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sábado, 5 de mayo de 2012

Temas para meditar el fin de semana...


Hemos graficado esta edición solamente con la
foto de la ONEMI en que aparecen el ex Subsecretario
del Interior, Patricio Rosende, y la ex Director
de ONEMI, Carmen Fernández, que serán formalizados
por el caso SHOA. Creemos que la Jefa de estos
dos funcionarios, la ex Presidente Michelle Bachelet,
que igualmente aparece en la imagen también tiene
responsabilidades ineludibles en los sucesos que
provocaron la muerte de 156 compatriotas y la
desaparición de 25 personas.



Gobierno a la ofensiva,
Concertación desorientada
El tiempo y los esfuerzos destinados por el Gobierno a consensuar dentro de su propia coalición la propuesta de reforma tributaria están demostrando haber sido una buena inversión. El contraste entre el frente común que —salvo excepciones: las críticas de Hernán Larraín y las dudas de Jovino Novoa— ofreció esta semana el oficialismo, versus las divergencias en una oposición cruzada por difíciles debates internos ha resultado elocuente. Y no sólo eso. Hacía tiempo que no se veía al Ejecutivo asumiendo el control de la agenda, en lugar de estar limitado a reaccionar frente a emergencias o conflictos.


 Nada garantiza el éxito de la «operación reforma tributaria». La Concertación ya ha demostrado que sabe hacerle pasar momentos duros al Ejecutivo en el Congreso, y tampoco cabe subestimar la capacidad de la propia Alianza para autoinfligirse daño. En última instancia, es prematuro adelantar si esta reforma logrará su gran objetivo —mostrar a un gobierno que, escuchando la «voz de la calle», ofrece respuestas sensatas y a la vez satisfactorias— o si a la larga, como ha pasado con otras iniciativas, termina enredada en un debate sobre «letra chica» que neutralice su impacto. Pero esas interrogantes se resolverán en el tiempo. Por ahora, la ofensiva la lleva La Moneda.


Los frentes. Que voces claves de la Concertación en el Senado (el principal reducto de poder opositor), como su presidente Escalona, más allá de estimarla insuficiente, se muestren dispuestos a no boicotear la reforma y a tramitarla con celeridad da un buen pie para su discusión. La oposición tiene poco espacio político para rechazar un aumento de impuestos a las empresas destinado a financiar cambios educacionales, y carece de facultades para impulsar incrementos mayores a los propuestos. En esas condiciones, el Gobierno parte con ventaja. La verdadera batalla —aparte de discusiones más técnicas— debiera darse en la otra parte de la iniciativa: las rebajas tributarias, desde la reducción del impuesto a las personas a la de timbres y estampillas. El discurso opositor apunta a que tales rebajas beneficiarían a «los más ricos», puesto que la mayor parte de la población no paga tributos directos. Pero para el Ejecutivo se juegan aquí ejes centrales de su propuesta: desde los incentivos al crecimiento económico (implícitos en la rebaja en timbres y estampillas) hasta el discurso de apoyo a una clase media no estrictamente estadística, pero que sí abarca sectores profesionales y técnicos que se sienten postergados en las políticas sociales. En buenas cuentas, esas medidas manifiestan mucho de lo que busca representar el Gobierno, y por tanto la capacidad de defenderlas será una vara para medir su éxito.


Una batalla doctrinaria. En tal contexto, no es extraño que estos días parte del debate se haya centrado en un punto que no es el más importante en montos, pero sí tiene mucha significación política: la posibilidad de descontar de impuestos una parte de los gastos en educación. La iniciativa expresa la idea de reconocer tales gastos como una inversión de alta rentabilidad social y por tanto acreedora de un trato tributario especial, que la incentive. En sí misma resume principios doctrinarios caros a la centroderecha: estímulos a la familia (el beneficio se calcula considerando las rentas de padre y madre, y apunta a reconocer que la situación de una pareja con hijos merece una consideración especial) y apoyo a la libertad para elegir el colegio en lugar de limitarla a la oferta estatal. En especial, dados los montos y límites involucrados, implica un respaldo a la educación particular subvencionada y al modelo de financiamiento compartido. De ahí, pues, el fuerte cuestionamiento de parte del «progresismo», en la más ideológica de las discusiones involucradas en esta reforma.


Las diferencias en el modo enfrentar la reforma tributaria (con Fulvio Rossi o Guido Girardi en posiciones más duras que Escalona o Zaldívar, y los diputados cuestionando las urgencias de los senadores) o el episodio de la última fallida acusación constitucional contra el ministro Hinzpeter, son apenas un capítulo de las discrepancias que cruzan a la oposición: los presidentes de partidos aún no logran superar el conflicto por el pacto entre pepedés, radicales y comunistas; el acuerdo DC- PS (aquél en que comprometen llevar un candidato común a alguna primaria) bate récords de interpretaciones, mientras el influyente senador falangista Jorge Pizarro habla de un «error de redacción» de sus autores; la eventual inclusión de ministros PC en un gobierno de Michelle Bachelet genera discrepancias hasta entre los propios democratacristianos, con Ignacio Walker objetando y el mismo Pizarro preguntando por qué no, al tiempo que Girardi se juega por su «fuerza progresista». Incluso el mismo senador PPD y otros de su coalición miran con simpatía la nueva ola nacionalizadora simbolizada por Cristina Kirchner y la expropiación de YPF, planteándola como ejemplo y situándose en las antípodas de las políticas impulsadas por los gobiernos concertacionistas durante 20 años.


¿Y si no vuelve? Ese cuadro de objetivo desorden no debe ser el mejor estímulo para que la ex presidenta Bachelet decida emprender la operación retorno a hacerse cargo de una coalición en crisis, y resulta sintomático que figuras del PS, como Solari o Garretón, en críticas columnas de opinión, empiecen a advertirlo. Si, además, un vicepresidente de la DC (Jorge Burgos) pide que ella dé una señal pública y afirma que “hay silencios que no dan para más”, queda claro que la duda inquieta. Y cuando un ex colaborador tan cercano como el ex ministro y hoy precandidato Andrés Velasco, de modo no muy sutil, se pronuncia (usando una frase de la propia ex mandataria) contra las «repeticiones de plato», se hace evidente que aquel eventual regreso no estará exento de incomodidades.



Obstaculización de proyectos energéticos

La ciudadanía necesita cobrar conciencia urgente y plena de que nuestro país enfrenta una difícil coyuntura energética. Por una parte, los precios de la energía eléctrica están entre los más altos de la región y, por otra, la posibilidad de mitigar esos precios incrementando la oferta de generación de electricidad está siendo amenazada por una creciente judicialización de los procesos que conducen a aprobar proyectos con ese objeto.


Los ejemplos abundan y se multiplican: está el proyecto Castilla de la brasileña MPX, un conjunto de seis centrales térmicas en la III Región, que suman 2.354 MW y una inversión estimada en más de 4.400 millones de dólares, cuya resolución de calificación ambiental fue aprobada por la autoridad ambiental, pero luego revertida por la Corte de Apelaciones, acogiendo un reclamo de sus detractores que desvirtuaba la decisión del funcionario ambiental competente, que cambió la calificación de dicho proyecto de "contaminante" a "molesto", en uso de sus atribuciones. También está la autorización ambiental del Parque Eólico de Chiloé, paralizado por la Corte Suprema, fundándose en que ese proyecto no ha dado cumplimiento al Convenio N° 169 de la OIT, por el que Chile se comprometió a que todos los proyectos que utilicen terrenos relacionados con pueblos originarios deben contemplar una etapa de consultas a éstos antes de poder ser aprobados. Y está el proyecto minero El Morro, también en la III Región, que contempla una inversión de más de 5.000 millones de dólares, al cual la Corte Suprema le ha ordenado que cumpla con dicho Convenio N° 169, lo que podría atrasarlo en unos 18 meses, si se lograre acordar una forma aceptable de proceder con quienes representan a esos pueblos originarios. A su vez, el proyecto HidroAysén, a pesar de haber logrado la aprobación ambiental para sus centrales, enfrenta un difícil panorama ante el anuncio de judicialización que tendrá el tendido eléctrico necesario para llevar la energía generada por ellas hasta los centros de consumo.


Es obvio que la judicialización de estos proyectos se ajusta a la institucionalidad que el país se ha dado, pero sería imprudente ignorar que ésta, en su modalidad actual, se ha traducido en una creciente fragilidad de la certeza jurídica que pueden brindar los certificados de aprobación ambiental que emiten las autoridades del sector, pues ellos pueden ser revertidos fácilmente por los tribunales, y se constata a cada momento que resulta bastante sencillo invocar causales que paralicen proyectos o que finalmente lleven a abandonarlos, como ya algunos han anunciado que podrían hacerlo.


Chile necesita preguntarse en qué grado preciso esta dificultad para desarrollar proyectos mineros o energéticos está poniendo en riesgo el desarrollo del país, que todos dicen desear y que supone un nivel de progreso social que en todas sus manifestaciones también todos exigen crecientemente -los "indignados" son una muestra de eso-. La respuesta a esa pregunta concierne a todos, pero primariamente a las autoridades políticas, técnicas y judiciales. Si se ahogan las fuentes que permiten dar mejores condiciones de vida a la población -como parece ser el caso-, ¿cuáles son entonces las modificaciones razonables a la institucionalidad que es necesario introducir para no frustrar las expectativas de esos mismos ciudadanos? ¿Es necesario otorgar un poder de veto a los pueblos originarios mediante un instrumento como el Convenio N° 169? ¿Es correcto que los jueces ponderen la bondad técnica -no jurídica- de las decisiones de las autoridades competentes, si éstas han sido tomadas haciendo uso de las facultades que les otorga la ley?


Nuestro país se encuentra ante una encrucijada en la que necesita resolver, con mirada hacia el futuro, sobre la mejor manera institucional de procesar las causas que afectan a todo el país, frente a aquellas que sólo afectan a ciertos grupos de personas: los casos antes citados, que no son únicos, muestran que en la actualidad hay un claro desbalance en favor de las segundas.



Propuesta para eliminar los aranceles aduaneros


La idea de llevar a cero la tasa arancelaria confirma la vocación de Chile por el libre comercio y ratifica una política que ha sido clave para el crecimiento económico.



El proyecto de reforma tributaria del gobierno considera reducir a cero el arancel aduanero, hoy en 6% del valor de importación de las mercaderías procedentes del extranjero. De aprobarse la iniciativa, durante 2013 la tasa del arancel bajaría a 4%, para llegar a 2% en 2014 y disminuir hasta cero a contar del 1 de enero de 2015.


Se ha informado un impacto sobre la recaudación tributaria de sólo 83 millones de dólares en 2013, para alcanzar algo en torno a  500 millones de dólares entre 2015 y 2017. Aunque habrá alguna corrección al alza en el tipo de cambio real, el arancel cero evitará las “desviaciones de comercio” que permiten que se importen productos más caros, pero sujetos a un arancel menor  por provenir de un país con tratado comercial, por lo que los importadores los prefieren. Asimismo, se favorecerán sectores productivos que hoy cancelan un arancel de 6%.


Los efectos mencionados, sin embargo, no dan cuenta de la trascendencia del anuncio, que viene a coronar un brillante esfuerzo, de décadas, para abrir la economía chilena al comercio internacional, creando así una de las condiciones más relevantes para potenciar su crecimiento. Desde una situación con muchas restricciones no arancelarias a las importaciones y aranceles aduaneros que llegaban al 100% en promedio con alta dispersión entre los productos afectados, el país eliminó las trabas paraarancelarias, redujo la dispersión arancelaria y rebajó hasta 10% el arancel promedio, antes de la crisis de 1982. Luego de algunos retrocesos por la crisis, los aranceles volvieron a reducirse hasta el 6% actual. En décadas recientes la apertura unilateral se complementó con numerosos tratados comerciales, profundizando la inserción de la economía chilena en los mercados mundiales.


Un arancel cero, sin otro tipo de restricciones a las importaciones, tiene repercusiones profundas sobre el funcionamiento de una economía. Desde luego, al no existir una protección general a la sustitución de importaciones ni a sectores específicos, la asignación de recursos entre sectores exportadores y sustituidores de importaciones optimiza el uso de los recursos productivos del país. La plena exposición de las industrias a la competencia externa las obliga a esforzarse por ser competitivas y a incorporar las mejores tecnologías y prácticas de gestión, lo que estimula la mayor productividad de la economía. Un aspecto menos considerado, pero posiblemente más relevante, es que el arancel cero quita sentido a esfuerzos de lobby para conseguir protección a sectores específicos, lo que baja el riesgo de invertir en el país y estimula la inversión, y concentra las energías empresariales en la gestión y el logro de eficiencia competitiva.


En las últimas tres décadas, el país acumuló un “exceso” de crecimiento respecto de América Latina de 40%. Este desempeño sería impensable sin las reformas arancelarias que se han registrado en ese período. La reducción a cero del arancel aduanero es una señal positiva, en cuanto expresa disposición a mantenerse en el camino de la buena asignación de recursos, de la sujeción a la competencia que provee el mundo, de la preferencia por reglas objetivas e impersonales frente a la discrecionalidad. Además, confirma la prioridad que tiene el crecimiento como vía para generar bienestar a la población y recursos para políticas públicas efectivas; y revela, de parte de la autoridad que la impulsa, una comprensión de los verdaderos determinantes de ese crecimiento económico.



Chávez y los trabajadores

Presentada como una poderosa "herramienta para la construcción del socialismo", la nueva ley laboral firmada por Hugo Chávez, entre viajes de ida y regreso a Cuba para su tratamiento contra el cáncer, quizá beneficie en el corto plazo a algunos trabajadores, pero predeciblemente tendrá efectos muy perjudiciales para la actividad empresarial y la economía venezolanas.


La Ley Orgánica del Trabajo para Trabajadores y Trabajadoras (LOTT) otorga beneficios, como la ampliación en dos meses del posnatal, una tendencia a la que incluso se ha sumado Chile. También es justo que trabajadores informales y dueñas de casa accedan a la seguridad social. Sin embargo, otros artículos causan inquietud y hasta alarma entre analistas y empresarios venezolanos. Es el caso de las sanciones con multas y aun cárcel para los empleadores que incurran en violación del derecho a huelga, o para quienes "sin justificación" adecuada cierren una fuente de trabajo. Obviamente, un organismo oficialista decide si el cierre es justificado o no; normalmente tenderá a sancionar al empresario, y éste queda a merced de la autoridad administrativa.


También es polémica la norma según la cual el accionista se reputa solidario con la empresa en temas laborales, porque -observan analistas- crea "inseguridad jurídica que desincentiva la inversión".
Otro factor preocupante es que los sindicatos podrán controlar y vigilar los costos y ganancias de los bienes y servicios, para establecer si los precios cobrados son "justos". Así, los trabajadores se erigen en "inspectores informales" dentro de su lugar de trabajo.


Líderes sindicales opositores también han criticado al gobierno por esta ley "que dispone de los trabajadores sin solicitarles su punto de vista", y porque podría obligarlos a "militar en la central sindical del gobierno", en palabras de un dirigente.


Al margen de los reparos por haber sido redactada en total secretismo, sin consulta a ningún estamento social, y porque su texto se conoció después de firmado, analistas venezolanos temen que el costo financiero de esta normativa sea excesivamente alto. Debe considerarse que el salario mínimo subió 32 por ciento (entró en vigor el 1 de mayo), y ahora la jornada laboral baja de 44 a 40 horas semanales, y se dobla el costo de despido de trabajadores.


Probablemente nada de esto inquieta mucho a Chávez: está demasiado concentrado en su tratamiento médico y en asegurar la continuidad de su régimen. Su objetivo central es reforzar el total apoyo electoral de los sectores beneficiados por la nueva ley. Tanto más cuanto que, a causa de su debilitada salud, aumentan los rumores de que podría no estar capacitado para participar en los comicios y debería endosar los votos que reciba el 7 de octubre a algún candidato designado por él -su hija o su hermano, por ejemplo.



Los peores cuchillos contra los trabajadores
son la demagogia, el engaño y el populismo.



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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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