DIFUNDA ESTA PÁGINA.

jueves, 27 de diciembre de 2012

Breves informativas y temas para el debate..


A nuestros amigos y amigas deseamos que el año 2013 les llene
de satisfacciones, alegrías y felicidad, además de pedir porque
económicamente superemos todas las problemáticas que nos
puedan han afectado, dándonos la necesaria unidad familiar y
amor.


El Ministro de Educación, Harald Beyer, garantizó a estudiantes
de la universidad del Mar  su titulación o reubicación en
otros planteles, luego de que el Consejo Nacional de Educación
caducara la personalidad jurídica de esa institución.


Una mala noticia para este fin de año, la ENAP anunció que las
bencinas subirán en promedio $12,6 por litro, el petróleo diesel
$2,6  y la popular parafina se anotará con un incremento de
$8,9 por litro. Los peajes también subirán en los próximos días
las tarifas.


China inauguró la línea de tren de alta velocidad más larga del
mundo, la que recorrerá 2.298 kilómetros, entre las ciudades
de Beijing y Cantón, confirmando al país asiático como el líder
mundial en este tipo de red ferroviaria.


Jefe de la Policía Militar siria anunció su deserción por medio de
un video y se unió a los rebeldes, se trata de  uno de los
uniformados sirios de más alto rango que  ha desertado de las
filas del régimen dictatorial de Bashar Al-Assad.


Nuevamente se encuentra en paro el sector  ganadero en Argentina
en rechazo a expropiación de predio de La Rural, a la paralización
adhirieron al menos los productores que responden a las cuatro
asociados a las entidades agrícolas del país.


La disidente cubana Rosa María Payá dijo que no pierde las esperanzas
de viajar a Chile, el Rector de la universidad  Miguel de Cervantes
calificó como ‘’inexplicable’’ que el régimen de los  hermanos Castro no
le permita dejar la isla.





Movilizaciones, del 2011 al 2013,
por Gonzalo Rojas Sánchez.


Era apenas ayer, en 2011, cuando estábamos zarandeados por marchas, cacerolazos y protestas. Es ahora, al concluir 2012, cuando parece que gozamos de un sereno fin de año, sin sobresaltos.



Pero el bichito está ahí: de repente el virus se activa y se arma la grande, aunque en pequeñas dimensiones. En Freirina resucitaron las molestias, y recordamos que, en cualquier momento, cualquier motivo sirve para cualquier causa. Y el resultado puede ser muy lamentable, como en aquella localidad.



¿Auténtico movimiento social?



Los buenos libros, leídos en paralelo, se complementan y corrigen. De una mirada a la otra, el lector contrasta y profundiza. Es lo que pasa cuando se terminan simultáneamente "El malestar de Chile", de Marcel Oppliger y Eugenio Yáñez, por una parte, y "Gramsci en Chile", de Jaime Massardo, por otra. De la lectura de uno y otro se concluye que no ha existido en Chile aquello que algunos han denominado "el movimiento social". Ciertamente esos autores miran el 2011 con ópticas muy diferentes, pero el lector descubre que coinciden en un dato fundamental: la artificialidad de lo que se puso en marcha en las calles y las Regiones el año pasado.



Oppliger y Yáñez dan buenas razones para desvincular ese malestar del supuesto afán global de cambio de modelo; Massardo aporta las suyas para constatar la inmadurez de las iniciativas rupturistas respecto de un auténtico proyecto revolucionario de los grupos subalternos.



Bueno, pero no pasan de ser dos libros, dirán los pragmáticos. Es cierto, como en Chile pocos leemos poco, también hay que buscar las claves del 2013 respecto de futuras alteraciones sociales en otros actores, menos reflexivos, más voluntaristas.



El primero es el PC. Teillier avisa que su partido no se propone la contención del movimiento social. Serio, hierático, afirma que los dirigentes sociales comunistas se deben a sus organizaciones sindicales o sociales y no al partido. Nadie le cree; todos saben que eso es falso, pero no se oyen las voces que lo contradigan, aunque el PC digita protestas y tomas, cortes de caminos y rupturas de mesas de diálogo. Pero desde la Alianza, la decisión es ignorarlo; desde la Concertación, cohonestarlo. Y así crecen los comunistas.



A su lado, están todas las ONG que actúan en Chile con fueros y financiamiento. Nunca han sido auténticas organizaciones no Gubernamentales, porque se han valido del Estado a través de la colaboración concertacionista o de la pasividad aliancista. Así han expandido su actividad moviendo a unos pocos cientos de indígenas, a unas escasas decenas de animalistas, a uno que otro ecologista profundo o a auténticas minorías de activistas sexuales.



Pero es infrecuente que se denuncie que esta o aquella manifestación se ha debido a la gestión de profesionales, y no a un anhelo auténticamente popular. Hay miedo a mostrar esas intervenciones, aunque estén seriamente fundamentadas.



Por su parte, las candidaturas de la Alianza apenas saben cómo manejarse frente al tema. Siguen la misma lógica Gubernamental de la que formaron parte hasta hace poco: mejor no enemistarse con ciertos malestares, e incluso quizás sea bueno tomar algunas de sus banderas para estar más cerca de la gente. Yerran en el diagnóstico y, obviamente, se equivocan por igual en la solución.



Mientras tanto, los chilenos cada vez creen menos en Dios; cada año se alejan más y más de los partidos, de los sindicatos, de las federaciones estudiantiles, de los colegios profesionales y del sufragio. O sea, cada día están más expuestos al activista del minuto, a la causa del momento. Fomes, apáticos, pasivos, pero disponibles para las efímeras aventuras de los audaces.



Tentación por la equidad,
por Pablo Rodríguez Grez.


Todo Tribunal de Justicia experimenta lo que podría llamarse la tentación por la equidad. Ello implica resolver una causa doblegándose ante lo que parece justo, por encima de aquello que dispone la Ley. Esta inclinación resulta inaceptable tratándose de Jueces de derecho y la forma más efectiva de debilitar la juridicidad vigente.



Destaquemos, desde luego, que lo más justo será siempre lo que dispone la Ley y no lo que aprecia subjetivamente un sentenciador cuyo criterio estará condicionado por sus experiencias y sus convicciones personales. Si las normas legales -real o presuntivamente conocidas por todos- regulan o califican la plenitud de las conductas sociales, lo esencialmente justo es lo que éstas ordenan (respeto a las "reglas del juego"). Desde esta perspectiva, sustraerse a lo ordenado por el derecho es una manifestación suprema de inequidad, porque se presume que todos debemos obrar sin quebrantar el orden preestablecido, puesto que él determina en forma anticipada las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, existe una secreta preferencia por aplicar una solución de equidad a los conflictos que llegan a conocimiento de la Judicatura. Esta actitud, sin duda, debilita el derecho y erosiona la convivencia social. Ninguna injusticia resulta más dolorosa que aquella que se consuma despreciando el mandato normativo para incursionar en el mundo frágil de la equidad.



Lo anterior se ve magnificado por el hecho de que la equidad, en cuanto sentido intuitivo de Justicia con prescindencia del derecho objetivo (la Ley), no es unívoca y depende de innumerables factores cuyo peso y gravitación resulta imposible determinar. Por lo tanto, sus raíces se hunden en una superficie pantanosa y escurridiza.



Nuestro país ha conocido en las últimas semanas una demanda constante del Perú que, para fijar la delimitación marítima de nuestras fronteras, aboga por el pronunciamiento de una sentencia fundada en la equidad, al margen de los tratados internacionales vigentes. O sea, se procura eludir la Ley internacional para dar preferencia a una noción subjetiva de Justicia, en desmedro de un sistema basado en el principio pacta sunt servanda, conforme al cual, en este caso, los convenios y tratados internacionales son Ley para las partes contratantes. Si la Corte Internacional de La Haya se inclinara por esta solución, se abriría una brecha, cada vez más ancha, que pondría en peligro la estabilidad territorial de todas las naciones del mundo. Lo que ocurre a nivel internacional puede extrapolarse al plano interno en el cual, constantemente, vemos cómo se pisotea la Ley por factores extrajurídicos (políticos, sociales, culturales, raciales, éticos, etcétera), alentando el aventurerismo y el abuso. El quebrantamiento de la Ley será siempre el mayor aliciente para aquellos que procuran la descomposición de la sociedad y la abolición de la libertad.



El problema que planteo se ve agravado por el hecho de que los Tribunales, a la hora de escoger la equidad y burlar el derecho, disfrazan su propósito, aduciendo peregrinas especulaciones interpretativas. En esta materia se ha llegado al extremo de reconocer que el Juez, al adoptar su decisión, califica la Justicia (equidad) de cada posición, acomodando ex post sus argumentos y razonamientos Jurídicos para justificarla. De esta manera, finge respetar y aplicar la Ley. Por ende, los Tribunales superiores de Justicia deberían sancionar drásticamente estas prácticas que conspiran contra el prestigio y eficacia del derecho, comprometiéndose a imponer un acatamiento estricto al mandato normativo.


No se crea que el sistema jurídico descalifica a priori la equidad como fundamento de una decisión judicial. Debe recordarse que ella tiene cabida en nuestro ordenamiento cuando la situación que debe juzgarse no está resuelta en la Ley (laguna legal), o para desentrañar su verdadero sentido y alcance (elemento de interpretación formal), o como fundamento de las resoluciones adoptadas por los llamados "árbitros arbitradores", autorizados para prescindir de las disposiciones legales y resolver conforme a lo que les dicte su prudencia y equidad.



Por consiguiente, si queremos perfeccionar el sistema jurídico (tanto en el plano interno como en el internacional), debemos exigir el cumplimiento del derecho y repudiar todo intento que llame a dejarse seducir por la equidad, que seguirá siendo una constante tentación de los Jueces sin advertir el daño que provocan. Asimismo, esperamos que el Tribunal Internacional de La Haya no se haga eco de los llamados a encontrar fórmulas ingeniosas fundadas en la equidad, despreciando la validez y poder vinculante de los tratados internacionales, su aplicación y reconocimiento. Si esto no ocurre, sufriremos un retroceso que tardará muchos años reparar.



La Haya y los giros de Perú,
por Ximena Fuentes.


En La Haya escuchamos a los abogados de Chile decir que Perú ha intentado reescribir la historia. Y así es. Perú ha intentado rescribir la historia de la zona económica exclusiva, que tiene entre sus orígenes precisamente a la Declaración de Santiago mediante la cual Chile, Ecuador y Perú afirmaron su soberanía y jurisdicción exclusiva sobre todos los recursos naturales de sus respectivas zonas de 200 millas náuticas.



Para entender en toda su dimensión el revisionismo en el que se embarcó Perú recomiendo leer los escritos de las partes. Para esto se puede aprovechar el tiempo libre que traerán las ansiadas vacaciones de verano. Al leer la memoria y réplica del Perú, y al escuchar sus alegatos orales, la sensación que queda es que este demandante hacía extremadamente difícil predecir el pasado.



Quiero sugerir tres aspectos en los que se puede apreciar cómo la argumentación del Perú experimentó diversos cambios a lo largo de este juicio. Partamos con el argumento peruano según el cual la Declaración de Santiago no fue concebida como un tratado. Perú afirmó que la Declaración de Santiago no era un tratado originalmente, pero adquirió ese carácter cuando fue aprobada por el Congreso. Luego contradijo esto y señaló que la aprobación de su Congreso sólo le otorgó status de tratado a la Declaración frente al derecho peruano, pero no ante el derecho internacional (una teoría bastante imaginativa). En los alegatos orales finalmente el abogado Pellet reconoció: Es un tratado, pero no de límites.



En lo que concierne al Artículo IV de la Declaración de Santiago, Perú en sus escritos señaló que sólo se podía aplicar entre Ecuador y Perú, limitando la proyección marítima de las islas costeras. Pero en los alegatos orales Perú lanza una teoría, por primera vez escuchada en este juicio, según la cual el Artículo IV sólo pretendía proteger la zona marítima de las Islas Galápagos, a mil kilómetros del Ecuador, de los efectos de una línea de equidistancia que ¡«intuitivamente» se le apareció en la mente al delegado ecuatoriano!



Por último, hay que examinar el tema del triángulo exterior. Chile hizo ver el carácter subsidiario de esta petición en su contramemoria, ya que sólo se podría formar un triángulo de alta mar si se reconoce que existe un límite marítimo que corre por el paralelo geográfico. Chile se opuso a esta petición porque, una vez que se delimitan las zonas marítimas entre dos estados, debe entenderse que se trata de una delimitación completa. Perú, en su alegato final, no cuestionó este principio, y prefirió refugiarse en el argumento de la equidad. Con todo, lo interesante fue la enorme cantidad de tiempo que destinó a un argumento claramente subsidiario, que en el curso de la fase oral llegó a transformarse en principal.



La equidad fue la gran protagonista en la argumentación del Perú. El abogado Pellet, al final de sus alegatos, quiso poner a la Corte frente a una disyuntiva: summum ius summa injuria o la equidad a través del derecho. El problema para Perú es que esta frase lleva envuelto el reconocimiento de que en este caso hay un ius que aplicar: la delimitación marítima existente entre ambos países.



¿Un final feliz?
por Daniel Mansuy.


El caso Atala parece haber llegado a su fin. El Estado chileno realizó un acto de reparación a quien, según la CIDH, había sido objeto de discriminación en función de su orientación sexual. A dicho acto asistieron altas autoridades de la República, y los actores políticos y sociales se felicitaron por el final feliz. No se escucharon voces disidentes: ¿cómo criticar un fallo que asegura la garantía de nuestros derechos? ¿Cómo no alegrarse de contar con tribunales internacionales que nos protejan de nosotros mismos?



 Es tal la fuerza de los conceptos dominantes, que parece ocioso siquiera sugerir alguna duda: el hombre es un animal que tiene derechos. Sin embargo, esta nueva situación es más ambigua de lo que parece, y esconde dificultades que no podremos obviar.



En primer término, hay preguntas abiertas sobre el estatus de las jurisdicciones internacionales. Hace varios siglos Montesquieu propuso distribuir los poderes en función de la seguridad del individuo: el ideal liberal del filósofo francés pasa por impedir que algún órgano acumule demasiadas atribuciones. Si se quiere, es el equilibrio de poderes el que permite la libertad política. Ahora bien, eso funciona en un cuadro nacional, donde el poder judicial es un poder más, que se equilibra con los otros poderes. Pero un tribunal internacional funciona, por definición, sin contrapesos efectivos o conocidos, porque está más allá de la polis.



Ahora bien, los defensores de la justicia internacional aseguran que ésta busca solamente proteger derechos humanos básicos sin inmiscuirse en legítimas discusiones internas. Esa afirmación contiene, empero, una falacia implícita: la de suponer que puede definirse lo justo con independencia de lo bueno. Es imposible proteger derechos humanos sin realizar juicios morales sobre situaciones humanas y, de hecho, ¿qué es la discriminación sino un problema moral?



La teoría de los derechos esconde con frecuencia la intención de imponer una determinada (y legítima) visión moral haciéndola pasar por una mera garantía de derechos, sin atender a la pluralidad política de las sociedades contemporáneas. Al afirmar, por ejemplo, que “los tratados de DDHH son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales” (n. 83) la CIDH no sólo asume un punto de vista progresista que no todos los chilenos comparten, sino que, además, se erige en creadora de normas jurídicas que pueden tener tanta amplitud como ellos decidan: no es seguro que Montesquieu lo hubiera considerado como un avance de las libertades. En cualquier caso, no se trata ya de un poder neutral.



Para decirlo de otro modo, no puede haber teoría de la justicia sin filosofía política. La resolución de todo conflicto humano exige valorar los distintos bienes en juego, y eso no puede hacerse desde una concepción abstracta de justicia. Peor, las situaciones humanas rara vez aceptan una sola salida correcta, justamente porque tenemos distintas concepciones del bien: no hay algo así como un régimen mejor absolutamente hablando. En ese sentido, sería  más sano discutir directamente esas concepciones, y no intentar ganar por secretaría amparándose en una falsa neutralidad jurídica.



De líderes a rezagados
por Jorge Miguel Otero.


Hace seis  años Chile se vanagloriaba de ser el primer país latinoamericano que desplegaba una red de transmisión de datos de tercera generación, más conocida como 3G. Estábamos en la vanguardia de la telefonía móvil y los ojos de muchos países fijos en nosotros. El 2009 realizábamos la primera prueba de 4G o LTE (tecnología sucesora de la 3G) de toda Latinoamérica y Chile se ubicaba en el selecto grupo de las cinco naciones del mundo que efectuaba ese tipo de pruebas experimentales.



Hoy, a seis años del estreno de la 3G, siete naciones de Latinoamérica y el Caribe ya cuentan con 4G. México, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Uruguay, y Antigua y Barbuda implementaron la tecnología en sus redes y sus usuarios pueden acceder a los beneficios que promete: una revolución en el acceso a internet móvil que permite desafiar el monopólico mercado de internet fija.



En Chile, recién en el primer trimestre del próximo año existirá un acceso limitado a esta tecnología. De líderes y protagonistas, pasamos a seguidores rezagados.



¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos el liderazgo, si el país promete crecer más que cualquier otro integrante del privilegiado grupo de la Ocde y, parafraseando a Christine Lagarde en su reciente visita a Chile, “tiene números fantásticos”? Lamentablemente, en acceso a internet de calidad, nuestros números son pésimos.



La respuesta es simple: negligencia. Hemos dejado pasar la gran oportunidad de dar a los chilenos un acceso democrático a internet de calidad, limitando su acceso sólo a quienes pueden pagar los servicios de red fija, cuya cobertura abarca a sectores de mayor ingreso.



El resto, debe conformarse con un acceso mediocre a internet, con redes móviles absolutamente saturadas, cuyos efectos vivimos a diario en llamadas que se pierden, no entran o simplemente se cortan y datos que bajan.



El crecimiento económico de Chile debe ir de la mano del avance tecnológico, porque hoy la conectividad móvil es una necesidad de primera línea y una herramienta clave para la participación ciudadana y el desarrollo económico.



A través del celular, cada chileno con acceso a un smartphone puede fiscalizar las 24 horas del día gracias a la inmediatez que brindan los mismos. Potenciar la participación de cada uno de los chilenos, sin importar su procedencia social o geográfica es posible si aseguramos con suma urgencia un acceso móvil a internet de calidad.



Además, estudios han demostrado que el desarrollo de la banda ancha móvil potencia el crecimiento de la economía. Por ejemplo, cada punto adicional de internet móvil significaría para Chile entre US$ 2,5 y US$ 3 mil millones, lo que implicaría un crecimiento del PIB entre 1,1 y 1,5%, y un aumento del empleo de 35 mil a 45 mil puestos de trabajo.



Chile no puede darse el lujo de ser un seguidor cuando se trata de asegurar el acceso igualitario, democrático y de calidad a internet. Es hora de que nos pique el orgullo y pasemos nuevamente a liderar en comunicaciones móviles.



La Araucanía, una situación extremista.


Tras el incremento de actos de violencia en el llamado conflicto mapuche -grupos armados, encapuchados que emboscan y balean, amenazas a los actores del sistema penal, atentados incendiarios contra inmuebles y vehículos, cortes de caminos, Carabineros y civiles heridos-, el año ha culminado en estos días con la muerte por disparos del cuidador de una parcela (su cónyuge resultó herida). Si bien falta esclarecer la autoría de este hecho, tras un homicidio en este contexto, seguido poco después por dos atentados incendiarios en dos fundos (a cuyo respecto el Gobierno ya presentó sendas querellas por delito de incendio y porte ilegal de armas), no caben más especulaciones sobre lo que está ocurriendo en La Araucanía. El Ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue categórico: "Tenemos, de forma clara y sin eufemismos, una situación extremista". Esta calificación responde a una evidencia, pero no se había expresado antes, en las más de dos décadas en que dicha situación viene desarrollándose, y es valioso que la Autoridad sea clara al respecto. Ningún Estado puede tolerar pasivamente al extremismo en su seno. Y el diagnóstico Ministerial es nítido: se trata de un grupo minoritario, pero que ha ido perfeccionándose en sus delitos; que aprovecha la naturaleza física de la zona, y que usa política y comunicacionalmente lo que llama "causa mapuche", por lo que tiene redes de protección y adhesión, políticas y comunicacionales.



También es clara la línea que ahora se quiere seguir: determinar jurídicamente si el Ministerio Público tiene un problema para probar y presentar los hechos en Tribunales, por lo que los Jueces estiman que el estándar no es adecuado para establecer responsabilidades, o si los Magistrados exigen estándares más elevados que los de un procedimiento común, precisamente por la fuerza de la referida campaña política y comunicacional. Quiere evitar el Ministro que por las vías de la Justicia se vaya creando impunidad frente a estos delitos. Está resuelto a redoblar la acción policial y a usar todo lo que el marco legal permita. No se excluye invocar las leyes Antiterrorista o de Seguridad del Estado, si procediere. En cuanto a la primera, por su labor Parlamentaria, Chadwick observa que la interpretación judicial -a la luz de los casos bombas y Pitronello- no recoge su espíritu: "Cuando se hicieron las modificaciones a esa Ley (...), siempre pensamos que la utilización de un artefacto explosivo, que puede causar un daño a la vida de las personas o al patrimonio, estaba dentro de las calificaciones de un acto terrorista. (...) Y si bien la interpretación judicial que prima es la de los Tribunales, yo comparto una distinta".



En cuanto al "garantismo" judicial, citó el caso del vocero de Temucuicui, que estuvo prófugo cuatro meses, se presentó luego de anularse el juicio en su contra (que lo había condenado a siete años), y el Tribunal lo dejó en libertad a la espera de un segundo juicio.



En cuanto a la gestión policial en esa zona, las víctimas se quejan de que los Carabineros no ingresan a las comunidades conflictivas. En el entorno policial se aduce que sus acciones son mal acogidas, como "uno de los efectos de la red político-comunicacional que busca inhibir a las instituciones del Estado para actuar". De allí sus tres visitas en dos semanas como Ministro del Interior a La Araucanía, para transmitir a Carabineros que tiene el respaldo del Gobierno, porque está cumpliendo su deber dentro del marco de la Ley, y hacer ver a las víctimas que se las quiere ayudar, para tratar de romper las redes comunicacionales y políticas que buscan inhibir la acción de Carabineros, rotulándolas como "represión al pueblo mapuche", lo cual es falso. Se trata del cumplimiento de las exigencias de la Ley contra un grupo muy minoritario que hace de la acción extremista una forma de reivindicar derechos, que, por legítimos que puedan aparecer, al recurrir a la violencia pone esas reivindicaciones en la ilegalidad".



En el terreno de lo declarativo, la posición del Ministro resulta inobjetable, pero valdrá de poco si no es refrendada por un verdadero cambio en la realidad. Hay que superar casi tres años en que tampoco este Gobierno ha logrado hacer respetar el Estado de Derecho en la IX Región dentro de estándares aceptables. El país necesita resultados efectivos, y una muestra de ellos debe ser la recuperación de la seguridad en los caminos y el transporte. No se trata ya sólo de camiones de empresas, sino de buses con inermes pasajeros. Chile no puede quedar físicamente cortado por extremistas en cualquier momento, haciendo inviables zonas enteras, y todo Gobierno tiene la obligación Constitucional de hacer valer los derechos elementales de la población. Para eso, la fuerza pública no puede sino actuar con el máximo rigor, y si luego algunos Tribunales y Fiscalías no operaren como el derecho lo prevé, habrán ellos de asumir esa responsabilidad.



Atraso en Superintendencia de Educación Superior.


En una entrevista que publicamos el viernes último, el Ministro Harald Beyer hacía notar la lentitud con que se desarrolla en la respectiva comisión del Senado la discusión del proyecto que crea la nueva Superintendencia de Educación Superior: enviado hace un año al Congreso, el texto aún no es siquiera votado en general, pese a que en su momento la creación de esta instancia fue una de las banderas del movimiento estudiantil. Las discrepancias que retardan el necesario acuerdo tienen que ver con la diferente valoración que algunos sectores hacen respecto del alcance de las facultades que tendría esa entidad, incluidas las posiciones de quienes, planteando introducir nuevas prohibiciones en este ámbito, acusan que esta iniciativa no sería suficientemente profunda y simplemente “blanquearía” prácticas objetables. Advirtiendo que es factible superar varias de las objeciones planteadas y alcanzar entendimientos, el Ministro advierte que más bien pareciera que algunos de los Parlamentarios se han “inhibido de deliberar” en un tema que toca a diversos grupos de interés.



Al fundamentar la nueva entidad, el respectivo mensaje del Ejecutivo señalaba como su tarea la de fiscalizar, en las materias de su competencia, a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, verificando la entrega de información fidedigna, la no realización de publicidad engañosa, y el cumplimiento de las prestaciones debidas a los estudiantes y de las normas sobre operaciones con personas relacionadas, campo este último de particular opacidad y que ha dado pie a recurrentes denuncias sobre formas de obviar la prohibición legal del lucro. Entre otros cambios, la iniciativa —que considera sanciones a los infractores— busca aumentar las exigencias en cuanto a cantidad y calidad de la información que las instituciones deben hacer llegar a la División de Educación Superior del Ministerio. Además, se propone modificar la Ley General de Educación, tanto para regular las señaladas operaciones relacionadas (con lo que se pretende evitar que ellas sirvan para la obtención de beneficios económicos improcedentes) como para consagrar la obligatoriedad de incorporar a directores independientes en los planteles privados.



Como se ve, no se altera la actual prohibición de lucro, sino que se busca controlar las actividades que pudieran infringirla. Justamente, el Ministro estima que en buena medida las irregularidades y hasta delitos que se han denunciado y se investigan han ocurrido porque no ha existido el nivel deseable de transparencia y de fiscalización, que son los rubros que con este proyecto se pretende corregir.



Mientras se mantenga la lenta tramitación de esta iniciativa, y a falta de ella, habrá, se asegura, de parte del Ministerio un refuerzo en la tarea de fiscalización, subiendo incluso los estándares de exigencia “para todos los actores educacionales... incomodando a algunas instituciones, preguntando cosas que no nos calzan, abriendo procesos, pidiendo explicaciones”. Todo indica, en verdad, que las fallas que han salido a la luz en este tramo de la educación superior han podido ocurrir tanto por la ambición y la falta de ética de ciertos actores del proceso como por el simple hecho de no exigirse la información exacta y abstenerse las Autoridades responsables de indagar situaciones a simple vista sospechosas, labor que debería asumir ahora precisamente la Superintendencia que se propone y cuya existencia depende del Congreso.



Erradicación de campamentos.


Cuándo en  julio de 2011 el Gobierno informó que el saliente Ministro de Mideplan (actual Ministerio de Desarrollo Social) asumiría como delegado Presidencial para la erradicación de campamentos y aldeas, la señal entregada por La Moneda a la opinión pública fue que ese sería un tema prioritario para el Ejecutivo. El objetivo trazado -se anunciaba- era terminar con los asentamientos precarios para 2020. El nombramiento, además, se enmarcaba en la necesidad de acelerar el proceso de reconstrucción de viviendas, especialmente para entregar una solución habitacional definitiva a aquellas familias que después del terremoto de 2010 tuvieron que trasladarse a villas de emergencia.



Sin embargo, a casi un año y medio de asumir sus funciones, el comisionado para esta labor abandonó sus funciones para asumir desafíos de índole política partidista. En su reemplazo ha sido designado un profesional de sólidas credenciales, quien, sin embargo, ya no ostenta el título de delegado Presidencial, lo cual podría sugerir una pérdida de presencia de la tarea de erradicación de los campamentos en la agenda del Gobierno. Este es un compromiso sumamente importante y no sería oportuno que se entendiera que los nombramientos en torno a él tuvieran relevancia por consideraciones diferentes a la trascendencia de las tareas encomendadas.



La promesa de poner fin a los campamentos no es nueva. A partir del programa Chile Barrio creado en 1996, Gobiernos anteriores también se impusieron el mismo desafío, al punto que en la década pasada se llegó a plantear como meta llegar al Bicentenario sin este tipo de emplazamientos. Según datos actualizados del Minvu, existen cerca de 26 mil familias que aún viven en 623 campamentos a lo largo de Chile, por lo que la solución no parece una meta imposible de alcanzar. Para materializar ese logro se requiere de una férrea voluntad de la Autoridad y la continuidad de las políticas entre los sucesivos gobiernos.



ChileAtiende: el Estado donde más se necesita.


En enero pasado, el Gobierno presentó la red ChileAtiende, con el objetivo de atender un conjunto de trámites de distintos servicios públicos mediante una red única -en términos simples, ofrecer más servicios en un solo lugar-. Para esto se aprovecharon entonces las más de 140 sucursales del Instituto de Previsión Social (IPS), y se crearon el Call Center 101 y el portal www.chileatiende.cl.


Actualmente, ChileAtiende cuenta con 155 puntos de atención presencial (propios y con otros servicios), en los que se han entregado más de 5 millones de atenciones este año. Inicialmente, en las oficinas del IPS sólo se gestionaban trámites previsionales y beneficios asociados a la labor tradicional de esa institución. Hoy, en 20 de esas oficinas se atienden más trámites de otros servicios públicos que del propio IPS -casos de Alto Hospicio, Chile Chico y Purranque, entre otros-.



Esto significa que el Estado está acercándose más a lugares que necesitaban sus servicios. En esa red de oficinas, las personas pueden acceder a un conjunto de prestaciones del IPS, Fonasa, Sence, Sernac, Registro Civil, la Comisión Defensora Ciudadana, y los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, entre otros. La red sigue creciendo: pronto se sumarán atenciones de servicios públicos como Junaeb y la Superintendencia de Seguridad Social.



Un aspecto destacado es la colaboración de los servicios públicos para hacer un uso más eficiente de esta red del Estado. Es el caso del Registro Civil, en algunas de cuyas oficinas ya se han integrado puntos de atención ChileAtiende -como en Corral y Llaillay-. Gracias a esto, se ha multiplicado la oferta de atenciones públicas a sus habitantes, sin que deban trasladarse a otros centros urbanos a realizar algunos trámites, y sin crear nuevas oficinas.



Lo más relevante es el efecto concreto en las personas. Antes, por ejemplo, para realizar algunos trámites, muchas personas de Puerto Williams (el centro de ChileAtiende más austral del país) debían viajar a Punta Arenas: más de una hora de vuelo, o más de 30 horas por mar, con todos los gastos que eso implica; alternativamente, no accedían a determinados beneficios, sin más. Hoy, ciudadanos como los de Puerto Williams pueden efectuar esos trámites sin salir de los lugares donde habitan, lo que disminuye costos para las personas, reduce sus tiempos en trámites y ofrece mayor equidad en el acceso a sus derechos.



Si ChileAtiende sigue avanzando aceleradamente y en la dirección correcta, como se observa en la actualidad, no es impensable que en el corto plazo se pueda contar con una instancia a la que todos aspiran: un solo lugar para realizar todos los trámites que el Estado demanda. ChileAtiende es un buen ejemplo de cómo llevar el Estado donde más se necesita. Más que un eslogan, es una iniciativa en curso altamente valorada por la ciudadanía, llevada adelante con gestión imaginativa y resuelta, sin necesidad de reformas legales.



Cambios al sistema de Alta Dirección Pública.


El Gobierno anunció que antes de finalizar el año ingresará al Congreso un proyecto de Ley que pretende introducir varias modificaciones al sistema de Alta Dirección Pública (ADP), mecanismo que opera desde 2004, con el propósito de reclutar a profesionales de excelencia para los cargos de la primera y segunda línea jerárquica de la administración del Estado.



La iniciativa legal se hace cargo de varios aspectos que requieren ser reformulados, principalmente porque el sistema vigente no alienta un número de postulaciones que asegure niveles mínimos de competencia, lo que, a su vez, desalienta a muchos profesionales a participar en dichos procesos.



Un primer cambio es la prohibición para que el directivo que haya sido nombrado como interino pueda participar en el concurso público para llenar esa vacante. La razón es que esa postulación tiende a inhibir la participación de potenciales competidores, al ser previsible la preferencia de quien designa por el interino. Como esto significa el nombramiento de un tercero que no va a desempeñar en definitiva el cargo, para que no se cause daño a la continuidad de la gestión deberían establecerse plazos breves para el nombramiento definitivo, algo que ya hace el proyecto, al disminuir de ocho a cuatro meses dicho período.



Para incentivar las postulaciones, el proyecto plantea también perfeccionar la metodología para calcular las asignaciones y así reducir las diferencias salariales que en algunos casos existen entre los cargos de la ADP y los que se pagan en el mundo privado. Sin embargo, esto debe ser revisado con cuidado ante el peligro de sobredimensionar esta diferencia, cuyo alcance debe ser también analizado a la luz de las seguridades que brinda el trabajo en el sector público. Hoy, las remuneraciones del primer nivel jerárquico (Jefes de servicio) pueden llegar a ser hasta 50% inferiores a las que podría ganar ese mismo profesional estando en una empresa privada, mientras que en la segunda línea pueden ser hasta 20% menores.



El proyecto propone también limitar los despidos  de los funcionarios de alto rango para ofrecerles una mayor estabilidad laboral, pero esta es una medida que introduce excesiva rigidez en un ámbito donde se requiere la fluidez en la gestión. Las alternativas que baraja el Gobierno en esta materia son replicar el modelo aplicado en EEUU, donde ciertos cargos directivos no pueden ser removidos durante los cuatro o cinco primeros meses de un nuevo Gobierno, o bien limitar el porcentaje de desvinculaciones, como se da en ciertos países en los que sólo están permitidas para el 10% de los cargos.



Aunque una alta rotación de los cargos no le hace bien al sistema, debe reconocerse que la naturaleza de la institucionalidad chilena descansa en un primer nivel que responde a la confianza del Presidente de la República, para asegurar la consistencia en la gestión Gubernativa. Ciertamente, es deseable que se avance hacia una mayor estabilidad en esos cargos, pero ello no se puede forzar por Ley, sino que debe ser el resultado de un proceso paulatino que incentive la incorporación de profesionales que por sus merecimientos hagan natural y eficaz su permanencia, como ya se ha visto en la Cancillería a propósito de la defensa en La Haya.



Competitividad minera de Chile.


La riqueza de los recursos naturales no es ilimitada, y Chile, tan dependiente del cobre, debe tenerlo redobladamente presente. En 2012, la minería es el sector que más ha aportado al PIB nacional y ese metal representa más del 60% del total de nuestras exportaciones. De ahí el peso de la reciente advertencia de la industria sobre la pérdida de competitividad del sector, dramáticamente ilustrado por la suspensión sucesiva, en cortísimo tiempo, de importantes proyectos mineros, el último de los cuales es Minera Antucoya, del grupo Luksic. En un reciente ranking elaborado por la consultora Behre Dolbear Group, Chile aparece tercero en el mundo en competitividad minera, superado sólo por Canadá y Australia. Esa medición se centra en los factores políticos que favorecen la inversión en esa actividad, un área en la que Chile, pese a los vaivenes políticos, sigue siendo líder en la región, por la fortaleza de sus instituciones. Sin embargo, en otros aspectos la industria chilena del cobre se está quedando atrás: los altos costos de la energía, la falta de innovación tecnológica y las inversiones en exploración constituyen las principales amenazas.



Según un estudio de Cieplan, entre 2003 y 2011 el costo de la energía para Codelco aumentó en 83%. Sólo este año, para la industria, este costo subió en 15%, mientras el precio del cobre cayó 14%. Ante el alza del precio de la energía, las grandes mineras están apostando por proyectos de autoabastecimiento. Sin embargo, la demora en la tramitación de los permisos y un creciente rechazo al impacto medioambiental del desarrollo de esta industria aparecen como los principales obstáculos. Urge un sistema de aprobación ambiental eficiente, con plazos y regulaciones claras y libres de intervención política.



En los últimos 10 años, las leyes de mineral del cobre chileno (cantidad de mineral que se obtiene por tonelada de roca extraída) han caído en torno a 33%, mucho más que el 20% a nivel mundial. Esto revela un deterioro en la calidad de los yacimientos en actual explotación, que cobra especial importancia, pues la industria minera en Perú vive el proceso contrario, gracias a un aumento de las inversiones en exploración.



En Chile, el gasto en exploración de nuevos yacimientos mineros está entre los menores en el mundo, y atrae sólo el 5% del presupuesto de las empresas del sector a nivel mundial. En parte, este fenómeno se explica por el escaso desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el sector. En Canadá y Australia, esta clase de empresas puede financiarse fácilmente en el mercado, y ellas son las que exploran nuevos yacimientos, que luego son explotados por las grandes mineras. Otro factor es la disponibilidad de tierras. En las principales regiones mineras del país, los terrenos aún sin concesionar para exploración son escasos. Según Cochilco, las minas que actualmente operan en Tarapacá, Antofagasta y Atacama destinan actualmente menos del 5% del territorio concesionado para la explotación. De allí se deduce que debe revisarse la eficiencia del uso de los recursos, así como los incentivos para la exploración de nuevos yacimientos.



Es hora de que la minería cobre un nuevo impulso, especialmente cuando países como Perú y Colombia están iniciando un proceso similar al que ya vivió Chile, con un fuerte aumento de inversiones y objetivos claros: convertirse en los nuevos líderes regionales en este rubro.




Saludos a nuestros compatriotas sureños:

Saludos a nuestros compatriotas sureños:
Solidarizamos con nuestros compatriotas de Cobquecuraque, en la Región del Biobío,  están siendo afectados por un enjambre sísmico, llevan una docena de temblores en poco más de dos horas, considerando hasta cerca de la media noche, que han oscilado en intensidades de entre los 3.1 y los 5,2° en la escala de Richter.


De nuestro Twitter

EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

#GolpeAlaPyme.

Hágase seguidor de Reacción Chilena

Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
Enter a long URL to make tiny:

Mantenemos este video como un homenaje a Felipe Cubillos .

De nuestras páginas

Estamos en Twitter

Follow reacchi on Twitter

Canción Nacional de Chile completa con todas sus estrofas....

Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

PARA VER COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL VÍDEO.

Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

Archivo del Blog

acount

Nuevo Contador de Visitas

Se produjo un error en este gadget.

A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

MARCHA SOLDADOS DEL 73 PARA VER VÍDEO COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL.

Libre, Nino Bravo

Ir Mario Montes Papers

Ir Mario Montes Papers
pinchar imagen

Ir comentario Político Semanal

Ir comentario Político Semanal
Pinchar imagen

Si encuentra este libro..léalo

Si encuentra este libro..léalo
vale la pena.....

Pega presidencial pendiente:Justicia

Pega presidencial pendiente:Justicia

Producto Chileno, Producto Bueno

Producto Chileno, Producto Bueno
Además da trabajo a los nuestros.

Usted es el visitante Número