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lunes, 3 de diciembre de 2012

Ecos temáticos del fin de semana….


La buena noticia del fin de semana, a las dos y  media  la mañana se del
 domingo se entregó el último cómputo de la Teletón con una recaudación
de 25 mil 445 millones 520 mil 245 pesos, lo que asegura la atención
de nuestros jóvenes y niños por los próximos dos años, confirmando
la solidaridad que caracteriza a los chilenos.


Imagen dramática, un conductor, aparentemente ebrio, mató la madrugada
 Del  sábado  a tres deportistas, y dejó 8 heridos, uno de ellos de extrema
gravedad,  al impactar con su vehículo una corrida de Santiago a Valparaíso
para apoyar a la Teletón.

Unión Española, luego de derrotar nuevamente en el partido de vuelta
a Colo-Colo, por la final del torneo de Clausura  los rojos de Santa Laura
 deberán enfrentarse con los acereros de Huachipato se quedó con la llave
de  semifinales ante Rangers de Talca, en partidos a disputarse el 5 el
Estadio Santa Laura y el 9 en el Estadio CAP de Talcahuano

La noticia de las próximas dos semanas serán los alegatos peruanos y chilenos
 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que comienzan hoy, por la
 demanda con que Perú pretende adueñarse de parte del mar de Chile,
desconociendo los tratados firmados por ambos países.




Inicio de alegatos en La Haya
por Luis Winter.


El fallo que pronunciara el 19 de noviembre la Corte Internacional de Justicia en el caso Colombia-Nicaragua sigue produciendo reacciones adversas en Colombia.



A las duras reacciones del Presidente Santos, si bien señaló que respetaría el derecho internacional, se unieron las de su Canciller, miembros de su Gobierno y de la Administración anterior. El ex Presidente Uribe llegó a solicitar el desconocimiento del fallo, citando diversos casos en que ello habría ocurrido, incluso -e imprudentemente- el del arbitraje que enfrentó a nuestro país con Argentina por el asunto del Beagle.



Los anuncios de estudios para interponer recursos, la denuncia del Pacto de Bogotá  y exponer la situación ante la OEA, no cambiarán la sentencia. El fallo es inapelable y sólo susceptible de revisión ante el mismo Tribunal por una causal que no se divisa o aclaración que tampoco se advierte. Además, la denuncia del Pacto de Bogotá, el mismo que confirió competencia a la Corte, produce efectos a futuro y no me imagino qué pueda hacer la OEA.



Sin entrar en un análisis del fallo, que muchos señalan alejado del derecho por reconocer la soberanía de Colombia sobre las islas y disminuir su espacio marítimo en actual posesión (unánime en cinco aspectos y 14-1 en el sexto con el voto en contra del Juez Owada), nuestros ojos se han desviado hacia nuestro caso, cuyos alegatos comienzan el lunes.



Ya se ha aclarado suficientemente que son distintos. El primero se refirió a una disputa de soberanía territorial y su proyección marítima, mientras que en el nuestro, la corte debe decidir si existe o no una delimitación marítima. Y para negarlo habría que reescribir la historia de los últimos 60 años, rechazando la existencia o desnaturalizando uno a uno los acuerdos celebrados y la práctica seguida.



Como es conocido, la demanda peruana plantea como petición alternativa que se le reconozca el derecho a un triángulo de mar que se produce al extender en todas direcciones las 200 millas peruanas medidas desde sus costas, sobrepasando las 200 millas chilenas al sur del paralelo limítrofe y envolviendo la parte oeste de nuestro actual límite con el alta mar. Si bien Chile no reclama este espacio que considera alta mar, manifiesta que le llama la atención que el Perú lo solicite ahora, que transgreda el acuerdo de 1952 de delimitación por el paralelo y que se base en los derechos que le conferiría la Convemar, de la que no es parte; y más aún si la naturaleza jurídica del mar peruano no coincide con el de la Zona Económica Exclusiva de la Convemar.



Finalmente, se encuentra lo referente al Hito 1 que Perú cuestiona como punto de inicio del límite terrestre, no obstante haber sido acordado por ambos demarcadores y confirmado por los Gobiernos, aspecto que deriva del Tratado de 1929, por lo que la corte carecería de competencia.



La corte es un Tribunal de derecho, sus fallos se basan en el derecho internacional y su cumplimiento está entregado, en último término, al Consejo de Seguridad de la ONU. Confiamos en convencer a la Corte de la verdad de lo sucedido, rechazando así lo pedido por Perú. Chile, conforme a su tradición, cumplirá la sentencia.



La democracia es sin temor,
por Axel Buchheister.


Un político de centroderecha pidió una vez a los empresarios, y nada menos que en un prestigiado foro empresarial, que no canonizaran a la Presidenta o a los Ministros, lo que causó revuelo. Porque es lo que suele hacer la elite criolla. Y normalmente no confiere el galardón a un fiel representante de sus ideas y valores, como se esperaría que hagan los empresarios con los paladines del mercado y la libre empresa, sino que a aquellos que representan más bien lo contrario, quizás como una forma de exorcizar sus propios temores.



Y parece estar sucediendo otra vez con el Senador socialista Camilo Escalona, el político que todos alaban como forjador de consensos. Invitado en la semana a exponer en el mismo foro sobre lo que viene en la política, no usó -sin embargo- el tono distendido del consenso, sino que uno más cercano a la admonición.



Nos dijo que en Chile ya no da para más la desigualdad y que si esto sigue así, las cosas se pondrán mal. Entonces hay que hacer cambios profundos. Justificó la desigualdad con un ejemplo: en los feriados largos suben los pasajes de buses o la gente se queda abajo en los aeropuertos, porque las aerolíneas se sobrevenden. Aparte que es discutible que eso sea fuente de desigualdad, hay que recordar que la economía enseña que si sube la demanda, sube el precio, lo que ajusta ésta con la oferta; también que si hay sobreventa, corresponde indemnizar. A lo más hay que mejorar la regulación de esto último, pero de ahí a cambiar el “modelo” que ha generado un bienestar nunca antes conocido, hay bastante trecho.



Viene al caso la explicación que leí de una experta en caracterización de niveles socioeconómicos (C1, C2, etc.): antes se hacía en función de los artefactos que poseía la gente, pero ahora no es posible, porque todos los tienen, sino que viendo dónde viajan y de qué forma (no si viajan, porque todos salen a alguna parte como sea). Es el nuevo Chile desigual, que merced al modelo, viaja cada vez que puede, colapsando carreteras, buses y aviones.



En una reciente entrevista también nos dijo el Senador que “Bachelet es la que da garantías de enfrentar las reformas que hacen falta sin generar inestabilidad” y que “no hay otra figura política que no sea Bachelet para enfrentar esa tarea”. Entonces mejor apoyarla, porque los cambios igual vienen y para qué hacerlos con inestabilidad. Por eso, agrega él, “un sector significativo de los empresarios piensa que la alternativa de recuperación del sistema político está en Bachelet”.



Entonces, ¿si vuelve a ganar la Alianza, la Concertación no contribuirá a la estabilidad que la democracia demanda? ¿No se parece eso al obstruccionismo legislativo que hemos visto por tres años? En su momento la misma Concertación calificó de inaceptable la premisa de “yo o el caos”; entonces por qué se nos dice ahora, en tono admonitorio, que la alternativa es “Bachelet o el caos”, ya que sólo ella tendría la llave de la estabilidad. Bueno sería saber qué opina ella de esto y si es así cómo pretende plantearse, pero no puede porque está en la ONU.



La democracia se basa en convencer al ciudadano con argumentos y las mejores propuestas, no en infundir temor. Tampoco en canonizar a nadie.



Acreditación, descrédito, descriterio,
por Alfredo Jocelyn-Holt.

Que bueno todo esto que ha pasado con la Comisión Nacional de Acreditación. Supongo que ahora se acabarán los casos de cohecho, soborno, conflictos de interés, lavado de dinero y pago por acreditaciones. El país debería estar muy agradecido de Raúl Urrutia, quien renunció al mes de haber sido designado rector de la Universidad del Mar, desatando una fiscalización (al fin) que ha terminado por poner en jaque a todo el sistema de acreditación universitaria. Aunque qué incómodo debe ser para los restantes rectores, quienes seguro que saben lo que pasa en las instituciones bajo su responsabilidad (por eso lo de “rectores”) y, sin embargo, siguen en sus puestos.



También debe ser preocupante para todos aquellos que, en su momento, crearon este sistema tan lleno de tentaciones. Hace unos días uno de los artífices del esquema, experto acreditador (también “consultor” del rubro), aconsejaba por la prensa que había que “transparentar”. Un comentario atendible si no fuera que el escándalo consiste en el clásico cazabobos, el de entregarles el queso a los ratones; por tanto, persistir en esta misma línea entre tanto roedor revoloteando o es de una ingenuidad digamos que “anatómica” (estoy tratando de evitar la expresión criolla correspondiente), o vamos sumando complicidades. Mejor desbaratar la conspiración; la etapa de transparentar ya pasó.



Motivos hay para sospechar. Los abusos que han salido a flote evidentemente crearon una competencia desleal. Sin embargo, ¿por qué los otros “probos” afectados (“santos inocentes”) no denunciaron estas prácticas y tuvo que hacerlo Contraloría? La cantidad de exautoridades universitarias convertidas en “acreditadores” resulta, por decir lo menos, curiosa. De tan sólo la universidad a la que yo pertenezco -la Universidad de Chile- figuran un ex vicerrector de administración y finanzas y un ex Vicerrector de asuntos académicos que ocuparon, hasta hace poco, los cargos de secretario y presidente de esta agencia en cuestión. Puesto que de lo que estamos hablando es de “trenzas” entre la CNA y universidades, lo anterior es de sumo delicado. ¿Dónde se van a cortar las responsabilidades: en los pillados con las manos en la masa o en quienes dieron con la receta original de esta, digamos, empanada podrida?



La fuente del lío es la lógica sistémica implícita: a + platas + administración + riesgos de corrupción (regla general) lo cual no significa + calidad en un mundo como el universitario en que, de efectivamente tratarse de un negocio, algo anda muy mal. El querer convertir a universidades más o menos, como las nuestras, en centros de investigación (lo cual supone muchas platas) es de las arrogancias chilenas recientes con menos fundamento detrás. Habemos muchos que creemos que nuestras ventajas académicas apuntan más bien a la docencia, la cual requiere poca plata; de hecho, es pésimamente pagada (una vergüenza), pero al menos se sostiene con auténtica vocación. Téngase por seguro de gente que no va a caer en esta vuelta aunque haya visto la danza de los millones ante sus narices. Nunca ha habido más platas en las universidades públicas, para qué decir en las privadas, que hoy día. Platas, eso sí, que hacen sonar la orquesta y sacan a bailar a las niñas.



El comienzo de la supervisión en educación.


La nueva institucionalidad que establece la Ley de Aseguramiento de la Calidad otorga a la Superintendencia de Educación Escolar un papel fiscalizador en aspectos centrales del proceso educacional. Ella está facultada por Ley para velar por que las instalaciones escolares cumplan con los estándares mínimos para un buen desarrollo del proceso educacional, e impedir situaciones que en el pasado han motivado justos reclamos de estudiantes y apoderados. Asimismo, debe controlar el buen uso de los recursos Fiscales, evitando que se destinen a fines ajenos a los estrictamente educacionales. Igualmente relevante es su función respecto de la investigación, resolución y mediación de conflictos que dentro de los colegios afecten a profesores y alumnos -como los casos de bullying, maltrato y otras denuncias.



Las reforzadas facultades que la ley entrega a la Superintendencia para amonestar y sancionar mediante multas e incluso cierre de un colegio debido a fallas reiteradas y malos resultados, ya comienzan a aplicarse, y se está dotando de tecnologías a sus inspectores. Así, las faltas de los colegios se registran computacionalmente y la información llega on line a la Superintendencia, con fotos y documentos digitalizados. Con apenas tres meses de funcionamiento, el Superintendente Manuel Casanueva ha anticipado que alrededor de 50 colegios podrían perder el reconocimiento oficial a fines de este año por incumplimiento de estándares mínimos. Otros 400 -de un total de alrededor de 12 mil- se encuentran en situación vulnerable, y los sostenedores están recibiendo asistencia para revertir ese cuadro.



La nueva institucionalidad que encomienda la fiscalización de la gestión escolar a la Superintendencia, y el logro de resultados de aprendizaje a la Agencia de Calidad, permite -en conjunto con el Consejo Nacional de Educación- avanzar en los diferentes ámbitos que la educación escolar requiere. Las variables que inciden en un proceso educativo exitoso son numerosas, y es determinante la conducción del director: si su liderazgo convoca, compromete y entusiasma a los profesores, se traduce en una comunidad escolar cohesionada y activa, donde se comparte la información, se incorpora a los padres y apoderados, y se crean espacios de colaboración entre los distintos actores que forman a los estudiantes. De igual importancia es la capacidad de gestionar ordenadamente los recursos del establecimiento. Muchos problemas de gestión se relacionan con atrasos en el pago de sueldos y cotizaciones de los profesores, y con contrataciones de personas no calificadas para enseñar.



Sin embargo, elevar los estándares de calidad escolar depende no sólo de instancias que supervisen el cumplimiento de las exigencias, sino también de mecanismos de apoyo y asistencia que permitan a los colegios elevar sus niveles de desempeño.



Es, asimismo, fundamental proveer a los padres y apoderados de la información necesaria sobre el rendimiento comparativo de los establecimientos, de modo que cuenten con todas las herramientas necesarias para tomar decisiones respecto de la enseñanza de sus hijos.



La demanda ciudadana por mejorar la educación exige que los organismos creados bajo la nueva institucionalidad operen con sentido de urgencia con miras a incidir favorablemente en todo el sistema educacional. Las expectativas respecto del rol de la Superintendencia de educación escolar son altas y parecen estar dadas las condiciones para que pueda cumplirlas. El superintendente Casanueva observa una correlación entre colegios que cumplen la normativa y obtienen buenos resultados Simce, y de allí que resuma su meta como "hacer una muy buena fiscalización, para lograr que todos los colegios tengan un gran desempeño".



Nuevas visiones de innovación social.


La Fundación Miguel Kast ha anunciado una alianza con la U. del Desarrollo para apoyar innovaciones que combatan la pobreza, mediante una nueva entidad dependiente de ambas, el Instituto de Innovación Social. Se trata de una iniciativa novedosa, que busca abordar la pobreza desde una nueva perspectiva, acorde con el actual estado de desarrollo del país.



Durante muchos años el combate a la pobreza se enfrentó desde un punto de vista básicamente asistencialista. Eso era lógico, dadas las urgentes necesidades que existían en el país. En algún grado, fue lo que realizó el propio referente de la fundación, el ex Ministro de Planificación Social Miguel Kast, en los años 70, cuando la pobreza alcanzaba a casi el 50% de la población, y necesidades elementales no estaban cubiertas. Hoy, sin embargo, Chile se halla en una situación muy diferente, y los problemas relacionados con la pobreza no sólo son distintos, sino además más complejos. La marginalidad comienza a desaparecer y las personas necesitan oportunidades, apoyo y herramientas para enfrentar el presente por sí mismas.



Pese a lo anterior, aún persiste un grupo que no está recibiendo suficientemente los beneficios del desarrollo: según la más reciente encuesta Casen, unos 2,48 millones de personas siguen viviendo en pobreza, y 474 mil en indigencia. Sin embargo, su fuerte disminución de las últimas décadas ha movido a un cambio de énfasis. El antiguo enfoque asistencial ha dado paso a preocupaciones distintas como la distribución del ingreso, y las nuevas necesidades plantean una exigencia mucho mayor en la focalización de los recursos.



Hoy, la pobreza ha pasado a estar mucho más relacionada con la vulnerabilidad que con la marginalidad, y en esa área debe estar el foco principal de las políticas públicas. Dicha vulnerabilidad, a su vez, está muy asociada al desempleo o al grado de calificación para el trabajo. Esta situación debe ser urgentemente corregida. Y, precisamente en esa doble función de focalización y combate de la vulnerabilidad, instituciones e iniciativas como la recientemente anunciada por la Fundación Miguel Kast y la UDD pueden hacer un aporte sustancial.



Acuerdo para reajuste de los trabajadores del sector público.


El acuerdo sobre el reajuste anual de remuneraciones al que arribaron el Gobierno y los 14 gremios que agrupan a los trabajadores del sector público sorprendió a la opinión pública por la rapidez y por la ausencia de los conflictos y paralizaciones que se habían producido en torno al tema en años anteriores. Si bien el guarismo del ajuste parece prudente para el escenario macroeconómico, su monto se incrementa sustancialmente cuando se le agregan otros beneficios que se entregaron, aspecto que debe ser analizado con cuidado. Adicionalmente, se incluyó un acuerdo para que se despache un instructivo referido a los trabajadores que están bajo el régimen de contrata que tiende a asimilar inconvenientemente estas contrataciones a las de carácter indefinido.



Luego de cinco años en que el proyecto de ley de reajuste de remuneraciones del sector público ingresaba sin acuerdo a su tramitación al Congreso, este año el Ministerio de Hacienda y los representantes de los gremios del sector público arribaron a un acuerdo previo que llevó a que la propuesta se convirtiera en ley en 24 horas. El reajuste fue de un 5% nominal, considerando una inflación proyectada de 2,9% en 12 meses y un reajuste real de 2,1%. Este es el mismo monto del año anterior y está dentro de los márgenes razonables estimados por los expertos, considerando la situación laboral del país y del erario. No obstante, el análisis correcto debe ser hecho considerando los demás beneficios que se agregaron a este reajuste: por primera vez un bono de vacaciones de entre 40 mil y 60 mil pesos; aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, y un bono de término de conflicto de $ 185 mil para los sueldos inferiores a $ 631 mil y de $ 92.500 para los sueldos superiores a esa cifra e inferiores a poco más de $ 1,9 millón.



Sin embargo, el punto que parece haber sido decisivo para obtener el apoyo de los gremios fue la inclusión de un instructivo donde se dispone que “las eventuales no renovaciones de las contratas deberán entenderse en forma restrictiva y limitadas a casos debidamente fundados y acreditables y sobre la base de que concurran criterios objetivos”. Lamentablemente, este criterio, más otras restricciones que se  imponen a la no renovación, tiende a rigidizar la política laboral del sector público, dificultando el proceso de modernización de su gestión y debilitando un aspecto que los Gobiernos habían defendido en los últimos 20 años, a pesar de su impopularidad.



Entre las tres modalidades de contratación del sector público -trabajadores de planta, bajo honorarios y a contrata-, la última juega un rol fundamental, porque entrega al trabajador un régimen de prestaciones equivalentes a un contrato de trabajo normal  -con cotizaciones previsionales y de salud-, pero con un plazo limitado a fin de no incrementar injustificadamente la planta del sector público, la cual goza de inamovilidad. Esto permite que, por ejemplo, las tareas temporales sean abordadas sin incrementar de manera permanente la dotación del sector público. Además, es previsible que la exigencia de fundamentación para la no renovación del contrato aliente litigios para cuestionar su procedencia.



Aunque en el corto plazo un acuerdo de esta naturaleza evita la conflictividad laboral, los contenidos del mismo no parecen convenientes para los intereses de largo plazo de la gestión del Estado.



Temas económicos: Vallas en nuestro camino al desarrollo.


El crecimiento del consumo y la inversión han sido los pilares de este desempeño. Como lo planteó el Ministro de Hacienda, la segunda alcanza hoy el 25,1% del producto. A su vez, el crecimiento del consumo demuestra la confianza de la población en el presente y el futuro. A esto se agregan un bajo desempleo, una inflación controlada y un crecimiento del gasto en línea con la promesa de un déficit estructural de -1%.



Es una situación macroeconómica privilegiada, reconocida así por los mercados internacionales. Ningún otro país en vías de desarrollo ha colocado bonos soberanos a una tasa de 2,379%. Chile es hoy un caso exitoso, ha recuperado su capacidad de crecer, con buena salud en materias Fiscales y monetarias. Nos hemos convertido en un modelo, y la presentación del Ministro Larraín en Enade fue un excelente resumen de nuestros avances económicos.



Energía, el dramático cuello de botella.
Pero no todo es color de rosa. En dicho encuentro también quedaron en redoblada evidencia algunos factores que, de no ser resueltos, pueden poner en jaque lo cosechado durante los últimos años. Los temas de educación, modernización y sistema político son muy relevantes, pero sin duda nuestro cuello de botella en el mediano plazo está en la energía. La situación en este sector puede reducir rápida y significativamente nuestra productividad.



Hoy, nuestra matriz de energía eléctrica está compuesta en 33% de hidroelectricidad, 65% de generación térmica y 2% de fuentes de energías renovables no convencionales. En 2012, la capacidad instalada de generación eléctrica alcanza los 17.438 MW, suficiente para asegurar nuestras demandas actuales de electricidad. Y para los próximos dos años, el plan de obras del Consejo Nacional de Energía prevé un aumento en capacidad de 996 MW. Las centrales de Campiche, San Pedro y Angostura explican poco más del 70% de esta nueva capacidad. Con ellas, como lo planteó Juan Antonio Guzmán en su presentación, nuestro consumo de energía está asegurado hasta 2014.



Pero una economía que crece necesita asegurar el suministro de energía en el mediano y largo plazo. En las condiciones actuales, las estimaciones anticipan que su demanda se duplicará en 10 años, y la incertidumbre respecto del suministro futuro es alarmante. Ejemplos de esto son la lamentable situación del proyecto HidroAysén y los casos de las centrales Barrancones y Castilla. Y aunque el suministro está asegurado en el corto plazo, el aumento de los costos marginales en la generación de electricidad para el sector productivo -que hoy alcanzan a 180 dólares por megavatio hora (MWh), el doble del valor en situaciones de normalidad- alerta que, sin avances importantes en este sector, la competitividad de nuestro país puede verse afectada en el mediano plazo. Por eso, inquieta que en el plan de obras del CNE no haya proyectos en construcción que puedan comenzar a operar con posterioridad a 2014. Chile no puede darse este lujo.



La propuesta de una infraestructura de transmisión eléctrica pública -la "carretera eléctrica"- es un avance de este Gobierno. Ella brindará un esquema más seguro y robusto para el desarrollo de redes eléctricas, potenciando así el desarrollo del sector energético. Pero las consecuencias de las trabas al desarrollo de proyectos no son compensadas por la carretera eléctrica ni por ninguna iniciativa emprendida en los últimos años. La inadecuada institucionalidad, agravada por una excesiva burocracia, y la eficaz acción de grupos de interés minoritarios, son los principales responsables de nuestra riesgosa situación en energía. Estos factores explican la lenta revisión, aprobación y concesión de permisos medioambientales, la paralizante judicialización de los proyectos, el poco respeto a las reglas del juego y la incertidumbre legislativa. En momentos en que Chile necesita mayores inversiones en materias energéticas, urgen medidas para atraer y no ahuyentar a los inversionistas.



¿Vamos a esperar el apagón?
No podemos esperar los cortes del suministro de electricidad ni el racionamiento para comenzar a actuar. Los costos serían enormes. Debemos arribar a un "acuerdo país", en el que la voz de la mayoría sea escuchada. Apremia educar a la población sobre las consecuencias de no emprender ya nuevos proyectos, para que no sea manipulada por publicidad engañosa, pero hábil, de grupos de interés minoritarios que ponen trabas sin brindar opciones.



Las responsabilidades de la situación a que hemos llegado son compartidas por los tres poderes del Estado, los Gobiernos locales y la sociedad civil. Pero, más allá de buscar responsabilidades, necesitamos un acuerdo nacional que asegure nuestra matriz energética, con completo respeto a la institucionalidad, que permita destrabar los proyectos en espera, y el Gobierno haría bien en determinar concentración de responsabilidades políticas en este objetivo.



Necesitamos terminar de abrir nuestra vía al desarrollo. Chile nunca ha estado más cerca de alcanzarlo. Tenemos que eliminar los lomos de toro y desvíos, y poner fin al cuadro actual, en el que el interés de unos pocos afecta al bienestar de toda la población.



Avances en el financiamiento de las FF.AA.


En el Senado está en tramitación el proyecto que modifica la Ley Reservada del Cobre, que desde hace 58 años vincula el financiamiento de las compras de armas para la Defensa Nacional a los avatares del precio del cobre y le exige esa contribución a Codelco.



Actualmente, es el mercado mundial del metal el que "decide" cuánto destina el país a la compra de material militar y tienen poco que ver las tensiones internacionales que involucran al país y las proyecciones de quienes definen la Defensa Nacional o lo que como sociedad decidimos que es prudente gastar en esta materia.



Hay un consenso transversal en que el mecanismo está obsoleto y tiene costos en términos de eficiencia para la cuprera y de transparencia presupuestaria, pero anteriores intentos por reemplazarla quedaron dormidos en el Congreso. Sin embargo, podría haber un cambio: en junio pasado -tras un año de debates- la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de reemplazo presentada por el actual Gobierno.



La Ley Reservada del Cobre fue creada bajo el segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo, en 1958. Fue la respuesta para asegurar el presupuesto de Defensa en el marco de tensiones con Argentina. El impuesto se fijó en 15% de las utilidades del cobre. Más adelante, en los años 70, se estableció que fuese de un 10%. Durante el Gobierno Militar fue modificada por última vez (1987) y se estableció la entrega del 10% del total de las ventas de cobre al extranjero y sus subproductos por parte de Codelco, fijándose un monto mínimo de 180 millones de dólares. Estos dineros, depositados en el extranjero, son administrados por el Consejo Superior de la Defensa Nacional y repartidos en partes iguales entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.



Hace 8 años la OCDE consideró la Ley Reservada del Cobre como uno de los puntos más débiles del sistema presupuestario chileno: "es un mecanismo altamente inapropiado". Efectivamente, hay varios puntos cuestionables de la legislación. Primero, los aportes que se entregan para la Defensa tienen poco que ver con el momento geopolítico o con los conflictos con vecinos. A fines de la década de los 70, cuando Chile vivía tensas relaciones limítrofes con Argentina, el metal pocas veces se empinó hacia los 2 dólares, mientras que en los últimos cinco años, de calma en el entorno internacional del país, el cobre casi duplica este precio en parte importante del período.



Segundo, daña a Codelco, que debe competir con poderosas compañías del rubro. Un impuesto a las ventas atenta contra su eficiencia, ya que dificulta la planificación de mediano plazo y puede ser complejo en un escenario de altos costos y precios bajos. De hecho, la evaluación de riesgo de Codelco se ha visto negativamente afectada por esta legislación, implicando un castigo en la emisión de deuda.



Finalmente, cambiarla será un aporte a la solidez del sistema presupuestario, ya que los criterios de asignación se definen por la evaluación de proyectos y no de manera automática. Aunque no es deseable que los gastos militares dependan del debate anual del Presupuesto, por la interferencia de temas políticos o electorales en materias sumamente delicadas, sí es conveniente para la democracia que se discuta en el Congreso cuánto -como país- estamos dispuestos a invertir en Defensa versus otros gastos, como el social o la inversión en infraestructura. Hoy, eso lo decide el precio internacional del cobre, dejando a la Defensa Nacional a merced de un mercado de commodities.



El proyecto ingresado en 2011 se centra en eliminar la obligación de Codelco de entregar parte de sus ventas a las FF.AA, pero reconoce la necesidad de un presupuesto que sea lo más inmune posible a las vulnerabilidades del ciclo político. Se establece, entonces, un mecanismo de cuatro años. Además, se contemplan proyecciones temporales de 12 años que serán actualizadas y revisadas en el primer año de cada Gobierno. También, hay un mínimo fijado en base a parámetros históricos y un fondo de contingencia estratégica para enfrentar situaciones especiales o aprovechar condiciones ventajosas de material bélico.



Quienes han estudiado a fondo esta legislación, en general, coinciden que esta propuesta apunta en la dirección correcta. Hay, sin embargo, algunos reparos. Se han levantado voces que critican que el proyecto garantice fondos para Defensa aun a costa de gasto social (educación, salud, vivienda). En esta línea, CIEPLAN critica el exceso de privilegios del sector Defensa respecto de otros sectores (pisos de gasto, fondo de contingencia y la autorización para incorporar al Presupuesto del año siguiente los saldos de caja para la adquisición de material bélico).



La modificación del actual sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas podría saltar a la arena pública en la última fase de su tramitación Parlamentaria , dado que al menos dos de los precandidatos han fijado posiciones al respecto. Durante la administración de Andrés Allamand se envió el proyecto tras conseguir un consenso amplio, lo que no se pudo durante el Gobierno de Bachelet, que también presentó un proyecto con este fin, que no prosperó. Para Allamand podría ser un logro a exhibir en medio de su campaña.



Andrés Velasco también ha tomado un rol activo en el tema. A raíz de la aprobación en la Cámara, el hoy candidato Presidencial se mostró contrario a la propuesta del Gobierno de Piñera y defendió el proyecto de la era Bachelet por estar inspirado en los mecanismos de otros países miembros de la OCDE, que tienen menos privilegios que el elaborado por Allamand. "¿Por qué va a haber un piso para las compras de armas y no va a haber un piso para la salud, educación, pensiones? Eso no tiene razón alguna de ser", dijo.



La discusión de la ley debe seguir su trámite en el Senado y es de esperar que el fallo de La Haya no sea argumento para no alcanzar un sistema serio y transparente de financiamiento para las FF.AA.




Una carta para meditar.




Señor Director:



Estrategias de la centroderecha.



Las primarias en la Alianza han permitido un interesante examen de conciencia en el sector. Cuáles son nuestros principios, nuestras banderas, y cuál el modo más eficaz de marcar con su sello las políticas públicas del Chile del próximo cuadrienio presidencial.  Frente a ese atractivo cuestionamiento, aparecen dos estrategias claramente diferenciadas.



Por una parte, la de Jaime Guzmán, quien postulaba que lo que debe preocupar más que ser mayoría es lograr influir. Concluía eso probablemente tras considerar que no era posible alcanzar la mayoría absoluta sin tener que, necesariamente, desdibujar los principios que debían animar la acción política de los “partidarios de una sociedad integralmente libre”. Frente a la disyuntiva votos o principios, prefería los segundos.



Del otro extremo, destaca Andrés Allamand, con su conocida denuncia de que “la derecha no tiene vocación de mayoría”. Propiciaba hasta hace poco un “extender” los límites de la centroderecha, con el oculto objetivo de alcanzar la mayoría absoluta, que permitiera convertir en política pública concreta las ideas -más volubles que las del fundador de la UDI-, que movían su acción política.



Frente a esa disyuntiva es posible considerar una tercera vía, que huya tanto de la comodidad de defender los principios sin aspirar a que ellos sean mayoría, y del maquiavelismo de colocar en el primero de los principios al poder. El desafío de la centroderecha, y concretamente en esta primaria que recién se abre, apunta justamente a eso. Levantar un set de propuestas sólidamente fundadas en sus principios inspiradores, pero articuladas con un esforzado trabajo intelectual que permita presentar esas mismas propuestas como atractivas, con rasgos tales que tengan mérito de llegar a ser mayoritarias en la ciudadanía chilena.



Jorge Baraona Correa.

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EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

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Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Canción Nacional de Chile completa con todas sus estrofas....

Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

PARA VER COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL VÍDEO.

Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

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Pega presidencial pendiente:Justicia

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