El
Presidente Sebastián Piñera, acompañado de los Ministros del interior
Y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, y de la
Secretaría General de la
Presidencia,
Cristián Larroulet, encabezó el viernes
la ceremonia de
promulgación
de la Ley de Elección Directa de los
Consejeros Regionales
(Core),
lo que implica un gran avance pro
Regionalización.
Una
de las imágenes importantes del fin de semana fue, para nosotros, la
del
ariqueño Christian Garin, de 17 años, posando con la bandeja de plata
que
lo acredita como ganador del torneo junior de Roland Garros.
Llamado
a los votantes de la Alianza a no caer en la trampa concertacionista
y a
participar en las elecciones primarias eligiendo al postulante a la Primera
Magistratura
entre Pablo Longueira y Andrés Allamand.
La
Intendencia Metropolitana decretó para hoy alerta ambiental preventiva,
no pueden circular vehiculos no catalíticos
con patentes terminadas en 1,2,3 y 4
ni
se puede utilizar artefactos a leña, se recomienda no realizar actividades
deportivas
al aire libre.
Keiko
Fujimori dice que Humala desea que su padre muera en prisión, la
ex
Presidenciable sostuvo ayer que el presidente Ollanta Humala "nunca
tuvo
la intención" de liberar a su padre, el ex Mandatario Alberto
Fujimori,
después que le negara el indulto
humanitario que solicitó su
familia.
El
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viajó este domingo a Medio
Oriente
para iniciar su primera visita oficial como jefe de Estado a Israel y
Palestina,
con la que pretende colaborar a que las partes retomen la
negociación
de paz.
El
aumento de la seguridad fronteriza y deportaciones en EE.UU. han provocado
que
la población de indigentes aumente en las ciudades fronterizas mexicanas.
Muchos
de los que emigraron vivieron años afuera y ya no tienen a nadie con
quien
contar.
La derecha asustada
por Axel Buchheister.
Una de las constantes que ha solido determinar
a la gente de derecha en nuestro país, es que no se movilizan por la defensa de
sus principios, sino por el temor a que gane la “izquierda carnívora” y le
quite todo lo que tienen. No son capaces de darse cuenta que el mejor antídoto
para evitar esto último, es lo primero. Mientras la amenaza se vea lejana,
dejan transcurrir impávidos los hechos. Es el reclamo que el Presidente de RN
ha reiterado en más de una ocasión y “no se oye padre”; pocos colaboran, y los
que se la juegan, no sólo deben pagar considerables costos personales, sino que
además, sobrellevar el mote de extremistas de parte de su propia gente.
El problema no sólo es ese, sino que el temor
no es buen consejero, como lo prueba que la radicalización de la agenda por
parte de la izquierda ultra ha movido a las huestes de derecha, personas que se
supone sensatas, a elucubrar una solución incoherente para conjurar la amenaza:
no queda otra que ir a votar en la primaria de la Concertación, ya sea por Orrego
o Velasco; todo sea por evitar que salga Bachelet, que ya no es la de antes. No
hay conversación de pasillo o encuentro social en que no aparezca la propuesta,
cual poción mágica.
¿Se puede imaginar algo más absurdo? Que ante
el riesgo de graves cambios, en vez de cerrar filas con los propios, la
reacción sea contribuir con los contrarios a que se materialicen: así tal vez
nos perdonen y egoístamente podamos mantener lo que tenemos, aunque el país se
vaya a buena parte.
Nadie ha podido dar una explicación coherente
de qué es lo que se lograría con eso. Desde luego, los candidatos teóricamente
moderados son dos, de forma que el esfuerzo se divide y la probabilidad de
superar a la candidata de la ultraizquierda es igual a cero (aparte de
imposible a cualquier evento). Además, se contribuiría a abultar la
concurrencia a la primaria de la Concertación y el PC, con lo que la sensación
de victoria de ese conglomerado sería así más fuerte y difícil de revertir en
noviembre. Estos analistas de salón discurren que si se ayuda a los
competidores de Bachelet, no obtendrá una victoria tan amplia y eso es
positivo. Absurdo, porque no se ve que le vaya a hacer mucha mella, pero en
igual medida se estarían potenciando candidatos de dicho conglomerado como
cartas futuras, con lo que a la centroderecha le será más arduo posicionar a
los suyos después.
Y todo, cuando la evidencia apunta precisamente
a que es el momento de tener fe y trabajar, porque la posibilidad existe. Dado
que la primaria concertacionista no ofrece mucho misterio, tanto que la
discusión es quién sale segundo, el incentivo para ir a votar es menor frente a
la que medirá los candidatos de la Alianza, en la que sí hay incertidumbre. La
posibilidad que el voto tenga algún valor para dirimir es, sin duda, una
motivación poderosa para concurrir a expresar preferencia. Un resultado bueno
en asistencia puede marcar el punto de inflexión frente a una candidata que
sonríe mucho, pero que nadie sabe qué significará realmente.
Esta columna no tiene mucha pretensión, salvo
pedirle que si es de centroderecha y no se pone ni tiene nada útil que aportar,
por favor al menos no haga daño o propale insensateces.
Votar bien en las primarias,
por Luis Larraín.
Mucha gente en la centroderecha se pregunta si
no será mejor votar por Andrés Velasco en las primarias de la Concertación en
lugar de hacerlo en las primarias de la Alianza. Otros dicen lo mismo de
Claudio Orrego.
¿Cuál sería la razón para hacer algo así?
Bueno, unos ponderan la seriedad técnica de Velasco y su moderación; a otros
les gusta la cercanía de Orrego en temas valóricos, ya que en cuestiones
económicas y sociales no se diferencia del socialismo. Piensan así debilitar la
opción de Michelle Bachelet, que en ese escenario no tendría un triunfo tan
holgado, lo que la llevaría a moderar sus posiciones.
La verdad es que no tiene sentido hacerlo.
Votar en esas primarias es fortalecer a Bachelet, pues su triunfo igual será
holgado y aparecerá ante la ciudadanía como que la gran mayoría del país está
por esa alternativa y no por la que representa la Alianza. Es impensable que
Bachelet vaya a moderar sus propuestas porque Velasco u Orrego saquen unos
votos más. La fuerza política de ellos es insignificante frente a la de la ex
Presidente.
Hay que votar en las primarias de la Alianza y
hacerlo por Andrés Allamand o Pablo Longueira, para así dar al ganador de esa
instancia, sea Longueira o Allamand, la fuerza para enfrentar con posibilidades
la elección del 17 de noviembre.
Ello es fundamental, no solo por la elección Presidencial
misma, sino también por las Parlamentarias que se efectuarán el mismo día. Dos
fuerzas relativamente parejas permitirán un Congreso equilibrado, que
cualquiera sea el ganador de la Presidencial obligará a un Gobierno moderado
que requerirá contar con votos del perdedor para realizar reformas de fondo.
Si, en cambio, la votación de las primarias
arroja una ventaja abrumadora para la Concertación, producto -entre otras
cosas- de esta equivocada estrategia de la derecha de votar en las otras
primarias, tendremos en la Alianza un candidato debilitado, que llegará con muy
poca fuerza a la elección y será un débil apoyo para los candidatos a Diputado
y Senador.
La próxima semana comienzan los debates Presidenciales
que son una oportunidad para que los candidatos de la Alianza acorten la
ventaja con que parte Michelle Bachelet. El repunte en el apoyo al Gobierno de
Piñera refuerza la idea de que lo que hay que hacer es fortalecer la elección
de la centroderecha. Las incorporaciones de Luciano Cruz-Coke y Joaquín Lavín a
las campañas de Allamand y Longueira también suman.
El desafío de los candidatos de la UDI y
Renovación Nacional es presentar ante la ciudadanía un proyecto para Chile que
sea distinto del que está delineando Michelle Bachelet. Un proyecto que
construya sobre lo que los chilenos han levantado en los últimos veinticinco
años y no que destruya todo lo hecho para ofrecerlo en sacrificio a quienes
vociferan y exigen cambiarlo todo sin entender nada.
Un proyecto que, en lugar de echar por la borda
un modelo que ha sido exitoso, lo reforme en sus aspectos más débiles y
cuestionados, introduciendo más competencia, más movilidad social y más
oportunidades para todos.
Ese proyecto tendrá que contrastarse con la
revolución estatista que promete Bachelet: asambleas constituyentes, fin del
principio de subsidiariedad, nacionalización de recursos básicos, prohibición a
los padres de aportar a la educación de sus hijos, AFP estatal. Ese camino es
el que ha emprendido Venezuela, el que empiezan a seguir Argentina, Bolivia y
Ecuador.
Los chilenos tendrán que optar entre las
políticas de la Alianza del Pacífico, el grupo de países exitosos de esta parte
del mundo integrado por nuestro país, Perú, Colombia y México; o bien por las
del ALBA, el conjunto de naciones que va a los tumbos y ha prestado oídos a la
retórica estatista que escuchamos por estos días acá en Chile.
La radicalización e izquierdización que
Bachelet ha introducido en su campaña, con el objeto de seducir a los llamados
movimientos sociales, es una oportunidad para la centroderecha. Lo que estará
en juego en la elección es una alternativa de cambio moderada versus un giro radical
de la sociedad chilena: el verdadero salto al vacío que significa esta Michelle
Bachelet 2.0.
El momento económico,
por Hernán Büchi.
El proceso electoral -más extenso, por el debut
de las primarias- nos sumerge en un mundo surrealista. Es el momento de gloria
de los políticos. En general, están mal evaluados -el Congreso es el más
castigado-, pero es entre ellos que los ciudadanos deben elegir.
Parece que mientras peor se percibe a la clase
política, más necesitan crear un enemigo a quien culpar y de quien salvarnos.
Paradójico, cuando el caso exonerados muestra cómo algunos de ellos buscan
beneficios a expensas del Fisco. Se ha exacerbado el ataque a la gente de
esfuerzo y a las empresas de que forman parte. También a la Constitución, que
debe precisamente protegernos de las veleidades del asambleísmo y los
vociferantes. No existe sector económico que en cierta forma no esté
cuestionado. Los prestadores de educación y salud, la energía, los bancos, el retail,
la minería, las comunicaciones, los puertos, el transporte, etc., viven serias
incertidumbres ante propuestas cada vez más creativas para imponerles tributos
y cambiar normas que los afectan. Incluso, algunos fallos participan del
proceso con Jueces que han decidido crear o cambiar las Leyes. Si la ruptura Constitucional
se concreta, esto se agravaría exponencialmente.
El progreso económico social de los últimos
años ha sido importante. El Presidente lo destacó en su última cuenta, y
también remarcó la efectividad de su gestión, lo que es, sin dudas, real. Sin
embargo, el desempeño económico tiene un factor de inercia, y no es el Gobierno
el que directamente lo genera, sino los individuos que integran la sociedad. La
efectividad de su tarea creativa dependerá de si el ambiente institucional es o
no propicio. Esto es hoy dudoso y los líderes y el Gobierno son los
responsables. De persistir este ambiente, el costo a pagar en el largo plazo
será importante, e incluso dramático, de triunfar las propuestas más extremas.
En los últimos días hemos sido testigos de dos
hechos que nos deben impulsar a resolver dichas incertidumbres con premura, si
deseamos mantener el ritmo de progreso que la ciudadanía no solo desea, sino
que exige.
Mientras que hasta principios de mayo se
hablaba de que el peso chileno seguiría apreciándose, el dólar cayó por debajo
de los 470 pesos, pero sorpresivamente comenzó junio superando los 500. Se han
dado muchas explicaciones, como una posible baja de la tasa de interés, pero no
debemos perder de vista que se produjo simultáneamente con una depreciación de
casi todas las monedas de países emergentes, especialmente latinoamericanos. El
real brasileño bajó más de un 6%, el sol peruano y el peso mexicano más de un
5%, mientras que nuestra moneda lo hizo en algo menos que eso.
Pero coincidentemente, y también afectando a
los emergentes, los valores accionarios disminuyeron y el costo del crédito,
medido en "Credit Default Swaps ", subió. Chile no es una excepción.
Lo anterior nos recuerda que dependemos del mundo, que hasta ahora nos ha sido
benévolo con financiamiento barato y buen precio del cobre. Este fenómeno
global refleja probablemente el convencimiento de los mercados que se acerca el
fin de la política monetaria excepcional en EE.UU. al normalizarse en cierto
modo su economía. Si ello se une a una economía china más madura y en que los
líderes parecen tolerar menos crecimiento más balanceado y de mejor calidad, el
impacto en Chile será importante, y debemos prepararnos. El precio del cobre no
ha sufrido tanto hasta hoy, pero hay temas de oferta que lo benefician temporalmente.
No se trata de proyectar un escenario catastrófico, pero una simple detención
de la trayectoria de mejoría nos exigirá un esfuerzo relevante.
El segundo fenómeno es la moderación del
crecimiento interno. El Banco Central confirmó que el PIB del primer trimestre
creció 4,1%, lo que es una desaceleración pronunciada respecto al 5,1% del
último trimestre de 2012. A su vez, el Imacec de abril (4,4%) estuvo bajo el
rango esperado, y nos sugiere para el año una cifra en torno al 4,0 a 4,5, muy
por debajo de lo que permite sostener las alzas en empleo y remuneraciones a
que el país parece acostumbrado. Lograr una tasa de 6%, compatible con la
satisfacción de las expectativas en un mundo menos benigno, requiere un gran
esfuerzo adicional. En este contexto, es preciso que en esta campaña la
interacción de líderes y ciudadanos deje a un lado pronto la mirada ideológica
y rupturista y otorgue las certezas indispensables para un progreso real y
perdurable.
El fiasco energético argentino.
por Andrés Oppenheimer.
Un año después de la nacionalización de YPF, la
empresa petrolera más grande de Argentina, lo que muchos temíamos se ha vuelto
realidad: la producción de la compañía está cayendo, sus deudas están
aumentando, y sus directivos acaban de darse un generoso aumento salarial.
Es una película que ya hemos visto muchas veces
-de manera más reciente en Venezuela, Bolivia y Ecuador-, pero el hecho de que
haya tantos Gobiernos latinoamericanos que insistan en medidas
pseudo-nacionalistas que han fracasado en todas partes no deja de ser
sorprendente.
Según los datos oficiales de YPF, la producción
de gas de la empresa cayó 3,7% en el primer trimestre de 2013, mientras su
producción de petróleo cayó 0,7% en el mismo período. En el último año, la producción
de energía de YPF se redujo 0,6%, desde los niveles ya bajos del año anterior.
Eso dista mucho de las promesas de la
Presidente Cristina Fernández de Kirchner de que la estatización de YPF haría
aumentar la producción de la empresa, pondría fin a las importaciones de
energía y permitiría "recuperar nuestra soberanía".
Para empeorar las cosas, un artículo del diario
Clarín de esta misma semana señalaba que la junta directiva de YPF se acaba de
asignar un aumento del 67%. Fuentes de YPF me dicen que, en realidad, el
aumento real fue menor (el cálculo del 67% de aumento surge de comparar los
salarios de este año con los de un período de 9 meses de 2012), pero sigue
siendo significativo para una empresa en apuros.
Es cierto que la decadencia de YPF no empezó
cuando Fernández nacionalizó gran parte del paquete accionario del grupo
español-australiano encabezado por la compañía española Repsol, a principios
del año pasado. La producción de YPF había estado cayendo durante varios años,
y siguió cayendo después de que el grupo encabezado por Repsol la compró en
2008.
Argentina -que antes era un país exportador de
energía- tuvo que empezar a importar hidrocarburos en 2010.
El Gobierno de Fernández dice que Repsol había
"vaciado" YPF, sin invertir en nuevas exploraciones, y retirando
excesivas ganancias. Repsol, a su vez, dice que los controles de precios del Gobierno
asfixiaron sus finanzas, pero que la empresa española, no obstante, invirtió
abundantemente en exploración y descubrió los campos de Vaca Muerta, la reserva
de gas más grande de Argentina.
Repsol está demandando a Argentina por una
cifra que se cree podría alcanzar los US$ 10.500 millones.
En el primer aniversario de la expropiación de
YPF, ocho ex Ministros de Energía de Argentina publicaron una declaración
conjunta denunciando que la política energética de Fernández y su difunto
esposo, Néstor Kirchner, ha sido "consumir irresponsablemente sin invertir
para reponer stocks ".
Como consecuencia, dijeron, Argentina está
produciendo 25% menos de petróleo y 13% menos de gas de lo que producía en 2003
(cuando Néstor Kirchner llegó al poder).
Aunque critican la administración de la empresa
española, los ocho ex funcionarios dijeron que "la expropiación del
paquete mayoritario de las acciones de Repsol el año pasado no ha resuelto el
problema, y va camino a empeorarlo". Debido a que Fernández no pagó por la
expropiación, le resultará difícil al país atraer inversores para la
exploración de petróleo y gas, dijeron.
En un testimonio reciente ante el Congreso de
EE.UU., el experto en energía de la Universidad de Texas Jorge R. Piñón
advirtió que "si se le permite a Argentina implementar estas políticas sin
tener que enfrentar las consecuencias, el Estado de Derecho se verá seriamente
debilitado, y se creará un efecto dominó en otros países
latinoamericanos".
Ahora, el Gobierno argentino está anunciando
triunfalmente que Chevron invertirá en los depósitos de Vaca Muerta (lo que
prueba una vez más aquello de que las empresas petroleras no se guían por la
ideología, sino por la geología). Pero fuentes de la industria dicen que la
inversión de Chevron, si se concreta, será muy inferior a la que necesitará
Argentina para revertir su declive energético.
Mi opinión: Aunque hay casos de empresas
petroleras Estatales que son exitosas, como Statoil, de Noruega, la expropiación
argentina de YPF es un caso de manual de lo que ocurre cuando un Gobierno
populista con pocos contrapesos institucionales nacionaliza una gran empresa.
Uno podría pensar que la mala experiencia de la
estatización de YPF, así como el fiasco de la nacionalización de Aerolíneas
Argentinas, le habrían enseñado una lección a Fernández. Pero mientras escribo
estas líneas, estoy leyendo que Fernández acaba de expropiar la compañía
ferroviaria Tren de la Costa. No hace falta perder mucho tiempo tratando de
adivinar cómo terminará eso.
El puente de Chacao.
Ha comenzado el proceso de licitación del
puente sobre el canal de Chacao, tras un intento fallido durante el Gobierno
pasado. Con 2.600 m de largo y un costo de 740 millones de dólares, sería el
mayor de esta especie en Sudamérica y acortaría el tiempo para cruzar el canal
a unos pocos minutos, en vez de los actuales 20 a 30.
Las discusiones sobre la conveniencia de
construirlo han sido recurrentes desde el Gobierno del Presidente Lagos.
Incluso hoy, su evaluación social solo alcanza -probablemente con cierta
generosidad en los supuestos- la tasa de retorno social que permite utilizar
recursos públicos en proyectos de inversión. Si bien el MOP asegura que deben
agregarse beneficios no considerados en el análisis de rentabilidad social,
como el turismo, lo mismo cabría decir de innumerables proyectos rechazados por
no ser suficientemente rentables. Según expertos independientes, dados los
flujos de tráfico futuros, habría sido mejor esperar algunos años, en especial
porque el sistema de transbordadores actual es eficiente y puntual. En todo
caso, el retraso de varios años del proyecto original es un beneficio social,
ya que ahora se está más cerca del momento óptimo para emprenderlo.
Este proyecto ha atraído a numerosas empresas,
la mayoría de ellas consorcios con mucha experiencia, entre las que se incluyen
compañías europeas, chilenas, coreanas y otras. Además, dos firmas chinas
participan en forma individual. En muchos casos estas últimas realizan ofertas
mejores y de buena calidad técnica. Sin embargo, para ejecutarlas, generalmente
necesitan traer sus propios trabajadores, habituados a sus prácticas e idioma.
Esto podría entrar en conflicto con la Ley chilena, que limita la participación
de extranjeros en una empresa, salvo en casos calificados.
No será una obra concesionada: el MOP la
financiará con sus propios recursos, y no se cobrarán peajes. Al no ser una
concesión, se transparentan los reales costos, y como Hacienda deberá
desembolsar recursos adicionales en futuras renegociaciones del contrato, es
probable que ellas sean menores que respecto de carreteras concesionadas, en
que el público es el que paga. Pero no cobrar peaje parece un error. No hay
razón alguna para que el proyecto no genere ingresos que contribuyan al
mantenimiento y algo al costo de la obra. Otras zonas del país pagan peajes por
sus carreteras y esta excepción no es fácil de explicar. No basta el que sea
una obra Estatal, pues en el pasado las carreteras Estatales tenían peajes.
El puente a Chiloé, por su envergadura y con
una vida útil de cien años, puede transformarse en emblemático del país, y por
eso es importante que su diseño sea elegante. Este factor debería ser un
criterio en la elección del consorcio que lo construya.
Propuesta para convocar a una asamblea
constituyente.
La precandidata Michelle Bachelet encargó a un
grupo de abogados estudiar opciones para reformar la Constitución. El informe
de éstos incluye la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente para
dictar una nueva Carta Fundamental. Esta iniciativa había sido impulsada sólo
por sectores radicales, pero ahora está
siendo considerada como una opción válida, a pesar de que el ordenamiento no
contempla esa opción, lo que significa aceptar implícitamente su aplicación a
través de resquicios que dañarían la estabilidad institucional y sentarían un
grave precedente.
En esos sectores se parte del diagnóstico de
que la Constitución debe ser reemplazada por completo y que existe una crisis
institucional que justificaría cualquier medio para hacerlo. De esta manera,
contradicen un aspecto central del respeto a la institucionalidad, que ha dado
estabilidad y reconocimiento a nuestra democracia, que fue en su momento
destacado por el ex Presidente Lagos, quien, al promulgar las amplias reformas
que se le introdujeron en 2005, indicó que la Constitución ya no nos divide y la
calificó de democrática.
Uno de los principales argumentos a los que
recurren los grupos que proponen el mecanismo de la asamblea constituyente es
su voluntad de erradicar el sistema binominal. Sin embargo, éste no se
encuentra establecido en la Constitución, sino en la Legislación Electoral.
Otra crítica que hacen es que aquélla tendría una serie de “trampas”, entre las
cuales se cuentan Leyes de quórum superior. Pero lo cierto es que este tipo de Leyes
no es una creación de la Constitución de 1980, pues existe también en muchos
países democráticos y responde a una tendencia del Constitucionalismo moderno
que busca proteger a las minorías y garantizar los derechos individuales,
estableciendo controles y contrapesos inherentes a la democracia. Las mayorías
deben Gobernar, pero no pueden aspirar -como ocurrió en las peores épocas de
nuestra historia- a imponer su visión a rajatabla.
Ante la evidencia de que es muy difícil
conseguir las mayorías Parlamentarias requeridas para impulsar los cambios que
desean, estos sectores han diseñado una fórmula que recomienda al Presidente
convocar a plebiscito, obviando el mecanismo de reforma previsto en la
Constitución, con un decreto Presidencial que podría ser impugnado únicamente
por la mayoría de cualquiera de las Cámaras ante el Tribunal Constitucional,
que no lo harían en la eventualidad de que sean controladas por el mismo bloque
que gane en las elecciones Presidenciales. Actuar así significaría emplear un
resquicio que no se aviene con la Constitución, la cual establece que el Presidente
sólo puede llamar a plebiscito para resolver un desacuerdo con el Congreso en
una reforma Constitucional tramitada previamente. Más aún, la Carta Fundamental
dispone que solamente se puede convocar a votaciones populares y plebiscitos en
los casos previstos por ella y que ninguna persona puede atribuirse otra
autoridad que la que expresamente le ha conferido el ordenamiento jurídico.
Así, se trataría de un decreto inconstitucional, impugnable por un cuarto de
los miembros en ejercicio de cualquiera de las Cámaras.
Resulta claramente manifiesto que ese diseño no
tiene base y no puede prosperar, pero es grave que se consideren mecanismos al
margen de la institucionalidad para lograr los objetivos, incluso aquellos que
se alejan de la legalidad vigente y podrían llegar a afectar la estabilidad del
país.
Costos de la incertidumbre.
Revuelo han causado las palabras del Ministro
de Hacienda, Felipe Larraín, en reciente intervención pública, en las que
atribuye a los anuncios programáticos de las candidaturas de la Concertación el
haber causado incertidumbre y afectado la inversión. Esta polémica se produce
cuando la economía nacional revela ciertos signos de desaceleración, que por
ahora están circunscritos a la inversión, sin afectar aún el empleo y los
salarios. Pero si esa tendencia se intensifica, podría hacer que el último año
del mandato del actual Gobierno -que ha cosechado resultados económicos y
sociales tan auspiciosos- terminase decepcionando.
El Ministro sostiene que despiertan desconfianza
los anuncios de asambleas constituyentes, fuertes alzas de impuestos y creación
de empresas Estatales; ello se traduciría en la postergación de proyectos de
inversión. El argumento es plausible, aunque difícil de corroborar. Las
encuestas de expectativas siguen siendo muy positivas. Podría pensarse que la
reciente alza del dólar y la debilidad de la Bolsa obedecerían a un deterioro
por los temores que advierte el Ministro, pero algo semejante se ha observado
en la generalidad de las economías emergentes, lo que sugiere que su causa son
las dudas sobre la marcha de la economía mundial. La afluencia de inversión
extranjera y la creación de nuevas empresas -dos importantes señales de
dinamismo empresarial- siguen batiendo récords. La postergación de proyectos de
inversión en energía y minería -según sus promotores- se debe más a las demoras
en la tramitación de las autorizaciones ambientales que a la falta de interés
por desarrollarlos. Las cifras de inversión suelen reaccionar con largos
rezagos, porque obedecen a decisiones adoptadas con mucha antelación. Sería
sorprendente que ellas reflejaran tan pronto un cambio atribuible a los temores
que puede despertar la "nueva mayoría".
Pero el Ministro Larraín está en lo cierto
cuando advierte que las propuestas de las candidaturas no son inocuas: producen
efectos en las expectativas y, a su vez, estas repercuten sobre la marcha de la
economía. Aunque la advertencia puede ser prematura, más vale que sea tomada en
cuenta por los diferentes comandos Presidenciales. Un clima de incertidumbre
sobre las "reglas del juego" en materia económica, especialmente en
un escenario internacional que puede volverse menos favorable, podría complicar
mucho la vida del Gobierno que será elegido este año.
Desaceleración y tasa de política monetaria.
La sólida posición de nuestra economía ofrece
la oportunidad, no siempre disponible, de evaluar dicho cambio en forma
pausada. Ante la alta incertidumbre, lo más conveniente parece ser esperar a
que la economía primero ajuste su rumbo...
El Imacec para abril (4,4%) se sumó a la serie
de cifras que confirman ese menor dinamismo. La expansión se ubicó en el límite
inferior de las expectativas y ha llevado a algunos a anticipar que el
crecimiento en 2013 estaría bajo 4,5%, el menor considerado hasta ahora por los
expertos.
Este pesimismo ha sido avalado, además, por los
malos resultados de las utilidades de las empresas en el primer trimestre de
2013, reportadas recientemente por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Pese a que los ingresos crecieron en 4,2%, el aumento de los costos, sumado a
la mayor base tributaria sobre las ganancias -como consecuencia de la reforma
tributaria de 2012-, explican la caída del 2,7% en las utilidades en
comparación con el primer trimestre de 2012. Además, el sector minero es el que
aparece más afectado, enfrentando caídas superiores al 30% en sus utilidades,
básicamente por los importantes incrementos en los costos de mano de obra y
energía.
Mayor incertidumbre mundial y nacional.
Quizás más preocupante que los aumentos en los
costos de producción es la creciente incertidumbre interna y externa, que se
está convirtiendo en un factor clave en nuestro menor dinamismo,
particularmente en sus efectos sobre la inversión.
En el frente externo, la sexta caída consecutiva
trimestral del producto en Europa, la anticipación del término de la expansión
monetaria (QE3) por la Reserva Federal de EE.UU. y los débiles datos de China
en manufactura y servicios para mayo -que incluso llevaron a algunos bancos de
inversión a sugerir dejar las posiciones en ese país-, evidentemente son
factores que han repercutido y seguirán repercutiendo en el crecimiento
chileno. La economía mundial aún no logra dejar atrás su "fuerte
gripe", y la volatilidad de las cifras así lo refleja.
En lo interno, la creciente incertidumbre por
el polarizado ambiente electoral no ayuda a mitigar los efectos de lo anterior.
La poca claridad en las propuestas económicas de los candidatos a la
Presidencia y la reaparición de viejos eslóganes que se creían extintos,
inevitablemente afectan la confianza en nuestro futuro de los inversionistas y
del sector privado. La propuesta de una AFP estatal por la candidatura de
Bachelet es un claro ejemplo: sin un sustento técnico sólido, una propuesta
semejante no puede sino interpretarse como un retroceso en nuestro exitoso
modelo de desarrollo.
Es de esperar que los debates Presidenciales
empujen a una clarificación de las reales posiciones de los distintos
candidatos. A esta fecha, la discusión programática en materias económicas no
ha ido más allá de lugares comunes, y el goteo de propuestas acrecienta las
dudas sobre nuestro rumbo. Al parecer, los años de crecimiento económico han
hecho olvidar a la clase política la importancia de dar señales claras a los
agentes económicos.
Debate por la tasa de política monetaria.
Las últimas semanas no han sido sosegadas para
los consejeros del Banco Central. La combinación de baja inflación e incipiente
desaceleración ha llevado a muchos especialistas a plantear la necesidad de que
el instituto emisor revise a la baja la tasa de política monetaria (TPM) desde
el actual 5%, que se ha mantenido inalterado desde febrero de 2012, cuando bajó
10 puntos base.
Así lo demuestran las tasas de interés por
operaciones swap, que esta semana se redujeron, apostando a un nivel de 4,5%
para la TPM al final de 2013. Un fenómeno similar se observó en las tasas de
los bonos a 2 y 10 años del Banco Central. En el primer caso, la tasa de
interés cayó de 5,12% a 4,94% en el último mes, y en el segundo, de 5,23% a
5,14% en ese mismo período.
Sin embargo, nuestra situación macroeconómica
sugiere que las autoridades del instituto emisor tienen algo de espacio antes
de resolver reducir la TPM. Por una parte, el Imacec de 4,4%, si bien menor que
el esperado, sigue siendo positivo en el contexto global. Adicionalmente, el
consenso entre los expertos sugiere que la menor expansión es -al menos en
parte- el resultado de la mayor incertidumbre, que puede desvanecerse en los
próximos meses, revirtiendo el actual pesimismo y llevando a Chile a retomar la
senda de alto crecimiento.
La situación de la cuenta corriente es otra
variable que resulta preciso incluir en este análisis. Una brusca baja de la
tasa rectora de la economía generaría presiones por profundizar el ya abultado
déficit, que supera el 4% del producto. A esto hay que agregar la alta
volatilidad del tipo de cambio que ha acompañado a su reciente tendencia
alcista. La caída del cobre y el temor de los mercados al término de los
estímulos en Estados Unidos explican el fortalecimiento del dólar, situación
que, de continuar, puede crear presiones al alza en los niveles de precios.
Así, si bien la nula variación en el IPC en
mayo confirma que no existen indicios de un eventual brote inflacionario,
parece prudente dar algo más de tiempo para evaluar la real profundidad del
proceso de desaceleración. Es de recordar que no hace mucho se especulaba en
torno al sobrecalentamiento de la economía y la necesidad de enfriarla. Pues
bien, la desaceleración se ha producido. Ahora hay que darle tiempo a la
economía para que se ajuste a las nuevas condiciones y entregue mejores señales
de su dinámica en el corto y mediano plazo.
Exonerados: Lecciones para el Congreso.
La reparación a los chilenos que habían perdido
sus empleos por razones políticas fue una de las medidas de mayor consenso tras
la llegada de la democracia. Pero lo que en su minuto pareció un acto de Justicia,
en los últimos años se ha visto envuelto en un manto de dudas, a medida que se
confirma un número importante de beneficios entregados de manera irregular.
¿Cómo una iniciativa difícilmente discutible derivó en esta situación?
Acuerdos amplios. Tres Leyes han regulado este proceso:
una primera, promulgada en 1993 y que fijó los requisitos y los beneficios, y
dos posteriores (1998, 2003), que principalmente ampliaron los beneficiarios y
plazos de postulación, y rebajaron las exigencias. Adicionalmente, en 2006, se
aprobó una Ley que otorgaba un bono a los exonerados políticos (en torno a los
$3 millones por persona, de acuerdo a franjas etarias).
La búsqueda de reparación generó extendidos
consensos en su momento, pese a que el espectro de personas incluidas fue tema
de debate. En resumen, se acordó definir como exonerado político a aquellos ex
funcionarios de la administración pública, de las empresas del Estado, de las Municipalidades,
de las universidades del Estado y del Banco Central, que hubieran sido
desvinculados por motivos políticos. Además, se incluyó a los que trabajaban en
empresas donde el Estado hubiese tenido más del 50% del capital (es una extensa
lista de 1.500 instituciones, donde están desde Ambrosoli hasta radiotaxis y
viñas). Y se pedía postular con antecedentes que acreditaran relación laboral y
término de funciones, además del relato y prueba de los motivos políticos que
fundaron el despido (recortes de prensa, antecedentes judiciales, declaraciones
juradas, etc.). Más de 250 mil personas solicitaron ser reconocidas.
Surgen las dudas. Ya en la década pasada empezaron a
surgir sospechas de posibles irregularidades en la ejecución de estas Leyes.
Advertencias de algunos de los propios exonerados primero, investigaciones
periodísticas luego y las denuncias realizadas por el actual Gobierno,
finalmente, instalaron el tema en la agenda. Ello dio pie a una comisión
investigadora en la Cámara. Su labor tuvo algo de decepcionante: si bien
confirmó la existencia de graves anomalías, escasamente profundizó en un punto
central, cual es el rol jugado por Parlamentarios que extendieron masivamente
certificados acreditando la condición de exonerados sin tener suficientes
antecedentes.
Ahora, tras el remezón suscitado por el último
informe de Contraloría, el asunto vuelve a tener réplicas en el Congreso: Diputados
oficialistas han presentado un proyecto que facultaría al Presidente para
cortar de inmediato beneficios mal otorgados y evalúan reabrir la comisión
investigadora. Además, los casos de Congresistas que reciben pensiones de
exonerados generaron en estos días agrios enfrentamientos en la sede Parlamentaria.
¿Qué aprender? Pero, aparte de eventuales actuaciones
irregulares o negligentes, hay otro factor determinante en lo ocurrido: las
debilidades de una legislación bienintencionada, pero que dio espacio al abuso.
Revisarlas entrega algunas lecciones.
Por ejemplo, que es clave precisar con rigor
las exigencias al momento de otorgar beneficios de cualquier tipo. En este
caso, las normas sucesivas fueron relajando las pruebas requeridas, al punto
que en una de ellas se pide "cualquier tipo de documento que aparezca
debidamente justificado". Ambigüedades de este tipo se prestan (tal como
ocurrió) para la discrecionalidad.
Segundo, corresponde evaluar anticipadamente la
recarga que suponen este tipo de Leyes -de entrega de beneficios- en el
funcionamiento del aparato Gubernamental. La revisión de antecedentes tan
amplios como éstos implica dedicación de tiempo y recursos, además de adecuada
supervisión; de lo contrario, queda abierto el campo al aprovechamiento. En
este caso, la norma operó a través de sucesivas delegaciones que dejaron toda
la tarea en manos de la Oficina de Exonerados del Ministerio del Interior y del
Instituto de Previsión Social (ex INP), los que terminaron evidentemente
excedidos. Así se explican situaciones de desprolijidad como aceptar casos de
personas que trabajaban en empresas que no estaban intervenidas al momento del
despido, o que eran menores de edad. Al respecto, el Contralor, exponiendo ante
los Parlamentarios, hacía notar que "el Ministerio no tenía una
arquitectura jurídica" para responder a la Ley ni tampoco suficiente
"musculatura" para la tarea.
Este problema de asignar funciones pero no
contemplar los recursos para cumplirlas es recurrente a la hora de legislar.
El caso, por otra parte, advierte de la
urgencia de fortalecer la institucionalidad para la revisión del impacto de las
leyes (la Cámara de Diputados, a través de un Departamento de la Evaluación de
la Ley, ha dado algunos pasos, todavía insuficientes). Con una evaluación de este
tipo, los casos de irregularidades habrían salido a la luz mucho antes,
permitiendo adoptar resguardos en las sucesivas tramitaciones de proyectos
vinculados al tema. En este sentido, y como lección general, establecer un
sistema aleatorio de chequeo de antecedentes y de beneficios entregados, a
cargo de un órgano externo, debiera ser clave para todas las legislaciones de
corte social que se implementarán en los años que vienen. Y es que nunca hay
justificación para que recursos de todos los chilenos terminen en manos de
personas a las que no les corresponden y que acceden a ellos aprovechándose de
las debilidades de un sistema.
Una carta para meditar.
Señor Director:
No disparen al mensajero.
«Matar al mensajero» parece ser la consigna de
quienes descalifican a la Ministro Matthei y al Subsecretario Ubilla, ante la
imposibilidad de explicar al país por qué un grupo de Legisladores de la
Concertación entregó certificados de «exonerados políticos» a miles de personas
que no tenían esa calidad y que, no obstante, han recibido más de 29 mil
millones de pesos en perjuicio del patrimonio del Estado.
Algunos Parlamentarios se excusan diciendo que
otorgaron esos certificados actuando de buena fe o que fue una equivocación. Es
cierto, se puede tropezar dos y hasta tres veces con la misma piedra, ¿pero
cientos o miles de veces?
Quien combate la corrupción no daña a la
política. Al contrario, la dignifica.
Jacinto Gorosabel.
Información importante:
Para conocer su local
de votación y si ha sido nominado como vocal de mesa o como miembro del Colegio
Escrutador en las primarias del 30 de junio de 2013, ingrese con su número de
RUT a página del Servicio
Electoral.
Imagen de nuestra historia reciente:
Imagen
imborrable del desabastecimiento provocado por la unidad popular
por
sus malos manejos económicos y su afán totalitario de doblegarnos por
el estómago.
Es del caso recordar que el caos y la violencia de esa época
fueron
creados por los que hoy apoyan a Michelle Bachelet.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
