El Barco Ana Cecilia llegó
ayer a La Habana con un segundo
cargamento de alimentos,
medicinas y electrodomésticos, con
que grupos religiosos quieren mitigar las
dificultades del pueblo
cubano tras más de 50 años dictadura castrista.
BREVES INFORMATIVAS
Piñera encabezó Cumbre para el Desarrollo Social y Económico de la Región
de La Araucanía.
El Presidente Sebastián Piñera, junto a miembros de su Gabinete
Ministerial anunció ayer, en el Palacio de la Moneda, un plan para el Desarrollo
Social y Económico de la Región de La Araucanía, que complementa el Plan de
Desarrollo de La Araucanía presentado en 2010 y que, a la fecha, ha significado
que la Región esté creciendo por sobre el 5% promedio, con una creación de 38
mil nuevos empleos en dos años y una disminución de la pobreza de un 27,1% el
año 2009, a un 22,9% el 2011, entre otros.
En la ocasión, el Jefe de Estado detalló una ambiciosa
iniciativa, compuesta por tres ejes, y que tiene como objetivo principal que
sus habitantes “puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo y progreso,
que el resto de los habitantes de nuestro país”, indicando que el primer eje es
una preocupación por lo económico y social, que busca “seguir potenciando su
capacidad de crecimiento, de creación de empleos y también de creación de
oportunidades para los habitantes de la Región de La Araucanía, en forma muy
especial, para el pueblo mapuche”, dijo.
Algunas de las propuestas incluidas en este primer punto son:
• La creación de un
nuevo Liceo de Excelencia Técnico Multicultural en Ercilla.
• Aulas móviles, que
van a permitir a muchos habitantes poder completar su educación media.
• Aumentar a 18 mil las
becas para los pueblos originarios.
• Aumentar de 10 a 20
mil el número de estudiantes que van a aprender mapudungun.
• Acelerar la
construcción de 5 nuevos hospitales en Padre Las Casas, Angol, Lautaro, Carahue
y Pitrufquén.
• La creación del “Auge
Mapuche” que priorizará enfermedades que tengan mayor incidencia en el pueblo
mapuche y la utilización de terapias y medicamentos ancestrales.
• Fortalecer el rol de
INDAP en la Región.
• Priorizar el Ingreso
Ético Familiar.
• Fortalecer el rol del
Fosis.
• Continuar con el
programa de entrega de tierras, ya que falta cumplir con 32 de las 115
comunidades con las cuales el Estado de Chile asumió el compromiso.
En seguida el Mandatario se refirió al segundo eje de esta iniciativa,
indicando que apunta a “recuperar, potenciar, rescatar, promover, valorar lo
que es la cultura, identidad, historia, costumbres y la lengua del pueblo
mapuche”.
Entre las iniciativas para lograr este fin destacan:
• Perfeccionar el
mecanismo de consulta que contempla el Convenio 169 de la OIT, que va a
permitir avanzar en el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos
originarios.
• Este nuevo mecanismo
de consulta permitirá crear el Consejo de los Pueblos Originarios.
• La creación de dos
áreas de desarrollo indígena, una en Ercilla y la otra en la zona costera de la
Región de La Araucanía.
• Transformar la CONADI
en la Agencia de Desarrollo Indígena.
• Siguiendo el ejemplo
de países como Australia y Nueva Zelanda, entregar a las comunidades mapuches
la administración de zonas turísticas, parques y zonas silvestres protegidas,
para promover una industria que tiene un enorme potencial, como es el turismo.
• Programas de
educación intercultural bilingüe.
• Recuperar lugares
ancestrales, ceremoniales y cementerios mapuches, que tienen un enorme
significado cultural.
Piñera explicó que el
tercer pilar de este proyecto se refiere al Estado de Derecho “la seguridad
ciudadana, el orden público, el poder proteger eficazmente a la ciudadanía, a
los pequeños agricultores, a las escuelas, que en los últimos tiempos han
sufrido atentados incendiarios, es algo importante para la Región de La
Araucanía, para las víctimas, pero también para el desarrollo de esa Región”.
El Mandatario señaló que “estamos promoviendo el programa de
ayuda y compensación a las víctimas de estos atentados violentistas,
particularmente a los pequeños agricultores que han sido afectados, y los
pequeños propietarios rurales, de forma tal de poder contribuir a crear un
clima de paz para el desarrollo económico y social”.
Finalizando Piñera hizo
un llamado al sector privado para incentivar el desarrollo de la Región. “Es un
desafío que compromete al sector público y privado. Estoy absolutamente
convencido que, uniendo nuestros esfuerzos y asumiendo esta causa como una
causa común y compartida, vamos a lograr devolverle a la región de La Araucanía
el potencial y el futuro que desgraciadamente en el pasado se le ha negado”.
Breves de La Moneda.
Ministro de Educación, Harald Beyer dio inicio a obras de
reconstrucción en Liceo Bicentenario de Rancagua, que sufrió severos daños por
el terremoto de febrero de 2010, en las obras se invertirán casi 4 mil millones
de pesos.
El Ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, reiteró que en Chile no
hay burbuja inmobiliaria tras conocerse las conclusiones del informe elaborado
por la Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos (CEHU) del MINVU, que
analizó información de los mercados inmobiliarios e hipotecarios para la última
década.
La Ministro del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina
Schmidt” aseveró que “la violencia en contra de la mujer es una
realidad inaceptable cuya expresión más brutal es el femicidio”, como el que
lamentablemente ocurrió en Colina y que afecto a la joven de 22 años, Nicole
Villablanca Lemus, en manos de su ex pareja.
La Secretario de Estado dijo que “Me parece indignante este nuevo caso
de femicidio. No descansaremos hasta terminar con este cáncer que afecta a la
familia y a nuestra sociedad que es la violencia intrafamiliar”.
De visita en la isla de Chiloé, la Ministro del Trabajo y
Previsión Social, Evelyn Matthei, acompañada por la Director del Trabajo, María
Cecilia Sánchez; y por la Superintendente de Seguridad Social, María José
Zaldívar, se reunió con un amplio grupo de dirigentes sindicales del sector
salmonero de la Región de Los Lagos, y con el Presidente del Senado, Camilo
Escalona, con el objeto de dialogar y mejorar las condiciones laborales en la
industria, que se recupera de la crisis del virus ISA.
Un importante estado de avance presentan las obras de
Mejoramiento del Terminal de Buses de Coyhaique, con lo que se busca entregar
un mejor servicio y confortabilidad a los usuarios, durante una visita a la Región
de Aysén, la Subsecretario de Transportes, Gloria Hutt, destacó los trabajos
que se realizan en el recinto los que contemplan una inversión de más de 70
millones de pesos financiados por la Ley Espejo de Transantiago.
La ONU se autocondena.
En medio del descalabro Diplomático y
la profundización del sangriento conflicto político que se vive en Siria, la
Asamblea General de la ONU emitió una resolución criticando al Gobierno Bashar
al Asad, además de deplorar la falta de
capacidad de su órgano Ejecutivo, el Consejo de Seguridad, para detener la
violencia en ese país del Medio Oriente.
La Asamblea condenó al Gobierno de Bashar al Asad
por considerarlo como "primer responsable" a la hora de acabar con la
espiral de violencia desatada entre las fuerzas Gubernamentales y los rebeldes
sirios, deplorando "el fracaso del Consejo de Seguridad para acordar
medidas que aseguren el cumplimiento de las autoridades sirias con sus
decisiones".
Buenos
Aires: fin de semana sin Metro.
En medio de la disputa entre el Gobierno de
Cristina Fernández y Alcalde de Buenos Aires, que exige que el traspaso al
Municipio del Metro debe llevar
incluidos los subsidios, anoche la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte
y Premetro iniciaron un paro de 48 horas, mientras la Unión Tranviarios Automotor levantó el paro
por 72 horas que tenía programado. La paralización es en apoyo al reclamo de
estos trabajadores por un aumento salarial del 28% y otras mejoras a sus
condiciones de trabajo.
Incendios
forestales ahogan a Oklahoma.
El Estado de Oklahoma, en el centro de Estados
Unidos, es escenario de varios incendios, que están forzando a evacuar cientos
de viviendas, los bomberos están combatiendo un gigantesco siniestro en
Slaughterville, mientras los vientos de entre 24 y 40 kilómetros por hora y la
temperatura exterior de 43 grados centígrados no les ayudan en su labor.
Jerry Lojka, del Departamento de Emergencia de
Oklahoma, dijo que unas 100 casas de madera están amenazadas por el fuego y
bajo una orden de evacuación voluntaria, comentando que hay por lo menos seis
incendios forestales simultáneos en el estado, incluidas las localidades de
Luther y Geary.
La Gobernador de Oklahoma, Mary Fallin, emitió una
prohibición de quema en todo el Estado, debido a la sequía que empeora día a
día.
Llegó
a La Habana segundo envío de mercancías desde Miami.
El barco Ana Cecilia, que el 13 de julio pasado
inauguró un servicio de envíos de mercancías entre Estados Unidos y Cuba, llegó
ayer por segunda vez a La Habana con ropa, comida, medicinas y televisores.
Para nosotros, esta ilegal acción de grupos
eclesiásticos norteamericanos convierte
a los cubanos el limosneros del “imperio” por la incapacidad de quienes
Gobiernan la isla desde hace más de 50
años.
Ecos de Londres 2012.
El medallero olímpico tuvo ayer significativos cambios, en la
jornada de ayer Estados Unidos remplazó a China en la cima de las olimpiadas al
llegar los norteamericanos a las 21 medallas de oro, 10 de plata y 11 de
bronce, mientras la potencia oriental ha conseguido 20 preseas doradas, 13
plateadas y 9 bronceadas, el tercer lugar sigue ocupado por Corea del Sur, con
9-2-5, mientras Gran Bretaña le arrebató la cuarta posición a Francia.
En las colocaciones de nuestro Continente hubo también cambios
importantes, pues el primer lugar pasó a ser ocupado por Cuba, con 2 medallas
de 0ro, 2 de plata y una de bronce, el segundo lugar lo ocupa Brasil con una
presea dorada, 1 plateada y 4 bronceadas, seguidos por Venezuela con su único
oro, México con 3 medallas de plata y 1 de bronce y Colombia con 2 insignias
plateados y una bronceada, los otros representativos de la Región siguen con
una absoluta sequía de laureles.
COLUMNAS DE INTERES.
Reforma tributaria,
por Rolf
Lüders.
El Gobierno ha estado negociando con distintos Parlamentarios el
tenor de una reforma tributaria que pretende recaude al menos unos US$ 700
millones adicionales y que simultáneamente aumente la eficiencia y justicia del
sistema de impuestos. La oposición considera que la recaudación adicional es
absolutamente insuficiente y está, en general, dispuesta a aprobar aquellas
disposiciones del proyecto que aumentan impuestos, pero no aquellas que los
disminuyen.
Desde el punto de vista técnico, lo que corresponde hacer es
determinar un nivel y una asignación óptima del gasto fiscal, para luego
recaudar los impuestos que financien ese gasto con el mínimo de ineficiencia y
con la mayor justicia posible. Es decir, es el gasto el que debe definir el
monto total de los impuestos, y ese gasto Fiscal debe, en cada uno de sus usos,
generar -en el margen- beneficios similares e iguales a los que se dejan de
producir en el sector privado por los mayores tributos pagados. Estimaciones
realizadas sobre la materia sugieren que en Chile, en el mejor de todos los
casos, el nivel actual del gasto público -que en muy pocos años se incrementó
en más de cuatro puntos del PIB-, cumple aproximadamente con ese requisito, por
lo que no es en absoluto conveniente cambiarlo.
El sistema tributario es funcional a nuestro nivel de
desarrollo, dado que favorece el ahorro y la reinversión de utilidades. Una
proporción elevada de los ingresos tributarios provienen del IVA, un impuesto
indirecto relativamente eficiente. Otro impuesto importante es el llamado impuesto
sobre la renta. Este es, en realidad, un impuesto que también tiende a gravar
el consumo de las personas y que en la literatura se conoce como un impuesto al
gasto progresivo. Es un impuesto justo, dado que -al contrario del impuesto
sobre la renta que grava lo que aportamos a la sociedad, es decir, al trabajo y
ahorro- somete a tributación lo que extraemos de la sociedad, que es lo que
consumimos.
A nivel de las empresas, existe actualmente un impuesto de
categoría (hoy de 18,5%), que se transforma en un crédito que rebaja la
tributación sobre la renta o el gasto -póngale el nombre que prefiera- a nivel
de las personas. Mientras esto se mantenga así (que entiendo es la intención
del Gobierno), un aumento moderado de la tasa del impuesto de categoría no
debiera tener mayores consecuencias para la inversión. En cambio, la
eliminación del mecanismo del FUT, como proponen algunos opositores, sería un
desastre.
La teoría de las decisiones públicas explica perfectamente las
presiones políticas por aumentos excesivos del gasto fiscal. Por eso, Eduardo
Frei, en su última candidatura, clamaba por “más Estado”, y la oposición -y no
pocos oficialistas- lo desean ahora también. Conscientes de que de ningún modo
es conveniente elevar el actual nivel del gasto público (o de tributación) en
relación al PIB, es nuestra obligación oponernos públicamente a iniciativas que
lo permitan. Con el mismo objetivo, también Milton Friedman, en su rol de
predicador a favor de buenas políticas económicas, sostenía que “estaba a favor
de reducir los impuestos bajo todas las circunstancias, con cualquier excusa y
en todo momento”.
Equidad con excelencia
por Juan
Manuel Zolezzi.
Inquietud ha generado la decisión de incorporar el ranking de
notas de enseñanza media como un factor más de ponderación en el sistema de
admisión a las universidades del Consejo de Rectores vía Prueba de Selección
Universitaria (PSU).
Distintas voces han afirmado que se trata de una medida
apresurada, que no es un ranking, que perjudicará a los estudiantes que
actualmente cursan cuarto medio, que fomentará una competencia poco sana entre
pares, que se cambiaron las reglas del juego a meses de rendir la PSU, en fin.
Se trata de argumentos muy respetables, pero que provienen desde lo particular,
sin considerar el interés general y el bien común.
El ranking de notas en Chile es una iniciativa que surge a
partir de la experiencia de la Universidad de Santiago (Usach), que entre 1992
y 2003 bonificó los puntajes de los estudiantes de la promoción que se ubicaron
en el 15% de los mejores alumnos de sus colegios, según sus notas de enseñanza
media. ¿Por qué lo hicimos? Debido a que la evidencia internacional indicaba -y
lo sigue haciendo- que los estudiantes con mejor rendimiento en la enseñanza
media registraban un buen desempeño durante sus estudios superiores.
Al analizar los resultados académicos de los estudiantes de la
Usach en el período señalado -cuyo puntaje PAA (hoy PSU) no les permitía
ingresar a una carrera, pero que lo lograron gracias a la bonificación- más del 90% de esos jóvenes no reprobó
asignaturas, realizó sus estudios en los plazos curriculares establecidos, y se
tituló oportunamente. Varios de ellos continuaron con éxito estudios de
posgrado. La bonificación determinó positivamente el futuro de 15.191
postulantes a nuestra universidad durante 20 años, la gran mayoría hoy
titulados, posgraduados e incluso académicos de universidades. A dos tercios de ellos les hubiese sido
imposible ingresar a la educación superior vía prueba de selección.
La metodología de ranking que ha implementado el Consejo de
Rectores es similar a la de la Usach, pero tiene algunas diferencias. En este
sentido, el Cruch ha optado por hacer un cambio gradual que pueda ser evaluado
en su implementación por quienes aún son incrédulos. Por ejemplo, para esta primera
etapa se bonificará a los estudiantes de cuarto medio cuyas calificaciones
finales se ubiquen sobre el promedio de notas de su establecimiento. Al resto,
debido a que el puntaje ranking podría ser menor que su puntaje NEM, se les
considerará este último. Además, cada universidad determinará el porcentaje de
ponderación que otorgará a este nuevo factor de selección, que no será inferior
ni superior a un 10%.
El ranking de notas no es ni será la solución definitiva a los
problemas de la educación escolar del país, sino que se concibe más bien como
una medida paliativa, en cuanto busca incorporar un componente de equidad con
excelencia al sistema educacional. El ranking de las notas es un instrumento
que no sólo beneficia a los estudiantes que tuvieron buen rendimiento escolar
en la enseñanza media, sino que también a los colegios de origen, porque genera
enormes expectativas en las comunidades escolares y también a las universidades
que los reciban, porque crecerán en diversidad y en excelencia.
EDITORIALES DESTACADOS.
Cooperación y coincidencias entre Chile y Ecuador.
El Consejo Interministerial Binacional Chileno-Ecuatoriano, que
reunió en Santiago a una decena de Ministros y Subsecretarios de ambos países y
a sus Cancilleres, es otro testimonio de los intereses compartidos y las
eficaces gestiones Diplomáticas entre Chile y Ecuador. El acta del encuentro
consigna nuevos convenios en diversos campos, que en esta ocasión incluyeron
uno marco entre los Ministerios de Cultura, medidas de protección de los
patrimonios culturales de apropiaciones y comercializaciones ilegítimas,
acuerdos entre los Ministerios de Justicia chileno y del Interior ecuatoriano,
sobre prestaciones científicas y tecnológicas, y en materia agrícola,
acuicultura y pesca.
Mención especial merece la declaración y coincidencia sobre
"la importancia de ampliar y profundizar la cooperación sobre asuntos
marítimos, fundada en una común visión acerca del Derecho del Mar, así como la
plena coincidencia respecto de la vigencia, alcances y contenidos de la
Declaración sobre Zona Marítima de 1952 y del Convenio sobre Zona Especial
Fronteriza Marítima de 1954, y valoraron en este sentido la Carta Náutica
IOA42, aprobada por Ecuador en julio de 2010 y depositada en las Naciones
Unidas, la cual refleja la delimitación marítima vigente en virtud de dichos
tratados".
La declaración reitera lo que ambas Cancillerías habían señalado
en materia de cooperación sobre asuntos marítimos en julio de 2011, cuando se
reunió el Consejo del Acuerdo de Asociación. Dicho acuerdo, suscrito en 2008,
reconoce que Chile y Ecuador comparten la plena vigencia de los tratados del
Sistema del Pacífico Sur.
En el contexto del interés de Perú en modificar el límite
marítimo con Chile y de buscar un acuerdo con Ecuador que reconociera la
inexistencia de un tratado internacional, ha quedado en evidencia que Ecuador y
Chile comparten el mismo enfoque respecto de la vigencia de sus límites
marítimos con Perú, basados en los tratados de 1952 y 1954. Perú invitó a Ecuador
a celebrar un nuevo tratado de límites marítimos en 2006, y la respuesta fue
contundente. Así lo manifestó Ecuador al sostener que "tenía plena certeza
sobre sus límites tanto en la zona marítima como en su espacio territorial, por
lo cual no existen cuestiones que estén en dudas". Y ratificó lo que Chile
afirma en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia, en cuanto a que
"los convenios que definen la delimitación marítima entre Ecuador y Perú,
que utilizan al paralelo y que determinan la frontera, fueron libre y
voluntariamente negociados y se inspiraron, entre otros, en un acto legislativo
de Perú de 1947".
En 2011, Ecuador y Perú intercambiaron notas reversales mediante
las cuales este último país reconoció que la Carta Náutica ecuatoriana de 2010,
que grafica el límite marítimo con Perú, refleja dicho límite en toda su
extensión, ratificando así la vigencia del límite establecido varias décadas
antes.
Ecuador acaba de finalizar el proceso interno de adhesión a la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y ha reafirmado
precisamente los principios relativos a la vigencia de los tratados de límites
marítimos con sus vecinos, Colombia y Perú, situación que la Convención recoge
adecuadamente al señalar que en materia de delimitación se aplican los acuerdos
vigentes entre las partes.
Las relaciones entre Chile y Ecuador se encuentran en un alto
nivel derivado de una tradicional, persistente y fructífera amistad, siempre
renovada. La creciente cooperación bilateral es promisoria, trasciende a las
diferencias en las políticas internas de los gobiernos y se ha caracterizado
por el permanente respeto de las decisiones soberanas de cada uno de ellos.
Nuevo
Código de Conductas Parlamentarias.
Desde el reinicio de las funciones Parlamentarias en 1990, las
mesas directivas de ambas Cámaras se han esforzado por mejorar la imagen de
dichos cuerpos esenciales para la democracia. Para esto se han acordado
distintas medidas tendientes a recuperar la buena valoración pública de la
labor de los Congresistas, la transparencia de sus funciones y, sobre todo,
promover en ellos un comportamiento que permita postularlos como ejemplos
ciudadanos. Con ese objeto, el Código de Conductas Parlamentarias fijó
determinados principios para el ejercicio del trabajo legislativo, referidos a
probidad, moralidad, honestidad, anteposición del interés general por sobre el
particular, imparcialidad, rectitud, integridad ética y orientación a satisfacer
el bien común.
Por su parte, la Ley N° 20.447, de julio de 2010, modificó la
ley Orgánica del Congreso para reforzar esos principios y establecer sanciones
o amonestaciones, aunque sin precisar cuáles son aplicables a cada una de las
faltas.
Esos esfuerzos para enaltecer al Legislativo merecen encomio,
pero no han fructificado como se esperaba. Numerosos Congresistas no parecen
sentirse comprometidos por tales normas. Recientemente se han conocido
declaraciones de un Senador sobre el consumo de marihuana que el Presidente de
la Comisión de Ética de la Cámara, Diputado Vallespín (DC), ha estimado
reprochables, pues "todo Parlamentario, por ser representante de los
ciudadanos, quienes lo ven como modelo de conducta, debe esforzarse por actuar
en todos los aspectos de su vida conforme a las virtudes de un ciudadano
ejemplar".
Acciones tales como arriendos irregulares de sedes Parlamentarias;
contratos de trabajo para parientes; incidentes con secretarias; maltrato a
carabineros que, cumpliendo órdenes, debieron desalojar de las tribunas a
quienes interrumpieron una sesión especial convocada para analizar temas de
orden público; la "toma" de la sede del Senado en Santiago; intento
por un Senador de atribuir el carácter de laboral a un accidente durante actividades
de esparcimiento -con aristas que requieren análisis por separado-, evidencian
reiterados incumplimientos éticos. Tales episodios proyectan una imagen crecientemente
deteriorada de los Parlamentarios, lo que afecta a un resorte básico de nuestra
institucionalidad.
Ahora, el Presidente de la Cámara Baja, Diputado Nicolás
Monckeberg (RN), ha fijado un plazo de 30 días (en actual curso) para aprobar
un nuevo Código de Conductas Parlamentarias que actualiza las normas vigentes,
fija sanciones, aumenta las multas y zanja los conflictos de interés. Es éste
un nuevo esfuerzo loable y necesario, pero sus efectos dependerán de que los
propios Parlamentarios asuman con responsabilidad el compromiso de cumplir sus
normas. Es asunto que no sólo les concierne a ellos, sino también al prestigio
de la democracia.
Debate sobre la legalización de la marihuana.
Las declaraciones de un Senador socialista acerca de su consumo
esporádico de marihuana y el anuncio de que presentará junto a un colega PPD un
proyecto para permitir el autocultivo y el uso terapéutico de la misma han
generado un debate acerca de las responsabilidades de quienes ocupan cargos
públicos de influencia en la discusión sobre las drogas, así como en torno a la
legalización de las mismas.
La conveniencia de la legalización de la marihuana es defendida
por quienes la favorecen principalmente sobre la base de tres argumentos: se
trataría de una droga blanda con escasos efectos nocivos; corresponde a cada persona adulta decidir
libremente si consume; permitir su consumo y venta regulada eliminaría la
existencia de mafias que lucran con el tráfico ilegal y actúan de manera
violenta, generando cuantiosas pérdidas humanas y materiales.
Aunque resulta evidente que la marihuana no supone
necesariamente los devastadores efectos que involucra el consumo de otras
drogas, como la cocaína o la heroína, la evidencia médica muestra que su
componente principal, el tetrahidrocannabinol, provoca consecuencias dañinas en
quienes se exponen a él, tanto en la salud física y psíquica de las personas.
Están comprobados los efectos sobre la memoria de corto plazo y la prospectiva,
al dañar procesos neuronales del cerebro. La Organización Mundial de la Salud
estima, además, que la marihuana puede ocasionar síndrome de dependencia,
inducir psicosis, causar síndrome amotivacional y provocar y exacerbar la
esquizofrenia. Considerando que, desde 1994, los Estudios Nacionales de Droga
en Población General de Chile muestran que los principales grupos consumidores
de marihuana son los jóvenes, y también que existe una creciente percepción en
la ciudadanía acerca de una supuesta inocuidad de la misma, es importante que
ninguna Autoridad pública dé a entender que la marihuana es una droga
inofensiva, menos aun poniendo su trayectoria personal como ejemplo. Quienes
propugnan la legalización de la marihuana deben reconocer que ésta genera
adicción en un grupo nada despreciable de consumidores predispuestos, por lo
cual es difícil hablar de una opción libre de parte de ellos. Asimismo, deben
tomar en cuenta que la legalización de la marihuana no resolvería el problema
de las mafias narcotraficantes, ya que éstas seguirían operando en el comercio
ilícito de otras sustancias. De hecho, ni siquiera la regulación del mercado de
algunas drogas ha servido como solución para detener el tráfico ilícito de
drogas químicas como las anfetaminas, el cual ha crecido en ciertas regiones
del mundo y hoy es la principal preocupación de las Autoridades antinarcóticos
de los países del Asia Oriental, por ejemplo.
El debate ha puesto también de manifiesto vacíos de la
legislación chilena que deben ser abordados. Uno de ellos es que sanciona el
cultivo y el tráfico, pero no la tenencia o el consumo de marihuana. Esta
incongruencia pasa por alto que una de las mejores maneras de evitar el tráfico
de drogas es sancionar la demanda por ellas, por lo que sería conveniente
regular la tenencia de éstas al igual como se hace con otros productos
peligrosos. También parece contradictorio que la legislación castigue el
consumo de drogas de parte de los servidores públicos, excepto los Legisladores
y el Presidente de la República. Esas excepciones deben ser eliminadas, porque
generan discriminaciones y carecen de fundamento técnico.
Carretera eléctrica, el esperado proyecto.
Más de un año después de su anuncio por el Presidente de la
República, comienza a conocerse el "borrador" del proyecto de
carretera eléctrica, esto es, algunos aspectos del mismo. Entretanto, surgieron
numerosas hipótesis sobre qué forma tomaría ese proyecto, que aspira a resolver
la falta de capacidad de transmisión, uno de los principales problemas de
nuestro sistema eléctrico, que lo hace vulnerable y caro, reduciendo la
competencia en el sector y dificultando la entrada de proyectos de energía
renovable.
Las principales causas de esta debilidad son el desajuste que
significó pasar de un sistema concebido para gas natural a uno que depende de
otras fuentes de energía; la oposición de algunas empresas de generación a
expandirlo, por el costo que les significa y las mayores posibilidades de
competencia que se abren, y por la creciente oposición de propietarios de
terrenos y ambientalistas, que retrasa o impide la ejecución de los proyectos y
eleva en exceso su costo.
La carretera eléctrica aumenta la importancia de la
planificación del sistema de transmisión, que ahora se hará con un horizonte de
más años, y plantea que se puedan sobredimensionar los proyectos para
aprovechar economías de escala. El estudio de transmisión troncal definiría
líneas de utilidad pública que recibirían un tratamiento especial, debido a su
importancia para el sistema. Ellas incluirían algunas transversales que
agruparían la generación de centrales alejadas del troncal (hídricas y no
convencionales, como geotérmicas o minihidro).
Definidas las líneas de utilidad pública, un consultor
formularía el trazado definitivo, notificaría a los propietarios (principal
dificultad actual, pero que cambiaría con la nueva Ley de Servidumbres
Eléctricas) y establecería la línea base ambiental. Sólo entonces se licitaría
el proyecto, por lo que los constructores enfrentarían riesgos mucho menores
que en la actualidad, y sin más retrasos que los de su propia responsabilidad.
Eso contribuiría a reducir los costos y el tiempo de construcción.
El mayor costo por sobredimensionamiento de las líneas -en todo
caso, una fracción pequeña del costo total de suministro- se traspasaría a los
consumidores con un "estampillado", esto es, cobrando a los usuarios
su distancia al punto de generación. Esta fórmula reduce la oposición de las
empresas generadoras a las ampliaciones, pues sus costos ya no recaen sobre
ellas. Es probable que líneas construidas según diseños con más capacidad (como
aquí se propone) redundarían eventualmente en costos totales menores para los
usuarios. Al parecer, el Presidente Piñera no respaldaría la fórmula de
estampillado y preferiría el esquema actual, en que la mayor parte del costo
recae sobre los generadores, lo que entrega señales de localización de las
plantas generadoras y del consumo eléctrico, pero despierta oposición de los
generadores a la ampliación del sistema de transmisión. En particular, las
líneas transversales de utilidad pública enfrentarían el problema de servir
inicialmente sólo a unos pocos generadores, que no usarían toda su capacidad,
pero tendrían que pagar todo su costo anual, hasta que entraran en servicio las
centrales previstas en el futuro. Este problema podría reducirse por la vía del
mecanismo de ingresos totales de la concesión, que se usa en carreteras
concesionadas para reducir el riesgo de demanda.
También ha causado cierta controversia el hecho de que, en vez
de hacerse de los terrenos necesarios mediante expropiaciones, el Ministerio de
Energía haya optado por mantener el uso del sistema de servidumbres, según un
proyecto de ley que se tramita en el Congreso.
El proyecto de carretera eléctrica es fundamental para el buen
funcionamiento del sistema eléctrico, pero aún subsisten dudas sobre su forma
definitiva y sus resultados finales. Él responde a la necesidad de una
planificación de largo plazo, pero depende de la real eficacia de la nueva Ley
de Servidumbres, así como de un sistema judicial que hasta ahora se ha dejado
impresionar por los variados opositores a los proyectos de transmisión.
La delincuencia es el
resultado de Leyes permisivas
dictadas en los 20 años de la concertación,
las que dejaron indefensa a la sociedad.