El
Presidente Sebastián Piñera y el Ministro Secretario General de la
Presidencia,
Cristián Larroulet, sostuvieron ayer una videoconferencia
con
el Canciller Alfredo Moreno y el equipo jurídico que representa
a
Chile en La Haya.
La
Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, informó que a contar de hoy
la
bencina de 97 octanos subirá en $10 por litro, el valor de la parafina
se
elevará en $11, mientras que el precio del diesel escalará en $7.
El
Banco Central informó que el IMACEC creció un 6,7% en octubre,
comparado
con el mismo mes de 2011, las actividades manufactureras
y
el comercio fueron los motores, la economía acumula un crecimiento
de
5,7% en los primeros 10 meses del año.
Bancos
comenzarán en enero plan piloto para incorporar chips
‘’anticlonación´´
a tarjetas de crédito, el Presidente los banqueros
dijo
que ‘’La idea es partir con las nuevas y luego repondremos
las
que fueron emitidas con anterioridad’’,
Estudio
de la UC y la Fundación Banmédica concluyó que solamente
un
15% de los jóvenes y adolecentes tiene un estilo de vida saludable
y
que solo un 4% tiene una alimentación
que puede considerarse
óptima.
PS
y PPD rechazan ‘’condiciones’’ de ME-O para integrarse a equipo de
primarias,
directivos de ambos partidos dicen que no es ‘’razonable’’
que
el candidato Presidencial del PRO sólo esté presente en el debate
Parlamentario y programático.
Según
el diario israelí Haaretz, citado por otros medios internacionales,
la
Diplomacia siria inició ‘’contactos’’ con Cuba, Ecuador o Venezuela
para
que el tirano Bashar Assad obtenga asilo si es derrotado y
obligado
a dejar Damasco.
Al
menos 5 muertos habrían dejado los enfrentamientos, una
verdadera
batalla campal, entre los opositores al Presidente
egipcio
Mohamed Morsi y los Hermanos Musulmanes que
apoyan
al Gobierno.
La
Secretario de Estado norteamericano, Hillary Clinton, se perfila
como
la favorita para encabezar a los demócratas como candidata
a
la Presidencia de Estados Unidos en las elecciones del 2016. Un
57%
de los encuestados favorecería su postulación.
Paso
de tifón Bopha por Filipinas ha dejado , segun nuevo balance,
475 muertos, el Gobierno dijo que familias enteras fueron
arrastradas
por el agua, hallándose sus cuerpos a grandes
distancias.
La situación más compleja se vive en las zonas rurales
de
la isla de Mindanao.
DC y PC frente a la Historia,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Patricio Aylwin ha resumido en pocas palabras
el casi secular pánico a la historia del que son portadores los
democratacristianos. Refiriéndose a las últimas disputas con el PC, el ex
Presidente afirmó que "yo aconsejaría que terminara el debate; son cosas
para la historia, pero no debieran ser hechos que interfirieran en la política
de estos días".
A simple vista, la polémica parece centrada en
si la DC apoyó o no el pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973, cuestión,
por lo demás, ya resuelta afirmativamente si se recuerdan los textos tantas
veces citados de Frei Montalva y del mismo Aylwin. Temas anexos parecen ser los
apoyos comunistas a regímenes de larga trayectoria en la historia reciente,
como el norcoreano (desde 1948 en adelante) o el cubano (desde 1959 hasta hoy).
Pero el punto no está en esas disputas
concretas sobre hechos o regímenes. Ni siquiera lo importante es contrastar las
trayectorias históricas globales de comunistas y democratacristianos en Chile.
Lo que en el fondo siempre ha estado en juego en las relaciones entre la DC y
el PC es el sentido más profundo de la Historia, así con mayúscula.
Cuando el mismo Frei Montalva declaró en
"El Siglo", en 1946, que "hay algo peor que el comunismo, esto
es el anticomunismo", revelaba una carencia de filosofía de la Historia. A
la DC siempre le ha resultado más atractivo tratar de proteger una visión
histórica densa, como es la marxista, que oponerse decididamente a ella; ha calificado
siempre al anticomunismo como una bestia negra que ataca a otra bestia, muy
peligrosa, pero bien intencionada.
La Democracia Cristiana nunca ha podido oponer
a la mirada histórica del marxismo un relato propio y suficientemente serio,
simplemente porque no lo tiene. Y si lo hubiese tenido, obviamente habría
debido ser el que viene desde Daniel y alcanza su plenitud en Agustín. Era lo
que le correspondía por su talante cristiano, pero no ha sido así.
Lo más denso que tiene la DC para oponerle al
PC es lo que Gutenberg Martínez ha llamado "tradiciones ideológicas",
las que ciertamente difieren entre sí. Pero con esa poquita cosa -las
ideologías no son más que historietas con un final feliz nunca logrado- no se
puede enfrentar exitosamente a la tremenda densidad conceptual en que se
sustenta el PC chileno.
Los comunistas, es cierto, se debaten hoy entre
dos filosofías de la Historia de alcances prácticos bien diferentes. Por una
parte, quienes han actualizado el marxismo originario y las aportaciones
leninistas, validando la afirmación de Hobsbawm en "Cómo cambiar el
mundo", en el sentido de que será una vez más en la infraestructura
económica que habrá que hacer presión, para demostrar que ahí se terminarán
cumpliendo las leyes del materialismo histórico y del materialismo dialéctico.
Paradójicamente, la conquista del Estado (media docena de Alcaldes, tres Diputados,
quizás un Ministro en la administración próxima) sería todavía el objetivo
principal para hacer una revolución desde arriba. Cuando Teillier y la
dirigencia del PC presionan por acuerdos y cupos, la concreción leninista de la
filosofía histórica marxista parece seguir viva.
Pero, por otra parte, están los comunistas de
matriz gramsciana, para quienes la Historia es praxis, es la destrucción de una
hegemonía dominante y su reemplazo por otra, es la derrota de un determinado
sentido común y la ocupación de ese lugar por otro, todo gestionado desde
abajo, por los grupos subalternos en armónica tarea con los intelectuales
orgánicos.
Una filosofía de la Historia mucho más
encarnada en Vallejo, Ballesteros y Salazar. A unos y a otros -gane quien gane
en el PC- la DC no tiene relato alguno que oponerles.
La Haya: Sólo algunas palabras de más,
por Fernando Villegas.
“¡Duro golpe a Chile en La Haya!”, titulaba el
martes el diario limeño La Razón para calificar los alegatos de sus abogados.
La razón, dicho sea de paso, es cualidad de la cual ese medio tiene poca; su
especialidad es la farándula política y el avivar fuegos allí donde los
encuentre, lo cual hace con el mismo fervor, aunque en terreno más delicado,
con que los medios faranduleros de Chile se especializan en levantar fuego con
dichos y hechos de bataclanas y futbolistas. En su subtítulo de portada dicho
medio explicaba: “Perú dicta cátedra ante Corte Internacional”.
Fue y es un titular y subtítulo algo optimista.
Los “golpes” de los juristas del Perú difícilmente fueron más contundentes que
un abanicazo que pudiera asestar una señora de los salones de San Isidro, en
Lima, tan repletos de dichas damas. Se necesita imaginación desbordante para
confundir los miriñaques retóricos del francés que defiende a Perú con la
contundencia lógica y argumental. Dar cátedra no es lo que hicieron, sino hacer
su trabajo conforme a los deseos del cliente.
Si acaso el titular ilumina algo es quizás el
ánimo y aspiraciones del peruano de a pie a quien dicho medio suministra su
diario alimento espiritual. El peruano es hombre de grandes virtudes
-comenzando por su buena mano en la cocina-, de hablar correcto, simpatía y
buena onda, excelente trabajador y profesional, pero descarrila un poco cuando
sale a relucir Chile. ¿Cómo podría ser de otro modo si desde niño se le enseña,
en el colegio, un increíble grado de
animadversión?
Para ser justos, no toda la prensa chilena
evitó caer en el mismo pecado de manipular querellas y rencores que hace rato
debieran haberse desvanecido. Un vespertino tituló, el lunes, con un chirriante
encabezado anunciando que Perú trataba a Chile de embrollón o algo parecido. No
ha habido tal cosa. Para comenzar no son Perú ni Chile quienes hablan en la Corte, ni siquiera muchos peruanos o
chilenos, sino más bien jurisconsultos a sueldo, gente que argumenta contra
reembolso y aprovecha la ocasión para hacer gala de sus habilidades retóricas e
histriónicas en pro de sus prestigios profesionales y pensando en futuras
pegas. Ni en Perú ni en Chile ha habido golpes de ninguna clase. Tal vez sí
haya habido algunas palabras de más. En Chile es pecado habitual. Se habla más
de la cuenta. En esta época de micrófonos y cámaras apenas un 1% de los
incumbentes resiste la tentación de abrir la boca.
Considerando el tópico que se discute, el clima
prevaleciente en las poblaciones de verdad, en los peruanos y chilenos de a
pie, este ha sido más bien calmoso y curioso, expectante quizás, pero no
chovinista. De esto los países europeos, que han mantenido un olímpico
desinterés por el contencioso -al punto que el principal titular de la BBC era,
simplemente, el embarazo de la señora de unos de sus príncipes, esos desvaídos
jovencitos de mejillas sonrosadas y cara de nalga- debieran sacar lección.
Nosotros vamos a Cortes, ellos iban a guerras. Tercermundistas y todo,
mantenemos ciertos modales y limamos asperezas con disputas verbales. Quizás
eso les parezca poco serio: lo serio, en su tradición, es ir a echarse bombas.
Todo ha sido civilizado al menos hasta ahora,
aunque no hay garantía de que no pueda haber algún desafuero local. Ni en Perú
ni en Chile hay déficit de nacionalistas delirantes. Basta entrar -en YouTube-
a sitios vinculados con las relaciones Chile-Perú para constatarlo. Pero esos
dementes son una minoría. El peruano de verdad es el agradable e inteligente
fulano de los suspiros limeños. Y el chileno de verdad NO es el que insulta a
los peruanos instalados en la Plaza de Armas. Aquí no ha habido golpes y es
bien posible que nunca Los Haya.
Cónclave de la centroderecha,
por Luis Larraín, Libertad y Desarrollo, Jorge
Jaraquemada,
Fundación Jaime Guzmán, y Najel Klein, Instituto
Libertad.
En días recientes se llevó a cabo el Segundo
Simposio de Reflexión Programática, denominado "Proyectando las ideas de
la centroderecha en la acción política", organizado por los centros de
estudios afines a la coalición oficialista, Instituto Libertad, Fundación Jaime
Guzmán E. y Libertad y Desarrollo, y que convocó a diferentes actores del
sector: líderes políticos, intelectuales y académicos, y miembros de la
sociedad civil.
Los simposios nacen sobre la base de un diagnóstico
crítico respecto del estado actual de la centroderecha: una suerte de
desdibujamiento gradual de su proyecto político en los últimos años,
precisamente por la falta de espacios de reflexión y debate acerca de cuáles
son sus ideas y principios, y la importancia de que éstos guíen su acción
política.
Porque para enfrentar los temas más complejos
del Chile de hoy como la superación de la pobreza, mejorar la calidad de la
educación, enfrentar el desafío energético y medioambiental, o alcanzar el
desarrollo, no sólo se requieren políticas públicas sólidas desde la
perspectiva técnica, sino, y sobre todo, ideas y principios claros que son su
fuente inspiradora y guía.
Y al igual como sucedió en el primer simposio
-denominado "Ideas y Prioridades de Futuro", que estuvo centrado en
vincular las ideas de la centroderecha con temas específicos de la agenda
pública que marcaron el 2011, como educación, seguridad pública y derecho de
los consumidores-, este segundo simposio, si bien buscó la reflexión y el
debate en un marco de unidad, extendió una invitación plural a las diversas
fuerzas de la centroderecha, no tan sólo en términos partidarios (RN, UDI e
independientes afines), sino de las diversas sensibilidades y denominaciones
que coexisten al interior de ésta: conservadores, socialcristianos, liberales,
liberales clásicos, libertarios y progresistas.
Y a pesar de los matices, prioridades y
cuestiones de forma en que por supuesto se expresaron diferencias, hubo amplio
consenso entre los diferentes expositores en el cónclave -tanto de sus líderes
políticos como el Presidente de la República, los Presidentes de RN y UDI, y
los precandidatos Presidenciales, como de los expertos, académicos y
participantes que intervinieron con comentarios y preguntas- en tres cuestiones
de fondo: que el proyecto político de la izquierda es bastante simple y
unidimensional: más Estado en todos los ámbitos -y si hay algo que se está
derrumbando por estos días es el Estado de Bienestar en Europa-; que tiene
sentido la acción política de la centroderecha en la medida en que se avanzan
ideas sobre el hombre y la sociedad, y que más que programas de Gobierno
(propuestas de solución frente a problemas concretos), lo relevante es
entregarle al país un proyecto político claro, y que dicho proyecto descansa
sobre un núcleo central de ideas compartidas basadas en: (a) el respeto
irrestricto a la dignidad de la persona; (b) que ésta cuenta con derechos y
libertades que son anteriores al Estado; (c) que el ejercicio de la libertad va
acompañado correlativamente de responsabilidad; (d) que el respeto al imperio
del derecho es fundamental para garantizar la paz social; (e) que el Estado
tiene un rol limitado en los asuntos sociales y económicos, y que debe estar
guiado por el principio de subsidiariedad, y (f) que la economía social de
mercado es un instrumento que favorece el emprendimiento y la creatividad de las
personas.
Bajo este contexto, el Segundo Simposio de
Reflexión Programática es un paso importante para consolidar y proyectar en el
tiempo una verdadera cultura de reflexión de la centroderecha en torno a sus
ideas y principios, no sólo -como recalcara el Presidente en su discurso-
porque estas ideas han demostrado ser las mejores para lograr la realización
plena de las personas, el progreso de los países y la búsqueda de mayores
niveles de bienestar, sino porque al identificarlas con claridad, marcan el
rumbo de la acción política que emprendemos.
Chile: transparencia y corrupción.
El informe correspondiente a 2012 de
Transparencia Internacional, dado a conocer hoy (ayer), constituye una buena
noticia para la imagen de Chile, puesto que lo sitúa junto a Uruguay como las
naciones menos corruptas de Sudamérica y en el vigésimo puesto a nivel mundial,
con un alza de dos puntos sobre la lista anterior. En el ámbito regional
americano, los primeros lugares corresponden a Canadá, Barbados, Estados Unidos
e inmediatamente después Chile y Uruguay; ellos como noveno, decimoquinto,
decimonoveno y vigésimos (los dos últimos) en la escala global. En ésta, los
cinco primeros países son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelandia, Suecia y
Singapur. Cabe advertir que para este año los índices respectivos han sido
actualizados, de manera que los resultados respondan mejor a la realidad
actual.
En sus
comentarios a la aludida nómina, Transparencia Internacional observa que dos
tercios de los Estados que allí figuran están bajo los 50 puntos sobre 100
(cifra que mientras más baja sea señala mayor percepción de altos niveles de
corrupción), lo que indica una grave deficiencia en la gran mayoría de ellos
que obliga a los respectivos Gobiernos a emprender acciones decididas para
superarla. Como situaciones especiales para tener en cuenta, la entidad
menciona los casos de la Europa afectada por la crisis, donde se aprecia un
deterioro en este terreno, y de las principales economías mundiales, en cuanto
a la necesidad de que sus instituciones sean completamente transparentes y
ejemplares en su actuación, dado lo que pueden afectar al resto del mundo.
En lo
que se refiere a nuestro país, el tema ha estado efectivamente en la agenda
nacional, tanto por la convicción general de que hay un buen estándar en la
materia como por las denuncias específicas que ha habido en diversos sectores y
que van desde abusos de ciertas empresas con sus clientes a casos de policías
corruptos y el reciente escándalo en algunos procesos de acreditación
universitaria. En todas esas acusaciones se ha echado de menos tanto una real
modernización del aparato Estatal adecuada a sus tareas de control en diversas
áreas, como una aplicación rigurosa de las inhabilidades que por sus intereses
comprometidos afectan a determinadas personas y una mayor conciencia de la
responsabilidad empresarial, que debería traducirse, entre otras acciones, en
códigos de ética como el diseñado por la Sofofa. Cabe sí señalar que en los
hechos más graves ha habido una rápida reacción institucional, lo que se hace
evidente en las drásticas sanciones conocidas ante cualquier riesgo de
corrupción policial.
Intimamente vinculado a este tema están el
desarrollo de la transparencia en la vida pública, factor determinante en el
combate a la corrupción, y el perfeccionamiento tanto de los organismos que
promueven esa apertura al escrutinio ciudadano como de todas aquellas
instituciones que están al servicio de la comunidad. En este campo falta aún
una mayor conciencia del problema, vencer la natural resistencia de la
burocracia y ajustar las necesarias atribuciones del propio Consejo Nacional de
Transparencia, cuyos alcances han debido ser limitados en ciertos casos al ser
considerados excesivos por los Tribunales, pero sin duda existen ya avances
valiosos que ojalá se consoliden y extiendan.
Aprobación de Punta Alcalde.
El Comité de Ministros -integrado por los
titulares de Minería, Agricultura, Economía, Energía, Salud y el Subsecretario
de Medio Ambiente- aprobó por unanimidad la construcción de la central
termoeléctrica de Punta Alcalde de Endesa, tras agregar exigencias adicionales
de mitigación más estrictas que las presentadas inicialmente por la empresa.
Dicha central, con una potencia instalada de 740 MW y una inversión de 1.400
millones de dólares, será la más grande del país, si logra superar la ya
anunciada apelación que interpondrá el Alcalde de Huasco ante la Justicia.
Se ha revertido así la decisión del Servicio de
Evaluación Ambiental de Atacama (SEA), que en julio pasado rechazó el proyecto,
pues sólo contó con el apoyo de tres de los 10 Seremis Regionales que votaron.
Se adujo entonces que no se contaba con estudios que mostraran que la planta
cumplía con el nuevo reglamento de emisiones, más exigente que el anterior (el
proyecto ingresó al SEA antes de que se dictara dicho nuevo reglamento), y que
tampoco presentaba el impacto que tendría el enviar al mar las aguas utilizadas
por esa planta durante su operación. Aunque según la empresa ambas objeciones
habían sido incluidas en su última presentación, las exigencias adicionales que
incorporó ahora el Comité de Ministros resuelven esas dudas e incrementan la
mitigación. En efecto, se consideró el hecho de que Endesa acordara con la
planta de pellets de CAP, también ubicada en Huasco, incorporar un filtro
electrostático a esta última, que disminuye en 300 toneladas anuales de CO2 sus
emisiones, mitigando con eso las mismas 300 toneladas que generará la central
térmica, que, además, estarán más lejos de la población que las de la planta de
pellets . Asimismo, se cerrará la operación de las turbinas de petróleo diésel
(Central Huasco, de 64 MW de capacidad) y se reducirá el nivel máximo de
emisión de material particulado a 10% menos que lo exigido por la nueva norma
de emisiones. En suma, una vez construida la central, el nivel de emisiones del
valle será incluso más bajo que el actual.
El Comité de Ministros es una instancia
técnico-política que la institucionalidad ambiental contempla y que hace
posible que proyectos rechazados en instancias anteriores, pero que cumplan con
las normas ambientales exigidas, puedan ser aprobados al más alto nivel
político. Es una norma necesaria, pues las decisiones en niveles anteriores no
siempre incorporan todos los elementos que han de considerarse para decidir la
factibilidad de un proyecto, o bien, resuelven según criterios que no son
necesariamente de consenso con el resto de las instituciones, y por eso se le
ha entregado esta facultad al Gobierno de turno, que es el encargado de Administrar
el Estado por decisión popular. En este caso, el proyecto cumplía con las
normas ambientales, y el Comité de Ministros decidió aumentarlas para asegurar
la adecuada mitigación de sus efectos. Una decisión técnico-política a este
nivel debe estar disponible para que el país pueda zanjar discrepancias que
superan los cálculos técnicos, y que se basan en apreciaciones diferentes o
preferencias individuales distintas respecto de posibles escenarios de futuro
que puedan manifestar las diversas instancias institucionales.
La señal que el Gobierno ha dado es nítida,
oportuna y muy positiva. Si los proyectos de generación de energía -en
particular los térmicos- cumplen con la exigente norma de emisiones
recientemente aprobada y con el resto de la normativa ambiental vigente, dará
curso a su construcción, para beneficio de todo el país, impulsando el
crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población. Ningún Gobierno puede exponer irresponsablemente a ésta a las
penurias que significaría un desabastecimiento a muy pocos años plazo.
Demora en tribunales ambientales.
Una serie de dificultades ha experimentado la
implementación de los llamados Tribunales ambientales, una de las piezas
relevantes en la nueva institucionalidad del sector. De acuerdo con la Ley
20.600, publicada en el Diario Oficial en junio de este año, el primero de
dichos Tribunales -de un total de tres- debería ponerse en marcha el próximo 28
de diciembre, pero el proceso de nominación de los futuros Jueces aún no
concluye. Corresponde que tanto el Gobierno como el Senado se empeñen por
acelerar los procedimientos y actuar con el debido sentido de urgencia.
El Gobierno ha justificado este retraso sobre
la base de la complejidad para nominar a los Jueces, los que deben cumplir con
un riguroso perfil técnico y en cuya designación participan los tres poderes
del Estado. Sin embargo, esa es una situación que se debió haber anticipado
durante la tramitación del proyecto de Ley, donde no se previó que un plazo de
seis meses para implementar los nuevos Tribunales podría resultar estrecho.
Tampoco ha sido posible nominar al Superintendente del Medio Ambiente -proceso
a cargo del Sistema de Alta Dirección Pública-, en vista de lo cual se prorrogó
el Mandato del actual interino. Estos retrasos empañan el inicio de la nueva
institucionalidad ambiental -Tribunales
y Superintendencia-, y es indispensable que sobre un tema de alta sensibilidad
para el país los nuevos órganos estén plenamente operativos a la brevedad
posible.
Las funciones de los nuevos Tribunales incluyen
resolver respecto de las resoluciones de la Superintendencia respectiva o del
comité de Ministros en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
De allí la importancia que el nuevo sistema esté operativo pronto, pues podría
ayudar a reducir la fuerte incertidumbre que hoy existe en los criterios para
la aprobación ambiental de grandes proyectos, especialmente en los campos de la
energía y la minería.
Cambios al sistema de notarías y conservadores.
El Gobierno busca sacar adelante un proyecto de
Ley que establece un régimen simplificado de constitución y modificación de
sociedades. La iniciativa data de fines de 2010 y básicamente establece un
sistema de registro sin costo ante el Ministerio de Economía, mediante la
suscripción de formularios e inscripción electrónica. Asimismo, ha presentado
recientemente otro proyecto que innova en la designación de notarios,
conservadores y archiveros, como también respecto del sistema registral de la
propiedad raíz. El primero de dichos proyectos fue impugnado por un grupo de Diputados
ante el Tribunal Constitucional, lo que ha dado origen a la controvertida y
poco explicable situación de que diversos Parlamentarios han retirado o sumado
su firma al requerimiento en el transcurso de pocos días.
El sistema de fe pública y registral requiere
de una modernización de procesos y tecnologías, y de la eliminación de
trámites, constancias y registros innecesarios, muchos de los cuales provienen
de exigencias que hace el propio aparato público. Sin embargo, ello demanda una
reforma integral y coherente, que no afecte la confiabilidad que hoy entrega,
lo que se contradice con el proyecto de Ley relativo a la formación de
sociedades. Este se hace cargo parcialmente del tema al abordar un problema
específico de registro, y además en forma inadecuada, pues deja subsistente de
manera paralela el régimen actual, contemplando la posibilidad de migrar entre
uno y otro, lo que sólo generará confusión e inconvenientes prácticos y de
interpretación jurídica. Por otra parte, el diseño es cuestionable desde la
perspectiva de una buena política pública, cuando pone a competir un sistema
público sin costo para el usuario, solventado con fondos públicos, con otro
privado que cobra aranceles a quienes lo utilicen. Esta forma de abordar los cambios
parece un esfuerzo del Gobierno de minimizar las trabas de llevar a cabo una
reforma coherente, no importando los inconvenientes que ello presente.
Por su parte, el requerimiento presentado por Parlamentarios
ha sido objeto de una seguidilla de retiros y adiciones de rúbricas -lo que
mueve a duda sobre las razones que explican los sucesivos cambios de opinión-,
cuestión que ha obligado al TC a suspender la tramitación mientras no se
determine si cuenta con el patrocinio del número suficiente de Diputados. Sin
embargo, la interpretación correcta debería llevar a exigir el quórum al
momento de ser interpuesto el requerimiento, porque interpretarlo de otro modo
llevaría a que se extienda la práctica de retirar firmas y las presiones para
ello.
El proyecto de Ley sobre notarios,
conservadores y archiveros también es una iniciativa que aborda sólo una parte
del problema: la designación de estos funcionarios y el régimen registral de
los inmuebles. En lo primero está bien encaminado, en cuanto pretende acabar
con las prácticas poco transparentes en tales designaciones y en la
irregularidad de transar notarías, creando una carrera que se basa en
postulaciones y selecciones objetivas para cada cargo, como también en los
ascensos, exigiendo la aprobación de exámenes periódicos. La reformulación del
sistema de registro de inmuebles debería cuidar que no se dañe la seguridad que
ha otorgado el régimen de su propiedad, no obstante ser en su forma anticuado y
demandar una urgente modernización.
Delincuencia: datos finalmente unificados.
Actualmente, las instituciones que conforman el
sistema penal chileno tienen sistemas de información generados principalmente
con fines administrativos, con arquitecturas muy diversas, y no los comparten
entre sí. Desde la perspectiva de las políticas públicas para perfeccionar la
persecución penal, esto significa que no es posible seguir las causas desde que
son denunciadas (o detenidos los infractores en flagrancia) y conocer su
derrotero a lo largo del sistema. Así, se carece de la información necesaria para
identificar sobre base empírica cuáles son y dónde están realmente los cuellos
de botella del sistema, para corregirlos de la forma más eficiente posible.
Desde el punto de vista operativo y de la
contribución de cada institución a la seguridad pública, lo anterior significa
que, existiendo información que les sería útil para maximizarla, no tienen
acceso o a ella, o no la tienen a tiempo. Entre muchos ejemplos, resulta
ilustrativo el que Carabineros no conozca los movimientos migratorios registrados
por Investigaciones, o las discrepancias en las cifras de prófugos de la Justicia
que tienen las distintas instituciones, o que, en general, los funcionarios en
terreno no sepan si una persona a la que le han realizado un control de
identidad o detenido se encuentra quebrantando alguna medida cautelar o
alternativa o beneficio intrapenitenciario.
Así -aunque no parezca creíble-, hoy los
registros de datos en ambas policías, del sistema carcelario, de la justicia
penal adolescente y de la justicia del crimen no son homologables y, por tanto,
no permiten disponer del flujo de la información sobre el tipo de delito, lugar
de ocurrencia, características de víctimas y detenidos, duración del proceso,
cumplimiento de penas, y demás. Por lo tanto, ni el Gobierno central, ni los Regionales,
ni las Municipalidades, ni los órganos públicos pueden resolver con datos
básicos comunes sobre sus metas y políticas de acción. Obviamente, tampoco los
institutos de estudios, universidades y otros organismos privados poseen
antecedentes precisos y completos de investigación como para hacer una buena
evaluación y, en definitiva, la ciudadanía carece de un instrumento básico para
fiscalizar.
Por eso, desde 1997 la Fundación Paz Ciudadana
ha venido proponiendo la creación de un sistema unificado de estadísticas
delictivas, y los últimos Gobiernos han realizado varios intentos por
instalarlo, sin éxito. Hoy, al alero del nuevo Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el Banco Unificado de Datos ya cuenta con un diseño (paso
necesario por las diferencias en clasificación y formas de registro y
almacenamiento de datos), con un presupuesto de 1.300 millones de pesos para su
creación el próximo año, y seis de las siete instituciones (policías,
Ministerio Público, Gendarmería, Sename, Registro Civil) han firmado los
convenios de colaboración con el Ministerio para alimentar dicha base con sus
datos. Esta semana, el Poder Judicial, por acuerdo unánime del pleno, acordó
sumarse a esta crucial iniciativa.
Así, el país contará por primera vez con un
repositorio de información delictiva ordenada, que permita a las instituciones
consultar información registrada originalmente por otra. El Ministerio del
Interior (que no podrá identificar a personas) realizará estudios y brindará
servicios estadísticos y de análisis. Este logro no es sólo técnico, ya que los
medios tecnológicos para realizar esto existen hace años, sino una demostración
concreta de cómo el liderazgo por un Ministerio específicamente a cargo de la
seguridad pública puede aunar voluntades políticas para lograr cambios
sustanciales en la forma de enfrentar la delincuencia en Chile.
México y Argentina, dos modelos.
Argentina y México ejemplifican dos estilos de Gobierno
y modelos de desarrollo, con rumbos y resultados completamente divergentes.
Mientras el nuevo Presidente Enrique Peña Nieto se compromete a "ejercer
una Presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a
escuchar y a tomar en cuenta a todos", Cristina Fernández se encasilla cada
vez más en su círculo de incondicionales, marginando a antiguos aliados e
impermeable al clamor y la crítica ciudadana.
Peña Nieto recién ha asumido el cargo, y es
demasiado pronto para saber si cumplirá lo propuesto, y si su partido, el PRI,
ha dejado de ser el conglomerado que mantuvo una "dictadura perfecta"
por 70 años, pero debe reconocerse el ánimo de plantear desde el inicio la
transparencia como parte de su forma de Gobernar. De hecho, al día siguiente de
su investidura, el Presidente mexicano logró firmar un pacto sobre reformas
políticas y económicas con los jefes de los partidos opositores, el PAN y el
PRD (aunque este último lo habría firmado a título personal), que promete
agilizar la tramitación de numerosas Leyes e importantes reformas Constitucionales
que han estado estancadas en el Congreso.
México -como lo han expresado dos destacados
analistas de ese país, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, en un reciente
artículo de " Foreign Affairs" - ya no es el mismo de hace 15 años, y
tampoco lo son los mexicanos, que han aprendido lo que es la democracia, la
alternancia en el poder, y aprecian la globalización y la apertura al mundo.
Reconocen que la transición a la democracia desde los años del priismo ha sido
algo frustrante, por la lentitud de los cambios, pero la sociedad mexicana ya
conoce lo que es la legitimidad de las urnas, la rendición de cuentas de los
actos políticos, y está menos proclive a aceptar la corrupción endémica, porque
sabe lo que es el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia.
En estos años, México abrazó con entusiasmo el
libre mercado, lo que se plasma en numerosos TLC, siendo el más importante el
que lo vincula estrechamente a EE.UU. Entre las ventajas del mismo está la
fuerte interdependencia de sus industrias y exportaciones, la capacidad de
absorción de mano de obra mexicana en ese país, y también el empleo que dan las
maquilas instaladas en territorio mexicano. Entre las desventajas, el que
México deba soportar los vaivenes económicos que afecten a su vecino del norte.
Argentina y su Presidenta Cristina Fernández
han elegido un sistema del todo distinto. Antes que un TLC, el Gobierno
trasandino prioriza el Mercosur, un acuerdo de integración con países con
diversos niveles de desarrollo -al que, ahora, se incorpora la Venezuela de
Chávez-, fundado en el proteccionismo económico. Sus sucesivas crisis dan
cuenta de las dificultades de combinar economías tan distintas como Paraguay y
Brasil, y otras que compiten como Argentina y Brasil, por ejemplo en el tema
automotor. Cristina Fernández parece querer seguir el rumbo de Chávez en cuanto
a re-reelección -aunque por ahora no parece realista-, y también a
nacionalizaciones. El conflicto con Repsol por la expropiación de YPF es una
derivada de esta tendencia a entrar en problemas con la comunidad
internacional, que tiene como mayor demostración su conflicto judicial con los
acreedores que no renegociaron la deuda.
México parece tener un futuro de certezas. El
porvenir de Argentina es una incógnita.
