DIFUNDA ESTA PÁGINA.

lunes, 24 de diciembre de 2012

Ecos temáticos del fin de semana….

No sabemos si ese niño que nació hace más de dos mil años es

Dios, lo que si sabemos es que seguir su mensaje de amor nos
ayudaría a construir un mejor mundo y sociedades más justas.
Deseamos en esta noche buena  muchas felicidades a
todos nuestros amigos y amigas.

 El Ministro de Minería Hernán De Solminihac confirmó ayer  que
se realizó una reunión con el intendente de La Araucanía y
miembros del Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur,
sobre el estado del volcán Copahue, que mantiene en alerta
roja a la zona del Alto Biobío.

 El Málaga Club Fútbol, dirigido por el  chileno Manuel Pellegrini
se impuso ayer al Real Madrid por 3-2,  desatando una ola de
elogios al ingeniero   y duras críticas a Mourinho, DT de los
merengues.

 






Las víctimas de la acreditación,
por Laurence Golborne.


El caso de la Universidad del Mar no nos puede dejar indiferentes. No sólo ha tenido un impacto en más de veinte mil familias de estudiantes, docentes y trabajadores, sino también ha confirmado que el sistema de acreditación requiere mejoras urgentes.



El Estado tiene una responsabilidad que no puede eludir, dado que es precisamente el deficiente diseño del sistema de acreditación el que nos ha llevado a esta situación límite, y por lo mismo, es éste el que tiene la responsabilidad de encontrar una solución rápida y efectiva a este problema.



No podemos olvidar que, al fin y al cabo, fue el mismo Estado el que avaló a través de la institucionalidad a esta universidad, y los alumnos depositaron su confianza en este acto de fe pública.



Entendemos que estamos frente a un tema complejo con múltiples aristas a considerar, pero las familias no pueden seguir esperando. Para esto, es crucial que el Gobierno se anticipe y lidere el diálogo con los afectados.



Necesitamos que este proceso se lleve a cabo de manera rápida, hay que canalizar las legítimas inquietudes y evitar que los conflictos escalen hasta encontrarnos con una crisis. Estamos contra el tiempo, y los alumnos necesitan contar con la tranquilidad de que podrán terminar sus estudios.



Ellos son las verdaderas víctimas, y en quienes tiene que centrarse la acción. ¿Qué medidas tomará el Ministerio de Educación si el Consejo Nacional de Educación decide cancelar la personalidad jurídica de la universidad? ¿Si la institución sigue funcionando, cómo otorgará el Ministerio las garantías básicas para asegurar su calidad y continuidad? El Estado ya se involucró al otorgar la acreditación y debe ser el catalizador de la solución definitiva para este problema.



Pero este conflicto aborda mucho más que la dramática situación de la Universidad del Mar o de otras instituciones que han sido puestas bajo escrutinio. Hoy está en tela de juicio el sistema de acreditación completo, y la capacidad del Estado de asegurar la calidad en la educación superior.



Y si bien este tema es de larga data y no fue siquiera considerado por los Gobiernos anteriores, necesitamos abordarlo ahora y actuar con urgencia. En ese sentido, las propuestas para la nueva Agencia Nacional de Acreditación apuntan en la dirección correcta: la elección de los miembros a través de concurso público, la revisión de las etapas para acreditar carreras, elevar los estándares con procesos de evaluación más exigentes, que se establezcan claramente las incompatibilidades, que quienes acrediten sean agencias públicas o privadas supervisadas y con reputación internacional.



El anuncio del Ejecutivo respecto de la inclusión de estos puntos en el nuevo proyecto es una señal positiva y que apunta a eliminar los problemas existentes de raíz.



Es imperioso que esta propuesta se haga cargo de todos los cuestionamientos que han surgido respecto del sistema, pero también que incorpore en su diseño las medidas de protección ante el caso de una universidad que falle.



Debemos entender que un proyecto universitario que fracasa no tiene las mismas consecuencias que la quiebra de una empresa productiva.



Tenemos que aprender como sociedad de esta dolorosa experiencia y sacar las lecciones necesarias para que en el futuro no se vuelva a repetir.



El costo social para las víctimas y para la credibilidad de nuestras instituciones es demasiado alto para que no actuemos enérgicamente para remediar las falencias detectadas, y evitar así que otro estudiante, profesor o administrativo tenga que pasar por la misma situación que están viviendo en la comunidad de la Universidad del Mar.



EEUU y las armas,
por Axel Buchheister.


El tiroteo en la escuela de Newtown, Connecticut, ha causado un profundo impacto y tensión en Estados Unidos; así también en el mundo. No es para menos, cuando un enajenado entra a un recinto repleto de niños disparando a diestra y siniestra, sin que nadie pueda siquiera aventurar alguna razón que permita comprenderlo -no justificarlo-, causando la muerte a 26 personas, entre ellos 20 niños.



La reacción en todas partes no se ha hecho esperar: hay que hacer algo con esta devoción absurda y malsana de los yanquis por tener armas de fuego. Más allá de la opinión que se tenga sobre la necesidad de restringirlas o prohibirlas, siempre es bueno antes entender la razón de las cosas y mejor no caer en el simplismo de creer que las poseen de puro despistados. Porque para ellos esa devoción tiene un sentido muy profundo, que entronca con su origen y ser como nación.



Cansados de la opresión del poder central británico, que consistía ni más ni menos en que les cobraba impuestos sin darles representación en el Parlamento (esa era su gran queja), la gente del pueblo tomó su mosquete y salió a luchar por lo suyo, libremente, sin que nadie los reclutara; y así fue como ganaron su independencia. Por eso es que la tenencia de armas es un símbolo de su libertad. Piensan que siempre que se priva de armas al pueblo, éste pierde el poder de rebelarse ante la injusticia y crece el riesgo de la opresión del que ejerce el poder. Es una cuestión de principios y eso no es poco en una sociedad que vive intensamente sus ideales. Pero, además -y por lo mismo-, es una cuestión cultural: estudios sociológicos precisan que allá un conservador se identifica, entre otros factores, porque “atesora el arma de su padre”. Entonces, no es extraño que la segunda enmienda de la Constitución garantice el derecho a tener y portar armas (un reciente fallo de la Corte Suprema precisó que eso dice, porque tiene una redacción muy enrevesada).



¿Y cómo lidian con el riesgo que suponen las armas? Con el reverso de la libertad: la responsabilidad individual. EEUU es una democracia policial, pues aquel que se pasa un milímetro de la frontera de lo lícito no la ve fácil. No entenderían jamás que los que ponen bombas en los cajeros automáticos, declarados culpables en un debido proceso, se vayan para la casa con “medidas alternativas”. Por eso, habiendo unos 300 millones de armas en poder de los ciudadanos (no existe un registro para saber la cifra exacta), el número de ellas que interviene en un delito es casi irrisorio, aunque tienen una tasa mayor que otros países de delitos cometidos con armas.



Si a nosotros nos parece que todo eso de las armas y la libertad es un cuento añejo y superado, casi tonto, ellos no consideran muy inteligente de nuestra parte que un Juez deje en arresto domiciliario abierto a otro acusado de poner bombas en cajeros, y que no hagamos nada para que responda cuando el inculpado se fuga. Como también que si sólo después de 200 años fuimos capaces de aprobar una Ley que nos permite agitar la banderita chilena cada vez que lo sintamos necesario y no cuando la Autoridad lo ordena, es que recién hemos empezado a entender algo de la libertad y quizás algún día lleguemos a tener una nación tan grande como la suya.




Prófugo imputado por delitos terroristas.


Transcurren los días y la ciudadanía aún espera una explicación atendible del hecho de que siga prófuga de la justicia una persona imputada por delitos terroristas, Hans Niemeyer, quien durante su procesamiento había estado sujeto a prisión preventiva -la medida cautelar más gravosa, pero también más eficaz para asegurar la comparecencia del imputado ante las distintas instancias del proceso, o evitar la comisión de nuevos hechos delictivos por personas con alto riesgo delictivo o de fuga-. Según la información a que se ha tenido acceso, esta persona fue luego sometida a arresto domiciliario, pero debía reingresar a la Cárcel de Alta Seguridad. Tuvo la oportunidad de escapar, la aprovechó (como sus antecedentes permitían anticiparlo), y las explicaciones al respecto muestran un cuadro de gran confusión en cuanto a los sistemas de información entre los Juzgados de garantía y las policías, en sus oficinas centrales y las Comisarías: fax virtuales que no se reciben; e-mails que se envían sin la documentación oficial necesaria -la orden de detención- y que se completan prácticamente tres días enteros después (con un fin de semana de por medio); cartas certificadas que demoran seis días en ser recepcionadas; instituciones que no comparten información vital para un funcionamiento eficaz (como la orden de hacer cumplir el arresto domiciliario enviada a Carabineros por el Juzgado, pero desconocida por la Policía de Investigaciones, que controla los movimientos migratorios).



En este contexto, la firma de un acuerdo para crear el Banco Unificado de Datos (BUD) por el Presidente de la República y los máximos representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito, y las policías, el Servicio Nacional de Menores, Gendarmería y el Registro Civil, es un paso que se reconfirma como indispensable y que no admite más postergación. Sin embargo, y como lo ha planteado el propio Presidente, la fortaleza de esta cadena de trabajo es sólo la de su eslabón más débil. El Ejecutivo destina esfuerzos y recursos a crear el BUD, pero las instituciones referidas deberán diseñar los procesos mediante los cuales harán uso de la gran cantidad de información a que tendrán acceso, para que efectivamente alimente el diseño de estrategias institucionales de mediano o largo plazo, y cuentas públicas de su gestión, y permitan la toma de decisiones operativas eficaces. Para eso ha de estar disponible en forma veraz y oportuna, y ser considerada para la toma de decisiones de los miles de funcionarios en terreno.



Si el caso comentado es representativo de la realidad -lo que las instituciones involucradas deben aclarar cuanto antes-, este nuevo sistema debería rendir grandes frutos para hacer valer la Ley y recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema penal.



Las explicaciones a este respecto muestran un cuadro de gran confusión.



Debate sobre la existencia de una "burbuja inmobiliaria".


El Banco Central ha puesto en discusión la posibilidad de una “burbuja” inmobiliaria, aportando numerosos antecedentes sectoriales. La información provista apunta en la dirección de un mercado inmobiliario funcionando a un ritmo exuberante, y se ha entendido que el objetivo del organismo es inducir a reguladores y agentes privados a considerar una posible caída en los precios de los bienes inmobiliarios.



Se define una “burbuja” como una situación en que los precios de un activo suben alimentados por una demanda irracional, que se fundamenta, en último término, en la expectativa de que esos precios van a seguir subiendo. Esto genera una dinámica de alza hasta niveles insostenibles, cuando una nueva expectativa, ahora de caída en los precios, los derrumba. Existe otra visión, que niega las “burbujas” en cuanto evidencia de operación irracional de los mercados, y atribuye los episodios de alza y posterior caída en los precios a distorsiones inducidas por políticas macroeconómicas erróneas, que desembocan en crisis y colapso de los precios. Cualquiera sea la explicación, irracionalidad en el mercado o falencias en políticas, episodios de este tipo han sido recurrentes en la historia, dañaron los  sistemas financieros y condujeron a recesiones profundas y altos costos Fiscales.



Sin embargo, llama la atención que no se amplíe el análisis a las grandes tendencias y tensiones que se observan hoy en la economía. La política monetario-cambiaria mutó drásticamente a fines de 1999, cuando se introdujo flotación cambiaria y una política de tasa de interés enfocada más exclusivamente al control de la inflación. Así, por ejemplo, mientras hasta 1999 la tasa de interés real seguía muy de cerca a la tasa de crecimiento del consumo, desde entonces, en promedio, la tasa de interés real ha alcanzado a sólo la mitad de la tasa de crecimiento del consumo. Más recientemente, desde la crisis financiera en 2008, la política Fiscal también se hizo fuertemente expansiva. En este contexto de políticas, y posibilitado por altos precios de exportaciones, el consumo y la inversión, si se miden a precios constantes, han crecido casi 20% más que el PIB, desde la primera mitad de los años 2000 hasta hoy. Esto está alterando profundamente la economía: en sus precios relativos a través de caída en el tipo de cambio real, y en la estructura productiva, hasta llegar a una situación en que casi todo el crecimiento deriva este año de los sectores productores de bienes no transables, como la construcción, los servicios financieros, el comercio, etc.



Podemos estar ante una “burbuja” por irracionalidad del mercado, acotada a lo inmobiliario, y que basten medidas ad hoc para enfrentar el problema. Pero también puede ser que esta profunda evolución de la economía -que en el último tiempo ha significado un gasto creciendo en torno al 9% real desde 2011, estimulado por fuertes transferencias Fiscales, mientras la tasa de interés real no alcanza a la mitad de esa cifra y el peso se ha apreciado- haya generado expectativas exuberantes que se estén reflejando en el mercado inmobiliario y en otros desarrollos indeseables. Las señales en el mercado inmobiliario hacen conveniente que las Autoridades monetarias y Fiscales revisen la información y regulaciones sectoriales, así como sus políticas generales, para asegurar que expectativas infundadas no resulten en dificultades hacia el futuro.



Lobby y transparencia: el caso de la Ley de Pesca.


Luego de más de un año de polémica tramitación y al filo de cumplirse el plazo para llenar el vacío en la regulación pesquera el 31 de diciembre próximo -cuando se vencerán los actuales Límites Máximos de Captura por Armador, cuotas industriales en base a las capturas históricas por un período definido-, se aprobó esta semana la Ley de Pesca. Aunque aún queda por sortear dos presentaciones en el Tribunal Constitucional por parte de Parlamentarios de la oposición para invalidar esta legislación, se logró el objetivo de consensuar una fórmula para la explotación de un recurso natural que a la vez garantice la sustentabilidad del mismo.



El proyecto que se discutió y aprobó era más amplio que sólo consensuar un mecanismo para las cuotas de pesca. Buscó asegurar que se cuide la existencia futura de peces a través de dar un mayor rol a la ciencia en la toma de decisiones, el fortalecimiento de la investigación y de la fiscalización. Además logró el polémico objetivo de regular la pesca artesanal de mayor escala, que hasta ahora se había resistido a ciertas regulaciones clave. Debemos recordar que el sector artesanal pesca cerca del 50% del total en Chile, lo que hace fundamental también subirlo al carro de la sustentabilidad.



Sin embargo, más allá de los acuerdos logrados, en general positivos, la tramitación dejó un imagen de fuertes presiones de diferentes actores de la industria (no sólo empresas, sino que también las organizaciones de los pescadores artesanales) que intervinieron en el debate técnico. Incluso tras su aprobación algunos Parlamentarios opositores acusaron directamente a sus adversarios de "proteger los intereses de 7 familias". Antes, durante el debate, también se consideró que las presiones de sectores artesanales distorsionaron ciertas decisiones de carácter técnico.



Lo cierto es que incluso los más puristas deben reconocer que es clave que los afectados por las discusiones públicas tengan posibilidad de hacer ver a los Legisladores sus puntos de vista. Esto enriquece el debate y mejora las regulaciones. El problema es cuando los intereses distorsionan las decisiones al punto de beneficiar a un grupo determinado y no a la sociedad como un todo. El lobby en sí, aunque a veces la palabra se usa peyorativamente, es una actividad necesaria al punto que varios países le han dado un marco legal que la reconoce y la regula.



Ley Lobby se discute hace casi 10 años.
Desde 2003 se discute la posibilidad de hacer una Ley de lobby en Chile, con un proyecto que ha sufrido importantes modificaciones en los últimos años. La presión de grupos de interés sobre la Autoridad es un fenómeno que ha existido desde siempre, pero las crecientes demandas por transparencia y probidad de la sociedad han puesto sobre el tapete la necesidad de regular, o al menos visibilizar, estas iniciativas. En Estados Unidos hay una legislación vigente desde 1995 que define el listado de personas, organizaciones y empresas que se dedican a hacer lobby y también exige que las empresas informen de cuánto y hacia qué objetivo gastan en este ítem. Regula también la relación entre el Gobierno y los lobistas en términos de contratos, asesorías, etc.



En Chile, el modelo norteamericano fue discutido y analizado, pero algunos sectores consideraron que en la definición había demasiadas complejidades: ¿es lobista una persona que sólo una vez interviene a nombre de una empresa?, ¿es lobista una persona que hace una gestión no pagada ante las Autoridades a nombre de una compañía? La habitualidad y el pago son los dos factores que deben considerarse al momento de realizar una lista de lobistas.



El actual Gobierno propuso introducir un factor diferente: transparentar el lobby mediante la obligación de las Autoridades de informar con quiénes se juntan y para discutir qué temas. De esa manera, la ciudadanía puede ver quiénes influyeron en el Ejecutivo y en sus Parlamentarios para determinados asuntos. Está por verse si esta reforma al proyecto anterior es bien acogida y si se logran afinar los mecanismos para que las agendas de los actores públicos efectivamente sean de conocimiento público, un desafío no menor.



Más Agenda de Transparencia.
Polémicas de transparencia se han abierto en el último tiempo, ya que actividades privadas previas de las Autoridades han generado conflictos de interés. Primero es necesario aclarar que Chile es un país con bajos niveles de corrupción (en el Índice de Transparencia Internacional 2012 estamos en el lugar 20 de 176 países) y se ha avanzado en las últimas décadas con legislaciones como la de Transparencia en la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado que entró en vigencia en 2009. Esta última permite que hoy estén en línea más de 200 declaraciones de intereses de las Autoridades, que haya un Consejo de Transparencia que vele por la entrega de información de los organismos públicos, además normas de transparencia activas y pasivas. Esto en el marco de nuevas tecnologías que permiten que esta información se pueda pedir y esté disponible en internet.



Adicionalmente, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en marzo de este año. Su intención es potenciar la regulación de las declaraciones ya existentes en la legislación y recoge en un solo cuerpo normativo toda la regulación vigente sobre declaración de intereses y patrimonio, la actualiza, y establece nuevas obligaciones para las Autoridades y funcionarios a los que ésta se les aplica. Por ejemplo, incluye a Autoridades y funcionarios que actualmente no se encuentran afectos, abarcando a los miembros del Consejo para la Transparencia, a los defensores locales, a los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, entre otros.



Además, el Gobierno ingresó al Congreso indicaciones a la ley de 2009 que busca incluir dentro de los sujetos pasivos de esta Ley a las corporaciones y asociaciones Municipales, como además contener la posibilidad de notificar a personas cuyo paradero es desconocido mediante anuncios en el Diario Oficial u otro de circulación nacional, para que éstas se pronuncien sobre la solicitud.



Como se puede observar, aún hay desafíos pendientes en materia de transparencia, lobby y probidad, sin embargo, se va por buen camino.



Asesinato de cuidador en Cañete.


El crimen del cuidador de un fundo en la madrugada del jueves en la Comuna de Cañete (Región de Biobío) debe ser investigado con acuciosidad por la Justicia, con el propósito de esclarecer la identidad de sus autores y cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a ingresar a la vivienda de Osvaldo Zapata con la intención explícita de matarlo, herir a su mujer y quemar algunas instalaciones. 



Aunque Autoridades locales han señalado que no es posible por ahora atribuir el crimen a ningún grupo en particular, la investigación debe considerar antecedentes relevantes, como el hecho de que el predio asaltado se ubica en el corazón de la zona del conflicto mapuche y que en Cañete la Fiscalía indaga 18 ataques incendiarios relacionados con demandas de tierras. Asimismo, debe tomar en cuenta que sobre el fundo existen reclamaciones de comunidades indígenas que aducen un supuesto derecho ancestral sobre esos terrenos, que la víctima y su familia tuvieron entre 2007 y 2010 protección policial debido a reiteradas amenazas y que el dueño de la propiedad dice haber realizado en los últimos años más de 100 denuncias por hostigamiento, robo de animales y hurto. Aunque la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) envió un comunicado descartando cualquier vinculación con el asesinato, es necesario que las pesquisas exploren todas las posibilidades para hallar a los responsables. 



La muerte de una persona, ligada o no al conflicto mapuche, supone un escalamiento en el nivel de violencia que existe en esa zona, cuyos habitantes se han visto expuestos desde hace varios años a cortes de caminos, amenazas, ataques incendiarios, invasiones de terreno y un sinnúmero de otras violaciones a la Ley. Por ello, resulta muy oportuno el anuncio del Fiscal nacional de que ha designado un equipo especial para investigar el caso.



Concesiones: cambios y flexibilidad necesarios.

La Ministro de Obras Públicas ha hecho saber que se propone realizar cambios orgánicos en esa      Secretaría de Estado. Actualmente, por ejemplo, la Dirección de Concesiones depende de la de OO.PP., y eso entorpece los procesos relativos a las primeras. Asimismo, estudia mejorar los recursos humanos dentro de la Dirección de Concesiones, y aspira a que ésta pueda negociar mejor con los concesionarios. También estima necesario establecer una relación menos desequilibrada entre los concesionarios y la dirección del ramo. Sin embargo, la Ministro no promueve fuertemente la idea de una Superintendencia de Concesiones, que fiscalice y sancione las faltas de cumplimiento de la Ley de Concesiones y de las condiciones establecidas en los contratos respectivos.



Otro cambio previsto apunta a mejorar dichos contratos, para brindar una mayor calidad de servicio. Al respecto, se contempla incluir nuevas cláusulas para enfrentar la congestión en los peajes, similares a las que ya se aplican a los nuevos proyectos. Sería de general conveniencia extenderlas a los contratos existentes. Por cierto, esto no podría quebrantar el derecho de los contratos, pero cabe suponer que los concesionarios advertirán que el sistema se debilita si el público no lo percibe como equitativo, y, por tanto, se allanarán a ajustes que tengan ese efecto.



Muchas de las concesiones antiguas, que han tenido tanto éxito en el pasado, hoy han copado su capacidad y se hallan congestionadas durante parte importante de la jornada. Esto, unido a las dificultades que han opuesto las empresas para renegociar los contratos con el objeto de aumentar la capacidad de las carreteras, ha reducido la benevolencia con que las concesiones fueron inicialmente consideradas por el público y el mundo político.



Esta percepción popular será mucho más negativa con la aplicación de las tarifas de congestión que contemplan los contratos, que son caras y están mal diseñadas, pues no responden a la magnitud actual de ese problema, sino a la que tenía en el pasado, cuando el sistema comenzó. Las tarifas de congestión son un instrumento valioso para controlar las externalidades de la misma, pero deben estar bien implementadas, a diferencia de lo que ocurre con los contratos firmados en los años 90. Esa percepción negativa se verá incrementada por el hecho de que los recursos adicionales generados por la congestión son percibidos por los concesionarios, pero no se dirigen a aumentar la capacidad. Una percepción negativa del sector por el público sería difícil de eliminar, y los concesionarios deberían ser los más interesados en evitarlo: sectores impopulares son vulnerables a reacciones políticas que pueden traducirse en modificaciones legales que cambien de modo radical sus condiciones. Los propósitos de la Ministro son razonables, y es de desear que sus esfuerzos logren corregir diversos aspectos que han ido siendo postergados.



Esta percepción popular será mucho más negativa con la aplicación de las tarifas de congestión que contemplan los contratos, que son caras y están mal diseñadas.



Nuestra envidiable macroeconomía.


Según el Banco Central, durante el tercer trimestre de 2012 la actividad económica creció 5,7%, por sobre las expectativas del mercado. En este contexto, las proyecciones de la Autoridad monetaria ubican al crecimiento de nuestra economía cerca del 5,5% para 2012, y entre 4,25% y 5,25% para 2013, un rango superior al considerado en el Ipom del trimestre anterior. Estas cifras son notables, y tanto más al considerar que las proyecciones del FMI sugieren un crecimiento del producto mundial de 3,5% y 4,1%, para 2012 y 2013, respectivamente. Así, nuestro país avanza con paso firme en su consolidación como el más rico de la región, teniendo un desempeño ejemplar en el contexto mundial.



Probablemente, la única nota de preocupación (al menos explícita) del instituto emisor en sus informes es la situación de la cuenta corriente. La fuerte alza experimentada por el gasto interno -8% en 12 meses-, en conjunto con la fuerte caída de 2.089 millones de dólares en la balanza comercial en el mismo lapso -debido principalmente a la disminución del precio del cobre y sus volúmenes exportados-, explican los 4.783 millones de dólares de déficit en cuenta corriente para el tercer trimestre de este año, equivalente al 2,9% del producto acumulado durante los últimos 12 meses.



Ante este empeoramiento, el Banco Central estima que 2012 cerrará con un déficit de cuenta corriente cercano al 3,8% del producto, superior al 3,4% previsto en septiembre, y las proyecciones para 2013 sugieren un valor cercano al 4,6% del producto. La preocupación de la Autoridad monetaria en este tema es justificada, no sólo porque los déficits en cuenta corriente han precedido históricamente a crisis profundas en nuestro país, sino también porque la situación actual crea una mayor vulnerabilidad en el evento de escenarios externos adversos.



Pero, afortunadamente, el déficit actual se explica por la fuerte inversión en proyectos orientados a la producción de bienes que pueden ser comercializados internacionalmente. De manera adicional, el financiamiento de éstos proviene de inversión extranjera directa y no de deuda. Esto, sumado a la ausencia de indicios de sobreendeudamiento, permite tener calma ante el saldo negativo en cuenta corriente.



De todos modos, la desfavorable evolución de las condiciones Fiscales en la Eurozona, la debilidad del sistema financiero internacional y la lenta reactivación en EE.UU. y Japón, como lo explica el Banco Central, son elementos que deben monitorearse continuamente, pues constituyen amenazas latentes a la estabilidad financiera de nuestra economía.



¿Por qué no sube la inflación?
En cuanto a la inflación, las noticias también son positivas. La variación en 12 meses del IPC descendió respecto del mes anterior. Específicamente, las cifras reportadas por el Banco Central señalan que en noviembre la inflación anual alcanzó 2,1%, siendo 0,8 décimas menor que la variación observada en octubre.



Otro elemento que ha caracterizado la dinámica de precios -si bien siempre en el marco de niveles bajos de inflación- ha sido una constante variabilidad, particularmente explicada por el comportamiento de los alimentos como frutas y verduras.



Con todo, la inflación para 2012 debería ser cercana al 3%, un nivel que se anticipa se mantendría para 2013 y 2014. En un país que por décadas sufrió los estragos asociados a aumentos significativos de los precios, la situación actual puede enorgullecernos.



Pero en el contexto de una economía que crece fuertemente, con una demanda interna que se expande por sobre lo esperado, con salarios nominales creciendo a tasas anuales entre 6% y 7%, una capacidad instalada utilizada intensamente, los bajos y estables niveles de inflación son sencillamente sorprendentes.



De hecho, los temores respecto de la posibilidad de una escalada inflacionaria que se han escuchado durante los últimos meses no se condicen en absoluto con la evolución observada en los precios, y si bien los informes del Banco Central no mencionan explícitamente la sorpresa del Consejo, las múltiples páginas dedicadas a buscar una explicación al fenómeno llevan a reflexionar respecto del real entendimiento de los factores que lo explican.



En particular, no convence del todo que factores tales como el aumento de la productividad del trabajo, la reducción de los márgenes y el tipo de cambio expliquen la estabilidad en los precios. A esta lista quizás deberían agregarse los cambios en la metodología que el Instituto Nacional de Estadísticas desarrolló en 2009, cuando la recolección de precios en el cálculo del IPC pasó de ser realizada exclusivamente en el Gran Santiago a serlo en las 15 capitales Regionales y sus zonas conurbanas. Un análisis de las consecuencias de este cambio podría ayudar a explicar la nueva dinámica de la inflación.



Pero independientemente de las causas del fenómeno, ante el nuevo escenario, ¿por qué no discutir lo que consideramos un nivel de inflación aceptable? Dada la sólida estabilidad de precios y la fortaleza de la economía, quizás es momento de preguntarse si el Banco Central debe revisar su meta inflacionaria hacia la baja.



Libertad de expresión en Argentina.


El hostigamiento del que ha sido objeto el grupo argentino Clarín por parte de la Administración de la Presidente Cristina Fernández, en respuesta a sus cuestionamientos a través de recursos judiciales de  la llamada “Ley de Medios”, debe ser motivo de  preocupación ante la amenaza que supone para la libertad de expresión y el sano ejercicio de la crítica democrática en el país vecino.



 La “Ley de Medios”, aprobada en 2009, contiene disposiciones controversiales, entre las que cabe mencionar la que promueve la  “desmonopolización”, esto es, fijan límites a  la propiedad conjunta de medios, tanto en la  cantidad como en el tipo de licencias. Este punto parece diseñado especialmente para afectar al grupo Clarín, que, al ser el mayor conglomerado de medios de Argentina, se vería obligado a desprenderse de múltiples empresas asociadas. El holding ha reclamado ante Tribunales la Inconstitucionalidad de la legislación, y mediante amparos ha conseguido postergar su aplicación, estando pendiente que la Corte Suprema se pronuncie.



 Esta disputa Judicial ha generado airadas reacciones del Gobierno, incluso de la propia Presidente, llegándose al extremo de lanzar ataques en contra de periodistas o directivos pertenecientes a dicho conglomerado a través de cadenas nacionales. Estas cuestionables prácticas han sido reforzadas con la asignación arbitraria de abundante publicidad estatal hacia aquellos medios que se abstienen de realizar críticas al Gobierno. El escenario descrito constituye una amenaza directa para el ejercicio de las libertades de prensa y expresión, cuestión que ha sido denunciada por instituciones como la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), la cual recientemente alertó que en Argentina continúa habiendo graves inconvenientes para el desempeño libre del periodismo. Ello impide que la ciudadanía ejerza una adecuada fiscalización y control al poder constituido, lo que es un riesgo para el sano funcionamiento de su democracia.



A nuestros (as) amigos y amigas:
No sabemos si ese niño nacido en Belén hace más de dos mil años es el hijo de Dios o un simple mortal, pero lo que si sabemos es que el mensaje que nos dejó tiene hoy más vigencia que nunca en el convulsionado, odioso y dividido mundo en el que vivimos, en el que la injusticia reina de manera casi absoluta.


El mensaje es clarísimo en su llamado a adorar a Dios y de amar al prójimo, por cierto además de todas sus otras aclamaciones a la verdad, la bondad, la solidaridad o a la hermandad de los humanos, siguiendo solamente las dos recomendaciones de este gran hombre, sin duda eliminaríamos los odios y las injusticias.



Sabemos que es difícil vivir el cristianismo a cabalidad, pero eso no puede justificar que lo hayamos usado para esconder nuestras propias inequidades ni que nos hayamos refugiado en un consumismo deshumanizante para disimular nuestro desencanto con las sociedades que hemos construido.



CURIOSAS MATEMÁTICAS COMUNISTAS.


El año 1972 cumplieron 50 años, a los que agregando los 40 que han pasado desde esa fecha, con bombos y platillos anuncian que han cumplido 100…




 Imagen del Presidente Salvador Allende, el dirigente Comunista

Luis Corvalán, conocido como el “patas cortas”, y el Socialista
Carlos Altamirano, famoso como el “mayoneso”, en los
festejos del 50 aniversario del PC, realizados en el Estadio
Nacional el año 1972.






Una decidora caricatura sobre el fin del mundo tomada del Diario

Electrónico La Nación que consideramos define las preocupaciones

que ha tenido en mundo en estos últimos días, enlazándola con
los problemas de muchos para enfrentar estas navidades: 


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De nuestro Twitter

EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

#GolpeAlaPyme.

Hágase seguidor de Reacción Chilena

Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Mantenemos este video como un homenaje a Felipe Cubillos .

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Canción Nacional de Chile completa con todas sus estrofas....

Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

PARA VER COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL VÍDEO.

Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

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Libre, Nino Bravo

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Pega presidencial pendiente:Justicia

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