecutivo está llevando adelante su agenda. En un hecho inédito, la bancada socialista decidió acompañar el desasosiego del Senador Montes, declarándose en un todavía incierto ‘estado de reflexión’.

Todo el torrente de malestar que hoy cruza a los otrora incondicionales es exponente de un elemento bien de fondo: su negativa a aceptar la inevitable capitulación del Gobierno; su dificultad para resignarse a que el grado de debilidad y descrédito del Ejecutivo es de tal magnitud, que la única opción de no terminar con una gestión desfondada en el año que resta, es haciendo concesiones sustantivas a la oposición. En los hechos, más allá de las expresiones de lealtad al programa que todavía subsisten en el oficialismo, es evidente que La Moneda no tiene ya capital político que poner sobre la mesa para impedir la parálisis legislativa. Los sectores de Gobierno que ahora critican los acuerdos con la derecha simplemente no asumen que poseen las mayorías para sacar adelante su agenda, pero que si hoy día no están los votos, es sólo por el efecto de los disensos internos.

La desafección surgida en el corazón de la Nueva Mayoría ha repuesto también las críticas a la conducción política del Ejecutivo, un aspecto que debió quedar zanjado en el último cambio de Gabinete, luego que la Mandatario notificara que, en su opinión, el equipo de La Moneda ‘funcionaba extraordinariamente bien’ A estas alturas, seguir insistiendo en los problemas de coordinación resulta del todo inoficioso; Quintana, Montes y compañía debieran de una vez aceptar que el Gobierno no está en condiciones de hacer nada distinto, y que la única posibilidad de suplir los desacuerdos profundos que hoy recorren al oficialismo, es buscando acercamientos con la derecha.

Sin duda, es toda una ironía que una coalición mayoritaria, nacida precisamente para implementar un programa de transformaciones, deba abocarse en su último año a desplegar acuerdos con la oposición para impedir el fracaso en sus reformas más emblemáticas. Entre otras cosas, hoy el Gobierno tiene claro que la reforma a la educación superior y la desmunicipalización de las escuelas públicas, simplemente no verán la luz, salvo en aquellos puntos donde la autoridad esté dispuesta a hacer grandes y dolorosas concesiones a sus adversarios.

San Nicolás con bigote,

por Tamara Avetikian.

La megalomanía de Nicolás Maduro está superando la de su antecesor y mentor, Hugo Chávez. Si no, cómo se explica que les mandara un mensaje a los niños venezolanos advirtiéndoles que esta "Navidad la tendremos con San Nicolás, pero sin barba sino con bigote". O sea, él se ha transformado en el Viejo Pascuero que entregará regalos, no fabricados en el Polo Norte, sino expropiados a la mayor distribuidora de juguetes de Venezuela. Casi cuatro millones de juguetes requisó el Gobierno a comienzos de diciembre, acusando a la firma de haberlos comprado "con dólares otorgados por el Gobierno con precio preferencial y (pretender) obtener ganancias de 54.000%".

Maduro juega a ser la víctima de una guerra económica liberada por la oposición, el Departamento del Tesoro de EE.UU. y quizás qué otras fuerzas del mal. Nada reconoce de sus desastrosas prácticas económicas, de una política monetaria que tiene al país sin circulante y a los venezolanos tratando de salvar los ahorros guardados bajo el colchón, porque esos billetes de cien bolívares que debían cambiar en el banco ya no tienen valor. Si no es Washington, es Bogotá y las mafias colombianas que acaparan la moneda local al otro lado de la frontera. Todo mal entendido y mal explicado. Maduro está acorralado por su propia inoperancia, pero tiene todo el poder, a los militares (por ahora) de su lado, y todavía a Cuba como su modelo. Maneja a su antojo al Poder Judicial que coartó las atribuciones de la Asamblea Nacional, y amenaza con quitarles el fuero a los Legisladores.

Las cosas en Venezuela van de mal en peor. Poco o nada ha hecho la comunidad internacional, y regional en particular, para defender la democracia y detener las arbitrariedades del chavismo.

Ahí está el caso de Braulio Jatar, el abogado y periodista, nacido en Chile durante el exilio de sus padres, que está encarcelado desde septiembre porque subió a su página web de noticias un video con los cacerolazos de protesta que esperaban a Maduro en un barrio de isla Margarita.

Nos hemos enterado por su hermana, Ana Julia -una destacada economista-, de las deplorables condiciones que ha vivido Jatar en las tres cárceles en las que lo han mantenido. Incomunicado, con apenas cuatro visitas de su mujer e hija, sin recibir a su abogado ni a su médico. "Se le están violando sus derechos humanos como prisionero y el derecho al debido proceso", señala con angustia Ana Julia. Los cargos son "extorsión, fraude, actuar contra el orden constitucional y democrático y legitimación de capitales". Para ninguno de ellos hay pruebas, salvo el último, para el cual, me dice su hermana, se le plantaron dólares en el automóvil, sin demostrar que fueran suyos. El Gobierno chileno, que ha sido benevolente con el chavismo, asegura que ha hecho todo lo posible por liberarlo. Ana Julia ruega que Michelle Bachelet llame a Maduro y le pida que lo "expulse" a Chile. Ese sería un gesto humanitario de la Presidente, que no salvaría a Venezuela pero que daría una señal positiva a la región.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.