Grupúsculos
estudiantiles se han tomado 9 colegios
en
un intento por retomar las movilizaciones para
desestabilizar
al Gobierno de Piñera, que hace lo
posible
por mejorar la educación.
Colegio
de Profesores ratificó paro el 28 de
agosto,
Jaime
Gajardo argumentó que el Gobierno ''se ha
negado
a dialogar'' sobre las propuestas de
estudiantes
y
el mundo social.
Con
una imponente ceremonia musical e histórica
fueron
clausurados los Juegos Olímpicos Londres
2012,
para dar paso a las Olimpiadas de Río de
Janeiro
del año 2916,
La
Diputado María Corina Machado denuncia que
Chávez
alista ‘’ejército guerrillero'' ante hipotética
invasión
de EE.UU., que a fin de año contaría con
un
millón de milicianos.
Mitt
Romney, anunció el sábado que Paul Ryan
será
su compañero de fórmula para enfrentar a
Obama
en las elecciones de noviembre.
Clausurados los Juegos olímpicos
de Londres 2012.
Con una impresionante
ceremonia fueron clausurados ayer los juegos Olímpicos de Londres 2012, en la
que, en ocho minutos los brasileños, encabezados por Pelé, recibieron simbólicamente
el “testimonio” para la próxima cita del
año 2016 a realizarse el Rio de Janeiro.
Terminados estos 15
días deportivos globales quedan como hitos el record histórico, de 22 medallas,
conseguido por Michael Phelps, el nadador de Baltimore, y los
tres nuevos oros sumados por el atleta de Jamaica, Usain Bolt, el rey de la
velocidad.
El torneo fue ganado
por los Estados Unidos, que logró 104 medallas,
46 de oro, 29 de plata y 29 de bronce, el segundo lugar lo obtuvo China
con 87 preseas, 38 doradas, 27 plateadas y 22 bronceadas, en el tercer lugar se
ubicó Gran Bretaña con 29 laureles de oro, 17 de plata y 19 de bronce.
Los lugares siguientes
más relevantes los obtuvieron Rusia
(24-25-33), Corea del Sur (13-8-7), Alemania (11-19-14), Francia (11-11-12),
Italia (8-9-11), Hungría (8-4-5), Australia (7-16-12), Japón (7-14-17), Kazajstán
(7-1-5), Holanda (6-6-8), Ucrania (6-5-9) y Cuba (5-3-6).
Las posiciones de
nuestro continente fueron lideradas por Cuba, que obtuvo el lugar 15, seguida
por Brasil (3-3-9), Colombia (1-3-4), México (1-3-3), Argentina (1-1-2), Venezuela
(1-0-0), Puerto Rico (0-1-1), Guatemala (0-1-0), los demás países no lograron triunfo
alguno.
Los destacados de la
delegación chilena fueron el gimnasta Tomás González, con sus meritorios dos
cuartos lugares, la lanzadora de la bala, Natalia Duco, que mejorando las
expectativas estuvo entre los "top ten" y la tiradora Francisca
Crovetto, que quedó a un plato del sexto lugar.
Sexta fecha Campeonato
de Clausura.
Los resultados de la sexta fecha del Campeonato de Clausura
2012, que comenzó el viernes fueron los siguientes:
Audax Italiano-Deportes Iquique 0-1
Unión Española-Palestino 1-0
Cobresal- Universidad
de Chile 1-2
Huachipato-Unión San Felipe 1-0
Deportes
La Serena- Cobreloa 0-0
Antofagasta-Unión
La Calera 2-1
Rangers-Universidad
Católica 1-0
O'Higgins-Universidad
de Concepción 4-1
Colo
Colo-Santiago Wanderers 1-1
COLUMNAS DESTACADAS
Los Presidenciables en
la encuesta Adimark,
por Axel Buchheister.
La encuesta Adimark entregó un dato sobre el cual no se ha
reparado y que vino a ratificar la tendencia que se comenzó a manifestar en
mayo: Andrés Allamand alcanzó en valoración ciudadana a Laurence Golborne. El
mes de julio arrojó un 74% de aprobación y 22% de rechazo para el primero, y
75% y 21%, respectivamente, para el segundo, lo que constituye empate técnico y
por tercer mes consecutivo. En adelante todo puede suceder, mientras que hasta
ahora las cosas se veían más claras para el titular de Obras Públicas.
Cierto que aprobación
no es intención de voto. De hecho, las pocas encuestas que se conocen y que
miden preferencia marcan -por el contrario- una distancia sólida en favor de
Golborne. Pero esas encuestas, que no cabe desdeñar, tienen una limitación: las
elecciones no son el próximo domingo, y las cosas pueden alterar su rumbo. Y
que se iguale la aprobación puede ser anticipatorio de un cambio. Por eso es
interesante preguntarse qué está determinando ese acercamiento; dicho de otra
manera, qué está valorando el ciudadano como criterio para expresar su
preferencia.
Ambos “precandidatos”
tienen en común haberse catapultado a partir de un “rescate”, veta que Allamand
ha utilizado más de una vez, incluso con riesgo de sobregirarse: su presencia en
el triste caso de un menor que se extravió, en el cual derechamente no tenía
nada que hacer, pudo terminar por saturar al respetable; pero no, ahí están las
cifras. Golborne, por su parte, no ha vuelto a aparecer en un escenario de ese
tipo y sigue con fuerte adhesión. La emotividad de la calle, en consecuencia,
no parece ser lo que está definiendo en la actualidad.
Entonces, la
explicación tiene que estar en las características y atributos que se perciben
en ellos. El carisma siempre ha sido un activo importante, que Golborne tiene
de sobra y al que está apostando todas sus fichas, cuando procura guardar
silencio y eludir definiciones que puedan comprometerlo. En cambio, Allamand,
sin que la sonrisa sea su fuerte, se percibe como más jugado en sus declaraciones
y ha sostenido que es el tiempo de un político con experiencia y determinación,
que sería lo que él ofrece. Si esas son las imágenes y las cifras se acortan,
podía ser indicio que la gente está valorando características más allá que el
simple carisma, y que va a exigir pronunciamientos y contenido, algo que ha
tendido a estar ausente de la competencia electoral de los últimos tiempos.
Lo significativo de
esa hipótesis es que de ser efectiva, también afecta a Michelle Bachelet, y la
lectura de la Concertación que basta su carisma -casi a nivel de leyenda según
la misma encuesta- puede no ser suficiente, y que la pista se le puede poner
difícil cuando tenga que dar respuestas y debatir.
El que enfrenta un
dilema es Golborne. Capacidad tiene, porque nadie llega a ser un ejecutivo de
incuestionable éxito en empresas líderes eludiendo definiciones y con puro
carisma. Tendrá, entonces, que decidir si es mejor seguir como va o aproximarse
al área chica en temas de fondo.
Bien por Chile, pues
decidir quién gobierna un país y lo conduce al desarrollo no puede quedar
entregado a un concurso de simpatía. Y la ciudadanía quizás se está dando
cuenta.
El síndrome Hubris,
por Hernán Felipe Errázuriz
Parlamentarios y
autoridades de la salud sufren del síndrome Hubris, desorden de personalidad de
los empoderados. Se caracteriza por una extrema valoración de sí mismos,
desprecio por la opinión de los demás, impulsividad, búsqueda de protagonismo y
convencimiento grandilocuente de su poder, importancia y misión para cambiar la
sociedad. Este síndrome ha sido materia de un estudio reciente, publicado en el
Journal de Neurología, Brain , de la Universidad de Oxford. El documento de
David Owen, ex canciller y ministro de Salud británico, y Jonathan Davidson,
del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Duke, señala los riesgos
para la sociedad de esta patología (mucho mayores que los causados por los
fumadores y los gordos), y asegura que los diagnósticos, nosología y
tratamientos son universales.
El síndrome se presenta
en iniciativas legales como las prohibiciones al consumo de alimentos y
cigarrillos. Los afectados por él creen ser omnipotentes para imponer sus
gustos y entrometerse en los hábitos de los ciudadanos; tener autoridad para
reprimir placeres legítimos y para negar a los adultos y a la sociedad el
derecho a asumir los riesgos de sus decisiones. En esto no tienen límites,
discriminan, acosan, censuran y persiguen. Seguramente se divierten leyendo
"prohibidos perros, obesos y fumadores". Quieren imponernos dietas,
prohibir a los fumadores reunirse en restoranes, incluidas sus terrazas;
impedirles asistir a estadios y conciertos en espacios abiertos (aunque sí a
manifestaciones políticas en esos lugares); destruir construcciones que
obligaron a habilitar; facultar a los alcaldes para prohibir a fumadores en
plazas y parques; regular los aromas y saborizantes, y llegan al disparate de
proponer censurar películas, literatura, pinturas, canciones, óperas y
expresiones artísticas que puedan interpretarse como publicidad encubierta del
tabaco.
Como en la
Inquisición, se podrían prohibir obras maestras de Thomas Mann, Heinrich Böll,
Stephan Zweig y Yasukata Tsutsui, y películas como "Avatar",
"Sin aliento", "Mentes peligrosas" y "Casino", y
proscribir a Sigourney Weaver, Sharon Stone, Audrey Hepburn y Rita Hayworth.
Pinturas de Picasso, Van Gogh , Brueghel y tantos otros podrían ser retiradas
de los museos. La ópera "Carmen" no podrá exhibirse, al menos su
primer acto, con cigarreras extasiadas y muchachos seducidos por el humo. ¿Y
por qué no prohibir a los gordos -como Falstaff y Sancho Panza- y gordas de las
pantallas, literatura y obras de arte? Serán alegres, pero son testimonios del
consumo de alimentos prohibidos.
En cambio, tendremos
que consumir los lomitos con los componentes preferidos de los senadores
Girardi y Chahuán; comprar los cigarrillos que tengan los sabores y aromas que
gustan al ministro Mañalich; los hediondos cigarrillos de marihuana que
promueve el senador Rossi; fumar en los lugares que autorice el alcalde de Lago
Ranco, y ver las películas, las pinturas y las óperas que agraden al senador
Ruiz Esquide.
Podrían recapacitar
los parlamentarios y el ministro; liberarse del síndrome Hubris; repudiar el
paternalismo, rechazar aberraciones legales; creer en el libre albedrío y en la
madurez de sus electores y de la sociedad, y dedicarse a legislar sobre las
verdaderas prioridades nacionales.
Que la libre competencia
impere,
por Juan Andrés Fontaine.
Atrae en los Juegos
Olímpicos ver a los y las deportistas rendir al máximo en una justa limpia,
pero implacable. También en el terreno económico la libre competencia hace
maravillas.
El Gobierno ha
emprendido iniciativas legales para derribar barreras de entrada que coartan la
competencia. Un rasgo distintivo de un gobierno de la Alianza ha de ser su
convicción de que los mercados libres y competitivos brindan progreso y dan
oportunidades a todos. Pero hay señales contradictorias.
Tema de preocupación
han sido los altos intereses de los préstamos. Sorprendentemente, el Gobierno
ha terminado abrazando un anacrónico proyecto para reducir la tasa máxima
legal. En el pasado esa fórmula se ha probado ya sea inútil -porque no incluye
todos los gastos asociados al crédito- o contraproducente -porque excluye del
crédito a quienes pueden necesitarlo más-. En cambio, lo que sí ayuda es que
haya más transparencia y más competencia. La nueva normativa del "Sernac
Financiero" hace eso: dispone que los deudores siempre deban contar con
información clara y completa del costo anual equivalente de su crédito, para
así poder cotejar las ofertas alternativas. Pero subsisten ciertas barreras que
limitan las opciones disponibles.
Gracias al avance de
las tecnologías de la información son decenas los emprendedores interesados en
ofrecer nuevas formas de crédito y medios de pago. Pero una interpretación
demasiado restrictiva de la Ley de Bancos lleva a las autoridades a cerrarse a
esas nuevas opciones, anunciar una inquietante ampliación del "perímetro
regulatorio", e incluso perseguir judicialmente a los pocos que se han
aventurado en ese terreno. Desde luego, hay que cautelar la fe pública
involucrada en los medios de pago o de depósitos de uso masivo, pero hay que
buscar cómo hacerlo sin obstruir la competencia y la innovación.
También preocupa el
costo de los medicamentos. El proyecto para autorizar la venta fuera de las
farmacias de aquellos que no exigen receta ha debido ser retirado de votación
en la Cámara de Diputados. No hay ningún argumento de peso contra esta
propuesta pro competencia, muy común en el exterior. Con más puntos de venta y
menores precios, ella ayuda especialmente a quienes viven en las comunas
populares o rurales que no cuentan con una farmacia cerca. Es irrisorio
sostener que favorecería la automedicación y la intoxicación, como alegan sus
detractores. Al parecer, hay intereses monopólicos que pisan demasiado fuerte
en los pasillos del Congreso. Eso no es aceptable. Que la competencia libre
impere.
Bombas y terrorismo,
por Rodrigo Hinzpeter.
Se han colocado cerca
de 150 bombas en nuestro país en los últimos años. Es indiscutido que la
colocación de artefactos explosivos constituye un método de acción típicamente
terrorista, desde que su detonación -mucho más allá de la capacidad específica
de daño del artefacto- lleva implícita la aptitud de alterar la tranquilidad
ciudadana, asegurando que con su explosión se provocará temor. Es por ello que,
conforme a la experiencia y sentido
común, resulta evidente que el colocador de una bomba considera necesariamente,
dentro de su finalidad, el que al menos una parte de la población sienta temor
justificado de ser víctima de delitos de la misma especie.
El terrorismo
alcanza, destruye o menoscaba otras certezas y seguridades que deben brindar la
democracia y el estado de derecho. Cuando se detona una bomba en un ferrocarril,
el daño ocasionado al vagón es secundario. Lo primario es el temor de los
ciudadanos que emplean diariamente ese medio para transportarse. Esto es
particularmente grave, ya que por su naturaleza un acto terrorista es apto para
forzar modificaciones en comportamientos de los ciudadanos, restringiendo su
libertad, al obligarlos a abstenerse de realizar ciertas actividades cotidianas
o a perturbar la forma y oportunidad en que tales actividades se realizaban
previamente.
Un estándar
aconsejable es observar la reacción de la opinión pública o de los medios de
prensa frente a un hecho determinado. ¿La detonación de una bomba que hiere
gravemente a una persona o causa la muerte de otra, capta la atención de los
ciudadanos o es difundida por los medios de prensa del mismo modo que si tales
heridas o muerte hubieran sido provocadas por un accidente de tránsito?
Obviamente que no, y la razón evidente de esta diferencia radica en que en el
caso de una bomba se añade inexorablemente el temor de muchas personas de
llegar a ser, o haber podido ser, la víctima que dicho incidente haya causado.
Tampoco deben
desatenderse las múltiples dimensiones que puede asumir el terrorismo. Resulta
incorrecto pretender definirlo en función de su localización, magnitud, tipo de
arma, potencia o capacidad para provocar la muerte. La experiencia mundial
acredita la existencia de fenómenos de terrorismo que toman diferentes formas,
entre los cuales podemos nombrar el narcoterrorismo, el bioterrorismo, el
anarcoterrorismo, el terrorismo de Estado o el ciberterrorismo. En nuestra
legislación se atiende al poder destructivo de los objetos, exigiendo gran
capacidad destructora sólo si se trata de lo que la normativa llama “armas o
artificios”; en cambio, cuando se está en presencia de bombas, el legislador
considera aptas para un cometido terrorista a las de cualquier tipo.
Finalmente, es
imprescindible recordar que la lucha contra el terrorismo ha sido definida como
un desafío prioritario en múltiples ocasiones y por variadas instancias, en
muchas de las cuales nuestro país ha estado presente o es parte. Las
principales organizaciones internacionales y regionales lo han condenado, al
tiempo de exigir a los estados -no limitadamente a los gobiernos, sino al conjunto
de poderes independientes que componen el Estado- adoptar todas las medidas
necesarias para prevenir y sancionar estas conductas.
EDITORIALES SOBRE TEMAS
IMPORTANTES
¿Cuándo es delito
terrorista?
La justificada
perplejidad que provocó en muchas personas el veredicto de un tribunal penal
que no consideró como delito terrorista, sino sólo de daños, la colocación de
un artefacto explosivo en una sucursal bancaria, se explica en gran medida por
las dificultades reales para definir el terrorismo -el derecho internacional
conoce abundantes intentos fracasados en esta materia-, pero también por las
características de la legislación vigente en Chile.
En cuanto a las
dificultades, existe el riesgo de que aquellos que simpatizan con las
motivaciones de quienes realizan actos violentistas o, al menos, no se sienten
afectados por ellas -demandas radicales de igualdad, manifestación contra
"el sistema", etcétera- miren con cierta condescendencia tales
conductas. En el otro extremo, no es infrecuente que se confunda la protesta
violenta con el terrorismo. La primera puede tener muchas manifestaciones
diversas, desde la "toma" hasta la quema o destrucción de bienes, o
incluso la lesión o muerte de personas. Prácticamente todas las manifestaciones
de la protesta violenta son al mismo tiempo hechos constitutivos de delito,
también según nuestra legislación actual.
Pero el acto
terrorista tiene características que exceden la protesta violenta y que
consisten en la realización de actos de una brutalidad intensa y
desproporcionada en relación con su objeto inmediato, precisamente para ser
capaces de infundir en la población en general, o al menos en un grupo, el
temor justificado a correr la misma suerte o una similar -un temor que, a su
vez, va más allá del que inspira la comisión de cualquier delito.
La Ley Antiterrorista
chilena se atiene en lo sustancial a esta caracterización del terrorismo, pero
exige que se demuestre que la "finalidad" del autor al cometer el
hecho era de índole terrorista. Para decidir si existió tal finalidad, la ley
dispone que el tribunal debe atender a la naturaleza y efectos de los medios
utilizados, a la evidencia de que el acto se inserta en un plan premeditado de
atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, o verificar si el
acto se cometió para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad.
Esta configuración
del delito terrorista -finalidad subjetiva, que se acredita demostrando alguna
de las tres situaciones objetivas citadas- dificulta su aplicación. La ley
podría limitarse a exigir que el acto de violencia tenga objetivamente la
capacidad o aptitud para infundir en la población el temor fundado de ser
víctima de un ataque similar. El dolo o intención sólo sería la contrapartida
de esta aptitud.
La semana política:
Prestigio del Congreso
Existe gran
incertidumbre acerca del efecto que tendrán en las próximas elecciones la nueva
masa de cinco millones de potenciales votantes, por la inscripción automática,
y el comportamiento del antiguo padrón electoral y también de los nuevos
inscritos, por la derogación del voto obligatorio. Esa voluntariedad sigue
suscitando las mayores dudas, por su impacto en la vitalidad de nuestra
democracia y en la invisibilidad política que puede aquejar a los grupos más
pobres de la población (que la experiencia comparada muestra con mayor
propensión a dejar de participar en el sistema democrático). Por eso, se debe
seguir con atención este fenómeno, sin negarse a la posibilidad de cambiar de
parecer, como con honestidad intelectual reconoció el ex Presidente Lagos, y
revertir esa decisión.
Junto con lo
anterior, lo más preocupante es el desprestigio de las instituciones que
registran diversas encuestas, en particular la deteriorada imagen del Congreso.
Durante dos décadas
el PC chileno intentó alcanzar un asiento en él, y lo logró en 2006, gracias a
un acuerdo por exclusión con la Concertación. De ahí que sean lamentables las
palabras de su rostro más emblemático, la dirigente estudiantil Camila Vallejo,
restándole todo valor al Congreso, porque la Cámara aprobó la reforma
tributaria del Ejecutivo. La misma dirigente que aplaude el régimen de los
hermanos Castro en Cuba da una nueva demostración de la falta de renovación de
fondo del comunismo chileno, más allá del uso de la estética juvenil. Los
chilenos sabemos el mal curso al que lleva ese sectarismo e intolerancia.
Cuidado colectivo e individual
El propio Congreso
debe velar colectivamente por su fortaleza y arraigo en la opinión pública. Los
cambios que alista la Cámara al Código de Conductas Parlamentarias, con un
considerable aumento de las sanciones económicas a los legisladores, son una
buena señal. También lo es la multa aplicada al diputado Álvarez-Salamanca
(UDI) por su controversia con el Comité de Auditoría Parlamentaria. En cambio,
es muy negativo el nuevo rechazo al segundo informe de una comisión
investigadora sobre eventuales responsabilidades políticas por el mal
funcionamiento de las instituciones públicas el 27-F. Más allá de las
responsabilidades individuales que a unos interesa destacar y a otros ocultar,
el Congreso debe ser capaz de entregar una visión de conjunto sobre lo que
fueron los yerros del Estado chileno en esa jornada. Se trata de una
responsabilidad histórica frente a las futuras generaciones.
Asimismo, la conducta
del senador Navarro (MAS), vicepresidente del Senado, lesiona el prestigio de
éste: determinar si su accidente un día domingo en una moto de nieve es laboral
corresponde al sistema de seguridad social, según un procedimiento al que se
someten todos los chilenos. Pedir una comisión investigadora de la Cámara
contra las mutuales, y denunciar un sostenido comportamiento ilegal de esas
organizaciones -tras negarse la calidad de laboral a su accidente, lo que puede
significarle mayores costos económicos por su tratamiento médico-, revelan una
grave confusión entre las responsabilidades públicas y los asuntos
particulares, y la búsqueda de un trato de privilegio frente al común de los
chilenos.
Disculpas equívocas en Lima
Al cobrarse
conciencia de que sólo faltan poco más de 100 días para el inicio de los
alegatos de Chile y Perú en La Haya, hay cierta inquietud por la tensión que
esto inevitablemente crea en las relaciones entre ambos países.
Se están dando
innumerables iniciativas, primero de la prensa, luego de institutos de
estudios, organizaciones empresariales, intelectuales y, recientemente, la
Orden Masónica, en cuanto a que, cualquiera sea la resolución de la Corte
Internacional de Justicia, la opinión pública de los dos países no pierda de
vista la importancia de la relación bilateral y el inmenso avance que ha
experimentado ella en las últimas décadas. Los vínculos estrictamente públicos
y políticos se han transformado en una densa red de relaciones sociales,
económicas y culturales, que tejen un entramado rico y complejo, destinado a
perdurar. Los ejes de esta nueva relación están en los procesos migratorios y
las inversiones cruzadas entre nacionales de ambos países. Incluso
internacionalmente, uno y otro comparten visiones y posiciones frente al mundo
del Pacífico y su vasta red de acuerdos económicos y políticos, y desde la
costa sudamericana practican una estrategia de desarrollo abierta al
intercambio comercial y la apertura internacional, en contraste con otras
miradas continentales.
En la actual
coyuntura, toda esa relación descansa en el buen tino de todos los partícipes.
Lo peor sería transformar responsabilidades específicas de particulares en
asuntos de Estado. Lo sucedido con la filmación de un programa de televisión de
un canal chileno, perteneciente a una empresa estadounidense, es un asunto de
particulares que no representan a Chile y respecto de los cuales caben los más
disímiles juicios. Por tanto, no corresponde que nuestro embajador en Lima pida
disculpas en nombre de Chile en relación con esa producción televisiva. Ese
gesto puede ser un impulso espontáneo del diplomático, realizado de buena
voluntad, pero que no corresponde y es equívoco. Parece difícil que esa acción
haya contado con la autorización de la Cancillería, ni que constituya un
precedente para los innumerables episodios que pueden surgir en el futuro.
¿Se puede mejorar el
trabajo del Congreso?
De manera abrupta ha
ido cayendo la aprobación ciudadana hacia el Congreso. En octubre de 2010,
según Adimark, el 44% de los encuestados rechazaba el modo cómo estaba llevando
a cabo su labor el Senado, y el 48% tenía una opinión negativa de la Cámara de
Diputados; en julio 2012, la reprobación para ambos superaba el 70%.
Este fuerte deterioro
ha sido ampliamente analizado por los expertos y parece enmarcarse en un
castigo generalizado a las instituciones que manejan el poder en Chile. Sin
embargo, más allá de ese diagnóstico, cabe preguntarse qué mejoras podrían
realizarse a la labor más propia de los parlamentarios: representarnos al
momento de analizar qué leyes nos regirán.
Lo que se ha avanzado. La
manera en que trabajan los congresistas está regulada por la Constitución, la
Ley Orgánica del Congreso y los reglamentos del Senado y la Cámara. De hecho,
la largamente discutida reforma para adecuarse a los cambios constitucionales
de 2005 dio pie a importantes modernizaciones, introduciendo mayor
transparencia (hasta hace muy poco, importantes votaciones mantenían carácter
secreto, lo que se terminó) y regulaciones en las asignaciones para los
congresistas. Una modificación de alta trascendencia fue la de los plazos de
las urgencias que el Ejecutivo puede imponer para la tramitación de proyectos.
Así, la suma urgencia se amplió de 10 a 15 días y la discusión inmediata de 3 a
6; ello fortalece la posición del Congreso frente al Gobierno, pero sobre todo
implica plazos más realistas para un buen análisis de las leyes.
Comisiones "sobrecargadas". Hay,
sin embargo, dificultades que aún no encuentran solución. Por ejemplo, la
disparidad en el trabajo de las comisiones legislativas. Estas son instancias
previas a las votaciones en sala, donde un grupo reducido y representativo de
parlamentarios analiza en detalle los proyectos. Es la verdadera
"cocina" del trabajo legislativo, en la que se llevan a cabo la
mayoría de los cambios y negociaciones. El punto es que, mientras algunas se
encuentran «atochadas» de iniciativas, retrasando su despacho, las exigencias
para otras son mínimas. Una muestra: sólo considerando lo que va de 2012 en la
Cámara, la comisión de Agricultura ha visto 3 proyectos, mientras que la de
Hacienda (que debe pronunciarse sobre toda iniciativa que irrogue gastos) lleva
32, y la de Constitución, 37. Racionalizar el trabajo de estas últimas, las más
exigidas, es un tema pendiente. Desde luego, sería razonable que sus
integrantes no participaran en otras comisiones, de modo que pudieran
concentrar sus esfuerzos aquí. El rigor en definir cuándo el pronunciamiento de
ellas es verdaderamente necesario resulta igualmente importante.
Inflación legislativa. En
2011 se aprobaron 73 leyes y en lo que va de 2012, 52. Desde que se empezaron a
"contar", a principios del siglo XX, suman más de 20 mil los cuerpos
legales aprobados. No hay un rango "ideal" de leyes para un país,
pero es de sentido común que el exceso genera incertidumbre. Eso de "menos
es más" se aplica a la legislatura, y en Chile no siempre se cumple. Y es
que, si bien la Constitución tiene un listado de materias propias de ley, se ha
logrado, vía "interpretación", extenderlas al punto de que se llegan
a presentar proyectos como el reconocimiento de la rayuela como deporte
nacional, monumentos varios, etc. En parte, ello se debe a una errada
concepción de la labor parlamentaria, donde se pone como imperativo presentar
el mayor número de proyectos, en circunstancias que lo que importa es la
calidad de las normas y su capacidad para dar respuesta a problemas que no
tienen solución por otra vía.
Frente a ello, antes
que una reforma que restrinja a priori las ya disminuidas facultades
legislativas, resulta interesante explorar la posibilidad de establecer un
comité técnico previo al debate parlamentario, que ayude a "filtrar"
materias que pueden solucionarse administrativamente y, a la vez, advertir
cuándo una nueva ley choca con otras anteriores o si hay proyectos similares ya
presentados. Con esta base, la discusión podría partir desde terreno más firme
y facilitar la decisión sobre avanzar o no en una iniciativa. La comisión
requeriría de un amplio acuerdo político y sintonía fina para determinar sus
nominaciones y funcionamiento, de modo que facilite el trabajo y no lo
entrampe. Resultaría complementaria con una instancia como el Departamento de
Evaluación de la Ley que hoy funciona en la Cámara, cuya tarea es el análisis
de la efectividad de las normas ya aprobadas. Respecto de este departamento
sería importante una mayor difusión de sus conclusiones.
¿Cómo asesorarse? Hace
unos años hubo fuertes denuncias sobre el uso de los recursos que reciben los
congresistas para financiar asesorías. En muchos casos se destinaban a pagar
operadores políticos, contratar parientes cercanos o financiar servicios
personales. Desde entonces se han dado algunos pasos, por la vía de la
transparencia y de un mayor control de las contrataciones, así como conformando
en la Biblioteca del Congreso un equipo de 60 especialistas con alta
preparación técnica a los cuales se encargan informes. Resulta importante
evaluar si este esquema ha mejorado la calidad de la asesoría que se recibe. La
antigua idea de incorporar un cuerpo de staffers o asesores políticos
contratados por el Congreso y no individualmente ronda desde hace años y no
cabe descartarla.
Y un viejo tema. El
esquema de funcionamiento del Congreso, con el Senado sesionando los martes y
miércoles, y la Cámara de martes a jueves, mientras que el grueso de las
comisiones lo hacen de lunes a jueves, pero concentrando su labor también los
martes y miércoles, resulta difícil de comprender por la ciudadanía.
Probablemente, no tenga sentido incrementar las sesiones de sala, pero resulta
extraño que los viernes normalmente no haya trabajo legislativo ni siquiera en
comisiones. Más incomprensibles aún son los recurrentes problemas de asistencia
que registra la sala de la Cámara los jueves, cuando las votaciones se vuelven
un azar, no por razones políticas, sino por las ausencias de honorables.
UN PAR DE CARTAS PARA
MEDITAR
Señor Director:
Legítima defensa.
Las imágenes que
proporcionó la TV el miércoles pasado en las que aparecía un grupo de
Carabineros arrinconados en la puerta de un edificio, protegiendo con sus
escudos su integridad física de las piedras y otros elementos que les lanzaban
los enmascarados, deberían llevarnos a consultar al Alto Mando de Carabineros y
las autoridades públicas, en el sentido de si estos servidores públicos tienen
derecho o no a la legítima defensa de sus personas.
JOSÉ LUIS PÉREZ
ZAÑARTU, Abogado.
Señor Director:
Protestar
"Protestar:
Expresar alguien impetuosamente su queja o disconformidad".
"Incendiar:
Prender fuego a algo que no debería quemarse".
"Matar: Quitar
la vida".
¿Se puede protestar
incendiando o incluso matando?
En el diccionario
pareciera que no. En el Gobierno lo están pensando.
¿De dónde viene el
"derecho a protestar" incendiando o destruyendo?
Ojalá algún académico
iluminado lo pudiera explicar.
MANUEL BLANCO VIDAL.
Nota de la Redacción:
Todo Chile conoce la
falta de probidad del Presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, y la
forma antidemocrática en que se la apoderado de esa corporación que reúne a
parte de los docentes, el documento que insertamos a continuación podría darnos
algunas luces sobre la moralidad de Gabriel Boric, que hoy dirige la FECH y a través
de ella al movimiento de los estudiantes universitarios:
.(Para mejor leer pinche la imágen)
Una educación de calidad exige buenos profesores
y estudiantes dedicados a su “trabajo” de estudiar.