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Piñera
visitó las instalaciones donde se realizara la cumbre de
la Celac-UE, en Espacio Riesco, donde destacó que
buscarán construir una
alianza
para un desarrollo sostenible con énfasis en la inversión.
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Benedicto XVI se
reunió con el Vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Venezolana y Presidente de Caritas
de América
Latina y El Caribe,
José Luis Azuaje, oportunidad en que
llamó a los venezolanos a que ´’Tengan
confianza, Dios los
ayudará’.
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Algunas
curiosidades de los DD.HH. en Chile.
por Leónidas Montes.
A raíz del debate en torno a la violencia en La
Araucanía, en una entrevista, Lorena Fries, Director del Instituto de Derechos
Humanos, plantea que, “cuando se habla de derechos humanos, hablamos de ciertas
garantías y atributos que el Estado debe respetarles y reconocerles a las
personas. Quien viola los derechos humanos es el Estado. Por lo tanto, incendios
u homicidios son delitos entre particulares...”. Para un lego en la materia,
esta afirmación puede parecer sorprendente: el brutal y cobarde crimen del
matrimonio Luchsinger-McKay no sería un caso de DD.HH. Pero técnicamente es
así. Y hay buenas razones para ello. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se
tomó conciencia de que el Estado, que tiene el monopolio de la coerción
legítima, podía cometer atrocidades que requerían ciertas normas
internacionales de DD.HH. Aunque legalmente esta definición está en lo
correcto, moralmente es, a lo menos, discutible. ¿Cómo les explica usted a los
hijos y familiares que el acto terrorista que terminó con los cuerpos de sus
padres calcinados no sería un caso de DD.HH.?
Este caso particular tiene otra componente moral.
Las imágenes a veces lo dicen todo. Martín Cárcamo fue detenido por conducir
después de beber. No le hizo daño a nadie. Simplemente fue sorprendido
manejando con unas copas de más. Al enfrentar su juicio, entró a la audiencia
esposado, abatido y cabizbajo. Naturalmente, su rostro delataba
arrepentimiento. En cambio, Celestino Córdova Tránsito fue detenido por
participar en el brutal asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay.
Emperifollado con una camisa que sería la envidia de Evo Morales, sin esposas,
entró a la sala con su puño izquierdo en alto. Su rostro no daba señales de
arrepentimiento. Sólo transmitía un orgullo glacial. El contraste habla por sí
solo.
En resumen, plantear que los Luchsinger-Mackay
no serían víctimas de DD.HH. sería técnicamente correcto. Pero si aplicamos el
sentido común, ellos, como tantos otros, efectivamente fueron víctimas de los
DD.HH. Y de un acto terrorista. Negarlo sería, como me dijo un amigo por quien
siento especial admiración intelectual, “una cruel pedantería academicista”.
Oswaldo Payá fue a un colegio católico. Fue el
único estudiante que se opuso a formar parte del Partido Comunista. Cerraron
ese colegio. A los 17 años, fue condenado por tres años a trabajos forzados en
la Isla Pinos. Cumplida la pena, estudió Física en la Universidad de La Habana.
Las Autoridades lo echaron por seguir siendo católico practicante. Vivió o,
mejor dicho, sobrevivió en Cuba promoviendo la libertad y las elecciones
democráticas. Hace sólo seis meses murió en un misterioso accidente
automovilístico. En su vida había recibido muchas amenazas. Su hija, Rosa María
Payá, está convencida de que la muerte de su padre no fue casual. Quiere
estudiar en Chile. Pero no la dejan salir de Cuba. Este parece ser otro caso de
DD.HH. Pero el Presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, refiriéndose
a la situación de Rosa María Payá, declaró públicamente, con total desparpajo,
“que entre o salga me da lo mismo”. Hubiera esperado esto de algún dirigente
comunista —algunos en el PC todavía siguen recitando la “Oda a Stalin” de Pablo
Neruda junto a un caldillo de congrio—, pero que el PS chileno no haya
evolucionado es realmente sorprendente. Y muy contradictorio. Los DD.HH., como
principio moral universal, se aplican a todos en todos los países, y no a unos
pocos, en algunos países.
En otro caso de DD.HH., el destacado empresario
Max Marambio, en una entrevista, describe la persecución que ha sufrido desde
que se cerró y confiscó su empresa en Cuba. La empresa fue intervenida y sus
empleados, detenidos. El gerente general de Río Zaza, después de ser
interrogado, murió. Marambio ha sido acosado y perseguido por el Gobierno
cubano. Tampoco han respetado los fallos internacionales que favorecen su
causa. El mismo Marambio estima que hay en juego unos 200 millones de dólares.
En resumen, una verdadera pesadilla. No obstante, resulta notable que quien
considerara a Fidel Castro como su padre recién ahora se dé cuenta de que no se
respetan los DD.HH. en Cuba. Estas son sólo algunas peculiaridades de nuestra
concepción de los derechos humanos.
Limpieza
étnica,
por Joaquín Fermandois.
El conflicto mapuche posee dos caras. Una es la
faz violenta que se ha desarrollado por 20 años sin que se divise término, una
especie de Afganistán criollo de baja intensidad, aunque temible con el paso
del tiempo, como se ha visto con saña espeluznante en el caso del matrimonio
Luchsinger. La otra cara es lo que aparece como la causa profunda en
interpretaciones ya sea meditadas o superficiales: los restos de la Guerra de
Arauco; la República en el siglo XIX; el menosprecio y sentimiento de
discriminación en el siglo XX, aunque no sin mejoras significativas; todo ello
conviviendo con la fraseología acerca del "valiente araucano".
Lo que nos urge ahora es tratar la primera
cara, la violenta, para que no se nos confunda con la otra. Desde hace 20 años
se prepara en la zona lo que en buen romance contemporáneo se llama
"guerra de insurgencia". Ella no es fruto de una "deuda
histórica", sino que del desarrollo de ciertas ideologías contemporáneas.
A toda sociedad humana le es y le será inherente algún tipo de desgarro. Lejos
de ser una contrariedad, es aquí donde reside la gracia de lo humano. O se
confronta y se responde el desafío; o abrimos más y más la herida, con el
secreto afán de hallar el hilo de la madeja que permita pulverizar "al
sistema". Esta es la razón final que siempre ha movido a los extremismos
de toda laya, desde los nazis hasta Pol Pot, pasando por la utopía guevarista
en Bolivia y Sendero Luminoso en Perú (a veces sus enemigos los imitan y
empeoran las cosas). En los casos que llegaron a triunfar y a modelar sus
países con las consecuencias de todos conocidas, los supervivientes se
preguntaron después ¿cuál de los problemas que existían podía justificar lo que
hicieron? La respuesta es y será invariablemente: ninguno.
En el caso del terrorismo larvado (eso es lo
que es) de La Araucanía, ¿cuál es el objetivo a mediano plazo? Está bien claro,
"limpieza étnica", barrer con los criollos, la vasta mayoría de la
población. Que en términos étnicos, ni los criollos son "puros" ni
hay mapuche que no provenga de algún tipo de mestizaje biológico o cultural,
deja impávidos a los que intentan perforar la grieta y convertirla en conflicto
desatado.
En nuestro mundo mapuche (semimapuche sería más
exacto) existe además un factor internacional. Este tipo de conflicto se ha
vuelto más central en la política mundial, al menos en comparación con el siglo
XX. Y por añadidura "causas" como la de los grupos violentistas y
separatistas atraen apoyo transnacional. Muchos europeos, deseosos de aventuras
que la Europa cansada de sí misma -entregada a un spleen sin lustre- ya no les
ofrece, hallaron aquí una nueva Legión Extranjera.
¿Qué hacer? Lo primero, el punto uno de todo
sano manual de contrainsurgencia, es cercenar el cordón umbilical de los
terroristas con la comunidad de la que pretenden hacerse portavoces, el mundo
mapuche -que por lo demás es parte de la sociedad chilena-, y con el cual
debemos fusionarnos en un esfuerzo cultural de largo aliento. Del mismo modo,
al identificar fehacientemente a los violentistas se verá que constituyen una
ínfima minoría. El problema urgente en este momento es conjurar un proyecto
terrorista con armas políticas, aunque sin llegar al extremo -que sucede- de
desalentar a las fuerzas de orden.
A la política de Estado le es inherente un
monopolio de las armas, a las que en lo posible sólo se las debe emplear de
manera simbólica. Y la justicia no debe ni desamparar a la gente, ni impedir
una salida política llegado el caso, una vez alcanzada la paz (que es el
sentido de las amnistías). Pero que no se espere que no haya costos si se
incita o se recurre a la violencia.
La derecha de
Novoa,
por Eugenio Guzmán.
El reciente libro de Jovino Novoa no ha pasado
desapercibido, particularmente por las críticas que dirige al Gobierno. En
especial, porque señala que la agenda de éste, con iniciativas como las
reformas tributarias, ha estado centrada en temas distintos de los que la
centroderecha ha promovido durante los últimos 20 años. Pero, sobre todo, Novoa
cuestiona cierta vergüenza en la defensa de los méritos del modelo de economía
de mercado y debilidad frente a la impronta de las llamadas “redes sociales”.
En toda esta polémica la reacción del Ejecutivo
el día jueves ha sido crucial, a lo que se agrega el que mediáticamente la
búsqueda de fuentes de conflicto es lo que parece más atractivo. Pero la verdad
es que no es primera vez que el senador, entre muchos otros, ha planteado este
tipo de cuestionamientos, y en consecuencia parece exagerado hablar, como
algunos lo han hecho, de una «crítica devastadora».
Más allá de eso, lo que importa destacar es el
contenido del trabajo de Novoa. El plantea tres ejes centrales de lo que
podemos llamar el ethos de la derecha. En primer lugar, que la libertad es uno
de los motores fundamentales del desarrollo, sea éste económico o social, y
que, en consecuencia, lo que debe brindar un gobierno son mayores espacios para
el ejercicio de ella. La promoción de la libertad supone incentivar la
responsabilidad individual por sobre la colectiva en los proyectos que cada
persona desee llevar a cabo, y de este modo evitar el vértigo y tentación de
imputar a otros los resultados de nuestras acciones. Esto, ciertamente, supone
que el Estado está al servicio de individuos adultos, dotados de cierta
autonomía de acción. Lo contrario es un “Estado paternalista” que libera a las
personas de la responsabilidad por sus acciones.
Un segundo principio tiene que ver con el hecho
de que no todos cuentan con las mismas capacidades; no obstante, la consecución
de una vida social armónica exige que auxiliemos a quienes necesitan de nuestra
ayuda, lo cual se expresa de diversas formas, pero que desde un punto de vista
político tiene que ver con las virtudes cívicas. Ello no guarda relación
necesariamente con una visión igualitaria per se, como la que se expresa en el
proyecto socialdemócrata, sino con la idea de que el rol del Estado es
subsidiario. La promoción de políticas de gratuidad universales no encaja con
este principio: ellas pueden ser altamente injustas, ya que no todas las
personas son sujetos de auxilio permanente, y en algunos casos no se justifica
su universalidad. En cambio, las políticas universales están enviando un
mensaje que libera a las personas de la responsabilidad de ayudar a otros.
Finalmente, un tercer principio tiene que ver
con el sentido del gobierno. En efecto, la política adquiere su significado
crucial en la medida en que a través de ella es posible ordenar y conciliar los
deseos y aspiraciones de las personas, a través de medios pacíficos.
Transformar la política en caja de resonancia de lo que una “mayoría”
circunstancial demanda es renunciar a la política, sustituyéndola por la
demagogia y el populismo. En definitiva, es renunciar a la responsabilidad. El
rol de la autoridad es el de velar por sus instituciones, las que si bien
pueden ser cambiadas, ello exige una mirada de largo plazo y no simplemente lo
que electoral o popularmente conviene. Un drama permanente del político es cómo
combina la responsabilidad y la popularidad. No obstante, por contraintuitivo
que parezca, los electores también premian la convicción, claridad y
responsabilidad.
Lo anterior no pretende ser una síntesis del
libro. Lo interesante es que abre un debate a temas como los mencionados y
otros que, por razones de espacio, no se han podido abordar, pero que la
lectura del mismo permite.
Pueblos
originarios, reconocimiento y alcances.
Si bien se produce en el contexto de un país
aún impactado por los últimos hechos de violencia en La Araucanía, el anuncio Gubernamental
de impulsar con máxima urgencia la tramitación del proyecto que otorga
reconocimiento Constitucional a los pueblos indígenas no es más que la
ratificación de un compromiso programático del Presidente Piñera. En los
hechos, se buscaría destrabar un texto en trámite desde 2007, el cual refunde
sendas propuestas de un grupo de Senadores RN y del Gobierno de la ex
Presidenta Bachelet. En torno a esta iniciativa ya hubo un primer acuerdo
político que permitió en 2009 lograr de modo casi unánime (por 24 votos a uno)
su aprobación en general por parte de la Cámara Alta. Sin embargo, distintos
sectores hicieron notar entonces discrepancias sobre puntos específicos de ese
texto, las que hasta ahora no habían logrado ser salvadas. La falta de un
reglamento que norme los mecanismos de consulta indígena que impone el Convenio
169 de la OIT ha sido otro obstáculo para el avance del proyecto.
Con sus palabras de ayer, el Mandatario expresa
la voluntad de superar tales dificultades respecto de una iniciativa cuya
reivindicación ha sido uno de los puntos centrales presentes en el diálogo que
el Ejecutivo viene desarrollando en torno a la situación en La Araucanía. Se
trata de un tema de larga controversia, como lo prueba la forma en que se ha
dilatado su discusión. Y es que lo que constituiría un gesto importante del
Estado en cuanto a asumir su diversidad cultural y entregar una necesaria señal
de dignificación hacia las etnias originarias, suscita también dudas respecto
de sus eventuales alcances en materias como el carácter unitario del mismo
Estado y la igualdad de todos los chilenos ante la Ley. Frente a tales dilemas,
el acuerdo de 2009 ofreció una salida en general razonable, partiendo del
principio —acertadamente explicitado por el Tribunal Constitucional a propósito
precisamente del convenio 169— de que el reconocimiento de la existencia de
pueblos indígenas alude a un conjunto de personas que poseen en común
características culturales propias, pero que no constituyen un ente colectivo
autónomo entre los individuos y el Estado, descartando así que tal noción pueda
dar pie jurídico a reivindicaciones de autonomía política. En ese entendido, el
texto en cuestión hace hincapié explícito en el señalado carácter unitario del
Estado chileno, reconociendo al mismo tiempo los derechos de los miembros de
tales pueblos a participar en la vida nacional y a organizarse de acuerdo a sus
costumbres, en la medida en que ello no contravenga la Constitución y las
leyes.
La discusión que antecedió a la votación del
acuerdo de 2009 también permitió identificar discrepancias. Una de ellas es si
cabe hablar de «derechos de los pueblos originarios» en cuanto tales o si estos
derechos —como lo recogió el texto aprobado— corresponden a sus comunidades,
organizaciones e integrantes, lo que parece más acorde con la naturaleza de
nuestro ordenamiento jurídico, pero es rechazado por algunos movimientos
indigenistas. En un plano más práctico, la situación del agua y la posibilidad
de reconocer constitucionalmente una suerte de derecho ancestral sobre ella
generó también fuerte discusión, por los evidentes conflictos a que ello pudiera
dar origen.
Con todo, transcurridos más de tres años desde
ese debate, y habiéndose hecho evidente en esa oportunidad, que, más allá de
tales discrepancias, existen suficientes acuerdos para avanzar en esta materia
no cabe sino retomar ese esfuerzo, tal como lo ha planteado el Presidente. Por
cierto, hoy resulta claro que en esta discusión deben jugar un rol activo las
propias comunidades, no sólo debido a las obligaciones que impone el 169, sino
también para asegurar la viabilidad de la iniciativa.
TV digital:
riesgos para libertad de programación
por Jorge Jaraquemada y
Constanza Hube.
El Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse en contra
de una norma que buscaba prohibir el “rating on-line”, a propósito del proyecto
de Ley que regula la introducción de la televisión digital terrestre en el
país. Más allá de este tema ya zanjado, nos parece que existen otros aspectos
en el proyecto de Ley, cuya constitucionalidad es cuestionable y que vale la
pena debatir.
Uno de
ellos es la modificación del criterio de “correcto funcionamiento”, que indica
los valores que deben respetar todos los canales de televisión en su
programación y que ya fue votada favorablemente por una mayoría en la sala del
Senado. Esta modificación introdujo una precisión de lo que se entenderá por
pluralismo que -más allá de incluir conceptos por antonomasia debatibles, como
“identidad de género”- invierte el mandato legal de respetar valores por el
deber de promover en sus contenidos los “principios” con los que define
pluralismo, excluyendo aquellos que atenten contra esas definiciones.
¿No hay aquí una flagrante vulneración de la
libertad de programación de los canales que la Constitución les garantiza
expresamente? Es decir, se afecta la línea editorial de los canales
imponiéndoles la obligación de efectuar acciones positivas para promover
ciertos “principios” y se entrega al Consejo Nacional de TV la facultad de
sancionarlos -incluso con la caducidad de la concesión-, si es que no aciertan
en promover cierta visión de sociedad, contradiciendo incluso la idea misma de
pluralismo.
Otro aspecto es el que dice relación con las
campañas de utilidad pública. En la actualidad, no existe la obligación de los
canales de transmitir estas campañas (aunque en la práctica lo hacen),
situación que cambia diametralmente en el proyecto de Ley. Esto implica que los
canales podrán ser obligados a emitir mensajes que pueden ser claramente
incompatibles con su línea editorial. Esta intromisión del Estado en su
libertad de programación afecta el derecho a emitir opinión e informar y la
libre iniciativa en materia económica que garantiza la Constitución. Además,
constituye una discriminación arbitraria, ya que esta obligación sólo se
establece para los canales de TV abierta y no para otros medios de
comunicación.
Un tercer aspecto del proyecto de Ley,
cuestionable desde su constitucionalidad, es la obligación para los postulantes
a un concurso público de otorgamiento de una concesión de televisión, de presentar
una declaración relativa a la orientación que tendrán sus contenidos
programáticos. Esta innovación resulta preocupante, ya que se pasa de un
estatuto de otorgamiento de concesiones exclusivamente basado en razones
técnicas, a otro donde también se considerará el mérito de los contenidos, lo
cual se puede prestar para una discrecionalidad muy riesgosa en un ámbito tan
sensible como es la libertad de expresión, particularmente, la libertad que
tienen los canales de televisión para definir su línea programática.
La llegada de la televisión digital debiera
estar al servicio de las personas para entregarles más libertad, pero algunos
aspectos de este proyecto no van en esa línea, sino más bien pretenden
configurar una nueva forma de injerencia estatal.
Encrucijada
democrática en Italia.
Mario Monti tiene una difícil tarea antes de
las elecciones Legislativas en Italia, el 24 y 25 de febrero. El Premier,
encumbrado hasta ese cargo por sus credenciales de excelencia tecnocrática,
debe conseguir que su coalición de centro obtenga suficiente apoyo electoral
como para hacerse un socio imprescindible del Partido Democrático (PD,
centroizquierda), el probable ganador de los comicios.
Quizás así, él sea nombrado Presidente (es Senador
vitalicio) y pueda seguir desde el más alto cargo la dirección que toma Italia,
enfrentada a una crisis económica que la ha tenido en recesión y al borde de un
rescate de la Unión Europea.
Desde que renunció y llamó a elecciones, Monti
perdió su aura mágica de tecnócrata y es visto como un político más, ya no como
el economista que aplicaría las medidas de ajuste para salvar a Italia de la
crisis. Este cambio de piel desilusionó a muchos italianos que desconfiaban de
los políticos tradicionales. Mantiene el respaldo de quienes no quieren que
Pier Luigi Bersani, el líder del PD, ni menos Silvio Berlusconi, dirijan el Gobierno.
Entre sus incondicionales se encuentran grupos empresariales, liderados por el Presidente
de Ferrari, Luca di Montezemolo, y diversos movimientos de centroderecha, entre
ellos los democratacristianos.
El abanico de partidos, movimientos y
coaliciones participantes en las elecciones es amplio y diverso, y poco tiene
que ver con las antiguas formaciones políticas. Aparecieron nuevos nombres que
han sustituido a los viejos conglomerados que terminaron sus días tras los
procesos de los años noventa conocidos como Mani Pulite , en los que Jueces
italianos destaparon una serie de escándalos de corrupción que dejaron a la
clase política completamente desprestigiada. Desde ese momento, el afán por
crear agrupaciones frescas llevó a que muchos de los viejos partidos no solo
mudaran nombres, sino también liderazgos e idearios. Emergieron otros
totalmente nuevos, varios de poca vida, pero algunos, como el Pueblo de la
Libertad, del carismático Berlusconi, mantienen su vigencia a pesar de los
tropiezos.
La bonanza de la centroizquierda.
Bersani y su Partido Democrático (entre 33 y 35
por ciento en encuestas) están por ahora seguros de la victoria y de su capacidad
para encabezar el próximo Gobierno. El PD representa a la socialdemocracia
clásica europea, que tiene pocos componentes del viejo socialismo liderado por
Bettino Craxi. Bersani es un europeísta convencido, que está dispuesto a seguir
los lineamientos que le ha impuesto a Italia la Unión Europea. No requiere
demasiada presión para hacer lo necesario para que el país salga de la crisis y
siga en la eurozona. El problema de Bersani es que sus socios de Izquierda,
Ecología y Libertad (SEL, por su sigla en italiano, liderada por Nichi Vendola)
lo instan a alejarse de los programas de ajustes demasiado exigentes. Se dice
que el PD bien podría llegar a una alianza postelectoral con la lista de centro
que apoya a Monti (13,7 por ciento de las preferencias). Por ahora han negado
cualquier acercamiento, un acuerdo que a Bersani podría costarle la ruptura con
SEL.
En la extrema izquierda, el viejo Partido
Comunista Italiano, prototipo del eurocomunismo, ha tenido varias metamorfosis
y otras tantas escisiones. Hoy sobreviven Refundación Comunista (PRC), liderada
por Paolo Ferrero; el Partido de los Comunistas Italianos (PDCI, que dirige
Antonio Cuffaro), y el trotskista Partido Comunista de los Trabajadores. Los
dos primeros agonizan al final de las preferencias, al punto que en esta
campaña no llevan listas propias. El PRC y el PDCI se han plegado a Revolución
Civil, un movimiento liderado por Antonio Ingroia, un prestigioso ex Juez
antimafia, que sin embargo tiene menos del 5 por ciento en las encuestas.
También con Ingroia están los Verdes.
Un personaje que causa inquietud en esta
campaña es el estrafalario actor Beppe Grillo y su Movimiento 5 Estrellas. A
pesar de que él no puede postularse al estar inhabilitado por una condena, su
lista, que se presenta contra la "clase política y sus privilegios",
así como contra el "capitalismo corrupto", logró empinarse a más del
18 por ciento de las preferencias, pero en las últimas semanas ha perdido sobre
los 3 puntos.
Centroderecha en apuros.
En un cuadro donde la derecha no es
significativa, Berlusconi y su Pueblo de las Libertades sigue como eje de una
centroderecha que lucha por no perder relevancia. Con más de 65 horas de
apariciones en televisión en las últimas semanas, el ex Premier se ha propuesto
remontar en las encuestas, con mensajes que atacan a la centroizquierda, a
Monti y a Alemania. Il Cavalieri sabe que una alta exposición mediática lo
ayuda a ganar apoyo, y no duda en usar las herramientas de un populismo
desenfrenado para neutralizar la mala publicidad que le hacen los varios
juicios abiertos en su contra y el fracaso de su último Gobierno. Por ahora su
coalición goza del 27 por ciento en los sondeos, la que incluye a la Liga del
Norte que, desprestigiada tras una serie de escándalos que afectaron a sus
líderes, mantiene el apoyo en el norte, al punto que impediría a Bersani lograr
mayoría en el Senado.
En el centro del espectro está la heredera de
la DC, la Unión Democrática de Centro, UDC, que lidera Pier Ferdinando Casini. La
UDC junto a al movimiento Futuro y Libertad para Italia (FLI) de Gianfranco
Fini -artífice de la caída de Berlusconi en 2011, al quitarle el respaldo Parlamentario-
son los pilares de la lista de centro, Elección Cívica, que apoya al Premier
Monti.
Una carta que
merece explicaciones.
Señor Director:
Conscriptos
israelíes: ¡EXIJO UNA EXPLICACION!
Es notorio que centenares de conscriptos del
Ejército de Israel que recorren la Patagonia exhiben comportamientos
inadecuados. Uno es encender fogatas en las Torres del Paine. Uno de ellos
estuvo arrestado no más de unos días se le sindica como el responsable de la
destrucción de 50 mil hectáreas bosque nativo. Luego de pagar una multa ínfima
se marcha “muy campante”.
Israel promete indemnizarnos. Luego silencio.
Después una ONG judía formula promesas de aportar a reforestación. Otra vez
silencio. Al final Conaf debe asumir el desafío y las promesas foráneas se
archivan. Continúan los soldados israelíes en la Patagonia y otra vez
estuvieron a punto de generar otro incendio. Inspirados en Condorito no nos
cabe sino exclamar “¡Exijo una explicación”.
Pedro Godoy
P., profe@cedech.cl
Desclasificando
mitos y falsedades:
"La
desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la
concertación".
La desnacionalización del cobre no la hizo
Pinochet ni es la Constitución que la impone. Al terminar Pinochet el 90% de la
producción del cobre estaba en manos del Estado, hoy solo menos de un tercio lo
produce Codelco. Este descalabro lo hizo la Concertación sin que la
Constitución haya impuesto esta desnacionalización. Por el contrario, Pinochet
dejó vigente en la Constitución del 80 (Disposición 3° Transitoria) la
Nacionalización de la Gran Minería del Presidente Allende (Disposición 17°
Transitoria de la Constitución de 1925).
Al terminar Pinochet, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, como Colbún, Edelnor, Edelaysen, Termoeléctrica Tocopilla, Termoeléctrica Cachapoal, pero fueron privatizadas por La Concertación, y en nada tiene culpa la Constitución, pero si lo exigieron y lo impusieron las transnacionales, esa es su voluntad política.
En 1990, las empresas sanitarias, los puertos pertenecían al Estado, y la Concertación los privatizó y para nada tuvo la culpa la Constitución, sino que fue una exigencia de las transnacionales.
Las transnacionales hicieron muchos intentos por privatizar Codelco, Enami y Enap, pero la Concertación no se atrevió a hacerlo porque se requería los 3/5 del Congreso para modificar la Constitución. Habría sido vergonzoso, puesto que Pinochet dejó vigente en la Constitución la nacionalización es decir Codelco, y prohibió la concesión de los hidrocarburos, solo el Estado los puede explotar. Entonces fue precisamente la Constitución la que nos salvó que la Concertación privatizara Codelco y la Enap.
En 1990 el mar lo administraba el Estado y se favorecía a los pescadores artesanales, hoy está privatizado, ya no hay peces ni pescadores artesanales. Tampoco esto es obra de la Constitución sino de 7 familias chilenas que le han impuesto a la Concertación esta política.
En 1990 las AFP eran casi todas chilenas y solo podían invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero y tenían que pagar IVA. Hoy las AFP son todas extranjeras y pueden invertir en el extranjero hasta el 80% de los fondos, además, ahora el Estado les devuelve el IVA de todo lo que compran en Chile o el extranjero.
Un pensionado debe pagar 19% de IVA al comprar pan, las AFP también pagan IVA al comprar un computador, pero el Estado les devuelve el IVA. Esta ley se hizo en el gobierno de la Presidente Bachelet.
En 1990, las universidades privadas no recibían créditos del Estado, hoy estas universidades se han expandido y proliferado, gracias a los créditos del Estado para poder estudiar en ellas, y también se ha impulsado a las universidades del Estado a privatizar parte sus actividades para poder subsistir. Es decir, en los gobiernos de la Concertación se ha privilegiado descaradamente la educación privada, pero no fue porque la Constitución la haya obligado.
En 1990 el arancel aduanero era de 15%, hoy prácticamente ha desaparecido con los numerosos Tratados Comerciales firmados, y con ello ha desaparecido la industria nacional textil, del vestuario, del calzado y la mayor parte de las industrias del rubro metal-mecánico.
Consideramos
una falta de respeto a los chilenos la visita de Raúl Castro Ruz, actual dictador
hereditario de Cuba, y una agresión al pueblo cubano que se entregue al tirano
la Presidencia de una organización que establece entre sus lineamientos la defensa de la democracia y el respeto a los
Derechos Humanos.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
