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martes, 22 de enero de 2013

Temas importantes para las meditaciones a media semana…

Piñera visitó las instalaciones donde se realizara la cumbre  de
 la Celac-UE, en Espacio Riesco, donde destacó que buscarán construir una
alianza para un desarrollo sostenible con énfasis en la inversión.
Benedicto XVI se reunió con el Vicepresidente de la Conferencia
 Episcopal Venezolana y Presidente de Caritas de América
Latina y El Caribe, José Luis Azuaje, oportunidad en que
 llamó a los venezolanos a que ´’Tengan confianza, Dios los
ayudará’.
  


Algunas curiosidades de los DD.HH. en Chile.
por Leónidas Montes.


A raíz del debate en torno a la violencia en La Araucanía, en una entrevista, Lorena Fries, Director del Instituto de Derechos Humanos, plantea que, “cuando se habla de derechos humanos, hablamos de ciertas garantías y atributos que el Estado debe respetarles y reconocerles a las personas. Quien viola los derechos humanos es el Estado. Por lo tanto, incendios u homicidios son delitos entre particulares...”. Para un lego en la materia, esta afirmación puede parecer sorprendente: el brutal y cobarde crimen del matrimonio Luchsinger-McKay no sería un caso de DD.HH. Pero técnicamente es así. Y hay buenas razones para ello. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se tomó conciencia de que el Estado, que tiene el monopolio de la coerción legítima, podía cometer atrocidades que requerían ciertas normas internacionales de DD.HH. Aunque legalmente esta definición está en lo correcto, moralmente es, a lo menos, discutible. ¿Cómo les explica usted a los hijos y familiares que el acto terrorista que terminó con los cuerpos de sus padres calcinados no sería un caso de DD.HH.?



Este caso particular tiene otra componente moral. Las imágenes a veces lo dicen todo. Martín Cárcamo fue detenido por conducir después de beber. No le hizo daño a nadie. Simplemente fue sorprendido manejando con unas copas de más. Al enfrentar su juicio, entró a la audiencia esposado, abatido y cabizbajo. Naturalmente, su rostro delataba arrepentimiento. En cambio, Celestino Córdova Tránsito fue detenido por participar en el brutal asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay. Emperifollado con una camisa que sería la envidia de Evo Morales, sin esposas, entró a la sala con su puño izquierdo en alto. Su rostro no daba señales de arrepentimiento. Sólo transmitía un orgullo glacial. El contraste habla por sí solo.



En resumen, plantear que los Luchsinger-Mackay no serían víctimas de DD.HH. sería técnicamente correcto. Pero si aplicamos el sentido común, ellos, como tantos otros, efectivamente fueron víctimas de los DD.HH. Y de un acto terrorista. Negarlo sería, como me dijo un amigo por quien siento especial admiración intelectual, “una cruel pedantería academicista”.



Oswaldo Payá fue a un colegio católico. Fue el único estudiante que se opuso a formar parte del Partido Comunista. Cerraron ese colegio. A los 17 años, fue condenado por tres años a trabajos forzados en la Isla Pinos. Cumplida la pena, estudió Física en la Universidad de La Habana. Las Autoridades lo echaron por seguir siendo católico practicante. Vivió o, mejor dicho, sobrevivió en Cuba promoviendo la libertad y las elecciones democráticas. Hace sólo seis meses murió en un misterioso accidente automovilístico. En su vida había recibido muchas amenazas. Su hija, Rosa María Payá, está convencida de que la muerte de su padre no fue casual. Quiere estudiar en Chile. Pero no la dejan salir de Cuba. Este parece ser otro caso de DD.HH. Pero el Presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, refiriéndose a la situación de Rosa María Payá, declaró públicamente, con total desparpajo, “que entre o salga me da lo mismo”. Hubiera esperado esto de algún dirigente comunista —algunos en el PC todavía siguen recitando la “Oda a Stalin” de Pablo Neruda junto a un caldillo de congrio—, pero que el PS chileno no haya evolucionado es realmente sorprendente. Y muy contradictorio. Los DD.HH., como principio moral universal, se aplican a todos en todos los países, y no a unos pocos, en algunos países.



En otro caso de DD.HH., el destacado empresario Max Marambio, en una entrevista, describe la persecución que ha sufrido desde que se cerró y confiscó su empresa en Cuba. La empresa fue intervenida y sus empleados, detenidos. El gerente general de Río Zaza, después de ser interrogado, murió. Marambio ha sido acosado y perseguido por el Gobierno cubano. Tampoco han respetado los fallos internacionales que favorecen su causa. El mismo Marambio estima que hay en juego unos 200 millones de dólares. En resumen, una verdadera pesadilla. No obstante, resulta notable que quien considerara a Fidel Castro como su padre recién ahora se dé cuenta de que no se respetan los DD.HH. en Cuba. Estas son sólo algunas peculiaridades de nuestra concepción de los derechos humanos.



Limpieza étnica,
por Joaquín Fermandois.


El conflicto mapuche posee dos caras. Una es la faz violenta que se ha desarrollado por 20 años sin que se divise término, una especie de Afganistán criollo de baja intensidad, aunque temible con el paso del tiempo, como se ha visto con saña espeluznante en el caso del matrimonio Luchsinger. La otra cara es lo que aparece como la causa profunda en interpretaciones ya sea meditadas o superficiales: los restos de la Guerra de Arauco; la República en el siglo XIX; el menosprecio y sentimiento de discriminación en el siglo XX, aunque no sin mejoras significativas; todo ello conviviendo con la fraseología acerca del "valiente araucano".



Lo que nos urge ahora es tratar la primera cara, la violenta, para que no se nos confunda con la otra. Desde hace 20 años se prepara en la zona lo que en buen romance contemporáneo se llama "guerra de insurgencia". Ella no es fruto de una "deuda histórica", sino que del desarrollo de ciertas ideologías contemporáneas. A toda sociedad humana le es y le será inherente algún tipo de desgarro. Lejos de ser una contrariedad, es aquí donde reside la gracia de lo humano. O se confronta y se responde el desafío; o abrimos más y más la herida, con el secreto afán de hallar el hilo de la madeja que permita pulverizar "al sistema". Esta es la razón final que siempre ha movido a los extremismos de toda laya, desde los nazis hasta Pol Pot, pasando por la utopía guevarista en Bolivia y Sendero Luminoso en Perú (a veces sus enemigos los imitan y empeoran las cosas). En los casos que llegaron a triunfar y a modelar sus países con las consecuencias de todos conocidas, los supervivientes se preguntaron después ¿cuál de los problemas que existían podía justificar lo que hicieron? La respuesta es y será invariablemente: ninguno.



En el caso del terrorismo larvado (eso es lo que es) de La Araucanía, ¿cuál es el objetivo a mediano plazo? Está bien claro, "limpieza étnica", barrer con los criollos, la vasta mayoría de la población. Que en términos étnicos, ni los criollos son "puros" ni hay mapuche que no provenga de algún tipo de mestizaje biológico o cultural, deja impávidos a los que intentan perforar la grieta y convertirla en conflicto desatado.



En nuestro mundo mapuche (semimapuche sería más exacto) existe además un factor internacional. Este tipo de conflicto se ha vuelto más central en la política mundial, al menos en comparación con el siglo XX. Y por añadidura "causas" como la de los grupos violentistas y separatistas atraen apoyo transnacional. Muchos europeos, deseosos de aventuras que la Europa cansada de sí misma -entregada a un spleen sin lustre- ya no les ofrece, hallaron aquí una nueva Legión Extranjera.



¿Qué hacer? Lo primero, el punto uno de todo sano manual de contrainsurgencia, es cercenar el cordón umbilical de los terroristas con la comunidad de la que pretenden hacerse portavoces, el mundo mapuche -que por lo demás es parte de la sociedad chilena-, y con el cual debemos fusionarnos en un esfuerzo cultural de largo aliento. Del mismo modo, al identificar fehacientemente a los violentistas se verá que constituyen una ínfima minoría. El problema urgente en este momento es conjurar un proyecto terrorista con armas políticas, aunque sin llegar al extremo -que sucede- de desalentar a las fuerzas de orden.



A la política de Estado le es inherente un monopolio de las armas, a las que en lo posible sólo se las debe emplear de manera simbólica. Y la justicia no debe ni desamparar a la gente, ni impedir una salida política llegado el caso, una vez alcanzada la paz (que es el sentido de las amnistías). Pero que no se espere que no haya costos si se incita o se recurre a la violencia.



La derecha de Novoa,
por Eugenio Guzmán.


El reciente libro de Jovino Novoa no ha pasado desapercibido, particularmente por las críticas que dirige al Gobierno. En especial, porque señala que la agenda de éste, con iniciativas como las reformas tributarias, ha estado centrada en temas distintos de los que la centroderecha ha promovido durante los últimos 20 años. Pero, sobre todo, Novoa cuestiona cierta vergüenza en la defensa de los méritos del modelo de economía de mercado y debilidad frente a la impronta de las llamadas “redes sociales”.



En toda esta polémica la reacción del Ejecutivo el día jueves ha sido crucial, a lo que se agrega el que mediáticamente la búsqueda de fuentes de conflicto es lo que parece más atractivo. Pero la verdad es que no es primera vez que el senador, entre muchos otros, ha planteado este tipo de cuestionamientos, y en consecuencia parece exagerado hablar, como algunos lo han hecho, de una «crítica devastadora».



Más allá de eso, lo que importa destacar es el contenido del trabajo de Novoa. El plantea tres ejes centrales de lo que podemos llamar el ethos de la derecha. En primer lugar, que la libertad es uno de los motores fundamentales del desarrollo, sea éste económico o social, y que, en consecuencia, lo que debe brindar un gobierno son mayores espacios para el ejercicio de ella. La promoción de la libertad supone incentivar la responsabilidad individual por sobre la colectiva en los proyectos que cada persona desee llevar a cabo, y de este modo evitar el vértigo y tentación de imputar a otros los resultados de nuestras acciones. Esto, ciertamente, supone que el Estado está al servicio de individuos adultos, dotados de cierta autonomía de acción. Lo contrario es un “Estado paternalista” que libera a las personas de la responsabilidad por sus acciones.



Un segundo principio tiene que ver con el hecho de que no todos cuentan con las mismas capacidades; no obstante, la consecución de una vida social armónica exige que auxiliemos a quienes necesitan de nuestra ayuda, lo cual se expresa de diversas formas, pero que desde un punto de vista político tiene que ver con las virtudes cívicas. Ello no guarda relación necesariamente con una visión igualitaria per se, como la que se expresa en el proyecto socialdemócrata, sino con la idea de que el rol del Estado es subsidiario. La promoción de políticas de gratuidad universales no encaja con este principio: ellas pueden ser altamente injustas, ya que no todas las personas son sujetos de auxilio permanente, y en algunos casos no se justifica su universalidad. En cambio, las políticas universales están enviando un mensaje que libera a las personas de la responsabilidad de ayudar a otros.



Finalmente, un tercer principio tiene que ver con el sentido del gobierno. En efecto, la política adquiere su significado crucial en la medida en que a través de ella es posible ordenar y conciliar los deseos y aspiraciones de las personas, a través de medios pacíficos. Transformar la política en caja de resonancia de lo que una “mayoría” circunstancial demanda es renunciar a la política, sustituyéndola por la demagogia y el populismo. En definitiva, es renunciar a la responsabilidad. El rol de la autoridad es el de velar por sus instituciones, las que si bien pueden ser cambiadas, ello exige una mirada de largo plazo y no simplemente lo que electoral o popularmente conviene. Un drama permanente del político es cómo combina la responsabilidad y la popularidad. No obstante, por contraintuitivo que parezca, los electores también premian la convicción, claridad y responsabilidad.



Lo anterior no pretende ser una síntesis del libro. Lo interesante es que abre un debate a temas como los mencionados y otros que, por razones de espacio, no se han podido abordar, pero que la lectura del mismo permite.



Pueblos originarios, reconocimiento y alcances.


Si bien se produce en el contexto de un país aún impactado por los últimos hechos de violencia en La Araucanía, el anuncio Gubernamental de impulsar con máxima urgencia la tramitación del proyecto que otorga reconocimiento Constitucional a los pueblos indígenas no es más que la ratificación de un compromiso programático del Presidente Piñera. En los hechos, se buscaría destrabar un texto en trámite desde 2007, el cual refunde sendas propuestas de un grupo de Senadores RN y del Gobierno de la ex Presidenta Bachelet. En torno a esta iniciativa ya hubo un primer acuerdo político que permitió en 2009 lograr de modo casi unánime (por 24 votos a uno) su aprobación en general por parte de la Cámara Alta. Sin embargo, distintos sectores hicieron notar entonces discrepancias sobre puntos específicos de ese texto, las que hasta ahora no habían logrado ser salvadas. La falta de un reglamento que norme los mecanismos de consulta indígena que impone el Convenio 169 de la OIT ha sido otro obstáculo para el avance del proyecto.



Con sus palabras de ayer, el Mandatario expresa la voluntad de superar tales dificultades respecto de una iniciativa cuya reivindicación ha sido uno de los puntos centrales presentes en el diálogo que el Ejecutivo viene desarrollando en torno a la situación en La Araucanía. Se trata de un tema de larga controversia, como lo prueba la forma en que se ha dilatado su discusión. Y es que lo que constituiría un gesto importante del Estado en cuanto a asumir su diversidad cultural y entregar una necesaria señal de dignificación hacia las etnias originarias, suscita también dudas respecto de sus eventuales alcances en materias como el carácter unitario del mismo Estado y la igualdad de todos los chilenos ante la Ley. Frente a tales dilemas, el acuerdo de 2009 ofreció una salida en general razonable, partiendo del principio —acertadamente explicitado por el Tribunal Constitucional a propósito precisamente del convenio 169— de que el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas alude a un conjunto de personas que poseen en común características culturales propias, pero que no constituyen un ente colectivo autónomo entre los individuos y el Estado, descartando así que tal noción pueda dar pie jurídico a reivindicaciones de autonomía política. En ese entendido, el texto en cuestión hace hincapié explícito en el señalado carácter unitario del Estado chileno, reconociendo al mismo tiempo los derechos de los miembros de tales pueblos a participar en la vida nacional y a organizarse de acuerdo a sus costumbres, en la medida en que ello no contravenga la Constitución y las leyes.



La discusión que antecedió a la votación del acuerdo de 2009 también permitió identificar discrepancias. Una de ellas es si cabe hablar de «derechos de los pueblos originarios» en cuanto tales o si estos derechos —como lo recogió el texto aprobado— corresponden a sus comunidades, organizaciones e integrantes, lo que parece más acorde con la naturaleza de nuestro ordenamiento jurídico, pero es rechazado por algunos movimientos indigenistas. En un plano más práctico, la situación del agua y la posibilidad de reconocer constitucionalmente una suerte de derecho ancestral sobre ella generó también fuerte discusión, por los evidentes conflictos a que ello pudiera dar origen.



Con todo, transcurridos más de tres años desde ese debate, y habiéndose hecho evidente en esa oportunidad, que, más allá de tales discrepancias, existen suficientes acuerdos para avanzar en esta materia no cabe sino retomar ese esfuerzo, tal como lo ha planteado el Presidente. Por cierto, hoy resulta claro que en esta discusión deben jugar un rol activo las propias comunidades, no sólo debido a las obligaciones que impone el 169, sino también para asegurar la viabilidad de la iniciativa.



TV digital: riesgos para libertad de programación
por Jorge Jaraquemada y Constanza Hube.


El Tribunal  Constitucional acaba de pronunciarse en contra de una norma que buscaba prohibir el “rating on-line”, a propósito del proyecto de Ley que regula la introducción de la televisión digital terrestre en el país. Más allá de este tema ya zanjado, nos parece que existen otros aspectos en el proyecto de Ley, cuya constitucionalidad es cuestionable y que vale la pena debatir.



 Uno de ellos es la modificación del criterio de “correcto funcionamiento”, que indica los valores que deben respetar todos los canales de televisión en su programación y que ya fue votada favorablemente por una mayoría en la sala del Senado. Esta modificación introdujo una precisión de lo que se entenderá por pluralismo que -más allá de incluir conceptos por antonomasia debatibles, como “identidad de género”- invierte el mandato legal de respetar valores por el deber de promover en sus contenidos los “principios” con los que define pluralismo, excluyendo aquellos que atenten contra esas definiciones.



¿No hay aquí una flagrante vulneración de la libertad de programación de los canales que la Constitución les garantiza expresamente? Es decir, se afecta la línea editorial de los canales imponiéndoles la obligación de efectuar acciones positivas para promover ciertos “principios” y se entrega al Consejo Nacional de TV la facultad de sancionarlos -incluso con la caducidad de la concesión-, si es que no aciertan en promover cierta visión de sociedad, contradiciendo incluso la idea misma de pluralismo.



Otro aspecto es el que dice relación con las campañas de utilidad pública. En la actualidad, no existe la obligación de los canales de transmitir estas campañas (aunque en la práctica lo hacen), situación que cambia diametralmente en el proyecto de Ley. Esto implica que los canales podrán ser obligados a emitir mensajes que pueden ser claramente incompatibles con su línea editorial. Esta intromisión del Estado en su libertad de programación afecta el derecho a emitir opinión e informar y la libre iniciativa en materia económica que garantiza la Constitución. Además, constituye una discriminación arbitraria, ya que esta obligación sólo se establece para los canales de TV abierta y no para otros medios de comunicación.



Un tercer aspecto del proyecto de Ley, cuestionable desde su constitucionalidad, es la obligación para los postulantes a un concurso público de otorgamiento de una concesión de televisión, de presentar una declaración relativa a la orientación que tendrán sus contenidos programáticos. Esta innovación resulta preocupante, ya que se pasa de un estatuto de otorgamiento de concesiones exclusivamente basado en razones técnicas, a otro donde también se considerará el mérito de los contenidos, lo cual se puede prestar para una discrecionalidad muy riesgosa en un ámbito tan sensible como es la libertad de expresión, particularmente, la libertad que tienen los canales de televisión para definir su línea programática.



La llegada de la televisión digital debiera estar al servicio de las personas para entregarles más libertad, pero algunos aspectos de este proyecto no van en esa línea, sino más bien pretenden configurar una nueva forma de injerencia estatal.



Encrucijada democrática en Italia.


Mario Monti tiene una difícil tarea antes de las elecciones Legislativas en Italia, el 24 y 25 de febrero. El Premier, encumbrado hasta ese cargo por sus credenciales de excelencia tecnocrática, debe conseguir que su coalición de centro obtenga suficiente apoyo electoral como para hacerse un socio imprescindible del Partido Democrático (PD, centroizquierda), el probable ganador de los comicios.



Quizás así, él sea nombrado Presidente (es Senador vitalicio) y pueda seguir desde el más alto cargo la dirección que toma Italia, enfrentada a una crisis económica que la ha tenido en recesión y al borde de un rescate de la Unión Europea.



Desde que renunció y llamó a elecciones, Monti perdió su aura mágica de tecnócrata y es visto como un político más, ya no como el economista que aplicaría las medidas de ajuste para salvar a Italia de la crisis. Este cambio de piel desilusionó a muchos italianos que desconfiaban de los políticos tradicionales. Mantiene el respaldo de quienes no quieren que Pier Luigi Bersani, el líder del PD, ni menos Silvio Berlusconi, dirijan el Gobierno. Entre sus incondicionales se encuentran grupos empresariales, liderados por el Presidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, y diversos movimientos de centroderecha, entre ellos los democratacristianos.



El abanico de partidos, movimientos y coaliciones participantes en las elecciones es amplio y diverso, y poco tiene que ver con las antiguas formaciones políticas. Aparecieron nuevos nombres que han sustituido a los viejos conglomerados que terminaron sus días tras los procesos de los años noventa conocidos como Mani Pulite , en los que Jueces italianos destaparon una serie de escándalos de corrupción que dejaron a la clase política completamente desprestigiada. Desde ese momento, el afán por crear agrupaciones frescas llevó a que muchos de los viejos partidos no solo mudaran nombres, sino también liderazgos e idearios. Emergieron otros totalmente nuevos, varios de poca vida, pero algunos, como el Pueblo de la Libertad, del carismático Berlusconi, mantienen su vigencia a pesar de los tropiezos.



La bonanza de la centroizquierda.
Bersani y su Partido Democrático (entre 33 y 35 por ciento en encuestas) están por ahora seguros de la victoria y de su capacidad para encabezar el próximo Gobierno. El PD representa a la socialdemocracia clásica europea, que tiene pocos componentes del viejo socialismo liderado por Bettino Craxi. Bersani es un europeísta convencido, que está dispuesto a seguir los lineamientos que le ha impuesto a Italia la Unión Europea. No requiere demasiada presión para hacer lo necesario para que el país salga de la crisis y siga en la eurozona. El problema de Bersani es que sus socios de Izquierda, Ecología y Libertad (SEL, por su sigla en italiano, liderada por Nichi Vendola) lo instan a alejarse de los programas de ajustes demasiado exigentes. Se dice que el PD bien podría llegar a una alianza postelectoral con la lista de centro que apoya a Monti (13,7 por ciento de las preferencias). Por ahora han negado cualquier acercamiento, un acuerdo que a Bersani podría costarle la ruptura con SEL.



En la extrema izquierda, el viejo Partido Comunista Italiano, prototipo del eurocomunismo, ha tenido varias metamorfosis y otras tantas escisiones. Hoy sobreviven Refundación Comunista (PRC), liderada por Paolo Ferrero; el Partido de los Comunistas Italianos (PDCI, que dirige Antonio Cuffaro), y el trotskista Partido Comunista de los Trabajadores. Los dos primeros agonizan al final de las preferencias, al punto que en esta campaña no llevan listas propias. El PRC y el PDCI se han plegado a Revolución Civil, un movimiento liderado por Antonio Ingroia, un prestigioso ex Juez antimafia, que sin embargo tiene menos del 5 por ciento en las encuestas. También con Ingroia están los Verdes.



Un personaje que causa inquietud en esta campaña es el estrafalario actor Beppe Grillo y su Movimiento 5 Estrellas. A pesar de que él no puede postularse al estar inhabilitado por una condena, su lista, que se presenta contra la "clase política y sus privilegios", así como contra el "capitalismo corrupto", logró empinarse a más del 18 por ciento de las preferencias, pero en las últimas semanas ha perdido sobre los 3 puntos.



Centroderecha en apuros.
En un cuadro donde la derecha no es significativa, Berlusconi y su Pueblo de las Libertades sigue como eje de una centroderecha que lucha por no perder relevancia. Con más de 65 horas de apariciones en televisión en las últimas semanas, el ex Premier se ha propuesto remontar en las encuestas, con mensajes que atacan a la centroizquierda, a Monti y a Alemania. Il Cavalieri sabe que una alta exposición mediática lo ayuda a ganar apoyo, y no duda en usar las herramientas de un populismo desenfrenado para neutralizar la mala publicidad que le hacen los varios juicios abiertos en su contra y el fracaso de su último Gobierno. Por ahora su coalición goza del 27 por ciento en los sondeos, la que incluye a la Liga del Norte que, desprestigiada tras una serie de escándalos que afectaron a sus líderes, mantiene el apoyo en el norte, al punto que impediría a Bersani lograr mayoría en el Senado.



En el centro del espectro está la heredera de la DC, la Unión Democrática de Centro, UDC, que lidera Pier Ferdinando Casini. La UDC junto a al movimiento Futuro y Libertad para Italia (FLI) de Gianfranco Fini -artífice de la caída de Berlusconi en 2011, al quitarle el respaldo Parlamentario- son los pilares de la lista de centro, Elección Cívica, que apoya al Premier Monti.



Una carta que merece explicaciones.



Señor Director:



Conscriptos israelíes: ¡EXIJO UNA EXPLICACION!



Es notorio que centenares de conscriptos del Ejército de Israel que recorren la Patagonia exhiben comportamientos inadecuados. Uno es encender fogatas en las Torres del Paine. Uno de ellos estuvo arrestado no más de unos días se le sindica como el responsable de la destrucción de 50 mil hectáreas bosque nativo. Luego de pagar una multa ínfima se marcha “muy campante”.



Israel promete indemnizarnos. Luego silencio. Después una ONG judía formula promesas de aportar a reforestación. Otra vez silencio. Al final Conaf debe asumir el desafío y las promesas foráneas se archivan. Continúan los soldados israelíes en la Patagonia y otra vez estuvieron a punto de generar otro incendio. Inspirados en Condorito no nos cabe sino exclamar “¡Exijo una explicación”.



Pedro Godoy  P., profe@cedech.cl


Desclasificando mitos y falsedades:



"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".



La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet ni es la Constitución que la impone. Al terminar Pinochet el 90% de la producción del cobre estaba en manos del Estado, hoy solo menos de un tercio lo produce Codelco. Este descalabro lo hizo la Concertación sin que la Constitución haya impuesto esta desnacionalización. Por el contrario, Pinochet dejó vigente en la Constitución del 80 (Disposición 3° Transitoria) la Nacionalización de la Gran Minería del Presidente Allende (Disposición 17° Transitoria de la Constitución de 1925).



Al terminar Pinochet, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, como Colbún, Edelnor, Edelaysen, Termoeléctrica Tocopilla, Termoeléctrica Cachapoal, pero fueron privatizadas por La Concertación, y en nada tiene culpa la Constitución, pero si lo exigieron y lo impusieron las transnacionales, esa es su voluntad política.
En 1990, las empresas sanitarias, los puertos pertenecían al Estado, y la Concertación los privatizó y para nada tuvo la culpa la Constitución, sino que fue una exigencia de las transnacionales.



Las transnacionales hicieron muchos intentos por privatizar Codelco, Enami y Enap, pero la Concertación no se atrevió a hacerlo porque se requería los 3/5 del Congreso para modificar la Constitución. Habría sido vergonzoso, puesto que Pinochet dejó vigente en la Constitución la nacionalización es decir Codelco, y prohibió la concesión de los hidrocarburos, solo el Estado los puede explotar. Entonces fue precisamente la Constitución la que nos salvó que la Concertación privatizara Codelco y la Enap.



En 1990 el mar lo administraba el Estado y se favorecía a los pescadores artesanales, hoy está privatizado, ya no hay peces ni pescadores artesanales. Tampoco esto es obra de la Constitución sino de 7 familias chilenas que le han impuesto a la Concertación esta política.



En 1990 las AFP eran casi todas chilenas y solo podían invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero y tenían que pagar IVA. Hoy las AFP son todas extranjeras y pueden invertir en el extranjero hasta el 80% de los fondos, además, ahora el Estado les devuelve el IVA de todo lo que compran en Chile o el extranjero.



Un pensionado debe pagar 19% de IVA al comprar pan, las AFP también pagan IVA al comprar un computador, pero el Estado les devuelve el IVA. Esta ley se hizo en el gobierno de la Presidente Bachelet.



En 1990, las universidades privadas no recibían créditos del Estado, hoy estas universidades se han expandido y proliferado, gracias a los créditos del Estado para poder estudiar en ellas, y también se ha impulsado a las universidades del Estado a privatizar parte sus actividades para poder subsistir. Es decir, en los gobiernos de la Concertación se ha privilegiado descaradamente la educación privada, pero no fue porque la Constitución la haya obligado.



En 1990 el arancel aduanero era de 15%, hoy prácticamente ha desaparecido con los numerosos Tratados Comerciales firmados, y con ello ha desaparecido la industria nacional textil, del vestuario, del calzado y la mayor parte de las industrias del rubro metal-mecánico.



Consideramos una falta de respeto a los chilenos la visita de Raúl Castro Ruz, actual dictador hereditario de Cuba, y una agresión al pueblo cubano que se entregue al tirano la Presidencia de una organización que establece entre sus lineamientos  la defensa de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos.



Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.

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EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

#GolpeAlaPyme.

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Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Canción Nacional de Chile completa con todas sus estrofas....

Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

PARA VER COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL VÍDEO.

Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

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