Hemos graficado esta
edición solamente con la
foto de la ONEMI en
que aparecen el ex Subsecretario
del Interior, Patricio
Rosende, y la ex Director
de ONEMI, Carmen Fernández,
que serán formalizados
por el caso SHOA.
Creemos que la Jefa de estos
dos funcionarios, la
ex Presidente Michelle Bachelet,
que igualmente aparece
en la imagen también tiene
responsabilidades
ineludibles en los sucesos que
provocaron la muerte
de 156 compatriotas y la
desaparición de 25
personas.
Gobierno
a la ofensiva,
Concertación
desorientada
El
tiempo y los esfuerzos destinados por el Gobierno a consensuar dentro
de su propia coalición la propuesta de reforma tributaria están
demostrando haber sido una buena inversión. El contraste entre el
frente común que —salvo excepciones: las críticas de Hernán
Larraín y las dudas de Jovino Novoa— ofreció esta semana el
oficialismo, versus las divergencias en una oposición cruzada por
difíciles debates internos ha resultado elocuente. Y no sólo eso.
Hacía tiempo que no se veía al Ejecutivo asumiendo el control de la
agenda, en lugar de estar limitado a reaccionar frente a emergencias
o conflictos.
Nada
garantiza el éxito de la «operación reforma tributaria». La
Concertación ya ha demostrado que sabe hacerle pasar momentos duros
al Ejecutivo en el Congreso, y tampoco cabe subestimar la capacidad
de la propia Alianza para autoinfligirse daño. En última instancia,
es prematuro adelantar si esta reforma logrará su gran objetivo
—mostrar a un gobierno que, escuchando la «voz de la calle»,
ofrece respuestas sensatas y a la vez satisfactorias— o si a la
larga, como ha pasado con otras iniciativas, termina enredada en un
debate sobre «letra chica» que neutralice su impacto. Pero esas
interrogantes se resolverán en el tiempo. Por ahora, la ofensiva la
lleva La Moneda.
Los
frentes. Que voces claves de la Concertación en el Senado (el
principal reducto de poder opositor), como su presidente Escalona,
más allá de estimarla insuficiente, se muestren dispuestos a no
boicotear la reforma y a tramitarla con celeridad da un buen pie para
su discusión. La oposición tiene poco espacio político para
rechazar un aumento de impuestos a las empresas destinado a financiar
cambios educacionales, y carece de facultades para impulsar
incrementos mayores a los propuestos. En esas condiciones, el
Gobierno parte con ventaja. La verdadera batalla —aparte de
discusiones más técnicas— debiera darse en la otra parte de la
iniciativa: las rebajas tributarias, desde la reducción del impuesto
a las personas a la de timbres y estampillas. El discurso opositor
apunta a que tales rebajas beneficiarían a «los más ricos»,
puesto que la mayor parte de la población no paga tributos directos.
Pero para el Ejecutivo se juegan aquí ejes centrales de su
propuesta: desde los incentivos al crecimiento económico (implícitos
en la rebaja en timbres y estampillas) hasta el discurso de apoyo a
una clase media no estrictamente estadística, pero que sí abarca
sectores profesionales y técnicos que se sienten postergados en las
políticas sociales. En buenas cuentas, esas medidas manifiestan
mucho de lo que busca representar el Gobierno, y por tanto la
capacidad de defenderlas será una vara para medir su éxito.
Una
batalla doctrinaria. En tal contexto, no es extraño que estos días
parte del debate se haya centrado en un punto que no es el más
importante en montos, pero sí tiene mucha significación política:
la posibilidad de descontar de impuestos una parte de los gastos en
educación. La iniciativa expresa la idea de reconocer tales gastos
como una inversión de alta rentabilidad social y por tanto acreedora
de un trato tributario especial, que la incentive. En sí misma
resume principios doctrinarios caros a la centroderecha: estímulos a
la familia (el beneficio se calcula considerando las rentas de padre
y madre, y apunta a reconocer que la situación de una pareja con
hijos merece una consideración especial) y apoyo a la libertad para
elegir el colegio en lugar de limitarla a la oferta estatal. En
especial, dados los montos y límites involucrados, implica un
respaldo a la educación particular subvencionada y al modelo de
financiamiento compartido. De ahí, pues, el fuerte cuestionamiento
de parte del «progresismo», en la más ideológica de las
discusiones involucradas en esta reforma.
Las
diferencias en el modo enfrentar la reforma tributaria (con Fulvio
Rossi o Guido Girardi en posiciones más duras que Escalona o
Zaldívar, y los diputados cuestionando las urgencias de los
senadores) o el episodio de la última fallida acusación
constitucional contra el ministro Hinzpeter, son apenas un capítulo
de las discrepancias que cruzan a la oposición: los presidentes de
partidos aún no logran superar el conflicto por el pacto entre
pepedés, radicales y comunistas; el acuerdo DC- PS (aquél en que
comprometen llevar un candidato común a alguna primaria) bate
récords de interpretaciones, mientras el influyente senador
falangista Jorge Pizarro habla de un «error de redacción» de sus
autores; la eventual inclusión de ministros PC en un gobierno de
Michelle Bachelet genera discrepancias hasta entre los propios
democratacristianos, con Ignacio Walker objetando y el mismo Pizarro
preguntando por qué no, al tiempo que Girardi se juega por su
«fuerza progresista». Incluso el mismo senador PPD y otros de su
coalición miran con simpatía la nueva ola nacionalizadora
simbolizada por Cristina Kirchner y la expropiación de YPF,
planteándola como ejemplo y situándose en las antípodas de las
políticas impulsadas por los gobiernos concertacionistas durante 20
años.
¿Y
si no vuelve? Ese cuadro de objetivo desorden no debe ser el mejor
estímulo para que la ex presidenta Bachelet decida emprender la
operación retorno a hacerse cargo de una coalición en crisis, y
resulta sintomático que figuras del PS, como Solari o Garretón, en
críticas columnas de opinión, empiecen a advertirlo. Si, además,
un vicepresidente de la DC (Jorge Burgos) pide que ella dé una señal
pública y afirma que “hay silencios que no dan para más”, queda
claro que la duda inquieta. Y cuando un ex colaborador tan cercano
como el ex ministro y hoy precandidato Andrés Velasco, de modo no
muy sutil, se pronuncia (usando una frase de la propia ex mandataria)
contra las «repeticiones de plato», se hace evidente que aquel
eventual regreso no estará exento de incomodidades.
Obstaculización
de proyectos energéticos
La
ciudadanía necesita cobrar conciencia urgente y plena de que nuestro
país enfrenta una difícil coyuntura energética. Por una parte, los
precios de la energía eléctrica están entre los más altos de la
región y, por otra, la posibilidad de mitigar esos precios
incrementando la oferta de generación de electricidad está siendo
amenazada por una creciente judicialización de los procesos que
conducen a aprobar proyectos con ese objeto.
Los
ejemplos abundan y se multiplican: está el proyecto Castilla de la
brasileña MPX, un conjunto de seis centrales térmicas en la III
Región, que suman 2.354 MW y una inversión estimada en más de
4.400 millones de dólares, cuya resolución de calificación
ambiental fue aprobada por la autoridad ambiental, pero luego
revertida por la Corte de Apelaciones, acogiendo un reclamo de sus
detractores que desvirtuaba la decisión del funcionario ambiental
competente, que cambió la calificación de dicho proyecto de
"contaminante" a "molesto", en uso de sus
atribuciones. También está la autorización ambiental del Parque
Eólico de Chiloé, paralizado por la Corte Suprema, fundándose en
que ese proyecto no ha dado cumplimiento al Convenio N° 169 de la
OIT, por el que Chile se comprometió a que todos los proyectos que
utilicen terrenos relacionados con pueblos originarios deben
contemplar una etapa de consultas a éstos antes de poder ser
aprobados. Y está el proyecto minero El Morro, también en la III
Región, que contempla una inversión de más de 5.000 millones de
dólares, al cual la Corte Suprema le ha ordenado que cumpla con
dicho Convenio N° 169, lo que podría atrasarlo en unos 18 meses, si
se lograre acordar una forma aceptable de proceder con quienes
representan a esos pueblos originarios. A su vez, el proyecto
HidroAysén, a pesar de haber logrado la aprobación ambiental para
sus centrales, enfrenta un difícil panorama ante el anuncio de
judicialización que tendrá el tendido eléctrico necesario para
llevar la energía generada por ellas hasta los centros de consumo.
Es
obvio que la judicialización de estos proyectos se ajusta a la
institucionalidad que el país se ha dado, pero sería imprudente
ignorar que ésta, en su modalidad actual, se ha traducido en una
creciente fragilidad de la certeza jurídica que pueden brindar los
certificados de aprobación ambiental que emiten las autoridades del
sector, pues ellos pueden ser revertidos fácilmente por los
tribunales, y se constata a cada momento que resulta bastante
sencillo invocar causales que paralicen proyectos o que finalmente
lleven a abandonarlos, como ya algunos han anunciado que podrían
hacerlo.
Chile
necesita preguntarse en qué grado preciso esta dificultad para
desarrollar proyectos mineros o energéticos está poniendo en riesgo
el desarrollo del país, que todos dicen desear y que supone un nivel
de progreso social que en todas sus manifestaciones también todos
exigen crecientemente -los "indignados" son una muestra de
eso-. La respuesta a esa pregunta concierne a todos, pero
primariamente a las autoridades políticas, técnicas y judiciales.
Si se ahogan las fuentes que permiten dar mejores condiciones de vida
a la población -como parece ser el caso-, ¿cuáles son entonces las
modificaciones razonables a la institucionalidad que es necesario
introducir para no frustrar las expectativas de esos mismos
ciudadanos? ¿Es necesario otorgar un poder de veto a los pueblos
originarios mediante un instrumento como el Convenio N° 169? ¿Es
correcto que los jueces ponderen la bondad técnica -no jurídica- de
las decisiones de las autoridades competentes, si éstas han sido
tomadas haciendo uso de las facultades que les otorga la ley?
Nuestro
país se encuentra ante una encrucijada en la que necesita resolver,
con mirada hacia el futuro, sobre la mejor manera institucional de
procesar las causas que afectan a todo el país, frente a aquellas
que sólo afectan a ciertos grupos de personas: los casos antes
citados, que no son únicos, muestran que en la actualidad hay un
claro desbalance en favor de las segundas.
Propuesta
para eliminar los aranceles aduaneros
La
idea de llevar a cero la tasa arancelaria confirma la vocación de
Chile por el libre comercio y ratifica una política que ha sido
clave para el crecimiento económico.
El
proyecto de reforma tributaria del gobierno considera reducir a cero
el arancel aduanero, hoy en 6% del valor de importación de las
mercaderías procedentes del extranjero. De aprobarse la iniciativa,
durante 2013 la tasa del arancel bajaría a 4%, para llegar a 2% en
2014 y disminuir hasta cero a contar del 1 de enero de 2015.
Se
ha informado un impacto sobre la recaudación tributaria de sólo 83
millones de dólares en 2013, para alcanzar algo en torno a 500
millones de dólares entre 2015 y 2017. Aunque habrá alguna
corrección al alza en el tipo de cambio real, el arancel cero
evitará las “desviaciones de comercio” que permiten que se
importen productos más caros, pero sujetos a un arancel menor
por provenir de un país con tratado comercial, por lo que los
importadores los prefieren. Asimismo, se favorecerán sectores
productivos que hoy cancelan un arancel de 6%.
Los
efectos mencionados, sin embargo, no dan cuenta de la trascendencia
del anuncio, que viene a coronar un brillante esfuerzo, de décadas,
para abrir la economía chilena al comercio internacional, creando
así una de las condiciones más relevantes para potenciar su
crecimiento. Desde una situación con muchas restricciones no
arancelarias a las importaciones y aranceles aduaneros que llegaban
al 100% en promedio con alta dispersión entre los productos
afectados, el país eliminó las trabas paraarancelarias, redujo la
dispersión arancelaria y rebajó hasta 10% el arancel promedio,
antes de la crisis de 1982. Luego de algunos retrocesos por la
crisis, los aranceles volvieron a reducirse hasta el 6% actual. En
décadas recientes la apertura unilateral se complementó con
numerosos tratados comerciales, profundizando la inserción de la
economía chilena en los mercados mundiales.
Un
arancel cero, sin otro tipo de restricciones a las importaciones,
tiene repercusiones profundas sobre el funcionamiento de una
economía. Desde luego, al no existir una protección general a la
sustitución de importaciones ni a sectores específicos, la
asignación de recursos entre sectores exportadores y sustituidores
de importaciones optimiza el uso de los recursos productivos del
país. La plena exposición de las industrias a la competencia
externa las obliga a esforzarse por ser competitivas y a incorporar
las mejores tecnologías y prácticas de gestión, lo que estimula la
mayor productividad de la economía. Un aspecto menos considerado,
pero posiblemente más relevante, es que el arancel cero quita
sentido a esfuerzos de lobby para conseguir protección a sectores
específicos, lo que baja el riesgo de invertir en el país y
estimula la inversión, y concentra las energías empresariales en la
gestión y el logro de eficiencia competitiva.
En
las últimas tres décadas, el país acumuló un “exceso” de
crecimiento respecto de América Latina de 40%. Este desempeño sería
impensable sin las reformas arancelarias que se han registrado en ese
período. La reducción a cero del arancel aduanero es una señal
positiva, en cuanto expresa disposición a mantenerse en el camino de
la buena asignación de recursos, de la sujeción a la competencia
que provee el mundo, de la preferencia por reglas objetivas e
impersonales frente a la discrecionalidad. Además, confirma la
prioridad que tiene el crecimiento como vía para generar bienestar a
la población y recursos para políticas públicas efectivas; y
revela, de parte de la autoridad que la impulsa, una comprensión de
los verdaderos determinantes de ese crecimiento económico.
Chávez
y los trabajadores
Presentada
como una poderosa "herramienta para la construcción del
socialismo", la nueva ley laboral firmada por Hugo Chávez,
entre viajes de ida y regreso a Cuba para su tratamiento contra el
cáncer, quizá beneficie en el corto plazo a algunos trabajadores,
pero predeciblemente tendrá efectos muy perjudiciales para la
actividad empresarial y la economía venezolanas.
La
Ley Orgánica del Trabajo para Trabajadores y Trabajadoras (LOTT)
otorga beneficios, como la ampliación en dos meses del posnatal, una
tendencia a la que incluso se ha sumado Chile. También es justo que
trabajadores informales y dueñas de casa accedan a la seguridad
social. Sin embargo, otros artículos causan inquietud y hasta alarma
entre analistas y empresarios venezolanos. Es el caso de las
sanciones con multas y aun cárcel para los empleadores que incurran
en violación del derecho a huelga, o para quienes "sin
justificación" adecuada cierren una fuente de trabajo.
Obviamente, un organismo oficialista decide si el cierre es
justificado o no; normalmente tenderá a sancionar al empresario, y
éste queda a merced de la autoridad administrativa.
También
es polémica la norma según la cual el accionista se reputa
solidario con la empresa en temas laborales, porque -observan
analistas- crea "inseguridad jurídica que desincentiva la
inversión".
Otro
factor preocupante es que los sindicatos podrán controlar y vigilar
los costos y ganancias de los bienes y servicios, para establecer si
los precios cobrados son "justos". Así, los trabajadores
se erigen en "inspectores informales" dentro de su lugar de
trabajo.
Líderes
sindicales opositores también han criticado al gobierno por esta ley
"que dispone de los trabajadores sin solicitarles su punto de
vista", y porque podría obligarlos a "militar en la
central sindical del gobierno", en palabras de un dirigente.
Al
margen de los reparos por haber sido redactada en total secretismo,
sin consulta a ningún estamento social, y porque su texto se conoció
después de firmado, analistas venezolanos temen que el costo
financiero de esta normativa sea excesivamente alto. Debe
considerarse que el salario mínimo subió 32 por ciento (entró en
vigor el 1 de mayo), y ahora la jornada laboral baja de 44 a 40 horas
semanales, y se dobla el costo de despido de trabajadores.
Probablemente
nada de esto inquieta mucho a Chávez: está demasiado concentrado en
su tratamiento médico y en asegurar la continuidad de su régimen.
Su objetivo central es reforzar el total apoyo electoral de los
sectores beneficiados por la nueva ley. Tanto más cuanto que, a
causa de su debilitada salud, aumentan los rumores de que podría no
estar capacitado para participar en los comicios y debería endosar
los votos que reciba el 7 de octubre a algún candidato designado por
él -su hija o su hermano, por ejemplo.
Los
peores cuchillos contra los trabajadores
son
la demagogia, el engaño y el populismo.
